Herald Crespo suelta la frase y repara en la ironía que contiene, luego de sorber refresco de un vaso plástico y pensar en sus antiguos jefes del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT).

A las dos de la tarde de un caluroso día de mediados de marzo el hombre, de 35 años, sentado a la sombra de un árbol, conversa con soltura en el patio trasero de la Comandancia de la Policía del estado Apure (en San Fernando, capital de ese estado llanero del suroccidente de Venezuela). Allí se encuentra detenido desde hace tres meses por comerciar ilegalmente, según el Ministerio Público, con los rebaños de Agroflora, la empresa ganadera más grande y longeva del país, expropiada por el Estado en 2011 y ahora investigada por el Sebin (Servicio bolivariano de inteligencia, cuerpo de policía política del Estado). El hombre cuenta su caída como directivo de la Agropecuaria Flora C.A. (conocida en la zona Agroflora o Compañía Inglesa, la principal persona jurídica entre los activos adquiridos por vía forzosa en 2011 a la centenaria empresa de carnes Vestey Farms), un descenso que explica los resultados palpables hoy día de la socialización de los medios de producción en Apure, estado que alguna vez fuera el primero en producción pecuaria: escasez de carne y altos precios en todo el país, a pesar de las regulaciones.

Crespo se defiende. “No es cierto que vendí reses ilegalmente. Agroflora nunca presentó ni desfalco ni déficit. Era una empresa modelo del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT). Aun así, el Sebin me sacó de la empresa esposado como vil ladrón; más bien deberían hacerme un monumento por haber demostrado que una empresa del Estado sí puede ser eficiente”, esgrime sus argumentos.

Junto a seis personas más, el administrador de 35 años de edad egresado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (Unerg), fue imputado por peculado doloso contra el Estado y asociación para delinquir. A su antiguo supervisor, el ex viceministro de Producción Agropecuaria Tomás Rodríguez, y al tercer director, José David Cordero, los sigue solicitando la justicia por el mismo caso. La supuesta venta ilegal de reses ocurrió en octubre, un mes después de cambios clave en la cúpula del despacho del MAT  para enfrentar “la guerra económica”, de la que el Gobierno de Nicolás Maduro dice ser víctima. La coincidencia agravó los hechos.

En septiembre de 2014, el presidente Nicolás Maduro destituyó al entonces ministro del MAT, Yván Gil, y nombró a José Luis Berroterrán. El agrónomo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV),  inició de inmediato una reestructuración del despacho que comenzó con la intervención de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), a la que están adscritas 163 unidades agropecuarias (entre ellas, los hatos expropiados), 62 agroindustriales y 25 de mecanización. Así mismo, destituyó a la junta directiva de Agroflora, integrada por Rodríguez, Crespo y Cordero.

En medio de la designación de una nueva junta –publicada en Gaceta Oficial el 8 de octubre– Crespo realizó la venta por la que la Fiscalía le acusa de disminuir los rebaños estatales de Agroflora (en 2011 representaban cerca de 6% del total de cabezas de ganado del país), comercializar a discreción sin una estructura de costos ni clasificación de precios de animales y focalizar las ventas a empresas privadas.

Llamadas van y vienen

“Esa tarde del 14 de octubre me entraron al celular unas 20 llamadas perdidas de Crespo. Yo estaba en un lugar sin cobertura en el hato Turagua (municipio Muñoz, Apure) y había dado la orden de que las novillas no salieran”, recuerda Gustavo Araujo, administrador del hato, quien había trabajado con los ingleses y llevaba casi dos años al mando de Crespo. “Ese día fue que reventó el problema. A mí esa venta no me parecía”, recordó sentado en la oficina administrativa de Turagua, uno de los 11 hatos pertenecientes a Agroflora.

El afán de Crespo –desde Valencia, capital del estado Carabobo (centronorte de Venezuela) – por hablar con Araujo se debía a que este objetaba la venta de 300 novillas para cría que días antes había concretado con la empresa Agritecni Servicios. “Seis días antes habían designado la nueva junta y ya él no tenía mando, aunque nos dijo a los empleados que sí”, recordó Araujo.

La noticia de la transacción corrió ese día como pólvora hasta Caracas, donde el recién designado ministro Berroterán reaccionó con una orden de suspensión inmediata de movilización y venta del ganado para todos los hatos de la empresa.

Reacio a los cambios, Crespo insistió en que Araujo despachara el ganado desde Turagua y envió una carta a la oficina del fundo responsabilizándose por la venta. “Tuve dos razones para hacerlo”, explica Crespo desde su prisión apureña. “Una, el Tribunal Superior Agrario de Aragua, responsable de la intervención estatal de Agroflora en 2011, no había autorizado para el momento a la nueva directiva, como sucedió cuando me nombraron a mí”. La segunda, la anuencia de los entrantes. “En la primera reunión que tuve con ellos el 10 de octubre, los nuevos directivos me dijeron que yo seguía mandando y que continuara con las operaciones. Cuatro días después me dijeron que estaba robando ganado”, relata.

Lo que ocurrió luego está descrito en las actas de la causa penal No 1C-19.962-14 del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de San Fernando de Apure. Seis gandolas –con 50 novillas cada una– fueron despachadas del hato Turagua hacia el centro del país. La Guardia Nacional las detuvo (en Camaguán, estado Guárico, y Achaguas, estado Barinas). La Fiscalía consideró varias irregularidades: la venta se había hecho a espaldas de la nueva directiva; las guías de movilización no estaban firmadas por esta; y las facturas indicaban que se vendía ganado de descarte (para matadero, a 9.000 bolívares cada res, el equivalente a 46 dólares según la tasa oficial Simadi de referencia) cuando se trataba de novillas para cría (a 20.000 bolívares cada res o 103 dólares por la misma tasa), según informe de perito.

El punto es esencial: el kilo de res para matadero está regulado, las novillas no. Por esa razón la Fiscalía identificó un daño al patrimonio del Estado, que habría dejado de percibir 3,3 millones de bolívares (cerca de 17.000 dólares) por la venta. Tres días después el Sebin aprehendió a Crespo en Valencia. El cargo de asociación para delinquir está sustentado, según la Fiscalía, en la relación del ex director de Agroflora con una empresa privada que regentaba el matadero de Quíbor (estado Lara, centrooccidente de Venezuela), que comercializaba ganado de la estatal sin que las ganancias fueran traspasadas al Estado.

La suma y la resta

El caso refleja que hay una zona gris de distorsiones entre lo regulado y lo desregulado en una misma cadena productiva. Fuentes en Caracas, así como en los estados Apure, Aragua y Carabobo –de fuerte actividad pecuaria– indican que es allí donde muchos hacen sus ganancias, a semejanza de los importadores con dólares preferenciales. El esquema: empresas de relacionados –“enchufados” – a la directiva de Agroflora le compraban ganado joven (novillas, mautes, mautas y toretes) a la estatal que luego vendían a precio de mercado a mataderos de particulares en Maracay y Valencia. “Los directivos pedían dos cheques: uno a nombre de Agroflora con el monto correspondiente a los kilos de carne a precio publicado en la Gaceta Oficial, y otro con la diferencia de precio con respecto al precio del mercado”, indicó una fuente de una compañía agropecuaria. Cuando la noticia se extendió en el medio, hubo un cambio de estrategia y los negocios se hacían con mataderos estatales y empresas de maletín.

Crespo lo niega: “La gente dice que yo tengo millones de dólares. No es así. No estuviera aquí”. También niega los alegatos de la Fiscalía diciendo que lo que es descarte para Agroflora es riqueza para otro productor. “Por criterios técnicos, unas novillas que no engordan lo suficiente en un plazo perentorio, deben ser sacadas al mercado”. En este punto concuerdan ganaderos consultados. “Como no están reguladas, tú puedes vender novillas para cría en lo que te dé la gana”, continúa Crespo. “Yo las vendí a un precio que le generó ganancias a Agroflora, que no fue a precio del mercado negro (entonces entre 50 y 60 bolívares el kilo) ni regulado (de 8,52 bolívares, según Gaceta Oficial de 2013), sino una media calculada por mí luego de un análisis de indicadores macro y microeconómicos de las principales ciudades del país”.

Ese precio era de 30 bolívares por kilo para el ganado en pie, apenas la mitad del precio que imperaba en el mercado libre o negro. “Eso siempre tuvo la anuencia del ministro Gil, que sabía cómo Tomás Rodríguez y yo determinábamos el precio. Gil sabía que vender a precio de Gaceta Oficial era quebrar la compañía”. Afirma que Rodríguez siempre se negó a abogar ante Gil por un alza en el precio oficial, y así sincerar la situación. Argumentaba que no era pertinente porque podía incidir en la ya alta inflación. Sin embargo, admitió que sus cálculos admitían discrecionalidad. “Vendí a muchos militares retirados, que tienen fincas privadas en Barinas y Apure pero no en las cantidades ni en los precios que me pedían. Yo sí me los clavaba, a altos precios. Porque esta es la cuestión: mientras que le vendía a la CVAL y la gobernación de Apure a bajo precio y perdía, yo compensaba cuando le vendía caro al privado”.

“¿Cómo le puedes exigir al privado que venda a precio regulado si la empresa principal del Estado no lo hace? Es cínico”, admite. Pero explica que, por los volúmenes de producción que colocaba en los mataderos, la empresa estatal era referencia para fijar el precio nacional de la carne. “Es una especie de OPEP en materia cárnica”, aventura una imagen. “Y yo tenía la alta responsabilidad ante la nación de mantener los precios. Si no, el mercado se disparaba”.

Si cometió algún delito, dice, pudo haber sido contra los Vestey, la dinastía inglesa que fundó Agroflora en 1913 y que demandó a Venezuela ante el CIADl (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial) por la expropiación de sus 11 hatos. El caso está activo: en febrero las partes sostuvieron una audiencia en París. “Ellos podrían demandarnos a mí y a Tomás Rodríguez por desviación de ganancias”, asoma, ya que fueron depositadas en el Tesoro Nacional. “Lo hicimos con compromiso patrio y plena conciencia de que no debimos hacerlo, ya que no ha habido expropiación completa. ‘Si nos ganamos un peo, nos lo ganamos, pero con ese dinero el Estado puede recuperar otras empresas’, nos dijimos”. Ni Vestey LTD en Londres ni la representación legal de Agroflora en Valencia respondieron a las solicitudes de entrevista realizadas para este trabajo. Tampoco lo hizo la oficina actual en el Banco Agrícola de Yván Gil, ex ministro del MAT y entonces superior de Crespo.

Rescate y robo

“Por esa situación es que estoy yo aquí”. Rogelio Aponte –sustituto de Crespo en la nueva directiva de Agroflora designada por el ministro Berroterán– espera impaciente que se consuma una venta de ganado, sentado en la sede administrativa del hato Turagua, a 200 kilómetros de San Fernando. “La visión es que todo lo que toca el Gobierno se acaba y la verdad es que ha habido muchos malos administradores en estos hatos del Gobierno y de Agroflora”. Esgrime un dato: Apure estuvo en primer lugar de producción, ahora está de quinto.

Un secreto a voces es que los jefes de las fincas están vendiendo reses para pagar la nómina, todo un despropósito cuando la razón original de las expropiaciones fue la de  mejorar la producción ganadera y garantizar el consumo de carne a la población.

Las últimas Memorias y Cuentas del MAT son fotografías parciales porque dejan por fuera la situación de más diez hatos, solo en Apure. Aun así, reflejan el declive: el hato Marisela (antiguo El Frío) produjo en 2012 66% menos, en volumen de carne, que en 2011; Bravos de Apure (antiguo El Cedral), solo produjo 37% de lo pautado para 2012, mientras que en 2014 logró 26% de lo planificado; el hato Santos Luzardo sí cumplió la meta de kilos de carne en pie (1,5 millón), pero en materia de reproducción no logró los objetivos. Otros hatos han reducido sus rebaños, como El Porvenir (18.000 animales en 2011, 9.000 en 2013), y El Frío-Marisela (de 22.000 a 2.000), según personas relacionadas con sus antiguos dueños.

Aponte tiene explicaciones para la escasez de la carne y los altos precios. “El abigeato es una de las razones. Ocurre todas las noches. Aquí en Agroflora se ha llegado al extremo de ver robos de rebaños por arreo por parte de personas con fusiles”.  Explica que el destino es la vecina Colombia, donde pagan el kilo del ganado vivo en 200 bolívares, casi cuatro veces más que el precio regulado y el doble del precio del mercado negro en el país. También se queja de la práctica de los hatos del gobierno de “regalar” ganado a los poblados vecinos y, en especial, a la Guardia Nacional, que es la que más pide. “Eso se tiene que acabar porque ¡los reales no se ven!”.

La disparidad de precios también complica y confunde la situación: es la zona gris donde Crespo hizo sus cálculos. “Tengo dos meses en el cargo y tengo tres documentos oficiales para vender la carne: la Gaceta Oficial; las resoluciones de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Precios Justos (Sundee); y los acuerdos entre las asociaciones de ganaderos y el MAT, el último del 20 de febrero de 2015 . Ninguno se respeta”.

Aponte concede que ninguna actividad económica se hace para perder, pero critica a los ganaderos privados –que presionan al gobierno para un alza de los precios– por incluir costos no necesarios para elevar la estructura de precios de la carne, como el alambre para cercar.  La cadena de comercialización también encarece el producto, dice. Coloca su fe en que los precios bajarán una vez que se inaugure el Matadero Industrial de San Francisco (municipio Muñoz de Apure), con capacidad para procesar 500 reses al día y que lleva tres años en construcción.

Por ahora Aponte tiene dos mandatos directos del interventor de la CVAL, José Leonardo Patiño. Uno es concentrar las ventas en el pequeño productor; el segundo es no facturar a particulares. “La CVAL fue creada para aportar a la seguridad y soberanía agroalimentaria”, indicó una nota del MAT en enero, cuando se realizó la discusión del Plan de Abastecimiento de Productos Cárnicos para combatir la “guerra económica dirigida por la derecha venezolana”. El plan no es más que acuerdos de producción, procesamiento y comercialización de los alimentos a cargo de la institución.

Mafia conocida

Trabajadores de las agropecuarias y diputados locales han apuntado sin temor a una supuesta “mafia de la carne”, según la prensa local. En 2010 trabajadores del hato Marisela (El Frío), denunciaron al entonces administrador Aníbal Espejo, por supuesto tráfico de ganado ante la prensa. Espejo es diputado suplente ante la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue uno de los procesados –y sobreseídos– por los hechos violentos de Puente Llaguno el 11 de abril de 2002, durante el Golpe de Estado que desalojó al presidente Chávez del poder por 47 horas. También el diputado nacional (Apure) Orlando Zambrano ha acusado a Juan Carlos Rodríguez Torres (hijo del alcalde de Guasdualito-Alto Apure, Jorge Rodríguez Galvis, y hermano del ex ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres), de estar vinculado al abigeato. El Frente Zamorano y el Movimiento Campesino Bolívar-Maisanta, que han protagonizado invasiones a los hatos, han lanzado acusaciones similares.

Voces que prefieren no identificarse –veterinarios, ganaderos, políticos locales– nombran a ex funcionarios de las gobernaciones de Apure y Barinas, ex funcionarios del MAT y militares retirados como integrantes de ese círculo.

Los últimos cambios emprendidos desde Caracas por el ministro Berroterán contra la ineficiencia del sector, apuntarían a acabar con la supuesta corrupción en los hatos, lo que ha reactivado una batalla por el control político de los mismos. El principal escenario ahora es la Corporación Ganadera Bravos de Apure S.A., una entidad del MAT creada en julio de 2014 y con sede en Mantecal (capital del municipio Muñoz), cuyo objeto es lograr la “eficiencia del sector ganadero”. Su junta –de la que Crespo era miembro– fue destituida y renovada en diciembre.

La avidez radica en que la corporación centralizará a los 19 hatos expropiados en el estado y será el centro del Plan Cárnico nacional, proyecto que intentará levantar la producción. Su presidente es Tulio Aguilera, anteriormente administrador del hato Bravos de Apure, a quien nombran como “el rey del ganado”. Varios grupos asoman la cabeza para tener vara alta allí: la gobernación, la alcaldía del Alto Apure, el Instituto Nacional de Tierras y el Frente Campesino Zamorano. Las ganancias serán dirigidas al Fondo de Eficiencia Socialista. Una de sus cláusulas trata sobre la “aplicación de los principios socialistas”, y establece que el “fin esencial de la producción” es la “justa satisfacción de las necesidades de todo el pueblo venezolano”.

¡Hagan la cola que llegó la carne!

Mientras los cambios bullen en Mantecal y el Sebin continúa investigando, en San Fernando no hay carne a precio regulado. El mercado municipal –donde hace unos años se vendían 600 reses a la semana en 75 puestos– es una réplica de la situación en Caracas: estantes vacíos. A lo sumo, carne de tercera (vísceras, asadera, bofe) que nadie compra.

Una resolución emitida por la alcaldía en marzo reciente abarató los precios aún más que el resto del país –el kilo de carne de primera a 185 bolívares (o 95 céntimos de dólar), mientras que en el resto del país estaba regulada a 220. Pero muy pocas personas llegan a comprar a este o cualquier otro precio por los canales regulares: el despacho de reses ha disminuido drásticamente y las filas para comprar son de hasta tres horas. “¡Hagan la cola que viene la carne!”, grita un hombre. ¿Viene la carne? “No sé, eso dicen”, comenta un visitante en medio del agolpamiento de gente. “Hay carne cuando la alcaldía quiere enviar. Uno hace la cola y se acaba rapidito”, dice otro comprador.

Nelson García, carnicero del mercado municipal, dice que antes le ganaba 60% a la carne que compraba en el matadero. “Ahora no más de 40%”. Una vaca sacrificada y colocada en canal llega a pesar 180 kilos, por la cual se pagan 20.000 bolívares (103 dólares). Luego está el costo del traslado, explica. “Si compro diez vacas a un productor en el interior, debo sumarle 6.000 bolívares en peajes: la guía de inutilidad porcada animal, las copias de los permisos sanitarios del INSAI, y la propina a la Guardia Nacional”.

Desde octubre una cooperativa ligada a la alcaldía intermedia la compra y venta en el matadero municipal de San Fernando, a precio regulado, y desplazó la venta a libre mercado. Los carniceros y productores de ganado se quejan de que ahora pierden dinero porque cuando van al matadero a sacrificar reses, la cooperativa paga la mitad de los animales a precio oficial y el resto a precio de mercado, una práctica similar a la que hacía Crespo. “Eso es discrecional e ilegal”, dice García.

Los ganaderos privados presionan por la alineación de los precios oficiales con la realidad del mercado. En Caracas, el Consejo Venezolano de la Carne (Covecar) y Fedenaga indican que, entre 2007 y 2015, los acuerdos con el MAT y el Ministerio de Alimentación siempre fueron tardíos e insuficientes. En enero se instalaron mesas técnicas para definir nuevos precios con el MAT, que no arrojaron resultados. El gobierno terminó haciendo unos ajustes que no recogían las sugerencias de los particulares y un crédito adicional por 2,45 millardos de bolívares para importar 50.000 en los próximos 5 meses.

“Lo que está pasando hoy es consecuencia de lo que sucedió hace 4 años atrás, cuando el ministro Juan Carlos Loyo estuvo imprimiendo terrorismo agrario con una pistola en su guerra contra el latifundio”, dice Carlos Rodríguez, directivo Convecar. “Tomará al menos cuatro años más revertir la tendencia a la escasez de carne”, dice Otto Gómez, presidente de la institución. Además de las expropiaciones y el rezago de los precios, la creciente inflación generó desinversión en las empresas privadas que quedaron en pie. El resultado es una baja productividad. En la actualidad, Venezuela ya no es autosuficiente, como llegó a serlo en los años 90. Menos de la mitad del consumo nacional (45%) queda cubierto con la producción local. El resto es importación. Pero esa es una historia paralela.

Con la publicación de la gaceta extraordinaria 5.990 el jueves 29 de julio de 2010, el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) inició su proceso de liquidación.

En el mes noviembre del año 2001 nació, y el 18 de mayo de 2005 se reformó a través de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario esta corporación con aspiraciones de gigante, que funcionó para crear y absorber compañías del Estado vinculadas con el sector agrícola, pero también para quedar a cargo de 31,3% de las empresas expropiadas por decreto presidencial entre enero de 2007 y junio de 2010.

Hasta el momento de su liquidación, la CVA, con sede en Barquisimeto, estado Lara, tenía como fin, según su página oficial, “impulsar el aparato productivo agrario, coordinar y supervisar las actividades empresariales del Estado para el desarrollo del sector agropecuario en el país”. Pero también había servido como plataforma venezolana de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a través de la creación de empresas mixtas con el gobierno de la República de Cuba.

La lista de sociedades, que formaban parte de la Corporación, está conformada según su espacio en Internet por 12 empresas: CVA Lácteos, CVA Azúcar, CVA Café, CVA Cereales y Oleaginosas, Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, Cacao Oderí, CVA Leander Carnes y Pescados, Café Venezuela S.A., Avícola del Alba, Empresa Mixta Socialista Leguminosas del Alba y CVA Cultivos Varios S.A. Pero esas no son todas las que son.

Estas empresas y las no incluidas en el grupo que la CVA reconoce oficialmente –entre ellas, algunas sociedades creadas por la Corporación, las transferidas por otros organismos del Estado y las compañías expropiadas que se adjudicaron al ente- se verán afectadas con la Ley de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA).

Sabor cubano

Desde enero de 2007, el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) había realizado inversiones millonarias para crear compañías relacionadas con distintos productos agrícolas: carne, cacao, arroz, leguminosas, leche y azúcar, entre otros. En un periodo de 42 meses (3 años y medio) gastó BsF. 22.433.313 ($ 10.433.471, según el cambio oficial vigente) para lograr esto y dar respuesta a la política agrícola nacional, a través de nuevas “empresas de producción social”.

Así surgieron 16 compañías, creadas por decreto presidencial y puestas a cargo de este Instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. La inversión más fuerte se hizo entre 2007 y 2008, años en los que tienen su partida de nacimiento 93,75% (15) de estas empresas. Después de este momento, que coincide con la publicación del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista –PPS-en el año 2007, solo una fue creada en 2010.

En ese plan de la Nación, que establece las políticas de desarrollo económico y social entre 2007 y 2013, se define que “el Modelo Productivo Socialista estará conformado básicamente por las Empresas de Producción Social (EPS), que constituyen el germen y el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas privadas”.

En este tiempo y a través del mecanismo de creación de empresas, la CVA también fue plataforma de los acuerdos firmados entre Venezuela y Cuba, que surgieron a partir de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA). 50% de las compañías creadas desde enero de 2007 por esta corporación, tienen como aliado a la República de Cuba.

Las ocho “empresas mixtas socialistas” que surgieron por esta alianza binacional poseen un modelo común: 51% de las acciones pertenecen al Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria y 49% a una empresa de la República de Cuba. Todas, menos una, nacieron con un capital inicial de BsF. 53.745 ($ 24.997,7).

La que sale del molde es la Empresa Mixta Socialista Cacao del Alba, S.A. que, aunque tiene la misma distribución de acciones, muestra un capital inicial de BsF. 5.300 ($ 1.232,6).

De este modo, la inversión total de la alianza suma BsF. 381.515 ($ 176.216,3) por el capital inicial de las empresas. Esta alianza binacional abarca a las siguientes sociedades: Empresa Mixta Socialista Arroz del Alba, Empresa Mixta Socialista Maderas del Alba, Empresa Mixta Socialista Leguminosas del Alba, Empresa Mixta Socialista Lácteos del Alba, Empresa Mixta Socialista Avícola del Alba, Empresa Mixta Socialista Porcinos del Alba, Empresa Mixta Socialista Pesquera Industria del Alba y Empresa Mixta Socialista Cacao del Alba; Venezuela colocó BsF. 194.563 ($ 89.866,5) y Cuba BsF. 186.952 ($ 86.349,8).

Petróleo para comer

Otro mecanismo que terminó engrosando la lista de empresas adscritas a la Corporación Venezolana Agraria (CVA), antes de su liquidación, fue la transferencia de compañías de un organismo del Estado a otro. Por esta vía, se sumaron al listado cuatro empresas que estaban relacionadas con Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (Pdval).

En fecha tan reciente como el lunes 31 de mayo de 2010 (es decir, dos meses antes de que se decretara la liquidación de la CVA), a través del decreto 7.418 pasaron a manos de la CVA: Lácteos Los Andes C.A. (Mérida), Industrias Diana C.A. (Valencia), Productos La Fina C.A. (Valencia) e Indugram C.A. (Valencia). A excepción de Lácteos Los Andes, relacionada con la producción de lácteos, las otras tres empresas estaban dedicadas al procesamiento del aceite de palma.

La transferencia fue atribuida a la necesidad de “concentrar en un solo órgano, la adscripción de todas las empresas públicas vinculadas al sector agroalimentario, con el objetivo de asegurar y garantizar, el óptimo ejercicio de sus actividades dentro de las competencias que le han sido otorgadas”.

En esos días, aparecieron los primeros contenedores con alimentos vencidos en Puerto Cabello, estado Carabobo, que correspondían a la cadena de comercialización de Pdval. También el jueves 13 de mayo (esto es, dos semanas antes de que Pdvsa transfiriera a CVA empresas bajo su control), la Asamblea Nacional había sancionado la Ley de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA). Una vez publicada en Gaceta Oficial –dos meses después-, se iniciaría el proceso que pondría fin a la empresa que absorbió las compañías antes a cargo de Pdval y Pdvsa. En otras palabras: la muerte de CVA ya estaba decidida pero, no obstante ello, Pdvsa prefirió pasar sus empresas agroalimentarias a una corporación que tenía los días contados.

Expropiadas

En su trabajo como corporación, el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) no solo creó y recibió empresas de otros organismos del Estado. Su patrimonio fue engordando al engullir un grupo importante de compañías expropiadas por decreto y relacionadas con el sector agrícola.

De las 48 adquisiciones forzosas a causa de utilidad pública o social establecidas por decreto presidencial entre enero de 2007 y junio de 2010, 15 (o 31,3%) fueron asignadas a compañías actualmente en proceso de liquidación. Todas ellas llegaron a ser parte de la CVA.

La mayoría de las empresas fueron afectadas por el decreto de adquisición forzosa entre 2009 (33,3%) y 2010 (46,7%), poco antes que se imprimiese la partida de defunción del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria y sus empresas. Solo tres fueron expropiadas en 2007: Frutícola Caripe (Monagas), el Frigorífico Industrial Barinas (Barinas) y el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Zulia).

En 2009 pasaron a manos de la CVA: la Sociedad Mercantil Agropecuaria Miramar (Mérida), la Sociedad Mercantil Almacenadora Pico El Águila (Mérida), Cargill de Venezuela (Portuguesa), la Truchicultura Valle Rey (2009) y Conservas Alimenticias La Gaviota (Sucre).

Por último, las correspondientes a 2010 fueron: la Industria Azucarera Santa Elena (Portuguesa), la Industria Azucarera Santa Clara (Yaracuy), la Central Azucarera del Táchira (Táchira), la Central Venezuela y Agrícola Torondoy del Complejo Agroindustrial Azucarero (Zulia), la Agropecuaria La Batalla (Barinas) y Molinos Nacionales (Carabobo) –la expropiación de esta última empresa se detuvo luego de un proceso de negociación.

Un grupo importante de este lote de empresas, que quedó a cargo de la CVA (33,3%), estaba vinculado con la producción de azúcar. El resto trabajaba con otros productos como: el café, el arroz, la carne, la leche, el pescado y las frutas.

Antes de la publicación de la Ley que puso fin a la CVA, cinco sociedades de las 15 adscritas a esta Corporación habían iniciado su propio proceso de liquidación decretado por el presidente de la República el 1 de marzo de 2010, antes de la liquidación definitiva del holding.

A cinco meses del inicio del proceso, y a un mes de concluir el tiempo establecido para la liquidación de estas cinco empresas que formaban parte de la CVA, su historia y la de las compañías expropiadas pueden dar una idea de lo que podría ocurrir con todas las sociedades de la Corporación, una vez iniciada su liquidación.

Antes del punto final

Las sociedades del Estado pertenecientes a la CVA, que en marzo de 2010 recibieron su acta de defunción (antes de la liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria), tuvieron pocos años de vida. Entre 2005 y 2008 fueron creadas para contribuir con el desarrollo de sectores estratégicos, principalmente el agrícola y el ganadero. Cuatro de ellas tuvieron su origen en decretos presidenciales y sumaron un capital inicial de BsF. 110.000 ($ 51.162,8): CVA Cereales y Oleaginosas de Venezuela S.A., CVA Lácteos S.A., CVA Leander Carnes y Pescados S.A. y CVA Cultivos Varios S.A.

La quinta llegó a tener como accionista mayoritario a una empresa china. Sin embargo, poco antes de su liquidación, en diciembre de 2008, la CVA invirtió BsF. 4.150.000 ($ 1.930.232,6) para comprar acciones y quedarse con la mayoría de la compañía.

Para esa fecha, la Empresa Agrícola Venchi, S.A. había alcanzado un capital de BsF. 8.300.000 ($3.860.465,1) y luego de la compra tenía como dueños a la CVA (70% de las acciones), al Fondo para el Desarrollo del Estado Lara (20% de las acciones) y a la sociedad china Compañía de Cooperación Económica y Tecnológica High Star S.A. del Grupo de Granjas Estatales de Guanxy (10% de las acciones).

De las empresas expropiadas por decreto presidencial, cinco fueron asignadas a este grupo de compañías, que formaban parte de la CVA y que iniciaron su liquidación en marzo de 2010.

CVA Leander Carnes y Pescados, S.A.

La Truchicultura Valle Rey, el Frigorífico Industrial Barinas (Fribarsa), el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Fricapeca) y Conservas Alimenticias La Gaviota (empresa que en 1997 alcanzó un capital de Bs. 624.000.000 -$ 1.307.080) quedaron a cargo de CVA Leander Carnes y Pescados, creada por decreto presidencial el 7 de febrero de 2007. Esta empresa del Estado había anunciado –antes de su liquidación- que exportaría su modelo a Ecuador a raíz de unos acuerdos firmados entre Venezuela y Ecuador.

En el caso de la Truchicultura Valle Rey, la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria fue el respaldo legal bajo el cual se llevó a cabo la medida que culminó con la expropiación de la empresa de Isidro Rodríguez.

El decreto presidencial 6.942, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de septiembre de 2009, estableció de manera oficial la adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías, aunque el proceso había comenzado un día antes cuando un grupo de oficiales llegó al sector Monterrey Alto en Mérida para realizar un proceso de inspección y fiscalización de la truchicultura.

Solo diez meses después de esa expropiación “originaria”, el 20 de julio de 2010, un nuevo grupo de oficiales castrenses y funcionarios visitaron las instalaciones de la empresa, para notificar a su personal que la Truchicultura Valle Rey ya no estaría en manos de CVA Leander Carnes y Pescados y que pasaría a otro organismo del Estado. El hecho coincidió con el cuarto mes del proceso de liquidación de CVA Leander Carnes y Pescados, ejecutado por una junta liquidadora.

Hasta el momento, los propietarios iniciales de la truchicultura manifestaron que no habían recibido oferta alguna ni, por supuesto, pago de indemnización por sus activos.

Por su parte, el Frigorífico Industrial Barinas (Fribarsa) y el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Fricapeca) fueron expropiados el 21 de junio de 2007 para contribuir con el “Desarrollo Socialista de Servicios Públicos de la Cadena Cárnica”. Un año después, el Estado anunció la inversión en Fricapeca de BsF. 16.642.945 ($7.740.904,7) para la “recuperación del frigorífico”.

En el caso de Fribarsa, tres meses después de iniciado el proceso de liquidación de CVA Leander Carnes y Pescados y a tres años de la expropiación, sus trabajadores denunciaron en junio de 2010 a los medios de comunicación, la pérdida de 40 toneladas de carne por fallas eléctricas en los depósitos.

CVA Cereales y Oleaginosas, S.A.

La suerte de todas las empresas no fue la misma. Lo ocurrido con la asignada a CVA Cereales y Oleaginosas, S.A., reveló otro destino de una empresa cuyo decreto de adquisición forzosa había sido publicado el 12 de mayo de 2010 en la Gaceta Oficial.

Para ese momento, CVA Cereales y Oleaginosas de la CVA llevaba ya dos meses en liquidación. Por lo tanto, Molinos Nacionales, C.A. (Monaca) había sido asignada a una sociedad en liquidación. También fue diferente su final, pues un proceso de negociación puso freno a la expropiación de Monaca, compañía que hasta el momento de su expropiación pertenecía en su mayoría al poderoso grupo agroindustrial mexicano Gruma (accionista mayoritario), teniendo como accionista minoritario a Ricardo Fernández Barrueco (banquero actualmente preso). “Ellos han propuesto la posibilidad de una empresa mixta y lo estamos estudiando, pero ya en este momento eso está bajo administración del gobierno”, anunció el 14 de julio, frente a un grupo de periodistas, el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua.

En septiembre de 2010 se debería completar la liquidación de las cinco empresas adscritas al Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria y que iniciaron el proceso antes de la publicación de la Ley que acabará con la propia CVA. Aunque en el decreto no se hace mención directa a las expropiadas –que habían quedado a cargo de las empresas de la CVA-, su futuro lo determinará la junta liquidadora de cada sociedad.

Esta primera liquidación, establecida en el decreto 7.235 del 1 de marzo de 2010, buscaba promover un sistema centralizado para la política agroindustrial e “integrar criterios y políticas que conlleven al cumplimiento efectivo de los objetivos de la Corporación Venezolana Agraria (CVA) a los fines de continuar de manera eficaz con el nuevo modelo de relaciones sociales de producción y articulación efectiva de la agroindustria para satisfacer las necesidades de la población venezolana”.

Ese día y en la misma Gaceta, se anunció la creación de una empresa que cumpliría funciones similares a la CVA: la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL), que sería la “empresa matriz tenedora de las acciones de empresas del Estado del sector agrícola, cuando para el funcionamiento de estas se requiera una vinculación entre ellas, o sean creadas con la finalidad del desarrollo de actividades específicas con el objeto de dicha empresa”.

Cuatro meses después, se inició el proceso de liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA).

Después de la liquidación

Un año, a partir del 29 de julio de 2010, es el tiempo programado para ejecutar la liquidación de la CVA. En ese periodo quedará establecida la suerte de los bienes del organismo, así como de sus empresas. Una junta liquidadora, integrada por un presidente, cuatro miembros principales y sus respectivos suplentes –nombrados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras-; determinará su futuro.

El artículo 10 de la Ley de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) asoma algunas pistas de lo que le podría suceder a las compañías que formaban parte de la CVA. Se presentan dos posibilidades.

La primera, es su supresión y liquidación por orden de un decreto presidencial y la transferencia de sus bienes a: un “ente descentralizado que ordene crear el Ejecutivo Nacional y cuyo objeto principal está relacionado con actividades de producción, industrialización, distribución e intercambio de productos alimenticios agrícolas, ejecución, mantenimiento o rehabilitación de infraestructura de apoyo a la actividad agrícola; así como el desarrollo de nuevas agroindustrias estatales y su operación como casa matriz”. Es decir, un organismo creado que realice actividades parecidas a las que tenía la empresa liquidada.

La segunda, es la transferencia de los bienes, derechos o intereses de la CVA, según un orden de prioridades, a cargo del ministro de Agricultura y Tierras.

El traspaso de las empresas de la CVA a otro organismo del Estado o su posible liquidación ocurrirá en los próximos meses. Será entonces cuando se sabrá lo que sucederá con cada una de las compañías que se fueron sumando a una corporación que buscaba ser un gigante empresarial a través de transferencias, creación de sociedades o empresas expropiadas: el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA), completando así un cambalache empresarial, que suma ya varios millones de Bolívares.