El nombre de Cedel viene de las abreviaciones del apellido y nombre del banquero venezolano Eligio Cedeño. El chavismo lo apresó y señaló de una estafa que derivó en un proceso judicial del que terminó huyendo a Estados Unidos en el año 2009 y dio pie, al mismo tiempo, al ya célebre caso de la jueza María Lourdes Afiuni.

Eligio Cedeño y su hermano Santos Luis Cedeño son los accionistas principales de la sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, registrada en el año 2003, a través de la compañía Amanco Management (BVI) Ltd quien usaba el bufete de abogados Mossack Fonseca como intermediario para la creación de sociedades offshore. Cedel también era el nombre de la casa de bolsa que funcionaba en la capital venezolana, propiedad de Cedeño, que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Valores (SNV) en enero de 2011.

En entrevista con Armando.info, Cedeño expresa que el asunto de salir en los Panama Papers se ha distorsionado y que si hubiese tenido mala intención en la creación de la compañía no habría firmado como beneficiario. “Un empresario, no un funcionario público, sí por lo general tiene compañías donde va alojando cada uno de sus activos. Y esas compañías normalmente las tiene fuera de la jurisdicción donde se representa… Se va a poder identificar el que tiene buena intención al que tiene mala intención cuando el accionista termina siendo un empleado de la firma y no el verdadero dueño. Y ese no es mi caso”, expresa el ex banquero.

La banca y los paraísos fiscales

Eligio Cedeño ha sido uno de los empresarios más controvertidos de la historia contemporánea venezolana. Caraqueño de origen humilde, comenzó su carrera a los 16 años siendo pasante y a los 30 ya era dueño de su propia casa de bolsa. Presidía también una entidad financiera, pero su suerte cambió en febrero de 2007 cuando lo imputaron por el caso Microstar. La justicia venezolana lo señaló de simular la importación de computadoras y le abrió el proceso judicial antes mencionado.

A principio de los años 90, Cedeño fundó Cedel Casa de Bolsa, antes llamada Citi-Invest, que fue cuestionada una década después por haber sido beneficiada en una operación de compraventa de Bonos de la Deuda Pública Nacional. En 2002, el Ministerio de Finanzas de Venezuela le otorgó a Cedel vender bonos por unos 190 mil millones de bolívares, cuando su capital era de sólo unos 7 mil millones de bolívares. La operación se consideró llena de vicios ya que la casa de bolsa compró los bonos al 78%, para luego revenderlos en el mercado secundario al Bandes, banco del Estado, con un valor del 91%.

Además de tener la casa de bolsa, Cedeño poseía acciones en el Banco Canarias, Banco Caracas, Banpro y Bolívar Banco. Entidades que posteriormente fueron liquidadas por el Estado venezolano. Sin embargo, para el momento de la intervención, ya no eran propiedad del grupo Cedel, así explica el ex banquero: “Los bancos eran de mi propiedad, cuatro meses después de ser detenido los vendí a unos amigos del régimen. Dos años y medio después esos bancos quebraron. Pero no quebraron en mis manos, quebraron en las manos de ellos. Ya los propietarios eran otra compañía, no Cedel International Investment”.

La sociedad en las Islas Vírgenes Británicas era la dueña del Banco Canarias antes de que Cedeño se convirtiera en el propietario de Banpro y Bolívar Banco. Una vez que se adquirieron estas entidades, en el año 2004, Cedel dejó de tener relación con Banco Canarias.

Sobre la legalidad de este tipo de sociedades, el profesor y ex superintendente nacional, Alejandro Caribas, explica que en la Ley de Bancos en Venezuela se exige autorización de la Superintendencia para que las entidades bancarias constituidas en el país tengan sucursales en el exterior o inversiones en bancos afuera: “Generalmente se exige que donde se abran sucursales o se hagan las inversiones, existan instituciones dedicadas al control y supervisión bancaria”.

En este caso, la Superintendencia de Bancos (Sudeban) en comunicación del 15 de febrero de 2005 autorizó a Bolivar Banco C.A “el traspaso del 100% del capital asociado de la Institución Financiera a la sociedad mercantil Cedel International Investment, LTD, existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas”, por lo que estaba al tanto de la existencia de la sociedad.

Actualmente la legislación venezolana prohíbe la realización de transacciones u operaciones con banca offshore. En la Resolución Nº 312-10 publicada en 2010 por la Sudeban reza que “se prohíbe realizar y mantener operaciones con bancos y otras entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en países, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria, bancaria o financiera y con intensa protección al secreto bancario.” 

Por partida doble

El nombre de Cedel International Investment LTD también salió a la luz en la conocida lista Falciani. En 2015, el ICIJ publicó una serie de reportajes sobre los más de 106.000 clientes con cuentas en el banco suizo HSBC, provenientes de distintos países alrededor del mundo. La data fue filtrada por el ex empleado de esa entidad, Hervé Falciani.

La cuenta de Cedel International Investment LTD en HSBC, perteneciente a Eligio Cedeño y a su hermano, tuvo un saldo alrededor de los 38 millones de dólares durante el 2006 y 2007, según consta en la filtración.

Cedeño ha aceptado públicamente la existencia de esa cuenta. Pero alega que fue cerrada en 2011. “Esta misma sociedad que aparece en Mossack Fonseca tenía una cuenta en HSBC y cuando se filtraron las cuentas de los accionistas pues Cedel salió allí. Lo que ustedes han descubierto es una compañía que era dueña de un banco y una cuenta con recursos. Típico de lo que es mi desenvolvimiento normal como empresario”, dijo.

El 6 de junio de 1999, en el programa Aló Presidente número 2, que por aquel entonces se transmitía por Radio Nacional de Venezuela, un voluntarioso Chávez anunció la construcción de unas primeras 128 viviendas populares en el sector de San Andrés valiéndose de la fusión de instituciones del Estado, “para evitar la anarquía y la corrupción”. También, el recién estrenado presidente subrayó que para la edificación de 1.424 apartamentos en el Valle de Caracas y otros 1.800 para los Valles del Tuy, en Miranda, serían invertidos 20 mil millones de bolívares (33 millones de dólares para la época), y que para comenzar sólo el primer año, se habían aprobado 7 mil millones de bolívares (11,5 millones de dólares). “Eso forma parte del Plan Bolívar 2000 en el que yo me juego la vida”, aseguró el exmandatario, cuando la llamada V República era toda efervescencia.

En aquel programa radial de 1999, Chávez también presentó al general Víctor Antonio Cruz Weffer como el flamante jefe del Plan Bolívar 2000, quien se encargaría de manejar un presupuesto de 73.000 millones de bolívares ($120.462.046 de la época) entre 1999 y 2000 para ejecutar un proyecto que fungiría como el primer globo de ensayo de las misiones sociales del gobierno bolivariano.

Pero el oficial, que ocupaba otros tres cargos en la burocracia chavista, no asistió a la inauguración de estas obras. En diciembre de 2001 salió del gobierno por la puerta de atrás en medio de denuncias de corrupción de las cuales sería el principal protagonista.

Apenas llevaba un mes fuera del gobierno cuando Cruz Weffer comenzó a ser investigado por el Ministerio Público (MP) el 14 de enero de 2002, a partir de una denuncia del Seniat y por una serie de reportajes periodísticos publicados en varios medios nacionales que hacían referencia a irregularidades cometidas en el Proyecto Plan Bolívar 2000 y Fondur. Cinco años más tarde, el 18 de abril de 2007, el ex comandante del Ejército fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en su declaración jurada de patrimonio.

El Ministerio Público fundamentó su versión con el informe final de auditoría patrimonial que presentó la Contraloría General de la República (CGR) el 31 de enero de ese año, que certificaba que el otrora jefe del Plan Bolívar 2000 y ex presidente de Fondur dispuso de 1,2 millardos de bolívares entre el primero de enero de 2000 y el 30 de junio de 2003. La Contraloría concluyó que Cruz Weffer no pudo justificar cómo el ascenso de su patrimonio a 1.071 millones de bolívares (aproximadamente un millón de dólares para la época) correspondía a sus ingresos como funcionario. El monto equivalía a 86% de los fondos públicos que administró como jefe del Plan Bolívar 2000 y presidente de Fondur.

Chavista en un paraíso fiscal

El 7 de mayo de 2007, tres semanas después de haber sido imputado por el Ministerio Público por delitos incluidos en la Ley contra la Corrupción de Venezuela, Cruz Weffer desvió su trayectoria empresarial a otro continente, a unos 13 mil kilómetros de distancia de las viviendas populares cuyas cintas rojas no llegó a cortar. En Seychelles, un archipiélago de arenas blancas y aguas color esmeralda del Océano Indico, fue registrada a su nombre la empresa Univers Investment Ltd, con un capital de 50 mil dólares.

La inscripción de la sociedad de Cruz Weffer en este paraíso fiscal, reconocido refugio internacional del turismo de lujo y empresas de maletín para el lavado de dinero y evasión de impuestos, no sería la primera operación mercantil que efectúa en el extranjero. En 2007, la Fiscalía venezolana confirmó el rastreo de transferencias por 330 mil dólares realizadas por el oficial imputado hacia cuentas bancarias en el extranjero, según informe de Contraloría General de la República.

A primera vista, el nombre de Cruz Weffer no aparece en la ficha de registro inicial ni en el certificado de continuidad con fecha del 29 de septiembre de 2008 que emiten las autoridades de Seychelles. De hecho, la inscripción de Univers Investment en el archipiélago no la hizo directamente el militar venezolano sino Barreto & Partners Sàrl, una firma de administración de propiedades domiciliada en Suiza, que a su vez es cliente del poderoso bufete de abogados Mossack Fonseca, radicado en Panamá.

El nombre de Cruz Weffer está encubierto bajo la figura de “bearer” (portador, en inglés), una de las fórmulas de registro de empresas que ofrece el bufete panameño para garantizar un alto nivel de secretismo. En su caso, se creó una empresa offshore (que no realiza ninguna actividad económica o comercial en el país donde está registrada y además no paga impuestos) cuyo intermediario, Barreto & Patners Sàrl (cliente de M&F) actuó como representante.

La inscripción de la empresa de Cruz Weffer cumplió las formalidades exigidas por la Seychelle International Business Authority (SIBA), que notificó a la sucursal en el archipiélago de Mossack Fonseca & Company la incorporación de Univers Investment el 7 de mayo de 2007, bajo el número 036837.

Barreto & Partners Sàrl ha abierto unas 47 empresas de maletín en paraísos fiscales (6 de accionistas venezolanos en Seychelles) como intermediario de MF. Su sede, domiciliada en la Route de Lussy de St Prex, Suiza, contradice la magnitud del conjunto de compañías que representa, cuyos propietarios se encuentran alrededor del mundo.

En las bases de datos de MF está registrada la relación del nombre de Cruz Weffer y Univers Investment. Sin embargo, en el intercambio de correos que se da en 2009 entre la casa matriz y la sucursal en Seychelles, trasciende que el SIBA solicitó a MF que actualizara los nombres de los accionistas y direcciones de las sociedades registradas en el archipiélago por exigencias de la enmienda de la Ley en Seychelles. Debían ser entregados antes del 1ero de enero de 2010.

La dirección del accionista único (shareholder) de Univers Investment, tal como lo indica la ficha de registro, no se encuentra a orillas del Océano Índico sino del Mar Caribe, específicamente en Caracas, en las residencias Cascadas La Castellana, situadas en la urbanización del mismo nombre. Se trata de un exclusivo conjunto residencial que cuenta con vigilancia privada y rejas eléctricas.

La autora de esta nota contactó a Cruz Weffer en la dirección de la empresa en Caracas. Solicitaron una entrevista por escrito el 15 de marzo de 2016, así como el 25 de marzo de 2016 con un cuestionario de preguntas sobre las empresas registradas en el extranjero. Vía correo electrónico (30-03-2016), el oficial retirado negó haber registrado Univers Investment: “Revisando por Internet pude verificar que Seychelles son un grupo de Islas pertenecientes al Continente Africano, donde jamás, pero jamás he estado, por tanto mal pude registrar una Sociedad en ese lugar” (sic). También, sugirió que podía comprobarse fácilmente sus salidas y entradas al país mediante una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó que “años atrás” adquirió una empresa registrada en Panamá por un monto de $50 para abrir una cuenta en un banco filial del Crediss Suiss (sic) en Ginebra, para solicitar un crédito a la financiadora italiana Credito and Svillupo con el fin de desarrollar proyectos de vivienda en Venezuela. Aclaró que tanto la empresa como la cuenta están actualmente cerradas.

Al contrario de lo que asegura Cruz Weffer, hoy en día no es necesario viajar hasta abrir una empresa en un paraíso fiscal. Pueden emitirse certificados de propiedad difíciles de rastrear conocidos como “acciones al portador” a través de firmas que actúan como intermediarios, como fue el caso de Univers Investment.

La empresa de Cruz Weffer en Seychelles sólo tuvo 4 años de duración, durante los cuales no registró mayor movimiento, según su ficha de registro mercantil. Fue cerrada el 11 de abril de 2011, año en que un tribunal absolvió el juicio por corrupción contra el ex jefe del Plan Bolívar 2000, medida que fue apelada poco después por la Fiscalía.

El consentido de Chávez

La cuestionada conducción de Cruz Weffer en el Plan Bolívar 2000 y Fondur se convirtió en el primer escándalo de corrupción del gobierno de Chávez no sólo por el monto público que implicó (unos 120 millones de dólares) sino por involucrar a una de las figuras más leales al presidente fallecido.

Presentado inicialmente por el propio Chávez como un “novedoso plan revolucionario”, el Plan Bolívar 2000 comenzó a ser blanco de señalamientos por irregularidades prácticamente desde su inicio. El diario El Nacional, por ejemplo, publicó que Cruz Weffer había comprado un apartamento en la exclusiva urbanización Colinas de Tamanaco por 1,8 millones de dólares. El general se limitó a decir que era objeto de una campaña de difamación, pero nunca desmintió la compra.

A dos años de su creación, Chávez le fue restando poder a su ejecutor del Plan Bolívar 2000 hasta que el 24 diciembre de 2011, desde su programa radial Aló Presidente, confirmó que la remoción de Cruz Weffer de la Comandancia del Ejército fue una “decisión de ajustar el alicate, como cualquier otra”.

Graduado dos años antes que Chávez, Cruz Weffer ocupó el puesto número 2 de su promoción 1973 en la Academia Militar. Aunque no formó parte del fundacional 4 de febrero (asonada militar que encabezó Chávez en 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez), formaba parte de su círculo de confianza.

“Cruz Weffer tuvo un trato privilegiado en los primeros años del gobierno de Chávez. No a cualquiera le daban un sector económico estratégico como la construcción en Venezuela. El presidente fallecido le tenía estima, pero el oficial comenzó a cometer demasiados excesos y eso no se lo perdonó”, observa Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadado.

La analista resalta que Chávez nunca castigó a los uniformados que hubiesen incurrido en irregularidades administrativas, salvo el caso de Raúl Baduel y al militar del Central Azucarero Ezequiel Zamora (Caeez), general Delfín Gómez Parra (condenado en 2011 a 7 años y 7 meses de prisión cuando ya llevaba 5 años y dos meses preso), “Cuando Chávez se molestaba con ellos solía alejarlos, nombrarlos en embajadas. Actuaba como un pater familias en una relación potestad y dominio hacia sus subordinados”.

San Miguel no descarta una posible “guerra sucia” dentro de las fuerzas armadas que impulsó la caída en desgracia de Cruz Weffer. “No era moneda de oro para otros militares, por todo el poder que ostentaba”.

Un dato que resalta un informe sobre Venezuela de la firma estadounidense Stratford (reproducido por Veneconomía en noviembre de 2011) podría dar pistas sobre las fisuras dentro de las fuerzas armadas antes del golpe del 11 de abril de 2002. El entonces ministro de la Defensa, José Vicente Rangel y el alto mando militar emitieron un comunicado público en el que manifestaban su apoyo pleno a Chávez. El documento, que tenía la intención de contrarrestar el descontento dentro del Ejército, no fue firmado por ninguno de los principales comandantes, entre ellos Lucas Rincón y Cruz Weffer, considerados como las fichas militares más importantes de Chávez.

La creciente corrupción dentro el gobierno era una de las principales discrepancias dentro del Ejército a comienzos de la primera década del siglo. Basta con revisar las declaraciones de Cruz Weffer en el año 2000 para entender el criterio que tenía el ex general sobre el manejo de los dineros públicos. Cuando aún era titular de Fondur, manifestó estar en desacuerdo con la modalidad de licitación para escoger las empresas que ejecutarían las obras. “Las ganan 4 o 5 constructoras que son las mafias de la construcción; en cambio con la adjudicación directa le estamos dando cabida a más de 400 empresas pequeñas y medianas”, declaró a El Nacional el 8-03-2001.

Bajo perfil

Aunque Cruz Weffer procuró pasar agachado después de ser separado de los cargos, no dejó de trabajar indirectamente para el gobierno chavista. Según el registro del Seguro Social IVSS, hasta 2014 fue presidente de la empresa Grandes desarrollos integrales y organizacionales de soluciones sociales C.A (Grandiosos), una contratista del Estado cuyo objeto social es “la ejecución y realización de obras y proyectos relacionados con la construcción civil, eléctrica e industrial”. Un sector sobre el que ya tenía experiencia el general retirado.

Según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la vicepresidencia de Grandiosos era ocupada por José Antonio Páez Jurado, compañero de la Academia Militar de Cruz Weffer pero de la promoción 1972 General de Brigada Pedro Briceño Méndez.

Grandiosos está desactualizada en el RNC, es decir, está inhabilitada para contratar con el Estado. Tampoco tiene sede, al menos ya no funciona en la dirección que indica el Registro, en la Torre Credicard de El Bosque. Los nuevos ocupantes de la oficina (el portal de noticias Entodonoticias.com, de abierta línea pro oficialista; una productora de televisión y una academia de modelaje) no tienen información donde ubicar a la empresa de construcción presidida por Cruz Weffer, que se mudó del lugar hace aproximadamente dos años. Los teléfonos Cantv que indica la ficha RNC no funcionan.

En los años que era investigado mas aún no imputado por corrupción, Cruz Weffer se dedicó a actividades empresariales. Aparece como director ejecutivo de la empresa Pac Rim Group, registrada en Caracas en 2005. Pese a no estar en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), esta compañía firmó el 12 de mayo del año siguiente de su creación un contrato de Alianza estratégica con la Gobernación de Carabobo, bajo la administración de Luis Felipe Acosta Carlés -general de Brigada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)- para la “construcción, equipamiento, gestión administrativa, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Bartolomé Salom de Puerto Cabello.

Según el documento, la alianza con la Gobernación de Carabobo implicaba más: el otorgamiento de la concesión de 50 años a Pac Rim Group, contados desde el 12 de mayo de 2016 hasta el 12 de mayo de 2056. En esa ocasión, la empresa estimó una inversión aproximada de 850 millones de dólares en infraestructura, equipos y adquisición de terrenos adyacentes para construir la pista del aeropuerto operativo, entre otros gastos. Actualmente, el aeropuerto de Puerto Cabello se encuentra operativo, pero no tiene vuelos comerciales. Pertenece a Bolivariana de Aeropuertos (Baer), adscrito al Ministerio para el Transporte Acuático y Aéreo.

Cruz Weffer también registró propiedades en Estados Unidos junto con su ex esposa, Lenis Josefina León de Cruz antes de ser imputado. Según los registros oficiales de Broward County Florida, el 25 de noviembre de 1996 fueron beneficiarios de una concesión de una propiedad en 16691 Royal Poinciana Dr, Fort Lauderdale, Florida, valorada en $287.300. Esa misma propiedad fue traspasada por la pareja a Corey Schmith el 23 de mayo de 2005.

Otra propiedad donde Cruz Weffer tiene domiciliado su nombre en EEUU es el 524 N Paxton Alexandria, Virginia 2230, donde funciona la compañía Cruz and Tran (registrada el 27 de enero 2011) que según el registro Realtor.com está valorada en $ 493.025.

Cruz Weffer admite vía email que a partir de 2003, cuando pasó oficialmente a retiro, se dedicó a trabajar independientemente. En Venezuela creó dos empresas de construcción (una activa y otra inactiva) y una tercera en el extranjero, de “capital y personal bajo”, aclara. Asimismo, es asesor de varias empresas del sector. Detalla que tiene dos cuentas personales y una jurídica a nombre de Promotora Colinas de Yara que desarrolla un conjunto residencial en Maturín, Monagas, llamado Puertas del Sur Country.

Agrega en el escrito que en el exterior tiene una cuenta personal abierta recientemente en el Banco Banistmo de Panamá, “en virtud de que estoy tratando de desarrollar un proyecto de casas de interes social en ese país”, y una cuenta jurídica a nombre de VK Land Group, administrada “unilateralmente” por su pareja, Krsmer Velásquez Fariñas.

Retardo procesal

Desde que comenzó a ser investigado por la Fiscalía en 2002, el proceso judicial contra Cruz Weffer ha estado lleno de intermitencias a lo largo de 14 años: anulaciones, recursos de amparo y apelaciones lo convierten en un caso de retardo procesal “en beneficio del imputado”, describe Juan Carlos Apitz, profesor universitario y ex magistrado del TSJ. “Los accidentes han servido para que el imputado no haya sido finalmente condenado y purgue su condena”.

La última decisión judicial que se conoce data del 16 de julio de 2013, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordena el enjuiciamiento contra Cruz Weffer, instruyendo a la Sala de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas a resolver el recurso de apelación intentado por el Ministerio Público. Pero “¿dónde está la nueva sentencia? ¿qué pasó con el expediente de la Corte de Apelaciones?”, se pregunta Apitz.

El juicio contra el ex presidente del Plan Bolívar 2000 luce “engavetado”, fórmula que permite que con el tiempo se olviden los delitos y sus respectivas penas, recuerda Apitz. Si se tiene en cuenta que la consumación de los delitos imputados a Cruz Weffer se remontan a 2002, y el artículo 108 del Código Penal indica que una acción penal prescribe a los 15 años, en 2017 podrían quedar sin efecto el proceso penal contra el primer caso de corrupción del gobierno de Chávez.

Cruz Weffer se defiende

El 30 de marzo de 2016 Cruz Weffer afirmó vía correo electrónico que la misma Contraloría General de la República reconoció, mediante la derogatoria al Departamento de Estado norteamericano, la existencia de un crédito del Sun Trust Bank por 330.000 dólares, debidamente declarados y recibidos en transferencia en el Banco del Caribe, equivalentes a Bs. 480.000 cuando no existía control de cambio en el país. “Lo adquirido con ese dinero -terrenos, equipos, material para cultivos organopónicos, tractores, plantas eléctricas- se sumaron al incremento patrimonial en vez de ser restados por la más perversa y manifiesta mala intención. La Contraloría manifestó que no debían ser considerados en la declaración jurada de patrimonio por tratarse de una empresa de mi propiedad, Criadero Villa de Lobos, sin embargo sí fueron considerados como incremento patrimonial personal”, aseguró 9 años después del informe de la CGR.

También, sobre lo que califica como “supuesto delito de ocultamiento de datos”, Cruz Weffer indica que el terreno de Nueva Tucacas, estado Falcón, que ciertamente no fue declarado, tenía un valor entonces de Bs. 12.000, que la propia Contraloría describe como “tipo rancho, con calles sin aceras ni cloacas ni asfaltadas”, que además medía 240 metros cuadrados y asegura que nunca fue hasta el lugar a conocerlas, razón por la cual no la incluyó en la declaración. “¿Cuál es la mala intención de ocultar un bien con esas características?”, se pregunta el general retirado.

Una de las personas señaladas por este caso, popularmente llamado “La Vuelta”, como uno de los posibles intermediarios –brokers- (de un grupo de 17) que facilitó el fraude iniciado en 2003, abrió en el año 2004 una compañía en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal.

Samuel Maya Mayzel, empresario zuliano y parte del grupo de los 17, registró en las Islas Vírgenes Británicas, junto a tres socios más, la firma Polaris Consulting Management en diciembre de 2004, momento en el que la estafa estaba en pleno curso. La compañía en el paraíso fiscal ya no se encuentra activa. La información, proveniente de una serie de 2.5 millones de archivos secretos de offshores obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), muestra que el proceso de incorporación de la firma se dio a través de la venezolana Gloria Araujo, quien a su vez hizo las gestiones con Portcullis Trustnet.

Los socios de Maya Mayzel también registraron empresas de forma independiente en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

Juntos, Marco Villasmil, Joan Manuel Fereira y Neptali Morillo –accionistas junto a Maya Mayzel de la firma en las Islas Vírgenes Británicas-, inscribieron en el año 2004 la compañía Lumarcoval Corporation en Panamá, según datos del Registro Público de Panamá, con un capital social de “500 acciones sin valor nominal -0- que podrán ser nominativas o al portador”. Además, Villasmil y Fereira están vinculados con el mundo de la construcción y tienen participación en firmas que han sido contratistas del Estado venezolano, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas.

Marco Villasmil, por ejemplo, fue socio de la compañía Proyectos Kit Casas, que participó en construcciones con el Ministerio de Infraestructura entre los años 2001 y 2003 como el Comando Aeropuerto Nueva Esparta y Las Josefinas en San Félix.

Por su parte, Joan Manuel Fereira aparece como Director Gerente de la firma Deconferca S.A., que además de tener registro en Venezuela, fue inscrita en Panamá bajo el nombre Deconferca Panamá en el año 2009 y está enfocada en el desarrollo de proyectos de construcción tanto civiles como industriales.

Un documento del Tribunal Supremo de Justicia también asoció a Fereira con el caso de “La Vuelta”. En el año 2006 la jueza Irasema Vilchez de Quintero, como presidenta de la Corte de Apelaciones, se inhibió en la causa llevada contra Freddy Manzano Tiniacos por la presunta comisión de los delitos de intermediación financiera, captación indebida de recursos y estafa, a raíz de sus vínculos familiares con Fereira.

“Por cuanto si bien es cierto el supuesto que se recurre no es precisamente en contra del ciudadano Joan Manuel Fereira Rosillo, el mismo aparece en la causa como querellado y como quiera que las decisiones no solo deben convencernos a nosotros mismos sino que también deben convencer al colectivo, es por ello que me inhibo del conocimiento de la presente causa”, argumentó Vilchez.

El artículo 430 de la Ley General de Bancos establece una pena de 8 a 10 años de prisión a quienes, sin estar autorizados, “practiquen la intermediación financiera, crediticia a la actividad cambiaria (…) y capten recursos del público de manera habitual”, por el delito de captación indebida.

Por la estafa de “La Vuelta”, que inició en el año 2003 después del paro petrolero de 2002, a través de la compañía Auto Leasing que ofrecía servicios de alquiler de vehículos a la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y que terminó captando fondos en dólares de inversionistas con la promesa de altos porcentajes de retorno al mes para sostener su negocio, fueron señaladas más de 20 personas, entre ellas los dueños de la empresa implicada en el caso, como Nelson Navarro. La Dirección de Criminalística Financiera había determinado entonces que los montos recaudados por Auto Leasing llegaron a los 112 millones 962.680 dólares, según reseñas de esa época.

Samuel Maya Mayzel figura como elector venezolano, aún después de fallecido. Su deceso trajo el pronunciamiento de quien fuese amigo de la familia y primer alcalde del municipio San Francisco en el Zulia, Saady Bijani: “Samuel sostenía ayudas importantes a instituciones educativas y eran como sus propios hijos muchos niños y jóvenes becados. Ayudaba con recetas médicas y alimento a familias necesitadas. Era un hombre exitoso y emprendedor y por eso daba sin mezquindad”.

Su fortuna quedó en manos de su esposa y sus hijos, según indica una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que los declara como sus únicos y universales herederos después del deceso ocurrido el seis de diciembre del año 2010.

Samuel Maya, quien en la actualidad tendría 52 años, aún está como votante activo en el registro de electores del Consejo Nacional electoral actualizado para los comicios del 7 de octubre de 2012, en la Unidad Educativa Nacional Privada Natalicio del Libertador del municipio San Francisco en el estado Zulia. También los tribunales consideraron llamarlo a comparecer en 2012, dos años después de su fallecimiento, a raíz del cobro en bolívares a una empresa suya por parte del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, antes conocido como Fogade.

El nombre de Maritza Bastidas ya salió a relucir durante las sesiones de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en 2008. Entonces, en medio del fuego cruzado de la política venezolana, se investigaban diversos señalamientos de corrupción contra Rosales como gobernador del Zulia, la rica provincia petrolera y agropecuaria al occidente del país. La Asamblea Nacional estaba controlada por el oficialismo, y probablemente lo que la motivó a investigar a Rosales era el deseo de cobrarle al dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) su enfrentamiento electoral contra el presidente Chávez. En cualquier caso, Rosales acudió al llamado a declarar ante la comisión parlamentaria. Esta nota da a conocer por primera vez algunos pasajes del interrogatorio que, de acuerdo a su transcripción, alcanzó por momentos una gran tensión debida, sobre todo, a la presión ejercida por el diputado chavista Mario Isea, también zuliano y promotor de las denuncias.

“Lo primero que tengo que decir es que yo no soy hipócrita, desde que tenía 15 años voy para Estados Unidos y me gustan muchísimo Orlando y Mickey Mouse y todas esas cosas”, dijo Rosales el 28 de noviembre de 2008 frente a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuando era consultado por sus vínculos con Maritza Bastidas. Entonces los parlamentarios solo parecían manejar el dato de una serie de viviendas adquiridas por Bastidas en el estado de Florida, Estados Unidos, operaciones que habían puesto toda la atención de los investigadores en esa empleada de la gobernación. En la sospecha generalizada flotaba la convicción de que Bastidas había servido de tapadera para inversiones de Rosales.

Rosales, de 60 años, un avezado político procedente de las filas del anteriormente hegemónico partido socialdemócrata Acción Democrática, como exitoso alcalde de Maracaibo en dos períodos (1996-2000 y 2008-2009) y gobernador desde 2000 a 2008, hizo del Zulia un verdadero baluarte electoral. El Zulia es la principal región del país por su número de votantes y, a la postre, en 2006, bajo el paraguas de su propio partido, Rosales consiguió representar a la oposición en las elecciones nacionales que en diciembre de 2006 ganó Chávez, quien entonces buscaba su reelección. Apoyado por una endeble coalición de 43 partidos y movimientos, Rosales obtuvo el respaldo de casi 37% del electorado.

Esta foja de éxitos, sin embargo, no le protegió en el ocaso. En 2009, antes de comprobar si recibiría una sanción por las acusaciones de las que era objeto y también antes de averiguar qué tipo de retaliación sufriría, Rosales se marchó a Perú, donde solicitó y obtuvo asilo. Su esposa, Eveling Trejo de Rosales, permaneció en Venezuela y es la actual alcaldesa de Maracaibo.

De empleada a empresaria

Bastidas siguió en el norte, según registros, en Orlando, Florida. Allá compró dos propiedades que, juntas, representarían una transacción por más de un millón de dólares. Bastidas también fue socia de una empresa de un hijo de Rosales, residenciado en Estados Unidos.

De todo eso tenían información los parlamentarios que en 2008 cercaban a Rosales con sus preguntas, recogidas en un documento al que se tuvo acceso para este reporte. La novedad –gracias a los documentos filtrados al  Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)- estriba en el conocimiento de la apertura por parte de Bastidas de dos compañías offshore en 2007.

El 23 de febrero del año 2007 fue incorporada al registro de las Islas Vírgenes Británicas la firma Inversiones 2000 Universal Ltd. en la que Maritza Bastidas figuraba entonces como accionista y directora. Para el registro colocó como dirección de oficina una residencia en Maracaibo, estado Zulia. En esa misma fecha, fue registrada también a su nombre la compañía Moritz Investments Worldwide Inc. Para este proceso, presentó también su pasaporte, una referencia bancaria y la misma dirección. Ambas compañías se encuentran inactivas en la actualidad.

El camino a las Islas Vírgenes, que le permitió completar el proceso de inscripción en el que es preciso suministrar una serie de documentos que pasan por un proceso de verificación, lo logró recorrer gracias al apoyo desde Miami de otra venezolana, la ubicua Gloria Araujo, quien hizo las veces de intermediaria.

Araujo contactó a la firma Portcullis Trustnet y así gestionó la creación de ambas compañías en el paraíso fiscal. En intercambios de correos con Trustnet para lograr el registro, se indicaba que una vez completado el proceso, los documentos del kit de la compañía debían ser enviados a Araujo a la dirección de “Everest Group”, su empresa de entonces en Florida. En ambos casos con la siguiente especificación: “No enviar una factura”.

Los números telefónicos asociados en esa fecha con Araujo tanto en Venezuela como en Estados Unidos ya no funcionan o corresponden a otras compañías.

El año de la bonanza

Un año después de la creación de las compañías en las Islas Vírgenes Británicas, Bastidas realizó grandes inversiones en Estados Unidos. Según registros públicos del estado de Florida, el 30 de abril del año 2008, Maritza Bastidas compró por 799.000 dólares una propiedad en Atherton, Orlando, Florida, vivienda que en la actualidad se mantiene a su nombre. Ese mismo año, en el que también culminaba el segundo período de Rosales como gobernador del Zulia, pero el 14 de febrero –día de San Valentín-, Bastidas había comprado otra casa en Miami, Florida, por una suma de 306.000 dólares. O lo que es lo mismo: en menos de un año desembolsó un millón 105.000 dólares para la compra de las dos residencias.

La casa de Miami, Florida, no la conservó por mucho tiempo. Un año después de que comenzaron las denuncias en contra de Manuel Rosales y su propio nombre salió a la luz, en noviembre de 2009, Bastidas la vendió por 140 mil dólares la propiedad, menos de la mitad del monto por la que la había comprado (la crisis financiera ya afectaba el mercado inmobiliario de la península).

“En cuanto a eso de las propiedades, yo no sé si es que está prohibido que alguien compre algo, lo que tienen es que investigar por qué lo compraron, y cómo lo compraron y yo qué tengo que ver con eso”, se zafó Manuel Rosales de las acusaciones en la comparecencia que hizo el año 2008 ante los diputados. La línea argumental de su defensa se limitó a sostener que él solo daba cuenta de sus propiedades y no de las de sus allegados, en referencia a Bastidas: “Entonces, si se van miles y miles de personas del Zulia que tienen propiedades en Estados Unidos, ¿yo tengo que ver con eso? No, yo respondo por Manuel Rosales, cédula de identidad 4.328.767”.

En Florida, Estados Unidos, la funcionaria de la gobernación del Zulia, Maritza Bastidas, también tuvo participación en una compañía con uno de los hijos de Manuel Rosales. En septiembre de 2007 –siete meses después de la creación de las compañías en las Islas Vírgenes Británicas- fue registrada ante la División de Corporaciones del Estado de Florida la compañía Agropecuaria La Milagrosa Inc. Los documentos de registro muestran que como presidente, vicepresidente y director figuraba entonces Manuel Rosales, y como directores aparecían también Maritza Bastidas y Fernando Tata, este último, según Rosales, un agente de registro.

“Uno se pregunta cuál es el salario de esta funcionaria en la gobernación del Estado”, ironizó durante la audiencia el diputado por el estado Zulia, Mario Isea, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Impertérrito, Rosales se aferró a su postura: “Maritza tendrá su actividad, pero yo no tengo por qué explicar ni responder por la actividad, por lo que haga Maritza Bastidas, quien es amiga de los hijos míos, de algunos de ellos, entre ellos Manuel Alejandro y entre otras cosas hicieron esa sociedad financiera que se registró con 100 dólares”.

En efecto, en 2008, los nombres de Maritza Bastidas y Fernando Tata fueron eliminados del directorio y, según el documento de registro, sustituidos por el de Manuel Alejandro Rosales, hijo del político zuliano. La empresa actualmente se encuentra inactiva.

“Así es que esas tales sociedades financieras, como las he explicado, como las he detallado, son sociedades que no tienen propiedades y que este señor, Fernando Tata, aparece ahí es porque es propio de su actividad, y Maritza Bastidas que es funcionaria y amiga de mi hijo, (…) Manuel Alejandro tiene algún tiempo en Estados Unidos, en Florida, Miami”, insistió Rosales.

Inhabilitado y Exiliado

Curiosamente, Maritza Bastidas aparece cotizando todavía en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como funcionaria de la gobernación del estado Zulia. Sin embargo, al llamar a las oficinas de la entidad, quienes hoy trabajan ahí dicen no conocerla y, quienes la recuerdan, dicen que ella no es parte de la plantilla actual de empleados de la gobernación, ahora a cargo de Francisco Arias Cárdenas.

Aparte de las propiedades de Bastidas, a Rosales lo vincularon también con otras propiedades y empresas a nombre de terceros. “Bueno, yo me dediqué a preguntarle a algunas de ellas por esta denuncia que están haciendo, bueno, a propósito de la actividad que cada quien desarrolla tienen créditos bancarios en Estados Unidos y cada quien demostrará su crédito y cómo adquirió eso, si es que lo ha adquirido, porque lo que dieron fue la cuota inicial, entiendo yo”. También indicó en ese momento que todas sus propiedades se encontraban en Venezuela.

La Contraloría General de la República en Venezuela, a cargo entonces del fallecido Clodosbaldo Russián, llegó a inhabilitar por un año a Manuel Rosales en 2010 para ejercer cualquier cargo público. El veredicto aducía el incumplimiento por parte de Rosales de la normativa de las declaraciones juradas de patrimonio obligatorias para los funcionarios públicos por la Ley Contra la Corrupción. En la resolución, publicada en la Gaceta Oficial el 24 de mayo de 2010, se indicaba que Rosales no había entregado las declaraciones del cese de sus funciones como gobernador del estado Zulia y de ingreso y cese en el ejercicio de su cargo como alcalde del municipio Maracaibo.

“Igualmente, la Contraloría General de la República, mediante decisión de fecha 27-07-07, contenida en el expediente de verificación patrimonial N° 08-02-2005-4.328.767, determinó: un incremento patrimonial desproporcionado; fondos aplicados no justificados; y omisión de información en su declaración jurada de patrimonio consignada el 2 de julio de 2003, por lo que se declaró la no veracidad de la declaración jurada de patrimonio en cuestión, y en consecuencia, su no admisión”, reportaba.

Además, fue imputado en diciembre de 2008 por el delito de enriquecimiento ilícito y en 2009 le fue dictada medida privativa de libertad a solicitud del Ministerio Público. Para Rosales todo se trató de un juicio político.

Katherine Pennacchio y Óscar Libón contribuyeron con esta historia.

En las investigaciones y el juicio llevado en Estados Unidos por este caso, varios personajes y nombres salieron a la luz. Algunos de ellos, sentenciados por la justicia americana, habían creado compañías en paraísos fiscales mucho antes de esta historia. Es el caso de los empresarios Franklin Durán y Carlos Kauffmann –socios de Antonini en la época que se encontró el maletín-, quienes también manejaron una fundación en Curazao, creada después del cierre de sus cuentas bancarias en Suiza, a raíz de los procesos judiciales en su contra. La firma sirvió para entregar referencias a otros venezolanos al momento de crear empresas en el mundo offshore.

Franklin Durán y Carlos Kauffmann fueron condenados por la justicia de Estados Unidos por haber actuado como agentes del gobierno de Venezuela, sin registrarse, para encubrir el origen y destino de los 800 mil dólares, que se encontraban en el maletín decomisado en Argentina.

Eran socios en varias empresas. Entre ellas, la firma Atlantis International Group creada el 20 de agosto del año 2003 en las Islas Vírgenes Británicas, según muestran los documentos relacionados con esta firma provenientes de la serie de 2,5 millones de archivos secretos de offshores filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), y Worden Trading, creada el 26 de julio de 2002 en Panamá con un capital social de un millón de dólares, como muestra el Registro Público de este país.

Entre sus negocios más conocidos –aunque no correspondieran al ámbito de las corporaciones offshore- estaban varias empresas ligadas al mundo petrolero, de las que eran dueños o participaban como accionistas, tales como como Perforaciones Albornoz C.A. (Perfoalca) –contratada por Pdvsa para actividades relacionadas con la extracción de gas y petróleo-, Venoco, Llano Petrol, Inversoara Comercializadora 2516 y Klim Petro Inversiones.

Además, después del cierre de sus cuentas en Suiza, se aliaron para crear otra firma en un paraíso fiscal. En esa oportunidad en una de las Antillas Holandesas, en Curazao, al norte de Venezuela. Bajo el nombre Klim Fund o Klim Foundation Fides, lograron colocar 12 millones de dólares como garantía de sus tarjetas de crédito American Express, retirar otros 88 millones de dólares de Suiza y, con el apoyo de un abogado de Antonini Wilson, borrar sus nombres de la lista de las PEP –personas políticamente expuestas -.

Klim Fund también les sirvió para otros asuntos. Por ejemplo, un documento del 27 de agosto de 2009 muestra que en esa fecha la firma –como corporación de las Antillas Holandesas- hizo un préstamo superior a los 18 millones de dólares a una empresa también a nombre de Franklin Durán y Carlos Kauffmann: Inversora Petroklim, inscrita el 8 de diciembre de 2004 en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Miranda.

Por otra parte, documentos asociados con los registros de las empresas que provienen de la data obtenida por ICIJ, muestran que la fundación también otorgaba cartas de referencias a venezolanos para recomendarlos y ayudarlos en el proceso de registro de compañías en las Islas Vírgenes Británicas.

Una de las cartas con fecha 5 de octubre de 2004, aclaraba en su contenido que Klim Fund es una subsidiaria de la firma Klim Foundation de Curazao y que su rol era “proveer servicios de asesoría financiera y manejar estrategias de inversión” para clientes venezolanos. En otra, con fecha de 16 de septiembre de 2003, detallaba que “nuestros clientes son dueños de bonos de Venezuela (…) y usan nuestra experiencia en gerenciar estos instrumentos”.

El personaje que firmaba la carta dependía del beneficiario de la recomendación. En el caso de socios y allegados es posible encontrar la rúbrica de Franklin Durán o de Carlos Kauffmann como directores gerentes. Así sucedió con Pedro Durán, hermano de Franklin Durán y socio de él en algunos negocios. Fue Kauffmann quien le otorgó la referencia dirigida a “Trust Net Chambers” en las Islas Vírgenes Británicas, donde indicaba que desde el primero de enero de 1980 sostenía una relación satisfactoria con Klim Fund, aunque varios documentos indican que Klim Fund fue registrada en la Cámara de Comercio de Curazao el 29 de noviembre de 2002, mucho después que supuestamente inició la relación con la organización.

Cuando no era así, el también aliado de Durán y Kauffmann, Daniel Morotti, firmaba las recomendaciones como gerente de la oficina. Además, Morotti aparece como tesorero en la compañía creada en Panamá (Worden Trading). Entre los referidos por él se encuentra otro personaje vinculado al dúo de empresarios, Eduardo Cartaya, a quien involucraron también en la firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

La papelería utilizada para las cartas de recomendación con el sello Klim Fund y Klim Foundation incluía direcciones de oficina en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Chuao, una urbanización de Caracas, la capital venezolana. Lo que variaba, dependiendo de la compañía que otorgaba la referencia, era la locación exacta. En unos casos, se indicaba un número de oficina y, en otros, un número de suite de la primera etapa del centro comercial.

El CCCT también era usado como dirección de referencia para empresas constituidas en territorio venezolano como Ruibal & Durán y Mil Importaciones 1997, ambas sociedades de los hermanos Durán, inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Sus respectivos estatus actuales ante el RNC son de “Suspendidas”.  

Ruibal & Durán tuvo en 2001 un contrato con la gobernación del estado Cojedes para la “demolición y construcción de aceras y brocales en El Amparo”. Sin embargo, entre 2002 y 2007 varios diarios venezolanos mostraron otra cara de esta relación al reportar denuncias que involucraban a la firma y a la gobernación del estado, entonces a cargo de Jhonny Yánez Rangel, con el comercio de armas. Una de las denuncias la hizo en 2002 el diputado Pedro Castillo.

Otro de los personajes de la historia del maletín que también se ha desenvuelto en el mundo offshore es el abogado Moisés Maiónica, quien se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de tratar de encubrir el origen de los 800 mil dólares. Con ese propósito fue contactado por el entonces jefe de la Disip –ahora Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –Sebin-, Henry Rangel Silva, para servir como intermediario entre el gobierno y Antonini.  Después de haberse desempeñado como Comandante del Ejército y Ministro de Defensa, ahora el general Rangel Silva es gobernador del estado Trujillo, en los Andes de Venezuela.

Maiónica registró –según los documentos obtenidos por ICIJ- al menos cinco empresas en las Islas Vírgenes Británicas, una de ellas junto a su esposa Gitsel Coromoto Jelambi-García.

Hugo Alconada Mon contribuyó con esta historia.

Illarramendi, de nacionalidad venezolana, era gerente de una firma de asesoramiento a inversionistas con sede en Connecticut, Estados Unidos. Beracha, por su parte, era un empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez que, según indica una demanda contra él en Estados Unidos, era capaz de producir –por el precio adecuado- avances multimillonarios de dinero en dólares con relativa facilidad.

El 2 de noviembre de 2007, Beracha envió un correo electrónico a Illarramendi con instrucciones de depositar más de 10 millones de dólares –correspondientes a la parte de Beracha de las ganancias en una transacción- a tres cuentas en el banco HSBC en Suiza, a través de una cuenta HSBC en Nueva York.

“Chamo soy tu mejor productor jajajajaja” (sic), escribió Beracha antes de enviar el mensaje a Illarramendi.

Un par de demandas en la corte federal de Estados Unidos indican que los dos hombres fueron el centro de un esquema Ponzi o pirámide de 500 millones de dólares, por el que se intercambiaban el dinero de los inversionistas a través de un laberinto de empresas offshore, fondos de inversión y cuentas bancarias, que abarcaba desde las Islas Caimán hasta Suiza y Panamá, una vez despejado el camino mediante pagos de sobornos a funcionarios en Venezuela.

El esquema colapsó en 2011 y ocasionó pérdidas de cientos de millones de dólares a inversionistas, incluyendo a un miembro connotado de una de las familias más ricas de América Latina, la venezolana familia Cisneros. De acuerdo a documentos de la corte, el esquema Ponzi también se comió parte del fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Algunas de las compañías utilizadas en este esquema aparecen mencionadas en un grupo de 2,5 millones de archivos secretos de offshores obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Illarramendi se declaró culpable de los cargos criminales en 2011, mientras que Beracha todavía afirma que él no fue parte de la estafa, sino una de las víctimas de Illarramendi. Pero John J.Carney, el síndico nombrado por un juez de Estados Unidos para limpiar el lío de la estafa, lo acusó en una demanda legal de proveer “el dinero o acceso al dinero que mantuvo el esquema de Illarramendi a flote”. No se han presentado cargos criminales contra Beracha en Estados Unidos.

Para este trabajo, se consultó un legajo de 1590 páginas sobre el caso que yace en la corte.

El síndico también acusó a un funcionario del Estado venezolano –Juan S. Montes, un gerente de inversiones senior de Pdvsa, apodado Black (“negro”) - de recibir más de 30 millones de dólares en sobornos a cambio de aprobar complejas transacciones de permuta (bond-swap) entre el fondo de pensiones de Pdvsa –la empresa petrolera estatal- y los fondos de inversión de Illarramendi. Desde que se inició el control cambiario en el año 2003 y hasta el año 2010, en Venezuela se emplearon las casas de bolsas y las operaciones de permuta como un mecanismo para tener acceso alternativo a divisas extranjeras, principalmente dólares.

 Carney, el síndico, dice que fue Beracha, con su red de contactos entre los ricos y poderosos de Venezuela, quien ayudó a Illarramendi a mantener el fraude. Alega en la demanda que Beracha, a sabiendas del esquema, pudo inyectarle dinero fresco a cambio de “tarifas exorbitantes o comisiones”. Illarramendi y Beracha, según Carney, hicieron más de 170 millones de dólares en transferencias fraudulentas a través de una red de compañías offshore.

Beracha, quien es dueño de una casa de bolsa y de una compañía telefónica que opera a través de América Latina, enérgicamente niega las irregularidades y dice que él tiene derecho a recibir 140 millones de dólares de regreso. “Yo nunca supe que Illarramendi estaba defraudando a alguien hasta que se hizo público”, escribió Beracha a ICIJ.

En 2008, Beracha fue asesor de Rafael Isea, el entonces ministro de finanzas de Venezuela y uno de los funcionarios más cercanos a Chávez antes de que este alcanzara la presidencia. Isea también fue gobernador del estado Aragua, en el centro del país.

Paraíso para un fraude

El síndico dice que Beracha controlaba cuatro compañías en las Islas Vírgenes Británicas utilizadas en el esquema: Bradleyville Ltd, Northwestern International Ltd, Brave Spirit Ltd y Rowberrow Trading Corp. Las cuatro fueron incorporadas a través de Commonwealth Trust Limited, una firma de servicios offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue acusada por los reguladores financieros de la isla de hacerse la vista gorda ante clientes dudosos de distintas partes del mundo.

El secreto y el anonimato que proveen los intermediarios offshore crean un ambiente perfecto para el fraude y, especialmente, esquemas Ponzi. Este tipo de estafas se caracterizan por ofrecer grandes beneficios a los inversionistas y busca que los nuevos inversores paguen los intereses de los antiguos, hasta que el sistema colapsa y ya no se puede cumplir más con los inversionistas.

Especialistas en fraude dicen que los grandes esquemas Ponzi incluyen elementos offshore, cuentas bancarias y compañías en escondites en el extranjero, que permiten a criminales financieros oscurecer los orígenes y destinos de grandes sumas de dinero necesarias para mantener los esquemas funcionando.

“Muy rara vez se tiene alguno que no” incluya compañías o cuentas en paraísos fiscales, dice Michael I. Goldberg de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, un abogado que con frecuencia testifica como experto en casos de esquemas Ponzi. “Si no, es usualmente un tipo de Ponzi muy parroquial. Pero los más sofisticados, casi siempre lo hacen”.

El fraude millonario de siete mil millones de dólares de Allen Stanford, por ejemplo, se realizó a través de un banco que él controló en Antigua. Bernard Maddoff usó también una serie de “fondos de inversión subordinados” offshore para inyectar el crecimiento de su esquema de 65 mil millones de dólares.

En el caso del Ponzi de Illarramendi, tres fondos de inversión que presuntamente fueron parte del corazón del fraude, tenían su sede en las Islas Caimán.

Además, Carney alega que las compañías de las Islas Vírgenes Británicas, controladas por Beracha, recibieron millones de dólares en pagos por “ningún trabajo, servicio o valor”.

En una declaración escrita a la corte, Beracha reclama que él había renunciado a cualquier participación mayoritaria en las firmas mucho antes que los crímenes de Illarramendi salieran a la luz. Pero Carney dice que Beracha usó las compañías para canalizar el dinero de las tarifas e intereses –tasas de hasta 80 por ciento anual por los préstamos no eran extrañas- que él cargó a Illarramendi a cambio de suministrarle el dinero a sus fondos de inversión, que tenían pérdidas. Los sobornos para pagar al gerente del fondo de pensiones de Pdvsa también fueron canalizados a través de las compañías offshore de Beracha, de acuerdo a los registros de Carney en la corte.

El 22 de marzo de 2007, cerca de 12 millones de dólares para el pago de sobornos fueron transferidos a una de las entidades de las Islas Vírgenes, Northwestern Ltd., así como otras dos compañías controladas por Beracha, de acuerdo a la denuncia del síndico. En un intercambio de correos electrónicos que se produjo más tarde ese año, Beracha e Illarramendi discutieron el pago de más de siete millones de dólares para Black. Beracha escribió entonces: “ya te daré instrucciones, cta. nueva q les estoy abriendo en hsbc” (sic), según un documento suministrado por el síndico a la corte.

Beracha dijo que los alegatos de Carney sobre los sobornos "son falsos".

Un abogado de Montes, Elliot Greenfield, no respondió a los mensajes de correo electrónico y llamadas de ICIJ buscando un comentario sobre los alegatos contra su cliente.

En 2008, otra de las entidades de las Islas Vírgenes de Beracha, Brave Spirit, recibió más de 3,6 millones de dólares de uno de los fondos de Illarramendi “a cambio de absolutamente nada”, alega el síndico. Registros internos de Commonwealth Trust Limited (CTL), agente registrador de Brave Spirit –que aparece entre las firmas del grupo de documentos secretos sobre offshores obtenido por ICIJ-, revelan que Moris Beracha, y otras cuatro personas que comparten el apellido Beracha, eran accionistas de Brave Spirit en ese momento, pero Moris Beracha detentaba cincuenta por ciento de participación en la firma y era su único director.

“Yo no soy propietario, ni tengo la mayoría o el control accionario, de ninguna de esas empresas que el Sr. Carney me atribuye, salvo Northwestern International Ltd”, escribió Beracha a ICIJ.

Beracha le dijo en una oportunidad en un correo electrónico a Illarramendi que ellos eran un equipo. Pero en el calor del intercambio de grandes cantidades de dinero alrededor del mundo, las cosas se pusieron algunas veces tensas entre ellos. Por ejemplo, esto ocurría cuando las transferencias se retrasaban.

“Chamo me tienes cagado. Demasiada responsabilidad para mí. De verdad mándalas como me dices pero dispara. Es mucho real papa” (sic), le escribió Beracha a Illarramendi en un mensaje de correo electrónico el 4 de diciembre de 2007.

“Ya sabemos que ejecutar esto toma tiempo y que no nos gusta mandar múltiples transferencias el mismo día”, respondió Illarramendi. “No podemos volvernos locos porque se cortan las vías, pana”.

Juego de operaciones

En 2010, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos –ente de supervisión del mercado bursátil- comenzó a explorar las prácticas financieras de Illarramendi. Los investigadores de la SEC encontraron transacciones financieras intrincadas y sin ningún libro de cuentas, prácticamente. Ellos rastrearon el Ponzi a partir de una pérdida de cinco millones de dólares que Illarramendi sufrió en 2005. Desde ese momento el agujero continuó creciendo, mientras Illarramendi, un antiguo banquero de Credit Suisse, “jugó un juego de operaciones fantasma” con los fondos de los inversionistas para intentar pagar deudas y ocultar las pérdidas, de acuerdo a los archivos de la corte.

Los documentos de la corte también muestran que uno de los primeros inversionistas en los fondos de inversión offshore de Illarramendi fue el millonario Oswaldo Cisneros, que es dueño de una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del país. Su primo, Gustavo Cisneros, junto con otros miembros de la familia, tiene una fortuna que la revista Forbes calcula por 4.200 millones de dólares, incluyendo participación en estaciones de televisión, una cervecería y un equipo de béisbol.

Documentos presentados en la corte por los abogados y asociados de Oswaldo Cisneros muestran que el empresario venezolano invirtió alrededor de 117 millones de dólares en los fondos de inversión offshore de Illarramendi.

En 2004, una compañía vinculada con Oswaldo Cisneros cogestionó uno de estos fondos de inversión offshore, que luego fue usado en el esquema, Highview Point Offshore Fund, creado por Illarramendi y dos socios en las Islas Caimán. Una declaración jurada entregada por el síndico indica que Cisneros realizó esto por “razones de impuestos” y que Illarramendi y los otros tenían autoridad exclusiva para ejecutar los negocios.

Un abogado de Cisneros, Laurence Curran, dijo que su cliente no puede ofrecer comentarios porque los procedimientos judiciales están en curso.

En marzo de 2011, Illarramendi se declaró culpable de cuatro cargos: transferencias fraudulentas, fraude a la seguridad, fraude de asesorías financieras y conspiración para obstruir la justicia. Dos meses más tarde la SEC anunció que había recuperado 230 millones de dólares de los inversionistas de una cuenta bancaria en los Países Bajos. Los inversionistas rápidamente se alinearon para reclamar su dinero del síndico, que aún está buscando parte del dinero que se desvaneció en el esquema.

Con frecuencia parece el juego del gato y el ratón. Cuando los abogados del síndico trataron de notificar sobre la demanda contra las compañías de Beracha en las Islas Vírgenes Británicas, encontraron que aparentemente las firmas no existían más o que habían sido transferidas a otras jurisdicciones en paraísos fiscales. CTL, el agente registrador de las Islas Vírgenes Británicas, le dijo al síndico que no podía aceptar papeles judiciales de una compañía que no representaba más.

Jonathan New, un abogado de Nueva York y antiguo fiscal federal que está trabajando en nombre del síndico, dice que frecuentemente hay muchas capas de intermediarios entre una compañía y sus dueños beneficiarios. “Terminas casi en una situación como de una muñeca rusa, tratando de dilucidar dónde termina esto”, dice.

ICIJ contactó al intermediario en Panamá que ayudó a Beracha a incorporar sus compañías a través de CTL en las Islas Vírgenes Británicas. Dani Kuzniecky, un abogado con buenas conexiones y antiguo contralor general de Panamá, se negó a ofrecer comentarios alegando confidencialidad y asuntos legales.

Extorsiones

Mientras tanto, los abogados de Beracha están peleando el caso en las cortes de Estados Unidos, presionando para que el caso sea movido a jurisdicción venezolana, donde una investigación de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional declaró inocentes a todos los funcionarios del gobierno vinculados con el caso Illarramendi.

Beracha vive ahora en República Dominicana. Dice que ha sido extorsionado en Venezuela.

“Yo soy una víctima del fraude de Illarramendi”, escribió en un correo electrónico. En respuestas escritas que luego envió a través de una firma de Relaciones Públicas, dijo en lugar de eso que él era una víctima del juicio contra Illarramendi en el que “he sido implicado sin ninguna base legal”. Él acusa a Carney de tener un conflicto de interés, porque el síndico contrató a su propia firma de abogados, Baker&Hostetler, para representarlo en las demandas.

El abogado Jonathan New indicó que ese alegato ya fue rechazado por la corte. “El señor Beracha está únicamente sacando ahora estos alegatos sin fundamento en un claro intento por ganar ventaja en un litigio en el que el síndico está intentando recuperar más de 170 millones de dólares que Illarramendi transfirió de manera fraudulenta al señor Beracha y a entidades bajo el control de Beracha”, agregó.

Después que el caso de Illarramendi fue descubierto, el gobierno de Chávez dijo que cubriría las pérdidas de los 25.000 pensionados de Pdvsa. El presidente de la Asociación de Jubilados (Ajip), César Delgado, le dijo a ICIJ que los jubilados han continuado recibiendo sus pensiones con normalidad pero que, desde el año 2002 –después del paro petrolero- no le ha sido entregado a AJIP copia de los informes financieros auditados del fondo de pensiones, donde hubiesen podido tener conocimiento de las inversiones.

Al mismo tiempo, sin embargo, un grupo de pensionados envió una carta a la oficina del Fiscal de Distrito en Connecticut, en octubre de 2012, diciendo que ellos habían sufrido daños financieros del esquema de Illarramendi y que no han podido “obtener una compensación” de Pdvsa.

El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, no respondió a la solicitud de comentario enviada por escrito a sus oficinas en el mes de enero de 2013.

Illarramendi tampoco respondió a las llamadas y correos electrónicos enviados para conseguir sus comentarios. Su padre, Ramón Illarramendi, quien durante el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera fuera Ministro de la Familia, dijo en un mensaje de correo electrónico que su hijo está obligado a mantener silencio como parte de un acuerdo de confidencialidad alcanzado con las SEC durante un proceso de negociaciones. Sin embargo, agregó que “tanto la oficina del fiscal de Estados Unidos como la SEC han ignorado descaradamente este acuerdo, creando una nube de desinformación repetitiva y autorreferencial”.

“Mi hijo nunca se declaró culpable de llevar un esquema Ponzi – el término no está siquiera mencionado en su declaración de culpabilidad ni en la transcripción de la audiencia. Sus abogados han demostrado que no hubo tal cosa y todavía eso aparece en cómo cada titular lo ha estado llamando por los últimos dos años”.

En un archivo de la corte, Francisco Illarramendi dijo que él había sido extorsionado en múltiples ocasiones y obligado a pagar millones a oficiales del gobierno venezolano, que resultaron en pérdidas financieras para los fondos de inversión que él administraba. “Mi vida y la vida de mi familia fueron amenazadas con daños físicos si ciertos pagos no se hacían a oficiales venezolanos o a sus intermediarios”, escribió Illarramendi.

Illarramendi ha estado en una prisión en Rhode Island, Estados Unidos, desde finales de enero esperando sentencia.

En el caso de Cisneros, el magnate venezolano, él está en una dura pelea en la corte para recuperar su dinero. Su nombre está profundamente enterrado en archivos de la corte de Estados Unidos. Como muchos otros personajes de esta historia, Cisneros se esconde tras misteriosas entidades offshore, incluyendo una compañía panameña que está reclamando 20 millones de dólares al síndico.

Francisca Skoknic y Mike Hudson contribuyeron con esta historia.

Lea acá una serie de respuestas de Moris Beracha enviadas por escrito a ICIJ

Lea acá la versión en inglés de este trabajo publicada por ICIJ: Ponzi Scheme used offshore hideaways to shuffle investors' money