Pero en diez meses ese retrato se desdibujó en la trastienda de un bufete del Centro Rockefeller de la ciudad de Nueva York. El 5 de mayo de 2014, el equipo del abogado John J. Carney, designado por la Corte de Connecticut como el síndico en el caso seguido contra Michael Kenwood Group (MKG), empresa financiera perteneciente a Francisco Illaramendi, en un texto no mayor a página y media, desistió del proceso en contra de Piero Enrique Montelli Torres, hasta ese instante señalado como cómplice del fraude perpetrado por el propietario de MKG, en contra de al menos unas 70 organizaciones y personas, por más de dos mil millones de dólares, entre ellas Pdvsa, estatal petrolera venezolana a quien habría estafado más de 560 millones según los documentos legales del caso.

La demanda de Carney solo se mantuvo desde entonces en contra del operador financiero de origen libanés y nacionalizado venezolano, Romeo Mouwad y su familia, quienes a través de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas recibieron recursos de los fondos de Illaramendi, pasando primero por las manos de Montelli y su casa de corretaje en Caracas, Inverplus.

“Solo 10% de lo que dice la demanda de Carney es cierto”, indica Montelli para explicar por qué su caso duró solo diez meses en la corte. En entrevista telefónica desde Buenos Aires, este contador venezolano, que se precia de mantener un bajo perfil al punto de nunca antes haber sido contactado por la prensa, niega haber entablado cualquier negociación con el síndico. Asegura que no recurrió al recurso de otros acusados en el caso, que accedieron a abrir fideicomisos a favor del representante de la Fiscalía de Estados Unidos para así evitar ir a prisión mientras se investigaba el fraude.

Montelli en cambio se duele de que el señalamiento en su contra y su relación con Illaramendi lo perjudicaron en su reputación,  así como en términos más tangibles como el tiempo que debió invertir para explicar a las autoridades de diferentes agencias de Estados Unidos cada una de las transacciones en las que se vio envuelto, y en el dinero que tuvo que pagar en los abogados para defenderse de las acusaciones en medio del esquema montado por su excompañero en el Colegio Los Arcos de Caracas, una institución educativa regentada por el Opus Dei.

El reencuentro

Esa tarde de mediados de 2002, el reencuentro fue en Oripoto, al sureste de Caracas, una urbanización de clase media alta, compuestas por casas de uno y dos pisos, rodeada de una verde vegetación y un clima más fresco al del resto de la ciudad. El motivo de la fiesta era reunir a los excompañeros de clase del Colegio Los Arcos.

A ese sitio llegó con su chofer uno de los exalumnos. Era Francisco Illaramendi. A la larga, este chico venezolano, nacionalizado estadounidense, terminaría condenado a más de 13 años de cárcel en Estados Unidos. Pero el Francisco Illaramedi de aquella tarde era solo Pancho, el muchacho buena gente, solidario, caritativo, conversador y tan religioso que rezaba el Angelus todos los mediodías.  Para ese momento había adquirido una cualidad circunstancial que comenzó a forjarse en el verano de 1999, cuando se reunió con el presidente Hugo Chávez en Nueva York, como parte de una delegación de expertos financieros que fueron a hablar de la deuda venezolana. Esa tarde de 2003, muchos de sus compañeros sabían que estaba muy bien conectado con las esferas económicas del chavismo y que sus consejos eran escuchados por quienes manejaban las arcas de la nación, entre ellos el ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, hoy prófugo de la justicia venezolana.

Uno de los participantes en el evento lo recuerda como si la película la proyectara en la pared del frente. Dice este exalumno que muchos se acercaron a saludar a Illaramendi. Otros, cómo él, según cuenta, mantuvieron una distancia que, sin ser hostil, buscaba proyectar el escaso agrado que les causaba la cercanía de Illaramendi con el Gobierno revolucionario. 

Entre quienes se mostraron más atentos con Illaramendi durante la velada, dice esta fuente que pidió no ser identificada, destacó Piero Montelli, hijo de un inmigrante italiano nacionalizado en 1957, dedicado a la construcción, quien junto a sus dos hermanas, su madre y su padre, vivía en un apartamento de la urbanización La Boyera, al sureste de Caracas.

“Montelli fue uno de los que más atención le brindó a Pancho. Creo que se acercaron más desde ese momento y comenzaron a hacer sus negocios. A Montelli le cambió la vida”, señala uno de los invitados al reencuentro.

Realmente Illaramendi solo estudió con ese grupo del Colegio de Los Arcos que se reencontraba esa tarde hasta sexto grado, debido a que su padre, Ramón Illaramendi, miembro del partido democristiano Copei, fue enviado como embajador a Estados Unidos en los ochenta durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins.

“Yo le perdí la pista a Illaramendi hasta que supe que tenía su fondo y lo contacté e hicimos las transacciones a través de la sociedad de corretaje que manejaba en Caracas (Inverplus)”, recuerda Montelli para tratar de zafarse de esa cercanía con Pancho, aunque los documentos de la corte y fuentes consultadas dicen lo contrario.

El camino al ascenso

Montelli, tras comenzar a estudiar ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) desertó y se cambió a Contaduría Pública, cuenta un amigo del bachillerato con quien habla muy eventualmente, pero quien prefirió reservar la identidad. Antes de culminar esa carrera laboraba en el call center del Banco Provincial y más tarde, ya con el grado de contador público, en la firma Espiñera, Sheldon y Asociados. A mediados de los noventa se movía en el pequeño mercado bursátil caraqueño con Interactivos Servicios Financieros, donde trabajó de 1986 a 1989 junto a un experto financiero como Alejandro Lara Anzola, así como con Julio César Polanco Fitzgerald, quien en la actualidad es su socio en negocios en Argentina.

Cuenta otro de los ex compañeros de clases que Montelli, tras sufrir un atraco, decidió emigrar a Canadá. Ya para entonces se había casado con Maribel Aizpun Vásquez, una joven cuyos padres eran propietarios de un pequeño colegio privado.

Regresó a Caracas y en 2003 se involucró en los primeros negocios con dólares que empezaron a realizarse en Venezuela en medio del control de cambio.  Ya para entonces parecía que la fortuna le había sonreído. “Siempre fue muy hábil y de buen olfato para los negocios”, dice la persona que lo conoció en primaria y secundaria.

“Es verdad que mi vida cambió”, responde al preguntársele por su ascenso social. “Hice buenos negocios, como muchos hicieron buenos negocios allá en Venezuela”, comenta para referirse a las oportunidades que el control de cambio y el mercado de las permutas ofreció a hombres de finanzas venezolanos desde 2003, año en que se implementó el sistema.

Los compinches

Documentos de la corte e información hallada en registros de empresas en el estado de Florida, Estados Unidos, revelan que la cercanía con Illaramendi no solo se enmarcó alrededor de MKG.  Desde abril de 2005, según la demanda impulsada por el síndico, Montelli e Illaramendi, trataron de asociarse con Manuel Oliver y Javier Marín, también ex alumnos del Colegio Los Arcos, en la junta directiva de una empresa denominada Weston International Bakery LLC, que era la propietaria de la franquicia Don Pan en Florida. 

De acuerdo con el síndico, en 2005, desde el inicio del fraude, comenzaron las operaciones de Pancho y Montelli en torno a los fondos administrados por el primero, creando una serie de empresas de papel e incluso falsificando documentos para tapar el hueco financiero. Allí se desatan los nudos de una historia común, que se rompería en 2011.

“Para 2005 yo no tenía una casa de corretaje”, apunta Montelli, quien insiste en destacar que la demanda del síndico presenta hechos exagerados para tratar de presionar la recuperación de la mayor cantidad de recursos posibles.

Como parte de su argumentación, Carney –quien, a raíz del esquema Ponzi de Illaramendi, se ha convertido en un verdadero cazador de inversionistas venezolanos– promovió como prueba el extracto del intercambio de correo del 7 de diciembre de 2006, en el que Montelli solicita la cancelación de una suma de dinero proveniente de las ganancias de los negocios de ambos, para pagar una deuda que mantenía con su suegro, quien le prestó para la compra de un apartamento. Ante esta solicitud Illaramendi respondió: “Compinche, yo hago otras transferencias que deben salir mañana. Yo puedo hacer esto por ti la próxima semana, pero solo para que quede claro, en esta operación no había dinero para ‘participación en las ganancias’. No va a haber dinero para la participación en las ganancias hasta que el otro se recupere”. Su amigo le respondió: “Yo sé que no hay una participación en las ganancias… Pero esto es parte de una conversación en la que de manera amistosa acordó enviar una actualización.... Si el problema es el título, lo llaman el lavado de dinero o una estructura financiera de un tercer mundo”. Para el síndico esa última frase fue una evidencia que Montelli sabía a lo que jugaba.

Según la información proporcionada por Carney en el escrito presentado en la Corte del Distrito de Connecticut en julio de 2013, Montelli, en el transcurso del fraude envió correos electrónicos y llamó regularmente a Illaramendi y a otros miembros y empleados MKG y High View Point Partners, la otra firma del hombre de finanzas venezolano nacionalizado estadounidense, “con el fin de negociar y ejecutar las transferencias a su nombre, los demandados y otros, y participa en otros negocios, tratos en nombre de sí mismos y de sus asociados”, entre ellos Romeo Mouwad y la esposa e hijos de este.

Dice el síndico que en ocasiones Montelli se comunicaba con Illaramendi a través de un correo electrónico personal y lo llamaba “Uniqua Backyardigan”, “nombre que deriva del viejo dibujo animado transmitido por Nickelodeon”.

Mientras esto ocurría en las conversaciones privadas reveladas en la corte, a los fondos de Illaramendi seguían ingresando recursos como los de un ex compañero de estudios, Antonio Sinopoli, quien le confió 850.000 dólares, o los seis millones de la empresa Vertra, fundada por el ex ministro copeyano de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, amigo de su papá, todos a la espera de un rápido y sustancial retorno.

Pero entre diciembre de 2010 se vino abajo la pirámide que ya en diciembre de 2005, con un hueco financiero inicial de un poco más de cinco millones de dólares, se tambaleaba soportada sobre decisiones que solo lograron retardar la caída. En su derrumbe arrastró consigo pérdidas para al menos 70 personas y empresas, entre ellas la más afectada Pdvsa, que reclamó un poco más de $560 millones, la mayoría de ellos recursos provenientes de los fondos de pensiones de trabajadores y jubilados de la petrolera estatal, administrados por el ex vicepresidente de Finanzas, Eudomario Carruyo, y su cercano colaborador Juan Montes. El presidente de Digitel, Oswaldo Cisneros, desistió de reclamar más de $170 millones debido a su cercana relación con Illaramendi.

En enero de 2011, Illaramendi se hallaba bajo el cercano escrutinio de la Fiscalía de Estados Unidos y de la Security Exchange Commision (SEC, por sus siglas en inglés; el equivalente a la Comisión Nacional de Valores), pero aún así, de acuerdo con Carney, Montelli seguía cooperando con su amigo, tratando de salvaguardar recursos mientras las autoridades estadounidenses continuaban indagando. En marzo de 2011, Illaramendi se declaró culpable.

“Pancho no volvió a hablar con Montelli”, afirma una persona cercana a Illaramendi, quien asegura que el hombre, hoy sentenciado a 13 años de cárcel, no generó ninguna pérdida a Pdvsa, ni afectó a las otras personas que depositaron recursos en los fondos de MKG y HVP Partners. “Se declaró culpable porque estaba mal asesorado”, ha manifestado su padre, Ramón Illaramendi, en otras ocasiones.

El 13 de octubre de este año, la Corte del Distrito de Connecticut pidió a los abogados de la firma Baker&Hostetler, asistentes del síndico Carney, retirar los documentos del caso Illaramendi o de lo contrario serían destruidos. El sentenciado promovió el 23 de octubre una solicitud para evitar la eliminación de esos papeles porque debe revisarlos para preparar su apelación. “De pronto allí están las evidencias que comprueban las negociaciones realizadas por Montelli para salirse del caso”, comenta la persona allegada al hoy prisionero. Pero desde el otro lado del teléfono, Montelli reafirma que no tuvo ninguna negociación. Expresa que lo de Carney fue un relato exagerado para tratar de recuperar la mayor cantidad de recursos posibles. “Cómo una demanda tan extensa se resuelve en menos de un año”.

El redactor de esta nota escribió a dos de los abogados del síndico y al correo de la página de Carney, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta acerca de las razones que llevaron a desestimar, en 10 meses, el caso contra Montelli.

Mejores Aires

El proceso contra Montelli lo siguió, aunque por un breve tiempo, al país que escogió como destino en 2011, justo cuando Illaramedi caía en desgracia: Argentina. En octubre de 2013, Carney presentó un exhorto en contra de Montelli en una Corte Mercantil de Buenos Aires. Solicitó información de migración y otros datos del contador venezolano que ya para ese momento llevaba tres años en el negocio eléctrico argentino.

Entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013 asumió participación como directivo en tres empresas, junto a su esposa Maribel Aizpun de Montelli y su socio Julio César Polanco Fitzgerald. En 2011, acordó con el también venezolano y quien fuera su vecino en La Boyera en la época de la adolescencia, Miguel Alfredo Mendoza, asociarse para la compra de tres empresas pertenecientes a la norteamericana AES, las distribuidoras Edelap y Edes, más la generadora Central Dique, por un monto estimado en 20 millones. Pero en la actualidad, pese a que sus oficinas funcionan en el mismo edificio, Montelli asegura que ya no trabaja con Mendoza, un abogado graduado en la Ucab, con amplia experiencia en el sector de la energía eléctrica gracias a su trabajo en la transnacional Ashmore. Afirma que mantuvo en operación durante tres años una unidad generadora por la cual el Estado argentino le cancelaba un servicio. Pero como parte del convenio ya entregó el equipo a la autoridad eléctrica del sur, por lo que se encuentra en búsqueda de otros negocios. Desde agosto de 2014 no viaja a Caracas.

Montelli y sus socios venezolanos tuvieron nexos con Alejandro Ivanissevich, un empresario argentino con buena entrada al todopoderoso ministro de obras públicas en los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Julio De Vido. Sin embargo, niega cualquier vinculación con los sectores políticos argentinos o venezolanos, si bien reconoce que en Argentina todo cambia muy rápido, aunque quizás no tanto como evolucionó su caso en la Corte de Connecticut, donde pasó de ser un cómplice fundamental en una estructura fraudulenta a una persona libre de juicio o condena.

(*) Hugo Alconada aportó algunos datos para este reportaje desde Buenos Aires, Argentina.

-    El síndico John. J Carney dijo en su demanda contra usted que usted ayudó a mantener el esquema Ponzi de Illarramendi al inyectar dinero fresco al esquema a cambio de “tarifas exorbitantes y sobornos”, y a través de su red de contactos en Venezuela, incluyendo oficiales del gobierno. El alega que usted e Illarramendi hicieron más de 170 millones de dólares en transferencias electrónicas vía compañías offshore. ¿Cuál es su respuesta a estos cargos?

Lo primero que debo decirle es que puedo asegurar que yo nunca tuve conocimiento de que Illarramendi estaba estafando a nadie hasta que se hizo público el procedimiento en su contra. Es tan así que durante varios años llevamos a cabo operaciones financieras con el grupo Michael Kenwwod, grupo que él dirigía, siempre con el aval de una de las más prestigiosas instituciones financieras a nivel mundial como lo es Credit Suisse. Lejos de estar involucrado yo en las denuncias hechas en contra de Illaramendi, lo que soy es una más de las muchas víctimas. Para esta fecha, me deben a mí y a varias empresas en las que tengo participación, un total de US$ 140,787,894.  ¡No conozco a nadie a quien Illarramendi haya estafado más que a mí! Y adicional al daño patrimonial, debe sumarle el daño que ha causado a mi reputación, luego de más de 25 años de impecable trayectoria profesional en el sector financiero, siempre llevando a cabo operaciones absolutamente normales y transparentes, a través de empresas reguladas por las autoridades financieras de los mercados en los que hemos operado.

Este es un caso que desde el principio ha mostrado importantes irregularidades. Desde nuestro punto de vista, la más preocupante y que nos genera muchísimas dudas, es el desempeño del receiver del caso, John J. Carney, quien tiene un interés muy personal en litigar este caso, alargándolo en el tiempo sin importarle los hechos, solo para cobrar más honorarios profesionales. Carney, quien fue contratado por la Corte en calidad de Receiver, con el fin de llevar a cabo las investigaciones y velar por los derechos de las personas afectadas por la estafa de Illaramendi, ha contratado como abogados a la Firma  Baker & Hostetler, de la cual él es socio, lo que representa un evidente conflicto de intereses. Es un socio en la firma de abogados, además de ser administrador judicial del grupo Michael Kenwood. La corte le ha permitido utilizar su propia firma Baker como sus abogados. En mi caso, hay doce abogados de Baker que asesoran a Carney cobrando por hora, y su firma le reconoce personalmente como socio, el beneficio económico que él genera para ellos como administrador y cliente. Según han calculado mis abogados, las facturas de Baker & Hostetler (de la cual Carney es socio), a la Corte, ya deben superar los $30 millones, aun cuando ni siquiera ha sido capaz de publicar un estado financiero que detalle lo que pasó en las empresas intervenidas. Y lo peor, sin ser capaces de presentar una sola declaración o prueba que demuestre mi supuesta intervención en el caso.

Ahora bien, yo reconozco que tuve contacto comercial con Illarramendi igual que otros.  Llevé a cabo durante algunos años varias operaciones financieras con Illarramendi que se realizaron fuera de EE.UU., todas normales y transparentes.

Debo destacar, que la naturaleza del tipo de operaciones que llevé a cabo con Illarramendi, hacía imposible que se pudiera producir estafa alguna por mi parte, por la naturaleza de las mismas.

Estas operaciones fueron de dos tipos:

•    La primera a través de Notas Estructuradas (o Credit Linked Notes), que no son más que un instrumento financiero utilizado en todos los mercados del mundo. Las Notas Estructuradas son instrumentos financieros emitidos por un intermediario como una alternativa de inversión donde se puede llegar a obtener rendimientos superiores a los del mercado de renta fija, teniendo por lo general una garantía del capital o un porcentaje de este invertido al momento del vencimiento, son papeles que permiten una diversificación de riesgo contra deuda pública de un país por ejemplo, en este caso deuda venezolana. Estas operaciones además estaban avaladas por Credit Suisse, la entidad financiera internacional que supuestamente ejecutaba las transacciones que nosotros realizábamos con el señor Illarramendi.  Si la documentación que garantizaba el aval por parte de Credit Suisse no era real, se trataría en todo caso de documentos fraguados por parte del señor Illarramendi en contra de mi confianza y perjudicando mis inversiones.

•    El segundo tipo de operación  que llevamos a cabo con  el señor Illarramendi durante los años 2006 y 2007, fueron varias operaciones de permuta denominadas internacionalmente como “Swap”, un tipo de operación perfectamente permitida por la normativa legal de Venezuela a raíz del control de cambio vigente en el país, y que consistía básicamente en una operación de cambio de un tipo de divisa por otro, en este caso dólares por bolívares, en las cuales actuamos exclusivamente como contraparte, lo que hace imposible generar ningún tipo de estafa ya que el cambio de moneda solo se desarrolla con el propio intercambio de una por la otra, y se resuelve en menos de 48 horas. La naturaleza de este tipo de operaciones, tanto las permutas como las notas estructuradas, hace imposible que se genere una estafa por nuestra parte.

•    Fuera de este tipo de operaciones no hemos realizado, ni yo ni mis empresas, ningún otro tipo de transacción o producto financiero con el señor Illarramendi.

Todas las operaciones que llevamos a cabo con el Sr. Francisco Illarramendi estuvieron apegadas al marco legal correspondiente, las cuales a pesar de ser inversiones de alto riesgo financiero, siempre nos rindieron los dividendos calculados, y en los tiempos establecidos, por lo que se puede considerar una relación de negocios exitosa, hasta el momento en el que fuimos sorprendidos por el reconocimiento por parte de Illarramendi, de haber cometido el delito de estafa con otras operaciones ajenas a las nuestras.      

La confianza o decisión de llevar a cabo operaciones financieras con el Sr. Francisco Illarramendi se basaron permanentemente en el respaldo que le ofrecía su reconocimiento en el mercado bursátil venezolano, y su trayectoria como parte de la reconocida institución financiera internacional, Credit Suisse, cuyo aval con más de 150 años de trayectoria y prestigio internacional, con operaciones en más de 50 países, fue suficiente para que confiáramos en la respetabilidad del Sr. Illarramendi, y decidiéramos llevar a cabo con él transacciones financieras y bursátiles.

También quiero añadir que el propio Sr. Francisco Illaramendi aclaró en una declaración jurada, el 21 de septiembre de 2012, que él actuó solo, sin conocimiento de otros, en los hechos en los que se declaró culpable.  El receiver del caso, el Sr. John Carney, ignorando estos hechos, y sin pruebas que me involucre, está dejando de velar por las víctimas del caso, entre las que me cuento.

-  Además, Carney alega que cuatro compañías de las Islas Vírgenes Británicas que usted controlaba en ese momento –Bradleyville Ltd, Northwestern International Ltd, Brave Spirit Ltd y Rowberrow Trading Corp—recibieron millones en pagos por “ningún trabajo, servicio o valor”. ¿Cuál es su respuesta a este cargo? ¿Qué servicios proveyeron sus compañías a Illarramendi y/o sus compañías?

Yo no soy propietario ni tengo la mayoría o el control accionario, de ninguna de esas empresas que el Sr. Carney me atribuye, salvo Northwestern International Ltd.  No existe ninguna documentación o declaración alguna que sustente este señalamiento en mi contra. Puedo asegurarle que en el caso de Northwestern International, que es la única por la que puedo hablar, nunca se recibieron regalos de Illarramendi, es completamente falso. El Sr. Illarramendi siempre se me presentó como el intermediario de Credit Suisse y otros grandes bancos que él me decía necesitaban permutar divisas, o disminuir su riesgo país.  Me ofrecía bolívares o riesgo país, que eran operaciones normales en el mercado para ese tipo de negocios, amparados siempre bajo el marco regulatorio del momento.  

Insisto en que no tengo ninguna responsabilidad en este caso. Todo lo contrario, soy una más de las víctimas pues se me ha involucrado sin ninguna prueba que demuestre mi supuesta participación, lo que me ha causado un gran daño reputacional, además de la retención por parte del interventor del caso, de más de 140 millones de dólares que corresponden a varias empresas en las que tengo participación, que son producto de las inversiones completamente lícitas y que también han involucrado de manera errónea en el proceso.

-  ¿Por qué hace usted negocios a través de entidades offshore como las Islas Vírgenes Británicas y Panamá?

Por la misma razón que tantas empresas en EE.UU. escogen al pequeño estado de Delaware para organizarse allí, por ejemplo. Las pequeñas jurisdicciones como esas se dedican a facilitar mucho la creación de empresas y ofrecer atractivos intereses a los accionistas. Además, hay importantes beneficios tributarios en esos lugares, precisamente para poder atraer inversiones. Según recuerdo, el presidente Obama le hizo esta misma pregunta a su contraparte, el republicano Romney, durante la campaña electoral del año pasado, y Romney respondió que los demócratas también tienen cuentas offshore. No me imagino la existencia de grandes grupos económicos, radicados en EE.UU. u otro país y cotizados en New York, Londres o Frankfurt, que no hagan gran parte de sus negocios offshore.

-    El síndico también alega que los sobornos para pagar al gerente de PDVSA, Juan Montes (también conocido como Black), fueron canalizados a través de compañías offshore que usted controlaba en ese momento. Por ejemplo, según los registros de la corte, el 22 de marzo de 2007, cerca de 12 millones de dólares para sobornos fueron transferidos a una de las entidades de las Islas Vírgenes Británicas bajo su control, Northwestern Ltd, así como otras dos compañías (Dobson y East Coast). ¿Cuál es su respuesta a esto?

Eso es una imputación que no solo es falsa, sino que ni siquiera está incluida en el expediente judicial. En más de un año, Carney no ha presentado ninguna prueba contra mí. Sin embargo, en el caso particular al que hace referencia haciendo mención a PDVSA, le aseguro que las únicas operaciones que llevé a cabo con el Fondo de Francisco Illarramendi, de las que tuve conocimiento que estuviera de alguna manera involucrada la empresa petrolera, fueron algunas operaciones en el mercado venezolano de permuta entre dólares y bolívares, las cuales eran totalmente transparentes y legales en Venezuela. La relación como Casa de Bolsa, era con el Fondo de Illarramendi y no con PDVSA. De hecho, Illarramendi fue empleado de PDVSA, por lo que no me necesitaba a mí para relacionarse con nadie en esa empresa.

Yo confío plenamente en que muy pronto mis declaraciones y documentación entregada serán consideradas lo suficientemente contundentes como para que la Corte del distrito de Connecticut descarte el caso planteado en mi contra. Y precisamente por no existir ninguna documentación o declaración alguna que sustente esas demandas, una vez cerrado el proceso, me reservo el derecho de ejecutar acciones legales contra el administrador John Carney, por daños económicos y reputacionales.  

-    El síndico dijo que en 2008, otra compañía de las Islas Vírgenes Británicas que usted controlaba en ese tiempo, Brave Spirit, recibió más de 3.6 millones de dólares de uno de los fondos de Illarramendi “a cambio de absolutamente nada”, reporteros de ICIJ han revisado registros de corporaciones que indican que usted y otras cuatro personas que comparten el apellido Beracha fueron accionistas de Brave Spirit en ese momento. Los registros muestran que usted era dueño de 50 por ciento de las acciones y era el único director de la compañía. ¿Cuál es su respuesta a este cargo?

No soy propietario ni tengo ninguna participación en una empresa con ese nombre.  

-  ¿Por qué le dijo usted en un email a Illarramendi de fecha 23 de octubre de 2007 que usted iba a abrir una cuenta bancaria en HSBC a Black? ¿Es Black el señor Juan Montes, el gerente de PDVSA al que se refiere el síndico? De cualquier manera, ¿por qué abrió usted cuentas bancarias para personas distintas a usted?

En primer lugar puedo asegurarle que no recuerdo ningún email como el que refiere, y de hecho no existe en el expediente una referencia a esa supuesta comunicación. Y menos aún, con un planteamiento como ese, pues tengo la seguridad de que ningún banco como HSBC, permitiría que una persona abra una cuenta en nombre de otro, sin cumplir con las normas que le exigen conocer sus clientes y el motivo de la transacción

-  ¿Por qué algunas de sus compañías en las Islas Vírgenes Británicas como Bradleyville Ltd y Northwester fueron transferidas a Nevis en 2010?

De las empresas que menciona, Northwestern efectivamente es de mi propiedad y se mantiene operativa en BVI. No tengo ni he tenido ninguna participación en alguna empresa llamada Bradleyville LTD. Otras empresas de BVI, en las que tuve algún tipo de participación, fueron liquidadas a principios de 2010, no transferidas a ningún otro lugar.

-  Usted le dijo a la reportera de ICIJ Emilia Díaz-Struck que usted había sido extorsionado en Venezuela. ¿Se encuentran conectadas esas extorsiones a este caso?

Las extorsiones de las que fui objeto surgieron a raíz de algunas publicaciones que se hicieron en el año 2010 de una manera muy irresponsable, en las que se me atribuía un monto falso y sumamente elevado, como mi supuesto patrimonio personal, cantidad que discrepaba completamente de mis activos reales.

Lamentablemente en los últimos tiempos en Venezuela suelen hacerse acusaciones sin base, con demasiada facilidad y de manera irresponsable.

Además, se sumó un intento de secuestro, lo cual afortunadamente no ocurrió, pero todo esto provocó que decidiera junto a mi familia viajar temporalmente fuera de mi país.

Illarramendi, de nacionalidad venezolana, era gerente de una firma de asesoramiento a inversionistas con sede en Connecticut, Estados Unidos. Beracha, por su parte, era un empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez que, según indica una demanda contra él en Estados Unidos, era capaz de producir –por el precio adecuado- avances multimillonarios de dinero en dólares con relativa facilidad.

El 2 de noviembre de 2007, Beracha envió un correo electrónico a Illarramendi con instrucciones de depositar más de 10 millones de dólares –correspondientes a la parte de Beracha de las ganancias en una transacción- a tres cuentas en el banco HSBC en Suiza, a través de una cuenta HSBC en Nueva York.

“Chamo soy tu mejor productor jajajajaja” (sic), escribió Beracha antes de enviar el mensaje a Illarramendi.

Un par de demandas en la corte federal de Estados Unidos indican que los dos hombres fueron el centro de un esquema Ponzi o pirámide de 500 millones de dólares, por el que se intercambiaban el dinero de los inversionistas a través de un laberinto de empresas offshore, fondos de inversión y cuentas bancarias, que abarcaba desde las Islas Caimán hasta Suiza y Panamá, una vez despejado el camino mediante pagos de sobornos a funcionarios en Venezuela.

El esquema colapsó en 2011 y ocasionó pérdidas de cientos de millones de dólares a inversionistas, incluyendo a un miembro connotado de una de las familias más ricas de América Latina, la venezolana familia Cisneros. De acuerdo a documentos de la corte, el esquema Ponzi también se comió parte del fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Algunas de las compañías utilizadas en este esquema aparecen mencionadas en un grupo de 2,5 millones de archivos secretos de offshores obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Illarramendi se declaró culpable de los cargos criminales en 2011, mientras que Beracha todavía afirma que él no fue parte de la estafa, sino una de las víctimas de Illarramendi. Pero John J.Carney, el síndico nombrado por un juez de Estados Unidos para limpiar el lío de la estafa, lo acusó en una demanda legal de proveer “el dinero o acceso al dinero que mantuvo el esquema de Illarramendi a flote”. No se han presentado cargos criminales contra Beracha en Estados Unidos.

Para este trabajo, se consultó un legajo de 1590 páginas sobre el caso que yace en la corte.

El síndico también acusó a un funcionario del Estado venezolano –Juan S. Montes, un gerente de inversiones senior de Pdvsa, apodado Black (“negro”) - de recibir más de 30 millones de dólares en sobornos a cambio de aprobar complejas transacciones de permuta (bond-swap) entre el fondo de pensiones de Pdvsa –la empresa petrolera estatal- y los fondos de inversión de Illarramendi. Desde que se inició el control cambiario en el año 2003 y hasta el año 2010, en Venezuela se emplearon las casas de bolsas y las operaciones de permuta como un mecanismo para tener acceso alternativo a divisas extranjeras, principalmente dólares.

 Carney, el síndico, dice que fue Beracha, con su red de contactos entre los ricos y poderosos de Venezuela, quien ayudó a Illarramendi a mantener el fraude. Alega en la demanda que Beracha, a sabiendas del esquema, pudo inyectarle dinero fresco a cambio de “tarifas exorbitantes o comisiones”. Illarramendi y Beracha, según Carney, hicieron más de 170 millones de dólares en transferencias fraudulentas a través de una red de compañías offshore.

Beracha, quien es dueño de una casa de bolsa y de una compañía telefónica que opera a través de América Latina, enérgicamente niega las irregularidades y dice que él tiene derecho a recibir 140 millones de dólares de regreso. “Yo nunca supe que Illarramendi estaba defraudando a alguien hasta que se hizo público”, escribió Beracha a ICIJ.

En 2008, Beracha fue asesor de Rafael Isea, el entonces ministro de finanzas de Venezuela y uno de los funcionarios más cercanos a Chávez antes de que este alcanzara la presidencia. Isea también fue gobernador del estado Aragua, en el centro del país.

Paraíso para un fraude

El síndico dice que Beracha controlaba cuatro compañías en las Islas Vírgenes Británicas utilizadas en el esquema: Bradleyville Ltd, Northwestern International Ltd, Brave Spirit Ltd y Rowberrow Trading Corp. Las cuatro fueron incorporadas a través de Commonwealth Trust Limited, una firma de servicios offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue acusada por los reguladores financieros de la isla de hacerse la vista gorda ante clientes dudosos de distintas partes del mundo.

El secreto y el anonimato que proveen los intermediarios offshore crean un ambiente perfecto para el fraude y, especialmente, esquemas Ponzi. Este tipo de estafas se caracterizan por ofrecer grandes beneficios a los inversionistas y busca que los nuevos inversores paguen los intereses de los antiguos, hasta que el sistema colapsa y ya no se puede cumplir más con los inversionistas.

Especialistas en fraude dicen que los grandes esquemas Ponzi incluyen elementos offshore, cuentas bancarias y compañías en escondites en el extranjero, que permiten a criminales financieros oscurecer los orígenes y destinos de grandes sumas de dinero necesarias para mantener los esquemas funcionando.

“Muy rara vez se tiene alguno que no” incluya compañías o cuentas en paraísos fiscales, dice Michael I. Goldberg de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, un abogado que con frecuencia testifica como experto en casos de esquemas Ponzi. “Si no, es usualmente un tipo de Ponzi muy parroquial. Pero los más sofisticados, casi siempre lo hacen”.

El fraude millonario de siete mil millones de dólares de Allen Stanford, por ejemplo, se realizó a través de un banco que él controló en Antigua. Bernard Maddoff usó también una serie de “fondos de inversión subordinados” offshore para inyectar el crecimiento de su esquema de 65 mil millones de dólares.

En el caso del Ponzi de Illarramendi, tres fondos de inversión que presuntamente fueron parte del corazón del fraude, tenían su sede en las Islas Caimán.

Además, Carney alega que las compañías de las Islas Vírgenes Británicas, controladas por Beracha, recibieron millones de dólares en pagos por “ningún trabajo, servicio o valor”.

En una declaración escrita a la corte, Beracha reclama que él había renunciado a cualquier participación mayoritaria en las firmas mucho antes que los crímenes de Illarramendi salieran a la luz. Pero Carney dice que Beracha usó las compañías para canalizar el dinero de las tarifas e intereses –tasas de hasta 80 por ciento anual por los préstamos no eran extrañas- que él cargó a Illarramendi a cambio de suministrarle el dinero a sus fondos de inversión, que tenían pérdidas. Los sobornos para pagar al gerente del fondo de pensiones de Pdvsa también fueron canalizados a través de las compañías offshore de Beracha, de acuerdo a los registros de Carney en la corte.

El 22 de marzo de 2007, cerca de 12 millones de dólares para el pago de sobornos fueron transferidos a una de las entidades de las Islas Vírgenes, Northwestern Ltd., así como otras dos compañías controladas por Beracha, de acuerdo a la denuncia del síndico. En un intercambio de correos electrónicos que se produjo más tarde ese año, Beracha e Illarramendi discutieron el pago de más de siete millones de dólares para Black. Beracha escribió entonces: “ya te daré instrucciones, cta. nueva q les estoy abriendo en hsbc” (sic), según un documento suministrado por el síndico a la corte.

Beracha dijo que los alegatos de Carney sobre los sobornos "son falsos".

Un abogado de Montes, Elliot Greenfield, no respondió a los mensajes de correo electrónico y llamadas de ICIJ buscando un comentario sobre los alegatos contra su cliente.

En 2008, otra de las entidades de las Islas Vírgenes de Beracha, Brave Spirit, recibió más de 3,6 millones de dólares de uno de los fondos de Illarramendi “a cambio de absolutamente nada”, alega el síndico. Registros internos de Commonwealth Trust Limited (CTL), agente registrador de Brave Spirit –que aparece entre las firmas del grupo de documentos secretos sobre offshores obtenido por ICIJ-, revelan que Moris Beracha, y otras cuatro personas que comparten el apellido Beracha, eran accionistas de Brave Spirit en ese momento, pero Moris Beracha detentaba cincuenta por ciento de participación en la firma y era su único director.

“Yo no soy propietario, ni tengo la mayoría o el control accionario, de ninguna de esas empresas que el Sr. Carney me atribuye, salvo Northwestern International Ltd”, escribió Beracha a ICIJ.

Beracha le dijo en una oportunidad en un correo electrónico a Illarramendi que ellos eran un equipo. Pero en el calor del intercambio de grandes cantidades de dinero alrededor del mundo, las cosas se pusieron algunas veces tensas entre ellos. Por ejemplo, esto ocurría cuando las transferencias se retrasaban.

“Chamo me tienes cagado. Demasiada responsabilidad para mí. De verdad mándalas como me dices pero dispara. Es mucho real papa” (sic), le escribió Beracha a Illarramendi en un mensaje de correo electrónico el 4 de diciembre de 2007.

“Ya sabemos que ejecutar esto toma tiempo y que no nos gusta mandar múltiples transferencias el mismo día”, respondió Illarramendi. “No podemos volvernos locos porque se cortan las vías, pana”.

Juego de operaciones

En 2010, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos –ente de supervisión del mercado bursátil- comenzó a explorar las prácticas financieras de Illarramendi. Los investigadores de la SEC encontraron transacciones financieras intrincadas y sin ningún libro de cuentas, prácticamente. Ellos rastrearon el Ponzi a partir de una pérdida de cinco millones de dólares que Illarramendi sufrió en 2005. Desde ese momento el agujero continuó creciendo, mientras Illarramendi, un antiguo banquero de Credit Suisse, “jugó un juego de operaciones fantasma” con los fondos de los inversionistas para intentar pagar deudas y ocultar las pérdidas, de acuerdo a los archivos de la corte.

Los documentos de la corte también muestran que uno de los primeros inversionistas en los fondos de inversión offshore de Illarramendi fue el millonario Oswaldo Cisneros, que es dueño de una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del país. Su primo, Gustavo Cisneros, junto con otros miembros de la familia, tiene una fortuna que la revista Forbes calcula por 4.200 millones de dólares, incluyendo participación en estaciones de televisión, una cervecería y un equipo de béisbol.

Documentos presentados en la corte por los abogados y asociados de Oswaldo Cisneros muestran que el empresario venezolano invirtió alrededor de 117 millones de dólares en los fondos de inversión offshore de Illarramendi.

En 2004, una compañía vinculada con Oswaldo Cisneros cogestionó uno de estos fondos de inversión offshore, que luego fue usado en el esquema, Highview Point Offshore Fund, creado por Illarramendi y dos socios en las Islas Caimán. Una declaración jurada entregada por el síndico indica que Cisneros realizó esto por “razones de impuestos” y que Illarramendi y los otros tenían autoridad exclusiva para ejecutar los negocios.

Un abogado de Cisneros, Laurence Curran, dijo que su cliente no puede ofrecer comentarios porque los procedimientos judiciales están en curso.

En marzo de 2011, Illarramendi se declaró culpable de cuatro cargos: transferencias fraudulentas, fraude a la seguridad, fraude de asesorías financieras y conspiración para obstruir la justicia. Dos meses más tarde la SEC anunció que había recuperado 230 millones de dólares de los inversionistas de una cuenta bancaria en los Países Bajos. Los inversionistas rápidamente se alinearon para reclamar su dinero del síndico, que aún está buscando parte del dinero que se desvaneció en el esquema.

Con frecuencia parece el juego del gato y el ratón. Cuando los abogados del síndico trataron de notificar sobre la demanda contra las compañías de Beracha en las Islas Vírgenes Británicas, encontraron que aparentemente las firmas no existían más o que habían sido transferidas a otras jurisdicciones en paraísos fiscales. CTL, el agente registrador de las Islas Vírgenes Británicas, le dijo al síndico que no podía aceptar papeles judiciales de una compañía que no representaba más.

Jonathan New, un abogado de Nueva York y antiguo fiscal federal que está trabajando en nombre del síndico, dice que frecuentemente hay muchas capas de intermediarios entre una compañía y sus dueños beneficiarios. “Terminas casi en una situación como de una muñeca rusa, tratando de dilucidar dónde termina esto”, dice.

ICIJ contactó al intermediario en Panamá que ayudó a Beracha a incorporar sus compañías a través de CTL en las Islas Vírgenes Británicas. Dani Kuzniecky, un abogado con buenas conexiones y antiguo contralor general de Panamá, se negó a ofrecer comentarios alegando confidencialidad y asuntos legales.

Extorsiones

Mientras tanto, los abogados de Beracha están peleando el caso en las cortes de Estados Unidos, presionando para que el caso sea movido a jurisdicción venezolana, donde una investigación de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional declaró inocentes a todos los funcionarios del gobierno vinculados con el caso Illarramendi.

Beracha vive ahora en República Dominicana. Dice que ha sido extorsionado en Venezuela.

“Yo soy una víctima del fraude de Illarramendi”, escribió en un correo electrónico. En respuestas escritas que luego envió a través de una firma de Relaciones Públicas, dijo en lugar de eso que él era una víctima del juicio contra Illarramendi en el que “he sido implicado sin ninguna base legal”. Él acusa a Carney de tener un conflicto de interés, porque el síndico contrató a su propia firma de abogados, Baker&Hostetler, para representarlo en las demandas.

El abogado Jonathan New indicó que ese alegato ya fue rechazado por la corte. “El señor Beracha está únicamente sacando ahora estos alegatos sin fundamento en un claro intento por ganar ventaja en un litigio en el que el síndico está intentando recuperar más de 170 millones de dólares que Illarramendi transfirió de manera fraudulenta al señor Beracha y a entidades bajo el control de Beracha”, agregó.

Después que el caso de Illarramendi fue descubierto, el gobierno de Chávez dijo que cubriría las pérdidas de los 25.000 pensionados de Pdvsa. El presidente de la Asociación de Jubilados (Ajip), César Delgado, le dijo a ICIJ que los jubilados han continuado recibiendo sus pensiones con normalidad pero que, desde el año 2002 –después del paro petrolero- no le ha sido entregado a AJIP copia de los informes financieros auditados del fondo de pensiones, donde hubiesen podido tener conocimiento de las inversiones.

Al mismo tiempo, sin embargo, un grupo de pensionados envió una carta a la oficina del Fiscal de Distrito en Connecticut, en octubre de 2012, diciendo que ellos habían sufrido daños financieros del esquema de Illarramendi y que no han podido “obtener una compensación” de Pdvsa.

El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, no respondió a la solicitud de comentario enviada por escrito a sus oficinas en el mes de enero de 2013.

Illarramendi tampoco respondió a las llamadas y correos electrónicos enviados para conseguir sus comentarios. Su padre, Ramón Illarramendi, quien durante el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera fuera Ministro de la Familia, dijo en un mensaje de correo electrónico que su hijo está obligado a mantener silencio como parte de un acuerdo de confidencialidad alcanzado con las SEC durante un proceso de negociaciones. Sin embargo, agregó que “tanto la oficina del fiscal de Estados Unidos como la SEC han ignorado descaradamente este acuerdo, creando una nube de desinformación repetitiva y autorreferencial”.

“Mi hijo nunca se declaró culpable de llevar un esquema Ponzi – el término no está siquiera mencionado en su declaración de culpabilidad ni en la transcripción de la audiencia. Sus abogados han demostrado que no hubo tal cosa y todavía eso aparece en cómo cada titular lo ha estado llamando por los últimos dos años”.

En un archivo de la corte, Francisco Illarramendi dijo que él había sido extorsionado en múltiples ocasiones y obligado a pagar millones a oficiales del gobierno venezolano, que resultaron en pérdidas financieras para los fondos de inversión que él administraba. “Mi vida y la vida de mi familia fueron amenazadas con daños físicos si ciertos pagos no se hacían a oficiales venezolanos o a sus intermediarios”, escribió Illarramendi.

Illarramendi ha estado en una prisión en Rhode Island, Estados Unidos, desde finales de enero esperando sentencia.

En el caso de Cisneros, el magnate venezolano, él está en una dura pelea en la corte para recuperar su dinero. Su nombre está profundamente enterrado en archivos de la corte de Estados Unidos. Como muchos otros personajes de esta historia, Cisneros se esconde tras misteriosas entidades offshore, incluyendo una compañía panameña que está reclamando 20 millones de dólares al síndico.

Francisca Skoknic y Mike Hudson contribuyeron con esta historia.

Lea acá una serie de respuestas de Moris Beracha enviadas por escrito a ICIJ

Lea acá la versión en inglés de este trabajo publicada por ICIJ: Ponzi Scheme used offshore hideaways to shuffle investors' money