Ahora Lamartino ha sido destituido de su cargo por la fiscal general Luisa Ortega Díaz y Chávez, Francisco Chávez, director de Desarrollo Social de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quien es sobrino del fallecido presidente Hugo Chávez y del gobernador del estado Barinas Adán Chávez, y que está en libertad plena después de que se le detuviera en flagrancia por comandar la toma ilegal de los terrenos de la escuela junto a otras once personas, que deben presentarse periódicamente ante el tribunal que lleva la causa. 
Pero antes de que se tropezara con ese nombre Lamartino pensaba que tenía no solo la ley de su lado, sino el respaldo político del gobierno regional. En febrero de 2011 el gobernador Adán Chávez anunció en su programa de radio la firma de un decreto -número 020- que ratificaba una directiva anterior que prohibía la invasión de predios urbanos y rurales en toda la provincia. Al mismo tiempo, Chávez daba a entender que atendería todas las tentativas frustradas a través de una Comisión de Manejo de Conflictos. Advirtió entonces: “toda persona que ocupe terrenos, edificios desocupados, predios urbanos, rurales o habitaciones está violentando la Ley y la Constitución”. “La persona que necesite tierra para cultivar debe denunciar el terreno como ocioso ante el Estado que luego tomará una decisión”.

Lamartino actuó como en otros casos: acompañado por la Policía del Estado Barinas, otros expertos y el personal docente de la institución se presentó en el sitio a comprobar el supuesto daño ambiental denunciado por los Salesianos y vio cómo un grupo de doce personas armaban dormitorios improvisados en medio de la sabana. A los alumnos les tocaba compartir sus labores con el desorden propio de las tomas aluvionales y de las jerarquías que se establecen. En el lance los invasores habían destruido bosques naturales, 17 hectáreas de plantación y la zona proyectora del caño Morrocoy.

De acuerdo con la acusación, Francisco Chávez utilizaba vehículos rotulados con el logo de Corpoelec para movilizar a los invasores. Lamartino no cedió a las presiones: entre el 5 y el 6 de febrero lo llamaron, según fuentes versadas en la investigación, desde la oficina de la Secretaría General de Gobierno de Estado Barinas, en nombre de la Presidencia del Circuito Judicial de la entidad y del Comandante de la Policía del estado Barinas.

El fiscal decidió continuar con el procedimiento. Al día siguiente presentaron a los invasores ante el tribunal para que el juez decidiera si éstos debían seguir en libertad, mientras esperaban la audiencia preliminar, o se mantenían tras las rejas alegando peligro de fuga. A Francisco Chávez le dieron libertad plena y a los otros once los dejaron bajo régimen de presentación.

Remate final

Los invasores volvieron al terreno para destruir los bosques de galería que quedaban. Más tarde declararon en los medios de comunicación locales que habían sido agredidos. Del Despacho de la Fiscal Luisa Ortega solicitaron entonces un informe a la Fiscal Superior encargada del estado Barinas, Carolina Merchán, donde se ordenaba que levantara un acta en razón de las agresiones que sufrió el grupo de invasores.

Merchán comprobó que jamás hubo tal agresión y se negó a suscribir un documento forjado. Pero la decisión estaba tomada y la suerte de Lamartino sellada. Cuatro horas después de informar que no firmaría, a Merchán le entregaron la orden de remoción de Lamartino –que no especificaba motivos– firmada por Luisa Ortega Díaz. Lo que muchos barineses lamentan es el silencio del Ministerio Público ante los supuestos delitos de peculado de uso y corrupción que habría cometido Francisco Chávez al mando de la turba que destruyó la sabana y una institución declarada Patrimonio Cultural de Barinas en el año 2005.

Lamartino, detallista, exigente, y con un alto sentido del deber según testimonios de sus alumnos de la Universidad Santa María, ha recibido llamadas de personas que se solidarizan con su causa. Que haya sido removido por un problema que, según las autoridades locales, había disminuido, como lo declaró en marzo de 2014 el comisario Otto Salinas, entonces secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana, no ha dejado de llamar la atención.

Un equipo de abogados de la Asamblea Nacional ha evaluado los daños causados y se ha comprometido a tramitar un derecho de palabra de los directivos de la Escuela Agronómica Salesiana en la Comisión de Ambiente del poder legislativo, que preside el opositor Julio César Reyes. Su director, el sacerdote Rafael Montenegro, asegura que los invasores se mantienen dentro de los terrenos de la institución y que el daño ecológico persiste. “Están dentro de la Escuela, donde los muchachos duermen y pernoctan. Es un recinto agropecuario y los estudiantes deben movilizarse por todas las áreas para cumplir con las actividades propias de su educación”.

El 23 de febrero en horas de la madrugada fue incendiado uno de los vehículos de la institución, a poca distancia de los dormitorios de los estudiantes. El tablero de la energía eléctrica había sido destruido. Las propias autoridades y alumnos de la institución observaron el hilo de combustible que había sido regado con la aparente intención de provocar un estallido. Las propias familias y autoridades de la institución han pedido protección para los estudiantes. ¿De qué manera se están moviendo los hilos de poder por salvar un apellido? ¿Vale más que el de cientos de jóvenes que ven en la Escuela Agronómica Salesiana una oportunidad incomparable en su formación? ¿Dónde quedan los decretos, las grandes alharacas del pasado? La historia se está escribiendo minuto a minuto.