Ese relato no está en un libro de aventuras, sino que se desprende de decenas de documentos filtrados desde Pdvsa y a los que Armando.Info ha tenido acceso para este reportaje. Los papeles desnudan el resultado de ceder la comercialización de petróleo venezolano a traders o intermediarios de toda clase como respuesta a las sanciones financieras que Estados Unidos impuso en 2019 contra la petrolera estatal.

El desbalance de la estrategia seguida por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y el Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el mayor del Ejército Antonio Pérez Suárez, queda al descubierto con una cifra: 8.406 millones de dólares están aún en el apartado de “cuentas por cobrar” de Pdvsa por el crudo comercializado desde 2019 hasta el 17 de agosto de este año.

La magnitud de esas “cuentas por cobrar” es tal que supone poco más del 80% de los 10.135 millones de dólares que Pdvsa debió recibir en ese período por el despacho de al menos 201 millones de barriles “bajo mecanismo de cobranza anticipada o de contado”. 

El déficit podría ser aún mayor si se suman las facturas pendientes por concepto de “compensación”, esquema ideado para que los intermediarios paguen el valor del petróleo con mercancías como alimentos o cubriendo deudas de la propia Pdvsa con terceros. Esa fue, por ejemplo, la modalidad por la que optaron en 2019 los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas tras la fachada de compañías mexicanas manejadas por Joaquín Leal Martínez, joven empresario de ese país a la postre sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense.

“Los esquemas de cobranzas se modificaron según instrucciones recibidas por las máximas autoridades de Pdvsa y del Estado venezolano”, se lee en uno de los documentos, a propósito de cargamentos que debieron pagarse de contado, pero que en el camino fueron modificados.

Algunos de esos intermediarios que transportaron millones de barriles de petróleo o fuel oil venezolano desde las refinerías de Amuay, El Palito o Puerto La Cruz, y que están en mora con Pdvsa, no tenían experiencia en el negocio energético y fueron registrados apresuradamente en jurisdicciones opacas como las de Hong Kong, Panamá, Belice o Emiratos Árabes Unidos, poco antes de empezar a transportar el crudo a puertos de Singapur, China o Emiratos Árabes, entre otros destinos. 

Ese es el caso, a manera de ejemplo, de M and Y Trading, una sociedad inscrita en Hong Kong el 2 de noviembre de 2020, que adeuda a Pdvsa 1.208 millones de dólares por petróleo transportado en 2021 y lo que va de año; o de United Petróleo Corp, creada en Panamá apenas en febrero de 2021, y mencionada esta semana por la agencia Associated Press, con una deuda de más de 400 millones de dólares. 

Apenas son dos muestras de las casi un centenar de compañías fantasmales encargadas de hacer la labor de comercialización y distribución del petróleo venezolano en lugar de Pdvsa, inhabilitada en la práctica por las sanciones. Aunque en los casos de ese par de empresas no se pudo establecer con precisión quiénes son sus operadores y dueños últimos, Armando.Info comprobó la relación de otras sociedades con nombres favorecidos con anterioridad por el chavismo, como los propios Alex Saab y Álvaro Pulido, o los hermanos Majed y Khaled Khalil. Pero también aparecen nuevos actores que orbitan alrededor del poder político, cuya figuración revela la influencia que van ganando.

¿Mejor malo conocido?

Una casa modesta en una calle de Sarría, una zona de clase media-baja del norte de Caracas, es la dirección de contacto de Walker International Dw-Llc, registrada en Emiratos Árabes Unidos, que ha comercializado crudo venezolano por unos 76 millones de dólares entre 2021 y este año, de acuerdo a los papeles de Pdvsa.

A las afueras de la casa de un solo nivel nada hace suponer que allí podría alojarse una multinacional del petróleo o una millonaria contratista que todavía adeuda 34 millones de dólares a Pdvsa. Una gran mancha de pintura casi tapa el tradicional “no pare” en la persiana metálica o santamaría de color negro que hace las veces de puerta del garaje. “Allí viven puros inquilinos, no debe haber nadie”, explicaron los vecinos al equipo de Armando.Info que se acercó esta semana al lugar. “Mayra no está, salió a trabajar”, respondió otra joven vecina al preguntársele por Mayra Alejandra Gaviria Gutiérrez, la venezolana que en los papeles del registro mercantil de Dubai -uno de los Emiratos- aparece como directiva de Walker International.

Tanto Mayra Gaviria Gutiérrez como Walker International fueron mencionadas recientemente en una columna de la revista Semana de Bogotá, donde se les relaciona, tanto a la mujer como a la empresa, con los hermanos venezolanos Bernardo y Tadeo Arosio Hobaica, dueños de ATB Constructores y otras constructoras responsables de obras en Los Roques, en San Isidro de Galipán -en la ladera norte del cerro Ávila-, o de proyectos residenciales y hoteleros en zonas del este de Caracas como La Castellana y Campo Alegre.

En efecto, hay varios indicios que apuntan a la relación de los Arosio Hobaica con Walker International. En principio, en el registro mercantil el objeto social de la empresa es, precisamente, el comercio de materiales de construcción  y el número celular de contacto conduce a Bernardo Arosio. Así mismo, Mayra Gaviria Gutiérrez fue empleada de ATB Constructores, la principal firma del grupo de los Arosio Hobaica. Por si fuera poco, Gaviria también representó legalmente a Desarrollos Turísticos Sula Sula, compañía propietaria de un lote de terreno de casi 2.500 metros cuadrados en Los Roques que colinda, precisamente, con la posada Chelonia, de los Arosio Hobaica.

Fuentes que han participado del negocio petrolero y prefieren conservar el anonimato, también confirmaron la relación de los Arosio Hobaica con las actividades de Walker International. Ni Mayra Gaviria Gutiérrez, ni los Arosio Hobaica, contestaron la petición de entrevista formulada por escrito para este reportaje.  Solo la gerente de recursos humanos de ATB Constructores, Nora Dalis, accedió a confirmar que Mayra Gaviria “dejó de tener relación laboral con la empresa en 2018”.

Otra dupla de hermanos es la que yace detrás de una de las comercializadoras del petróleo venezolano que más le adeuda a Pdvsa. Se trata de Majed y Khaled Khalil Majzoub, contratistas desde los inicios del chavismo y beneficiarios de negocios de distinta índole, como el de contratos en el sector eléctrico hace una década, contratos con Corpovex para suministro de útiles escolares o el más reciente control de Lácteos Los Andes, expropiada en su momento por Hugo Chávez, pero entregada a los Khalil bajo la figura de “alianza estratégica” por Nicolás Maduro.   

En este negocio petrolero son los Khalil quienes aparecen tras Montmagastre Ventures Ltd, registrada inicialmente en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, y con una subsidiaria en Serbia. De acuerdo a los documentos de Pdvsa, Montmagastre Ventures Ltd adeuda a la estatal poco más de 310 millones de dólares por crudo transportado en el año 2021. El vínculo entre Montmagastre Ventures Ltd y los Khalil se puede establecer gracias a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a cargo de Maikel Moreno, magistrado y expresidente del máximo tribunal del país. 

Ese documento detalla que Montmagastre Ventures Ltd suscribió un contrato con Indigo Energy International, compañía dedicada al “diseño y desarrollo de grandes obras que involucran procesos de ingeniería, procura y construcción” en los sectores de “energía, petróleo, gas, renovables y construcción civil”. El acuerdo consistía en que Montmagastre Ventures Ltd cobraría con petróleo y otros productos una deuda que Pdvsa mantenía con Indigo Energy International, una compañía con figura jurídica en Venezuela y Panamá y con la que los hermanos Khalil guardan relación desde su creación.

Formalmente, ni Majed ni Khaled Khalil destacan en los registros de Indigo Energy International, pero las oficinas de la compañía en Caracas son las mismas del Consorcio Pacific Rim Energy, con la que los Khalil obtuvieron contratos estatales en la crisis eléctrica de hace más de una década. Y fue desde esa oficina en el Centro Galipán en Caracas que respondieron que los hermanos Khalil no darían “ningún tipo de declaración” al ser consultados por la conexión con Montmagastre Ventures Ltd.

El caso llegó a los tribunales porque otras compañías terminaron arrebatando la carga de petróleo con la que Montmagastre Ventures Ltd cobraría las acreencias de Indigo Energy International con Pdvsa. 

Al estilo de los piratas del siglo XVII, esa práctica del robo de carga se ha hecho frecuente con los nuevos métodos de comercialización impuestos por la petrolera estatal:  “(...) Con la cual ofrecen los servicios de inspección de buques, cuyo fin único es la obtención de los datos de precisos de la carga para posteriormente generar informes de calidad del producto, a favor del victimario y así poder facilitar su comercialización en aguas internacionales, sin autorización y con el desconocimiento del propietario original, el cual en este caso es la empresa Montmagastre Ventures Ltd”, se lee en el escrito judicial, que apunta contra Five Ocean Trading y Marine General Survey, así como a sus propietarios, como responsables del robo de cargamentos de “mezcla bituminosa de calidad”.  

De los despachos de Pdvsa a los del TSJ

El de Montmagastre Ventures Ltd no es el único episodio de los fantasmales intermediarios de Pdvsa que ha llegado a lo más alto de los despachos de la justicia chavista. En el TSJ han quedado dibujadas las irregularidades de al menos otros dos traders que también adeudan millones de dólares a Pdvsa.  

Uno de esos casos es el de la compañía Supraquimic Limited, registrada en Irlanda, homónima de Supraquimic C.A en Caracas, y que en diciembre de 2020 selló un contrato con Pdvsa para el intercambio de alimentos por crudo por 260 millones de dólares. En su momento, la agencia Reuters reveló el fracaso del acuerdo y hasta la detención de los empresarios involucrados, pero otro escrito del magistrado y expresidente del TSJ, Maikel Moreno, detalla que entre diciembre de 2020 y enero de 2021 Supraquimic se llevó de muelles venezolanos nueve embarques valorados en poco más de 226 millones de dólares “que dejó de percibir la estatal petrolera”.  

Los documentos de Pdvsa obtenidos para este reportaje fijan la deuda de Supraquimic, relacionada en el mercado venezolano con la fabricación de los productos de limpieza marca Clic, en poco más de 221 millones, siendo uno de los intermediarios con más deuda. Detrás de Supraquimic estaba el empresario José Alfredo Llamozas González quien, tras varios años de ejecutivo de la cartera agrícola de Banesco, despuntaba en los últimos años como empresario en el sector de los alimentos y contaba con Arroz Santa Lucía y Agroinsumos El Granero, las empresas que supuestamente entregarían los alimentos a cambio del petróleo. 

A los despachos del TSJ también llegó el caso de Grupo Iveex Insaat, registrada en Estambul, Turquía, en octubre de 2018, del empresario venezolano Miguel Josué Silva Pérez. Allí se detalla que la representación legal de Pdvsa interpuso en julio de 2019 una demanda para “intimar el pago de facturas como consecuencia de la venta de hidrocarburos y derivados” por un monto de poco más de 120 millones de euros.

En los documentos de Pdvsa en posesión de Armando.Info se registra que, hasta agosto pasado, Grupo Iveex Insaat mantenía una deuda que se remonta a 2019 por sólo 12.9 millones de dólares, pero no se pudo establecer si la diferencia con la deuda relatada en el escrito del TSJ fue cancelada. 

De acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC), Miguel Silva constituyó en 2016 las Industrias Nacionales de Emprendimiento Iveex, cuyo objetivo principal es el “apoyo y organización articulada y estructural, económica y social de las actividades de industrias venezolanas emprendedoras y consolidadas”. Pero antes de su rol empresarial, el responsable de Grupo Iveex Insaat pasó por cargos públicos en el Ministerio de la Defensa, en el Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, y hasta la Presidencia de la República, según su perfil de Linkedin.

En sus redes sociales presume de su carácter “revolucionario” y exhibe fotografías con autoridades del chavismo. Allí también dejó constancia de su candidatura por el “sector empresarial” a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente con la que el régimen de Nicolás Maduro suplantó a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, así como una conferencia que dictó en la propia sede de Pdvsa sobre “sanciones económicas, sus consecuencias y medidas económicas tomadas desde el jefe de Estado”.

La lista de intermediarios de Pdvsa muestra también a la hasta hace poco desconocida empresa Treseus Internacional, del empresario español Juan Fernando Serrano Ponce, recientemente acusado en los Estados Unidos junto a cuatro ciudadanos rusos por delitos de “conspiración” contra el sistema financiero de ese país. En ese escrito se detallan las maniobras financieras para comercializar el crudo venezolano entre mayo y junio de 2021.

Según la documentación de Pdvsa obtenida para este reportaje, Treseus Internacional, en principio dedicada a la comercialización de alimentos y animales vivos a países como Irán, comercializó productos de Pdvsa por poco más de 16,2 millones de dólares. 

Fuentes conocedoras de las operaciones de Pdvsa coinciden en que otros grupos empresariales, como el de los panameños Carretero Napolitano, favorecidos por Nicolás Maduro con la construcción de obras como el estadio de béisbol “Hugo Chávez” en La Rinconada y suministros para el llamado Carnet de la Patria, también han participado en la comercialización de petróleo venezolano con sociedades chinas, así como grupos empresariales emergentes como el del joven empresario colombiano de origen libanés, Walid El Hage Hage.

Walid El Hage es propietario en Venezuela de Tropical Import, con sede en el estado Falcón, y también está relacionado a compañías empaquetadoras de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En conjunto, compañías operadas por Walid El Hage como Baidoa Trading, Mahindra Company o SG Tech Logistic Company adeudan a Pdvsa alrededor de 120 millones de dólares, tal y como muestran los papeles. El Hage tampoco contestó la petición de entrevista vía Whatsapp. 

Ese esquema es el mismo que inició el régimen de Nicolás Maduro con los también colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, en el que inicialmente el petróleo se intercambiaría por camiones cisternas y por alimentos mientras compañías de fachada mexicanas y luego rusas se llevaban el petróleo. Pese a los fallidos resultados de estos trueques y hasta a la detención del propio Saab en junio de 2020 en Cabo Verde este sistema continuó funcionando con nuevas compañías que serán reveladas en una próxima publicación. 

A través de un préstamo, pudo juntar los 7.000 dólares que necesitaba y se operó en octubre de ese año. Solo en diciembre el seguro reembolsó los gastos de la operación, pero en bolívares, un verdadero inconveniente en una economía con una tasa inflacionaria, para el momento, de 2.959,8% anual, según las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV). 

“Lo que me pagaron en bolívares equivalía, para ese momento, a la mitad de lo que me había costado la intervención”, recordó. Por fortuna, había recurrido antes a la plataforma de colectas públicas, Go Fund Me, que en los hechos se ha convertido para la clase media venezolana en un sucedáneo de la seguridad social. Con estos recursos pudo pagar la deuda que había adquirido para costear la operación. A través de los testimonios de un directivo del sector de las clínicas privadas, así como de otros dos usuarios de la aseguradora y dos corredores de seguros, que pidieron el resguardo de su identidad por temor a represalias por parte de la compañía, Armando.info pudo constatar que la situación de L.M. no representa un caso aislado. 

Seguros Universitas, una vez una compañía en ascenso que llegó a tener pólizas lucrativas de instituciones públicas, como la de los miles de trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), hoy es casi un paria del sistema. Apenas la aceptan en un puñado de instituciones de salud privada por las deudas que acumula. “Prácticamente en ningún lado la aceptan”, indicó uno de los corredores de seguros. De acuerdo con las fuentes consultadas, para superar la crisis, en este mismo momento Universitas está ofreciendo pagar parte de sus compromisos retrasados con las clínicas. “En nuestro caso, se aceptó un monto de mutuo acuerdo pero se cerró la relación con la empresa”, indicó el representante de la institución privada de salud que accedió a conversar con Armando.info.

Mientras tanto, muy distante de esa zozobra de impagos y mora, aparece César Augusto Bolívar, el empresario de 54 años que en abril de 2011 se convirtió en el accionista mayoritario de Universitas de Seguros, el nombre anterior de la compañía. 

Según se desprende de los documentos contenidos en la filtración de datos bancarios del Credit Suisse, facilitada al diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y trabajada por la plataforma de investigación Occrp (por Organized Crime and Corruption Reporting Project) y otros 46 medios de comunicación de todo el mundo, para así dar lugar a la serie de los Suisse Secrets, Bolívar abrió una cuenta en ese banco en 2007, en la que llegó a acumular 2,4 millones de francos suizos en 2010 (2,5 millones de dólares al cambio de la época). El empresario, además, tuvo dos propiedades en el estado de Florida en Estados Unidos — una de ellas en la exclusiva isla de Key Biscayne, conocida por sus viviendas de lujo a orillas del mar — que vendió por un total de 2.75 millones de dólares entre 2019 y 2021.  

La fortuna de Bolívar tuvo un claro catalizador: su relación de negocios con Majed Khalil, el empresario de origen libanés quien, junto con su hermano Khaled, están entre los contratistas predilectos y más longevos del chavismo. A partir de la primera asociación de Bolívar con Khalil, a finales de 2003, a las dos empresas aseguradoras que dirigían, Serviseguros y H.M.O Servisalud, les llovieron los contratos con instituciones gubernamentales como la ya mencionada Corpoelec, la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas (correspondiente al centro-oeste de la capital), el Poder Electoral, la nómina del servicio exterior de la Cancillería y la del Ministerio Público, cuando este era dirigido por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio. La excepcionalidad de tal éxito se resalta por el hecho de que se trataba de empresas recién creadas y que no contaban con oficinas en todo el país. Tan solo tres años y medio después de eso, en 2007, Bolívar pudo abrir su millonaria cuenta en el Credit Suisse.

Mediante una resolución fechada el 3 de febrero de 2010, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) intervino a la entonces Universitas de Seguros, cuyos dueños eran los fondos de jubilaciones y pensiones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Caracas, todas instituciones académicas de educación superior del Estado (de ahí el nombre de “universitas”). La aseguradora acumulaba una deuda de 74,4 millones de bolívares (una cifra que fluctuaba entre 17,3 y 34,6 millones de dólares, de acuerdo con los dos tipos de cambio existentes para la época), tras irregularidades administrativas en su gestión. La tragedia de los profesores universitarios venezolanos, quienes hoy apenas cobran unos diez dólares mensuales como pago de jubilación, se presentó ante la dupla Bolívar-Khalil como una oportunidad única de adquirir una empresa a precio de ganga que, si bien estaba quebrada, disponía de la infraestructura nacional de la que sus empresas aseguradoras carecían.

En abril de 2011, este cercano socio de Majed Khalil se hizo con la mayoría accionaria. Bolívar y un grupo de sus socios cercanos, entre ellos Félix Rafael Leal Tejera, Héctor José Parra Artenay y Carlos Gilberto Santana Borges, fueron favorecidos por los representantes de la Sudeaseg a la hora de la venta de la aseguradora. 

Una fuente cercana a los hermanos Khalil, que contó el detrás de cámara de la transferencia bajo la condición de no revelar su nombre, señaló que la adquisición y el rescate de la aseguradora se hicieron, principalmente, con fondos de Majed Khalil. “Él no quería que apareciera su nombre y dejó a César [Bolívar] con plenos poderes para dirigir la compañía”, recuerda. Un esquema que los hermanos Khalil han aplicado en otras oportunidades, como en Lácteos Los Andes o Coposa, una planta productora de aceite, margarina y otras grasas, al recurrir a terceros de confianza para evitar ser asociados en público a las compañías en las que hacen inversiones.  

Una toma al estilo Khalil

Varios indicios apuntan a la presencia tras bastidores de Khalil en la reactivación de esta aseguradora, que vivió una rápida expansión luego de que cambió de manos. Ya en noviembre de 2013, los nuevos socios celebraban una fastuosa fiesta en Caracas en la que participaron la modelo Norelys Rodríguez (entonces imagen de la compañía), el exgrandeliga Omar Vizquel, y el zuliano Luis Aparicio, único pelotero venezolano exaltado al Salón de la Fama del béisbol de Estados Unidos. En el acto, los directivos hablaron de la nueva sede, ubicada en el Centro Empresarial El Rosal, un edificio en el que los Khalil poseen oficinas, en una zona comercial del este de Caracas con pretensiones de distrito financiero. También celebraron que, con los nuevos accionistas, la aseguradora había pasado del puesto 43 al número 18, en el renglón de primas netas cobradas, en el ranking de la Sudeaseg. 

El traspaso de la empresa cumplió con el mismo esquema que, junto con sus contactos en el chavismo, suelen diseñar los hermanos de origen libanés. Las empresas son intervenidas por una institución estatal y luego compradas, a un precio de oferta, por los hermanos que están prestos a acudir a su “rescate”, en sectores tan variados como el de energía, informática, alimentos, turismo. También atienden al llamado de entes del Estado para evadir las sanciones que impuso Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Esta misma estrategia se usó con Lácteos Los Andes, una empresa que fue estatizada por el chavismo en 2008 y llevada a la quiebra, y que terminó en manos de los Khalil a través de las llamadas “alianzas estratégicas”, una suerte de reprivatización al estilo postsoviético de las empresas venezolanas otorgadas a los amigos de altos funcionarios. Más recientemente, este accionar fue aplicado en Coposa, en donde sus accionistas denunciaron una toma hostil, con incursión de fuerzas militares en la planta, con la intención de obligar a los dueños a vender casi la mitad de las acciones a un precio menor a su valor real.

En el caso de Universitas, la Superintendencia, entonces regida por José Luis Pérez, designó una junta interventora conformada por Enrique Antonio Guzmán, Isabel Cristina Gazaui Nuiter y Carmen Emelina Caraballo Mayorga. El proceso tuvo una particularidad que extrañó a los agremiados: la intervención de 2010 fue precedida por la decisión de la superintendencia, del 29 de octubre de 2009, de someter a la compañía a un “régimen de inspección permanente”. La Sudeaseg era presidida en ese momento por Ana Teresa Ferrini, quien antes había ocupado un puesto directivo en la propia Universitas. “Era juez y parte. Sabía lo que ocurría y ahora supervisaba”, recuerda alguien que conoció el proceso de cerca y solicita el resguardo de su identidad. 

Las particularidades de la venta captaron la atención de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora. A finales de 2018 esa instancia inició la investigación de la adquisición de Seguros Universitas por la supuesta “compra fraudulenta” de la empresa.  

En la época ya se hablaba de que Bolívar era quien daba la cara por la aseguradora, pero que el verdadero dueño era otro venezolano de “origen árabe”, una referencia que apuntaba a Khalil. Conrado Pérez, entonces diputado de Primero Justicia en el centroccidental estado de Yaracuy y vicepresidente de la Comisión, fue uno de los denunciantes más activos de las supuestas irregularidades en la compra de Seguros Universitas. Pero el expediente fue archivado de manera abrupta. El legislador fue acusado entonces de supuesta “extorsión” por dirigentes de su partido en ese estado, como el diputado Joaquín Aguilar. Pérez negó las acusaciones y aseveró que su decisión de abandonar la investigación obedeció a que no existía “ningún fundamento por escrito o pruebas” sobre las irregularidades que él mismo había denunciado.

Como también lo reflejó Armando.info, el diputado Ismael León (Voluntad Popular), quien asistía a la comisión, aunque sin derecho a voto, fue uno de los que compareció a las interpelaciones para investigar las actuaciones de esa instancia legislativa. En su entrevista del 4 de diciembre de 2019 lamentó que el caso de la aseguradora fuera archivado por Pérez. “No hay la menor duda de que el archivo se alteró y tengan la plena seguridad de que ahí habrá muchas cosas por buscar y no se van a conseguir”, indicó León.

Varios miembros de la comisión parlamentaria — muchos ahora llamados con el mote despectivo de alacranes, en referencia a un plan del Gobierno para “picarlos” con supuestos sobornos y hacer que sirvan a los intereses del régimen de Maduro —, incluyendo al propio Conrado Pérez, fueron destituidos bajo sospechas de recibir pagos de empresarios para otorgar certificados de “buena conducta” a quienes eran investigados.

El caso de manejos turbios más famoso de esta instancia contralora fue el del colombiano Alex Saab, el contratista favorito de Nicolás Maduro, que hoy se encuentra detenido en Estados Unidos, donde espera juicio luego de haber sido extraditado desde Cabo Verde el 16 de octubre de 2020. Varios diputados de esa instancia trataron de librar de culpas a Saab, que hoy es acusado bajo cargos de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros y lavado de dinero. 

Los contactos libaneses de Bolívar

Son varios los empresarios que lograron cuestionadas fortunas durante el chavismo a través del mundo de los seguros y el favor de altos dirigentes gubernamentales a la hora de contratar las pólizas de las instituciones que dirigen. Entre ellos se puede nombrar a Raúl Gorrín (dueño de Seguros La Vitalicia y conocido por sus estrechos vínculos con altos jerarcas del chavismo, fue sancionado por las autoridades estadounidenses por participar en un esquema de presunto lavado de dinero que ascendió a 2.400 millones de dólares), Omar Farías (dueño de Seguros Constitución y apodado como el “Zar de los Seguros”, fue investigado por presunto lavado de dinero en Ecuador, España y Estados Unidos) y Víctor Vargas (más conocido como el banquero de Chávez, por su estrecha relación con el fallecido mandatario, también es dueño de Seguros La Occidental que llevó las pólizas de seguros de la estatal petrolera Pdvsa).

Menos conocido es que Majed Khalil, hoy entre los empresarios más recurridos por el régimen de Maduro, también inició fortuna y contactos gracias a este ramo. La historia de Bolívar y Khalil empezó en 2003 con Serviseguros, una aseguradora originalmente inscrita en 1972 y que fue reflotada por los dos socios ese año.

A pesar de no tener una trayectoria, ni una estructura operativa importante, los nuevos socios lograron captar dos importantes pólizas en el estado Bolívar, la región que lidera la generación de energía eléctrica en Venezuela, que sirvieron como trampolín para los negocios de los hermanos. Para 2003 ya se hablaba sobre los contactos de los empresarios de origen libanés con el chavismo, luego de que se hicieron con la tradicional atunera venezolana Eveba. Ese año los rumores se veían confirmados por registros oficiales, con la firma de contratos para la venta de equipos de informática al ministerio de la Defensa y la Comandancia General de la Armada, a través de la empresa Grupo Hardwell Technologies. 

Los recursos de estas contrataciones con instituciones militares también fueron seguidos por nuevas cuentas millonarias en el Credit Suisse. De acuerdo con datos de la filtración, en diciembre de 2004 la entidad Representaciones Hardwell, así como Majed y Khaled Khalil como personas naturales, abrieron una cuenta conjunta que llegó a tener 19,2 millones de francos suizos el 31 de enero de 2005  (unos 24 millones de dólares para la época). La cuenta fue cerrada el 31 de mayo de 2014.

Las primeras contrataciones otorgadas a Serviseguros estaban relacionadas con contactos castrenses. La póliza de seguros de la gobernación de Bolívar, gobiernop regional entonces a cargo del general Francisco Rangel Gómez, un cercano aliado de Chávez, que gobernó el estado durante tres periodos consecutivos (2004-2017), y la de Edelca, una empresa de la región presidida por el general Hipólito Izquierdo y encargada de la generación hidroeléctrica en el cauce del río Caroní. Ambos militares se convirtieron en estrechos colaboradores de los Khalil, a tal punto que, en 2009, Serviseguros abrió una sucursal en Puerto Ordaz, parte de Ciudad Guayana sobre la ribera izquierda del Caroní, donde se encuentran las sedes de las empresas mineras, siderúrgicas e hidroeléctricas del Estado venezolano.

En ese 2004, los negocios de los Khalil se expandieron de forma tan acelerada que empezaron a captar la atención de autoridades de otros países. La vinculación de la administración del fallecido presidente Chávez con mandatarios del mundo árabe, en especial con algunos dictadores como Sadam Husein y Muamar El Gadafi, levantaron las alarmas de organismos de inteligencia de Estados Unidos. Ese mismo año, el diario El Nuevo Herald informó sobre la decisión del gobierno estadounidense de revocarle la visa a Majed Khalil, aunque los motivos nunca fueron indicados de forma oficial.

Los nuevos padrinos políticos

A pesar de la sanción estadounidense, los negocios iban tan bien que Bolívar y Khalil decidieron abrir una segunda aseguradora en 2007, de nombre H.M.O. Servisalud, y cuya sede está, actualmente, en la misma torre de Seguros Universitas. Ambas aseguradoras también tienen vínculos comerciales. De acuerdo con sentencias de juzgados mercantiles venezolanos, H.M.O ha administrado el centro de contacto telefónico (call center) que tiene Seguros Universitas para la atención de sus clientes.

El 30 de junio de 2008, Majed Khalil aportó 220 millones de bolívares a la compañía (102.000 dólares al cambio oficial de la época), lo que equivalía a 50% del capital total de la empresa, que quedó en 440 millones de bolívares (204.000 dólares al cambio oficial de la época), de acuerdo con documentos de la compañía a los que Armando.info tuvo acceso. Con este aporte Khalil quedó como el accionista mayoritario con 220.000 acciones (50%), mientras César Bolívar poseía 88.000 (20%), Felix Léal tenía también 88.000 acciones (20%) y Ramón Arias 44.000 (10%).

Esta empresa fue contratada en 2008 para proveer servicios de atención médica primaria y suministro de medicamentos a los empleados de la recién creada Corpoelec, una jugosa contratación que incluía a más de 70.000 beneficiados, justo cuando llegaba Hipólito Izquierdo, el antiguo presidente de Edelca, a la presidencia de ese organismo. “Ese fue un contrato brutal. Corpoelec es una de las empresas que más ingresos generaba”, indicó una fuente que estuvo al tanto de los acuerdos. La empresa estatal fue la encargada de estatizar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica en el país, una política que, junto con irregularidades en la compra de equipos, llevó al colapso del sector eléctrico en Venezuela, en donde el suministro de energía se ve interrumpido a diario, a menudo por varias horas.

Con estos contactos en el chavismo a su disposición, pronto la compañía expandió su rango de acción. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que, al menos en 2011 y en 2016, la empresa fue contratada para llevar la “administración plan salud y funerario” de la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, brindando este servicio a una abultada nómina que contó con un total de 76.000 beneficiarios. También llevaron la nómina de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Empleados, Obreros y Jubilados del Poder Electoral (Capseoj) en 2012, 2013 y 2016 que, casualmente, también contaba con 76.000 beneficiarios, de acuerdo con el RNC. A pesar de estos contratos de pólizas de seguros, esta empresa no aparece registrada como aseguradora en el portal web de la Sudeaseg. 

Con estos contratos se afianzó la relación de Majed Khalil con los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy y Jorge, hoy considerados como la dupla más poderosa en Venezuela después de la pareja presidencial. La relación se estrechó especialmente con el actual presidente del cuestionado Parlamento del chavismo, Jorge Rodríguez, quien era alcalde del municipio Libertador de Caracas para la época en que se firmaron estos dos contratos y cuyo poder de influencia llega hasta el Poder Electoral en Venezuela, pues se desempeñó como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2005 y 2006. Los hermanos Rodríguez se convirtieron en los principales padrinos políticos de los Khalil, quienes lograron así mantenerse en la primera línea de los empresarios favoritos del chavismo.

H.M.O. Servisalud también logró contratos con Edelca en 2010 y 2016 para la administración del “Plan Funerario de 34.229 beneficiarios”, y del Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) en 2011 y 2016 para prestar el mismo servicio a 15.747 beneficiarios. Las demás empresas que aparecen en el RNC son casi todas pertenecientes a los hermanos de origen libanés, quienes aseguraban a sus trabajadores con su propia compañía del ramo. En el registro aparecen el Grupo Hardwell (2007), la atunera Eveba (2008), Hevensa (2007) —esta, una empresa dedicada a la producción de ferroaleaciones—, la televisora Sun Channel (2007) y Rigomar Agentes Aduanales, entre otros nombres del grupo empresarial. La fuente cercana al entorno de los hermanos, también refiere que Majed Khalil está detrás de la empresa Excellent E.R.S.C. Sociedad de Corretaje de Reaseguros.  

Seguros Universitas, por su parte, heredó la póliza de Corpoelec y, de acuerdo con el RNC, también manejó la de otras instituciones públicas como el Banco del Pueblo Soberano e Ipostel. “Se enriquecieron con seguros colectivos, sobre todo con gente del gobierno, de los ministerios. Con la dolarización empezaron pagando bien, pero a partir de 2019 se volvieron un desastre”, señala uno de los corredores de seguros entrevistados para esta historia. Armando.info dejó un cuestionario en la sede de Universitas en Caracas el pasado 22 de marzo, y también se mandó otro a Majed Khalil a los correos de contacto de algunas de sus empresas, a fin de obtener la versión de los hermanos empresarios sobre este asunto. Hasta la fecha de publicación de esta nota, no se recibió respuesta en ninguna de las dos solicitudes.

El caso de Universitas no es único. Tanto los corredores de seguros como un representante de las clínicas privadas acotan que, salvo muy pocas excepciones, el colapso de los seguros nacionales es generalizado. El sector asegurador venezolano sufrió el embate de la crisis económica venezolana, que fue agudizada por la pandemia de la covid-19 y los costos que esta implicó para el ramo. Sin embargo, la fuente cercana a los hermanos señala que, en el caso de Universitas, el entorno desfavorable se combinó con los efectos de una mala administración en la empresa. “A los otros directivos, Khalil decidió sacarlos, sólo dejó a César Bolívar”.

La salida de Félix Leal, Héctor Parra y Carlos Santana sí ocurrió en, al menos, algunas de las empresas de Bolívar en Florida, en las que tenían cargos directivos, como H.M.O Servisalud CA LLC y Univerprima Financiadora de Primas CA LLC. En el caso de Universitas Holdings LLC, los tres renunciaron en 2016 y la empresa fue disuelta en marzo de 2020, cuando el seguro ya presentaba problemas para atender sus compromisos. Antes de enfrentar estos problemas financieros en Venezuela, Universitas también abrió una filial en República Dominicana de nombre Multiseguros, también dirigida por César Bolívar. 

Lo sucedido con Seguros Universitas, a más de diez años de la entrega de la aseguradora a un grupo con nexos con los Khalil, es un ejemplo del destino que corren  muchas empresas estatizadas que in extremis son asignadas a dedo a empresarios amigos del régimen. El estado actual de Universitas, ¿puede tomarse como un vaticinio del futuro que aguarda a otras empresas absorbidas por los Khalil, como Lácteos Los Andes y Coposa? Solo el tiempo lo dirá.

Para ese día se convocó a una asamblea general extraordinaria de accionistas en el salón Europa del Centro Comercial El Indio, en Acarigua, estado Portuguesa. El fin era someter a votación, una vez más, una propuesta inusual que permanecía desde hace semanas sobre la mesa: entregar a otra empresa privada casi la mitad de las acciones de Coposa como pago de una deuda que esta última, por su parte, contrajo con una institución pública. 

La propuesta ya había sido sometida a consulta el 24 de septiembre, aunque no era uno de los puntos a discutir en la agenda original de ese día. El tema, coinciden diversos testimonios, surgió de repente.

Entonces, la representación de más de la mitad del capital accionario, que hasta esta fecha desconocía de lo que estaba en marcha, se negó de manera rotunda a aceptar la propuesta por considerar que se trata de una trampa con la que perderían la empresa. El restante grupo de accionistas, que lideraba la anterior junta directiva, con un administrador de nombre Antonio Rodríguez como su presidente, no solo estaba de acuerdo, sino que había participado en el diseño de esta fórmula. 

El acuerdo establece que Coposa, representada por Rodríguez, acepta ceder 45% de sus acciones a una compañía de nombre Envasadora de Alimentos (Evalsa) como pago de una deuda que había contraído en 2013 con el estatal Banco de Comercio Exterior (Bancoex), y que este habría traspasado a Evalsa a través de un mecanismo cuyos detalles no se conocen.

“Nos quieren imponer un socio y por una cantidad de dinero muy poca. Nosotros hemos conseguido otros posibles inversionistas, pero desde la vicepresidencia de la República hay una orden”, dijo a Armando.info una fuente que integra la junta directiva de Coposa, quien, por temor a represalias, pidió no ser identificado. De acuerdo a fuentes internas de la empresa, el monto de la deuda, un poco más de 10 millones de dólares, por la cual se quiere ejecutar la toma de 45% de la compañía, puesta a manera de prenda, no corresponde ni a 5% del valor de sus activos, que un avalúo de septiembre de 2020 fijó en unos 217,39 millones de dólares.

Por falta de quórum, en la cita de diciembre ni siquiera se pudo instalar la reunión. Una gran parte del capital accionario se abstuvo de inscribirse, para así manifestar su desacuerdo con la propuesta. Solo quedó la opción de celebrar, tres horas después de lo pautado, una reunión informativa. Se permitió el paso a una parte de los accionistas que protestaban a las afueras.

En medio de la reunión y de forma repentina, aparecieron los representantes de Evalsa y el consultor jurídico del Ministerio de Alimentación, el abogado Gabriel Pérez, además de Majed Khalil, venezolano de origen libanés que, junto con su hermano Khaled, se encuentran entre los contratistas favoritos del chavismo.

Ni siquiera pudieron sentarse. De manera inmediata, fueron abucheados y pitados por la multitud. Los accionistas de Coposa ratificaron su negativa a aceptar la propuesta: “No queremos esta trampa que nos montaron. No somos chigüires ni somos venados para que los señores del Ministerio nos estén poniendo trampas”, dijo uno de los accionistas durante la asamblea. En medio de los abucheos, registrados en videos por teléfonos celulares, los funcionarios del Ministerio, Evalsa y Khalil se retiraron en fila hacia la salida. 

Accionistas que están en contra de entregar casi la mitad de la empresa a Evalsa han propuesto como alternativa el pago de la deuda a Bancoex o su tenedor final. Consideran que, aumentando la capacidad utilizada a 60%, y con acceso a financiamiento o a una asociación en mejores términos, se podría honrar en no más de dos años. Hoy Coposa no trabaja a más de 20% de su capacidad debido a la falta de materia prima, la escasez de diésel y la crisis del servicio eléctrico.

Evalsa, por su parte, no acepta el pago de la deuda. “Es obligado que le tenemos que vender a Evalsa. No dejan ni que se pague, nos lo dijo el ministro de Alimentación [Carlos Augusto Leal], tenemos que vender a juro”, dijo a Armando.info un exgerente de Coposa que solicitó no ser nombrado.

Por su parte, otra fuente de la directiva que está de acuerdo con la cesión de la deuda, a pesar de lo cual pide mantener su identidad en reserva, asegura que esta es la única forma de honrar el compromiso y que el valor de Coposa no es de 200 millones de dólares -dice que, de ser así, ya se habría podido pagar la deuda-, por lo cual rechaza que todo el movimiento se trate de una toma hostil: No se trata de la venta de la empresa, se trata de una emisión de nuevas acciones, de pagar una deuda y de inyectar capital de trabajo a la misma”. 

Una OPA opaca

La historia comenzó con la solicitud de un crédito hecha por Coposa en 2013 por un monto de 15,68 millones de dólares a Bancoex —institución financiera adscrita al Ministerio de Economía— que tenía como objeto invertir en la ampliación y modernización de la capacidad de procesamiento de semillas de girasol.

Uno de los activos que la empresa adquirió fue una planta completa de descascarado de semilla de girasol, con una capacidad instalada de 600 toneladas métricas al día, por un valor CIF (siglas en inglés de “costo, seguro y flete”) de 5,73 millones de dólares. El otro activo fue una planta de refinación/planta de desencerado, con una capacidad de 300 toneladas métricas diarias, por un valor CIF de 9,95 millones de dólares.

Además de esto, se construyeron tanques para almacenar aceites crudos por el orden de los 14 millones de kilos.

De acuerdo con los accionistas mayoritarios, factores como la prolongada crisis económica, el control de cambio, las asignaciones de cupo para la importación de materia prima y la escasez de combustibles, se conjugaron para hacer prácticamente imposible la amortización final de la deuda, que a mediados de 2019 estaba de plazo vencido y había ascendido a 21,54 millones de dólares, por la suma de intereses convencionales e intereses de mora (netos). 

Luego de reuniones y análisis de escenarios, en enero de 2020 se suscribió un convenio transaccional de pago del contrato de crédito en el que la deuda bajaba a 18,85 millones de dólares. Coposa pagó en esa oportunidad la cantidad de 2,125 millones de dólares. Además, Bancoex dio un plazo de seis años para el pago de la deuda mediante 24 cuotas trimestrales, que empezarían a contarse desde el 1º de febrero de 2020.

Pero sin esperar la fecha establecida para el pago de la primera cuota trimestral, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció, el 24 de abril de 2020, la intervención de Coposa por 180 días prorrogables por “irrespetar los precios acordados y caer en prácticas especulativas”, como parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para retomar el control de precios.

El Ministerio de Alimentación y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ocuparon las instalaciones de Coposa y tomaron el control de la producción, que casi en su totalidad se destinó, desde entonces y durante los siete meses que duró la ocupación, a suplir a las cajas CLAP. Al principal programa social-clientelar del gobierno se despachó mercancía por un valor de 7,86 millones de dólares, según indica un informe preparado por la directiva actual de Coposa. También se suministraron aceites envasados y margarina a Red Venezuela —empresa adscrita al Ministerio de Alimentación—, Mercal y el Instituto Nacional de Nutrición, por un valor equivalente a poco más de 212.000 dólares. De ese monto total de 8,07 millones de dólares, siempre de acuerdo a la directiva actual, ni un céntimo ingresó a las arcas de la empresa. 

En medio de la ocupación gubernamental de Coposa, el 10 de agosto de 2020, el entonces presidente de la junta directiva, Antonio Rodríguez, solicitó al Ministerio de Alimentación que la deuda que tenía la compañía con Bancoex fuera cedida a Evalsa.

Casi un año después, el 25 de agosto de 2021, Bancoex cedió a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios C.A (Cuspal), ente adscrito al Ministerio de Alimentación, los derechos del crédito que en su oportunidad otorgó a Coposa. Acto seguido, Cuspal suscribió otro contrato de cesión a favor de Evalsa con todas sus garantías.

“Es legítimo que un sujeto de derecho público haga una cesión de deuda, siempre y cuando respete los procedimientos establecidos para ello”, explica a Armando.info la abogada Andrea Rondón, miembro del comité académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). Dce que es claro que “por tratarse de un organismo público [Bancoex], debe regirse no solo por los propios términos del contrato de deuda -que pudieran prohibir la cesión, o permitirla siempre y cuando se notifique al deudor bajo determinadas condiciones, por ejemplo-, sino ceñirse además a unos controles previos y posteriores, sobre todo por parte de la Contraloría General de la República, que debe establecer que esa cesión de deuda no signifique una merma del patrimonio público”.

Con la información disponible al momento de hacer este reportaje, no quedaba claro que tales extremos se hayan cumplido. El consultor jurídico del Ministerio de Alimentación, Gabriel Pérez, fue contactado en dos oportunidades para este reportaje, pero no respondió los mensajes enviados.

De acuerdo con una de las accionistas consultadas por Armando.info, quien solicitó el anonimato, la cesión de la deuda se hizo sin el conocimiento de los accionistas. “Hay muchos intereses, estamos luchando contra una mafia muy grande”. Explicó que en los últimos años Coposa “se vino a menos”, entre otros factores, por la competencia de productos traídos de Brasil y de Turquía que comenzaron a llenar los anaqueles. Incluso, asegura la fuente, los accionistas estaban buscando asociarse con otra empresa privada para aumentar el capital, luego de los efectos de la ocupación de Coposa por órdenes del Gobierno. Pero la decisión de asociar a Coposa con Evalsa ya estaba tomada. Pasó a ser un tema de “interés político”, refiere esta accionista.

De nuevo, en la guerra de versiones, otro miembro cercano a aquella junta directiva aseguró que esa decisión “fue tomada y aprobada en la Junta Directiva Anterior, con el fin de evitar la ejecución por parte del estado de la hipoteca sobre el crédito de Bancoex. Y tratar de obtener oxígeno, por así decirlo, ante la grave situación financiera de la empresa y de  la ocupación de la cual éramos objeto en aquel entonces”.

Ese mismo 25 de agosto de 2021, se suscribió un “Acuerdo de Cooperación Mutua” entre el Ministerio de Alimentación, la junta directiva de Coposa, y Evalsa. El documento reconoce el costo de despachos de aceite hechos durante la ocupación a Coposa por un monto de 3,36 millones de dólares, además de otro tanto efectuado a Evalsa, y que estaban pendientes de pago por un valor de 4,55 millones de dólares. Tras esas deducciones, la deuda de Coposa quedó en 10,07 millones de dólares.

Estos descuentos, sin embargo, no se aplicarían en el caso de que Coposa “no cuente con el voto favorable en Asamblea de Accionistas para la aprobación de la propuesta de acuerdo".

El 27 de agosto de 2021, un mes antes de la asamblea donde la mayoría accionaria conoció y rechazó el convenio, Acranan Karouni, director-gerente de Evalsa, envió una carta a la apoderada especial de Antonio Rodríguez, Zulma Beatriz Bello Cabrera, en la que notificó su “cualidad de cesionario de los derechos” de la deuda.

De acuerdo con el petitorio redactado en noviembre de 2021 por Antonio Rodríguez, presidente de la junta hasta septiembre de 2021, y demás representantes, el objetivo de la negociación entre el Ministerio de Alimentación, Coposa y Evalsa fue darle un “alivio financiero a la empresa” ya que “el destino de más de 1.100 personas entre trabajadores y accionistas de Coposa está en juego”.

El documento insiste en que la asociación con Evalsa permitiría a Coposa participar en el mercado público a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de distribución de alimentos subsidiados, lo que consideran “vital”.

Según el documento, en el momento en que se contrajo la deuda, Coposa facturaba en un mes el equivalente al monto total de la deuda, entonces pagadera en seis años. Ahora la empresa facturaba 15% de lo que había ingresado, y la siembra de girasol era casi nula, cuando en el año en que se instaló la planta la cosecha de girasol fue casi de 60.000 toneladas métricas.

Vivos útiles

Detrás de la artimaña jurídica para hacerse de la mitad de una empresa privada aparecen unos viejos contratistas del chavismo, hoy parte de la constelación de empresarios que ha crecido a la sombra de la autodenominada Revolución Bolivariana: los hermanos Majed y Khaled Khalil, cuya cercanía con el gobierno les ha llevado incluso a actuar como agentes para evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.

La más reciente expansión de su red de negocios —tienen presencia en los sectores informático, construcción, turismo, energético y alimentación— se había cristalizado a través de maniobras que le otorgaban activos que la administración Maduro, sobre todo a través del ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, decidía reprivatizar y poner en manos de allegados. Un ejemplo de ello fue la toma de control sobre Lácteos Los Andes en 2020. Pero el take over de Coposa les ha reservado un rol distinto. 

De acuerdo con fuentes del sector de alimentos consultadas para este reportaje, los hermanos Khalil son el músculo financiero detrás de Evalsa, empresa del estado Portuguesa que en los papeles aparece dirigida por Kontar Acranan Karcuni y Raad Karouni El Kontar, como gerente y director principal, respectivamente, al menos hasta 2020. Ese año, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC),  hicieron negocios con el Ministerio de Alimentación a través de un contrato con Cuspal para la producción, procesamiento y distribución de todo tipo de alimentos destinados al consumo humano.

Evalsa, que nació en los tiempos de Hugo Chávez, en 2008, ha participado en la producción y distribución de las bolsas de alimentos subsidiados del programa gubernamental CLAP en el estado Portuguesa, de donde el ministro Castro Soteldo, excomandante de la Aviación Militar, es oriundo y donde sirvió por ocho años como gobernador. Kontar Acranan Karcuni y Raad Karouni El Kontar son vistos como "fieles hombres de la revolución chavista y madurista" que, como muchos de ellos, gustan anclar sus inversiones en el estado de Florida, Estados Unidos.

Karouni aparece como presidente de una empresa registrada en Miami en 2012, llamada Envasadora de Alimentos S.A., homónima de la compañía venezolana que está presionando junto con el Gobierno para hacerse de casi con la mitad de Coposa. El domicilio es un conjunto residencial privado de mansiones lujosas, donde se han constituido al menos otras diez empresas (The World of Spices, Corp., Trenyba International LLC, Sorobello International, Corp., Touram Spices, Corp., House of Spices and Chiles Corp., Yaly Corp., Santa Ramzie Corp., Romanelli, Corp., Olimpic International, Corp. y Kukitos, Corp), de acuerdo con el registro mercantil del estado de Florida en Estados Unidos. En todas las compañías aparecen miembros de la familia Yarbouh, a la que pertenece Nedal Yarbout, uno de los que han sido socios de la Envasadora de Alimentos venezolana, y un Cabello de Monagas (Sorocaima José Ascanio Cabello), quien además de ser presidente al menos hasta 2010 de cuatro empresas en Panamá, es un presunto primo de Diosdado Cabello, como ha señalado el abogado y político panameño Guillermo Cochez. 

 Ahora por las malas

Tras el naufragio de la asamblea del 14 de diciembre, los accionistas mayoritarios de Coposa no recibieron una réplica por parte del gobierno sino hasta el día 16 y en forma de una inspección. En horas de la noche de la misma jornada, representantes oficiales tomaron la planta y prohibieron la entrada a siete directivos, incluyendo al presidente de la junta actual, Alejandro Quijada. Lució como un mensaje inequívoco de que la hora de las negociaciones estaba por terminar.

Ese mismo día, el Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria, Menry Rafael Fernández Pereira, ordenó aplicar una medida preventiva de ocupación temporal  de Coposa por 180 días y designó como miembros de la junta administradora encargada a dos funcionarios del Ministerio de Alimentación, uno de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y otro de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal). 

Se trata de una medida que los trabajadores de Coposa -582, ya no los 1.100 que Antonio Rodríguez decía proteger con su propuesta de alianza con Evalsa- rechazan por ser, en la práctica, un cierre técnico. Representantes del sindicato Unstracoposa y de los consejos productivos de trabajadores (CTP) de la empresa, en contacto con Armando.info, manifestaron estar preocupados por la eventual entrega del 45% de las acciones de Coposa a Evalsa. Temen correr con la misma suerte de los trabajadores de Lácteos Los Andes y de la envasadora de productos del mar, Eveba, ambas pertenecientes a los hermanos Khalil. Recuerdan que, en ambos casos, luego del cambio de dueños, extinguieron los contratos colectivos y los sindicatos, violentando derechos laborales. Por esos antecedentes piden resguardar su identidad. 

El take over de Coposa está en desarrollo mientras 585 trabajadores viven la incertidumbre de cómo será, laboralmente para ellos, este 2022, los accionistas de la empresa tienen prohibida la entrada a las instalaciones y otras compañías privadas ven los toros desde la barrera. 

Por la comida, el pago era de 117,5 millones de euros, de los que 29 millones (casi 25%)  debían pagarse en efectivo. Al mismo tiempo, los útiles escolares iban a costar 17 millones de euros, de los que 8,5 millones debían pagarse en efectivo: esto es, la mitad en cash.

Ante esas condiciones inusuales el comprador no puso reparo alguno. Es más: otorgó garantías adicionales. Por ejemplo, si no podía completar el saldo restante en efectivo, pagaría con commodities, como chatarra o coque de petróleo.

La contraparte privada de este negocio llevaba, pues, todas las de ganar. ¿Quién era el vendedor mimado? Sigma International Services Inc., una compañía panameña sin actividad conocida en Venezuela. Pero el apellido de sus dueños sí que era conocido en el país: Khalil, el patronímico de dos hermanos que, si no son los contratistas más frecuentes del chavismo, con toda probabilidad son los más longevos. 

También fueron de las personalidades ligadas al chavismo que más temprano recibieron algún tipo de reprimenda desde Washington. En junio de 2004, el Miami Herald dejó saber que el Departamento de Estado había suspendido la visa de Majed, el menor de los hermanos Khalil Majzoub, a cuenta de su participación, a través de una empresa de su propiedad, en “la sistematización de la sección de inteligencia del Ejército de Venezuela”.

Pero esa penalidad -que antecedió por lustros las aplicadas luego a los Alex Saab o Samark López- no disuadió ni a Majed ni a Khaled Khalil Mazoub, hoy de 51 y 56 años de edad, respectivamente, de seguir expandiendo su coto empresarial al amparo de conexiones políticas.

La consolidación económica de la familia Khalil comenzó en 1999, con la llegada al poder de Hugo Chávez. Así, las empresas del grupo han prestado servicios al Gobierno que van desde adecuaciones tecnológicas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hasta aprovisionamiento de comida y servicios de aseo urbano.

Recientemente, en 2020, una de las últimas jugadas de los Khalil fue la de hacerse con el control, por la vía de la asignación de un Estado siempre benévolo con ellos (lo que implica sin licitaciones ni explicaciones y mediante terceros), de la destartalada empresa Lácteos Los Andes, expropiada por Hugo Chávez en el año 2008, venida a menos y, ahora, entregada a la empresa privada Venilac, otra fachada de los hermanos.

En aquellos años los negocios entre los Khalil -beneficiados entre 2004 y 2012 con el otorgamiento por Cadivi de al menos 91 millones de dólares a tasas preferenciales- y el Estado venezolano ocurrían siguiendo un patrón: contratos obtenidos sin licitaciones ni explicaciones a empresas en cuyos documentos no aparecen los dueños o lo hacen de manera fluctuante y con retribuciones en moneda extranjera. Estos tres factores compendian también la historia del contrato entre Sigma y Corpovex y que se origina en Panamá, país que no es ajeno para los Khalil pues allí, entre 2004 y 2007, los hermanos constituyeron las compañías KK Inversiones y Brambech INC.

Los dos ligaditos

El origen de Sigma International Services, con Khaled a la cabeza, se remonta a 2010, de acuerdo con documentos que reposan en el Registro Público de Panamá. El 19 de enero, Khaled Khalil registró la empresa, junto con Khaled Ahmad Mansour, Mohamed Daya y, quien figuraría años después, Khalil Ahmad Mansour. El capital inicial, según lo que quedó asentado en el documento, era de un millón de dólares.

La contraparte de estos contratistas -entre decenas de negocios multimillonarios- ha sido Corpovex, la estatal venezolana que se convirtió desde su fundación en 2014 en un tinglado con el que un militar próximo a Diosdado Cabello, Giuseppe Yoffreda, concentró el control de las importaciones del Estado venezolano al mismo tiempo que las hacía inaccesibles para el sector privado.

En 2019, un año después de la salida de Yoffreda de la presidencia de la empresa, seguía al frente de esta Xabier Fernando León Anchustegui, exvicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y exviceministro de Comercio, cercano a Tareck El Aissami, actual vicepresidente sectorial de Economía y Ministro de Industrias. Fue en la presidencia de León cuando Sigma International Services firmó los contratos con Corpovex para importar comida y útiles escolares.

Para ello hubo dos contratos por separado, pero casi simultáneos, ambos, de julio de 2019. Uno avalado por el Ministerio de Educación e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0071-2019 para la adquisición de útiles escolares, y otro avalado por la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal) e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0067-2019.

La lista de útiles incluía cajas de borradores, colores, juegos geométricos, cuadernos, pegamentos, lápices, pinturas y tijeras. La de comida, cajas de pasta, arroz, atún enlatado, aceite, leche, mayonesa, granos, salsa de tomate y azúcar. 

El contrato para útiles escolares fue suscrito por poco más de 17,14 millones de euros. El de la comida, por 117,5 millones. Además de las condiciones establecidas para el pago en efectivo y, eventualmente, en materias primas, en los contratos se hacía referencia al “remanente en moneda china”, es decir, en renminbis. Pero se trata de un supuesto que este reportaje no pudo verificar.

La panameña Sigma International Services Inc, de los Khalil, terminó por despachar la mercancía pero no desde el istmo, sino embarcada en el puerto de Mersin, Turquía. De allí navegaron por el mar Mediterráneo, atravesaron el Atlántico y llegaron al puerto de La Guaira entre julio y agosto de 2019.

Cambios para que todo siga igual

Los documentos de Sigma International Services INC. del Registro Público de Panamá indican que Khaled Khalil fungió como presidente y director de la empresa entre el momento de la constitución de ésta, en enero de 2010, hasta mayo de 2015. Por razones que no se especifican, entonces hubo cambio de directorio: renunció a sus dos cargos.

Los lugares de Khaled Khalil como director y presidente los ocupó la venezolana Silvia Sousa Vieira, quien en el país es la única propietaria de Grupo Construven, C.A. Esta empresa tuvo vínculos comerciales con una compañía de los Khalil, la Corporación Meditech, dedicada al ramo de los ìnsumos médicos y de la que fue proveedora de materiales de remodelación (especialmente pinturas) en 2014, un año antes de que su dueña, Sousa Vieira, asumiera los altos cargos en Sigma.  

En febrero de 2019, ninguno de los accionistas originales de la empresa fungía ya en la lista de presidentes y directores de Sigma International Services. Pero Khaled Ahmad Mansour, Khalil Ahmad Mansour, Mohamed Daya y el mismo Khaled Khalil, los fundadores, siguieron encontrándose en el accionariado de otras empresas.

La principal de ellas es Argenta Zona Libre, S.A., en la que, de acuerdo con sus últimas actualizaciones, Khaled Khalil tampoco ha querido figurar, aunque es uno de sus fundadores. En cambio, esta empresa, con sede en Colón, zona de puerto libre sobre el caribe panameño, ha prestado servicios al Centro de Estudios Tecnológicos Avanzados (Centec), propiedad del mismo Khaled Khalil.

En una suerte de racha interminable, los hermanos Khalil han sorteado sanciones del gobierno estadounidense y continuado con sus negocios en el extranjero. En abril de 2020, los nombres de ambos tuvieron cierta relevancia entre una maraña informativa tupida por la pandemia de la Covid-19, cuando la presidencia interina de Juan Guaidó, a través de su comisionado para la Inteligencia Financiera y el Crimen Organizado, Carlos Paparoni, los aludió como cabezas financieras del régimen de Nicolás Maduro.

En un documento al que tuvo acceso Armando.info, Paparoni vinculaba a los Khalil con Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional, exvicepresidente de la República y hombre de confianza tanto para Hugo Chávez como para Nicolás Maduro.

De las filas del chavismo también había surgido una acusación similar: a comienzos de 2020, mediante un tuit, Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y Minas entre 2004 y 2013, acusó a Rodríguez de enriquecerse a través de un testaferro, Majed Khalil.

El sustituto de León en Corpovex, Héctor Obregón, designado presidente de la corporación en marzo de 2020, es hombre de confianza de Jorge Rodríguez. En 2012 fue asesor jurídico de la empresa Supra Caracas, dedicada a la recolección del aseo urbano en tiempos en los que Rodríguez era alcalde de Libertador. Luego fungió por una semana como ministro de Comunicación e Información, cargo que entregó a Rodríguez, aludido en el documento de la presidencia interina por su vínculo con los Khalil.

Esquivando acusaciones, el silencio y la prudencia han acompañado a los hermanos Khalil en un viaje de dos décadas de multiplicación de negocios.

Con la piñata de activos agroindustriales expropiados alguna vez por el comandante Hugo Chávez, Nicolás Maduro abraza el pragmatismo más rampante para hacer favores a empresarios amigos y, de paso, tratar de reactivar una capacidad productiva puesta en hibernación por la ineficacia de la administración socialista.

Es el caso de Lácteos Los Andes. Fundada en 1984, llegó a tener una participación importante en las categorías de productos refrigerados como leche, yogures, jugos y gelatinas, entre otros. En 2008 Chávez la expropió. Los grandiosos planes del presidente fallecido confiaban a Lácteos Los Andes, por ejemplo, la provisión de materia primera para producir y distribuir en Venezuela los famosos helados cubanos de la marca Coppelia. Bajo el sello de “Hecho en Socialismo” siguió distribuyendo sus productos, hasta que la variedad del catálogo fue desapareciendo primero y, luego, al final, las máquinas prácticamente se apagaron.

Ya en el ocaso de Lácteos Los Andes, apareció Majed Khalil Majzoub en su rescate.

Junto a Khaled, su hermano mayor, Majed Khalil conforma una dupla que temprano despuntó como anticipo de la nueva clase empresarial que se conformaría con el chavismo. Aunque de imperturbable bajo perfil, en 2003 llamaron la atención al comprar Eveba, una marca tradicional de pescado enlatado. Era su primera expansión en mercados de consumo masivo -hasta entonces se desenvolvían en negocios B2B de equipos tecnológicos de seguridad, militares, industriales y energía, como todavía lo hacen- que dio pábulo a todo tipo de versiones acerca de sus vínculos con jerarcas del oficialismo.

Los hermanos de origen libanés han tenido sus reveses, y no solo en términos de rumores y mala prensa. En 2010, Majed pasó una breve temporada en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). En 2014, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio, anunció la apertura de una investigación contra él, bajo la sospecha de haber cometido ilícitos cambiarios. Tan temprano como en 2004, se supo que Estados Unidos le había retirado la visa a Majed Khalil, a cuenta de sus presuntas actividades de lavado de dinero y vínculos con el extremismo islámico.

Pero sus negocios marchan viento en popa, ahora y desde que hace 22 años zarparon, al mismo tiempo que el régimen chavista. Ello dio base a Majed Khalil para presentarse en 2020 como el mejor postor por la desahuciada Lácteos Los Andes. Aunque a través de terceras personas.

Meca lechera

Durante el último trimestre de 2020, tuits y trascendidos de prensa aseguraban que “un grupo iraní” había tomado el control de varias plantas de Lácteos Los Andes.

Algunas de esas versiones alcanzaban a identificar al presunto “grupo iraní” bajo el nombre de Venilac. En realidad, Venilac no fue constituida en la vieja Persia sino en Caracas, el 2 de julio de 2020. Sus accionistas son Kralys Beatriz López Díaz y Marlys Yavileys Suárez García. Su sede aparece registrada en el piso 1 del edificio Sojo, en un recodo de la urbanización El Rosal, en el este de Caracas.

Un piso más abajo se encuentra la sede de otra empresa, Kaisha, dedicada al ramo inmobiliario. Registrada el 4 de diciembre de 2020, sus accionistas son Jihd Nassif Hazime y Haicha Mansour Mansour. Mansour Mansour es socio desde 2007 de los hermanos Khalil Mjzoub en una empresa constituida en Panamá, KK Inversiones S.A. También desde 2011 en una en España, Latam Refund Group, SL.

Más allá del juego de conectar los puntos, el edificio Sojo de El Rosal es reconocido desde hace años como el cuartel general de los Khalil.

Lácteos Los Andes fue confiada a Venilac bajo la figura difusa de la “alianza estratégica”.

“Dicen iraníes por el nombre, pero son los Khalil, que tomaron la empresa con la promesa de meter un millón y medio de kilos de leche en las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para finales de marzo”, desliza una fuente cercana a la empresa.

La empresa ha vuelto a la gestión privada tras un paréntesis de doce años.

Luego de la expropiación en 2008, la producción de leche en la empresa tuvo un repunte, según refleja una investigación de la ONG Transparencia Venezuela, a partir de cifras del Ministerio de Alimentación. En 2007, Lácteos Los Andes produjo 38.325 toneladas de leche y al año siguiente cerró con 63.510 toneladas.

El pico se alcanzó en 2012, con 109.809 toneladas. Pero tres años después, el declive fue evidente y en 2015 cerró con 56.219 toneladas producidas. Hasta ese año hay memorias y cuentas que respaldan las investigaciones. Son entonces los trabajadores que quedan quienes perfilan el panorama, y lo hacen con pocas palabras: solo en una planta se produce leche.

“Eran 700 trabajadores entonces. Cuando ocurrió la expropiación, la empresa contaba con siete años de inventario. Después nos comimos ese inventario”, dice.

Luego de pertenecer a la estatal petrolera PDVSA, en 2010 Lácteos Los Andes pasó a ser administrada por la Corporación Venezolana Agraria y, pocos meses después, a la Corporación Venezolana de Alimentos. Finalmente, en 2011, fue adscrita al Ministerio de Alimentación.

“En ese momento se endeudaron con los proveedores. Además de que no teníamos materia prima. Nuestra pulpa (de frutas) era de Chile y los repuestos, de Estados Unidos y Holanda. También venían de afuera los aromatizantes, vitaminas, y todo ese tipo de cosas. Sin contar que lo que hicieron fue robar”, asevera el mismo trabajador, que hace la declaración con carácter anónimo.

En 2019, cuando la producción de leche estaba prácticamente en cero, un coronel del Ejército asumió la conducción de la empresa. Se trata de Luis Piligra, quien todavía en este proceso de transición permanece como presidente de Lácteos Los Andes.

Armando.info contactó por vía telefónica a Piligra , quien, de entrada aseveró: “No hay ningún traspaso, eso es una información falsa que alguien ha creado con muy malas intenciones”. Pero entre líneas reconoció la alianza estratégica.

“La empresa es del Estado venezolano. Ahora, con el compromiso de abastecer la leche en polvo Los Andes para todos los módulos CLAP que se distribuyen en el país, con alianzas estratégicas, tanto con instituciones públicas o privadas, que generen alguna sinergia en beneficio del pueblo venezolano”, fue lo único que expuso, sin responder si seguirá al frente de la empresa.

Pero voceros del gremio de productores lácteos confirman que quien está al frente de esta nueva etapa de Lácteos Los Andes es un gerente de discreta trayectoria empresarial de nombre Julio Rodríguez.

Consultado para esta investigación, Rodríguez se limitó a remitir a Armando.info a un coordinador de comunicaciones de Venilac, quien, textualmente, señaló: “Estamos un poco llenos de manos tratando de cumplir con las metas impuestas por el Estado venezolano. Por los momentos, nadie puede hablar”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una entrevista con Majed Khalil, respondió: “Es difícil lograr eso. El Estado es el que maneja la información”.

Consentidos y sancionados

La incertidumbre en torno de sus puestos es ahora la gran mortificación de los trabajadores. Mucho antes del anuncio del convenio entre el Estado y Venilac, sus sueldos rondaban los dos dólares mensuales. Ahora no hay certeza de que su situación vaya a ser mejor.

Uno de los trabajadores dice que, además de sus empleos, las deudas son otra incógnita, pues han sabido que Venilac no reconocerá las deudas que dejó la administración estatal. “Todos los días nos meten presión, no nos dan los beneficios, los sueldos no sirven, tratan de que el personal entre en desesperanza”, insiste.

Una trabajadora añade que la nómina es de 800 personas. “Y quieren reducirla a 400. Piligra quiere botar a la gente, pero con liquidaciones miserables”.

Y otra fuente del sector de productos lácteos apunta que la razón de todo eso es simple: “El gobierno no tiene cómo pagar esa deuda”.

Toda esa incertidumbre, denominador común entre los trabajadores de Lácteos Los Andes, se suma a la historia empresarial de Khalil, historia que comenzó el 10 de septiembre de 1999, año inaugural del chavismo, cuando, con su hermano y con Yosmar Alfonzo Benítez, constituyó el Centro de Estudios Tecnológicos Avanzados (Centec). Con sede en La Florida, en el centronorte de Caracas, esta ha sido un foco de constancia en la parábola empresarial de Khalil y compendio de su modus operandi: la ampliación y diversificación de sus sociedades a costa de la unción y de favores gubernamentales.

Con esta empresa, que tiene por objeto fiscal el adiestramiento tecnológico, ha aglutinado un grueso número de clientes. No solo del sector público. Así, tanto Telcel, primera operadora de telefonía celular de Venezuela, como Telefónica, la empresa que adquirió sus activos en 2005, contrataron los servicios de Centec.

Los clientes privados son una minúscula excepción a la norma. El grueso de sus contratantes lo han compuesto empresas estatales. De hecho, es lo que sigue ocurriendo, según el Sistema Nacional de Contrataciones. Desde 2010 no hay discriminación para Centec sobre estos clientes. Cantv, CNE, Cicpc, Comandancia General de la Milicia Bolivariana, Dirección de Tecnología de Información y las Comunicaciones del Ejército, Banco de Venezuela, INAC, Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A., ONA, Pdvsa, Saime y los ministerios de Economía y Finanzas, Energía y Petróleo, Comunicación e Información, Defensa, Energía Eléctrica y Salud figuran en la lista de los entes a los que ha servido.

Lo que pudiese parecer una larga lista es una muestra del alcance de las empresas de los Khalil y, más precisamente, de Majed. Una relación indisoluble que tiene en Centec una muestra representativa de la solvencia frente al chavismo.

El diario The Miami Herald reportó en 2004 la medida de revocación de la visa estadounidense a Majed Khalil, en momentos en que no eran frecuentes las sanciones a relacionados con el chavismo. Su caso fue, si se quiere, un abrebocas de lo que vendría en la década siguiente.

El interés estadounidense de Khalil y de su hermano era la empresa Grupo Hardwell Technologies, fundada en 2000 y de la que ambos son socios. Esta representó en Venezuela a un fabricante estadounidense de radares y otras tecnologías militares, Raytheon, un importante contratista del Pentágono. Fueron los Khalil el puente para que la estadounidense consiguiera, por ejemplo, el contrato para la instalación de los sistemas antivirus y de seguridad Firewall y la dotación de las estaciones de trabajo, servidores, equipos de impresión, componentes y consumibles en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como exponen los contratos de entonces archivados en el Registro Nacional de Contratistas.

Por lo que se sabe -Washington no suele comentar estas medidas, cuya causa ni siquiera comunica al afectado-, la revocación de la visa de Majed Khalil se ha perpetuado hasta hoy. Aunque su nombre no figura en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), un documento de octubre de 2020 del Atlantic Council, un think tank estadounidense, asoma que las autoridades de ese país mantienen vigilado su rastro como posible sustituto del detenido colombiano Alex Saab, contratista consentido del gobierno de Maduro, como el nexo entre su Gobierno y los países de Oriente Medio, especialmente Irán. 

Hasta 2012, y mediante más de 600 solicitudes, Hardwell Computer Inc. obtuvo de la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) un poco más de 45 millones de dólares.  

Como Centec, Hardwell Computer Inc. fue contratista de los entes gubernamentales más diversos.

El estado Bolívar, la rica región minera y energética del sur de Venezuela, se convirtió en un baluarte para los Khalil. La larga égida del general Francisco Rangel Gómez, que gobernó la región entre 2004 y 2017 para luego instalarse en el México del presidente López Obrador, contribuyó a su prosperidad con numerosos contratos públicos.

En 2003, con Rangel Gómez como su presidente, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente rector de la zona, a través de Productos Forestales de Oriente (Proforca), formó una asociación estratégica con Desarrollos Serfoca (de las primeras empresas de Khalil) para el proyecto de un complejo de producción de pulpa de papel en Macapaima, sur de Anzoátegui. El proyecto, conocido a la postre como Pulpaca, nunca fue terminado.

El Instituto de la Vivienda, Obras y Servicios (Inviobras), la Gobernación de Bolívar y la antigua Edelca (Electrificación del Caroní, tutelada desde su fundación en 1963 por la CVG y, desde 2008, administrada por la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, contrataron a Telcomsur (fundada por Majed Khalil en mayo de 2002) para varios servicios de renovación tecnológica.

Pero fue una empresa con sede en la zona industrial Matanzas, de Puerto Ordaz, la que le dejó más divisas, también de parte de la extinta Cadivi: Hornos Eléctricos de Venezuela (Hevensa, S.A.). Los registros de la oficina cambiaria detallan que a Hevensa le fueron adjudicados 7 millones de dólares. También empresas estatales, como Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y Siderúrgica del Turbio (Sidetur) estuvieron entre sus clientes.

De acuerdo con el sitio de datos comerciales Panjiva, en 2016, por el puerto de Palúa, en Ciudad Guayana, los Khalil lograron exportar a Estados Unidos 399 toneladas de ferrosilicomanganeso, aleación indispensable para la fabricación de acero. La carga llegó al Miami Seaport, en Florida. Desde entonces no aparecen registrados en bases de datos más despachos al extranjero. Pero sí que hubo reclamos públicos: en 2019, los trabajadores de la empresa se pronunciaron públicamente por el incumplimiento de pagos y otros beneficios contractuales. Un patrón similar al que ahora se observa en Lácteos Los Andes.

Nadando entre paraísos (fiscales)

Los Panama Papers descorrieron la celosía en torno de la relación de Khalil con paraísos fiscales. En la filtración de los documentos del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, en 2016, se menciona una cuenta de Khalil en el Premier Bank International, en Curazao, desde la que se pagaban cuotas de mantenimiento de las compañías Henvale Holdings LTD y Vading Services S.A., ambas en Islas Vírgenes Británicas.

El ala internacional de Pacific Rim Energy, con sede en Barbados y con Khaled Khalil como socio, también fue mencionada en otra filtración relacionada con paraísos fiscales, los Paradise Papers, en 2017.

También en Panamá, durante aquella década dorada, los Khalil, en conjunto, extendieron su alcance con dos empresas: Brambech INC, fundada en 2004, y la arriba citada KK Inversiones S.A., fundada en 2007 y aún vigente. Khaled, sin Majed, figura como directivo en varias sociedades como General Trading S.A.; Continental Booking and Travel, S.A.; y Kimbra International Corporation.

El incumplimiento de uno de los contratos por parte de Hardwell Computer Inc., concretamente el de 5 millones de dólares para la adquisición de “la plataforma informática de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar”, convenido en 2002, fue el motivo de la estadía a comienzos de 2010 de Majed Khalil en la Dirección de Inteligencia Militar (comandada por Hugo Carvajal, detenido en 2019 en España, señalado de participar en narcotráfico y crimen organizado y, ahora, prófugo). Luego de un breve régimen de presentación logró salir indemne de aquel bache y continuó creciendo bajo el ala protectora de los contratos estatales. 

Las simpatías de Khalil con el gobierno de Chávez y luego con el de Nicolás Maduro lo acercaron al aliado Evo Morales, expresidente de Bolivia. Fue con el Consorcio Pacific Rim Energy, aún en 2021 con su credencial activa en el RNC y del que figura como uno de los socios.

Pacific Rim Energy, como consta en el RNC, había sido contratada para construir la planta eléctrica Josefa Camejo, en Paraguaná, entre otros tres complejos, incluyendo Cabrutica, en Anzoátegui. Todos fueron adjudicados por quien en ese momento era viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, detenido en España en 2017 en medio de una investigación por blanqueo de capitales y corrupción internacional, y liberado al año siguiente.

Respecto de Bolivia, prácticamente una de las primeras medidas de Morales en el poder fue la nacionalización de los hidrocarburos, medida que se oficializó en mayo de 2006. Entre 2016 y 2017, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató a Pacific Rim Energy para una obra concreta: el incremento de la capacidad de almacenaje de combustible en tres plantas, la de Santa Cruz, la de Oruro y la de Senkata (desde 2003, con Petroltec Fluidos de Venezuela, Khalil había experimentado con el sector petrolero y gasífero; en este caso, la exploración y perforación de pozos). 

No fue esa relación petrolera el primer contrato de Pacific Rim Energy con una empresa boliviana. En 2012, la Empresa Eléctrica Valle Hermoso, con sede en Cochabamba, había pedido los servicios de la compañía de Khalil para la “ingeniería, diseño, suministro, instalación, montaje y puesta en servicio” de una unidad generadora. 

En 2017, el senador opositor boliviano Arturo Murillo exigió al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y al Ministerio de Gobierno de Bolivia una investigación a Khaled Khalil por haber entrado en Bolivia 217 veces con diferentes pasaportes. Especificó que los contratos entre los Khalil y el gobierno de Evo Morales fue de, al menos, 215 millones de dólares.  A aquella solicitud respondió el Ministerio de Gobierno a favor de Khalil: “El mencionado ciudadano no tiene arraigo ni antecedentes penales internacionales que le impidan transitar por nuestro territorio. A la fecha su permanencia es legal en Bolivia”

Colombia también es un país en el que, con una empresa conjunta, los Khalil están presentes. Su nombre es Pasoft de Colombia, LTDA, una sociedad limitada con sede en Bogota dedicada a la “consultoria informática y actividades de administración de instalaciones informáticas”, como detalla su razón social.

Fronteras adentro, Pacific Rim Energy también se expandió con la compra en 2013 de Turbocare, C.A., empresa hasta entonces perteneciente al grupo Siemens. La compra se concretó por 120 millones de bolívares, con una tasa oficial de 6,30 bolívares por dólar, es decir, unos 19 millones de dólares.

En total, las empresas de los hermanos recibieron casi 91 millones de dólares de Cadivi, según los registros disponibles. En 2014 el Ministerio Público comenzó una investigación contra Majed Khalil por obtención ilícita de divisas. Una vez más salió bien librado: no hubo elementos para inculparlo y seguir adelante un proceso judicial en su contra. Así los hermanos volvieron a sumergirse en el bajo perfil y a preparar desde allí, de incógnito, operaciones como la de Lácteos Los Andes.