Las autoridades mexicanas investigan las operaciones de Saab y Pulido desde 2018, al final de la administración del presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Aunque entonces hicieron señalamientos contra la red tejida por los empresarios colombianos, todo se diluyó en un limbo burocrático. Pero el sacudón causado por la captura de Alex Saab permite ahora revelar los puntos débiles de aquella investigación, que absolvió en la práctica no sólo a las compañías de Saab y Pulido, sino también a los proveedores mexicanos que despacharon a Venezuela productos de muy baja calidad nutricional.

El detrás de cámara de ese proceso es una historia de omisiones y silencios que muestra cómo durante meses las autoridades mexicanas y venezolanas supieron de la pésima calidad de la mercancía, pero no hicieron nada para frenar ese cuestionable comercio y relevaron a los responsables de cualquier castigo. 

El 18 de octubre de 2018 la Procuraduría General de México, en boca de Israel Lira, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un “esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.

El funcionario apuntó directamente contra Group Grand Limited, la fantasmal sociedad registrada en Hong Kong que Saab y Pulido controlan, y una firma homónima en México, manejada por familiares y operadores del tándem colombiano, así como la red de proveedores con la que contrataban. Pese a la gravedad de los señalamientos y a algunas medidas iniciales, como la congelación de cuentas bancarias, el propio funcionario abrió la puerta de un “acuerdo reparatorio” con los involucrados, a manera de compensación.

“Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de la cantidad de tres millones de dólares americanos, esto equivale aproximadamente a 56 millones de pesos, los cuales serán destinados para mantener el mandato de la Acnur en América Latina y el Caribe”, expresó entonces Lira.

La sombra de la irregularidad siempre rondó ese “acuerdo reparatorio” y el monto de la sanción lucía irrisorio para un negocio en el que se habían movido cientos de millones de dólares. Hoy Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana lo califica como un “hecho insólito”.

“Los empresarios y personas físicas denunciadas, establecieron un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República que es ilegal, porque a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una  donación  de sólo tres millones de dólares (…) En lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como sucede en este tipo de casos, se fue a la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Nosotros ya denunciamos esto ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía”, explicó Nieto a la reportera del diario Excélsior de Ciudad de México, Claudia Solera, coautora de este reportaje.

Otros documentos permiten comprobar la ilegalidad y los vicios del pacto con las compañías operadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, así como por sus proveedores mexicanos.

Sospechas confirmadas

Ya para cuando la Procuraduría General mexicana hizo públicas tanto la denuncia como el correspondiente “acuerdo reparatorio”, sobraban las evidencias sobre las anomalías y los actores en torno al entramado de exportaciones. Armando.Info había revelado la participación de Saab y Pulido en Group Grand Limited y documentado, en febrero de 2018, la pésima calidad nutricional de la leche en polvo mexicana que llegaba con las cajas CLAP, mediante un estudio de laboratorio practicado a muestras de las diferentes marcas de leche por el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Poco después la estatal venezolana Corpovex, encargada de centralizar las importaciones públicas, pidió a las compañías mexicanas cumplir con registros sanitarios. La fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había dicho en agosto de 2017, que Group Grand Limited “se presume es del presidente de la República”, refiriéndose a Maduro. 

Ahora se sabe que la investigación que provocó aquel pronunciamiento de las autoridades mexicanas en octubre de 2018 tuvo inicio en junio de ese año. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia DEN-UIF-40-2018 ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública mexicanas.

Además de Group Grand Limited, la firma controlada por Alex Saab y Álvaro Pulido, en el escrito aparecían señaladas compañías mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), Empresas Bonobox, Jaifar Comercial, Grupo Brandon, Rice & Beans y Productos Serel. Figuraban también Asasi Food FZC, sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos e igualmente usada por Saab y Pulido, así como 4PL Industrial, empresa colombiana de logística y empaquetado de productos para los Clap, ligada también a la dupla Saab-Pulido. La denuncia incluía, además, los nombres de los empresarios mexicanos Jaime García García y Raphael Jihad El Khoury Karam.

En abril de 2018, apenas días antes de la celebración de la cuestionada elección presidencial en la que Maduro se aseguró la reelección, dueños y ejecutivos de estas empresas se habían reunido con Álvaro Pulido Vargas en el lujoso Hotel Villa Magna de Madrid para apurar el negocio. Las sospechas contra Group Grand Limited obligaron a los empresarios colombianos a sustituir esa firma por Asasi Food FZC, registrada en Emiratos Árabes Unidos y con la que obtuvieron en ese 2018 un contrato por 345 millones de euros, y Mulberry Proje Yatirim, una sociedad turca.

De abril de 2018 es, precisamente, una carta en la que Group Grand Limited plantea a Corpovex, la estatal que firmó los contratos con los intermediarios de los Clap, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de la turca Mulberry Proje Yatirim. Dicho convenio ascendía a casi 426 millones de dólares y fue el segundo que obtuvo Group Grand Limited para los Clap, tras uno inicial suscrito a finales de 2016 por 340 millones de dólares a través de la Gobernación del Táchira, cuando estaba encabezada por José Vielma Mora.

Tanto Group Grand Limited como Asasi Food FZC y Mulberry Proje Yatirim, además de los propios Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense en julio de 2019. “Varias de las sociedades que son de propiedad o están bajo el control de Saab y Pulido fueron usadas en la estratagema de corrupción alimentaria de Saab y Pulido”, aseguró el Tesoro en un comunicado. 

Casi en simultáneo, un tribunal del estado de la Florida los acusó por lavado de dinero, asociado al primer negocio que lograron con el chavismo en 2011 para la construcción de casas prefabricadas..

Pero en México, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, las autoridades no criminalizaron el entramado de Saab y Pulido. Se limitaron a abrir la puerta a unos “acuerdos reparatorios” que parecen hechos a la medida de los infractores.

Durante meses, la empresa El Sardinero fue el principal proveedor de las cajas Clap que salían del puerto de Veracruz, en México, al de La Guaira, en los buques CNP Paita y Viking Merlin. Rice & Beans y Productos Serel también surtían sus productos, como arroz y lentejas, mientras que Grupo Brandon, una empresa de rastro muy difuso en el estado de Nuevo León, prácticamente monopolizaba los envíos de leche en polvo con distintas marcas de pobrísima calidad nutricional.

Cuatro palmaditas en la espalda

El primer acuerdo reparatorio se consumó el 12 de octubre de 2018. Los representantes de El Sardinero, Delmar Logística, Almacenes Vaca y Rice & Beans, cancelaron cada uno 750.000 dólares para sumar los tres millones de dólares que irían a Acnur, anunciados por la Procuraduría General de México pocos días después. Además, se comprometieron a entregar a las autoridades 1.300 contenedores con alrededor de dos millones de combos Clap.

Santiago Nieto, el jefe actual de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, destaca varios vicios en esa resolución. “Primero, no se debió haber depositado a la Acnur estos tres millones de dólares, como sanción, sino a la Tesofe, como lo establece el Código de Procedimientos Penales, cuando existe un acuerdo reparatorio. Está por ley que debe de ser así. También es ilegal que se haya acordado el decomiso de 1.300 contenedores, que después fueron enviados a Venezuela, cuando, precisamente, una de las irregularidades había sido la adquisición de estos alimentos de baja calidad calórica”.

Los empresarios, por su parte, aseguran haber cumplido con lo exigido por las autoridades en ese momento. Desde El Sardinero, por ejemplo, insisten en que cumplieron al pie de la letra el “acuerdo reparatorio” tras pagar la donación, que paralizaron su negocio con Venezuela y que entregaron los dos millones de cajas Clap a la Cancillería mexicana.

Pero ese no fue el único “acuerdo reparatorio”. El 16 de octubre de 2018, la Procuraduría General de México acordó con representantes del grupo Kosmos, cuyos Productos Serel y La Cosmopolitana también se incluyeron en los Clap, la imposición de una multa de sólo 120.000 dólares, que también debieron abonar a Acnur. De Productos Serel era, por ejemplo, la leche en polvo Kosland, una de las que peores valores nutricionales tenía. La sanción es ínfima, si se toma en cuenta que, según la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, Productos Serel vendió mercancía por varios millones de dólares a Wellsford Trading Corp, otro de los intermediarios contratados por el Gobierno de Maduro.

Wellsford Trading Corp, inscrita en Panamá, firmó el 30 de marzo de 2017 el contrato 0032 con la estatal Corpovex por casi 70 millones de dólares. 

Un tercer “acuerdo reparatorio” se selló el 26 de octubre de 2018. Fue con la empresa Almacenes Vaca, a la que se impuso una multa de poco más de 14 millones de pesos, equivalente a unos 700.000 dólares, también destinados a la Acnur. Al propietario de esta compañía también pertenece Rice & Beans, otra de las principales proveedoras de los Clap entre 2017 y 2018. Apenas una factura de julio de 2018 muestra que Rice & Beans cobró a Mulberry Proje Yatirim, la sociedad turca con la que Alex Saab y Álvaro Pulido reemplazaron a Group Grand Limited, productos por 220.000 dólares.

El cuarto “acuerdo reparatorio” se firmó el 21 de noviembre de 2018. En este caso las autoridades pactaron con el representante de las compañías Jaifar Comercial, Delmar Logística y Empresas Bonobox, que en algún momento participaron en la logística desde México para los Clap, una multa de 110.000 dólares.

Pero si los criterios de los “acuerdos reparatorios” son ahora cuestionados por el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, más extraño aún resulta que Group Grand Limited, la sociedad usada en México por Alex Saab y Álvaro Pulido, haya logrado recuperar sus cuentas bancarias luego de que las autoridades ordenaran congelarlas. 

A dos años de la investigación iniciada en México, sólo tres empresas continúan bloqueadas en el sistema financiero de ese país: Grupo Brandon y Group Grand Limited; en el caso de la última, se refiere tanto a la registrada en Hong Kong como a la mexicana. Sin embargo, la compañía manejada por Saab y Pulido ganó en noviembre de 2019 un amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera, con lo que pudo descongelar dos cuentas bancarias en el Scotiabank Inverlat.

El documento que justificó la decisión refiere que según “el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el bloqueo sólo procede en acuerdos comerciales representados por el Estado mexicano y en el caso de las despensas fueron negociaciones entre empresas particulares”. Paradójicamente, ahora el Gobierno venezolano califica a Alex Saab como un “agente del Gobierno” para la compra de alimentos y medicinas, y hasta reclama para él “inmunidad diplomática”. 

“Los principales problemas que hemos enfrentado en México, en este caso de las despensas Clap, son el acuerdo reparatorio ilegal que estableció la PGR de la administración anterior,  encabezada por Alberto Elías Beltrán, con los empresarios y, el segundo, la jurisprudencia que impulsó el exministro Eduardo Medina Mora para evitar que hubiera un congelamiento de cuentas por parte de la UIF, en la que se establece, que si no hay una solicitud de carácter internacional, existe la posibilidad de desbloquear. Y aunque aquí sí existe la solicitud internacional, los jueces otorgaron el amparo”, reprocha el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Las cuentas de Group Grand Limited quedaron bloqueadas inicialmente el 5 de octubre de 2018 tras la sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno de los apoderados de la empresa en México, Andrés León Rodríguez, demandó un amparo contra la medida. Tras una batalla legal entre la empresa y las autoridades, finalmente las cuentas fueron desbloqueadas en noviembre de 2019. 

Otras empresas que fueron denunciadas por las autoridades mexicanas por su participación en la trama de los Clap, como Ilas México, B-Eminet, Digrava y Evaporadora y Secadora de Leches están a punto de lograr una medida similar a la que favoreció a Group Grand Limited. Otra prueba más de que en México la investigación cayó en el olvido y apenas hubo responsables por las acusaciones formuladas en octubre de 2018. Con la captura de Alex Saab, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana parece dispuesta a retomar lo que inició hace dos años y ahondar en el sospechoso rastro que el millonario negocio de los Clap dejó en ese país.

Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.Info y el diario Excélsior de México.