Pero al mismo tiempo eran tiempos de bonanza petrolera y de hegemonía política: el presidente Hugo Chávez se había declarado "socialista" en 2006 y su partido controlaba la Asamblea Nacional casi por completo, tras la deserción opositora de las elecciones parlamentarias de 2005. El oficialismo contaba entonces con el poder y las ambiciones políticas para reforzar la red de nuevos aliados internacionales, entre ellos China. La relación con el gigante asiático florecía entre decenas de nuevos proyectos articulados en largas reuniones, memorandos y millones de dólares.

Fue en medio de esa embriaguez que, sin estudios de evaluación ni proyecciones, el 22 de diciembre de 2009, el Banco de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en inglés) volcó en las arcas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) esos 1.000 millones de dólares destinados a financiar proyectos para mejorar la capacidad de producción y despacho de mineral de hierro de la empresa básica CVG Ferrominera desde el estado Bolívar, en el sur del país, y que serían pagados por Venezuela con 42,96 millones de toneladas de mineral de hierro. El acuerdo preveía además que para las obras de mejoramiento se contrataría a empresas chinas, según documentos a los que ha tenido acceso Armando.info y han sido procesados y analizados junto con el equipo de datos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con la reportería adicional de Diálogo Chino.

No se trataba de un acuerdo de exportación regular. Si China hubiera pagado por adelantado las 42,96 millones de toneladas y en concordancia con el precio internacional del mineral de hierro para 2009, habría tenido que girar al país caribeño una cifra de alrededor de 4.176 millones de dólares y no los 1.000 millones que se pagaron. Según los términos de este intercambio, vestido de cooperación para el desarrollo de la capacidad exportadora de Venezuela de esta materia prima esencial para producir el acero, China estaba en efecto comprando mineral barato, muy barato. Pero, como se vería a la postre, el enorme descuento de 75% estaba ligado a un riesgo muy alto de incumplimiento por la contraparte.

Los tiempos del acuerdo eran apretados. Según el contrato de venta que había sido firmado dos meses antes, el 22 de octubre de 2009, la estatal CVG Ferrominera estaba en la obligación de entregar al término de ese mismo mes de octubre una primera cuota de 160.000 toneladas de material. Luego vendrían otros dos despachos: uno de 160.000 toneladas en noviembre y otro en diciembre de 140.000 toneladas adicionales. La entrega del mineral se demoró, pero se cumplió la cuota de ese año. Durante el primer semestre de 2010, Ferrominera entregó 460.000 toneladas de mineral hierro que todavía correspondían a la cuota del 2009.

Para 2010, la cuota pactada era mucho mayor: cuatro millones de toneladas; es decir, 29% de lo que sería finalmente la producción total de Ferrominera ese año, que fue de una pizca más de 14 millones de toneladas, según el documento de Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas de 2013. La meta era ambiciosa pero lucía alcanzable si se acometían las mejoras establecidas en el préstamo chino. Ello no ocurrió. Pronto quedaría claro que no había alquimia que pudiera transformar el optimismo inicial de Beijing y Caracas en mineral de hierro.

Para el 30 de junio de 2010, CVG Ferrominera apenas había suministrado 337.250 toneladas del mineral de hierro, menos de 10% del total prometido. Para cumplir el compromiso del año le quedaban un saldo pendiente de 3.461.946 de toneladas y solo seis meses de plazo.

En un informe conjunto de la delegación venezolana del Convenio de Financiamiento CVG y el Banco de Desarrollo de China (CDB), se advertía que la empresa venezolana navegaba por aguas peligrosas y que, de no cumplir con el calendario, estaría en la obligación de pagarle a China un monto equivalente al volumen no entregado al precio pactado. Es decir, casi 70 millones de dólares (69.909.301,32 para ser exactos), además de los pagos por transporte, carga y descarga, entre otros.

No pasó mucho tiempo para que quedara al descubierto la imprudencia de los monumentales proyectos planeados con dinero proveniente del Fondo Chino, sin que existiera garantía de un verdadero cumplimiento. “El ministro [Rodolfo] Sanz efectuó promesas que la Corporación Venezolana de Guayana no estaba en capacidad de cumplir y comprometió a Ferrominera a suministrar mineral de hierro en niveles que no posee”, se quejó con rudeza Tian Yunhai, subdirector del departamento de cooperación internacional del CDB, durante un encuentro urgente convocado en diciembre del 2010 en Beijing para discutir los motivos del incumplimiento del acuerdo.

El desengaño

Poco a poco y de un modo que denotaba cierta ingenuidad, las autoridades venezolanas cayeron en cuenta de que habían firmado un contrato poco favorable para ellas y muy difícil de cumplir.

En un informe presentado por la Delegación Venezolana de Financiamiento de la CVG y el Banco de Desarrollo de China (CDB) en junio de 2010, se detalló que el contrato de entrega de mineral de hierro suscrito con Wisco no generaba ingresos para CVG Ferrominera. “A pesar que hasta el momento se ha contado con suficiente mineral en inventario para cubrir los compromisos es necesario recuperar e incrementar la capacidad productiva de CVG Ferrominera para garantizar el volumen de mineral de hierro a China, sin menoscabo de sus otros compromisos (…) es indispensable disponer de otras fuentes de ingresos para poder cumplir con los compromisos contractuales y de funcionamiento y actualmente dicha fuente son las exportaciones a Europa”, dice el documento.

El informe enumeraba aspectos que dejaban en evidencia la incapacidad operativa y logística de la empresa para enfrentar un compromiso de la magnitud pactada. “Para incrementar la capacidad de acarreo se requiere contar con el buque Río Caroní, el cual actualmente se encuentra en reparaciones mayores en el dique de Curazao. El costo de estas reparaciones asciende a la cantidad de USD 9 MM, de los cuales no dispone CVG Ferrominera. A la fecha dicho pago presenta un retraso de dos meses y el dique de Curazao manifiesta que sacará el buque de fosa sin culminar la reparación en el caso de persistir el retraso en el pago. Ello implicaría que el buque quedaría fondeado y fuera de operaciones, con los consecuentes costos asociados”, dice el documento.

El reporte no ahorraba ni detalles ni amarguras, en un poco frecuente rapto de realismo. Admitía que la empresa no contaba con recursos para cubrir los costos de materiales y repuestos que le permitirían alcanzar la capacidad operativa en las distintas etapas del proceso -extracción, procesamiento y acarreo de mineral- y el mantenimiento de la estación de transferencia Boca Grande II, la mayor estación de transferencia de mineral de hierro flotante en el mundo, situada en el estrecho de Serpiente o canal de Colón, frente a la desembocadura del río Orinoco, entre las costas sur de la isla de Trinidad y oriental de Venezuela.

Otro inconveniente que enumeraba el informe: la infraestructura portuaria de la estación Boca Grande II no se correspondía con la capacidad de carga de los buques contratados por la china Wisco. Por si esto fuera poco, los buques de transporte no contaban con sistemas de navegación asistidos por GPS que permitieran la navegación nocturna, ralentizando el acarreo de mineral por las traicioneras aguas del estrecho.

Al hecho de que el hierro que se comprometía con los chinos presentaba un importante descuento en su precio, se agregaba la perspectiva de una inminente reducción de los ingresos de Ferrominera por ventas a sus clientes nacionales del sector de transformación. Ya estaba en vigencia un plan de recorte de consumo eléctrico -era el año de la emergencia eléctrica decretada por Chávez- que preveía importantes limitaciones para la industria pesada, y había problemas técnicos en las plantas de reducción directa de Guayana (Matesi, Orinoco Iron, Planta de Briquetas de FMO y Comsigua), responsables del segundo proceso en el ciclo productivo del hierro, que consiste en transformar las pellas (pequeñas bolitas del mineral) de manera que sean aptas para la fabricación de acero, lo que incluye la remoción del oxígeno contenido en el óxido de hierro.

El informe, elaborado a petición del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) de Venezuela, concluía que sería necesaria una inversión extraordinaria de 50 millones de dólares para atender aspectos urgentes que podrían sortear parte de los obstáculos y aumentar la línea de producción de Ferrominera. “De no acometer acciones inmediatas se incurrirá en el incumplimiento del contrato de préstamo a septiembre de 2010 y con el contrato de suministro en diciembre de 2010, que generarán las consecuencias legales y económicas ya descritas. Sin embargo, tales acciones tampoco garantizan el debido cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de los diversos contratos para los años subsiguientes, debido a que su cumplimiento dependerá de reformas estructurales en la empresa”, advierte el informe.

A pesar de que el crédito de 1.000 millones de dólares -el mismo que, según el compromiso, Venezuela debía pagar con 42.96 millones de toneladas de mineral de hierro- iba destinado a mejorar la capacidad de producción y despacho de la empresa, en el reporte la representación venezolana aseguraba: “CVG Ferrominera no se ha beneficiado de los recursos del financiamiento”.

Entre tanto, y a pesar de los retrasos, la parte china podía darse por servida. Más allá de asegurar los materiales necesarios para alimentar su crecimiento económico, con el convenio se había asegurado el acceso a mediano plazo a la fuente de uno de los mejores minerales del mundo. Cuando la mena de óxidos o hidróxidos de hierro contiene más de 65% de concentración de hierro seco, se considera de alta calidad ,y entre el 62 y el 64% se considera de calidad media. “Entre las reservas declaradas [en Venezuela] la media en 1.748 millones de toneladas es de 63,51% y en otras 4.176 millones de toneladas es de 41,2%. Esta proporción es rara en el mundo”, dijo en 2018 Zhan Hongkun, ingeniero jefe de China Railway 10th Engineering Group (y filial de Cregc) en Venezuela, al diario chino People’s Daily . Además, el mineral de hierro venezolano es muy adecuado para el uso industrial, ya que según Zhan “la dificultad de extracción es pequeña, el mineral de hierro se encuentra todo por encima de la superficie, y se puede cargar y transportar directamente después de ser excavado”.

Según Rebecca Ray, investigadora de la Iniciativa de Gobernanza Económica Global (GEGI) de la Universidad de Boston, que ha estudiado ampliamente los préstamos chinos en América Latina, el acuerdo parece seguir un modelo tradicional de préstamos respaldados por materias primas.

“En lugar de un reembolso directo en especie, conllevan envíos de materias primas a una empresa china (en este caso, Wisco), que luego canaliza los ingresos de la venta a una cuenta vinculada al préstamo. Normalmente, si el valor de los envíos supera la cantidad necesaria para el reembolso, el excedente puede devolverse al país prestatario como ingresos normales de exportación. Obviamente, en este caso, con la empresa minera en apuros, no esperamos que haya excedentes de envíos”, dice Ray, quien también dirige el proyecto de mapeo de la financiación del desarrollo en el extranjero de China.

Sin mejoras en su capacidad productiva, en 2010, Ferrominera Orinoco apenas pudo cumplir con la entrega de 514.250 toneladas de hierro, solo 13,45% del compromiso asumido para el año.

“Lamentablemente, hasta donde sé, los detalles del acuerdo nunca se han hecho públicos, por lo que no podemos confirmar si sigue el patrón tradicional”, añadió.

'Espantá' en Beijing

A pesar del tenor del hierro venezolano, los envíos llegaban a cuentagotas. A finales de ese año, la proverbial paciencia china se agotó ante el incumplimiento venezolano.

El 9 de diciembre de 2010, en la sede del Banco de Desarrollo de China (CDB) en Beijing, se celebró una reunión a la que debía asistir la presidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Edmée Betancourt. Sin embargo, en su lugar se presentaron Richard Miranda, oficial de cumplimiento del Bandes, y Guadalupe Franco, primera secretaria adscrita a la Embajada de Venezuela en China.

Durante el encuentro, Tian Yunhai, subdirector del departamento de cooperación internacional del CDB, expresó su molestia: “Tanto el banco como Wisco esperaban de Venezuela una respuesta orientada a la cooperación y el diálogo sincero, sin embargo, las negociaciones lideradas por Ferrominera distaban de ese objetivo, presentando solamente una postura netamente comercial y con unos rangos de suministro que no respondían a las expectativas de Wisco”, dijo el funcionario, según los documentos a los que Armando.info tuvo acceso. Tian recordó que en 2009, cuando el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, solicitó con carácter de emergencia recursos al banco, “se respondió acorde a la confianza que mantiene en la cooperación con Venezuela”.

El objetivo de la reunión era recibir una propuesta del CDB para la utilización de la línea de crédito, pero la representación china se quejó por la ausencia del recién nombrado ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, y de la presidenta de Bandes, Edmée Betancourt, quienes hasta entonces habían dado la cara en representación de Venezuela durante las negociaciones del contrato con China. “La situación está afectando la relación financiera con Venezuela y seguro que esta situación no sería del agrado del señor presidente Hugo Chávez”, amenazó Tian, no muy veladamente. 

Un día después de la reunión, la Comisión Diplomática de Venezuela en China recibió una comunicación con carácter de urgencia del funcionario chino, en la que informaba de una visita que haría a Venezuela en 30 días, acompañado por técnicos del banco y equipo técnico de Wisco, para evaluar la capacidad productiva y condiciones logísticas e iniciar la ejecución de proyectos para el año 2011. “El objetivo es solucionar lo antes posible los problemas que CVG tiene en la producción y logística”, refería.

Con socios así...

Mejorar la capacidad de producción y despacho de mineral de hierro de Ferrominera justificó el endeudamiento por 1.000 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de China, y obligó a la estatal a comprometer 42,96 millones de toneladas de su producción. Pero la puesta en marcha de los proyectos de mejoramiento de la minera se encontró con tantos traspiés como los intentos de cumplimiento del calendario de pago establecido.

En una reunión celebrada el 30 de mayo de 2011, Ferrominera y Wuhan Iron and Steel Corporation (Wisco) firmaron un nuevo convenio que comprometía a la empresa china a diseñar y poner en marcha dos proyectos junto a la estatal china China Railway Engineering Corporation Group (Cregc), que incluían la “ampliación de la capacidad del muelle de Palúa”, un pequeño puerto en el noroeste de San Félix, ciudad del estado Bolívar, y el “dragado del río Orinoco”. El acuerdo contempló también un tercer proyecto que iba a ser desarrollado por Wisco y que estaba destinado a la “compra de maquinaria y repuestos para las minas” para aliviar la crisis operativa y de infraestructura que enfrentaba la empresa.

Tres meses después, el 10 de agosto de 2011, luego de continuas jornadas de trabajo entre Ferrominera y Wisco, las partes concluyeron que los proyectos debían ser ejecutados por empresas especializadas en estas áreas. Wisco admitió por fin que no tenía la experiencia suficiente para llevar a término las obras de ingeniería para ampliar la capacidad operativa del muelle de Palúa y llevar adelante el dragado del Orinoco. Por ello, informó a Ferrominera la cesión total a terceros de ambos proyectos. Otorgó el de dragado a China Railway Engineering Corporation Group (Cregc) y China Communications Construction Company (CCCC), esta última a cargo de más de 50 proyectos en América Latina. La ampliación de la capacidad operativa del muelle de Palúa fue encomendada a China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd.

Wisco quedaría así con solo uno de los tres proyectos contemplados en el acuerdo original, para la compra de maquinarias y repuestos para las minas.

El 5 de septiembre de 2011, Ferrominera firmó con China Communications Construction Company (CCCC) el contrato para la ejecución de dragado de mantenimiento y profundización del canal del río Orinoco, comprendido entre las millas 0 y 42 de su canal exterior y entre las millas 42 y 196 de su canal interior. Ese mismo día, la estatal venezolana dio el visto bueno a China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd para que iniciara los trabajos de ampliación del muelle de Palúa, que abarcaban la construcción, instalación y puesta en marcha de tolvas receptoras de mineral de hierro fino y grueso, transportadores, casa de trasferencia, un apilador de 3.500 tn/h de capacidad nominal cada uno, un recuperador, un cargabarcos, un patio de apilado, y la construcción de 2,5 km de vía férrea en circuito cerrado para la entrada, descarga y salida de trenes.

Ambas obras debían iniciarse en octubre de 2011 y culminar catorce meses después, en diciembre de 2012.

Pero mientras los proyectos de mejoramiento de infraestructura no se concretaban, Ferrominera enfrentaba compromisos de entrega de material cada vez más altos y con dificultades cada vez mayores para cumplir. En 2011 le correspondía una cuota de seis millones de toneladas, o 35% de la producción total registrada ese año. Para 2012, la cuota subió a 6,5 millones de toneladas, correspondientes a 43% de la producción que, según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas de ese año, alcanzaría a duras penas las 15 millones de toneladas.

De los proyectos financiados por el Fondo Chino a Ferrominera, el único que llegó a término fue la ampliación del muelle de Palúa de Ferrominera Orinoco, con cinco años de retraso respecto a la fecha prometida, y ya cuando Hugo Chávez había muerto. En el programa de televisión Contacto con Maduro, el viceministro de Planificación Industrial e Inversiones Estratégicas para la fecha, Marcial Arenas, el presidente de la estatal minera,  Isaías Suárez Chourio, y representantes de la empresa China Railway Engineering Corporation Group (Cregc), inauguraron la obra el 31 de enero del 2017.

El año 2013 marcó el quiebre definitivo de la industria, con deudas millonarias por cobrar. Nacionalizada en 1975, un año antes que la industria del petróleo, la explotación de los yacimientos férreos del estado Bolívar fue el primer pilar de un plan estatal de los gobiernos democráticos para convertir la ribera sur del río Orinoco en un enclave siderúrgico y de industria pesada de escala global. Ferrominera, levantada a partir de las operaciones que tenían antes empresas norteamericanas, era fundamental para ese horizonte.

Ese 2013, el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, admitió en una entrevista pública que la empresa enfrentaba dificultades hasta para pagar los recibos de electricidad, gas, Seguro Social y los compromisos contractuales asumidos a través del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). A su vez, parte importante de la producción se encontraba hipotecada por el contrato con China, que no dejaba ganancias directas a la industria. El precio internacional del mineral de hierro ese año promedió 135 dólares la tonelada, mientras Venezuela había aceptado un trato por el que, en la práctica, estaba entregando la tonelada a 23 dólares. Caracas había desaprovechado una década de alza en los precios de las materias primas impulsada, irónicamente, por la voracidad de China. Lo peor es que el asfixiante compromiso seguía: para 2013 la promesa de entrega de mineral ascendía a 6,5 millones de toneladas; ese año, la producción de Ferrominera fue de diez millones de toneladas. En otras palabras, de cada kilogramo de hierro producido en 2013, 650 gramos salieron de la tierra ya empeñados al cliente chino, sin posibilidad de venderlos por dinero en efectivo. Estaban "pagados" desde hacía mucho tiempo antes.

El documento oficial Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas del 2013 da como explicación para el descenso acusado en la producción de las plantas del sector del hierro y el acero nacional la de “los efectos acumulados del viejo esquema de gestión capitalista que predominaba, así como la desinversión histórica del viejo modelo de gestión de estas fábricas, en equipamiento y mantenimiento programado para garantizar la disponibilidad de los equipos necesarios para la sustentabilidad de la producción y las ventas”.

Pero la parrafada no era creíble. Algo más debía estar sucediendo y, para averiguarlo, desde Caracas enviaron a Ciudad Guayana -el conurbano de San Félix y Puerto Ordaz alrededor de la desembocadura del río Caroní en el Orinoco, sede de la CVG y capital de la industria pesada venezolana- a un súper agente de inteligencia, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias El tiburón, coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. Fue el comienzo de un escándalo de corrupción que terminó engullendo al propio Álvarez Dionisi.

El 12 de junio del 2013, el presidente Nicolás Maduro, recién electo en abril anterior tras el fallecimiento de Chávez, anunció la detención de Sabbagh, el presidente de Ferrominera que se quejaba de la imposibilidad de pagar la factura de los servicios. Sabbagh fue después condenado a seis años de prisión, tras admitir su responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 1,8 millones de dólares, durante su gestión entre 2006 y 2013. Con él, también fueron a prisión las gerentes de Finanzas, María Acosta, y de Administración, María Rodríguez; el consultor jurídico, Noel Ramírez, el exgerente técnico de Operaciones de Ferrominera, Ángel Ramón Campero Franco; y un empresario, Yamal Mustafá, de amplios vínculos con el varias veces gobernador del estado Bolívar por el chavismo, general Francisco Rangel Gómez.

El anuncio puso al descubierto varios ilícitos que vinculaban a la alta gerencia de Ferrominera con un esquema de corrupción de venta de mineral de hierro con descuentos  a empresas intermediarias, que colocaban el producto en el mercado internacional. Además, dio a conocer que los implicados habían dado sobornos al coronel Álvarez Dionisi, enviado a investigar las irregularidades, a cambio de que no las reportara. El tiburón fue acusado entonces por las fiscales 54º nacional y 2º nacional auxiliar, Nelly Sánchez Pantaleón y Maryori Da’Cunhade, respectivamente, por los delitos de extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En la ya citada Memoria y Cuenta de 2013, el Mibam alude a la investigación abierta en tribunales por la desviación de recursos y señala que “a raíz de esto y otras denuncias se destituyó parte del tren directivo de la planta así como efectuaron diversas detenciones por parte de los órganos competentes en la materia”.

Frustrados, y frente a la incapacidad de su socio comercial -lastrado ahora por un escándalo de corrupción- de cumplir con los acuerdos, los ejecutivos chinos se vieron obligados a evaluar y renegociar los proyectos, en procura de una recuperación real de la producción. Los últimos registros públicos sobre el estatus de los proyectos se encuentran en el documento Memoria y Cuenta del Poder Popular para Industrias de 2015.

“El proyecto 'Ampliación de la capacidad del muelle de Palúa', no contempló avance de la meta física, por haberse alcanzado esta a finales de 2014 con la culminación de las instalaciones”, reza el documento. Añade que se recibieron los planos del proyecto “en condición de construido”, se realizaron pruebas sin carga y con carga que permitieron la corrección en diferentes puntos de los sistemas instalados y la firma de las actas de aceptación provisional, a pesar de que quedó pendiente finalizar la asistencia técnica al proyecto.

Entre tanto, en 2016, Wisco, con sede en Wuhan, la ciudad elevada luego a una triste celebridad por el coronavirus, se fusionó con Baoshan Iron and Steel Group (Baosteel), con sede en Shanghai, como parte de la amplia reforma de las empresas estatales iniciada por el gobierno chino. El resultado de esa operación fue que la empresa, ahora llamada Baowu Steel Group, se constituyó en la segunda mayor siderúrgica del mundo. No está claro si las obligaciones contractuales de Ferrominera pasaron a ese grupo. Según Panjiva, compañía que registra datos del comercio internacional, entre 2017 y 2018, Ferrominera todavía exportaba cerca de tres millones de toneladas de mineral de hierro por año a China.

El último anuncio público realizado por Nicolás Maduro aseguraba que, en octubre de 2019, Ferrominera volvería a producir tres millones de toneladas de material al año. Un año después de aquel pronóstico, los hornos ubicados dentro del complejo industrial Punta Cuchillo, en el área industrial de Matanzas, al oeste de Ciudad Guayana, permanecían apagados, mientras las cifras de producción de la empresa continúan en franco descenso, sin siquiera haber alcanzado los dos millones de toneladas en 2020, la séptima parte de lo que estaba produciendo Ferrominera una década antes, cuando recibió el crédito de China para su expansión.

*Esta investigación tuvo su origen en un grupo de documentos que obtuvo Armando.info (Venezuela), que procesó y analizó en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y con reportería adicional de Diálogo Chino.

El benefactor no era otro que el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, que en 2010 se paladeaba con los altos precios del petróleo y controlaba a la perfección los hilos políticos e institucionales de Venezuela. En esa época también consolidó decenas de alianzas con otros países y gobiernos gracias a su verbo rompedor y su abultada chequera.

Entonces Chávez decía que sí a todo lo que pretendiera ayudar a un “país hermano” y potencial aliado. Así que, en 2009, Elías Jaua -hoy fuera de la administración pública y para el momento ministro de Agricultura y Tierras-, no debió esforzarse mucho para convencer al comandante bolivariano de que aprobara el financiamiento para un proyecto que permitiría el país centroamericano aprovechar la madera caída -literalmente, la que quedó en el piso- tras el paso de aquel huracán.

El proyecto contemplaba la extracción y venta de la madera que yacía en el suelo, así como el desarrollo de un vivero que, según los anuncios originales, plantaría 500.000 árboles al año para la reforestación de la zona devastada de la costa Caribe Norte de Nicaragua.

En Nicaragua, Lumberto Campbell, operador político principal del presidente Daniel Ortega, no dudó en atribuirse la autoría y ejecución de la iniciativa. Campbell ha ocupado el cargo de vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde 2014, y la presidencia de ese mismo organismo de manera interina desde 2018. En noviembre pasado la Oficina de Control de Activos (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación en “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”.

El plan del que se apropiaron funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua desplazó un proyecto similar llamado Raya Ka Raya (Nueva Vida, en lengua miskita), que 41 miembros del Consejo Regional Autónomo de la Región del Atlántico Norte, autoridad política de esa zona nicaragüense, aprobaron en marzo de 2008, un año antes de que Jaua planteara la idea a Chávez.  El trabajo comunitario preveía una inversión inicial de 300 millones de dólares para extraer durante 30 años la madera disponible en la región y debía comenzar precisamente por los árboles arrancados por el huracán. El proyecto, de acuerdo con la prensa local, había sido financiado por el grupo de inversionistas estadounidenses Baxter & Lewis.

A la postre, el proyecto venezolano se impuso. Dinero no le faltaba, pero era una oda al voluntarismo y la improvisación. Poco se pensó en el estado verdadero en el que se encontraba la madera a dos años de haber sido derribada, o en las intrincadas condiciones de acceso al espeso bosque para poder sacarla.

En octubre de 2009 Hugo Chávez estampó su firma aprobatoria en el documento que asignaba 18,85 millones de dólares para recuperar la madera. Puso “muy urgente” en su orden ejecutiva, en la que disponía de recursos del llamado Fondo Chino. Pero todavía habrían de transcurrir dos años más antes de que se activara el proyecto.

Primero fue preciso registrar una persona jurídica, Alba Forestal, una empresa con capital mixto que se creó en 2012. Esta empresa tenía como socios a Alba Alimentos, S.A (Albalinisa) y Alba de Nicaragua, SA. (Albanisa), ambas compañías venezolano – nicaragüenses y también piezas del esquema creado para manejar la cooperación entre ambos países con financiamiento venezolano y, al final, pasar los beneficios al sector privado.

 “Nicaragua reembolsará a Venezuela la totalidad de los recursos aportados, quedando el uso de los excedentes obtenidos a disposición del Comandante Presidente para su inversión en proyectos socialistas de interés para nuestros pueblos”, prometía el anteproyecto presentado por Jaua al mandatario venezolano, según consta en documentos obtenidos por Armando.info. Pero de ese reembolso no hubo jamás noticia.

Hasta su muerte en 2013, Chávez mantuvo una relación estrecha con Ortega y giró, según el Banco Central de Nicaragua, más de 2.800 millones de dólares en cooperación, canalizada a través de Alba de Nicaragua, la empresa madre del resto de negocios realizados con dinero venezolano en áreas clave como energía e hidrocarburos.

“Ejecútese”

El desembolso para el proyecto de la madera encontró resistencias. Hubo quien lo calificó de fantasioso. Pero las críticas fueron despachadas sin más.

Por ejemplo, el entonces ministro de Planificación, Jorge Giordani, advirtió que era improcedente usar el Fondo Chino -un fondo de financiamiento creado en 2008, por convenio bilateral entre China y Venezuela, para ejecutar obras de envergadura en el país suramericano-, pues el proyecto no se desarrollaba en territorio venezolano.

El dinero iba a ser administrado en primera instancia por Productos Forestales del Occidente (Proforca), una empresa gubernamental venezolana creada en 1988, pero finalmente se entregó a la recién concebida Empresa Mixta Socialista Maderas del Alba. Esta se registró en el marco del convenio Cuba-Venezuela, y quedó adscrita al Ministerio de Agricultura y Tierras y a la Corporación Venezolana de Alimentos, con el fin de administrar, exportar, importar y comercializar productos forestales, agrícolas y pecuarios.

La orden de desembolso se aprobó el 13 de abril de 2010. El dinero debía ser depositado en una cuenta en dólares, abierta a nombre de Maderas del Alba ad hoc para este proyecto.

Y ese mismo día de la orden se alzó otra voz inconforme con el proyecto. Paradójicamente, era la del presidente de Maderas del Alba, Néstor Zambrano.

En una carta a la que Armando.info tuvo acceso, Zambrano apuntaba que “es nuestro criterio que tanto el Compromiso de Responsabilidad Social, así como la Promoción del Poder Comunal, no se aplica en el Contrato de Préstamo N° FCCHV-CPJ-001-10, suscrito entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y Maderas del Alba, pues las mismas normativas jurídicas contemplan la exclusión de estos aspectos sociales, motivado a que la inversión prevista y delegada de la Empresa Mixta Maderas del Alba S.A refiere a contrataciones con empresas extranjeras, además que la señalada inversión se prevé ejecutarla exclusivamente en la República de Nicaragua como apoyo financiero  para adquisición de maquinaria para el procesamiento de madera afectada por el Huracán Félix” (sic). En resumen, a juicio de Zambrano, el préstamo solo beneficiaría a Nicaragua y estaría lejos de cumplir con los requerimientos de responsabilidad social y apoyo al poder comunal en suelo venezolano, premisas definitorias de los proyectos del socialismo bolivariano.

Con todo, el proyecto siguió adelante. Pese a sus objeciones, el propio Zambrano tuvo que viajar a Nicaragua para sellar el convenio tres meses después de girado el dinero.

Ese año Nicaragua y Venezuela estaban en el mejor momento de su intercambio comercial. Venezuela era el segundo destino de exportaciones de Nicaragua con 12,69 % de las ventas, solo detrás de Estados Unidos, que representaba el destino de 30,22% de sus despachos.

Perspectivas contradictorias

La grandiosidad de los sueños de proyección continental de Chávez contrastaba con la perspectiva que los nicaragüenses tenían sobre el proyecto. No solo era más modesta sino hasta contradictoria con respecto al punto de vista del líder bolivariano. Desde muy temprano, en su Plan Nacional de Desarrollo 2009-2011, el Gobierno de Daniel Ortega admitía que, con lo previsto en la ayuda venezolana, solo podría extraerse el dos por ciento del recurso maderero disponible.

“Haciendo las inversiones necesarias, se podría extraer un millón de metros cúbicos en los tres meses de estación seca por año y por no más de tres años, cuando empieza la madera a deteriorarse", se decía en el documento.

También los datos de retorno y rentabilidad que mostraron a Chávez para persuadirlo a financiar el proyecto diferían de los de Nicaragua. Mientras al venezolano se le planteó que el aprovechamiento del recurso representaba unos ingresos potenciales de 2.300 millones de dólares, el Ejecutivo nicaragüense sostuvo que la madera tirada por el huracán permitiría generar, cuando mucho, unos ingresos por 500 millones de dólares.

Los reporteros de Armando.info intentaron consultar a la Cámara Forestal de Nicaragua sobre este tema, pero no hubo respuesta. También en varias oportunidades se intentó obtener la versión del ex ministro de Agricultura y Tierras venezolano, Elías Jaua, pero no respondió las solicitudes de entrevista. 

Por su parte, William Schwartz, quien fue director del Instituto Nacional Forestal de Nicaragua (Inafor) entre 2007 y 2016, se negó a ofrecer declaraciones sobre el período de auge de Alba Forestal y el proyecto que inició sobre reforestación comunitaria.  "Ya tengo cuatro años de estar afuera (del cargo). No sé cómo se está manejando Alba Forestal, si bien o mal", se excusó. Aseguró que, mientras estuvo al mando de la institución estatal "todo mundo sabía cómo se manejó cuando estuve ahí. Pregúntele a las autoridades actuales".

Troncos en el camino

No solo no quedaba claro a cuánta ganancia se podría aspirar sensatamente del proyecto, sino que se ignoró el paso del tiempo y sus estragos.

El Caribe Norte, donde nace el proyecto de madera con fondos venezolanos, es una de las zonas más lluviosas de Nicaragua y también una de las más abandonadas por el Estado. Esa ausencia permitió que los llamados colonos invadieran territorios indígenas mediante la violencia. 

Madera podrida: eso fue lo que encontraron los creadores del proyecto tres años después del huracán Félix, al llegar al sitio donde se planeaba desarrollarlo, y solo después de sortear muy malas vías de acceso. Apenas entonces se constató que los malos caminos constituirían un obstáculo de gran magnitud a la hora de extraer el producto.

“Solo pudieron aprovechar algunas especies de madera dura en la zona y eso implicó una modificación de lo que se tenía planificado. Empezaron a ver que el costo de operación en la zona era muy alto y podrían tener pérdidas si solo sacaban la madera que fue tumbada por el huracán Félix. Por eso decidieron aumentar la explotación con madera que no había sido tumbada”, detalla Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, dedicada en Nicaragua a la conservación del ambiente.

Sin embargo, una fuente venezolana que trabajó como funcionario de la empresa Albalinisa asegura que, entre 2010 y 2014, se usó el dinero que Caracas había desembolsado.

Entre algunas de las actividades por las que se incurrió en gastos, relata la fuente, estuvieron la compra de las máquinas necesarias para recoger la madera caída, se comenzaron a hacer las carreteras para abrir el acceso hacia el lugar, se formó a la comunidad en la operación de las máquinas e, incluso, se comenzó a conformar un laboratorio de reforestación. Para el tercer año de convenio se estaba sacando algo de madera.

“El proyecto empezaba desde menos cero y no ibas a ver rápido el retorno. Eran préstamos a muy largo plazo (…) Con todos esos convenios se sabía que pasarían hasta 25 años para que retornara el dinero a Venezuela”, explica el ex funcionario, que asegura desconocer en qué momento se desvirtuó la iniciativa.

Wilfredo Davis, quien hoy es miembro del Consejo Regional Autónomo, trabajó durante diez años en la asesoría para empresas comunitarias que trabajaban con el manejo forestal del lugar, antes y después del huracán. Él da fe de que Venezuela invirtió dinero en la cadena de producción de madera con equipos, materiales y combustible.

El edil denuncia, en cambio, que se otorgaron licencias de tala con volúmenes exagerados con respecto a lo permitido cada año, y se terminaron las iniciativas de la forestería sostenible que las comunidades podían aprovechar durante los próximos 50 años. Según Davis, no hubo la reforestación prometida sino que el bosque se ha ido regenerando naturalmente. “Fue un robo descarado respaldado por Inafor”, afirma.

Otro funcionario, Rodrigo Obregón, ex vicegerente de Albanisa entre 2007 y 2013, se refiere a la metamorfosis que tuvo el proyecto. Se vendió como humanitario, y se volvió un caso de “oportunismo mafioso” y de “proyecto extractivista”.

Se suponía que Alba Forestal debía impulsar una cultura de reforestación para que en el futuro las comunidades pudieran iniciar de nuevo el ciclo de aprovechamiento del recurso maderero. Sin embargo, Obregón asegura que entre 2009 y 2016 se extrajeron a mansalva 12,4 millones de metros cúbicos de madera de diferentes especies en rollo y aserrada. “El Proyecto de Alba Forestal en realidad fue de deforestación nacional”, lamenta el ex funcionario.

Sigue Obregón: “Los representantes del chavismo estuvieron presentes en todo el ciclo de vida del proyecto y se encargaron de definir los destinos de la madera extraída, aunque nunca llegó a Venezuela. Decían en la región, que la madera era para los proyectos conjuntos de Venezuela y Nicaragua con su Misión Vivienda en aquel país y Casas del Pueblo en Nicaragua, pero lo cierto es que no se hizo ni una sola casa de madera porque las que construyeron, bajo otro negocio lucrativo, fueron de cemento y derivados”.

Hasta enero de este año el tema de la reforestación comunitaria continuaba siendo una promesa del gobierno de Ortega, como pilar de su estrategia nacional de desarrollo. El Instituto Nacional Forestal proyectó un plan que, entre 2020 y 2030, debía beneficiar a 1.380 familias con el manejo de 16.300 hectáreas boscosas.

Hoy, sin embargo, los funcionarios nicaragüenses mantienen en la oscuridad lo que ocurrió con el proyecto financiado por Venezuela hace una década.

Tanto la división de recursos naturales como la coordinación regional del Consejo Regional del Caribe Norte -la máxima autoridad local dentro del régimen de autonomía concedido a las zonas atlánticas de Nicaragua-, negó a estos reporteros cualquier tipo de información.

Carlos Alemán, el coordinador general del Consejo Regional, preguntó por qué lo buscaban a él para hablar de este tema, justo antes de colgar el teléfono. La asesora legal del área de recursos naturales dijo que su jefe se encontraba fuera de la ciudad y prometió información en su despacho. Luego desconectó su celular.

Privatización y epílogo

En 2014 la empresa Consorcio Multi Consult S.A. elaboró un estudio no oficial en donde se evaluaba la industria del mueble y, en ese contexto, se diagnosticó el problema que existe alrededor del abastecimiento de madera. El documento, obtenido por los reporteros y cuya credibilidad fue confirmada por fuentes del sector, examinó la iniciativa de Alba Forestal y resaltó: “Según expertos forestales de la región, las proyecciones iniciales de la existencia de madera fueron infundadas y, en el mejor caso, sobredimensionadas”.

Pero cuando Armando.info solicitó una entrevista sobre este documento a la propia consultora, no obtuvo respuesta. Tampoco la Secretaría de Comunicación, en manos de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, respondió a una solicitud de información.

El informe también confirma la denuncia de los ambientalistas de que la madera suave que no se sacó a tiempo se pudrió o fue consumida en las quemas no controladas que se dieron después del huracán. Asegura también que la madera en suelo que era posible aprovechar fue extraída por Alba Forestal en sus primeros cuatro años de operaciones, y por otros madereros de la zona.

La ex alcaldesa de Puerto Cabezas -la capital regional- por el partido Indígena Yatama durante el periodo 2005-2009, Elizabeth Henríquez, relata que, mientras el proyecto sacaba del lugar toda la madera que podía, los ríos se fueron secando y la actividad agrícola menguó. “La gente ya no puede producir su agricultura y ahí viven de arroz y frijoles”, acota. “Aprovecharon no solo la caída de la madera, sino lo que estaba vivo también se lo llevaron en su saco. Se explotó sobre explotación, pero no hubo ningún programa de desarrollo social”.

Entre tanto, el negocio dio señas de haber sido lucrativo. Seis años después de su inicio se hizo un aumento de capital hasta alcanzar los seis millones de dólares. En 2014, el emprendimiento cambió de nombre a N & H Woods Products y pasó a controlar el negocio de la madera en todo el territorio nicaragüense, según denuncias del ambientalista Amaru Ruiz y la prensa local. En marzo de ese año, un equipo del diario La Prensa de Managua visitó las instalaciones de Alba Forestal en el kilómetro 29 de la carretera vieja a Tipitapa, y encontró un letrero con el nuevo nombre corporativo.

Sin embargo, en 2016 la empresa cesó operaciones por el cúmulo de denuncias de corrupción y competencia desleal que dieron a conocer los empresarios tradicionales del sector, así como por desavenencias financieras con los delegados del chavismo, según Obregón.

Sobre el retorno del dinero invertido por Venezuela o el beneficio que pudo obtener el país suramericano, no hay información. Lo que sí se sabe es que la exportación de madera desde Nicaragua a Venezuela fue mínima. Según el Centro de Trámites de las Exportaciones en Nicaragua, el país centroamericano exportó a Venezuela madera por valor de apenas 95.901 dólares entre 2010 y 2015. El pico se concentró en 2010 y 2011 con 41.580 y 49.896 dólares respectivamente. En el informe estatal al que se tuvo acceso, no existe un registro detallado sobre qué empresas fueron las que mandaron sus productos. Tampoco sobre las metas de producción y exportación que pudo alcanzar Alba Forestal durante este mismo período. Pero las cifras registradas representan una fracción insignificante del monto invertido por el Estado venezolano para el proyecto en el Caribe Norte nicaragüense.

La ayuda venezolana concebida para crear riqueza y rescatar el medio ambiente en Nicaragua, terminó en manos de un coto cerrado, controlado por la triada Estado-partido-familia de Daniel Ortega, cuyos productos palpables fueron corrupción, tráfico de influencias y daño ambiental. Así, los resultados del proyecto, sus ganancias y el retorno del dinero a Venezuela terminaron perdidos en un bosque de opacidad entre ambos países.

*Este reportaje tuvo su origen en un grupo de documentos que Armando.Info obtuvo y que el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) compiló en una base de datos y ayudó a analizar.