Una investigación del Florida Center for Investigative Reporting determinó que el gobierno del presidente Obama no ha seguido sus propias normas de buscar alternativas a la deportación en casos de preocupaciones médicas y humanitarias serias. “En Haití, a diferencia de otros países, es que los deportados son encarcelados de inmediato y las condiciones carcelarias son objeto de condena universal por la violación de los derechos humanos”, dijo Rebecca Sharpless, de la Immigration Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, que ayuda a los inmigrantes a apelar sus órdenes de deportación.

Los riesgos de salud de los deportados encarcelados han aumentado significativamente desde octubre del 2010, cuando comenzó un brote de cólera que ha afectado a más de 470,000 personas y causado la muerte de 6,500, entre ellos algunos prisioneros. Expertos internacionales de salud afirman que los deportados en las cárceles haitianas corren el riesgo de contraer cólera, que puede extenderse rápidamente en celdas atestadas donde falta el agua, el jabón y no tienen instalaciones sanitarias. Una vez expuestos al germen, las víctimas del cólera fallecen en menos de 24 horas.

En enero, Wildrick Guerrier, deportado de 34 años cuyos antecedentes penales en la Florida incluyen agresión y posesión de un arma de fuego, murió de lo que según los médicos fueron síntomas de cólera, dos días después de ser liberado de la celda donde enfermó, una de las mismas celdas donde los deportados están detenidos hoy.

Las autoridades haitianas dicen que encarcelan aproximadamente a la mitad de los deportados por considerarlos “delincuentes serios”, una calificación arbitraria. Estas detenciones, que duran hasta 11 días, infringen la ley de Haití y tratados de Naciones Unidas cuando los deportados no han sido acusados de ningún delito en ese país.

Un día después del terremoto del 12 de enero del 2010 que devastó la mayor parte de la capital haitiana, el gobierno de Estados Unidos suspendió las deportaciones. Desde entonces, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han cabildeado a países contra la deportación de haitianos debido a las malas condiciones en ese país. “La crisis sigue ahí”, dijo Michel Forst, experto independiente de la ONU sobre derechos humanos. “La mayor ayuda que la comunidad internacional puede ofrecer a Haití es suspender la deportación forzada de sus ciudadanos”.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos reanudó las deportaciones a Haití el 20 de enero, el mismo día que el Departamento de Estado emitió una alerta de viajes en la que exhortó a los estadounidenses a no visitar Haití por el peligro de enfermedades e inestabilidad.

Autoridades de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) dijeron que las deportaciones a Haití se reanudaron porque un fallo del Tribunal Supremo federal exigió la liberación de los detenidos después de 180 días. Esa exigencia hubiera permitido el asentamiento de “algunos nacionales haitianos con antecedentes penales significativos en comunidades del país, lo que a su vez significa una amenaza al público”. Bárbara González, secretaria de Prensa del ICE, expresó en un mensaje electrónico que la entidad “daría prioridad a los que representan una mayor amenaza para la comunidad”. Pero el FCIR halló que por lo menos tres de los deportados que llegaron a Haití en agosto y septiembre fueron encontrados culpables de delitos no violentos por drogas y que tres cuartas partes de los haitianos deportados en años recientes no tenían antecedentes penales, según registros de inmigración.

“La hipocresía es asombrosa”, dijo Sharpless. “Las autoridades estadounidenses saben desde hace mucho que es peligroso deportar a los haitianos porque los encarcelan. También saben que el brote de cólera empeoró la situación porque es una combinación mortal en las cárceles. Pero los siguen deportando de todas formas”.

Un recibimiento inesperado

La mañana del 9 de agosto, Franco Coby, un joven de 24 años nacido en Haití que creció en Fort Myers, Florida, se bajó de un avión en Puerto Príncipe. Coby había cumplido dos años de prisión por vender cocaína a un informante de la policía, seguido de cuatro meses en un centro de detención de inmigrantes. La policía haitiana transportó a los 43 deportados en dos autobuses blancos.

“Para mí, estoy en un país extranjero, aunque nací aquí”, dijo Frantz Fils-Aime, de 29 años y deportado de Nueva York que fue declarado culpable en el 2008 por vender cocaína.

Florence Elie, directora del Ministerio de Protección Ciudadana de Haití, subió a uno de los autobuses y explicó a los deportados que debían reportarse semanalmente como parte de un programa de probatoria de 18 meses, aunque ninguna ley en Haití contempla esa medida preventiva. También se refirió a un rumor que circulaba entre los deportados: que algunos serían colocados en “retención administrativa”, lo que significa la cárcel.

La mañana siguiente, Coby estaba en la Comisaría de Petionville, una cárcel ubicada frente a uno de los 900 campamentos de desplazados establecidos después del terremoto. La policía haitiana colocó a Coby en una atestada celda pequeña, junto con Filis-Aime, otro deportado de Nueva York y otros de Georgia y Michigan. Durante los siete días siguientes compartieron la celda entre dos y 15 deportados. Hubo momentos en que no había espacio suficiente para que todos pudieran dormir en el piso de cemento. El fuerte olor a heces fecales del toilet roto abrumaba el lugar. “Me comenzaron a salir lesiones en la piel. No sé si soy alérgico a algo”, dijo Coby, después de su primera noche en la celda. “Me siento mal: el estómago me está matando. Hoy comí arroz y ni siquiera lo pude digerir”.

El Dr. John May, presidente de Health Through Walls, una organización sin fines de lucro de North Miami que trabaja para mejorar las condiciones carcelarias en otros países, viajó recientemente a Haití. Allí visitó la instalación donde Coby y los otros deportados estuvieron detenidos cuatro semanas antes de ser liberados. “Esto es lo que vemos en todas partes”, dijo May. “La tuberculosis tendría terreno fértil en estas condiciones, así como enfermedades de la piel, que vemos con frecuencia. Pero la mayor preocupación es el cólera, y solo hace falta un enfermo para que los demás se contagien rápido”.

El cólera se trasmite a través de las heces y provoca vómitos y diarreas fuertes. “Cualquier situación en que no exista la higiene debida es terreno fértil para la propagación del cólera, que es lo que tenemos aquí”, dijo May.

Cuando se le preguntó si tales condiciones amenazaban la salud de los deportados, Pierre Wilner Casseus, presidente de la Comisión a Cargo de los Deportados de Haití, se limitó a decir que los deportados que parecen estar enfermos son liberados de inmediato.

Negación de tratamiento médico

Algunas veces las condiciones carcelarias en Haití complican los problemas médicos que ya padecen los deportados, como le ocurrió a Jeff Dorne, quien vivió muchos años en Boston y que padece de esquizofrenia paranoide. Dorne cumplió seis años de prisión en Nueva Jersey por una violación en el 2003. Las autoridades haitianas lo encarcelaron de inmediato, sin acusarlo de nada, en la misma celda donde luego retendrían a Coby. Dorne tiene que tomar a diario cuatro medicamentos, de manera que las autoridades estadounidenses de inmigración le enviaron medicamentos para un mes a la Policía Judicial haitiana. Pero las prisiones en Haití no tienen personal encargado de medicamentos y la policía haitiana no está capacitada para ofrecer servicios médicos básicos.

La primera noche de Dorne en la prisión de Petionville, la policía municipal le dio los medicamentos, y entonces, según Dorne, le retuvieron, o perdieron, el resto de las píldoras. “La receta médica decía que tenía que tomarlas todas las noches. Así que el sábado le pregunté al oficial encargado si me podía dar los medicamentos”, dijo Dorne. “Me dijeron que no podían encontrarlos. Se los pedía todos los días, pero después de dos o tres veces desistí”.

Durante los siguientes días en prisión, Dorne dijo que regresaron algunos de los síntomas que se le habían aliviado después que comenzó un tratamiento siquiátrico en la prisión de Nueva Jersey. “No podía dormir. Las manos me temblaban”, dijo.

El Dr. John May dijo que los detenidos que son enfermos mentales enfrentan graves riesgos porque con frecuencia no pueden defenderse. “Una persona que tiene que tomar medicamentos antipsicóticos… puede deteriorarse rápidamente sin ellos”, explicó May.

El oficial de policía a cargo de la prisión dijo que no estaba familiarizado con el caso de Dorne.

Un memorando del ICE del primero de abril que explicaba la decisión de reanudar las deportaciones indicó que se considerarían alternativas en casos con preocupaciones médicas y humanitarias. Pero, como en el caso de Dorne, se siguen deportando haitianos con problemas médicos documentados.

Abogados de inmigración en Estados Unidos están combatiendo la deportación individual de haitianos sobre la base de la Convención de las Naciones Humanas sobre la Tortura de 1984, que prohíbe a los gobiernos deportar personas a países donde puedan sufrir “dolor y sufrimiento severos”. En abril, un inmigrante haitiano, mentalmente enfermo, de Miami logró diferir su deportación sobre la base de que las condiciones carcelarias en Haití podían cumplir la norma en su caso.

La ruleta de la libertad

La Comisión a Cargo de los Deportados incluye representantes de cuatro ministerios haitianos y la independiente Oficina de Protección Ciudadana. Una vez que los deportados llegan a Haití y son transferidos a la estación de policía donde los retienen, la comisión decide si los liberan o permanecen encarcelados. Este proceso es mayormente ad hoc. No hay normas establecidas y poco consenso sobre los miembros de la Comisión sobre el propósito de las detenciones.

El secretario de Estado para el Ministerio de Seguridad Pública, Aramick Louis, dijo que las detenciones son para proteger a los deportados durante el “vulnerable” período de transición al llegar al país.

Frederic Leconte, comisionado de la Policía Judicial de Haití, dijo que las detenciones le permiten al gobierno entender la situación personal de cada individuo. Aunque el gobierno de Estados Unidos envía documentos detallados sobre cada deportado dos semanas antes de su llegada al país, el FCIR no pudo documentar ningún caso en que los deportados detenidos fueran entrevistados, ni siquiera observados directamente, por autoridades haitianas.

La ley de Haití no contempla que nadie pueda ser encarcelado sobre la posibilidad de que pueda cometer un delito en el futuro. “Esto es contra lo que batallo”, dijo Privat Precil, director general del Ministerio de Justicia de Haití entre el 2002 y el 2004. “Es una norma policial que no es legal según las leyes haitianas”.

El reportero Jacob Kushner escribió este reportaje para el Florida Center for Investigative Reporting. Sus investigaciones fueron apoyadas en parte por el Nation Institute Investigative Fund y la Investigative News Network.