Pero desde Nueva York también creyeron ver que otra mezcla difícil, la de dos grupos empresario-familiares, se originaba en Ciudad Guayana. 

Fue en septiembre de 2014. Entonces, el JP Morgan Chase Bank, en Brooklyn, emitió un reporte para FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) en el que daba cuenta de transacciones presuntamente irregulares que llevaban a cabo empresas y personas ligadas al grupo financiero del venezolano Banco Caroní -con las familias Maza y Kabchi a la cabeza- y en las que había participado una compañía bursátil panameña en la que otra familia oriunda de Guayana, los De Grazia, tenía intereses.

El documento forma parte de los 2.100 Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) obtenidos por BuzzFeed News y organizados como una base de datos consultable por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC), que dieron lugar a la serie de los FinCEN Files, en la que participaron 107 medios de todo el mundo, entre ellos, Armando.info, que la publica desde el año pasado. 

En el reporte, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase informaban sobre 533 transacciones financieras irregulares que habían monitoreado entre enero y agosto de 2014, por un total de poco más de 205 millones de dólares. De esas transacciones, 414 habían tenido como origen un pequeño banco de la isla caribeña de Barbados, el Continental Bank Corp, propiedad de los directivos venezolanos del Banco Caroní, y otras 119 habían sido destinadas al mismo banco.

Muchas de las operaciones desembocaban en transferencias de fondos a cuentas personales en Suiza y Estados Unidos de personas vinculadas al Banco Caroní, resaltaba el informe, que además recordaba que JP Morgan Chase había emitido con anterioridad al menos otros once SAR para FinCEN, donde mencionaba al Banco Caroní y subsidiarias en relación a “ventas de bonos (…) y actividad de transferencias por cable (…) que generaron sospechas de involucramiento en el procesamiento de ingresos provenientes de la corrupción oficial, comportamiento de servicios no registrados para el cambio de monedas, fraude financiero, y otras actividades no transparentes y de alto riesgo”.

En vista de todo ello, seguía el documento, en 2012 JP Morgan Chase había emprendido una “salida de toda la empresa” (a firmwide exit) de sus relaciones con el Banco Caroní. Pero, a pesar de esa medida profiláctica, todavía en 2014 continuaba involuntariamente al tanto de las actividades del banco venezolano, porque el Continental Bank de Barbados -vinculado al Caroní- venía usando a la sucursal del Royal Bank of Canada en esa isla como intermediario para sus operaciones internacionales y este, a su vez, tenía a JP Morgan Chase como banco corresponsal.

“El 4 de marzo de 2014”, dice el documento, “JP Morgan Chase emitió una solicitud verbal de ‘cese y desista’ al Royal Bank of Canada (Barbados), en lo que respecta a su facilitación de transacciones para el Continental Bank a través de JP Morgan Chase”. 

El análisis de los ejecutivos de JP Morgan Chase Bank había permitido determinar que las transferencias originadas en el Continental Bank de Barbados o destinados al mismo, particularmente en el período entre enero y febrero de 2014, reflejaron “patrones consistentes con actividades del VPCS, actividad informal de transferencia de valores, y también incluyeron aspectos materiales no transparentes”, en alusión a su falta de datos descriptivos y soportes del propósito de las operaciones. En el informe, las iniciales VPCS corresponden al inglés Venezuelan Parallel Currency System, fórmula con la que se refiere al mercado negro de divisas. 

En un largo párrafo explicativo, los funcionarios del JP Morgan Chase relataban la evolución del régimen de control de cambio de divisas, impuesto por Hugo Chávez, desde 2003 a la fecha. En 2014, resumían, “los sistemas Cencoex, SICAD 1 y SICAD 2 funcionan en paralelo”, pero, advertían, “como todos son restrictivos, la demanda por dólares en el mercado negro continúa, así como el VPCS”.

Así, los 205 de millones de dólares que corrieron durante el periodo enero-agosto de 2014 por el JP Morgan Chase, atribuibles a transferencias de o hacia el Continental Bank de Barbados, habrían correspondido a operaciones de ese tipo. Aunque las transacciones sujetas a escrutinio sumaban más de 500, solo 19 de ellas concentraban 30% -unos 62 millones de dólares- del monto total. Y de ese dinero, 56 millones de dólares correspondían a apenas dos transferencias hechas por una compañía en Panamá, Intersecurities International Inc, dos de cuyos accionistas y directores principales, Carmelo De Grazia Suárez y Daniel De Grazia Suárez, son parte de la familia que en Venezuela controla Bancamiga. 

Ahorros familiares

Fundado en 1982, el Caroní es un banco pequeño de vocación regional. En el ranking bancario más reciente, de abril de 2021, ocupa la posición 20 entre las instituciones con mayores activos, y la 22 en términos de su cartera crediticia, entre los 30 bancos universales que la Superintendencia Nacional del Sector Bancario (Sudeban) vigila. 

Sin embargo, la influencia gremial del Banco Caroní siempre ha excedido su volumen de negocios. El presidente desde 1986 del banco, Arístides Maza Tirado, ha presidido en tres períodos la Asociación Bancaria de Venezuela, y también dirigió algunas cámaras empresariales, como el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). Uno de sus hijos, Octavio, también fue director de Consecomercio.

En la actual junta directiva del banco figuran cuatro personas con su apellido: además del propio Arístides Maza, están Octavio Maza Duerto, Fredy Maza Tirado y Gonzalo Maza Anduze.

El otro apellido que se repite tanto como el de los Maza es Kabchi, una familia de origen cristiano libanés que asentó sus reales en Guayana: Edmundo Kabchi Murgus es el vicepresidente del banco, quien tiene por suplente a su hijo, Edmundo Kabchi Zakia. Gamal Kabchi, Georges Kabchi Zakia, Mounir Kabche El Douaihi y George Kabche Dzoubaun también aparecen entre la directiva del banco.

Amén de ser un apellido común en el Medio Oriente, la confusión entre Kabchi-Kabche es siempre probable por cuenta de la transcripción de la grafía árabe al alfabeto latino. No en balde, el propio SAR de JP Morgan Chase Bank parece dar por equivalentes o por alias los nombres de padre e hijo: “Edmundo Kabchi”, se lee en el reporte, “fue identificado como Edmundo Jreige Kabchi Murgus (‘Murgus’), localizado en Venezuela, y como Edmundo Jorge Kabchi Zakia (‘Zakia’)”. Otro ejemplo de esta dificultad en la traducción de nombres árabes se encuentra en una versión que corre por Internet y atañe a los Kabchi de Guayana: Sayari, un reputado servicio de inteligencia financiera con sede en Washington DC, publicó en marzo pasado un reporte en el que señala que los Edmundo Kabchi, padre e hijo, son socios en un par de empresas registradas en Líbano de los hermanos Khalil, Majed y Khaled, unos de los empresarios más favorecidos con contratos del Estado a lo largo del régimen chavista. Pero un vistazo a los expedientes del Registro Mercantil de Líbano muestra que entre los diez directores de la compañía Airport Mall Holding SAL se cuenta un tal Edmond George Qebshi, que al cierre de esta nota no había podido comprobarse si se trata del mismo banquero venezolano. 

En el SAR dirigido a FinCEN, los ejecutivos de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank comprueban que, si bien las más de 500 operaciones reseñadas conectan a muchas personas jurídicas y naturales, incluyendo once empresas del grupo del Banco Caroní, las 19 transacciones más voluminosas incumben a Edmundo Kabchi Zakia, Arístides Maza Duerto, Juliana Maza Sanvicente, todos ellos como receptores de transferencias; y las empresas Continental Bank Corp de Barbados, Seguros Caroní, Global Risk Solutions de Venezuela e Intersecurities International Inc de Panamá. De estas últimas, todas excepto Intersecurities, son empresas adscritas al grupo de empresas del Banco Caroní.

Es importante señalar que este SAR, como cualquier otro de los cerca de dos millones queen promedio FinCEN recibe cada año, no constituye prueba de delito alguno, sino que es un primer recurso del que el sistema bancario de Estados Unidos dispone para llamar la atención de las autoridades sobre una situación que podría considerarse como sospechosa.

A Juliana Maza Sanvicente, hija de Arístides Maza Tirado, el SAR solo la identifica como directora de una empresa en Miami, de nombre 1200 Brickell 14th Floor LLC, donde también figuran sus hermanos y su propio padre. Idéntico grupo familiar es el que configura el directorio de al menos otras cuatro empresas en el sur de Florida, la mayoría constituidas para detentar la propiedad de inmuebles, y que también incluyen a Arístides Maza Duerto, hermano de Juliana, pero a quien el reporte de JP Morgan Chase Bank falla en identificar.

Maza Duerto es presidente de una universidad privada en Miami, la Millennia Atlantic University, diseñada sobre el troquel de otro negocio de la familia en Venezuela, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. En Millennia Atlantic, Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas, actual diputado por la Acción Democrática (AD) de Bernabé Gutiérrez, y desde hace unas semanas candidato a la gobernación del estado Aragua, hace las veces de chancellor. Monagas, en el oriente de Venezuela, es la tierra natal de Arístides Maza Tirado, el patriarca familiar. 

En el informe, Maza Duerto aparece recibiendo pagos por algo más de 99.000 dólares desde el Continental Bank, el banco en Barbados de los accionistas del Banco Caroní. Las transferencias fueron hechas con una referencia a “RFB/ Altaro Holdings Corp ALT402”. En el Registro Mercantil de Panamá se halla una Altaro Holdings Corp, en la que funcionarios del bufete local, Alfaro, Ferrer & Ramírez, aparecen como directores. 

En cambio, JP Morgan Chase acierta en mencionar a Edmundo Kabchi como vicepresidente del Banco Caroní. De hecho, singulariza a Edmundo Kabchi Zakia, hijo, vicepresidente suplente del Caroní, con presunta residencia en una quinta de la urbanización Los Altos de Puerto Ordaz, como receptor de tres transferencias, que totalizaron 4,44 millones de dólares, llegadas desde el Continental Bank de Barbados a cuentas de Kabchi Zakia en los bancos suizos Julius Bär, Barclays Bank (Schweiz) y Credit Agricole Suisse. En todos los casos, el remitente dirigió las transferencias a “Edmundo Jorge Kabchi Z KAB486”. 

Kabchi Zakaria se ha hecho especialmente conocido por sus inversiones masivas en el extranjero para adquirir clubes de fútbol. En la actualidad es el dueño del Albacete Balompié S.A.D., de la tercera división española -hoy conocida como Primera División RFEF-, y del Club Atlético Boston River de la liga uruguaya.

Antes, durante la polémica gestión del jeque Abdullah Bin Nasser Al Thani al frente del Málaga C.F., Edmundo Kabchi sirvió de prestamista de último recurso para Al Thani, una ironía sorprendente, si se considera que el ex propietario del Málaga, ahora metido en líos judiciales, es miembro de la familia real de Qatar. La relación entre Kabchi y Al Thani coincidió con una época en la que el Málaga jugaba en primera división e incluyó en su plantilla a varios futbolistas venezolanos, como Salomón Rondón, Adalberto Peñaranda, Roberto Rosales o Juan Pablo Añor, algo nunca visto y que no se ha vuelto a repetir.

Además, Kabchi Zakia fue entre 2007 y 2016 presidente de una de las dos principales franquicias del fútbol profesional venezolano, el Deportivo Táchira. Aunque al final vendió el club a Jorge Silva, un operador comercial relacionado con Diosdado Cabello, el número dos del oficialismo, su aventura sirvió como pistoletazo de partida para que otros allegados emprendieran la conquista de más franquicias, de manera directa o a través de intermediarios, como las de los Bucaneros de La Guaira, Carabobo FC o Mineros de Guayana. En esa cruzada comercial y futbolística tuvieron participación otros clanes de parientes libaneses maronitas, los Chambra y los Antar, ligados a Traki, una cadena de tiendas en plena expansión desde su origen en Ciudad Guayana.

Otra filtración anterior coordinada por ICIJ, la de los llamados Paradise Papers, incluyó los documentos de registro en Barbados de una compañía, CBA Holding INC, que reúne a Kabchi Zakia con su padre, Edmundo Kabchi Murgus, y con Arístides Maza Tirado, Octavio Maza Duerto, Juliana Maza San Vicente y José Jorge Kabche El Douaihi. Para ese registro, Edmundo Kabchi Zakia dio como domicilio una dirección en la avenida Sami El Solh de Beirut, capital de Líbano. 

El destino de tales transferencias y otras similares a cuentas personales desde el banco familiar en Barbados sugería que se trataba de las ganancias de las operaciones “no transparentes” reportadas por el SAR del JP Morgan Chase Bank. 

Pero también destacan varias empresas del grupo Caroní como receptores de fondos del Continental Bank. Una de ellas es Global Risk Solutions, que si bien en el SAR aparece con una dirección en la urbanización Las Mercedes del sureste de Caracas, está controlada por un vehículo constituido en 1991 en la isla Gran Caimán, un reconocido paraíso fiscal. La compañía recibió del Continental Bank de Barbados 75.000 dólares durante el período que JP Morgan Chase monitoreó las transacciones del grupo.

Para este reportaje Armando.info envió comunicaciones a las direcciones de contacto disponibles de Edmundo Kabchi Zakia y Arístides Maza Duerto, para así obtener sus versiones, pero esas diligencias no pudieron localizarlos. 

El bocado mayor

Como ya se dijo antes en este reportaje, el SAR de 2014 subrayaba que las dos mayores operaciones registradas durante la vigilancia, por un total de más de 56 millones de dólares, provinieron de una empresa que no pertenece al grupo Caroní, Intersecurities International Inc.

Intersecurities International Inc era una casa de valores incorporada en Panamá en 2008 y disuelta por voluntad de sus accionistas en 2018. Aunque tuvo por representante a un contador venezolano, Roland Asael González, en el directorio de la extinta compañía, conformado casi exclusivamente por venezolanos, resaltan los nombres de Carmelo De Grazia y Daniel De Grazia.

Carmelo De Grazia es presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, un banco que muestra las mayores tasas de crecimiento del sector en los últimos cuatro años, desde que en 2017 obtuvo la categoría de banco universal. Fundado en 2007, recientemente se jactaba en boletines de prensa de que alcanzó la novena posición del ranking bancario según sus activos, y la cuarta de acuerdo a sus captaciones en moneda extranjera.

De Grazia es un abogado de muy exitosa práctica, primero, en Guayana, de donde procede el negocio familiar: la restauración. El restaurante La Fontana, en Upata, al suroeste de Ciudad Guayana, fue la piedra fundacional que puso el patriarca, Palmerino De Grazia, quien todavía hoy aparece en los reclamos publicitarios del grupo alimentario, con frecuencia insertos en las pautas de transmisiones de fútbol. 

Fue precisamente la expansión acelerada de las cadenas de restaurantes de la familia en el estado de Florida -con las marcas Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y La Fontana- lo que despertó una oleada de rumores sobre la supuesta relación de los De Grazia con el Estado chavista y de sus locales de restauración como una presunta lavadora de dinero. Carmelo De Grazia y uno de sus hermanos, Levin, quien encabeza ese sector del negocio familiar desde el Bocas Food Group LLC, introdujeron en 2019 una demanda en un tribunal del condado de Miami-Dade contra Gerardo Gils Dams, a quien señaló como operador del blog UltimaHora24, y la periodista Angie Pérez -seudónimo de Angélica Bianco-, quienes habían propalado acusaciones de ese tipo. La demanda también alcanzó a César González, un ex socio y gerente del primer establecimiento del restaurante Bocas en la ciudad de Coral Gables, a quien atribuye la instigación de la campaña de desprestigio. La última diligencia archivada en línea por la juez que lleva el caso, Gina Beovides, con fecha de enero de este año, desecha una petición de los acusados para descartar la causa por la presunta inacción de los demandantes y ordena, en cambio, mantener abierto el proceso.

En cualquier caso, mucho antes de esta demanda judicial y de que los De Grazia siquiera inauguraran su primer local de comida en Miami, el JP Morgan Chase Bank hacía notar en su SAR de 2014 para el Departamento del Tesoro que “Intersecurities International Inc solo pudo ser identificada como una compañía localizada en Panamá”, pero con un detalle llamativo: la dirección bancaria disponible de la empresa correspondía a la sucursal en la isla de Madeira del, a la postre, intervenido Banco Espirito Santo (BES). 

El director de la oficina de Madeira, Joao Alexandre Silva, había sido encargado en 2009 por Ricardo Salgado, presidente del BES, como responsable de los negocios del banco con la Venezuela chavista, lo que incluyó el pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para que estos depositaran fondos públicos, por más de 3.000 millones de dólares, en las arcas del alicaído banco. Tras el colapso e intervención del BES en agosto de 2014, Silva pasó a ser investigado y, finalmente, imputado en 2020 en una de las dos causas penales que la fiscalía portuguesa lleva adelante por el escándalo.

En dos folios del expediente se recogen declaraciones depuestas en 2016 ante el ministerio público, en las que Joao Alexandre Da Silva relata que en la primavera de 2014 organizó una reunión en Venezuela “con Intersecurities, una firma de corretaje, en la que había hecho una presentación del Rio Forte Group”, subsidiaria esta del Espirito Santo que emitía obligaciones para fondear a su atribulado holding, y que Intersecurities había tomado en mayo una emisión por 25 millones de dólares -apenas tres meses antes del derrumbe del Espirito Santo- que “como consecuencia de la insolvencia de Rio Forte, no fue reembolsada, generando una pérdida por el mismo monto a la compañía [Interesecurities]”. 

Armando.info envió una comunicación a una dirección de correo electrónico personal de Carmelo De Grazia para obtener su versión sobre estos episodios, sin respuesta.

Sin embargo, Pedro Mezquita, un reputado abogado venezolano, socio en bufetes con De Grazia y en alguna producción cinematográfica, así como también director de la extinta Intersecurities, accedió a responder al cuestionario que Armando.info le hizo llegar al respecto.

De acuerdo a Mezquita, los pagos por 56 millones de dólares girados por Intersecurities al Continental Bank de Barbados correspondieron a “la liquidación o venta de una posición de títulos de un cliente de Intersecurities”. Mezquita, quien reivindica una carrera de 37 años dedicada al mercado de capitales, asegura que “no conozco sino de nombre a los señores Edmundo Kabchi o Arístides Maza (…) Esa operación (…) fue objeto de una amplia revisión del Comité de Cumplimiento y de la auditoría de Intersecurities International Inc, donde se comprobó, al igual que habrá comprobado el FinCEN en Estados Unidos, que la actuación de Intersecurities International Inc estuvo completamente apegada a la normativa”.

Mezquita confirma que Intersecurities compró los papeles de Rio Forte en 2014 por 25 millones de dólares, una “pésima inversión, que bastante angustia le costó a los clientes”. Espirito Santo habría hecho una gestión de colocación “bastante fuerte”, como la califica Mezquita, para que “se le otorgara reciprocidad a fin de mantener los servicios de cuenta corresponsalía de Intersecurities International Inc”.  

El rizo de esta situación encontraría un aparente cierre en 2017. En mayo de ese año, a través de un boletín de prensa, Novo Banco de Portugal anunciaba la venta a Bancamiga de toda su operación en Venezuela. El Novo Banco era la entidad bancaria creada por el Estado portugués con los restos “sanos” del negocio del Banco Espirito Santo tras la quiebra e intervención de este. El Espirito Santo había abierto una agencia en Caracas en 2010, y esos y otros activos pasaron al control del Novo Banco, que en agosto de 2017 fue adquirido por un fondo de inversión de Estados Unidos.

La información oficial no develó el precio de la compra por parte de Bancamiga de los activos y pasivos de Novo Banco en Venezuela, una operación que se completó en febrero de 2018. Sin embargo, en un Informe de Auditoría emitido sobre los Estados Financieros del entonces Novo Banco-Sucursal Venezuela S.A., se estableció que las partes habían acordado valorar la transacción en un monto de poco más de 11.700 millones de bolívares, nonimalmente equivalente a 3,5 millones de dólares, la moneda de cuenta de la operación, pero pagadera en bolívares “utilizando el tipo del Sistema de Cambio Complementario (DICOM)”. Tal vez una bagatela.

“Intersecurities International Inc y sus clientes afectados por el incumplimiento de Rio Forte efectivamente demandaron a Banco Espirito Santo y Novo Banco por ‘Nulidad de Venta de Activos Financieros’; ese juicio terminó en un arreglo entre Novo Banco y los demandantes”, explica Pedro Mezquita. “Las autoridades financieras portuguesas y Novo Banco expresamente indicaron que la mencionada Operación de Venta de Activos y Pasivos de Novo Banco [a Bancamiga en Venezuela] no se estaba realizando como un modo indirecto de pagar la deuda demandada [de 25 millones de dólares]. Pero algunos, quizás en un exceso de imaginación, entenderían otra realidad”. 

Las consecuencias de la medida punitiva se hicieron sentir de inmediato. Esta impuso el congelamiento de sus activos bancarios y la confiscación de bienes por hasta 160 millones de dólares solo en Estados Unidos, según calculaban sus abogados en una demanda radicada en julio reciente contra el Departamento de Estado ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. La sanción de Washington convirtió a López, “un hombre de negocios internacional”, según afirma el documento de sus representantes, en una suerte de apestado para la banca y circuitos comerciales internacionales, “cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los demandados ". Los perjuicios, amén de contantes y sonantes, habrían sido reputacionales, siempre según la demanda: muchas posibles contrapartes no quieren hacer negocios con López o se arrepienten de haberlos hecho.

Algo de ello se refleja en uno del par de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) rendidos por bancos privados de Estados Unidos ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), también adscrita al Departamento del Tesoro, y que este ente difundió en su publicación semanal, Kleptocracy Weekly, del 10 al 16 de marzo de 2017, menos de un mes después de la sanción contra Samark López.

El boletín está incluido en la filtración de los llamados FinCEN Files, obtenida originalmente por Buzzfeed News, que dejó al descubierto más de 2.100 reportes de actividades sospechosas, algunos de ellos relacionadas con el blanqueo de capitales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El proyecto periodístico incluyó a 400 reporteros de 110 medios en 88 países de todo el planeta -entre ellos, Armando.info-, bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington DC.

En el SAR antes mencionado, y según cita del Kleptocracy Weekly, COR Clearing (adquirida en 2019 por Axos Financial Inc), una entidad financiera especializada en compensación bancaria y custodia de valores, se apresuraba a avisar desde Nebraska a FinCEN que en octubre de 2016, apenas meses antes de la sanción contra el empresario venezolano, le había tocado procesar una wire transfer por un millón de dólares para una cuenta de inversión de Samark López.

Con ese reporte COR Clearing buscaba curarse en salud frente al órgano regulador, poniendo sobre la mesa lo que sabía sobre el recién sancionado. Pero una revelación igualmente significativa yacía en el reporte: la cuenta de López era servida por una casa de banca de inversión con sede en Nueva York, pero propiedad de venezolanos, dirigida mayormente por venezolanos, y muy activa en el mercado de papeles de deuda venezolanos: Torino Capital.

Negocios riesgosos

El 9 de junio de 2016 tuvo lugar, con todos los bombos y platillos de promoción, un extraño evento en Nueva York: el gobernador del estado Lara, una provincia agroindustrial del centro occidente de Venezuela, ofrecía una conferencia en la sede de un prestigioso think tank, el Consejo de las Américas (AS-COA, sus siglas oficiales, por Americas Society-Council of the Americas en inglés). El para entonces gobernador de la entidad, Henri Falcón, disidente del chavismo, empezaba a despuntar como una tercera opción de alcance nacional, hasta cuajar en 2018 en su candidatura presidencial para las controvertidas elecciones que Nicolás Maduro convocó en mayo de ese año, y que la oposición mayoritaria boicoteó.

Pero eso era futuro todavía en junio de 2016. En ese momento, la presencia de Falcón ante los ejecutivos de una de las capitales financieras del mundo lucía desproporcionada o, en todo caso, prematura. La invitación para los asistentes al evento, mientras explicaba que Falcón compartiría "sus visiones sobre el estancamiento político y la situación económica" de Venezuela, a la vez se veía obligada a contar que se trataba de "un líder altamente reconocido" y "gobernador de una de las provincias más pobladas y económicamente activas" del país. Si algunos de los asistentes, entre ellos, el comentarista y experto petrolero, Gustavo Coronel, calificaron las palabras de Falcón como "vagas, generales, de llamado a la concordia nacional, al diálogo fraternal", eso no importaría; más que el contenido, lo verdaderamente resaltante era la propia ocasión, una virtual presentación en sociedad de Falcón como opción política factible.

Además de Falcón, entre los otros dos ponentes estaba Francisco Rodríguez, por mucho tiempo economista asesor del parlamento venezolano y quien, entonces, venía de ser economista jefe para la región andina del Bank of America-Merryl Lynch Bank para asumir, apenas unos días después, el 6 de julio de 2016, la función de jefe de investigaciones de Torino Capital. En 2018, Rodríguez pasaría a ser el asesor económico del programa de gobierno del candidato a presidente, Henri Falcón, y hubiese podido terminar como ministro de Finanzas de Falcón haber ganado la presidencia.

De hecho, Torino Capital era el patrocinante de la actividad. El venezolano Víctor Sierra, el dueño de Torino, hizo las veces de moderador. De acuerdo a la reseña de Gustavo Coronel, Sierra abundó en elogios para Falcón “por sus contribuciones a la patria”.

Que Torino Capital se mojara de manera tan abierta en las aguas de un cierto activismo político, si bien pudo despertar algunas aprensiones éticas, extrañó a pocos. Para la fecha, Torino era uno de los grandes jugadores en el mercado de deuda venezolana, al punto de concentrar allí la mayoría de sus intereses. Según le fuera a los papeles venezolanos, estos servirían como un yunque o una cometa a los negocios de Torino.

Torino Capital tenía tiempo trabajando en el mercado venezolano con fondos extranjeros y criollos que estaban interesados en los bonos de PDVSA. Caracas era entonces, en 2016, el motor económico de la firma, aunque otras empresas y calificadoras de riesgo empezaban a desconfiar del país. El disenso también era interno: uno de los cofundadores del banco de inversión, Jorge Piedrahita, dejó la empresa por desacuerdos con sus socios en cuanto a la atención prioritaria que daban al mercado venezolano, con todos los riesgos existentes. “Todos los demás en Torino querían enfocarse solo en Venezuela”, dijo a Bloomberg Quint. Una fuente comentó que el banco de inversión “tuvo lo mejor y lo peor del gobierno. Por un lado, los primeros bonos de PDVSA para comercializarlos, pero también sumaron como clientes los fondos de pensiones de las Fuerzas Armadas para rendirlos por la devaluación”.

Razones para desconfiar del desempeño próximo de la economía venezolana sobraban. Cabe recordar que durante ese 2016 el antagonismo del gobierno de Maduro con Washington ya se había empinado. En marzo de 2015, el presidente Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva 13.692, por la que designaba a Venezuela como una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de Estados Unidos”. El decreto, aprobado por la Casa Blanca en respuesta a la cruenta represión del régimen de Caracas contra las protestas populares de 2014, sería apenas la antesala de una dinámica de sanciones y represalias que luego, con la venidera administración de Donald Trump, se agudizó todavía más.

También se hallaba Venezuela sumida ya en la espiral de la escasez de bienes y de una hiperinflación que a la postre batió récords mundiales de esa tasa. La producción petrolera, principal fuente de divisas, caía en picada por ineficiencias internas y falta de inversión de Pdvsa, la compañía estatal, cuyas capacidades de exportación se verían al mismo tiempo mermadas por las sucesivas sanciones estadounidenses. La oposición venezolana, además, promovía con fuerza la activación de un referendo revocatorio para sacar del poder a Maduro, quien se valdría de todo tipo de artimañas para bloquearla con la anuencia del Consejo Nacional Electoral, controlado con rienda corta por el chavismo.

A pesar de esa tormenta perfecta, Torino Capital apostaba entonces contra Wall Street y contra la lógica aparente. La economía venezolana se encogía vertiginosamente pero la firma mostraba en sus reportes, citados con profusión por la prensa, un optimismo sistemático en torno al país y su capacidad de pagos.

Esos pronósticos solían tener por sustento los diagnósticos del equipo de Francisco Rodríguez, un académico de prestigio bien ganado.

Rodríguez, hijo del legendario exministro de Planificación del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-79) y líder del ala izquierda de la socialdemocracia venezolana, Gumersindo Rodríguez, forma parte de instituciones educativas de renombre en las que enseñó economía y estudios latinoamericanos, como la Universidad de Maryland, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Caracas y la Universidad de Wesleyan. También fue Economista Asesor de la primera Asamblea Nacional constituida durante el chavismo. Tras salir de la atribulada Torino, en septiembre de 2019, Rodríguez conduce hoy una fundación de nombre Oil for Venezuela, cuya misión es la de persuadir a actores políticos y de opinión pública sobre la necesidad de instaurar un programa de intercambio de petróleo por alimentos y mercancías que ayude a Venezuela a superar su actual crisis humanitaria.

Desde Nueva York, Rodríguez se mostraba como un vocero muy activo en lo que respecta a la economía venezolana y sus desafíos, cambiantes todo el tiempo. Fue en medio de esas turbulencias, en octubre de 2016, cuatro meses después del evento de Henri Falcón en Nueva York, y cuatro meses antes de la sanción del Departamento del Tesoro contra Samark López, cuando COR Clearing -que prestaba servicios a corredores minoristas de la bolsa y asesores de inversión registrados en Estados Unidos, incluida la firma Torino Capital- recibió y procesó la transferencia de un millón de dólares a la cuenta de López con Torino Capital.

Bonos de PDVSA

De acuerdo con un reporte de actividad sospechosa recibido por FinCEN, y citado por el Kleptocracy Weekly, el 17 de octubre de 2016 “[Samark] López Bello recibió una transferencia bancaria de un millón de dólares en su cuenta de operaciones atendida por el corredor Torino Capital".

Seguía la reseña del semanario de FinCEN diciendo que "según COR, López Bello puede haber utilizado su cuenta comercial para recibir e iniciar transacciones en el fomento de un esquema involucrando corrupción oficial y actividad internacional de narcotráfico asociada con funcionarios del gobierno venezolano".

Sin más precisiones acerca del origen de los fondos y qué le hacía sospechar que la transacción podía estar conectada con actividades corruptas, la entidad financiera de Nebraska había informado a FinCEN que desde esa cuenta de Samark López "se compraron bonos de PDVSA".

Ciertamente, el reporte de COR Clearing coincide en el tiempo con la evolución del mercado de papeles de PDVSA, así como con la inclinación de Torino Capital a participar en él.

En 2016, el gobierno de Nicolás Maduro acababa de ceder a las presiones para buscar una reestructuración de la deuda, sobre todo, renegociando papeles de PDVSA que vencían pronto, en 2017. Francisco Rodríguez, desde Torino Capital, se animaba a asegurar entonces que “se encontraban avanzadas las conversaciones” para la operación de sustitución de bonos por papeles con vencimiento en 2020, cuyo valor se calculó en 7.000 millones de dólares.

En el último trimestre de 2016, PDVSA consiguió reducir su deuda financiera mientras atendía las obligaciones adquiridas, contra el pronóstico de las calificadoras y analistas de banca de inversión, que señalaron el canje de bonos propuesto como de alto riesgo. El hecho de haber cancelado sus compromisos próximos a vencer ofreció una dosis coyuntural de oxígeno a la estropeada imagen financiera del gobierno de Nicolás Maduro y a las arcas públicas venezolanas.

En un detallado cronograma que se publicó en la página de la estatal petrolera sobre el proceso de canje, el 17 de octubre de 2016 -fecha de la transacción a la cuenta comercial de Samark López- aparecía destacado.

Aunque el reporte de COR Clearing citado por el Kleptocracy Weekly no especifica los detalles de la compra de papeles de la petrolera que López habría hecho, existen elementos que permiten afirmar que sus fondos fueron utilizados para comprar la nueva emisión, en la que Torino Capital sirvió de broker o intermediario comisionista. Casi en simultáneo, el 16 de octubre de 2016, PDVSA había pagado unos 1.600 millones de dólares en capital e intereses, y un día después concluyó el canje de los bonos Pdvsa 2017 por títulos al 2020.

Ya para la fecha, aún antes de las sanciones de Washington, Samark López sonaba regularmente como uno de los contratistas favorecidos por el gobierno venezolano. Cualquier tarea de due dilligence, por superficial que fuera, se toparía con datos y referencias en ese sentido. López pasó por el sector de la construcción, de los alimentos, de los hidrocarburos y hasta de la venta de árboles de navidad, y forjó una red de empresas que extendió sus tentáculos mediante contratos con PDVSA, el Ministerio del Interior y Justicia, y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Sus relaciones con Tareck El Aissami tuvieron su génesis en Mérida, estado andino en el suroccidente del país.

¿Cómo se propuso entonces Torino Capital incorporarlo a su cartera de clientes? Esa y otras interrogantes se enviaron a Torino Capital, que se limitó a responder, en un escueto comunicado en inglés, que la empresa es "periódicamente auditada por los reguladores de Estados Unidos" y que no está habilitada "por las regulaciones de confidencialidad para discutir cualquier cliente que podamos o no tener".

¿Justos por pecadores?

En 2017 Venezuela entró en el temido default que muchos actores de Wall Street venían pronosticando. Durante todo ese año, a contracorriente, Torino Capital había insistido en que Venezuela “más que un país insolvente, es un país mal manejado”.

Consultado por Armando.info, Francisco Rodríguez respondió por escrito con una misiva fechada en South Bend, Indiana, haciendo la precisión inicial de que no está "en la posición de responder interrogantes relacionadas con transacciones, clientes y procedimientos internos de la empresa para la que trabajé hasta hace dos años" y a la que le atan todavía "acuerdos de confidencialidad legalmente vinculantes". Desde su perspectiva, corresponde a Torino Capital referirse al asunto.

Aún con esa salvedad, Rodríguez aclara que durante su desempeño de tres años como Economista Jefe de Torino Economics, "el departamento de investigación económica de Torino Capital", elaboraba con su equipo informes nutridos con información pública, "de ninguna manera información interna de Torino Capital o de sus clientes". En esos documentos, insiste Rodríguez, "el análisis de los riesgos de corrupción en Venezuela y sus consecuencias siempre jugó un papel importante" y, en lo personal, "jamás observé otra cosa en la empresa que no fuese un escrupuloso y riguroso cumplimiento de las regulaciones y mejores prácticas en todas las dimensiones del negocio, y en particular con respecto a la prevención del blanqueo de capitales". Para ilustrar esa posición, cita un reporte de Torino Capital de fecha 16 de octubre de 2017 -justo un año después de la transferencia reportada por COR Clearing- donde "advertimos sobre las implicaciones de una alerta emitida el 20 de septiembre de ese año por la Red de Control de Delitos Financieros (conocida por su acrónimo en inglés, FinCEN) relacionada con los amplios niveles de corrupción en el Estado venezolano".

Resalta Rodríguez que, con todo ello, continúa siendo razonable que los entes financieros privados busquen maneras de "balancear adecuadamente la necesidad de reducir el riesgo de facilitar transacciones ilegales contra el riesgo de obstaculizar transacciones legales", un equilibrio difícil en el que con toda probabilidad "se cometan errores en ambas direcciones", tanto por omisión como por sobrecumplimiento. El problema "no es trivial", advierte el economista, por cuanto, en el caso de "el exceso de cautela con que algunas instituciones tratan las relaciones con Venezuela", como consecuencia de investigaciones oficiales o denuncias periodísticas, se ha desembocado en situaciones que "han llevado al cierre de cuentas de venezolanos honestos y la negativa a procesar transacciones originadas en actividades legales relacionadas con Venezuela".

Por su parte, luego de la sanción oficial emitida por las autoridades en Washington simultáneamente contra Samark López y Tareck El Aissami en febrero de 2017, los abogados de Samark López se concentraron en reflotar su imagen y la de sus negocios, alegando que era víctima de una campaña falsa, de motivación política, promovida por el gobierno de Estados Unidos. Al principio, el empresario venezolano se defendía a través de su blog personal -actualmente fuera de línea-, en el que se proyectaba como un filántropo, dispuesto a “ayudar a transformar el futuro de Venezuela”. Como se dijo al comienzo de esta nota, luego de cuatro años desde que se ejecutaron las sanciones financieras, el martes 29 de junio de 2021 López Bello demandó al Departamento del Tesoro en una corte federal. “Las acusaciones de la OFAC y sus pruebas de apoyo son falsas”, señalaron los demandantes a través de una información que circuló en agencias de noticias.

La acusación del Departamento del Tesoro en febrero de 2017 describe a López Bello como “un líder clave para El Aissami y en esa capacidad lava las ganancias de la droga” que, además, ha sido utilizado “para comprar ciertos activos” y hacer “arreglos comerciales y asuntos financieros para El Aissami, generando ganancias significativas como resultado de la actividad ilegal”. Todo un precedente. Los negocios y la fortuna acumulada por Samark López dejaban un rastro difícil de ignorar para las autoridades de Estados Unidos.

Ante la solicitud de entrevista hecha por la reportera de Armando.info a Samark López, desde Nueva York respondió en su nombre un representante legal, Alexei Schacht. El abogado confirmó por correo electrónico que López Bello tuvo una cuenta en Torino Capital por un monto de un millón de dólares, que habría abierto justo el 17 de octubre de 2016 -fecha de la transferencia reportada por COR Clearing a FinCEN- tras una presentación hecha por el propio Víctor Sierra, presidente de Torino, que lo convenció de suscribir los servicios de la banca de inversión.

Según Schacht, la cuenta era detentada por una persona jurídica de Samark López, YPP Offshore Holdings, pero fondeada por otra compañía, Postar Intertrade LTD, "empresa que previo a la sanciones del 2017 poseía relaciones comerciales con diversas empresas estadounidenses que cotizan en la bolsa como Home Depot, Graybar y Masonite, entre otras".

En efecto, en la base de datos de los Offshore Leaks, una de las primeras filtraciones trasnacionales sobre paraísos fiscales manejada por ICIJ, aparece una empresa registrada en Barbados con el nombre de YPP Offshore Holdings. Sus directores son allegados de López: Marcos Rafael Cabello Bello y Armando José Salazar Gibory.

Curiosamente, Postar Intertrade es una empresa de López que no menciona FinCEN en su Kleptocracy Weekly de marzo de 2017, como tampoco lo hizo OFAC al sancionar a López en febrero de 2017.

Postar Intertrade Limited llegó a importar árboles de navidad en 2016 para la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Luego apareció también activa en la venta de cajas de alimentos, con la misma empresa estatal venezolana como contraparte, en la provisión de insumos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Por otro lado, YPP Offshore Holdings de Barbados -a cuyo nombre estaría la cuenta de inversión en Torino Capital- controla una empresa de López a la que FinCEN y OFAC sí hicieron referencia en sus boletines: Yakima Trading Corp, registrada en 2002 en Panamá.

Yakima Trading Corp tuvo varios contratos con el Estado venezolano, entre los que se incluye la venta a PDVSA Industrial de 5.712 piezas de viviendas prefabricadas. La otra compañía que menciona la citada edición del Kleptocracy Weekly fue Profit Corporation. Ambas terminaron bloqueadas cuando OFAC emitió la medida sancionatoria, y lo mismo ocurrió con otra docena de empresas, previendo que fueran utilizadas por López Bello para lavar fondos originados en actividades ilegales. Asegura el abogado Schacht que, "según nuestro mejor conocimiento", la cuenta de YPP Offshore Holdings en Torino Capital, "está bloqueada por OFAC de conformidad con las sanciones impuestas en febrero de 2017".

La transferencia registrada esa día clave del 17 de octubre de 2016 -y de la que COR Clearing se apresuró a informar a FinCEN después de las sanciones- correspondía al monto con que López Bello se disponía a abrir una cuenta de inversión en Torino Capital. La secuencia de hechos entre octubre de 2016 -momento de apertura de la cuenta- y febrero de 2017 -fecha de la sanción contra El Aissami y López- se precipitó de tal manera que, desde luego, la inversión no produjo retornos visibles al inversionista. Schacht dice que su cliente, Samark López Bello, "no posee al momento el detalle de los bonos adquiridos, pero se adquirieron bonos recomendados según la estrategia de inversión sugerida por Torino Capital".

"No tenemos el detalle [de] si la totalidad del monto de un millón de dólares fue invertido en bonos venezolanos", concluye el abogado, pero sí está en condiciones de afirmar que "el monto transado no excede dicha cantidad, la cuenta nunca recibió ningún otro aporte o transferencia distinto al del monto de apertura". 

También es cierto que la operación de López con Torino Capital no fue el único rastro que dejó en los SAR contenidos en la muy pequeña muestra incluida en la filtración de los FinCEN Files: apenas 2.100 documentos, frente a más de dos millones que recibe al año esa dependencia supervisora del Departamento del Tesoro.

En otro reporte se alertaba sobre la compra de una propiedad por parte de López Bello en la avenida Brickell, una zona de rascacielos caros del condado de Miami-Dade. Se trató de un condominio de lujo de un poco más de 1.000 metros cuadrados, adquirido a nombre de una de sus empresas en 2013, pero que fue disuelta en 2018. En su oportunidad, el empresario venezolano explicó al ICIJ en Washington que “todas y cada una de las transacciones relacionadas con 1425 Brickell Ave 63-F LLC fueron transferidas con el único propósito de adquirir el condominio”, añadiendo que lo compró con “ahorros personales y dividendos que obtuvo legalmente” de sus compañías operativas.

Sin embargo, por mera probabilidad estadística, no cabe duda de que Samark López Bello quedó mencionado en otro número, desconocido, de documentos del intercambio entre los ejecutivos de cumṕlimiento de los bancos en Estados Unidos y FinCEN. El runrún en torno a López Bello no hizo más que crecer hasta que el Departamento del Tesoro lo mencionó abiertamente al momento de sancionarlo, pero ese murmullo nunca disuadió a Torno Capital para tratar de ganárselo como cliente.

Según información que estaba disponible en su website –que no se mantiene en línea-, la granja, de 165 acres, equivalente a poco más de 66 hectáreas, contaba con instalaciones de primera calidad y tecnología de vanguardia, que se combinaban con las “características naturales únicas” de Ocala para crear las “condiciones perfectas” para el entrenamiento de caballos finos.

“La granja fue siempre mi sueño de la infancia”, confesó el orgulloso Iván Mariano en 2016 al medio especializado Thoroughbred Daily News.

En una biografía colgada en Gyaanipedia, una enciclopedia hindú que emula a Wikipedia, se describe al caraqueño como un apasionado de los caballos, especialmente de los purasangre, desde sus primeros años de vida, cuando sus padres criaban caballos en Chile.

En la mencionada entrevista con el Thoroughbred Daily News, sin embargo, se atribuye la fascinación por las carreras a un tío que competía, también en Chile, mientras él crecía.

En cualquier caso, según la Gyaanipedia, Rodríguez tuvo su primer caballo a los 24 años. Para 2016, cuando ya tenía 51 años, en su finca había puestos para 76 de ellos, con 22 grandes potreros, una pista de carreras de 4.25 furlongs –el equivalente a poco más de 850 metros–, una piscina de entrenamiento con un chorro de alta presión, una cinta de correr mecánica para ejercitar a seis caballos en simultáneo, entre otras prestaciones.

Entre sus célebres caballos estaba Sharp Azteca, que ganó, entre otras carreras, la Pat Day Mile, en mayo de 2016. En una entrevista realizada por otro medio especializado al entrenador del potro, Jorge Navarro, este aseguró que había convencido a Iván Mariano de invertir 220.000 dólares en él para con el único propósito de ganar ese clásico.

"Mi sueño y mi objetivo es competir con mis caballos en los mejores hipódromos de Estados Unidos y producir algunos caballos de la Triple Corona", había confesado este, alguna vez, al Thoroughbred Daily News. Definitivamente, parecía encaminado a conseguirlo.

Hasta allí todo parecía reproducir la parábola típica de un millonario con gustos caros y un empeño en su pasatiempo.

Pero como advertía el Palmetto Business News, la de Rodríguez Gelfenstein no era otra historia más del mundillo del hipismo en la costa este de Florida.

“Gelfenstein tiene el perfil del típico empresario estadounidense, decidido a irrumpir y establecerse en una industria competitiva y de alto riesgo", decía el medio. "Pero sus antecedentes y conexiones familiares sugieren que sus puntos de vista son totalmente opuestos, arraigados en una revolución socialista, virulentamente anticapitalista, engendrada por el ex presidente venezolano Hugo Chávez”.

Línea blanca y sospechosa

Los periodistas hípicos no eran los únicos en percatarse del trayecto inusitado de los negocios y lealtades de Rodríguez Gelfenstein. Casi en simultáneo, los oficiales de cumplimiento del banco HSBS hacían lo propio.

En abril de 2017, la operación en Estados Unidos del banco británico-hongkonés emitió un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) para la Red de Control de Delitos Financieros (conocida como FinCEN en inglés), la oficina de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. El documento forma parte de los más de 2.000 incluidos en la filtración de los llamados FinCen Files, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC) y a la que Armando.info ha tenido acceso.

A los ejecutivos del HSBC le había llamado la atención una transferencia que hizo Rodríguez Gelfenstein el 15 de agosto de 2012, por algo más de 75.000 dólares, a Vida Panamá, una de las empresas del poderoso Grupo Waked al que, en 2016, las autoridades estadounidenses señalaban como uno de “los mayores blanqueadores de dinero de drogas y facilitadores criminales del mundo”. La acusación del Tesoro estadounidense llevó a la detención de uno de los cabecillas del grupo, que salió del brete tras un acuerdo para admitir su culpabilidad en el menor de los delitos que le atribuían.

Según el SAR, HSBC contabilizó más de 3.000 transferencias giradas a Vida Panamá entre marzo de 2010 y abril de 2016, por casi 300.000.000 de dólares.

Desde luego, la transferencia Rodríguez Gelfenstein era apenas una de ellas y su monto de 75.000 dólares lucía como una gota en ese océano de dinero. Pero, hacían notar los expertos de HSBC, la operación parecía repetir los patrones del esquema utilizado por Vida Panamá en su labor supuesta de lavado de dineros negros, en los que el pago de electrodomésticos servía de fachada.

“El HBUS (HSBC Bank USA) considera estas transacciones sospechosas porque parece que Vida Panamá estaba actuando como tercero en favor de un rango de actores criminales que incluyen organizaciones de tráfico de droga, al ofrecerles la vía para lavar fondos ilícitos a través de intercambio internacional”, se lee en el documento, en el que se dice, además, que la mayoría de las transferencias involucraban entidades y personas ubicadas en corredores “bien establecidos” para el blanqueo de capitales basado en el comercio, como Colombia, Panamá, Venezuela y la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay.

También advierte de transacciones de Vida Panamá con numerosas entidades que previamente habían sido investigadas por el HBUS o excluidas por el HSBC por razones relacionadas con crimen financiero.

Sobre Rodríguez Gelfenstein, el informe recalcaba que, por si fuera poco, los orígenes de su fortuna eran dudosos. “Su firma, LGT, vendió comida importada al Gobierno venezolano y su hermano, Mauricio, antes fue viceministro de Asuntos Exteriores del presidente Nicolás Maduro", explicaba.

Se trataba de un resumen bastante escueto de un personaje multifacético, con mayor actividad en Venezuela, pero también en Panamá, y cuya familia ha ostentado más de un solo cargo en la autodenominada Revolución Bolivariana.

Mejorando la mordida

Más que costosos electrodomésticos, lo de Iván Mariano parecen ser otras cosas.

En 1991 se graduó de odontólogo en la Universidad Central de Venezuela (UCV) de Caracas y posteriormente, en 1995, obtuvo su especialización en Ortodoncia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México. Allí llegó a ganar el primer lugar de un premio organizado por la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Tres años después, en 1998, fue electo miembro de la Federación Mundial de Ortodoncistas.

Poco después de esto, sin embargo, Rodríguez Gelfenstein diversificó su cartera de negocios. 

Desde 2005 ya existia en Venezuela la Comercializadora LGT, para la compra, venta, confección, distribución, importación y exportación de prendas elaboradas, franelas, chemises, accesorios, textiles y afines.

Un año más tarde, en 2006, la compañía cambió al ramo de los alimentos, entre otros los pescados y mariscos. Entonces, de vuelta en Venezuela, el dentista dio un salto espectacular. En 2008 se incorporó a la Junta Directiva de Comercializadora LGT. Su nombramiento coincidió con la primera gestión del recién nombrado comandante del Ejército, mayor general Félix Ramón Osorio, al frente del Ministerio de Alimentación.

Es entonces cuando comienza la bonanza de Comercializadora LGT, que firmó al menos 47 contratos con Mercal -uno de los programas sociales del gobierno venezolano-, todos para la adquisición de atún. En 46 de ellos, Iván Mariano Rodríguez figuró como persona de contacto. En el restante, es precisamente Osorio.

Según información del Registro Nacional de Contratistas, los contratos se ejecutaron en los estados: Bolívar (19), Táchira (11), Lara (7), Portuguesa (5), Zulia (3) y Trujillo (2). Entre 2004 y 2011, se le asignaron a LGT casi tres millones de dólares tras una única solicitud.

Mientras Iván Mariano Rodríguez Gelfenstein era beneficiado con decenas de contratos de Mercal, dos de sus hermanos –de los cuatro que son– pasaban por distintos cargos públicos. El hoy consultor y analista internacional, Ilia Sergio Rodríguez Gelfenstein, ocupó –por apenas siete meses, entre 2008 y 2009– el cargo de embajador de Venezuela en la Nicaragua de Daniel Ortega, y, poco después, en 2009, fue designado director general de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Cultura.

El hoy embajador de Nicolás Maduro en España, Mauricio Eduardo Rodríguez Gelfenstein, por su parte, y quien ya venía de ser director general de Política Interior del Ministerio de Interior y Justicia, en 2006, y viceministro de Estrategia Comunicacional del Ministerio de Comunicación en Información, en 2005, era nombrado, en ese 2008, viceministro de Gestión Comunicacional del Ministerio de Comunicación e Información, y director general, en calidad de encargado, del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial; y, posteriormente, en 2009, viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, del Ministerio de Cultura; para después pasar a otros cargos en el Gabinete Ejecutivo.

Aparentemente alejado de la administración pública, Iván Mariano siguió haciendo negocios en otros ramos, específicamente con juguetes, discos duros y pantalones, con la Corporación Terramar, registrada en 2010. Para 2012, tras cuatro solicitudes, Cadivi ya le había asignado a esta empresa 1.095.000 dólares.

Tratos en el canal

Iván Mariano no solo hizo negocios con el chavismo desde Venezuela. Poco antes de que en Estados Unidos se destaparan sus vínculos con el régimen gobernante en Venezuela, el apasionado de los caballos había incursionado en Panamá.

En 2015, se incorporó a dos empresas que habían sido constituidas entre 2009 y 2011 en este país: Investment Black 17 Corp y el Grupo Comercial Valve.

Aunque su paso como secretario por la primera de estas empresas fue fugaz (apenas cinco meses, entre mayo y octubre de 2015) es significativo pues Investment Black 17 Corp aparece en muchos contratos venezolanos de alimentos, y quienes la conformaron son ligados por fuentes conocedoras a los hermanos Morón Hernández, sancionados por los Estados Unidos, y a quienes ubican cerca de Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, el hijo del presidente Maduro que hace carrera política.

Entre enero de 2009, cuando fue conformada, y julio de 2020, cuando fue disuelta, su junta directiva sufrió varios cambios. Inicialmente, los directores de esta empresa, con un objeto social amplio de llevar a cabo “cualesquiera negocios lícitos”, fueron Rene Howard (presidente), María Lucrecia Martínez (tesorero) y Velkys Rdríguez (secretario). El 18 de marzo de 2014, Rodríguez renunció y se eligió como director-dignatario de la sociedad a Marcos Antonio Gómez Sánchez, quien pasa a ser secretario. El 8 de mayo de 2015, renuncian Howard y Gómez Sánchez. En sus lugares son nombrados directores dignatarios Alberto Abinadab Romero Marín (quien pasa a presidente) e Iván Mariano.

El 2 de octubre de 2015, el polifacético caraqueño renuncia. En simultáneo con su rol en Investment Black 17 Corp, Iván Mariano se desempeñó como director/presidente del ahora conocido como Grupo Financiero Valve, una empresa aún vigente y que se dedica a establecer, gestionar y llevar a cabo en general todo tipo de negocio incluyendo pero sin limitarse a: financiamiento, inversiones, correduría, garantía, consultoría, suscripción y venta de valores, operaciones mercantiles, de compra y venta de bienes y valores, fabricación, exportación, importación, expedidores de carga y construcción, entre otros.

Tras múltiples intentos para contactar al empresario, a través de su correo personal y los de contacto de Gelfenstein Farm y Comercializadora LGT, para obtener su versión de cara a la publicación de este reportaje, no hubo respuesta.

El odontólogo Iván Mariano, amante de los caballos, contratista del Estado venezolano, sumó así otra área de interés a su amplio currículo, una que, como otras, no reseñaron ni los medios estadounidenses que hacían seguimiento a su carrera como empresario del hipismo, ni el HSBC en su reporte de actividad sospechosa.

Por muchos años el Banco Central de Venezuela (BCV) había mantenido un acuerdo de corresponsalía con el JPMorgan Chase para completar las transacciones internacionales en dólares del ente monetario de la rica -por entonces- nación petrolera de América del Sur. Ello permitía a los ejecutivos de compliance de la corporación bancaria de Nueva York monitorear las operaciones ordenadas desde Caracas e informar a las autoridades en Washington sobre aquellas que mostraran rasgos inusuales, tal como estaban y siguen estando obligados por la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) de 1970.

En la ocasión se trataba de las voluminosas órdenes colocadas por el BCV a nombre de una joven empresa del Estado venezolano, Veximca (Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A.). Fundada en 2008 por decreto de Hugo Chávez, Veximca tenía registrada ante JPMorgan Chase una dirección física que correspondía a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, a la que la compañía estaba adscrita: Avenida Urdaneta, Esquina de Carmelitas, Caracas. Para la fecha, Nicolás Maduro se desempeñaba como Vicepresidente de Venezuela, mientras el presidente Hugo Chávez agonizaba en La Habana. Un alto oficial de la Aviación Militar Bolivariana, Giuseppe Yoffreda Yorio, figuraba como presidente de Veximca.

Según el relato de JPMC, el informe de diciembre de 2012 era el tercero de un seguimiento iniciado a la "wire activity" (actividad de transferencias electrónicas) de Veximca en septiembre de 2011, que también había generado otro reporte en septiembre de 2012.

Varias cosas sobre Veximca habían llamado suficientemente la atención de los oficiales del banco en Nueva York como para apretar los botones de alarma. Una, la cuantía de las remesas: solo ese tercer reporte se refería a transacciones por casi 230 millones de dólares. En segundo lugar que, a pesar de que la propia denominación comercial de la empresa aseguraba que se dedicaba a la "exportación e importación" de bienes, "con excepciones menores", decía el documento enviado al Departamento del Tesoro, las transacciones registradas eran egresos "presumiblemente destinados al pago de importaciones" y "ningún ingreso por pago de exportaciones se ha observado". Y la tercera: quedaba en evidencia que dos de cada tres beneficiarios de tales pagos correspondían a un puñado de empresas localizadas en el estado de Florida que "o bien son oscuras, o pertenecen a categorías del más alto riesgo".

En el JPMorgan Chase apenas se habían ocupado de revisar el website oficial de Veximca, y esa comprobación primaria había bastado para encontrar una contradicción en línea: la misión-visión de la empresa venezolana proclamaba entonces su propósito de "permitir al país alcanzar niveles más altos de desarrollo y mejorar la calidad de vida y bienestar de la población".

"Pareciera que una agencia dedicada a la promoción del desarrollo también exportaría bienes para así traer fondos a la nación", apuntaba no sin sorna quien desde el JPMC redactó el reporte, uno de los 2.100 documentos que forman parte de la filtración recibida por Buzzfeed News y que, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 108 medios en 88 países -entre ellos, Armando.info-, dieron lugar a los FinCEN Files.

Para coronar sus sospechas, la ejecutiva del banco concluyó: eran evidencias de un posible esquema de structuring. Así se llama en la jerga especializada al método por el que una operación grande de lavado de dinero o fraude se segmenta en una serie de transacciones pequeñas, más difíciles de detectar en el sistema bancario como parte de un mismo flujo de dinero.

De ese modo quedó archivada en los recovecos de la administración pública estadounidense una muestra del poder y la discrecionalidad adquiridas por Giuseppe Angelo Yoffreda Yorio, un opaco oficial de la Fuerza Aérea, hijo de comerciantes italianos asentados en el estado Aragua, entidad del centronorte de Venezuela que es también cuna y corazón de la aviación militar.

Vuela alto aunque no sea piloto

El viernes reciente se cumplió un nuevo aniversario del levantamiento militar del 27 de noviembre de 1992 contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. La rebelión fue una especie de réplica tardía de la intentona liderada meses antes por el comandante de paracaidistas y futuro presidente, Hugo Chávez.  

A diferencia del 4F de Chávez y su logia de oficiales del Ejército agrupados en el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR 200), ese putsch frustrado de hace 28 años fue una operación básicamente protagonizada por la Fuerza Aérea Venezolana (FAV). El mosaico de imágenes emblemáticas de esa fecha incluye el paso supersónico de cazas F16 sobre Caracas, el bombardeo impreciso del Palacio de Miraflores, el derribo de un Bronco OV10 sobre la base aérea de La Carlota y la llegada de un nutrido grupo de sediciosos a bordo de un Hércules C130 de la FAV a la ciudad peruana de Iquitos, donde solicitarían asilo al régimen de Alberto Fujimori.

A pesar de la cuota de sacrificio pagada por la Fuerza Aérea en la demolición de la democracia en Venezuela, a la larga, cuando Chávez llegó al poder y proclamó una Revolución Bolivariana de carácter cívico-militar, la Aviación tendría una figuración modesta en su jerarquía. De hecho, y para completar la jugarreta histórica, el oficial de ese componente de la Fuerza Armada que más poder llegó a detentar en la nomenklatura chavista no tuvo participación alguna en el golpe del 27N y ni siquiera llegó a pilotear una aeronave durante su carrera de armas: el mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio.

Yoffreda, actual Embajador de Venezuela en Qatar, controló a lo largo de una década las compras internacionales del sector militar, primero, y luego todas las del Estado. Ha hecho del cultivo del bajo perfil y de la maleabilidad de su carácter las claves de su éxito político. Entre otros cargos de la administración pública, fue ministro de Transporte Acuático y Aéreo (2014-2016), y Comandante General de la Fuerza Aérea (2013-14), el primer oficial que no hizo el curso de vuelo -es especialista en Comunicaciones, no piloto- y que, sin embargo, llega a esa posición en toda la historia de la aviación militar venezolana, desde su fundación en 1920.

Según aseguran diversas fuentes que lo conocieron en los cuarteles, la creciente influencia de Peppino Yoffreda en el régimen revolucionario no tuvo que ver ni con sus galones militares ni con su reputación de trabajador dedicado y buen organizador, sino con la confianza que le otorgó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, oficial del ejército con quien coincidió en su formación como especialista en Comunicaciones y Electrónica en el Iupfan (antiguo Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales, precursor de la actual Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, Unefa). En los años 80, Cabello y Yoffreda forjaron una sólida amistad que, a la vez, dio masa crítica al futuro grupo tecnocrático-desarrollista de oficiales que dentro del régimen mostrarían la mayor sensibilidad ante la suerte de la empresa privada y los negocios. Pero a partir del mandato original de los hermanos Cabello Rondón -Diosdado y José David-, Yoffreda supo ganarse la confianza de Nicolás Maduro y de los hermanos Rodríguez Gómez -Delcy y Jorge-, entre otros cabecillas de las facciones que componen el chavismo gobernante. "Él es como una especie de encrucijada", atestigua un antiguo suboficial, hoy exiliado, que trabajó con Yoffreda y que pidió mantener su nombre en reserva. 

La palanca a disposición de Yoffreda para ejercer su poder fue, entre todos sus cargos burocráticos, la presidencia de la Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A., Veximca. Se trata de una sociedad mercantil del Estado venezolano para "la importación y exportación de toda clase de bienes de servicios", según rezaba en Gaceta Oficial el decreto de Hugo Chávez que en 2008 la creó. Desde ese vamos, Yoffreda estuvo en la presidencia de Veximca.

Cuando en 2013 el sucesor de Chávez en la presidencia, Nicolás Maduro, concibe un nuevo ente, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), no solo para centralizar todo lo que del Estado tenía que ver con el intercambio internacional sino para sustituir a la extenuada Cadivi (Comisión Nacional de Administración de Divisas, la oficina encargada desde 2003 por Chávez para gestionar el régimen de control de cambios y sus diversas tasas, lo que dio lugar a un foco descomunal de corrupción), dispone también que Veximca se ubique bajo el paraguas del nuevo organismo, junto a otros grandes compradores del Estado, como Suvinca (Suministros Venezolanos Industriales C.A.) y Bariven, la poderosa filial de la petrolera Pdvsa encargada de negociar con proveedores externos. Y cómo no: a la vez designa a Yoffreda como presidente de Corpovex, cargo que tendrá hasta noviembre de 2018, al ser nombrado como jefe de la misión diplomática ante la monarquía catarí.

Yoffreda fue, por lo tanto, el zar de las compras internacionales de Venezuela durante una década, incluyendo el período 2008-12, cuando el boom de los precios petroleros exacerbó el furor de importaciones del chavismo. Eso lo consagró como el más poderoso de los jerarcas menos conocidos del régimen, inmune todavía hoy tanto a sanciones extranjeras como a purgas internas.

Fuera del radar de la opinión pública venezolana, eso no quiere decir que las autoridades del Departamento del Tesoro no le siguieran los pasos. El SAR filtrado con los FinCEN Files es prueba al menos de que, desde muy temprano, Washington lo tenía en la mira.

De amigos a socios

El SAR de diciembre de 2012 hace notar que entre 2009 y 2011 dos empresas de Florida, Safe Trade Corp y Floppy Inc, habían recibido en conjunto pagos de Veximca por 74,3 millones de dólares. Ambas compañías eran clientes del banco BB&T y tenían por presidente a Doner García, un hombre de negocios venezolano hasta entonces solo conocido como representante en el sur de Florida de las motocicletas BMW, marca alemana de la que gerencia un concesionario oficial en la ciudad de Doral, en el oeste del condado de Miami-Dade.

También subraya el documento emitido por el departamento de cumplimento del JPMorgan Chase que las dos compañías parecen estar fondeadas exclusivamente por los pagos de Veximca y que "en ambos casos luce como algo fuera de lo ordinario que una entidad del gobierno adquiera vehículos y equipos a empresas tan pequeñas y desconocidas".

En efecto, García era el propietario del par de compañías. Con 42 años de edad, el joven empresario es parte de la familia García Romero, manufactureros e importadores tradicionales para el mercado venezolano de equipos de protección y accesorios para cuerpos policiales y de seguridad: chalecos antibalas, luces cocteleras para patrullas, por ejemplo. También cuentan con empresas incorporadas tanto en Panamá como Estados Unidos. La misma Safe Trade Corp que despertó sospechas entre el personal del JPMorgan Chase, registrada en 2003, aparecía en las fichas bancarias en inglés con el propósito de fabricar "body armor" (armadura de protección corporal). Floppy Inc, en cambio, fue constituida en octubre de 2009, apenas semanas antes de empezar a recibir millonarios pagos de Veximca.

Hay compañías homónimas en Venezuela, Uniformes Floppy C.A. y Floppy Body Armor, por ejemplo, ambas bajo control del mismo grupo familiar y dedicadas a la provisión de equipos para cuerpos de seguridad. En otra, sin embargo, registrada también en 2009 pero en Panamá, Floppy Group Inc, en la que Doner García Romero aparece como presidente, el directorio incluía hasta 2018 a la madre de García y a su ahora ex esposa, María Eugenia Fanti.

García tuvo con Fanti dos hijas, todavía menores de edad. María Eugenia Fanti es también venezolana y periodista de profesión, aunque en los últimos años se ha dedicado a la venta y administración de propiedades inmobiliarias. En su rol de periodista, con cierta frecuencia aparece como comentarista invitada en Ahora con Óscar Haza, uno de los programas de opinión más populares de la televisión hispana del sur de Florida, que transmite el canal Mega TV bajo la conducción del periodista dominicano.

Fanti aparecía para la fecha del SAR como directora en varias de las decenas de empresas de Doner García en Florida, incluyendo la dudosa Floppy Inc, disuelta finalmente en 2020; en Safe Trade Corp, en cambio, estaban inscritos como directores una hermana y un cuñado de García al momento de su disolución en 2012.

La mayoría de esas empresas correspondían a vehículos de control de propiedades inmobiliarias. Y es que, según consta en la oficina de Catastro de Miami-Dade, García y Fanti se embarcaron entre 2013 y 2016 en una virtual campaña de compra de inmuebles: al menos 22 propiedades por un valor de compra de alrededor de 6,5 millones de dólares, principalmente predios, residencias y galpones en el enclave venezolano de Doral, y apartamentos en la lujosa zona de Brickell, en Miami.

La racha tuvo fin con la crisis y zozobra final del matrimonio. Muchas de esas propiedades y de las compañías a cuyos nombres estaban quedaron asentadas en los expedientes de la demanda de divorcio introducida por Fanti en agosto de 2017 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade. La acción judicial, resuelta con un acuerdo entre las partes que otorgó algunos de esos haberes a Fanti en junio de 2018, estuvo precedida por una denuncia de violencia doméstica, según se puede comprobar en línea.

Para este reportaje se intentó conocer la versión de Doner García a través de llamadas telefónicas y cuestionarios enviados a sus direcciones de correo electrónico disponibles, sin que se obtuviera respuesta alguna. Con María Eugenia Fanti, por su parte, el autor de esta nota tuvo un primer intercambio por medio de Facebook Messenger y Whatsapp en marzo de este año, luego del cual no volvió a responder a las llamadas.

En todo caso, durante la bonanza captada por el SAR que el JPMorgan Chase presentó ante el Departamento del Tesoro, Doner García debió sentirse tan seguro de su relación con la estatal Veximca en Caracas, que en marzo de 2012 registró en Florida una compañía bajo el nombre de Veximca LLC. Hasta la disolución de la compañía en marzo de 2015, Doner García, que entonces daba una dirección de residencia en Doral, actuaba como Agente Registrador, Presidente y Gerente-Director de Veximca LLC ante la División de Corporaciones del Estado de Florida.

Pero aún resta otro dato, más rotundo que el anterior, para establecer una conexión orgánica entre Doner García y el círculo cercano al mayor general Giuseppe Yoffreda, mandamás de Veximca en Venezuela: García fue socio en al menos una empresa del coronel retirado de la Aviación Militar Bolivariana, Pedro Cestari Navarro.

La empresa se llamó Onix Trade Corporation, registrada en Florida en agosto de 2015 y activa hasta abril de 2018, cuando quedó disuelta por decisión voluntaria de su accionista principal, el coronel Cestari Navarro, que entonces informaba como su domicilio la calle Diego de Lozada de la urbanización Andrés Bello de Maracay, ciudad capital del estado Aragua. Entre 2015 y 2016 Doner García fue el primer Agente de Registro de Onix, antes de ceder su lugar a una agencia de la ciudad de Opa-locka.

Como recogía Armando.info hace un par de años, el coronel Cestari Navarro empezó a tener un perfil público desde que en 2014 fundó una aerolínea, Turpial Airlines, con casi 800.000 dólares de capital. Hoy, cuando la empresa cuenta con tres aeronaves Boeing 737-400, Cestari la sigue presidiendo desde su cuartel general panameño, país donde tiene otras dos empresas y que, entre tanto, se convirtió en el principal destino de la aerolínea.

Luce como una culminación inesperada para la carrera del oficial de la Fuerza Aérea, retirado en 2006 con el grado de coronel, y con una carrera apenas mediana en la burocracia chavista. En ese 2006 pasó a las órdenes del Ministerio de Turismo, en el que tuvo a su cargo la administración de un hotel y el sistema de teleférico del estado Mérida, en los Andes del suroeste venezolano. Antes había formado parte del equipo del general Yoffreda Yorio cuando este comandó como su Presidente el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), entre 2004 y 2006. Giuseppe Yoffreda y Pedro Cestari Navarro estudiaron juntos en la Escuela de Aviación Militar de Tapa Tapa, a las afueras de Maracay. Ambos se graduaron en 1983 como parte de la misma promoción y desarrollaron una cercana amistad.

Pedro Cestari Navarro también se exhibe como director y accionista de al menos otras dos empresas en el registro mercantil de Florida. En ambas figuran, en calidad de directores o de agentes, familiares de la esposa del coronel retirado con residencia en la ciudad de Boca Ratón.

La gerencia y directorio de Turpial Airlines es como un relicario nostálgico de la oficialidad del Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Número 10 de la Aviación, con dotación de helicópteros artillados y de transporte. El representante legal en Panamá de Turpial Airlines C.A. es el coronel retirado y piloto de helicópteros Wilmer José Pino Quijada; su apoderado, el general retirado Noel José López Capriata, ex piloto oficial en los años 90 del helicóptero designado al servicio del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

El propio coronel Pedro Cestari Navarro sirvió en esa unidad. Pero su hermano menor, el general de Aviación William Cestari Navarro, estaba en el Grupo 10 cuando ocurrió la rebelión del 27 de noviembre, a la que se plegó entonces como teniente y piloto de helicópteros.

Tras ser reincorporado a la Fuerza Aérea, William Cestari Navarro siguió su carrera hasta el grado de general de división. En la Aviación llegaría a ocupar la Comandancia de Operaciones Logísticas, ligada al mantenimiento de los equipos y su compra. Pero en esa fuerza se le conoció más como el medium de las instrucciones del mayor general Giuseppe Yoffreda para el resto de la oficialidad aérea. Intimidado ante los pilotos, y siempre según el testimonio de diversas fuentes venidas de los cuarteles, Yoffreda usaba como mensajeros y factotums tanto a William Cestari Navarro como a Jackson Rivas, este último teniente coronel de la Aviación en la actualidad y presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones, quien también acompañó a Yoffreda durante su gestión en el ministerio de Transporte Acuático y Aéreo. Cuando Yoffreda se marchó a Qatar en 2018, el general William Cestari Navarro quedó designado en Venezuela como Presidente de Pdvsa Naval, filial de la petrolera.

Se envió una petición de entrevista al coronel Pedro Cestari Navarro por el formulario de contacto de Turpial Airlines en su website oficial. La solicitud no tuvo respuesta.

Cliente de vieja data

El Reporte de Actividad Sospechosa despachado en diciembre de 2012 por JPMorgan Chase no solo ponía reparos en las transferencias de Veximca a las empresas de Doner García. También se fijó en los pagos por hasta 16,7 millones de dólares de Veximca a Pemica Inc, una empresa registrada en Florida en junio de 1999. En el documento enviado al Departamento del Tesoro se describe a Pemica Inc como un cliente del banco BNP Paribas y proveedor de "servicios de construcción de infraestructura y dotación de equipos para aeropuertos, así como de sofisticados sistemas de seguridad".

Pemica Inc y otras compañías de nombre similar en el propio estado de Florida, en Panamá o en República Dominicana, son derivaciones de una empresa familiar fundada en Caracas por Pedro Guillermo de León en 1987 para cubrir las necesidades del mercado de instalaciones aeroportuarias, un propósito que luego se extendió a las categorías de equipos de seguridad -como monitores de rayos X y circuitos cerrados- y puertas automáticas, entre otras. Inversiones Pemica C.A. es la matriz del grupo, un emprendimiento de tradición que al menos desde 1993 contrata con el Estado. Ha acometido grandes obras para puertos y aeropuertos, el sector militar, refinerías de petróleo, entre diversos proyectos de infraestructura -algunos llave en mano-. Antes de que Hugo Chávez llegara al poder trabajó bajo las condiciones de la llamada Ley Paraguas de 1998, y ha recibido financiamiento de los bancos oficiales de importación-exportación de Estados Unidos y Reino Unido.

"En nuestro caso, jamás hemos sido cuestionados ni requeridos por ninguna autoridad o ente regulador acerca de transacciones realizadas durante nuestros años de actividad comercial", afirma el presidente de Pemica, Andrés Eloy de León, hijo del fundador corporativo y único accionista, en un largo intercambio de correos electrónicos con Armando.info.

De León hizo llegar a la redacción de Armando.info una lista pormenorizada de las ventas efectuadas a Veximca durante el período señalado por el SAR de JPMorgan Chase, por las que suplió desde camiones de volteo hasta piezas de televisión. Al mismo tiempo señaló que, como en ese caso, cuenta con los respaldos necesarios para seguir la pista de todas las contrataciones hechas con Veximca y el Estado venezolano, a disposición de las autoridades que los requieran. "Podemos entender que, ante el existente clima político, o las denuncias concretas que se están manejando sobre funcionarios públicos de Venezuela, se quiera investigar con lupa las compras ejecutadas por el Estado, lo cual en cierta forma nos satisface", declaró.

El propietario de Pemica y de sus filiales en el extranjero admite que conoce desde 1995 al mayor general Giuseppe Yoffreda -"él desempeñaba entonces un cargo técnico en la Dirección de Tránsito Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que adquirió de Pemica unos equipos transformadores de corriente para campo y pista"- y que luego lo tuvo por cliente en otras dependencias con las que siguió trabajando incluso cuando Yoffreda ya no estuviera en ellas: "Nuestras relaciones son con las instituciones, no con las personas".

Aún así supone que Yoffreda debió tener "opinión y decisión en la evaluación de ofertas y el otorgamiento de contratos suscritos por Veximca con todas las empresas contratistas", incluyendo a Pemica, una potestad que, por cierto, De León precisa que Yoffreda no ejerció, entonces con el rango de coronel, cuando en 2003 el oficial estuvo primero en el directorio del Aeropuerto de Maiquetía y luego en el Instituto Nacional de Aviación Civil, Inac, y Pemica recibió contratos para participar en el proyecto de modernización del principal aeropuerto del país: "Yoffreda nos manifestó que para ese proyecto había delegado todas las adquisiciones a la oficina de la OACI (la Organización Internacional de Aviación Civil) y, en efecto, fue la OACI desde Canadá la que nos seleccionó como contratistas".

Un indicio de una posible relación privilegiada entre De León y Yoffreda surgió en 2016. En septiembre de ese año, la periodista Sebastiana Barráez publicó en su columna del semanario Quinto Día un trascendido según el cual las oficinas que Corpovex -el organismo presidido por Yoffreda entre 2014 y 2018- había tenido por sede en el anexo ejecutivo del hotel Eurobuilding de Caracas "fueron vendidas a precio de gallina flaca a Pemica y con dólares de Dicom (tasa de cambio flotante)". A los pocos días De León ejercería su derecho a réplica, convocando a la periodista para explicarle que las oficinas habían estado a disposición de un tribunal tras haber sido confiscadas como parte de un operativo contra el crimen organizado; luego fueron puestas en subasta, que Pemica ganó con una oferta por 2,85 millones de dólares. "No veo dónde está la gallina flaca", ironiza De León en un comentario para Armando.info.

En la misma columna Barráez también informaba que "un oficial con alto cargo en Corpovex ahora es gerente en Pemica". No se pudo comprobar si con ello se refería -y de ser así, sería un equívoco- al general de división del Ejército, retirado, Noel Grisanti Sáez, quien no estuvo en Corpovex sino que llegó a encargarse del Viceministerio de Servicios, Personal y Logística del despacho de la Defensa en el gobierno de Hugo Chávez, desde donde tuvo incidencia en compras militares. Grisanti Sáez aparece en la actualidad como gerente y apoderado de Pemica en Panamá, y como apoderado de otra empresa del grupo de De León, W Aviación Panamá, concebida para ofrecer servicios aeroportuarios en la terminal de Tocumen pero inactiva desde 2018.

De León dice que el general Grisanti Sáez sí es su empleado "y no es el primer oficial retirado que trabaja o ha trabajado en Pemica". Encomia las cualidades de los oficiales dados de baja tras sus servicios regulares, pues "están entrenados para trabajar duro, son disciplinados, organizados, excelentes ingenieros y si puede añadir a su forma de vida la honestidad, son candidatos potenciales para trabajar en mi equipo". Subraya, eso sí, que Grisanti nunca otorgó contratos a Pemica durante su servicio activo, del que se retiró en 2010: "El general Grisanti Sáez fue un destacado oficial de Ingeniería del Ejército y Pemica tiene muchos años vinculada a los Servicios de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, donde hemos comercializado muchísimos equipos. No recuerdo el día exacto que lo conocí, solo recuerdo que siempre admiré su rectitud en el ejercicio de sus funciones profesionales. Por motivos de salud, tuve que trasladar a nuestro gerente de Administración a Estados Unidos, luego de ejercer esa función durante 18 años, así que decidí encomendar esa tarea al general Grisanti, que la ejerció por dos años en Venezuela antes de promoverlo a Panamá".

Según De León, Veximca acumuló una gran deuda con Pemica, que todavía no termina de honrar. Esa situación, junto a la arremetida de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos al régimen de Caracas y a algunos de sus personeros, le persuadieron para dejar de tener a Veximca como cliente en 2016. Todavía después de esa decisión cumpliría otro par de contratos con Corpovex, relata, pero con las debidas garantías y un pago inicial significativo: "La única acción que hemos interpuesto es la de oficiar a Veximca periódicamente solicitando se nos informe la situación de esos pagos. De esa manera se interrumpen los lapsos para la prescripción. Las repercusiones a las acciones legales contra empresas del Estado nos previenen de ejercerlas".

Se enviaron comunicaciones a las direcciones electrónicas de contacto de la Embajada de Venezuela en Qatar, públicas en Internet, a fin de conseguir alguna reacción del general Yoffreda, sin éxito hasta el momento de redactar este reportaje.

Tamoa Calzadilla, de Univision, colaboró con este reportaje desde Miami, Florida.

Unas pocas transferencias, camufladas entre los más de 2.100 reportes de actividades sospechosas de la banca en Estados Unidos –originalmente filtrados a Buzzfeed News, analizados por Armando.info y otros 107 medios bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) en los FinCEN Files–, dan cuenta de algo más de siete millones de dólares que salieron de la filial venezolana de Odebrecht a una desconocida empresa registrada en los Países Bajos con el nombre de Finandi Equipment BV.

El nombre de la compañía neerlandesa no pasó inadvertido en el Departamento del Tesoro estadounidense –para las autoridades de su Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)– a pesar de que iba dentro de una maraña de transferencias, por más de 337 millones de dólares, que la filial venezolana de Odebrecht movió en 79 operaciones solo entre septiembre y octubre de 2015.

Los oficiales de cumplimiento de la sucursal en Estados Unidos del Deutsche Bank y, luego, sus interlocutores del Departamento del Tesoro, levantaron la bandera roja tras notar que entre los fondos se encontraban 65,3 millones de dólares provenientes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Si bien buena parte del monto que Odebrecht recibió de Pdvsa luego fue transferido al consorcio a cargo de la tantas veces prometida y nunca concluida central hidroeléctrica Manuel Piar de Tocoma –la misma que prometía generar una nueva fuente de energía sobre el río Caroní, desde el estado Bolívar, en el sur de Venezuela–, una porción ciertamente llegó a la novata Finandi Equipment BV.

El reporte de actividades sospechosas retrata el desvío de 7,1 millones de dólares a través de cinco transferencias pero, más que eso, asoma un nuevo canal, hasta ahora desconocido, por el que se encauzaron fondos en la trama local del caso Odebrecht.

Sospechoso repetido

La información fiscal de la empresa Finandi Equipment BV, registrada en abril de 2011, aparece en la ciudad de Amsterdam a nombre del empresario holandés Hendrik van Wijlen. El nombre de este hombre de negocios ya había surgido en diligencias de la justicia neerlandesa, que lo habían relacionado con Odebrecht y las otras empresas de ingeniería civil brasileñas que forman parte del elenco del ya célebre caso Lava Jato.

Sin mencionarlo explícitamente, el Ministerio Público de los Países Bajos (FIOD, por sus siglas en holandés) anunció en febrero de 2019 la apertura de una investigación contra un individuo que resultó ser Van Wijlen. Informó sobre la inspección a seis oficinas y domicilios relacionados con él, sobre la incautación de algunos de sus computadores, y formalizó el inicio de una investigación.

“Se sospecha que las empresas holandesas han facilitado el pago de sobornos a gran escala”, manifestaron las autoridades de la fiscalía en un comunicado del 26 de febrero de 2019. “Los sobornos fueron pagados por el conglomerado brasileño Odebrecht SA y probablemente estaban destinados en última instancia a funcionarios y partidos políticos extranjeros. Se trata de un mínimo de 100 millones de euros que han pasado por el sistema financiero holandés”.

Desde entonces, en los Países Bajos no hay más noticias sobre el caso. Aunque para este reportaje se le solicitó a la Fiscalía mayor precisión sobre el estado de la investigación, un portavoz del Ministerio Público se limitó a señalar desde Amsterdam que el proceso está en marcha. Los FinCEN Files, de cualquier modo, adelantan algo que no han advertido ni los fiscales holandeses ni mucho menos han investigado sus colegas venezolanos: lo de Finandi Equipment no fueron unas meras transferencias, sino una de las vías que empleó Odebrecht para lavar el dinero de Venezuela.

Contratos ficticios

De acuerdo con el reporte de actividades sospechosas emitido por el Deutsche Bank, a Finandi Equipment llegó una porción de los recursos que Pdvsa depositó a Odebrecht a finales de 2015. Pero el nombre de otra empresa homónima –ya no Finandi Equipment sino Finandi Voorschoten– aparece en los contratos acumulados en tribunales de Brasil junto a facturas, documentos y testimonios que sustentaron los cientos de juicios derivados de la trama de Lava Jato.

En uno de esos contratos, con fecha del 2 de febrero de 2014, Odebrecht alquilaba a la neerlandesa Finandi Voorschoten dos máquinas especiales que a lo largo de tres años perforarían los túneles del tren Caracas-Guarenas-Guatire, una extensión ferroviaria del sistema del Metro de Caracas que comunicaría a la capital venezolana con dos ciudades-dormitorio al este.

 "La vigencia del Acuerdo será de treinta y seis (36) meses a partir de la entrega de cada equipo en Puerto Cabello, República Bolivariana de Venezuela", reza el documento. “El pago del arrendamiento de cada equipo se abonará sobre la base de una tarifa mensual, fija e indefinida de quinientos cincuenta mil euros (550.000,00 €) desde la entrega efectiva de cada equipo al arrendatario en Puerto Cabello”.

La maquinaria nunca llegaría a Venezuela; el Metro de Caracas tampoco alcanzaría los suburbios de Guarenas. El dinero, sin embargo, se evaporó: el monto del contrato suscrito sobre ese papel, más de 46 millones de dólares, serviría de tapadera para el desvío de fondos.

Hermanos a la obra

Los primeros datos de la firma holandesa que se pueden ver en el registro mercantil de Amsterdam datan de abril de 2011, con un capital de 18.400 euros. Apenas ocho meses después, en diciembre de ese mismo año, ya se había multiplicado más de diez veces hasta llegar a 250.000. Cuando, en 2016, la compañía fue liquidada, contaba con 500.000 euros de capital.

Al momento de esa liquidación, no habían transcurrido más de seis meses desde la transferencia que prendió las alarmas del Departamento del Tesoro. Eso dio tiempo para registrar las transacciones que ofrecen una pista que de otra manera habría resultado muy difícil de seguir. Por fortuna, el rastro quedó allí, en los FinCEN Files. De cualquier modo, los movimientos del holandés Hendrik van Wijlen ya dejaban evidencias de que a él llegaba buena parte de los recursos desviados de Odebrecht Venezuela.

Van Wijlen salió en junio de 2013 de la directiva de la misma empresa Finandi. Pero el registro de compañías de Países Bajos lo delata tras bastidores en otras subcontratistas ficticias que rebanaron el presupuesto asignado por el gobierno chavista para las obras faraónicas de infraestructura que publicitaba prematuramente en su propaganda.

Por ejemplo, Van Wijlen, el directivo de la Finandi Voorschoten –encargada sobre el papel de proveer maquinarias para el tren a Guarenas–, pasaba por una puerta giratoria y aparecía al frente de Likam Vouwwerken Internationaal, otra firma premiada con unas supuestas obras civiles para el Metro de Los Teques –capital del estado Miranda, al suroeste de Caracas–, el nunca construido Cabletrén de Petare –un populoso barrio obrero al este de la capital venezolana– y la tantas veces prometida Línea 5 del Metro de Caracas.

Otro Van Wijlen, pero de nombre Paul –el hermano de Hendrik– entonces figuraba a la cabeza de PW Trading, la empresa que suministraría las piezas para construir otro de los tantos elefantes blancos de Odebrecht en Venezuela: el Proyecto Agrario Internacional Jose Inácio Abreu e Lima, una ciudad campesina proyectada para 500 familias cerca de El Tigre, al sur del estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela.

Pacto en Brasil

Las de Países Bajos son al menos ocho compañías relacionadas a un grupo financiero llamado Pan-Invest, y que conducen a Van Wijlen. Cuando se le intentó contactar en Amsterdam para este reportaje, a través de su abogado rechazó la solicitud de entrevista.

Se puede asegurar, de cualquier modo, que todo empezó en 2009 con una negociación directa entre los ejecutivos de la constructora brasileña con el propio Van Wijlen. Eso recuerda Marcos Grillo, ex funcionario de Odebrecht y, sobre todo, testigo fundamental en esta historia. “La tarifa acordada con él por el uso de la estructura fue del 3% neto de impuestos”, explicó en diciembre de 2016 frente a los fiscales que lo interrogaban en Brasil a cambio de beneficios procesales.

“Con el crecimiento del programa y la necesidad de nuevas estructuras en los Países Bajos, estábamos aumentando el número de empresas utilizadas”, agregó Grillo, quien fue encargado de la “generación de recursos” del Sector de Operaciones Estructuradas, el eufemismo que empleó Odebrecht para bautizar su oficina de sobornos. “Para evitar la auditoría obligatoria impuesta por la ley holandesa, nuestros socios holandeses controlaban de cerca los siguientes indicadores en todas las empresas, ya que al menos dos de ellas, en conjunto, no podían ser superadas durante dos años consecutivos: por ingresos superiores a 8.000 millones de euros por año, número de empleados mayores de 60 años y activos superiores a 4.500 millones de euros”.

Así se configuró la llamada Caja 2 de Odebrecht, o más bien el camino por donde desviaron los recursos. En el caso venezolano, el conducto de escape originalmente fue a través de una retahíla de empresas registradas entre Portugal y Uruguay, pero el colapso del Banco Espírito Santo de Portugal –que llegaron a emplear– y otros descuidos, dejaron entrever algunos cabos sueltos que llevaron a los brasileños a trasladar a los Países Bajos –una especie de paraíso fiscal dentro de la Unión Europea– la estructura que al principio empleaban en la península ibérica con el nombre de Brasfix.

Solo entre 2011 y 2015, en las diferentes obras del Metro de Caracas se desviaron, en palabras de Alessandro Dias Gomes –el número dos de Odebrecht en Venezuela– “entre 120 y 140 millones de dólares”. El mayor porcentaje provino de los pagos para las obras del tren a Guarenas.

Aunque las obras de esa vía ferroviaria quedaron a la vista como meros mausoleos de concreto y cabillas, en Venezuela nunca investigaron la trama de Odebrecht. La Fiscalía General de la República, designada por la chavista Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y a cargo de Tarek William Saab, ni siquiera volvió a hablar del caso, a pesar de que en los tribunales brasileños quedó constancia de al menos parte de los contratos ficticios y transferencias ilegales que dieron pie para este reportaje, así como otras ramificaciones en Venezuela.

El protagonista de esta historia, entretanto, se encuentra en algún lugar de los Países Bajos. Eso es lo único que aceptaron confirmar las fuentes en el Ministerio Público de ese país. Pero Hendrik van Wijlen no se encuentra ni en prisión preventiva, ni sometido a otras restricciones. Mientras se esperan resultados concretos de esa investigación sobre el desvío irregular y legitimación de cuantiosos fondos venezolanos en Amsterdam, no muy lejos de allí, en La Haya –como se supo en días recientes–, parece estar a punto de iniciarse un proceso para que la Corte Penal Internacional juzgue la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Dos extremos interconectados de un mismo drama.

Los hermanos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt tenían justo esas dos cartas a su favor cuando en 2009 se plantaron como intermediarios entre Pdvsa y una novísima compañía petrolera, Petrosaudi, cuyos propietarios se ufanaban de su supuesta cercanía con el rey de Arabia Saudita. A la postre las dos partes hicieron negocios, pero en términos que se revelarían escandalosamente lesivos para la parte venezolana: Pdvsa pagó con un grueso sobreprecio el arrendamiento de dos buques-taladro o buques de perforación de segunda mano, que apenas funcionaron para extraer gas en las áreas asignadas al Proyecto Mariscal Sucre, en las aguas al norte de la península de Paria, en el extremo oriente venezolano.

La asignación se hizo con el impulso vendedor de los Pantin Shortt y durante la presidencia en Pdvsa de Rafael Ramírez, bajo la supervisión de los ejecutivos José Luis Parada y Eulogio del Pino —hoy, respectivamente, exiliado, fugitivo y preso. 

El trato suponía el desembolso por parte de Pdvsa de una bicoca de 1.200 millones de dólares por concepto de alquiler de los buques perforadores a Petrosaudi, a razón de 485.000 dólares diarios. Los entendidos se escandalizaron al hacerse públicas estas condiciones; equipos similares para ejecutar las mismas operaciones, incluso de fabricación más reciente, señalaron, eran contratadas por la mitad del precio. Pero los términos leoninos no terminaban allí. El contrato garantizaba a Petrosaudi la entrega de 49% de las ganancias por extracción en los campos gasíferos tras la constitución de una empresa mixta con esa proporción (Petrosaudi 49%-Pdvsa 51%), y por la que PDVSA recibió una inversión de 120 millones de dólares.

Esa entrada de dinero líquido y la expectativa de desarrollar alguna sociedad con la potencia petrolera que es Arabia Saudita fueron los dos argumentos más poderosos con los que los hermanos Pantin consiguieron vender los servicios de Petrosaudi.

Oriundos del estado Zulia —la más antigua cuenca petrolera del país, en el noroeste de Venezuela—, los Pantin Shortt no son unos desconocidos en la esfera petrolera venezolana. Sus conexiones con el negocio se remontan a su condición de herederos —y directores— de una compañía fundada por su padre en 1981, Cementaciones Petroleras Venezolanas (CPVEN), dedicada a un amplio abanico de actividades relacionadas con la explotación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y gas.

Años en el negocio como proveedores de servicios para Pdvsa dieron a los Pantin Shortt una capacidad de llegada casi única a la alta gerencia de la corporación petrolera, así como les pusieron en la posición de servir de lazarillos para otros proveedores que buscaban penetrar la burocracia de la estatal petrolera venezolana para conseguir contratos. Sus contactos en ambos sentidos eran múltiples y privilegiados. Eso quedó en evidencia cuando sus nombres aparecieron en las páginas del boletín The Sarawak Report de Kuala Lumpur, Malasia. Dirigida por la periodista británica Clare Rewcastle Brown —una de las talkingheads principales en el segundo capítulo de la serie de Netflix, Dirty Money—, la publicación fue esencial en la revelación de los manejos corruptos del fondo público 1MDB, el mayor escándalo en la historia moderna de ese país asiático. 

En una ramificación de la investigación, con la que se conecta, el Sarawak describió los pormenores de esos contactos en los que, por un lado, estaban los ejecutivos de Petrosaudi, Patrick Mahony y Tarek Essam Obaid, y por el otro la alta gerencia de Pdvsa. En el medio, la bisagra de los hermanos Pantin Shortt.

El reportaje expuso correos electrónicos filtrados del intercambio entre los mediadores y los directivos de Petrosaudi, cuyo lenguaje y nivel de los favores solicitados dejaban en claro que los Pantin Shortt nunca fueron personas de escasos recursos y se manejaban con comodidad entre las personas más influyentes de la alta jerarquía petrolera venezolana, una ventaja que les permitía cobrar por sus “servicios” de intermediación. Esos cobros terminarían por llamar la atención de la banca internacional.

Así, el boletín Kleptocracy Weekly, un documento interno de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro estadounidense, recordaba en su edición de la primera semana de mayo de 2017 que la sucursal en Estados Unidos del banco británico HSBC había alertado sobre 25 transacciones ocurridas entre el 9 de febrero y el 23 de diciembre de 2009 en las que los hermanos Pantin Shortt, incluyendo a Carlos (un tercero, quien no es parte de la directiva de la empresa petrolera familiar, como sí lo son Gerardo y Eduardo José), recibieron algo más de 5,3 millones de dólares.

El documento forma parte de los 2.100 archivos recibidos por Buzzfeed News, y luego compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 108 medios en 88 países de todo el mundo, Armando.info entre ellos, que hoy conforman la materia prima del proyecto de los llamados FinCEN Files.

Según se lee en el reporte, los oficiales de cumplimiento del HSBC USA sospecharon de esas transacciones pues “los hermanos Pantin, identificados como intermediarios de Petrosaudi Oil Services y/o Petrosaudi International Limited (juntos ‘Petrosaudi’), actuaban como facilitadores para obtener contratos con la empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural, Pdvsa. Según HSBC, Petrosaudi supuestamente le suministró a Pdvsa dos barcos de perforación de petróleo con una tasa diaria inflada bajo la garantía de los hermanos Pantin de que ellos asegurarían la firma de los contratos por los correspondientes representantes de Pdvsa. Los hermanos Pantin, según se informa, facilitaron el proceso de pago a cambio de una comisión, porque Pdvsa supuestamente era inconsistente en el pago de los contratos”, relata el boletín.

Valga decir que la historia de Petrosaudi está marcada por la controversia. Petrosaudi International Ltd, creada por Obaid en 2005, se financió con recursos del fondo 1MDB, una cartera de inversión de 4.500 millones de dólares que Malasia creó y dispuso para costear proyectos de desarrollo en el país, pero cuyo gobierno —liderado entonces por el primer ministro Najib Razak— desvió casi en su totalidad a negocios privados: una de las derivas más extravagantes fue para el financiamiento de la película El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese y con Leonardo Di Caprio como protagonista, en la que el hijo del premier Razak, Riza, figuró como productor ejecutivo.

Para gestionar el negocio de Petrosaudi, Obaid logró atraer a un antiguo compañero de colegio, Patrick Mahony, que entonces trabajaba para la gigante firma de inversiones Ashmore. De hecho, Mahony sería el artífice del negocio con Venezuela, una estafa del tipo vendedor de carros usados en toda la línea: compró un par de buques-taladro de segunda mano, el Neptune —luego bautizado como Saturn— y el Discoverer, para enseguida ofrecerlos en alquiler a la estatal venezolana a precios de naves espaciales. Mahony era también quien hablaba con los hermanos Pantin Shortt para coordinar el esquema.

Los 'otros' ocho millones

El monto de las transacciones reportadas como sospechosas por el HSBC USA al Departamento del Tesoro, 5,3 millones de dólares, no coincide con el que los hermanos Pantin Shortt recibieron como facilitadores del negocio: entre el cruce de correos electrónicos entre Gerardo Pantin y Patrick Mahony mostrado por el Sarawak Report, destaca uno en el que el venezolano envía las coordenadas para recibir el pago de “otros” ocho millones de dólares, adicionales a unos siete que ya había recibido. El correo, con fecha de 30 de noviembre de 2010, explicaba que el depósito debía hacerse en el Bank of America, específicamente a una subcuenta manejada por Merrill Lynch, cuyo beneficiario era una empresa denominada Offshore Services Management Inc. Pero la diferencia entre uno y otro monto no debe desorientar: bien podría tratarse de una fracción del pago total. 

Resulta que Offshore Services Management Inc, la empresa mencionada en el correo electrónico por Gerardo Pantin Shortt como beneficiaria del pago solicitado por los "otros" ocho millones de dólares, generó, a su vez, otra alerta que fue recogida en un documento distinto, un reporte de actividad sospechosa (SAR, por sus iniciales en inglés) recibido por la FinCEN. En este informe, Offshore Management Services Inc. había variado su rol: además de receptor, era también origen de pagos por un total de 4,8 millones de dólares en siete transacciones efectuadas entre marzo de 2010 y agosto de 2015.

Con el único dato visible de que está registrada en Islas Vírgenes Británicas, sin página web, teléfono o dirección electrónica conocida, a Offshore Services Management Inc. parece que se la tragó la tierra, si es que alguna vez funcionó como algo más que una shell company para gestionar transferencias. Sin embargo, una nota del diario El Nuevo Herald de Miami en 2016 alcanzaría a conectar a Gerardo Pantin Shortt con la empresa, al señalar que dos propiedades del venezolano en la ciudad de Aventura, en el noreste del condado de Miami-Dade, fueron adquiridas por Offshore Services Management en el año 2013 por un monto de 2,75 millones de dólares.

Para el momento de la publicación, Gerardo Pantin Shortt era director de una desarrolladora inmobiliaria llamada Unitas Development Group, con la que fue inversionista y promotor de un proyecto para construir un lujoso condominio, por valor de 100 millones de dólares, en MiMo, una zona de moda en el upper east side de Miami, a la altura de la calle 57. El proyecto no se completó. 

Las otras empresas que aparecen como beneficiarias de la transacción señalada en el SAR son Rote Energie S.A., registrada en Panamá, y Windom Finance Ltd, registrada en Reino Unido. De estas tampoco hay mayor rastro. Uno de los bancos beneficiarios de las transacciones fue la sucursal panameña del banco venezolano Banesco.

En ese mismo SAR se deja constancia de otra bandera roja que está conectada con Petrosaudi. Prácticamente en el mismo periodo, entre julio de 2010 y agosto de 2015, se informó a la FinCEN de otras seis transacciones que totalizaron 13,4 millones de dólares y cuyos beneficiarios fueron, entre otros, Tarek Obaid y una empresa que no es Petrosaudi International Limited —creada por Obaid en 2005—, sino otra de denominación parecida: Petrosaudi Oil Services Venezuela. A diferencia de Petrosaudi International Limited, registrada en las Islas Caimán, esta supuesta filial venezolana fue incorporada en Barbados bajo el número 33127, donde Obaid firma como uno de sus directores.

Rayados pero facturando

Lo sorprendente de esta maraña de pagos y conexiones fue que, aún retratados de manera inequívoca como copartícipes del pingüe —para ellos; lesivo para Venezuela— negocio de Petrosaudi con Pdvsa, los Pantin Shortt no detuvieron sus operaciones. De hecho, se puede detectar una expansión geográfica de los negocios de la marca familiar, CPVEN, a partir de 2011.

La ficha de CPVEN en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), que estuvo activa al menos hasta junio de este año, muestra que tanto Gerardo como Eduardo Pantin Shortt se mantuvieron como parte de la directiva de la empresa, liderada por Eduardo Pantin Pérez, y con Andrés Pantin Pérez, los dos últimos también hermanos entre sí y a la vez primos de los Pantin Shortt. Este cuarteto compartió directiva en otras cuatro empresas: Servicios Efega C.A., Servicios Venezolanos Costa Afuera C.A., Maersk Contractors, estas tres actualmente inhabilitadas para contratar con el Estado venezolano, y Centro de Tratamiento Petrolero (Cetrapeca), esta última activa, lo mismo que CPVEN. Todas, excepto una, fueron creadas y registradas después de la mediación con Petrosaudi.

CPVEN también tuvo una expansión acelerada en la creación de empresas o reservas de nombres en al menos diez países, entre ellos algunos conocidos por ser paraísos fiscales, en una compleja estructura empresarial que llega incluso a Nueva Zelanda. Con el mismo nombre de una de ellas, CPVEN Oil Field Services (Venezuela), liderada por Eduardo Pantin Shortt, se registraron tres empresas en Barbados como sucursales en Perú, Colombia y Ecuador. También CPVEN Exploration & Production Corp.

CPVEN Oil Field Services Venezuela está registrada en Madrid y también en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela, en cuya ficha consta que el total de las acciones pertenecen a CPVEN Holding. Una empresa similar, de nombre CPVEN Holding Limited, está registrada en Malta, como propiedad de la firma Trident Trust Company.

La inversión en el negocio inmobiliario del sur de Florida fue otra evidencia de expansión durante ese período dorado. Al explicar esa nueva incursión al diario El Nuevo Herald de Miami, el propio Gerardo Pantin Shortt aseguraba que la relación de su familia con Pdvsa era "estrictamente comercial" y que entre 2012 y 2015 -es decir, luego de la transacción de los buques-taladro- su empresa había logrado contratos con la petrolera por 991 millones de dólares. 

Su hermano, Eduardo, también diversificó su cartera de negocios y en noviembre de 2012 creó la empresa Maersk Drilling Holdings Limited junto con otros empresarios venezolanos de renombre, como Oswaldo Cisneros y el ex yerno de este, Gonzalo Fernández Tinoco. En la actualidad Fernández Tinoco aparece como director de la compañía, que entre tanto cambió su denominación a Maritime Drilling Holdings Limited. 

Ninguno de los hermanos Pantin Shortt respondió a los intentos de contacto por parte de Armando.info a través de correos electrónicos personales, las páginas de CPVEN y Unitas Development Group.