Pero al mismo tiempo eran tiempos de bonanza petrolera y de hegemonía política: el presidente Hugo Chávez se había declarado "socialista" en 2006 y su partido controlaba la Asamblea Nacional casi por completo, tras la deserción opositora de las elecciones parlamentarias de 2005. El oficialismo contaba entonces con el poder y las ambiciones políticas para reforzar la red de nuevos aliados internacionales, entre ellos China. La relación con el gigante asiático florecía entre decenas de nuevos proyectos articulados en largas reuniones, memorandos y millones de dólares.

Fue en medio de esa embriaguez que, sin estudios de evaluación ni proyecciones, el 22 de diciembre de 2009, el Banco de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en inglés) volcó en las arcas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) esos 1.000 millones de dólares destinados a financiar proyectos para mejorar la capacidad de producción y despacho de mineral de hierro de la empresa básica CVG Ferrominera desde el estado Bolívar, en el sur del país, y que serían pagados por Venezuela con 42,96 millones de toneladas de mineral de hierro. El acuerdo preveía además que para las obras de mejoramiento se contrataría a empresas chinas, según documentos a los que ha tenido acceso Armando.info y han sido procesados y analizados junto con el equipo de datos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con la reportería adicional de Diálogo Chino.

No se trataba de un acuerdo de exportación regular. Si China hubiera pagado por adelantado las 42,96 millones de toneladas y en concordancia con el precio internacional del mineral de hierro para 2009, habría tenido que girar al país caribeño una cifra de alrededor de 4.176 millones de dólares y no los 1.000 millones que se pagaron. Según los términos de este intercambio, vestido de cooperación para el desarrollo de la capacidad exportadora de Venezuela de esta materia prima esencial para producir el acero, China estaba en efecto comprando mineral barato, muy barato. Pero, como se vería a la postre, el enorme descuento de 75% estaba ligado a un riesgo muy alto de incumplimiento por la contraparte.

Los tiempos del acuerdo eran apretados. Según el contrato de venta que había sido firmado dos meses antes, el 22 de octubre de 2009, la estatal CVG Ferrominera estaba en la obligación de entregar al término de ese mismo mes de octubre una primera cuota de 160.000 toneladas de material. Luego vendrían otros dos despachos: uno de 160.000 toneladas en noviembre y otro en diciembre de 140.000 toneladas adicionales. La entrega del mineral se demoró, pero se cumplió la cuota de ese año. Durante el primer semestre de 2010, Ferrominera entregó 460.000 toneladas de mineral hierro que todavía correspondían a la cuota del 2009.

Para 2010, la cuota pactada era mucho mayor: cuatro millones de toneladas; es decir, 29% de lo que sería finalmente la producción total de Ferrominera ese año, que fue de una pizca más de 14 millones de toneladas, según el documento de Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas de 2013. La meta era ambiciosa pero lucía alcanzable si se acometían las mejoras establecidas en el préstamo chino. Ello no ocurrió. Pronto quedaría claro que no había alquimia que pudiera transformar el optimismo inicial de Beijing y Caracas en mineral de hierro.

Para el 30 de junio de 2010, CVG Ferrominera apenas había suministrado 337.250 toneladas del mineral de hierro, menos de 10% del total prometido. Para cumplir el compromiso del año le quedaban un saldo pendiente de 3.461.946 de toneladas y solo seis meses de plazo.

En un informe conjunto de la delegación venezolana del Convenio de Financiamiento CVG y el Banco de Desarrollo de China (CDB), se advertía que la empresa venezolana navegaba por aguas peligrosas y que, de no cumplir con el calendario, estaría en la obligación de pagarle a China un monto equivalente al volumen no entregado al precio pactado. Es decir, casi 70 millones de dólares (69.909.301,32 para ser exactos), además de los pagos por transporte, carga y descarga, entre otros.

No pasó mucho tiempo para que quedara al descubierto la imprudencia de los monumentales proyectos planeados con dinero proveniente del Fondo Chino, sin que existiera garantía de un verdadero cumplimiento. “El ministro [Rodolfo] Sanz efectuó promesas que la Corporación Venezolana de Guayana no estaba en capacidad de cumplir y comprometió a Ferrominera a suministrar mineral de hierro en niveles que no posee”, se quejó con rudeza Tian Yunhai, subdirector del departamento de cooperación internacional del CDB, durante un encuentro urgente convocado en diciembre del 2010 en Beijing para discutir los motivos del incumplimiento del acuerdo.

El desengaño

Poco a poco y de un modo que denotaba cierta ingenuidad, las autoridades venezolanas cayeron en cuenta de que habían firmado un contrato poco favorable para ellas y muy difícil de cumplir.

En un informe presentado por la Delegación Venezolana de Financiamiento de la CVG y el Banco de Desarrollo de China (CDB) en junio de 2010, se detalló que el contrato de entrega de mineral de hierro suscrito con Wisco no generaba ingresos para CVG Ferrominera. “A pesar que hasta el momento se ha contado con suficiente mineral en inventario para cubrir los compromisos es necesario recuperar e incrementar la capacidad productiva de CVG Ferrominera para garantizar el volumen de mineral de hierro a China, sin menoscabo de sus otros compromisos (…) es indispensable disponer de otras fuentes de ingresos para poder cumplir con los compromisos contractuales y de funcionamiento y actualmente dicha fuente son las exportaciones a Europa”, dice el documento.

El informe enumeraba aspectos que dejaban en evidencia la incapacidad operativa y logística de la empresa para enfrentar un compromiso de la magnitud pactada. “Para incrementar la capacidad de acarreo se requiere contar con el buque Río Caroní, el cual actualmente se encuentra en reparaciones mayores en el dique de Curazao. El costo de estas reparaciones asciende a la cantidad de USD 9 MM, de los cuales no dispone CVG Ferrominera. A la fecha dicho pago presenta un retraso de dos meses y el dique de Curazao manifiesta que sacará el buque de fosa sin culminar la reparación en el caso de persistir el retraso en el pago. Ello implicaría que el buque quedaría fondeado y fuera de operaciones, con los consecuentes costos asociados”, dice el documento.

El reporte no ahorraba ni detalles ni amarguras, en un poco frecuente rapto de realismo. Admitía que la empresa no contaba con recursos para cubrir los costos de materiales y repuestos que le permitirían alcanzar la capacidad operativa en las distintas etapas del proceso -extracción, procesamiento y acarreo de mineral- y el mantenimiento de la estación de transferencia Boca Grande II, la mayor estación de transferencia de mineral de hierro flotante en el mundo, situada en el estrecho de Serpiente o canal de Colón, frente a la desembocadura del río Orinoco, entre las costas sur de la isla de Trinidad y oriental de Venezuela.

Otro inconveniente que enumeraba el informe: la infraestructura portuaria de la estación Boca Grande II no se correspondía con la capacidad de carga de los buques contratados por la china Wisco. Por si esto fuera poco, los buques de transporte no contaban con sistemas de navegación asistidos por GPS que permitieran la navegación nocturna, ralentizando el acarreo de mineral por las traicioneras aguas del estrecho.

Al hecho de que el hierro que se comprometía con los chinos presentaba un importante descuento en su precio, se agregaba la perspectiva de una inminente reducción de los ingresos de Ferrominera por ventas a sus clientes nacionales del sector de transformación. Ya estaba en vigencia un plan de recorte de consumo eléctrico -era el año de la emergencia eléctrica decretada por Chávez- que preveía importantes limitaciones para la industria pesada, y había problemas técnicos en las plantas de reducción directa de Guayana (Matesi, Orinoco Iron, Planta de Briquetas de FMO y Comsigua), responsables del segundo proceso en el ciclo productivo del hierro, que consiste en transformar las pellas (pequeñas bolitas del mineral) de manera que sean aptas para la fabricación de acero, lo que incluye la remoción del oxígeno contenido en el óxido de hierro.

El informe, elaborado a petición del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) de Venezuela, concluía que sería necesaria una inversión extraordinaria de 50 millones de dólares para atender aspectos urgentes que podrían sortear parte de los obstáculos y aumentar la línea de producción de Ferrominera. “De no acometer acciones inmediatas se incurrirá en el incumplimiento del contrato de préstamo a septiembre de 2010 y con el contrato de suministro en diciembre de 2010, que generarán las consecuencias legales y económicas ya descritas. Sin embargo, tales acciones tampoco garantizan el debido cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de los diversos contratos para los años subsiguientes, debido a que su cumplimiento dependerá de reformas estructurales en la empresa”, advierte el informe.

A pesar de que el crédito de 1.000 millones de dólares -el mismo que, según el compromiso, Venezuela debía pagar con 42.96 millones de toneladas de mineral de hierro- iba destinado a mejorar la capacidad de producción y despacho de la empresa, en el reporte la representación venezolana aseguraba: “CVG Ferrominera no se ha beneficiado de los recursos del financiamiento”.

Entre tanto, y a pesar de los retrasos, la parte china podía darse por servida. Más allá de asegurar los materiales necesarios para alimentar su crecimiento económico, con el convenio se había asegurado el acceso a mediano plazo a la fuente de uno de los mejores minerales del mundo. Cuando la mena de óxidos o hidróxidos de hierro contiene más de 65% de concentración de hierro seco, se considera de alta calidad ,y entre el 62 y el 64% se considera de calidad media. “Entre las reservas declaradas [en Venezuela] la media en 1.748 millones de toneladas es de 63,51% y en otras 4.176 millones de toneladas es de 41,2%. Esta proporción es rara en el mundo”, dijo en 2018 Zhan Hongkun, ingeniero jefe de China Railway 10th Engineering Group (y filial de Cregc) en Venezuela, al diario chino People’s Daily . Además, el mineral de hierro venezolano es muy adecuado para el uso industrial, ya que según Zhan “la dificultad de extracción es pequeña, el mineral de hierro se encuentra todo por encima de la superficie, y se puede cargar y transportar directamente después de ser excavado”.

Según Rebecca Ray, investigadora de la Iniciativa de Gobernanza Económica Global (GEGI) de la Universidad de Boston, que ha estudiado ampliamente los préstamos chinos en América Latina, el acuerdo parece seguir un modelo tradicional de préstamos respaldados por materias primas.

“En lugar de un reembolso directo en especie, conllevan envíos de materias primas a una empresa china (en este caso, Wisco), que luego canaliza los ingresos de la venta a una cuenta vinculada al préstamo. Normalmente, si el valor de los envíos supera la cantidad necesaria para el reembolso, el excedente puede devolverse al país prestatario como ingresos normales de exportación. Obviamente, en este caso, con la empresa minera en apuros, no esperamos que haya excedentes de envíos”, dice Ray, quien también dirige el proyecto de mapeo de la financiación del desarrollo en el extranjero de China.

Sin mejoras en su capacidad productiva, en 2010, Ferrominera Orinoco apenas pudo cumplir con la entrega de 514.250 toneladas de hierro, solo 13,45% del compromiso asumido para el año.

“Lamentablemente, hasta donde sé, los detalles del acuerdo nunca se han hecho públicos, por lo que no podemos confirmar si sigue el patrón tradicional”, añadió.

'Espantá' en Beijing

A pesar del tenor del hierro venezolano, los envíos llegaban a cuentagotas. A finales de ese año, la proverbial paciencia china se agotó ante el incumplimiento venezolano.

El 9 de diciembre de 2010, en la sede del Banco de Desarrollo de China (CDB) en Beijing, se celebró una reunión a la que debía asistir la presidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Edmée Betancourt. Sin embargo, en su lugar se presentaron Richard Miranda, oficial de cumplimiento del Bandes, y Guadalupe Franco, primera secretaria adscrita a la Embajada de Venezuela en China.

Durante el encuentro, Tian Yunhai, subdirector del departamento de cooperación internacional del CDB, expresó su molestia: “Tanto el banco como Wisco esperaban de Venezuela una respuesta orientada a la cooperación y el diálogo sincero, sin embargo, las negociaciones lideradas por Ferrominera distaban de ese objetivo, presentando solamente una postura netamente comercial y con unos rangos de suministro que no respondían a las expectativas de Wisco”, dijo el funcionario, según los documentos a los que Armando.info tuvo acceso. Tian recordó que en 2009, cuando el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, solicitó con carácter de emergencia recursos al banco, “se respondió acorde a la confianza que mantiene en la cooperación con Venezuela”.

El objetivo de la reunión era recibir una propuesta del CDB para la utilización de la línea de crédito, pero la representación china se quejó por la ausencia del recién nombrado ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, y de la presidenta de Bandes, Edmée Betancourt, quienes hasta entonces habían dado la cara en representación de Venezuela durante las negociaciones del contrato con China. “La situación está afectando la relación financiera con Venezuela y seguro que esta situación no sería del agrado del señor presidente Hugo Chávez”, amenazó Tian, no muy veladamente. 

Un día después de la reunión, la Comisión Diplomática de Venezuela en China recibió una comunicación con carácter de urgencia del funcionario chino, en la que informaba de una visita que haría a Venezuela en 30 días, acompañado por técnicos del banco y equipo técnico de Wisco, para evaluar la capacidad productiva y condiciones logísticas e iniciar la ejecución de proyectos para el año 2011. “El objetivo es solucionar lo antes posible los problemas que CVG tiene en la producción y logística”, refería.

Con socios así...

Mejorar la capacidad de producción y despacho de mineral de hierro de Ferrominera justificó el endeudamiento por 1.000 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de China, y obligó a la estatal a comprometer 42,96 millones de toneladas de su producción. Pero la puesta en marcha de los proyectos de mejoramiento de la minera se encontró con tantos traspiés como los intentos de cumplimiento del calendario de pago establecido.

En una reunión celebrada el 30 de mayo de 2011, Ferrominera y Wuhan Iron and Steel Corporation (Wisco) firmaron un nuevo convenio que comprometía a la empresa china a diseñar y poner en marcha dos proyectos junto a la estatal china China Railway Engineering Corporation Group (Cregc), que incluían la “ampliación de la capacidad del muelle de Palúa”, un pequeño puerto en el noroeste de San Félix, ciudad del estado Bolívar, y el “dragado del río Orinoco”. El acuerdo contempló también un tercer proyecto que iba a ser desarrollado por Wisco y que estaba destinado a la “compra de maquinaria y repuestos para las minas” para aliviar la crisis operativa y de infraestructura que enfrentaba la empresa.

Tres meses después, el 10 de agosto de 2011, luego de continuas jornadas de trabajo entre Ferrominera y Wisco, las partes concluyeron que los proyectos debían ser ejecutados por empresas especializadas en estas áreas. Wisco admitió por fin que no tenía la experiencia suficiente para llevar a término las obras de ingeniería para ampliar la capacidad operativa del muelle de Palúa y llevar adelante el dragado del Orinoco. Por ello, informó a Ferrominera la cesión total a terceros de ambos proyectos. Otorgó el de dragado a China Railway Engineering Corporation Group (Cregc) y China Communications Construction Company (CCCC), esta última a cargo de más de 50 proyectos en América Latina. La ampliación de la capacidad operativa del muelle de Palúa fue encomendada a China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd.

Wisco quedaría así con solo uno de los tres proyectos contemplados en el acuerdo original, para la compra de maquinarias y repuestos para las minas.

El 5 de septiembre de 2011, Ferrominera firmó con China Communications Construction Company (CCCC) el contrato para la ejecución de dragado de mantenimiento y profundización del canal del río Orinoco, comprendido entre las millas 0 y 42 de su canal exterior y entre las millas 42 y 196 de su canal interior. Ese mismo día, la estatal venezolana dio el visto bueno a China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd para que iniciara los trabajos de ampliación del muelle de Palúa, que abarcaban la construcción, instalación y puesta en marcha de tolvas receptoras de mineral de hierro fino y grueso, transportadores, casa de trasferencia, un apilador de 3.500 tn/h de capacidad nominal cada uno, un recuperador, un cargabarcos, un patio de apilado, y la construcción de 2,5 km de vía férrea en circuito cerrado para la entrada, descarga y salida de trenes.

Ambas obras debían iniciarse en octubre de 2011 y culminar catorce meses después, en diciembre de 2012.

Pero mientras los proyectos de mejoramiento de infraestructura no se concretaban, Ferrominera enfrentaba compromisos de entrega de material cada vez más altos y con dificultades cada vez mayores para cumplir. En 2011 le correspondía una cuota de seis millones de toneladas, o 35% de la producción total registrada ese año. Para 2012, la cuota subió a 6,5 millones de toneladas, correspondientes a 43% de la producción que, según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas de ese año, alcanzaría a duras penas las 15 millones de toneladas.

De los proyectos financiados por el Fondo Chino a Ferrominera, el único que llegó a término fue la ampliación del muelle de Palúa de Ferrominera Orinoco, con cinco años de retraso respecto a la fecha prometida, y ya cuando Hugo Chávez había muerto. En el programa de televisión Contacto con Maduro, el viceministro de Planificación Industrial e Inversiones Estratégicas para la fecha, Marcial Arenas, el presidente de la estatal minera,  Isaías Suárez Chourio, y representantes de la empresa China Railway Engineering Corporation Group (Cregc), inauguraron la obra el 31 de enero del 2017.

El año 2013 marcó el quiebre definitivo de la industria, con deudas millonarias por cobrar. Nacionalizada en 1975, un año antes que la industria del petróleo, la explotación de los yacimientos férreos del estado Bolívar fue el primer pilar de un plan estatal de los gobiernos democráticos para convertir la ribera sur del río Orinoco en un enclave siderúrgico y de industria pesada de escala global. Ferrominera, levantada a partir de las operaciones que tenían antes empresas norteamericanas, era fundamental para ese horizonte.

Ese 2013, el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, admitió en una entrevista pública que la empresa enfrentaba dificultades hasta para pagar los recibos de electricidad, gas, Seguro Social y los compromisos contractuales asumidos a través del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). A su vez, parte importante de la producción se encontraba hipotecada por el contrato con China, que no dejaba ganancias directas a la industria. El precio internacional del mineral de hierro ese año promedió 135 dólares la tonelada, mientras Venezuela había aceptado un trato por el que, en la práctica, estaba entregando la tonelada a 23 dólares. Caracas había desaprovechado una década de alza en los precios de las materias primas impulsada, irónicamente, por la voracidad de China. Lo peor es que el asfixiante compromiso seguía: para 2013 la promesa de entrega de mineral ascendía a 6,5 millones de toneladas; ese año, la producción de Ferrominera fue de diez millones de toneladas. En otras palabras, de cada kilogramo de hierro producido en 2013, 650 gramos salieron de la tierra ya empeñados al cliente chino, sin posibilidad de venderlos por dinero en efectivo. Estaban "pagados" desde hacía mucho tiempo antes.

El documento oficial Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas del 2013 da como explicación para el descenso acusado en la producción de las plantas del sector del hierro y el acero nacional la de “los efectos acumulados del viejo esquema de gestión capitalista que predominaba, así como la desinversión histórica del viejo modelo de gestión de estas fábricas, en equipamiento y mantenimiento programado para garantizar la disponibilidad de los equipos necesarios para la sustentabilidad de la producción y las ventas”.

Pero la parrafada no era creíble. Algo más debía estar sucediendo y, para averiguarlo, desde Caracas enviaron a Ciudad Guayana -el conurbano de San Félix y Puerto Ordaz alrededor de la desembocadura del río Caroní en el Orinoco, sede de la CVG y capital de la industria pesada venezolana- a un súper agente de inteligencia, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias El tiburón, coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. Fue el comienzo de un escándalo de corrupción que terminó engullendo al propio Álvarez Dionisi.

El 12 de junio del 2013, el presidente Nicolás Maduro, recién electo en abril anterior tras el fallecimiento de Chávez, anunció la detención de Sabbagh, el presidente de Ferrominera que se quejaba de la imposibilidad de pagar la factura de los servicios. Sabbagh fue después condenado a seis años de prisión, tras admitir su responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 1,8 millones de dólares, durante su gestión entre 2006 y 2013. Con él, también fueron a prisión las gerentes de Finanzas, María Acosta, y de Administración, María Rodríguez; el consultor jurídico, Noel Ramírez, el exgerente técnico de Operaciones de Ferrominera, Ángel Ramón Campero Franco; y un empresario, Yamal Mustafá, de amplios vínculos con el varias veces gobernador del estado Bolívar por el chavismo, general Francisco Rangel Gómez.

El anuncio puso al descubierto varios ilícitos que vinculaban a la alta gerencia de Ferrominera con un esquema de corrupción de venta de mineral de hierro con descuentos  a empresas intermediarias, que colocaban el producto en el mercado internacional. Además, dio a conocer que los implicados habían dado sobornos al coronel Álvarez Dionisi, enviado a investigar las irregularidades, a cambio de que no las reportara. El tiburón fue acusado entonces por las fiscales 54º nacional y 2º nacional auxiliar, Nelly Sánchez Pantaleón y Maryori Da’Cunhade, respectivamente, por los delitos de extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En la ya citada Memoria y Cuenta de 2013, el Mibam alude a la investigación abierta en tribunales por la desviación de recursos y señala que “a raíz de esto y otras denuncias se destituyó parte del tren directivo de la planta así como efectuaron diversas detenciones por parte de los órganos competentes en la materia”.

Frustrados, y frente a la incapacidad de su socio comercial -lastrado ahora por un escándalo de corrupción- de cumplir con los acuerdos, los ejecutivos chinos se vieron obligados a evaluar y renegociar los proyectos, en procura de una recuperación real de la producción. Los últimos registros públicos sobre el estatus de los proyectos se encuentran en el documento Memoria y Cuenta del Poder Popular para Industrias de 2015.

“El proyecto 'Ampliación de la capacidad del muelle de Palúa', no contempló avance de la meta física, por haberse alcanzado esta a finales de 2014 con la culminación de las instalaciones”, reza el documento. Añade que se recibieron los planos del proyecto “en condición de construido”, se realizaron pruebas sin carga y con carga que permitieron la corrección en diferentes puntos de los sistemas instalados y la firma de las actas de aceptación provisional, a pesar de que quedó pendiente finalizar la asistencia técnica al proyecto.

Entre tanto, en 2016, Wisco, con sede en Wuhan, la ciudad elevada luego a una triste celebridad por el coronavirus, se fusionó con Baoshan Iron and Steel Group (Baosteel), con sede en Shanghai, como parte de la amplia reforma de las empresas estatales iniciada por el gobierno chino. El resultado de esa operación fue que la empresa, ahora llamada Baowu Steel Group, se constituyó en la segunda mayor siderúrgica del mundo. No está claro si las obligaciones contractuales de Ferrominera pasaron a ese grupo. Según Panjiva, compañía que registra datos del comercio internacional, entre 2017 y 2018, Ferrominera todavía exportaba cerca de tres millones de toneladas de mineral de hierro por año a China.

El último anuncio público realizado por Nicolás Maduro aseguraba que, en octubre de 2019, Ferrominera volvería a producir tres millones de toneladas de material al año. Un año después de aquel pronóstico, los hornos ubicados dentro del complejo industrial Punta Cuchillo, en el área industrial de Matanzas, al oeste de Ciudad Guayana, permanecían apagados, mientras las cifras de producción de la empresa continúan en franco descenso, sin siquiera haber alcanzado los dos millones de toneladas en 2020, la séptima parte de lo que estaba produciendo Ferrominera una década antes, cuando recibió el crédito de China para su expansión.

*Esta investigación tuvo su origen en un grupo de documentos que obtuvo Armando.info (Venezuela), que procesó y analizó en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y con reportería adicional de Diálogo Chino.