A partir de esa fecha, con la publicación de dos tuits que además incluían las imágenes de las órdenes de citación para los imputados del caso, el interés sobre Constructora Conkor se disparó. Por supuesto, el público quería y tenía el derecho -casi tanto como el morbo- de saber. Pero ese interés, que contrariaba la conveniencia para Ruiz y Koury de pasar inadvertidos mientras amainaba la tormenta mediática, encontraría dos obstáculos formidables para saciar su sed de información: uno, el entorno de censura que rodea a la prensa venezolana; y en segundo lugar, sobre todo, que los directivos de Conkor habían pagado 80.000 euros a Eliminalia, empresa española de gestión de reputación, para que les hiciera una limpieza de imagen en la web, suprimiendo las coberturas y menciones negativas.

Esta confirmación se deriva de la filtración de unos 50.000 documentos internos de Eliminalia recibidos por Forbidden Stories, un consorcio internacional de periodistas de investigación que siguen el trabajo de colegas asesinados o amenazados. El consorcio dirige el proyecto Story Killers, una investigación colaborativa sobre mercenarios de la desinformación en la que participan más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación del mundo, incluido Armando.info, que así pudo consultar la documentación filtrada.

Entre esos miles de documentos, procesados por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), otro de los socios del proyecto, se encuentran contratos parciales, correos electrónicos, documentos legales y nombres de al menos 1.500 clientes de 54 países, en los cinco continentes, que requirieron los servicios de Eliminalia, bien sea para borrar su pasado o “enterrarlo” en los motores de búsqueda hasta un punto en que sea prácticamente imposible de conseguir. Constructora Conkor era uno de ellos.

Al revisar el legajo queda claro que la persona de contacto entre la constructora y Eliminalia fue Elías Ramón Koury Guevara, director ejecutivo de la empresa. El contrato con la compañía española lo firmó en noviembre de 2018 y meses más tarde, en abril de 2019, hizo lo propio Ruiz Mazzeo, con otro documento. Éste último, además, aparece como contacto de otra empresa venezolana que también requirió sus servicios, que tiene a ambos como socios y que tuvo contratos con la faja: Petrovez.

El número de clientes venezolanos de Eliminalia que se pudieron rastrear a partir de la filtración asciende a 35, aunque no todos aparecen en la lista de Venezuela. Desde Panamá, República Dominicana, España y Estados Unidos, varios venezolanos contactaron a la empresa española, que tiene sedes en República Dominicana, Ecuador, Bolivia y México en el caso de América Latina, además de Estados Unidos, Italia, Suiza, Turquía y otros países.

¿El elemento común entre la mayoría de los venezolanos de la lista? Suelen aparecer implicados en alguna investigación sobre irregularidades y negociados en conexión con la petrolera estatal Pdvsa. Algunos pocos, que no tuvieron relación comercial conocida con Pdvsa, destacan en cambio por sus vínculos con otros casos sonados de corrupción, como los de Odebrecht, los alimentos vencidos de Pdval, los dólares preferenciales de Cadivi, contrataciones irregulares en el sector militar, o por, simplemente, poseer lazos con altos jerarcas del chavismo que prefieren mantener ocultos.

No se trata de una simple limpieza de reputación por una cuestión de honor. Eliminar esos rastros en Internet o, al menos, relegarlos a la tercera página de resultados de búsqueda en Google, se traduce en la posibilidad de borrar pruebas incriminadoras para futuras investigaciones judiciales y periodísticas, o de salir ilesos ante cualquier chequeo de due diligence que lleven a cabo entidades bancarias para seguir haciendo negocios con los señalados.

Hay mucho en juego allí. Así que el negocio de Eliminalia ha continuado prosperando con clientes y prospectos dispuestos a pagar miles de euros por sus servicios. 

Aunque esta no es la primera investigación internacional que se publica sobre Eliminalia y sus tácticas, ni la primera en revelar algunos nombres de sus clientes, los documentos de la filtración ofrecen una visión más completa sobre sus operaciones y servicios, una lista más amplia de quienes les contrataron, y permite confirmar que en su cada vez más amplio repertorio de recursos figuraban la intimidación de medios y periodistas, con amenazas de acciones legales, o la generación de falsas solicitudes de derechos de autor a Google para activar los mecanismos previstos en la ley estadounidense DMCA, que protege a los propietarios intelectuales de contenidos en soportes electrónicos.

Los usos maliciosos de esos servicios rebasan por mucho a sus potenciales usos honestos. Por eso Eliminalia, que asegura en sus presentaciones que ayuda a eliminar “información no deseada o errónea” para clientes con “derecho al olvido”, a la postre atrajo una clientela a escala global que incluye a estafadores, empresas de software espía, torturadores, criminales convictos, políticos, empresarios corruptos y, en general, gente con reputaciones problemáticas. Venezolanos, entre ellos.

Blancura digital

Los dos trinos de aquel día de julio de 2017, que señalaban a Ruiz Mazzeo y Koury Guevara, hoy no se consiguen en la red social. Solo perdura el texto en algunos medios digitales que lo copiaron como parte de la noticia publicada sobre la investigación contra la constructora.

Eliminalia no los borró; no hizo falta. La cuenta @MPvenezolano dejó de existir después de la destitución de Luisa Ortega Díaz como Fiscal General en agosto de ese año, 2017, por parte de la írrita Asamblea Constituyente, electa el 30 de julio. La disidente Ortega Díaz terminaría en el exilio, primero en Colombia y hoy en España, mientras Tarek William Saab la sustituía en el cargo, que todavía ostenta.

Meses antes, a comienzos de 2017, la Fiscalía de Ortega Díaz había iniciado la indagación sobre casos de corrupción, contrataciones irregulares y fraude en torno a la Faja Petrolífera del Orinoco, a partir de una investigación mayor que venían realizando sobre Pdvsa y quien fuera su presidente durante 11 años, Rafael Ramírez Carreño, también exministro de Energía. Los fiscales enfocaron sus indagaciones en la gestión de Pedro José León Rodríguez (2010-2016) como director ejecutivo de la Faja y, a medida que avanzaban, surgió el nombre de Constructora Conkor, relataron dos fuentes familiarizadas con el caso.

La Fiscalía identificó, tras el allanamiento a las oficinas de la empresa en Lechería (un suburbio turístico y de clase media de la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela), que entre 2004 y 2012 existían contrataciones directas de Conkor con Pdvsa y las empresas mixtas de la faja, como Petrojunín, Petrocedeño, Petroguárico, Petrocarabobo, Petromiranda, Petrovictoria, Petropiar, Petrodelta, Petrolera Sinovensa y otras más, por más de 650 millones de dólares, sin que las acompañaran los debidos soportes sobre la culminación de las obras, de acuerdo con un informe del Ministerio Público obtenido por Armando.info.

Además, entre los más de 80 contratos identificados, había decenas con la gobernación de Anzoátegui durante la gestión del entonces gobernador Tarek William Saab, entre 2004 y 2012. Saab es el mismo funcionario del chavismo que hoy encabeza la Fiscalía General de la República.

La información sobre la constructora, generada a partir de la publicación de las órdenes de imputación y su presunta relación con el actual fiscal general, eran justamente los rastros que sus directivos, Koury Guevara y Ruiz Mazzeo, solicitaron enterrar en la red. Hicieron solicitudes expresas para buscar y retirar, en Google Venezuela y Google Estados Unidos tanto los nombres de ambos socios como los de sus emprendimientos, así como desindexar y eliminar más de 100 links molestos relacionados con esos nombres.

Los documentos de Eliminalia evidencian que, según se ejecutaba el trabajo solicitado, se posicionaban en los primeros resultados de búsqueda en Google las publicaciones positivas sobre ambos socios, sobre todo de Ruiz Mazzeo. Pero también demuestran que, a pesar de la inversión de miles de euros, el trabajo de Eliminalia no resultaba siempre tan efectivo, pues aún se consiguen varias de esas noticias inconvenientes en Google. En todo caso, las tácticas de Eliminalia no se reducían a desindexar o eliminar links.

La organización sin fines de lucro Qurium, que desde Suecia ofrece servicios de seguridad digital, incluido el alojamiento de medios independientes, y que ha recibido solicitudes de Eliminalia, identificó 622 sitios web que la empresa española creaba y usaba para blanquear la reputación de sus clientes, y la compartió con los socios del proyecto Story Killers. La lista permite ver cómo Eliminalia creó direcciones parecidas a medios de comunicación legítimos y reconocidos: por ejemplo, CNN News Today o lemonde-france.fr. Relacionadas con Venezuela, maneja denominaciones de sitios como El Nacional Actualidad o Noticias 24-7, entre otras. Con esto podía crear contenidos positivos para sus clientes, publicarlos en esas páginas web falsas y manipular los resultados de búsqueda. 

Investigación congelada

Conkor sigue activa y habilitada para contratar con el Estado venezolano según el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. De modo que podría decirse que el trabajo de Eliminalia tuvo efectividad, o que los propietarios de Conkor se salieron con la suya.

Además de Conkor, Koury Guevara es socio de otras siete constructoras del estado Anzoátegui, en varias de ellas con Ruiz Mazzeo, con las que tienen contratos con Pdvsa y entes de la gobernación de Anzoátegui, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Una de esas empresas, llamada Constructora Ingeservice, tuvo un contrato en 2020 para la “remodelación de oficinas” de Conkor en 2020, luego de todo el escándalo.

De sus otras filiales en el exterior, Conkor USA LLC, con sede en Texas, fue disuelta en junio de 2022; Conkor International SAS, ubicada en Cartagena, Colombia, está en proceso de liquidación, y Constructora Conkor CA, sucursal Colombia, permanece “cancelada” desde diciembre de 2018. Koury Guevara compró una propiedad en Key Biscayne, el lujoso sector insular de Miami, junto con su esposa, en septiembre de 2014, por un monto de 1,85 millones de dólares. Hoy, el inmueble está valorado en 3,95 millones de dólares.

La manera como se manejó judicialmente el caso de Constructora Conkor llegó al conocimiento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que verifica los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias en Venezuela. En específico, mencionó la detención de uno de los fiscales que investigó las irregularidades en las contrataciones de Conkor con Pdvsa, Luis Sánchez.

El informe de la Misión, de septiembre de 2021, resume cronológicamente lo ocurrido con Sánchez, quien estuvo en prisión desde agosto de 2017 hasta finales de 2021, tras ser acusado de pertenecer a una presunta red de extorsión que actuaba desde el Ministerio Público durante la gestión de Ortega Díaz y que habría quedado al descubierto con la llegada de Saab. Diosdado Cabello, convencionalmente considerado el número dos del régimen chavista, fue quien lideró la denuncia. “En noviembre de 2018, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento y el archivo judicial de una causa en la que estaba implicado el propio Fiscal General”, dice textualmente el informe.

La faja que no aprieta

Los nombres de Nabetse del Valle Vásquez Gómez, Nelson Bustamante Abidar y los hermanos Pérez Abad se cruzan en los documentos internos de Eliminalia. Los tres venezolanos solicitaron los servicios de esta empresa que, por cierto, tiene sus oficinas principales en Barcelona, España, lejos de la Barcelona venezolana que han de conocer mejor, pues es la capital del estado Anzoátegui, donde confluyen sus negocios.

Las publicaciones que Vásquez Gómez quiso limpiar con Eliminalia se refieren, sobre todo, a tuits donde la asocian con los directivos de Conkor, también por presunta corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco. Pero más allá de esa relación, que no pudo ser confirmada de manera independiente por los reporteros de esta historia, Vásquez Gómez formó parte de la directiva de siete compañías inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, de las que cinco también tuvieron contratos con las empresas de la faja, como Sinovensa, Petrocedeño, Petromiranda y Petropiar. Además, en cuatro de esas compañías también estuvo como socio Bustamante Abidar.

El contrato de Vásquez Gómez con Eliminalia, incluido en la filtración, tiene fecha de octubre de 2018. Allí declaró como lugar de residencia Santo Domingo, República Dominicana, país donde también tiene empresas registradas: Mendiri-Vasquez Petroleo RD e Inversiones Mendiri Vasquez, ambas creadas en 2015 junto con Gustavo Mendiri Borges, un abogado ligado al deporte bien conocido en el oriente venezolano, pues ha pasado por las directivas de Caribes de Anzoátegui (béisbol), Marinos de Anzoátegui (básquet) y los clubes de fútbol Deportivo Anzoátegui y Monagas Sport Club. 

Vásquez Gómez también figura como directora de la empresa panameña Energy Processing & Recycling Inc. en la que entró junto a Gassan Salama Ibrahim en abril de 2013, cuando las compañías de la venezolana obtenían cuantiosos contratos con Pdvsa. Gassan Salama es un empresario de nacionalidad panameña que fue beneficiado por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), holding encargado de centralizar las importaciones públicas para la importación de comida para los Comité Locales de Abastecimiento Producción (CLAP), un programa estatal de alimentos subsidiados.

Un trabajo de Armando.info sobre Salama Ibrahim, detalló que el comerciante reprodujo en sus redes sociales una foto de 2016 en la que aparecían el entonces ministro de Comercio venezolano, Miguel Pérez Abad, junto al presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda, en el momento que pactaron la compra de alimentos para los CLAP con autoridades panameñas.

En junio de 2016, Vásquez Gómez fue detenida bajo cargos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales, de acuerdo con una sentencia de la Corte de Apelaciones de Anzoátegui. Sin embargo, pocos días después fue puesta en libertad, ante la falta de pruebas en su contra. En el caso investigado entonces, Vásquez Gómez había hecho dos pagos para la estadía de una embarcación, de nombre Open Bar, en la que se encontraron dos envoltorios con cocaína. En esa oportunidad, Mendiri Borges fue uno de sus abogados.

Bustamante Abidar, en cambio, contactó a Eliminalia desde Estados Unidos, al igual que Juan Carlos Pérez Abad, uno de los hermanos del exministro Miguel Pérez Abad, actual presidente del Banco Bicentenario.

Doce empresas inscritas en Anzoátegui y en el Registro Nacional de Contratistas tuvieron como socio a Bustamante Abidar. Su historia con Pdvsa es similar a la de su socia Vásquez Gómez: al menos cinco de esas compañías prestaron sus servicios en la faja y otras para la gobernación de Anzoátegui. Los artículos “negativos” que Eliminalia detectó para este venezolano en 2018 (hay registro de cuatro contratos firmados en distintos meses de ese año) hacían referencia a la detención del exdirector ejecutivo de la faja, a una presunta investigación en su contra en Estados Unidos y República Dominicana por sus negocios con la estatal petrolera venezolana, y a una denuncia presentada ese mismo año contra los hermanos Pérez Abad, en la que también se mencionaba a Bustamante Abidar.

En esa oportunidad, la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (Fundeproredive) consignó ante el Ministerio Público un documento donde solicitaba investigar a los hermanos Pérez Abad y su entorno cercano por presuntos delitos relacionados con una red de empresas. 

Aunque en la lista de clientes de Eliminalia solo aparece Juan Carlos Pérez Abad, en realidad los tres hermanos (Teodoro y Miguel Ángel completan la tríada) firmaron cada uno un poder o contrato con Eliminalia, y casi todos los 20 links que pidieron desindexar o borrar se referían a esa denuncia.

Algo curioso dentro de la lista de documentos relacionados con los Pérez Abad es el contrato firmado por Milagros del Carmen Vizcaíno Villalba con Eliminalia -en la misma fecha que los hermanos empresarios- y las búsquedas que hizo la empresa española con las palabras claves “Mayor Integral de Procura”, compañía donde Vizcaíno Villalba tuvo un cargo directivo. Ninguno de los Pérez Abad aparece como socio de esta empresa que, de acuerdo con el RNC, tuvo contratos con empresas de la faja y, a su vez, tuvo entre sus clientes a Empire Oriente y N&G Ingenieria CA, dos empresas de los hermanos Pérez Abad.

También solicitaron eliminar información sobre otra compañía llamada Global Óleos, donde tampoco tienen participación societaria, y que también se benefició con contratos de la faja. La sociedad, además, tuvo entre sus clientes a dos compañías pertenecientes a Bustamante Abidar, llamadas Acero Mall y Contractors.

Juan Carlos Pérez Abad no respondió a las solicitudes de entrevista enviadas por Armando.info el pasado 14 de febrero. Tampoco dieron respuesta Bustamante Abidar,  Vasquez Gómez ni los socios de Constructora Conkor, Koury Guevara y Ruiz Mazzeo.

Profesionales del escondite

Los miles de documentos filtrados permiten observar en profundidad el abanico de servicios ofrecidos por Eliminalia. Se trata de sus primeras acciones implementadas hace más de cinco años, consistentes en enviar correos electrónicos solicitando, en nombre de leyes de la Unión Europea, borrar nombres o tumbar una historia completa de la web por afectar a un cliente. A esto se suma la eliminación de links y desindexación apoyándose en la creación de más de 600 sitios web para publicar y compartir material entre ellos, hasta llegar a una manera más sofisticada de censurar: llenar ellos mismos los formularios de reclamación de derechos de autor para Google y asegurar, de esa manera, la remoción de una información de interés público.

“Manipulan los resultados de las búsquedas. Esa es la palabra clave”, señaló Tord Lundström, director técnico de la organización Qurium, a los periodistas del proyecto Story Killers, liderado por Forbidden Stories.

“No se trata de no existir, se trata de no ser encontrado. No se trata de eliminar cosas, se trata de no ser capaz de encontrarlas. Y esta es una nueva definición agradable de la censura. Funciona con la desinformación, con noticias falsas, con la política. Internet es un lugar fantástico, definitivamente puedes encontrar cualquier cosa si sabes cómo, pero para la gente normal si la forma predeterminada de encontrar cosas no deja ver, eso significa que las cosas no se pueden encontrar. Son profesionales de esconder cosas”, continuó explicando en referencia a Eliminalia.

La empresa no respondió las solicitudes de comentarios enviadas por el consorcio.

Otro cliente venezolano se desprende de los documentos asociados a María Eugenia Baptista Zacarías, esposa del exministro Haiman El Troudi, que muestran el uso de todas las estrategias de Eliminalia para desaparecer información, desde los correos amenazantes hasta la más sofisticada manipulación a su antojo de la ley norteamericana DMCA. En representación de El Troudi, como queda reflejado en las comunicaciones internas de Eliminalia, Baptista Zacarías pidió eliminar al menos 61 links de medios venezolanos como Tal Cual, Efecto Cocuyo, Runrun.es, El Pitazo, El Impulso, La Gran Aldea, Punto de Corte, Armando.info, así como de los internacionales DW, Reuters, Nuevo Herald y AP, entre otros. La “limpieza” no fue solo para artículos referidos a El Troudi, sino también a su suegra, Elita Zacarías, y a la propia María Eugenia Baptista.

Tanto Baptista como su madre fueron imputadas por el Ministerio Público (en 2017, antes de la salida de Ortega Díaz), por hechos de corrupción relacionados con Odebrecht, otra decisión sorpresiva para el chavismo, que respondió con una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, la número 537, que limitó la potestad del Ministerio Público de imputar a personas acusadas de cometer algún delito. A partir de esa sentencia solo se puede imputar a alguien con la presencia de un juez. La decisión, de acuerdo con la organización Acceso a la Justicia, promueve la impunidad. Algo que también promueve Eliminalia.

Por todas las solicitudes de limpieza en Internet, Baptista Zacarías pagó 30.000 euros, apenas un pequeño monto, ínfimo, si se compara con los 1,5 millones de euros que el matrimonio invirtió en la compra de un inmueble en la zona más cara de la capital de Portugal, y con los 90 millones de dólares que, según investigaciones internacionales, la brasilera Odebrecht depositó al entorno cercano de El Troudi.

Los fiscales suizos siguieron la ruta del dinero de las empresas offshore de Odebrecht en los bancos helvéticos y, entre tantas transferencias dudosas, saltaron a la vista varias que habían aterrizado en una maraña de cuentas asociadas al grupo Decsa (Diseño, Estudio y Construcciones S.A.), una constructora venezolana que figura en la lista de subcontratistas de la tantas veces prometida y nunca concluida Línea 5 del Metro de Caracas.

Para el momento en que remitieron la carta, los fiscales se habían encontrado con una suma de más de más de 21 millones de dólares en 11 cuentas bancarias cuyos nombres y depósitos, cuando menos, llamaron la atención: “En el estado actual de la investigación, resulta que, con fecha del 7 de octubre de 2009 se ingresó en la cuenta num 305.3800 del banco Julius Bär & CO SA a nombre de la sociedad DISEÑO ESTUDIO y CONSTRUCCIONES SA (DECSA), atribuible a Francisco Lino RAMÍREZ ARTEAGA y su familia, con firma para Thomas HACKER, un importe de USD 300,000, provenientes de la cuenta bancaria a nombre de la sociedad CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, sociedad atribuible al grupo ODEBRECHT y que operaba como «caja negra»". 

Eso apuntó, en el original en italiano, el fiscal federal de la Confederación suiza, Stefano Herold, el 3 de julio de 2017, en un documento de transmisión voluntaria de información que envió a Caracas mediante la embajada de su país, con el propósito de colaborar para que la Fiscalía General de la República de Venezuela terminara el trabajo. En la carta advertía que “se han comprobado ulteriores transferencias de dinero a las sobredichas cuentas a nombre de DECSA”.

Se trata de un documento que hasta ahora había permanecido guardado en alguna gaveta del Centro Villasmil de la parroquia Candelaria de Caracas, en las oficinas de la Fiscalía 55 Nacional, y que hoy muestra que –casi seis años después– siguen apareciendo nombres y depósitos que dan cuenta de la hemorragia de dinero en la que se convirtieron las más de 30 obras que Odebrecht prometió en Venezuela, la mayoría sin terminar.

Lazo doble

Al frente de la constructora Decsa figura el matrimonio de Francisco Ramírez y Carmen López. “Resulta que Carmen Josefina López Arismendi es o fue vicedirectora general de la oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela”, prevenía Herold, el fiscal suizo, en su misiva. Pero en lo que no reparó el fiscal suizo en esa oportunidad fue que el nombre de Ramírez, el cónyuge de López, está ligado al del entonces, en la actualidad y en dos períodos, jefe de la policía política del chavismo, el general Gustavo González López.

El ahora empresario, Francisco Lino Ramírez Arteaga, del grupo Decsa, antes había sido el funcionario Francisco Ramírez –a secas– que, entre 2007 y 2009, destacó como vicepresidente de Grandes Obras del Metro de Caracas, cuando ese organismo estaba en manos del actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), González López. Poderoso y en apariencia inamovible de la cabeza de los servicios de seguridad e inteligencia del Ministerio del Interior, González López fue uno de los primeros funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y hasta la propia Suiza, como responsable de la represión y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Su gestión ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian torturas y abusos dentro de la policía política. Destaca como uno de los artífices de la represión y las más de 170 víctimas fatales que suman las protestas de los años 2014 y 2017. Pero, por encima de todo, su nombre se asocia –como máxima autoridad del Sebin que era entonces, como hoy– a uno de los capítulos más sórdidos de la represión chavista: la muerte del concejal por Primero Justicia en el municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, cuyo cuerpo sin vida cayó al asfalto el 8 de octubre de 2018 desde el décimo piso de la sede central del Sebin en Plaza Venezuela –centro geográfico de Caracas–, en un episodio que el gobierno se apresuró a calificar como un suicidio, pero del que opositores, activistas y defensores de derechos humanos no dudaron en denunciar como una cruel ejecución. A la larga y tras la presión de los denunciantes, la fiscalía obediente al chavismo, encabezada por Tarek William Saab, accedió a acusar y llevar a juicio a dos funcionarios del Sebin por el crimen.

“Representa el rostro de la tortura y los crímenes contra los DD.HH. en Venezuela”, reseñó el diario El Comercio de Lima en el año 2019 en un perfil sobre el general en jefe . 

La puerta giratoria de Francisco

La hemeroteca de la época advierte que Ramírez Arteaga y González López ya habían sido denunciados como participantes de un caso de irregularidades administrativas por la renovación de los vagones de la Línea 1 del Metro de Caracas, adjudicada sin licitación ya no al histórico grupo francés Frameca –consorcio ad hoc que hasta entonces había provisto los vagones del Metro desde su fundación– sino a un nuevo consorcio conformado por las ibéricas Cobra, Dimetronic y Constructora Hispánic. El negociado no solo dejó rastros en el escándalo de la Banca Privada d’Andorra, sino que motivó un reclamo por parte de España, que ahora demanda una deuda de 155 millones de dólares por incumplimiento de contrato -y también dejó secuelas en la calidad del servicio, por culpa de un proyecto de modernización del sistema jamás acometido por completo-.

No hay muchas referencias del caso en la Web. Pareciera que el nombre de Ramírez desapareció de la faz de Internet después de un barrido digital. A esa conclusión ya había llegado por su parte el periodista Manuel Isidro Molina tras varios años denunciando el caso en sus columnas del diario La Razón.

“El vicepresidente de grandes obras de Cametro era entonces, el ingeniero Francisco Ramírez, quien renunció al cargo después que el presidente Chávez firmó la partida solicitada, y se fue a España a fraguar el doloso contrato”, afirmó Molina en un foro de Aporrea -el sitio en Internet del chavismo disidente- de abril de 2018, en una de las pocas columnas del caso que aún se consiguen en línea. A pesar del desaguisado, la puerta giratoria condujo a Ramírez desde la burocracia del Estado a la gerencia de una de las empresas que recibió depósitos irregulares de las offshore del Departamento de Operaciones Estructuradas, el eufemismo con el que Odebrecht llamó a su división de sobornos.

Maduro inauguró en 2015 la estación de Bello Monte como la primera de la Línea 5 del Metro de Caracas. Siete años después, no hay más. Crédito: Youtube/Haiman El Troudi

No fue posible contrastar estos datos con el propio Ramírez. No atendió ninguno de los llamados telefónicos que para esta cobertura le hizo Armando.info; como tampoco recibió las peticiones de información dirigidas a la sede del grupo Decsa, en el piso 3 del edificio Primero de la calle París de Las Mercedes, una zona empresario-comercial y bohemia del sureste de Caracas. De hecho, en las oficinas ahora hay otro grupo y sobre el papel, la compañía existió apenas durante cinco años. Ese lustro va desde el 5 de junio de 2007, cuando constituyeron la firma ante el Registro Cuarto del Distrito Capital y Miranda –nada más unos días después de que Ramírez saliera del Metro de Caracas–, hasta noviembre de 2012, cuando resulta vendida, a escasos dos años de los últimos contratos que firmó con Odebrecht.

Según la escasa información que se lee en el Registro Nacional de Contratistas, el grupo Decsa trabajó para la Constructora Norberto Odebrecht en la “excavación de fosos”, “estabilización de taludes” y “arrendamiento de equipos”. La página web de la empresa presenta a su grupo como una compañía ahora establecida en Panamá, para cuyo público muestran un catálogo con obras de Venezuela que –paradojas de esta historia– incluye una de las emblemáticas fosas de la Línea 5 que quedaron a medio hacer en plena urbanización Chuao, en el sureste de Caracas, y que debieron ser parte de la línea que terminaría de comunicar el este de Caracas con Colinas de Bello Monte al sur del cauce del río Guaire.

La Línea 5 del Metro de Caracas es hoy una de las 17 obras de infraestructura, entre 32 asignadas a Odebrecht por el régimen chavista, que quedaron por hacer. La omisión redujo a la llamada Línea 5 a una sola estación, la de Colinas de Bello Monte. Una obra cuando menos exótica, que Maduro inauguró apurado en noviembre de 2015, entre bombos y platillos, como la primera piedra de un proyecto que descongestionaría la Línea 1 del Metro de Caracas, y en medio de una campaña electoral para la escogencia de los diputados de la Asamblea Nacional, que el oficialismo perdería por paliza.

“Misión cumplida. Ha iniciado operaciones la línea 5 del Metro de Caracas en su primera estación”, manifestó el 4 de noviembre de 2015 desde uno de sus andenes, en el afán de mostrar obras. “Ese es el compromiso que tenemos para el próximo año 2016, 2017 y 2018: inaugurar el resto de la Línea 5”.

Una Venezuela de fantasía

Ni la Línea 5 pasó de Bello Monte ni la mayoría de las obras se materializaron. Si bien en todos los países donde la constructora hizo negocios se pagaron sobornos a cambio de sobreprecios, los proyectos de Venezuela –donde los brasileños, al calor de la relación tórrida del comandante Chávez con los gobiernos consecutivos del PT, con Lula Da Silva y Dilma Roussef en la presidencia, consiguieron más contratos que en ninguno de los otros 11 países de la órbita Odebrecht, diferente al propio Brasil– dieron lugar a un cementerio de elefantes blancos.

El comandante Hugo Chávez esposó el futuro del país al de Odebrecht. Una empresa entonces de renombre, para la que no escatimaba halagos que le permitieran dibujar –y anunciar– el mapa de una Venezuela rutilante con no uno, ni dos, sino hasta tres puentes sobre el río Orinoco; otros dos puentes sobre el Lago de Maracaibo, ubicado en el estado Zulia, en la parte más occidental del país; y una retahíla de vías férreas que integraran en una sola el área metropolitana de la llamada Gran Caracas, comprendiendo ahora los ahora los suburbios capitalinos en Los Teques y las ciudades-dormitorio de Guarenas, Guatire y los Valles del Tuy.

El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía renovado y ampliado fue una de las pocas obras concluidas. Su estampa sirvió para darle credibilidad y prolongar la lista de promesas con plantas de etanol y energías limpias en los Llanos venezolanos; una refinería de crudos para la faja petrolífera del Orinoco e instalaciones de gas en Anzoátegui, al oriente del territorio nacional. Un país grandilocuente que no pasó de catálogos y mapas. Ni hablar de la central hidroeléctrica de Tocoma, al sur, en el estado Bolívar, cuya operación habría salvado al país de los apagones que se agravaron precisamente después de que comenzara el escándalo del caso Lava Jato.

El inventario de Odebrecht en Venezuela suma un presupuesto de más de 20.000 millones de dólares de los que ninguna autoridad ha rendido cuentas. "Son 22.000 millones de dólares involucrados en contrataciones, más del doble de las reservas internacionales de Venezuela, suficientes para pagar toda la deuda comercial que tiene el país", declaró Juan Guaidó el 24 de agosto de 2017 –mucho antes de pensar proclamarse como presidente interino– entonces al frente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Un tal Luis

Pero cualquier auditoría tendría dificultades para precisar el tamaño del botín de Odebrecht en Venezuela. Aún si se cuenta con los contratos suscritos, para determinar el monto definitivo habría que considerar las múltiples y consecutivas adendas incorporadas sobre la marcha, así como las redundancias y simulaciones de contratos o alquileres de equipos que ni por disimulo llegaron al país, o, que quedaran trazas de compras de obras de arte que pagaron las offshore de la corrupción en las más prestigiosas galerías de Caracas. Incluso, que las contratistas aprovecharan pagos a tasa de dólar oficial –según se pudo confirmar en la nunca concluida central hidroeléctrica de Tocoma– para luego revenderlos en el mercado negro azuzando el fuego de la inflación de esos años. 

Llegaron hasta falsificar la firma del propio Hugo Chávez cuando desapareció de la esfera pública para tratar su cáncer terminal en La Habana, Cuba. En eso coincidieron los dos principales directivos de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, cuando se sumaron a los otros 76 testigos que colaboraron en el programa de delaciones premiadas que en diciembre de 2016 llevó la justicia brasileña.

El testimonio del director superintendente de Odebrecht para la región Caracas, Alessandro Dias, explica cómo conspiraron con un funcionario del Metro de Caracas, llamado Luis Delgado, que luego apareció como socio de la esposa de El Troudi en cuentas bancarias de Suiza. Crédito: Youtube/Armando.info

Ambos mencionaron a un lobbista o cabildero de nombre Luis Delgado, que pasó de ser funcionario del Metro de Caracas a una suerte de caballo de Troya con el que –desde adentro– infló y truncó contratos y pagos por más de 100 millones de dólares. “Pasamos a tener acceso privilegiado a minutas de Puntos de Cuenta, y pudimos influir y cambiar inclusive la redacción”, confesó Euzenando Azevedo, el ya célebre director de Odebrecht en Venezuela. “En la elaboración, Luis Delgado era quien conseguía hacer el borrador. Yo le decía: ‘Nos interesa más eso, (…) esa obra necesita más recursos, esa de aquí requiere de poco dinero’”, agregó el segundo a bordo de la constructora brasileña en Caracas, Alessandro Dias. 

El Troudi & Cia

El de Delgado fue un nombre común que pasó inadvertido hasta que apareció en Suiza en medio de un grupo de cuentas bancarias a las que estaban destinados pagos sospechosos de varias de las offshore que los brasileños emplearon para el trabajo sucio. La sorpresa fue encontrar sus datos en un tinglado de ocho cuentas bancarias con más de 40 millones de dólares, que compartía en 2017 con dos prominentes damas venezolanas: María Eugenia Baptista Zacarías y Elita del Valle Zacarías Díaz, esposa y suegra del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, respectivamente.

Conocido como uno de los integrantes del grupo de “ideológicos” del chavismo, El Troudi se estrenó en 2005 en el gabinete de Chávez como director del Despacho de la Presidencia de la República. Dos años después destacó entre los fundadores del Centro Internacional Francisco de Miranda, un think tank del chavismo, de donde pasó a coronarse primero como ministro para la Planificación y el Desarrollo. Luego iniciaría una carrera en Infraestructura, que empezó en el Metro de los Teques, más tarde siguió en el Metro de Caracas y, finalmente, quedó a cargo de toda esa cartera.

Datos parciales de la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, dan testimonio de al menos 142 millones de dólares que los brasileños desviaron en comisiones ilegales solo entre 2011 y 2014. El derrame de fondos públicos tuvo que ser mayor, pero semejante cifra –la que se ha podido computar– lleva precisamente a esos años en que El Troudi estuvo a cargo de los proyectos de un país que no fue.

En ese laberinto de operaciones millonarias destacan 36 transferencias que, entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, sumaron 92,1 millones en las cuentas bancarias de una firma llamada Cresswell Overseas de la que salieron varios depósitos a las cuentas que la esposa de El Troudi tenía en Suiza.

Ha sido imposible obtener alguna respuesta de su parte. Desde hace tres años El Troudi ha ignorado todos los correos electrónicos, llamados telefónicos y mensajes por Whatsapp y redes sociales que se le han dirigido de modo de contar con su versión sobre estos pagos de Odebrecht. Los intentos han incluido hasta cartas remitidas a través de su propia plataforma electrónica.

Pero el silencio también es una respuesta. El ex ministro y ex diputado ha preferido aguantar la tormenta y apelar al bajo perfil frente a la avalancha de documentos y filtraciones que han mostrado a su esposa primero como cliente de la banca suiza, luego como propietaria de un privilegiado apartamento en Portugal y, finalmente, como beneficiaria de una visa dorada que pagó para salir de Caracas a Lisboa.

Si El Troudi confía en que no lo van a investigar, esa apuesta consiguió pronto premio en Venezuela. En una sentencia del 13 de diciembre de 2017, el juez Luis Marcano Sarabia, a cargo del Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Control de Caracas, desconoció las investigaciones que había enviado la justicia suiza.

Tal vez por eso el exministro ahora se vende en sus redes ya no como el feroz teórico chavista de otros años, sino como un “apasionado de lo afirmativo venezolano”. Un funcionario desdoblado en humanista que hoy privilegia titulares cándidos en la página web que presenta con su nombre, https://haimaneltroudi.com/: “Claves para entender los transgénicos, ¿solución o amenaza?”; “Los alegres colores del ave del paraíso y el riqui riqui”; “Monumento Natural Abra Río Frío, exuberante corredor ecológico”; “Nanorobots para limpiar el agua de metales pesados y pesticidas”.

Por la prominencia de El Troudi, su banda es probablemente la más mencionada cuando de repasar a los benefiados por los pagos encubiertos de Odebrecht en Venezuela. Pero no es la única.

En los juicios de Brasil, Euzenando Azevedo, auténtico virrey de Odebrecht, evitó siempre referirse a esos pagos como “sobornos”, pero como hizo con Luis Delgado, mencionó también a Héctor Dáger como comisionista. Lo que no dijo entonces es que él compartía firma en cuentas bancarias en Suiza con el mismo Dáger que había señalado.

Solo la offshore Innovation Research Engineering and Development muestra más de 14 millones de dólares, que Odebrecht depositó entre 2012 y 2014 desde el Meinl Bank de Antigua y Barbuda a varias cuentas de Dáger en Suiza.

El superintendente de Odebrecht en Venezuela mencionó al venezolano Héctor Dáger como comisionista, pero nunca dijo que compartían cuentas en Suiza. Crédito: Youtube/Armando.info

A diferencia de sus pares, Azevedo reportaba directamente al presidente ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, en lugar de rendir cuentas a la Vicepresidencia de África y América Latina, como correspondía según el organigrama corporativo. Un privilegio que explica su rol en la trama local de la compañía, y el de Venezuela en su esquema global de negocios; pero aún más elocuente para expresar la hazaña completada por Azevedo al lograr meterse al mismísimo Chávez en el bolsillo.

Gerencia de seducción

Discreto, como corresponde a un buen conector y hombre de negocios, pero provisto de la proverbial simpatía brasileña, supo transitar sin hacer bulla por los vericuetos de las esferas bolivarianas. Tanto que el propio Chávez nunca escatimó elogios y buenas palabras para él. “Grande amigo”, le dijo públicamente el 13 de noviembre de 2006 mientras resaltaba su papel durante la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco. “Para Euzenando un abrazo muy especial y una felicitación pero muy, muy especial, por su voluntad de acero, inquebrantable en el impulso de la obra y de las distintas obras que estamos adelantando en Venezuela”.

Pero esa historia de fraternidad entre el comandante revolucionario y el procónsul empresarial tenía otro costado, que apenas pudo aflorar tras la muerte de Chávez. Quienes llegaron a hablar con Azevedo, destacan que el brasileño había hecho propios algunos giros coloquiales del castellano de Venezuela para referirse a su situación: descubrió que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y el resto del anillo más cercano al comandante, le tenían "arrechera" (o "rabia"), y que con el estallido del caso Lava Jato se había armado un "zaperoco" (lío). Por fin esos hallazgos y valoraciones debieron abrir paso a un plan de salida de Venezuela. En 2013, tras la llegada de Nicolás Maduro al poder, Euzenando Azevedo abandonó el país, que por unos años había sido su pequeño obispado. Maduro no quería saber nada más del brasileño que, a sus espaldas y en su contra, había hecho aportes a la campaña presidencial del candidato opositor, Henrique Capriles Radonski.

Azevedo lo admitió ante los fiscales brasileños, a los que dijo que gestionó 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Nicolás Maduro y a la vez otros 15 millones para el comando de Henrique Capriles en 2013. Se cuidó de mencionar comisiones a funcionarios.

Euzenando Azevedo, auténtico virrey de Odebrecht en Venezuela, confesó en los juicios de Brasil cómo dieron $35 millones para la campaña de Maduro. Crédito: Youtube/Armando.info

Probablemente confiaba en que ninguna autoridad venezolana investigaría sus palabras. Después de todo, el embajador de Odebrecht en Caracas bien supo cómo se movían los hilos del poder en el andamiaje chavista. Es bien sabido que tenía puerta abierta en el Palacio de Miraflores y contaba con un pase más poderoso que el de muchos locales, Azevedo fue testigo de excepción de la debacle de un país boyante.

Ahora, desde su natal Pernambuco, al oeste de Brasil, pasa de largo. Se mantiene al margen no solo de Venezuela sino también de la propia Odebrecht, que le quitó el apoyo legal tras el reportaje de Armando.info que mostró cómo cobró parte de las coimas que él mismo gestionaba. Aunque no reaccionaron formalmente, en la compañía confesaron que no sabían de ello. Venezuela, aseguran, era un feudo aparte encargado a quien hasta hace poco veían en el cuadro de honor de la compañía.

Pero si Euzenando Azevedo supo siempre cultivar la discreción, Odebrecht también, que la elevó a la categoría de un activo corporativo. En relación con Venezuela, todavía hoy hay codinomes (sobrenombres) que faltan por descifrar para conocer la identidad de funcionarios que recibieron tajadas. La empresa, antes bajo la denominación de Odebrecht y ahora con su nueva marca de Novonor, no ha entregado el equivalente a una Piedra de Rosetta para resolver el misterio. El grupo brasileño se inhibe de hacerlo alegando que la justicia de cada país es la responsable de solicitar y colaborar con un acuerdo que llevara cada ilícito a los tribunales y, por lo tanto, les lleve a su vez a hacer esa revelación.

A diestra y siniestra

Allí quedaron asentados seudónimos tan llamativos como el de un tal Cabelo. La empresa ha sabido esquivar todas las solicitudes –formales e informales– que buscan confirmar si se trata de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo. Aunque no se ha precisado si cobró sobornos, se sabe de cualquier forma que sí estuvo en la lista de políticos que financiaron sus campañas electorales por cuenta de Odebrecht.

Si bien no precisó montos, la constructora de Brasil señaló que en la Venezuela chavista y del interminable conflicto político se las arregló para financiar campañas de gobernadores y alcaldes tanto de gobierno como de oposición. Fue así como apoyaron a los oficialistas Diosdado Cabello, Elías Jaua, Francisco Rangel Gómez, Francisco Garcés, William Lara, Gian Carlo Di Martino y Farith Fraija. También a los opositores Manuel Rosales, Pablo Pérez, Carlos Ocariz y Antonio Ledezma.

No podía ser menos con Chávez. Uno de los primeros testimonios desclasificados en los tribunales brasileños fue el de la pareja de Mónica Moura y Joao Santana, gurúes en el mundillo de la asesoría electoral. No solo revelaron que –con cargo a Odebrecht y a otras contratistas brasileñas– habían cobrado 35 millones de dólares por la última campaña del “Comandante Presidente”, sino que incluso parte del dinero fue recibido en las oficinas del alto gobierno con maletines de dinero en efectivo que iban y venían. Algunos fueron entregados por el entonces canciller, Nicolás Maduro. 

“Él me mandaba a buscar con carros blindados –dos camionetas americanas, una adelante y otro atrás– y me llevaban a Cancillería. Entraba por el garage, los vigilantes subían conmigo y me dejaban esperando. Después él me llamaba a la sala y conversábamos un poco de política y después él mismo me entregaba el dinero”, declaró Moura en mayo de 2017.

La corte de Luisa Ortega

El corolario de esta historia ya es bien sabido: en Venezuela, donde se pagaron sobornos por obras que nunca se terminaron, para colmo, tampoco procesaron a los responsables.

Poco antes de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz abandonara el país en agosto de 2017, algunos de sus subalternos iniciaron investigaciones que rápido se quedaron en el aire. Un año después, la “fiscal rebelde” apareció desde el exilio, en Bogotá, improvisando un juicio al propio Nicolás Maduro, escenificado en el salón del Senado de la República en la capital colombiana. Su veredicto propinaba 18 años de cárcel para el primer mandatario. Fue una suerte de puesta en escena más llamativa por la sede del evento que por sus consecuencias. La escena, de cualquier modo, ilustró lo que se convirtió Venezuela, un país con dos presidentes, dos parlamentos y dos poderes judiciales…

Sea como sea, la anécdota no rebotó en Caracas. Entonces, como sigue haciendo ahora, el fiscal general designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, el chavista Tarek William Saab, enterró el caso Odebrecht. "No vamos a trabajar en función de especulaciones", dijo el 8 de septiembre de 2017 sobre la posibilidad de abrir una investigación contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Odebrecht dispuso una forma de gobernar a través de sobornos, incluso el equilibrio político de América latina. Lejos del imaginario colectivo, el ingreso de Venezuela a la órbita del Mercosur –el Mercado Común del Sur– no fue gracias a Lula ni Chávez. Entre tantos casos de corrupción, ha pasado inadvertido el lobby y los favores que la empresa pagó en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado brasileño para que acabaran con el bloqueo al gobierno del líder de la Revolución bolivariana.

Tras bastidores, los directivos planificaron una bitácora de negociaciones políticas que se leen en el intercambio de correos de la gerencia de Odebrecht y que luego el propio Marcelo Odebrecht –el llamado Príncipe de Brasil– reconoció durante el proceso de delaciones premiadas. “Con respecto a Venezuela, me involucré, junto con Claudio Melo Filho y João Carlos Nogueira, con el tema de la admisión del país en el Mercosur”, dijo frente a los fiscales que el 14 de diciembre de 2016 tomaron su declaración en la ciudad de Curitiba, Paraná, al sur de Brasil. “Buscamos, en la época, varios políticos para apoyar en esta aprobación, que terminó ocurriendo”.

Seis años después siguen apareciendo piezas en un rompecabezas que ahora también apunta al general Gustavo González López, el torturador del Sebin. 

Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

Las dos Marías Eugenias, Baptista Zacarías y Núñez Alarcón, fueron las únicas ciudadanas venezolanas que se beneficiaron de visados dorados hasta 2014, durante los dos primeros años de existencia del programa de Permiso de Residencia por Actividad de Inversión (ARI) en Portugal, según una lista del Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) obtenida y analizada por el diario portugués Expresso.

El dinero que utilizaron para obtener sus visados dorados procedía de sobornos recibidos por sus maridos. Este dinero pasó por empresas offshore encontradas en los Pandora Papers, una filtración de paraísos fiscales que contiene 11,9 millones de archivos y que es la base de un proyecto de investigación coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con Expresso y decenas de otros medios de comunicación, entre ellos Armando.info en Venezuela.

María Eugenia Baptista Zacarías, una de las ungidas con el privilegio dorado, es la esposa de Haiman El Troudi, exministro de Obras Públicas del gobierno de Nicolás Maduro y hoy diputado a la Asamblea Nacional oficialista por el estado Miranda, entre muchos otros cargos.

Según una investigación de Pandora Papers revelada por Expresso, Armando.info y el diario Miami Herald en octubre del año pasado, El Troudi recibió más de 90 millones de dólares en sobornos de la constructora multinacional brasileña Odebrecht a través de un esquema de lavado de dinero creado por el Grupo Espírito Santo (GES).

Los pagos a El Troudi fluyeron a través de cuentas de Cresswell Overseas, una sociedad offshore constituida en Panamá y administrada por el gestor portugués Paulo Murta, colaborador clave del banquero Ricardo Salgado en las operaciones secretas de lavado de dinero del GES que incluyeron la canalización de cientos de millones de euros a miembros del gobierno de Maduro y a ejecutivos de la petrolera estatal Pdvsa y de otras empresas públicas en Venezuela.

La esposa de El Troudi recibió un visado de oro a finales de 2013 tras comprar un apartamento dúplex en un edificio de lujo en Chiado, un barrio gentrificado en el corazón de Lisboa, por 1,5 millones de euros, apenas meses después de que su marido se incorporara al gabinete ministerial de Maduro -más temprano había figurado como presidente de las empresas del Metro de Caracas y del Metro de Los Teques, y aún antes, como fundador y gurú del think tank ideológico del chavismo, el Centro Internacional Francisco de Miranda-.

La cartera de la señora Ortega

Por su parte, la otra María Eugenia, con apellidos Núñez Alarcón, estaba casada con Abraham Ortega, ex director de Pdvsa.

Ortega fue uno de los responsables de poner en marcha las operaciones financieras internacionales de esta petrolera estatal venezolana, incluyendo una inversión de 500 millones de dólares en bonos del GES entre 2011 y 2013, en un momento en el que el banquero Ricardo Salgado se enfrentaba a una desesperada falta de liquidez en el principal activo de su grupo, el Banco Espirito Santo (BES).

Además de invertir en bonos del GES, en 2011, Pdvsa traspasó al BES el sistema de transacciones internacionales de cobro y pago de servicios y bienes, hasta entonces a cargo de JP Morgan y BNP, lo que convirtió a la petrolera venezolana en el mayor cliente del banco portugués.

Cuando abrió su primera cuenta en un banco del BES en la isla atlántica de Madeira, en 2010, Abraham Ortega era todavía apenas un gestor de financiación en la petrolera. La declaración de la renta que forma parte de la documentación de apertura de la cuenta, incautada por la fiscalía, muestra que sólo había tenido 16.000 dólares de ingresos netos el año anterior. Aunque en 2013 ya era adjunto al director financiero de Pdvsa, difícilmente se habría podido permitir entonces un apartamento de lujo en Lisboa.

Los fiscales de Portugal han ido acumulando pruebas contra Ortega. Es uno de los sospechosos en la investigación penal sobre los sobornos pagados a políticos y funcionarios venezolanos que se lleva a cabo en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (Dciap). Gran parte de estas pruebas se recogieron durante la investigación del caso principal del BES, que concluyó en el verano de 2020.

Los fiscales descubrieron que Ortega recibió 10,7 millones de dólares del GES entre mayo de 2012 y junio de 2014. La mayor parte del dinero se originó en Espírito Santo Enterprises, una empresa offshore que funcionaba como un gigantesco fondo de compensación para el GES, y terminó en una cuenta de Dubái a cargo de una empresa offshore panameña, Linux Advisors, administrada por Paulo Murta.

María Eugenia Núñez solicitó un visado de oro cuando compró un apartamento en la Rua Rosa Araújo, en el centro de Lisboa, en octubre de 2013, después de haber recibido una transferencia de 1,3 millones de euros procedentes del fondo ilícito del GES, en nombre de Linux Advisors, a una cuenta que tenía en la sucursal financiera del BES en la isla de Madeira en junio de 2013.

Según un informe elaborado por la Fiscalía en 2018, Paulo Murta informó por correo electrónico a un gestor de cuentas de ESBD, el banco del GES en Dubái, de que esos 1,3 millones de euros transferidos a María Eugenia Núñez iban a ser utilizados para comprar una casa y dos automóviles.

El piso de la calle Rosa Araújo costó 1,152 millones de euros y se pagó en efectivo a través de una empresa abierta en Lisboa por María Eugenia Núñez y de su propiedad al 100%, Alvansal Unipessoal Lda.

Meses después, en abril de 2014, la esposa de Abraham Ortega hipotecó la casa por 515.000 euros al BES y, con esa cantidad, compró un segundo apartamento en el puerto deportivo Parque das Nações, en el frente fluvial del borde oriental de Lisboa.

Durante ese año, Linux Advisors transfirió 2,5 millones de euros a la cuenta de BES Madeira de otra sociedad offshore, Takenson International, también constituida en Panamá y controlada por María Eugenia Núñez, junto con otro beneficiario final.

Los Pandora Papers contienen documentos de apertura de cuentas y varias órdenes de transferencia de Linux y Takenson. Entre ellas se encuentran tres transferencias realizadas desde Takenson a María Eugenia Núñez entre diciembre de 2013 y febrero de 2015, por valor de 450.000 euros.

Ortega fue condenado el año pasado en Estados Unidos a una pena de 28 meses de prisión. El juez decidió aplicarle una pena reducida (a pesar de que los delitos que se le imputaban acumulaban una condena máxima de 50 años) porque cooperó con la justicia, declarándose culpable de recibir 12 millones de dólares en sobornos. El caso no tiene nada que ver con el GES y se refiere a hechos posteriores a diciembre de 2014. Fue imputado como parte de la investigación Money Flight, llevada a cabo por la oficina en Miami de Homeland Security Investigations, que hizo uso de un cooperante que se infiltró durante dos años en una red de lavado de dinero negro proveniente de Pdvsa. 

Ni María Eugenia Núñez ni la esposa de El Troudi estuvieron disponibles para hablar. Divorciada desde 2015, la ex señora Ortega es desde entonces ciudadana portuguesa y vive en Lisboa en su apartamento junto al río. 

Baptista creó el 21 de noviembre de 2013 una pequeña empresa en Lisboa, de nombre Publicicorp –sin empleados ni actividad–, que en cuestión de dos meses le sirvió para adquirir el inmueble, por 1,5 millones de euros. Lo hizo mediante un crédito del Banco Espirito Santo de Portugal por 900.000 euros, según copias de la escritura y el contrato de hipoteca obtenidos en el registro inmobiliario de Lisboa para esta investigación.

La historia del apartamento aloja, como pocas otras lo pueden hacer, al elenco de actores que figuran en la trama venezolana del ya célebre escándalo de Lava Jato, en el que a cambio de contratos y sobreprecios, Odebrecht y otras contratistas brasileñas pagaron sobornos a presidentes y ministros de 12 países de América latina y África.

Hace ya más de tres años que la trama local de Odebrecht en Venezuela señala hacia el exministro Haiman El Troudi. Varias transferencias bancarias lo comprometían junto a socios y familiares, por depósitos que salieron de las compañías offshore de Odebrecht. Los Pandora Papers ahora añaden que buena parte del dinero se depositó en el entonces poderoso y luego hundido Banco Espírito Santo (BES) de Portugal, a través de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Cresswell Overseas.

A partir de más de 11,9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), esta entrega de Expresso de Lisboa, El Nuevo Herald de Miami y Armando.info de Venezuela, permite seguir parte del flujo del dinero de Odebrecht Venezuela. 

Cuentas congeladas en Suiza

Las autoridades suizas encontraron cuatro años atrás una relación entre la esposa y la suegra de El Troudi –María Eugenia Baptista Zacarías y Élita del Valle Zacarías Díaz, respectivamente– con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias, entre las que destaca una abierta a nombre de la panameña Cresswell Overseas. Eso advirtió la fiscal general de la Confederación Suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado que envió a Venezuela el 13 de diciembre de 2017 a la sede de la Fiscalía General de la República, a través de su embajada en Caracas, y que Armando.info reveló entonces.

En total, Odebrecht transfirió 92,1 millones de dólares a Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, al tiempo que mantenía los contratos de las tantas veces prometidas y nunca concluidas obras de la Línea 5 del Metro de Caracas, del Metro Guarenas-Guatire, de la Línea 2 del Metro de Los Teques y del Cabletrén de Petare.

Haiman El Troudi entonces era políticamente responsable de estos proyectos. No solo detentaba el cargo de ministro para el Transporte y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas desde mayo de 2013, sino que también compaginaba este rol con otro que tenía desde 2010: el de presidente del Metro de Los Teques. 

Intermediación en Panamá

La cantidad de dinero que Odebrecht canalizó vía Cresswell ya había sido revelada por una investigación anterior de ICIJ, La división de sobornos, pero aún no se conocía la participación del Grupo Espírito Santo en el esquema de lavado; también había dudas sobre los vínculos del ministro con el beneficiario de esa sociedad offshore.

El dueño de la empresa, el venezolano Leopoldo José Briceño Punceles, siempre negó su participación en la trama Odebrecht hasta que en 2019 reconoció, a través de su abogado, que cabildeó para que el gobierno venezolano pagara y emitiera bonos para cancelar deudas pendientes con Odebrecht. Pero un nuevo giro en esta historia permite advertir, a partir de los Pandora Papers, que detrás de este ciudadano venezolano residenciado en el sur de la Florida hay un camino que conduce al Banco Espírito Santo y a la propia esposa de El Troudi. 

María Eugenia Baptista está casada con Haiman El Troudi y trabajó en el Metro de Caracas mientras su esposo era el primero a bordo. Es hija de Pedro Baptista, recordado hípico, dueño del caballo Cañonero que en 1971 estuvo a punto de ganar la Triple Corona de Estados Unidos. De hecho, por unos años, antes de mudarse a un apartamento en la urbanización Altamira del noreste de Caracas y, de allí, al extranjero, la pareja vivió con sus hijos en una quinta bautizada con el nombre del potro en el sector de La Florida, también en la capital venezolana. El propio El Troudi recordaba la hazaña en una reciente entrada de su blog personal, al cumplir medio siglo. 

Archivos confidenciales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panamá cuya base de datos constituye uno de los orígenes de la filtración de Pandora Papers y que incorporó a la empresa Cresswell Overseas, muestran detalles de cómo, entre 2012 y 2014, quien pide la incorporación de la empresa no es precisamente el venezolano Briceño Punceles, sino el ciudadano portugués Paulo Murta, un gestor del Espírito Santo que fue extraditado en julio a Estados Unidos para ser procesado en una corte de Houston, por varias denuncias de lavado de dinero proveniente del estado venezolano en esa institución bancaria de Portugal.     

El intercambio de correos muestra cómo Murta abrió y administró cuentas a nombre de esta sociedad offshore en Espírito Santo Bankers Dubai (ESBD) y en la sucursal financiera que el Banco Espírito Santo tenía en Madeira, isla portuguesa en el océano Atlántico, a la que siguió una última cuenta abierta en julio de 2014 en el ya célebre Meinl Bank de Antigua y Barbuda, el banco que Odebrecht había adquirido y reestructurado a su medida para operar, desde esa isla del Caribe, el esquema trasnacional de sobornos que ya se conoce. 

Ilícitos en Portugal

El presidente y dueño del Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, fue imputado junto a otros 24 procesados por delitos de corrupción activa, fraude, manipulación de mercado, falsificación de documentos, lavado de activos y asociación para delinquir. La justicia portuguesa los acusó de haber cometido una gestión ruinosa que llevó a uno de los principales bancos de la península ibérica a perder 11.800 millones de euros. Pero hubo partes de la historia que quedaron fuera de esta acusación, entre ellas, el caso de Cresswell Overseas.

Mediante una carta enviada el 8 de enero de 2020 por la fiscal portuguesa, Olga Barata  –a cargo del caso del Espírito Santo–, a su también colega del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, Anabella Furtado, que desde 2018 investiga a Odebrecht en Portugal, queda claro que si bien Leopoldo Briceño Punceles es el “titular formal” de Cresswell Overseas, “se han reunido pruebas suficientes [sobre el hecho de] que esta entidad pertenece realmente a María Eugenia Zacarías, esposa de Haiman El Troudi”.

La fiscal Olga Barata agrega en la carta que la esposa de El Troudi es una “ciudadana venezolana residente en Portugal”, que estuvo representada por un abogado venezolano llamado Luis Enrique Delgado Contreras. Se trata del mismo Luis Delgado que desde hace años ha venido apareciendo como ficha clave en la trama venezolana de Odebrecht: su nombre no solo quedó apuntado en Suiza como otro de los firmantes de las cuentas congeladas y relacionadas con la esposa de El Troudi, sino que en los tribunales de Brasil fue denunciado por los propios representantes de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, como una suerte de caballo de troya que emplearon para infiltrarse en ministerios y oficinas públicas, obtener beneficios y hasta forjar documentos.

El documento también revela cómo Cresswell Overseas invirtió entre enero de 2013 y 2014 un total de 50 millones de dólares en acciones preferentes de Espírito Santo Overseas Limited (ESIOL), una sociedad del mismo grupo inscrita en las Islas Caimán para gestionar los préstamos otorgados por el banco.

Aunque Odebrecht no se menciona en ninguno de los volúmenes del proceso penal por el escándalo del Banco Espírito Santo, la investigación de este trabajo pudo confirmar, de acuerdo a varias fuentes consultadas, que el caso penal abierto en 2018 en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal de la fiscalía portuguesa tiene que ver con sobornos pagados por esa constructora brasileña. 

Un informe elaborado por el Ministerio Público portugués en marzo de 2019, que figura en los volúmenes de los procesos penales del Espírito Santo y que pudo ser consultado para esta investigación, describe cómo esta inversión de 50 millones de dólares por parte de Cresswell fue hecha de forma indirecta a través de otra sociedad offshore llamada Eurasian Investimentos Limitada. Constituida en Macao -ex colonia portuguesa sobre el delta del río de las Perlas y hoy región administrativa especial china, con un estatus similar al de Hong Kong en enero de 2013 y con una cuenta bancaria en el Banco de China, Eurasian fue administrada por el suizo Michel Ostertag y el portugués Paulo Murta, quienes operaban desde una pequeña empresa de gestión de activos llamada ICG, con oficinas en Suiza y Dubai.

Sangría en Venezuela

Interrogado también por el Ministerio Público suizo en Berna, en julio de 2018, Michel Ostertag dijo que Maria Eugenia Zacarias era la persona detrás de la inversión de 50 millones de dólares de la sociedad que el Espírito Santo tenía en Islas Caimán con el nombre de ESIOL para gestionar créditos especiales. Explicó a los fiscales que el expediente de este cliente lo manejaba Paulo Murta en su bufete de ICG, pero que había visto los documentos de identidad de la esposa de El Troudi.  

Cruzar los Pandora Papers con el caso penal principal del Espírito Santo y con lo que ya se sabía en Suiza y Brasil, permite entender que, al menos, una pequeña porción de los más de 30.000 millones de dólares del presupuesto venezolano destinados a levantar puentes, líneas de metro y centrales hidroeléctricas llegaron hasta un fondo para reflotar el fracasado Banco Espírito Santo, que desde 2009 confrontaba problemas de liquidez a causa de irregularidades administrativas, y que en 2014 colapsó y fue intervenido por el Estado. .

¿Cómo es que semejante flujo de dinero y un destinatario tan políticamente expuesto no fueron detectados en Panamá por los empleados de Alcogal, el bufete que proporcionó los administradores de fachada para Cresswell y que estaba firmando todos los trámites necesarios?

En junio de 2017, cuando la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá solicitó a Alcogal información sobre esta empresa, el despacho se limitó a responder que “a lo largo de los años han tenido una relación satisfactoria” con el intermediario, el bufete ICG que administraba Paulo Murta. Que ordenaban periódicamente “la formación de empresas para sus clientes” y que no habían notado nada sospechoso.

Sin embargo, durante los primeros dos años de existencia de Cresswell, Alcogal no tenía ninguna información sobre quién era el propietario de esta empresa offshore. En enero de 2013, el bufete de abogados incluso preguntó a ICG quién era el beneficiario final de Cresswell, pero Michel Ostertag respondió que solo compartiría esta información si era “requerida por las autoridades panameñas como parte de una investigación”. Ostertag agregó: "Estamos tomando todas las precauciones para garantizar que no se lleve a cabo el lavado de dinero". Una declaración que choca con lo que confesó cinco años después, cuando fue interrogado por fiscales en Suiza.

Epílogo en Antigua y Barbuda

Interpelado en las últimas semanas antes de publicar los Pandora Papers, Alcogal argumentó que “la legislación de Conozca a su Cliente [KYC, Know your Client] en ese momento permitía a los agentes residentes confiar en intermediarios profesionales para llevar a cabo los pasos apropiados, incluida la identidad y la documentación de respaldo del beneficiario final, como lo requiere la ley en su país de operación”. Dice que no estaba violando ningún marco jurídico. "Nuestra relación profesional se llevó a cabo en consecuencia, y los proveedores de servicios se encargaron de realizar la debida diligencia conforme a la ley".

Alcogal fue por fin informado del beneficiario final de Cresswell en julio de 2014, cuando ICG necesitaba abrir una cuenta bancaria para esa compañía offshore en un banco fuera del universo de Espírito Santo, el Meinl Bank, en Antigua. 

Fue entonces cuando apareció el nombre de Leopoldo José Briceño Punceles, ciudadano venezolano de 50 años. Un informe de KYC entregado a Alcogal indicaba que había sido director ejecutivo de Cresswell desde 2012. Curiosamente, el informe no hacía referencia a otra empresa offshore, Gran Captive Financial Ltd., de la que también era propietario formal pero cuyo verdadero beneficiario, según el Ministerio Público en Portugal, fue Rafael Cure López, empleado de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela.

Antes, en la década de los noventa, Briceño Punceles se había convertido en propietario de una empresa frutícola. Egresado de la academia militar y licenciado en marketing, mencionó en su currículo que había asistido a un curso en 2010 sobre legitimación de capitales.

Según un conjunto de formularios bancarios encontrados en los Pandora Papers, entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 2014 se transfirieron 8,2 millones de euros y 2,4 millones de dólares de la cuenta de Cresswell desde la sucursal que el Espírito Santo tenía en Madeira –encargada de los negocios internacionales y, en particular, de los negocios con Venezuela– a la nueva cuenta que Paulo Murta había abierto en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. Los documentos añaden que entre julio y octubre, la cuenta del Meinl Bank recibió 13 millones de dólares y un millón de euros de Fincastle Enterprises Ltd, una de las empresas fantasmas de Odebrecht, justificado por un “contrato de consultoría para la adquisición de inmuebles”.

Paulo Murta no respondió una solicitud para contrastar la información que lo involucra en esta investigación. Como en anteriores oportunidades, El Troudi y su esposa también optaron por el silencio. Briceño Punceles, por su parte, reaccionó a través de su abogado, asegurando que todo era “falso”.

Consultado en 2019 para el proyecto La división de Sobornos, el mismo abogado de Briceño Punceles lamentó que parte del dinero de Cresswell fuera congelado en Antigua y Barbuda. Entonces mencionó, ironías de esta historia, que su cliente pasó años luchando por recuperar los 50 millones de dólares que Odebrecht había depositado en esa empresa. Ahora, dos años después, pareciera lógico pensar que, con cierta probabilidad, fueron los mismos 50 millones que se gastaron en las acciones tóxicas del Grupo Espírito Santo. Un precio aparentemente alto para una lavadora.

(*) Este trabajo fue investigado y publicado en simultáneo por 'Expresso' de Lisboa, 'El Nuevo Herald' de Miami y Armando.info.