Su desenlace parece intrascendente en la Colonia Mijagual. Ahí solo es misterio y leyenda la finca del Capo. Su nombre real es “Potrero Redondo”, pero también le dicen “La Ramera” o “Cocuizal”. Desde la captura de alias Diego Rastrojo no se conoce así, sino por la historia que relaciona al terreno con el narcotráfico. En 2006, esas propiedades fueron vendidas por Jesús Manuel Briceño a la empresa Agroquímicos Santa Rita, perteneciente a Israel Ramón Chávez Aro, hijo de un primo del fallecido presidente Hugo Chávez, por 800 millones de bolívares (o unos 180.791 dólares, calculado a la tasa de ese momento). Una fuente, que estuvo relacionada con un organismo de seguridad en Colombia, afirma que esas tierras no pasaron legalmente a nombre del cabecilla de Los Rastrojos, pero sí en la práctica.

El testimonio coincide con el expuesto por campesinos y un hacendado de Barinas. Todos aseguran haber visto empoderado al capo de esos dominios por más de un año. “Él vendía muchas cebollas, nos extrañaba porque cultivar cebollas es caro. Brindaba cervezas a los policías, venía y nos saludaba. Era un tipo sencillo, quién sospecharía de él”, comentan dos campesinos. Hasta en uno de los Registros Mercantiles de los llanos venezolanos es un secreto a voces que los terrenos pertenecientes a Chávez Aro están relacionados con Pérez Henao.

Pero la detención del capo parece haber barrido con los detalles del que fue su refugio por, al menos, un año. El Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia entregó datos escuetos a los medios de comunicación sobre este asunto. Según la reseña de diarios venezolanos y extranjeros, Pérez Henao había sido atrapado en una finca arrocera, cercana al río Masparro, donde se hacía pasar por un mayordomo y estaba escoltado por unos 10 hombres al momento de su arresto. No había mención del dueño de la propiedad hasta entonces. 

De las propiedades de la familia Chávez se han hecho interminables referencias. Israel Ramón Chávez Aro, de 37 años de edad, es uno de los señalados en Barinas por ostentar grandes activos que van desde terrenos hasta un estadio de fútbol, pero pocos documentos pueden respaldar su poderío económico. Además de los terrenos relacionados con Pérez Henao, existe otra finca, llamada La Esperanza, de 96 hectáreas en el municipio Rojas de Barinas, que compró en 2006. Es conocido por patrocinar diversos eventos musicales o artísticos en los llanos venezolanos.

Su padre, Israel Ramón Chávez Jiménez, un técnico electricista nacido en el pueblo de Santa Rita y hermano de Asdrúbal Chávez (miembro de la junta directiva de la empresa Alba Nicaragua), es cercano a Argenis Chávez, otro hermano del expresidente de Venezuela y ahora candidato a la Gobernación de Barinas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Padre e hijo también tienen una empresa, Servicios y Construcciones San Ramón, que opera en este país.

La siembra del crimen

Pérez Henao no operaba solo en Venezuela. La decena de centinelas que lo acompañaban cuando fue capturado no eran los únicos en seguirlo en el país. En un barrio acomodado y comercial de la capital de Barinas afirman haber olido a la mafia de Los Rastrojos. Varios vecinos de un edificio relatan cómo convivieron con una familia que, supuestamente, se dedicaba a llevar negocios de un capo hasta febrero de 2012, aproximadamente. “Ellos huyeron. Se trataba de un matrimonio con dos hijos, una joven y un niño. De repente tuvieron un estilo de vida muy ostentoso, eso nos sorprendió. Su apartamento fue allanado por la policía, decían que el padre era testaferro de un narco”, indica una vecina.

La descripción del padre de la familia coincide con la de alias “Chucho”, un ciudadano colombiano que, según un exfuncionario de seguridad de ese país, fungía como testaferro de Pérez Henao. De acuerdo con fuentes que estuvieron vinculadas a la seguridad colombiana, se trataría de un hombre llamado José Wilder Hortua Gómez. Los relatos de las personas que se relacionaron con él en Barinas afirman que muchos agentes advertían que no entorpecieran las investigaciones. “Nos decían: ‘¡Este es un caso de delito internacional, si ustedes entran allí las debo poner presas!’. Queríamos entrar y ver qué pasaba porque eran nuestros vecinos, pero no pudimos”, recuerda una mujer.

Venezuela comenzó a ser apuntada repetitivamente como un cooperador con el tráfico de drogas después de la muerte de Chávez en marzo de 2013. Hasta los parientes del caudillo bolivariano han sido salpicados con sendas acusaciones provenientes de Norteamérica. En enero de 2015, el mayor de los hermanos Chávez, Adán, entonces gobernador de Barinas, rechazó las denuncias que involucraban a su familia, a él y a altos cargos del Gobierno de Venezuela en supuestos negocios de tráfico de drogas. Según su versión, esas acusaciones solo obedecían a “una guerra psicológica” organizada por Estados Unidos que “utilizaba” al capitán Leamsy Salázar Villafaña, un ex asistente del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que se entregó a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y otros desertores contra la llamada revolución bolivariana. “Es decir, el imperio comprando la conciencia de estos muchachos (informantes). (Eso) pareciera, porque hasta ahora ellos no han manifestado estas supuestas declaraciones directamente; todo ha sido a través de terceros, de medios de comunicación internacionales que forman parte de ese guion pro-imperialista… Dentro de esas supuestas declaraciones dicen que la familia Chávez, los hijos biológicos de él y su hermano –tratando de involucrarme directamente– formamos parte de ese supuesto cartel de la droga… ¡Todo eso es totalmente falso!”, decía a la cadena de noticias Telesur. 

Los Soles es el supuesto cartel al que se refería el hermano del expresidente de Venezuela, una organización que estaría operada por altos mandos militares y hombres del chavismo, según investigaciones de diarios internacionales. Por este motivo, Cabello demandó por difamación al diario estadounidense The Wall Street Journal por publicar un reportaje en mayo de 2015 acerca de sus presuntos nexos con el narcotráfico, un juicio que perdió a mediados de agosto de 2017 en una corte de Nueva York. Pero hay expertos que consideran que en Venezuela no existen organizaciones como las tradicionales dedicadas al tráfico de drogas como en Colombia o México, sino extensiones de la red de grupos o carteles foráneos. Una de las mentoras de esta tesis es Mildred Camero, la exmagistrada y expresidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid, ahora ONA), quien en un foro sobre este asunto (2016) refería que la droga ya elaborada y procedente de Colombia, principalmente, tenía como destino Venezuela para posiblemente ser transportada, “almacenada o enfriarla”, a otros países. 

A pesar de la poca resonancia, las capturas de narcotraficantes o incautaciones de cargamentos mantienen alerta a los moradores de Barinas sobre el poderío de los negocios ilícitos en la zona. El caso más reciente ocurrió el 13 de febrero de 2016. En esa fecha se supo de la captura del mayor del Ejército Juan José Sorja, un hombre vinculado al anillo de seguridad de los padres de Chávez, y otros oficiales con 500 kilógramos de cocaína. Muchos pobladores de la cuna del fallecido presidente ahora reprochan a las autoridades no haber detenido el narcotráfico en esa región. 

(*) La identidad de los autores de este reportaje está protegida por razones de seguridad

Ahora Lamartino ha sido destituido de su cargo por la fiscal general Luisa Ortega Díaz y Chávez, Francisco Chávez, director de Desarrollo Social de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quien es sobrino del fallecido presidente Hugo Chávez y del gobernador del estado Barinas Adán Chávez, y que está en libertad plena después de que se le detuviera en flagrancia por comandar la toma ilegal de los terrenos de la escuela junto a otras once personas, que deben presentarse periódicamente ante el tribunal que lleva la causa. 
Pero antes de que se tropezara con ese nombre Lamartino pensaba que tenía no solo la ley de su lado, sino el respaldo político del gobierno regional. En febrero de 2011 el gobernador Adán Chávez anunció en su programa de radio la firma de un decreto -número 020- que ratificaba una directiva anterior que prohibía la invasión de predios urbanos y rurales en toda la provincia. Al mismo tiempo, Chávez daba a entender que atendería todas las tentativas frustradas a través de una Comisión de Manejo de Conflictos. Advirtió entonces: “toda persona que ocupe terrenos, edificios desocupados, predios urbanos, rurales o habitaciones está violentando la Ley y la Constitución”. “La persona que necesite tierra para cultivar debe denunciar el terreno como ocioso ante el Estado que luego tomará una decisión”.

Lamartino actuó como en otros casos: acompañado por la Policía del Estado Barinas, otros expertos y el personal docente de la institución se presentó en el sitio a comprobar el supuesto daño ambiental denunciado por los Salesianos y vio cómo un grupo de doce personas armaban dormitorios improvisados en medio de la sabana. A los alumnos les tocaba compartir sus labores con el desorden propio de las tomas aluvionales y de las jerarquías que se establecen. En el lance los invasores habían destruido bosques naturales, 17 hectáreas de plantación y la zona proyectora del caño Morrocoy.

De acuerdo con la acusación, Francisco Chávez utilizaba vehículos rotulados con el logo de Corpoelec para movilizar a los invasores. Lamartino no cedió a las presiones: entre el 5 y el 6 de febrero lo llamaron, según fuentes versadas en la investigación, desde la oficina de la Secretaría General de Gobierno de Estado Barinas, en nombre de la Presidencia del Circuito Judicial de la entidad y del Comandante de la Policía del estado Barinas.

El fiscal decidió continuar con el procedimiento. Al día siguiente presentaron a los invasores ante el tribunal para que el juez decidiera si éstos debían seguir en libertad, mientras esperaban la audiencia preliminar, o se mantenían tras las rejas alegando peligro de fuga. A Francisco Chávez le dieron libertad plena y a los otros once los dejaron bajo régimen de presentación.

Remate final

Los invasores volvieron al terreno para destruir los bosques de galería que quedaban. Más tarde declararon en los medios de comunicación locales que habían sido agredidos. Del Despacho de la Fiscal Luisa Ortega solicitaron entonces un informe a la Fiscal Superior encargada del estado Barinas, Carolina Merchán, donde se ordenaba que levantara un acta en razón de las agresiones que sufrió el grupo de invasores.

Merchán comprobó que jamás hubo tal agresión y se negó a suscribir un documento forjado. Pero la decisión estaba tomada y la suerte de Lamartino sellada. Cuatro horas después de informar que no firmaría, a Merchán le entregaron la orden de remoción de Lamartino –que no especificaba motivos– firmada por Luisa Ortega Díaz. Lo que muchos barineses lamentan es el silencio del Ministerio Público ante los supuestos delitos de peculado de uso y corrupción que habría cometido Francisco Chávez al mando de la turba que destruyó la sabana y una institución declarada Patrimonio Cultural de Barinas en el año 2005.

Lamartino, detallista, exigente, y con un alto sentido del deber según testimonios de sus alumnos de la Universidad Santa María, ha recibido llamadas de personas que se solidarizan con su causa. Que haya sido removido por un problema que, según las autoridades locales, había disminuido, como lo declaró en marzo de 2014 el comisario Otto Salinas, entonces secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana, no ha dejado de llamar la atención.

Un equipo de abogados de la Asamblea Nacional ha evaluado los daños causados y se ha comprometido a tramitar un derecho de palabra de los directivos de la Escuela Agronómica Salesiana en la Comisión de Ambiente del poder legislativo, que preside el opositor Julio César Reyes. Su director, el sacerdote Rafael Montenegro, asegura que los invasores se mantienen dentro de los terrenos de la institución y que el daño ecológico persiste. “Están dentro de la Escuela, donde los muchachos duermen y pernoctan. Es un recinto agropecuario y los estudiantes deben movilizarse por todas las áreas para cumplir con las actividades propias de su educación”.

El 23 de febrero en horas de la madrugada fue incendiado uno de los vehículos de la institución, a poca distancia de los dormitorios de los estudiantes. El tablero de la energía eléctrica había sido destruido. Las propias autoridades y alumnos de la institución observaron el hilo de combustible que había sido regado con la aparente intención de provocar un estallido. Las propias familias y autoridades de la institución han pedido protección para los estudiantes. ¿De qué manera se están moviendo los hilos de poder por salvar un apellido? ¿Vale más que el de cientos de jóvenes que ven en la Escuela Agronómica Salesiana una oportunidad incomparable en su formación? ¿Dónde quedan los decretos, las grandes alharacas del pasado? La historia se está escribiendo minuto a minuto.