Un viernes de hace tres meses, el pasado 12 de junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer una noticia sensacional con un post de su red social propia, Truth Social: "Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito al Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, se pavoneaba. “Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos de Venezuela, ⁠con quienes estamos colaborando muy bien”.

En un comunicado emitido poco después el mismo día, el régimen de la presidente interina, Delcy Rodríguez, ratificó la información: “Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal”. El texto también se ocupaba de precisar que dicha neutralización se produjo en el marco de “una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar” que había contado “con apoyo tecnológico especializado”.

Luego se conocieron más detalles del ataque “cinético rápido y letal”. Tuvo lugar el 9 de junio en las localidades de Las Claritas y el Kilómetro 88, pueblos mineros amalgamados en uno solo en el municipio Sifontes del Estado Bolívar, sobre la tradicional cuenca aurífera del río Cuyuní y dentro del Arco Minero del Orinoco que Nicolás Maduro creó por decreto presidencial en febrero de 2016. De acuerdo al video difundido desde el Comando Sur de Estados Unidos, el asalto militar comprendió un bombardeo de precisión con un misil aire-tierra sobre la rústica guarida de Guerrero, cuyos restos quedaron en condiciones que los hicieron difíciles de identificar en el lugar.

El legendario Héctor Niño Guerrero lideraba el Tren de Aragua (TdA), una banda criminal a la que el Departamento de Estado designó en 2025 como una “organización terrorista extranjera” y que el propio Trump esgrimió en su campaña presidencial de 2024 como espantajo para incitar el temor a la inmigración, particularmente la venezolana, entonces en auge. 

Si para Washington la cabeza de Guerrero tenía precio, la eliminación del capo sonó como un clarín de liberación en el sureste minero del estado Bolívar. A pesar de que el nombre del cártel alude a su origen en el estado Aragua del centronorte de Venezuela -con más exactitud, en la cárcel de Tocorón, según las investigaciones periodísticas y su propio mito fundacional-, y de que las operaciones del TdA se extendieron junto a la diáspora venezolana por al menos unos ocho países, f​ue en torno a la minería ​de esta zona de Bolívar​, próxima a las fronteras con Guyana y Brasil, ​d​onde estableció su baluarte. 

Meses después, la expectativa inicial se ha difuminado. Un recorrido reciente de Amazon Underworld y Armando.info por el área (de norte a sur, desde Upata a Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Dorado, hasta alcanzar el conglomerado de Las Claritas-Kilómetro 88, a las puertas de La Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima) encontró que, decapitado in situ el Tren de Aragua y ante la desbandada preventiva de líderes criminales activos sobre el terreno desde hace tres lustros, los lugareños perciben que la dinámica real apenas ha cambiado. 

Los cabecillas de los cárteles mineros se esfumaron. Nuevos actores, como el comando de seguridad Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo) hacen presencia, mientras se aguarda con una mezcla de esperanza,  incertidumbre y escepticismo el regreso anunciado de las transnacionales mineras. 

Sin embargo, que los rostros visibles de la criminalidad se retiraran o se escondieran no significó que con ellos se hubiera marchado la sensación de que su control persiste bajo otras formas. 

Como nunca antes, hay mayor presencia militar y policial. La gente ve más agentes uniformados que en otros tiempos, mucho más frenéticos y con mayor actividad actividad comercial que la que hoy se registra. Con todo, llega a echar de menos el relativo orden que las bandas ofrecían, de manera implacable y por medios tan discrecionales como atroces. El Sistema prevalece, aunque con reformas todavía en progreso. 

Desquite sin recompensa

Ni cámaras de seguridad ni bombillos; la mayoría de los sócates están arrancados de la red eléctrica. Un imponente muro gris de mosaicos acanalados, con sus portones de hierro y entrada con marquesina, rodea este inmueble en una escondida calle de tierra, que también conduce al cementerio del Kilómetro 88. A primera vista parece un búnker. Pero se trata, después de su abandono y saqueo repentinos, de la madriguera de Gabriel Rivas Núñez, conocido como El Negro Juancho o Juancho a secas.

Una suerte similar corrió el refugio de otro temido pran minero de la zona, Humberto Martes, Humbertico, heredero de otro cabecilla homónimo, pero apodado El Viejo, su padre. Al palacete de líneas modernas de tres pisos, forrado en mármol y losas de piedra caliza, con ventanas estrechísimas y un mirador, levantado en una calle ciega en Las Claritas, le tumbaron las puertas durante los saqueos posteriores a la operación militar del 9 de junio. De todas las evidencias de lujo y bonanza que Humbertico desplegó tras el muro -aunque las ostentaba sin empacho en sus redes sociales-, que incluían piscina, sauna, discoteca, un zoológico en miniatura y una gallera, solo quedaron indemnes la figura de un diamante y otra con el símbolo del dólar, ambas grabadas en el piso de granito de la entrada. 

Juancho y Humbertico no fueron los únicos que consiguieron escapar de la ofensiva militar, así como de una probable muerte en combate o, al menos, de la mano de la justicia. Otro de los criminales más buscados de la zona minera, Yohan José Romero o Johan Petrica, líder local del Tren de Aragua, huyó de forma precipitada. 

El 9 de junio hubo una explosión de júbilo y miedo en el eje Las Claritas - Kilómetro 88, la caótica conurbación de facto donde el Tren de Aragua se hizo fuerte y que sirve de escenario para esta crónica. También hubo una suerte de estallido social con tintes de ajuste de cuentas. El ataque militar que dio de baja al Niño Guerrero y ahuyentó a los otros cabecillas funcionó como válvula de escape a rencores y apetencias por largo tiempo contenidas. 

Al recorrer la polvorienta calle principal que atraviesa Las Claritas y Kilómetro 88, el asentamiento minero luce apagado. En muchos locales las santamarías o puertas metálicas enrollables permanecen cerradas. En los negocios de compra y venta de oro se ven pocos vendedores. Los dueños de esos establecimientos pasan más tiempo concentrados en las pantallas de sus teléfonos celulares, que pesando el metal precioso. “Eso es por efecto de la matraca tan fuerte a los comerciantes. A diferencia de otros pueblos, los de El Sistema de Las Claritas no dejaban ni respirar a ningún negocio con la vacuna”, dice, refiriéndose con términos criollos a los pagos de extorsiones, un lugareño que, como la mayoría de los entrevistados en el sitio para este trabajo, prefiere omitir su nombre. “Todo está más tranquilo desde que se fueron”. La operación militar del 9 de junio trajo algunos beneficios inmediatos, no se puede negar.

Sin embargo, la violenta incursión del nuevo tutelaje no fue suficiente para disipar la  presencia que aún mantienen los sindicatos —eufemismo con el que en la región se conoce a las bandas criminales— minas adentro. A ese control los oriundos lo siguen llamando coloquialmente El Sistema, como si hablaran de un miembro fantasma que, amputado, aún se siente. 

Ni siquiera los relevos simbólicos sirven para instaurar el nuevo orden. Por ejemplo, la emblemática gallera de Las Claritas, frente a una subestación eléctrica, funcionó durante años como centro de operaciones de El Sistema; hoy es sede del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo), que conforman funcionarios de diversos cuerpos de seguridad y componentes de la Fuerza Armada. También allí se instaló la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del Ministerio Público).

Oro maldito, negocio bendito

Las Claritas y Kilómetro 88 alojan, muy probablemente, la mayor concentración en el país de negocios con nombres de inspiración religiosa. Se suceden los letreros de diseños variopintos pero de una misma intensidad devota: La bendición de Dios, La sangre de Cristo tiene poder, La fortaleza de Dios, La gracia de Dios, Cristo vive. Da igual el ramo del negocio: compra-venta de oro, hotel, restaurante, ferretería, feria de frutas y hortalizas, panadería, peluquería. 

Pero aquí los mandamientos los imponía El Sistema y no la iglesia.

Ese Sistema criminal mantuvo a raya a la delincuencia silvestre, no organizada. Tal es el paradójico consenso entre la población que, si siente alivio por el aparente fin de un régimen intimidante de extorsión, también reporta el regreso de los robos y los hurtos cuya extinción temporal le permitió jactarse de que Las Claritas y Kilómetro 88 eran “los pueblos más seguros de Venezuela”. Hace tiempo lo ilícito mafioso se hizo ley y garantía de una paz tensa y frágil a la vez.

Ya no circulan por las agrietadas calles de ambos pueblos los maleantes de El Sistema que, deliberadamente, a bordo de sus motocicletas, hacían gala de walkie-talkies, armas largas o pistolas para ratificar su poder.  Tampoco hay que honrar más las deudas por vacunas, que no siempre se pagaban con oro o con divisas, a razón de miles de dólares al mes. “También nos cobraban en comida. Era algo ocasional: a veces, dos veces a la semana, por ejemplo, teníamos que preparar cien comidas para sus eventos”, dice el encargado de un negocio de alimentación en plena Troncal 10. No había escapatoria, había que pagar “a juro” y puntualmente, dice el comerciante, bien fuera con dinero, oro o especies, a como diera lugar. Por lo tanto, sostiene, la presunta erradicación de El Sistema “es lo mejor para el comerciante”. 

Pero lo mejor para el comerciante no tiene que ser lo mejor para la comunidad. Ahora, acepta el empresario, la inseguridad aumentó. “Hay que estar pendiente. Antes no había ni robos ni violaciones. Tú dejabas el teléfono allí y ese teléfono estaba allí todo el día”.

Otro comerciante, este del sector panadero, abona al punto: “Seguridad, ahorita, no tenemos. Lo que mantenía [seguro] esto era El Sistema”, grita casi, para que los reporteros le puedan oír,  tratando de superar el bramido del motor de la planta eléctrica que sirve a su negocio, y sin reparar en precaución alguna ante posibles escuchas de mala fe.

Un religioso, cuyo nombre también se omite por motivos de seguridad, admite: “Yo me sentía más seguro aquí [en el asentamiento minero] que en la misma ciudad [Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar, las urbes del estado]. El control de ellos [de ‘El Sistema’] era seguridad”. Y explica: “Antes había un sistema que manejaba al pueblo. Para montar el negocio, ellos eran el filtro. Manejaban la situación. Si yo vendía queso, ellos me administraban el queso. Todo tenía que pasar por ellos. Ahorita lo que ha pasado es que la gente no tiene ese control”. Califica la situación actual como “delicada”, fértil para la nostalgia por el orden perdido. Asegura que la reforzada presencia militar en las minas “al contrario, es algo que trae conflictos y muchos problemas”. 

Según los testimonios recogidos por los reporteros, después de la huida de los jefes criminales y sus lugartenientes, los militares comenzaron a cobrar el acostumbrado peaje o impuesto en las minas, más allá del infranqueable mecate, con un diezmo todavía más elevado del que el sindicato minero solía imponer. Esto caldeó los ánimos entre obreros, molinos y los dueños de las máquinas, por lo que los consejos comunales de Las Claritas y el Kilómetro 88, también cooptados -y probablemente instrumentalizados- por los sindicatos, decidieron someter a votación en la comunidad si era preferible que El Juancho y Humbertico volvieran, o no. ¿La opción ganadora? Que volvieran.

Células durmientes

El Sistema conserva algo de orwelliano en la mente de los lugareños. Temen que estén todavía bajo su mirada abarcadora. Nadie se atreve a asegurar que los pranes se fueron del todo. Al respecto, se cuelan dos versiones: una, que los cabecillas en efecto huyeron y aflojaron los puños de hierro con que controlaban la vida del pueblo, pero se atrincheraron en las minas, desde donde manejan a sus informantes, todavía infiltrados en la zona. La otra proviene de quienes quieren creer que la región en quedó completamente liberada. 

Una voz calificada que se mantiene en el campo del escepticismo es la de Américo De Grazia, exalcalde del municipio Piar, exdiputado opositor de la Asamblea Nacional, excandidato a gobernador de Bolívar y ex preso político. Para sustentar su duda, refresca el recuerdo de una fecha, el 21 de junio de 2026. Ese día y los siguientes, tan solo dos semanas después de la operación militar contra Niño Guerrero, Las Claritas y Kilómetro 88 volvieron a ser noticia, pero por una protesta organizada con la que los manifestantes denunciaban abusos por parte de los militares recién acantonados, incluyendo la represión y el supuesto cobro de extorsiones. Fueron jornadas de tensión y caos, como lo eran ya desde el 9 de junio. Se suspendieron las clases, el comercio se paralizó por temor a saqueos y disturbios, se registró un desplazamiento masivo de mineros, y el suministro eléctrico, de por sí titubeante, empeoró.

De Grazia reconoce los excesos militares, pero identifica otros motivos menos evidentes detrás de la protesta, que pudo estar alentada, sospecha, por Juancho y Humbertico a manera de expresión política de la añoranza colectiva por su régimen, mafioso pero ordenado. El pueblo los aclama, sería el mensaje de las manifestaciones.

Todo da pie para que De Grazia otorgue cierta credibilidad a un dato que dice haber recabado: los emisarios de los líderes pandilleros continúan en el sector, informando a sus jefes de cualquier movimiento. “El grupo que queda de los pranes es el de sus residuos o sus delfines, que pudieran estar merodeando y chequeando a ver quién pasa información, quién filma, quién graba, quién reporta, quién llama por teléfono”, sugiere en entrevista telefónica.

Lo anterior se corresponde con la información ofrecida por un vocero indígena, quien accedió a hablar con los reporteros sobre el terreno, con la condición de la reserva de su identidad. De acuerdo con su versión, la operación militar del 9 de junio solo ocasionó el repliegue táctico de los líderes pandilleros. Ya no están tan a la vista, pero siguen estando. “Se sabe que rondan la zona, aunque no se sabe dónde están. Pero de que están, están. Claro, a ellos le echaron como un pitazo, sobre todo a los cabecillas, para que se fueran antes de los operativos”, afirma. 

A los capos, prófugos o simplemente replegados, el dirigente indígena ahora los sitúa en algún punto de Los Kilómetros, una seguidilla de aldeas levantadas al calor de la fiebre minera que se extiende por un trecho de la Troncal 10, entre El Dorado o Kilómetro Cero y el Kilómetro 88. A los bordes de la carretera se encuentran casuchas de plástico y madera, talleres mecánicos de motos, ventas de gasolina envasada en botellas de refresco,  locales cuyas precariedades han evolucionado con el pasar de los años hasta dar lugar a edificaciones más consolidadas, de bloques y cemento. 

Mucho antes del 9 de junio, desde la pandemia de la Covid-19, cuando se descubrieron numerosas bullas o vetas de oro en ese territorio boscoso, la franja formaba parte de los dominios extendidos del sindicato de Juancho. Pero ahora se habría convertido en su cuartel de destierro. “Hubo una mudanza de Las Claritas y el Kilómetro 88 a Los Kilómetros, más concretamente del [kilómetro] 24 para adelante, justo en la entrada del pueblo pemón de San Antonio de Roscio)”, insiste la fuente aborigen. Aun así, asegura: “Ellos están en el pueblo. Siguen en Las Claritas y el 88. También están en las minas (...) No se muestran al público pero andan pendientes de todo. Entonces, es una situación muy, muy delicada (...) No están en el sitio, pero ellos tienen informantes en todo ese sector y más que todo en Las Cristinas [el aledaño yacimiento de oro, uno de los cinco mayores del mundo, que ha sido objeto de encarnizadas disputas entre empresas extranjeras -canadienses, estadounidenses y rusas- y estatales venezolanas]. Tienen ojos por todos lados: Mira aquella camioneta, aquella moto, aquella persona”.

En Las Claritas ruedan relatos acerca de luceros, los vigilantes encubiertos que los pranes despliegan en los pueblos, que estarían recibiendo mensajes de aliento de sus jefes en salvaguarda: “Tengan paciencia, ya vamos para allá, estamos negociando”. 

Normalidad en vilo

La actividad minera, entretanto, continúa. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido, por la calle principal y ramales de Las Claritas, camiones transportan cuadrillas de obreros, vestidos con franelas de manga larga tipo dry fit y con botas de goma enfangadas. Sigue en pie la estatua dorada de un minero artesanal, con su batea y sus perros compañeros, que en una plazoleta desde siempre rinde homenaje a los obreros de las minas. 

Al lado, sin embargo, se lee una pinta: “No al saqueo”. Es una inscripción de los sindicatos, que busca servir como advertencia y atisbo agonizante de un control que todavía se ejerce y no quiere cesar. El mecate sigue funcionando; así alude la jerga minera al punto de control para entrar a las minas de Las Cristinas. El Gpamo oficial también deja señales de su presencia. Se reducen a una valla, a modo de una bandera, plantada pero inerte.

En Las Claritas hay indicios de una nueva situación, pero sus habitantes tienen por un hecho que las bandas criminales preservan el control en las minas. “La verdad es que nos da igual si vuelven o no [al pueblo]. Ya estamos acostumbrados”, comenta con indiferencia un dependiente del restaurante de la vía principal de Las Claritas. 

Las Claritas y Kilómetro 88 son hoy una réplica a escala reducida de lo que ocurre a nivel nacional en Venezuela. Un bombardeo. La caída de un antiguo líder. La promesa de un mejor porvenir. Anuncios binacionales. La economía que no termina de despegar. La esperanza que se erosiona. Nada tangible, en realidad. 

Basta conversar con cualquier habitante de la zona para calibrar la atmósfera predominante. “Esto está como tú lo ves. Es una calamidad. Aquí deberíamos tener una avenida de doble vía para dar la impresión de que somos un pueblo constituido. Pero, y me disculpas por el léxico, estamos caminando sobre aguas de mierda”, refiere uno de ellos, despachador de autobuses. 

El 19 de agosto, tras la excarcelación de José Ignacio Moreno Suárez, representante legal de Gold Reserve, la minera canadiense anunció que vuelve a Venezuela para retomar sus operaciones en los yacimientos de Las Brisas y Las Cristinas, ubicadas en las inmediaciones de la conurbación, que Hugo Chávez expropió en 2009. Pero la noticia tiene sin cuidado a los habitantes de Las Claritas y Kilómetro 88 después de casi dos décadas bajo el dominio de las bandas criminales y el acusado abandono del Estado. Tampoco guardan ninguna expectativa con el interés de la Casa Blanca en explotar el oro después de controlar el petróleo, deseo que Washington hizo público el 6 de marzo pasado con la emisión de la licencia general 51, que relaja las sanciones sobre las transacciones con el oro venezolano.

Interrogado sobre las derivaciones del operativo militar del 9 de junio y la posible inversión estadounidense en la zona, el despachador de buses tampoco duda: “Es la misma vaina, tú puedes hacer un sondeo. Desde que llegó aquí mi papá Trun, yo no he visto llegar más nada. Este pueblo toda la vida ha vivido de un engaño”, dice, casi gritando de nuevo. Esta vez es el ruido de las motos que sortean los baches de la Troncal 10 lo que acalla todo lo demás, incluyendo la esperanza.