La empresa dirigía esa promesa, demasiado buena para ser verdad pero irresistiblemente atractiva, a un nicho de venezolanos que, al mismo tiempo,  contemplaban cómo la economía nacional, y con ella, sus activos, se venían a menos y depreciaban. Venezuela vivía un derrumbe de escala histórica. Bien lo tenía que saber el propietario de Saint Michael Investment, porque también es venezolano: Elías Eduardo Navarro Cesín, oriundo de Maturín, capital del estado Monagas, en el nororiente del país.

Desde 2017 hasta comienzos de 2020, Saint Michael Trading & Investments LLC (denominación oficial de la marca) desarrolló una agresiva campaña de promoción, con eventos que, animados por el presentador televisivo Luis Olavarrieta, imagen de la marca, fluctuaban entre ponencias de optimismo empresarial y la coctelería más chic.

Pero en marzo de 2022 el mismo Olavarrieta pasó de publicista a denunciante, cuando no dudó en adoptar el rol de portavoz de la molestia, ya efervescente, de los clientes de Saint Michael Investments. La empresa simplemente había dejado de cumplir con sus compromisos de pago. Reunidos en varios grupos, los afectados, alrededor de 600 -sumando a los clientes y a los familiares de estos-, según lo que señalan, calcularon un monto de lo que ellos mismos tildaron de estafa consumada mediante un esquema Ponzi: seis millones de dólares.

La cifra, la cantidad de víctimas y la historia, de modo sucinto, son hoy en día achacadas al fundador de la empresa, Navarro Cesín, quien el 8 de junio de 2021 salió de Venezuela con rumbo a Estados Unidos y, desde entonces, no ha vuelto. Pero la documentación fundacional de la compañía apunta a otros dos nombres, no señalados resueltamente por los afectados como parte de los impagos, que son el de la esposa de Navarro Cesín, la odontóloga Melina Martínez, y, más agazapado, el de un personaje cuya firma refrendó la constitución de la empresa, el diputado de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, Luis Eduardo Martínez Hidalgo, padre de Melina Martínez.

Mediante una revisión del registro comercial de Florida, Armando.info cotejó las historias de Saint Michael Investment y de Martínez Hidalgo.  El diputado, gobernador de Monagas entre 1995 y 2000, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Oriente (UDO), exvicerrector administrativo de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), y, más recientemente, candidato a gobernador de Aragua en las elecciones de noviembre de 2021, aparece como registrador de Saint Michael Investment en 2017. Estos archivos comerciales de Florida también dejan por sentado que otra compañía, Taking Solutions LLC, tiene en común con Saint Michael Investment, además de la ubicación, a los mismos miembros. Encabezaba la lista Navarro Cesín, quien hoy, aunque esté lejos, es señalado de dirigir un esquema piramidal que dejó a muchos sin nada. 

Asuntos familiares

Según lo que relatan y convalidan los documentos de Saint Michael Trading & Investments LLC como sociedad de responsabilidad limitada del estado de Florida, su fundación se concretó el 6 de enero de 2017, un dato que contradice la información que suministraba el dueño en sus catálogos. En estos, se apuntaba 2014 como año de constitución.

Luis Martínez Hidalgo, Melina Martínez Rodríguez y Elías Eduardo Navarro figuran como miembros autorizados de la sociedad. Una mirada hacia atrás en la línea de tiempo detalla que esta no fue la única alianza empresarial entre padre, hija y yerno. En 2014, efectivamente, constituyeron la arriba mencionada Taking Solutions LLC.

Tanto en entrevista presencial concedida al reportero de Armando.info como por correo electrónico, el diputado Martínez Hidalgo explica que su paso por la empresa fue solo un asunto administrativo, jamás participativo.

“En 2014, Navarro me plantea abrir una compañía de comercio. Y en 2017, en enero, llegó Navarro y me pidió el mismo favor: el domicilio para registrar esta nueva compañía. Yo no tenía ni responsabilidad, ni capacidad de decidir ni capital. Y en 2018, cuando me vine a Venezuela, y ya no tendría el domicilio en Estados Unidos, me removieron. Fui una especie de hombre-buzón (...) hace cerca de cuatro años no tengo ninguna vinculación con la empresa”, asegura el diputado.

En Venezuela, los Navarro Martínez venían de fundar en 2013 la empresa Translog de Venezuela C.A., mediante la cual ofrecían servicios de transporte de cargas terrestres, aéreas o marítimas.

Con la constitución de una firma comercial en Estados Unidos, Saint Michael Investment comenzó la captación de clientes a partir de 2017, en el momento de máxima crisis económica en Venezuela, con una inflación de 862,6%, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV). Las consignas incluidas en el lema comercial de la compañía resultaban atractivas para muchos: “Respaldo, seguridad y beneficios”.

“Nuestros planes de inversión son más rentables que los certificados de depósito a plazo fijo usualmente manejados por los bancos extranjeros y nacionales, que ofrecen un rendimiento máximo de 4% anual por su dinero”, prometía la compañía.

El modelo de negocios de Saint Michael Investment se resumía como “comercio de posiciones en los mercados financieros a nivel mundial”. Además de inversiones, había otros servicios en el catálogo: préstamos, fideicomisos, rentas variables y fondos de retiro.

Desde Estados Unidos, Navarro Cesín respondió por escrito, mediante correo electrónico, un cuestionario enviado por Armando.info al que catalogó de oportunidad para contar públicamente su versión. “Desde la incorporación de SMI LLC hasta el primer trimestre del 2020 recibía pagos mensuales de honorarios como mánager de la empresa. Poco después de empezar la pandemia, y sumando nuestro compromiso en honrar a nuestros clientes, empecé a utilizar ahorros personales y de mis empresas propias y familiares para cumplir con los pagos de nuestros clientes, a tal punto que perdí mi dinero, bienes, activos personales, de negocios y familiares y hasta el techo de mis hijos”, asegura.  

En el despliegue publicitario durante la génesis de la empresa, Elías Navarro se presentaba repitiendo: “Quiero hablarles de economía, tratando de enfocarme en los macroproblemas. Pero quiero hablarles sobre todo del día después, de las macrosoluciones”. Y describía la compañía como “un equipo de jóvenes con una visión enorme de país, respaldados por grandes economistas y grandes empresarios de Venezuela”.

En 2018, ese equipo de jóvenes estaba ya definido y tenía cuatro caras visibles. Además de Elías Navarro estaban: su cuñado, Gustavo Martínez González (hijo del Martínez Hidalgo y de Larissa González, diputada opositora durante el periodo 2015-2020, y el único que no respondió a la solicitud de entrevista para este trabajo), como director de finanzas; su amigo de infancia Gustavo Rodríguez, como director de operaciones, y David Arostegui, sobrino político de Martínez Hidalgo, como asesor legal. 

“Lo primero que supe sobre la compañía fue en enero o febrero de 2017. Él [Navarro] me comentó sobre esa posibilidad [de invertir], con una Venezuela que en ese momento estaba muy contraída, y con mi mamá hice una colocación. Fuimos como el décimo cliente. Inicialmente fueron 10.000 dólares y luego llegamos a 50.000”, dice Arostegui en entrevista telefónica para este reportaje.

Rodríguez recuerda su ingreso durante aquellas fechas. “En 2017 vi que Elías tenía ese proyecto de Saint Michael avanzado. Cuando me sumé estaban él, David [Arostegui], Gustavo [Martínez] y yo. Fuimos los cuatro al frente. Estuve en mercadeo y me dediqué a captar clientes”, declara. Con una oficina en Maturín, el equipo comenzó a captar clientes, especialmente ingenieros y tecnócratas que, ante la debacle de la industria petrolera en Venezuela y, más concretamente, en esa ciudad, temían ver sus ahorros y liquidaciones diluidas en los rigores de la hiperinflación. Uno de los principales nichos de mercado fueron los trabajadores de la compañía petrolera estadounidense Halliburton, cuya operación venezolana sucumbió ante la crisis nacional. Gustavo Rodríguez, como extrabajador de esta última, se dedicó a vender entre sus antiguos compañeros de trabajo la idea de invertir en Saint Michael. Muchos se apuntaron.   

La cepa del impago

Las inversiones de Saint Michael Investment tenían dos modalidades de corto y largo plazo, una de 12 meses y otra de 24. Al final de cada lapso, el cliente debía recibir los intereses acumulados más toda la inversión inicial. Entre 2017 y 2019, en la mayoría de los casos, como señalan los consultados, hubo puntualidad en los pagos de intereses.

Uno de los inversores fue Miguel Verde, quien luego de 25 años de servicio en Halliburton colocó 20.000 dólares que necesitaría después para el tratamiento del cáncer pulmonar por el que murió en abril de 2021. 

“Cuando le dieron la liquidación de Halliburton, Gustavo Rodríguez le mostró los resultados de Saint Michael y quedaron en que iban a ser consecuentes con los pagos. Mi papá tenía cierta confianza hacia Gustavo Rodríguez y por eso aceptó”, recuerdan sus familiares en conversación telefónica.

Por la confianza que le generaron los números que le mostraban y como “una forma de ser consecuente con lo que promocionaba”, Luis Olavarrieta convenció a su amiga y presentadora televisiva, Josemith Bermúdez, diagnosticada entonces con cáncer de ovarios, para invertir en la empresa. El mismo Olavarrieta también invirtió, dice, sin resquemores, aunque prefiere no revelar la cifra.

“Comencé a trabajar con ellos en 2018. Estaba empezando en la radio, y a través de una agencia de Maturín me contactaron. El primero con el que me reuní fue Gustavo Rodríguez. A partir de allí se fue entrelazando la confianza. Los honorarios se cumplían. Yo no era la única figura. Había economistas de todo tipo en los eventos, y si tú ves economistas invitados, te da un poco de seguridad”, asegura Olavarrieta a Armando.info a través de una llamada telefónica. 

En su primer correo a Armando.info, Navarro contesta a la pregunta sobre la cantidad de afectados y el monto de la deuda así: “Es menos de lo que muchos hablan, creen y sacan cuentas mágicas. Mucho menos, en número de clientes y capital”. Al pedirle precisiones, zanja: “Me reservo montos y cantidad de personas”.

Entre los documentos a los que se tuvo acceso para este reportaje figuran algunos contratos de 2018, 2019 y 2020. Todos eran firmados por Elías Navarro. Los montos eran variables: desde 1.000 hasta 100.000 dólares. En todos se prometían retribuciones de intereses mensuales. Y hasta finales de 2019, todo parecía estar en orden. 

“Cuando me botan de Halliburton, un cuñado mío estaba desempleado y me dijo que Gustavo Rodríguez, que también trabajó en Halliburton, montó su propia empresa, un fondo de inversiones. Invertimos y hasta aquel momento, todo bien”, dice por vía telefónica un excliente de Saint Michael Investment y uno de los denunciantes del caso, Fernando Carmona.

Pero a principios de 2020, poco antes de la declaración de la pandemia por la Covid-19, muchos de los clientes comenzaron a extrañarse por la ausencia de sus depósitos y por las excusas del equipo de Navarro.

“Durante 2019 me pagaron puntualmente, pero a finales del año me cambiaron el esquema de pago de manera arbitraria. Me dijeron que me pagarían cada tres meses”, recuerda una afectada. Al no haber pagos mensuales, hubo, por ende, incumplimientos de contratos. 

En 2020, Josemith Bermúdez, en los momentos más agrios de su enfermedad, advirtió a Luis Olavarrieta que algo no iba bien con las inversiones. “Ella fue la que me prendió las alarmas porque invirtió un número muy alto y las cuotas de ellas eran más altas que las mías. Llegó el momento en que dijo que no tenía para sus medicinas”. La también actriz pasó los últimos siete meses de su vida, reclamando un dinero que nunca le fue devuelto. “Comencé a hablar con Melina y Gustavo, los que daban la cara, pero Elías Navarro nunca apareció. Josemith presionó para recibir sus cuotas unos meses antes de morir, pero no tuvo la respuesta del contrato establecido”, resume Olavarrieta. 

Pero Navarro insiste en que, respecto de los baches financieros, “el primer comunicado fue un mes luego de declarada la pandemia mundial, en abril de 2020. Con esto [se comunicó sobre] las pérdidas y posteriores imposibilidades [de pagar] que, adicionalmente, se fueron presentando en temas bancarios”.

La primera dificultad para muchos estuvo en prestarse al llamado a la calma sobre el que se insistía en los comunicados, porque, como apunta Navarro en otra respuesta, se detalló ”una estrategia y expectativa de pronta solución”, algo que, finalmente, no ocurrió. 

Atrapado sin salida

Los que vieron su dinero desaparecer no fueron únicamente los que hoy son denunciantes; también el círculo cercano de Navarro en Saint Michael.

“En 2020, Elías [Navarro] comenzó a ser poco comunicativo. Tomó una actitud retraída. Yo le decía: necesito que me des al menos 200 dólares para este mes. No te estoy pidiendo los 2.000 mensuales. Pero nunca tuve respuesta de él”, sostiene David Arostegui.

El suegro de Navarro, el diputado Martínez Hidalgo, también recibió mensajes de cercanos que pidieron su intermediación para recuperar dinero. Aunque ya en ese momento, según insiste, se había distanciado de él y señala que los mensajes se los enviaba a través de su hija.

Navarro, a modo de mea culpa, admite que los primeros decepcionados resultaron ser su esposa, su suegro y su familia. “Mi esposa también se quedó sin un techo, sin su consultorio, sin sus bienes y ni siquiera prendas de vestir que vender. A mi suegro también lo decepcioné, y hace más de un año que no tenemos contacto ni hablamos”.

Mientras se rodeaba con un anillo de silencio ante sus allegados, mediáticamente Navarro quería brillar en la política. Que cuál era su aspiración concreta, no lo sabe ninguno de los consultados, pero entre julio y septiembre de 2020 compartió en sus redes reseñas de actos públicos de Leocenis García, fundador del partido político ProCiudadanos y exdirector del periódico 6to Poder, con los que niega otro tipo de vínculo. Además, en ese momento se retrató con el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. 

También, mediante una plataforma denominada Monagas de Vanguardia, Navarro se dejó retratar entregando bolsas de comida a mendigos y niños de la calle, y ofrecía ruedas de prensa invitando a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral permanente. “Fue una idea (porque en eso quedó) de hacer el bien a las comunidades de Monagas, pero la idea duraría como 30 días”, apunta. 

Si tuvo aspiraciones políticas, quedaron en eso, pues ante la avalancha de denuncias reajustó los planes y salió de Venezuela hacia Estados Unidos, país en el que entró, junto con su esposa y sus dos hijos, el 8 de junio de 2021 y en el que, según datos proporcionados por fuentes judiciales, solicitó asilo político. Navarro niega la solicitud de asilo: “no poseo el estatus especulado por ningún particular o supuesto ente judicial”.

“El motivo fue buscar una o varias alternativas que permitieran restablecer nuestra dinámica operacional. Antes y después de esta fecha he mantenido la formalidad y comunicación de la manera más precisa posible con los clientes (...) lamentablemente, no siempre es lo que quieren leer, pero es la única realidad que puedo comunicar”. 

Luego de marzo de 2022, a raíz de la acusación pública de Olavarrieta y la denuncia, hoy en fase de investigación, contra la empresa, que introdujo en la Fiscalía del Ministerio Público, algunos afectados se han atrevido a hablar.

Aseguran haber sido víctimas de un esquema Ponzi, una modalidad de estafa en la que nuevos inversores terminan por pagar deudas de inversores más antiguos, lo que crea un vacío monetario en las cuentas de la sociedad que dirige el esquema.

La modalidad aplicada en Saint Michael Investment puede corroborarse con una anécdota que se deriva de documentos y correos a los que tuvo acceso Armando. Info. En septiembre de 2021, Elías Navarro sostuvo una reunión por vía remota, desde Miami, con Gustavo Rodríguez y David Arostegui y un número no determinado de clientes, quienes estaban en Maturín y pidieron información sobre sus inversiones. Navarro, a petición de los afectados, mostró en la pantalla, por videollamada, la cuenta en el bróker IBKR a nombre de Saint Michael Investment, en donde estaban depositadas estas inversiones. No había dinero en ella.

La ausencia de fondos fue explicada, posteriormente, por el mismo Navarro en un correo a sus clientes el 12 de septiembre de 2021: “El capital lo decidí retirar para asumir colocaciones de mayor riesgo. Dicha decisión la asumí de manera unilateral en búsqueda de equilibrar las operaciones afectadas producto de la pandemia, sin dar razones de ellas a mis socios ni a los clientes”.

A raíz de ese incidente, “observando el número de dificultades de índole operativo que hemos tenido en la empresa, y para no seguir dilatando los pagos”, se tomó la decisión de cancelar todos los contratos. Navarro pidió “encarecidamente” un plazo de 60 días para la cancelación. Nueve meses después, muchos de ellos siguen esperando.

Laura Blank, abogada y representante de Luis Olavarrieta y de otros denunciantes, explica que este caso constituye más que una simple estafa.

“Lo primero es que, hasta donde sabemos, no tenían autorización de Sudeban (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela) para funcionar. Se habla también en este caso de legitimación de capitales, fraude, asociación para delinquir y delitos informáticos”, precisa. La meta principal, como dice, es que Navarro y los que conformaron Saint Michael, devuelvan el dinero. “Pero también  es que haya justicia”, apunta. El tribunal 27mo de Control de Caracas lleva el caso. 

Navarro confirma que Saint Michael Investment no tenía autorización de Sudeban. Explica al respecto: “Todos los contratos privados e individuales de carácter vinculante fueron establecidos fuera de Venezuela, en banca y moneda extranjera. Nuestros entes reguladores no corresponden a Sudeban o instituciones venezolanas”.

Las reuniones con los clientes terminaban para Navarro cuando, desde Miami, apagaba la cámara de la plataforma Zoom. Aunque para Gustavo Rodríguez y David Arostegui, una de ellas terminó, como señalan, “en un secuestro”: los clientes no los dejaron salir de la oficina. Finalmente, Gustavo Rodríguez, como garantía, tuvo que entregar su pasaporte. El acuerdo era que le sería devuelto cuando Navarro pagara. Hasta ahora, Rodríguez no ha recuperado su documento. 

En ese tipo de reuniones, replicadas también con clientes de Valencia, Navarro terminó por admitir su responsabilidad. “No compartí con David y Gustavo la cantidad de endeudamiento porque, simplemente, de manera egoísta y llamándome líder, decidí tomar las responsabilidad de pensar que yo solo podía con todo”, se escucha en una de las reuniones, grabada el 8 de septiembre de 2021, a la que tuvo acceso Armando.info. 

La historia no termina

El 18 de marzo de 2022, en un correo para todos los clientes de la firma, Navarro se disculpó nuevamente por la imposibilidad de cumplir “con los términos del contrato firmado debido a las fluctuaciones del mercado donde operamos y a otras circunstancias adversas de la economía mundial que afectaron negativamente nuestra actividad”.

Luego de asegurar que la empresa hacía todo lo “humanamente posible” por solventar las deudas, adujo las razones de estas: la fragilidad de las operaciones, basadas en transacciones en mercados de renta variable, y los entuertos económicos derivados de la pandemia de la Covid-19.

La empresa que alguna vez prometió riquezas para sus clientes ahora ofrecía excusas ante la insolvencia. “Por razones de fuerza mayor no se nos hizo posible continuar ejecutando los pagos de manera sistémica y puntual”.

Como inciso, la empresa también resaltó en los correos a los clientes la pérdida de capital propio, lo que se traduciría en más retrasos en los pagos. Aún en julio de 2022, las denuncias de varios clientes siguen circulando tímidamente en las redes sociales. También las de sus excompañeros de la empresa.

“Si él hubiese hablado claro, eso se entiende y es otra cosa. El tema es que se dedicó a esconder la información, a mentir y a correr la arruga. Eso fue lo que pasó. Y yo, aunque no soy accionista, me siento responsable porque vendí el proyecto a mucha gente”, dice Gustavo Rodríguez por vía telefónica a Armando.info.

Arostegui, por su parte, refiere que “se presentaron inconvenientes y problemas que en realidad fueron mentira de parte de Elías. Por el nivel de confianza que teníamos con él pensábamos que era verdad. En ese momento no teníamos razones para dudar de él. Pero nos engañó a todos”.  

Tanto Rodríguez como Navarro, a raíz de las denuncias, han sido citados a declarar sobre el caso. Mientras tanto, el diputado Martínez Hidalgo asegura que “los impagos me apenan por la relación de afinidad existente, pero en cualquier país del mundo las responsabilidades son individuales, y en este lamentable caso está claro que no tengo ninguna relación con la LLC (se refiere a Saint Michael Investment) desde hace casi cuatro años”.

Saint Michael Trading & Investments LLC fue liquidada el 24 de septiembre de 2021. “La disuelve el Estado por imposibilidad de pagos de fees, anualidades y compromisos fiscales”, resume Navarro. En su lugar queda Saint Michael Trading Investment Corp, en cuyas actas el nombre de Gustavo Rodríguez está especificado como el de registrador. Pero, al respecto, Rodríguez, por vía telefónica, señala: “Nunca firmé los documentos de constitución de empresas. Solo el contador. La idea con esta empresa era diversificar la estructura y balancear la carga de pagos. Entre varias cuentas se podían manejar mejor los temas operativos”.

Sobre esta última denominación, Navarro concuerda con Rodríguez. “La incorporación de SMI Corp procuraba expansión y seguir trabajando en el crecimiento de nuestra empresa y registro de marca, asegurando el registro de nuestro nombre. Y el uso de cuentas bancarias alternativas que aseguraran la gestión bancaria para garantizar que los pagos llegarán de manera puntual a nuestros clientes. Inclusive, no existe ningún reclamo de un solo cliente por haber recibido los pagos mensuales y trimestrales  desde SMI Corp”.   

Tanto Elías Navarro como su esposa, Melina Martínez, fueron retratados en diciembre de 2021 en una reunión corporativa de la firma aseguradora Insurability, con sede en Miami. Al respecto, Navarro se limita a apuntar que no tiene “ningún rol o participación con la entidad mencionada”. 

El diputado Martínez Hidalgo insiste que se comunica con su hija por correo electrónico, y que en el último de estos intercambios, el Día del padre (el domingo 19 de junio de 2022), esta le escribió, textualmente, que estaba distanciada de Elías Navarro. 

Fue también por correo electrónico como le informó, días antes de salir de Venezuela, en junio de 2021, que viajaría a Estados Unidos. “Dos semanas después me informó que se quedaría un poco más porque estaba buscando opciones para cursar un posgrado”. Los clientes afectados, además de David Arostegui y Gustavo Rodríguez, no sabían que Navarro se quedaría en Estados Unidos: solo imaginaron un viaje de ida y vuelta para solventar los problemas con las cuentas. 

¿Tienen los clientes afectados posibilidades de recuperar su dinero? Navarro se sincera: “Actualmente, no tengo ninguna propuesta tangible que pueda ofrecer a nuestros clientes. Sin embargo, estoy esforzándome mucho por generar una alternativa y oportunidad que permita acordar o culminar los vínculos contractuales que tenemos”. 

Los afectados aseguran que el 70 por ciento de la cartilla de la música venezolana está en manos de impostores. Es decir, unos 1.500 álbumes están a disposición de Mundo Digital USA. Si cada uno contiene 10 canciones se llega a la cifra de 15.000 piezas. Si cada una de ellas, que cuesta casi un dólar, se descarga diez veces, serían unos 150.000 dólares mensuales que están en manos distintas a las de sus verdaderos propietarios. La cifra es una vuelta de tuerca en el eterno conflicto entre las casas productoras y los artistas. Los compositores y cantantes están todavía más desprotegidos porque no están recibiendo nada por sus creaciones. ¿Y cómo fue posible que los catálogos cambiaran de manos sin que sus dueños originales se enteraran?

En estas líneas yace una posible explicación:    

Track 1: Sonográfica

Es quizás la historia más aciaga. El ala musical del Grupo 1BC, dueña de la desaparecida televisora Radio Caracas Televisión y de la radio 92.9 FM, cerradas ambas por el régimen chavista, tardó muchos años en entender que el formato digital era el futuro del negocio. Los discos compactos y los viniles se venden cada mes menos porque la música, pirateada o no, está al alcance de un clic en iTunes, Spotify, Amazon, Deezer o Pandora.

Sonográfica empleó un año recuperando todo su catálogo y las carátulas de aquellos discos. En algunos casos rediseñaron las portadas. También contrataron personas y empresas extranjeras que digitalizaron sus productos y los cargaron a una plataforma especial. En todo ese tiempo conversaron con The Ochard, una de las principales distribuidoras o agregadores de música y contenido digital en el mundo. El 29 de abril de 2016 todo el catálogo de Sonográfica, unos 4.400 títulos y más de 100 artistas, estuvo disponible por primera vez vía online, en cualquier lugar del mundo donde internet permitiera darle play a una canción y comprarla por 0.99 dólares, o adquirir el álbum completo por $10.

No era cualquier cosa. Eran todos los títulos de sus archivos, desde el catálogo heredado de la empresa Polydor de Venezuela (creada en los años 60 del siglo pasado) -con el cual nació Sonográfica en 1982- más todo lo producido a partir de la década de 1980, cuando un decreto del entonces presidente Luis Herrera Campins, conocido como “uno por uno”, exigiera a las radios difundir un tema de un artista nacional por cada artista internacional que sonara en sus programas.

El impulso a la industria discográfica nacional y a los artistas venezolanos no tuvo precedentes. Sonográfica se convirtió en el principal rival de Sonorodven, también nacida en los 80 y que pertenecía al Grupo Cisneros, dueños del canal Venevisión. La exigencia del “uno por uno” vio surgir a talentos como Ricardo Montaner, Karina, Melissa, Yordano, Ilan Chester, Franco De Vita, Rudy La Scala, Colina, Guillermo Dávila y otros tantos que se integraron a la escena musical donde ya sonaban voces importantes.

Poco duró la alegría de estar en las principales tiendas en línea. Doce días después de aquel 29 de abril de 2016, Sonográfica comenzó a ver su catálogo duplicado en todas tiendas online. No solo eran títulos repetidos (unos identificados con el copyright de Sonográfica y otros con el copyright de la empresa Mundo Digital USA), sino nombres de álbumes copiados sobre carátulas distintas, compilaciones jamás hechas por este sello disquero y supuestos discos nuevos que mezclaban temas de disqueras rivales.

Pasó, por ejemplo, con la placa “La Generación Halley”, la banda sonora de la película homónima dirigida por Thaelman Urguelles, éxito de Sonorodven en los 80 que fue versionado por Mundo Digital USA bajo el nombre de “La Degeneración Halley”, mezclando canciones de Sonorodven con Sonográfica. Todo un despropósito que desconoce las disputas que mantenían entonces las empresas. “Nosotros nunca pudimos llegar al acuerdo de sacar un disco juntos, y esta gente lo ha hecho”, subraya Luisa Elena Flores, encargada del manejo digital del catálogo de Sonográfica.

También colocaron en las tiendas digitales los primeros dos discos cantados en inglés por Rudy La Scala cuando llegó a Venezuela. Solo el artista sabía que existían porque nunca llegó a ser parte del catálogo de Polydor adquirido por Sonográfica, e hicieron lo propio con dos discos del personaje Kiko Botones, un personaje encarnado por el mexicano Carlos Villagrán, del elenco de El chavo del 8, cuando el artista grabó una serie en Radio Caracas Televisión.

El hallazgo de los títulos copiados hace pensar al equipo de Sonográfica que detrás de Mundo Digital USA hay un coleccionista y conocedor de la industria disquera venezolana, pues tienen títulos tan desconocidos como valiosos, incluyendo placas que daban por perdidas porque en el proceso de digitalización del contenido jamás encontraron la cinta máster de la grabación. “Esa persona como que estaba esperando que Sonográfica saliera para él salir, para que fuese como la cortina que tapara al resto de los catálogos. No es el mío nada más, son muchos. Prácticamente el 70% del catálogo venezolano lo han montado ellos”, detalla la representante de Sonográfica.

Al conocer el reclamo The Orchard conectó a Sonográfica con la distribuidora que les hizo llegar el catálogo que se atribuye Mundo Digital. A partir de allí comenzaron los envíos de correos y llamadas que no llegaron a nada. Ni siquiera el valor del copyright ha sido considerado 16 meses después.

Algunos cantantes y compositores comenzaron a darse cuenta casi por azar. Entre ellos está Rudy La Scala, quien no ha cambiado de disquera a pesar de vivir en Los Ángeles y hoy figura como el artista que más ganancias le genera a Sonográfica.  Pero otros no están al tanto. Son más de 100 artistas y contratos que datan desde la época de Polydor, por lo que fácilmente hay más de uno que lo ignora. En este otro grupo se halla Oscar de Jesús Colina, el irreverente cantante de los 80 que marcó pauta en la estética musical y del video clip, y que abrazó el éxito en esa década para luego tocar fondo.

-Me estoy enterando contigo, por esta llamada -responde al otro lado del teléfono. Yo sé que Amazon vende varias de mis canciones, pensé que Sonográfica lo estaba haciendo. No sabía nada de esto. La verdad tampoco he recibido nada de Amazon.

Track 2: Simón Díaz

No es difícil dar con el nombre de Mundo Digital USA. En Amazon y demás tiendas en línea, cada álbum incluye los datos de la empresa que editó el producto, incluyendo un detalle importante: el copyright. El copyright indica el año de la primera publicación y el nombre del productor o dueño de esa grabación. Mientras los títulos originales de Sonográfica son publicados con el copyright “Distribuidora Sonográfica”, y el año en el que efectivamente circuló por primera vez ese disco (entre los 80 y 90), los títulos copiados por Mundo Digital tienen por copyright los años 2016 o 2017.

Habría que ser venezolano para detectar esa anomalía en los años de grabación de un disco que resultó ser un éxito en los 80 o ser un curioso que revisa hasta los créditos de la placa. A casi nadie interesa qué significa la C de copyrignt y si el disco que está escuchando es una copia ilegal.

En una búsqueda de rutina en Spotify y iTunes, a mediados de 2016, Bettsimar Díaz, heredera del patrimonio musical de Simón Díaz, encontró varios discos propiedad de la familia con esos detalles. El sello discográfico de Simón Díaz solía ser El Palacio de la Música, pero entre 1994 y 2008 el recordado Tío Simón comenzó a grabar y producir sin disquera de por medio. Bettsimar consiguió en una de esas plataformas una de las grabaciones independientes.

Para que llegaran allí solo había dos opciones: que la propia Bettsimar, como representante legal, lo hiciera a través de una negociación con una empresa agregadora o distribuidora como The Orchard, posibilidad que ella niega porque no ha ocurrido, o que lo copiaran. No duda de la última opción porque sabe que algunos de estos álbumes producidos sin el respaldo de las grandes disqueras han sido montados en YouTube por espontáneos. De allí toman el audio para montar luego las canciones o los discos completos. Así pudo haber llegado a iTunes la producción “Mano a mano con los niños”, del catálogo 1994-2008, con Copyright 2017 de Mundo Digital USA. El nombre se repite.

Los títulos que son propiedad de El Palacio de la Música también han sido copiados. El primer álbum de Simón Díaz con esta disquera, grabado entre 1963 y1964, es vendido como propiedad de Mundo Digital USA y al mismo tiempo con el sello de su disquera inicial; legal y pirata en las mismas plataformas.

El Palacio de la Música fue el sello discográfico que distribuyó a Fania All Star por toda Latinoamérica. Ya no; ese catálogo se vendió, y la empresa ha permanecido como la principal representante del folklore venezolano y otros géneros, con Simón Díaz, Serenata Guayanesa, Hugo Blanco y Cheo Feliciano como los líderes en ventas de su catálogo.

Todos sus títulos fueron negociados con The Orchard en 2009 y desde entonces pueden ser adquiridos en las principales tiendas online. Ernesto Aue, presidente de El Palacio de la Música, recuerda que en ese entonces debieron enviarle a la trasnacional todos los documentos que comprobaban la propiedad de la compañía sobre todas las grabaciones que negociaron. Aunque en ese momento todo su catálogo viajó en físico, sin riesgo de alguna filtración digital, igual no se ha salvado de las copias de sus títulos. “No quiero saber cuántos están plagiando. No quiero ni imaginarme cuánto hemos dejado de percibir porque si no, no duermo más”, dice. “La tecnología acabó con el negocio nuestro”, agrega, con evidente nostalgia.

El reclamo de Bettsimar Díaz tuvo dos respuestas: Spotify dejó de vender el material cuestionado, pero iTunes no. Esta última empresa tiene por política acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo. Si se comprueba que el título denunciado es una copia ilegal lo sacan de su listado. Quizás porque están al tanto de esta situación, los representantes de Mundo Digital USA dejaron de responderle a Bettsimar y la remitieron a un abogado. Mientras la diferencia no se solucione, iTunes sigue ofreciendo los títulos cuestionados sin importar que estén duplicados.

A Palacio de la Música no le fue distinto. Desde que detectaron las primeras ventas irregulares hace más de tres años intentaron localizar a las personas detrás de esas compañías, pero fue inútil. The Orchard tampoco les ha facilitado la búsqueda, ni ha desincorporado de su oferta los supuestos títulos robados. Para Aue, esta trasnacional le huye al conflicto legal.

Track 3: Velvet

Con el fallecimiento de José Pagé, dueño de la disquera Velvet de Venezuela, en abril de 2016, sus hijos heredaron el negocio. Cuando comenzaron a ver el estatus en el que se hallaba la empresa familiar se dieron cuenta de que su catálogo -sustancioso por todo lo logrado desde la década de los 60 con artistas y agrupaciones como la Billo’s Caracas Boys, Los Melódicos, Los Impala, Felipe Pirela, Lila Morillo, Mirla Castellanos, Henry Stephen y Estelita del Llano, entre muchos otros- estaba siendo explotado por alguien más.

Las indagaciones los llevaron a Mundo Digital USA. La empresa es ya un gran lugar común. Pero además las pistas los conducen a otra empresa llamada Sono Ediciones de Venezuela, dependiente de la primera o aliada. Los herederos lograron ubicar a Álvaro Veli, director del sello y quien dice vivir en Madrid. Veli les aseguró que en la década de los 90 compró absolutamente todos los catálogos de las disqueras venezolanas Velvet, Sonográfica, Sonorodven y TH (Top Hits), es decir, todas las producciones de la época más exitosa de la música en Venezuela.

Frente a esa información, los representantes de Velvet le pidieron a Veli mostrar los documentos que comprobaran que habían adquirido los catálogos de Velvet, y así poder aceptar las condiciones de esa negociación. La respuesta del empresario cortó cualquier arreglo amistoso posible: “ese negocio lo hice yo con su papá, no con usted”. Las conversaciones, entonces, terminaron.

“¿Si dices haber comprado todos esos catálogos en los 90, por qué esperaste hasta 2016 para montarlos?”, comenta uno de los representantes de Velvet de Venezuela, quien prefiere quedar en el anonimato ante la intriga de desconocer el poder que tiene la persona que está detrás de esas compañías. A pesar de la negativa de Veli, los herederos de la disquera siguieron solicitando información sin importar la ausencia de respuestas, y buscando documentos que comprobaran la existencia de esa negociación jamás mencionada por su padre. Luego de casi ocho meses de investigación no consiguieron ninguna documentación en los registros venezolanos y estadounidenses, ni en las oficinas de Velvet ubicadas en Caracas.

“Esta es una compañía que se ha dedicado a piratear todos los catálogos de origen venezolano. Hay algunas otras grabaciones de otros países, pero básicamente casi todos sus productos son de Venezuela”, comenta el representante de la disquera. Tan solo en la plataforma CD Universe, Mundo Digital USA tiene 1.270 álbumes a la venta.

Track 4: bajo sospecha

The Ochard, la gran casa distribuidora de música digital, fue fundada en 1997, adquirida por Sony Music en 2015 y tiene presencia en más de 10 países. Sin embargo, entre los productos muestra los catálogos duplicados: los que han llegado directamente de Sonográfica, Velvet de Venezuela y El Palacio de la Música, y los que ha concentrado Mundo Digital USA. Esto sería el equivalente a que una discotienda tradicional exhibiera en sus estanterías el compacto original del sello disquero y la versión pirata.

The Ochard no respondió a los reiterados intentos hechos a su sucursal en Argentina y a sus cuarteles generales en Nueva York desde el pasado mes de agosto para obtener comentarios sobre esa paradoja. Sólo las plataformas que tienen a la venta los títulos venezolanos han dado respuesta a los reclamos de las disqueras. La empresa que les hizo llegar esos catálogos bajo el sello Mundo Digital se llama “Mojito/Pimienta Digital Content Management Corp”, registrada en Miami en julio de 2012.

Frente a ella se encuentran Juan Estévez y Mel Carmona, cubanos residenciados en Miami, vinculados al mundo discográfico desde hace más de una década. Al menos Carmona llegó a conocer la industria venezolana entre los 70 y 80, cuando trabajó para Velvet de Venezuela.

Antes de Mojito/Pimienta Carmona estuvo asociado a otros sellos discográficos, incluida Pimienta Records (también con Estévez), y Max Music. Como presidente de esa disquera, Carmona enfrentó una demanda en Nueva York por una presunta violación de la ley de derechos de autor de EE. UU al usar unas producciones sobre las cuales ya no tenía licencia para su explotación. Es una acusación similar a lo que está ocurriendo con Mundo Digital USA, que autorizó a Mojito/Pimienta la distribución de unos productos de los que dice ser dueño sin presentarle a los agraviados los documentos. Pero ni Juan Estévez ni Mel Carmona quisieron dar su versión para este reportaje. El 17 de agosto Carmona reenvió la solicitud de entrevista de Armando.Info a su abogado Albert Xiques, con el comentario; “Just got this email... next step?”.

Xiques ofreció una entrevista a través de una llamada en conferencia para el 24 de agosto, pero llegado el día no hubo respuesta, como tampoco lo hizo a otras cinco comunicaciones enviadas antes de esta publicación.

Si bien The Orchard podría ser responsable al ofrecer a las tiendas digitales los títulos cuestionados, los representantes de las disqueras y algunos artistas afectados consideran que la trasnacional está viendo a Mundo Digital, Sonográfica, Velvet de Venezuela y El Palacio de La Música como igual de culpables o sospechosas. Cualquiera pudiera estar mintiendo sobre la propiedad de los catálogos. Otros consideran que las disqueras venezolanas son un grano de arena en la playa y por eso The Orchard no se ha volteado a ver qué pasa, pero lo que sí le cuestionan es que no tome en cuenta el valor que tienen los derechos de autor de cada producción, el cual debería bastar para confirmar sospechas.  

Aun así, con todas las diferencias, The Orchard mantiene relación con las disqueras que la escogieron como su distribuidora en Internet, vendiendo legalmente sus catálogos y enviando trimestralmente los reportes de las ventas con el respectivo depósito de dinero, para que cada compañía cumpla con las regalías convenidas con sus artistas.

Track 5: Sin rostros

Mundo Digital USA está recibiendo dividendos al menos desde mayo de 2016, fecha en la que Sonográfica advierte la irregularidad. Pero la empresa nació cinco meses después, el 26 de octubre, cuando fue registrada en Miami.

Argenis Salazar, Carlos Eduardo Molina González y Gabriela Salazar son los nombres del presidente, vicepresidente y administrador de la compañía, que tiene por objeto la distribución en todo el mundo de los catálogos originales de música de Velvet, TH, TH Rodven, Sonográfica, Distribuidora Sonográfica, Love Records, Sono Ediciones de Venezuela, TH Top Hits Venezuela y TH Velvet. Es decir, todos los sellos que llegaron a existir en Venezuela y que sirvieron de base para el nacimiento de otras, como el caso de Love Records y TH o Top Hits.

Un mes antes, el 21 de septiembre de 2016, estas mismas personas ya habían registrado en la misma división de Florida la empresa “Sonografica Music & Distribuidora Sonográfica Digital, LLC”, homónima de la Sonográfica original con sede en Caracas y existente desde 1982.

La fecha de registro de ambas coincide con los meses en los que Sonográfica contactó a Mundo Digital para reclamarle por los catálogos copiados.

En esa misma línea, el 22 de diciembre de 2016, registraron Velvet de Venezuela, S.A, Corporation LLC. En su directiva, además de Argenis Salazar y Gabriela Salazar, está Álvaro Veli. También copiaron el nombre del sello venezolano que aún se mantiene activo en Caracas.

Velvet y Sonográfica pudieron ser constituidas en Miami porque las compañías originales venezolanas, registradas en esa misma ciudad en los 80, no se mantuvieron al día y quedaron inactivas. Ahora estas acciones suponen una pelea por comprobar cuál es la disquera verdadera y cuál es la verdadera propietaria de los catálogos.

Sólo Argenis Salazar ha respondido a los reclamos de los representantes de las disqueras, y a varios cantantes, a través de correos electrónicos. Salazar les ha reiterado que posee los contratos que demuestran la propiedad de los títulos cuestionados, pero que no puede mostrarlos porque son confidenciales. Cuando los afectados insisten promete que su hija Gabriela, abogado, les mostrará la documentación. Todavía no ha ocurrido la primera reunión.

Es una respuesta que han recibido Bettsimar Díaz, los representantes legales de Velvet y Sonográfica, y hasta los autores y compositores que, sin saber la dimensión de esta ilegalidad, están reclamando sus derechos de autor.

Es el caso de Pedro Castillo, el recordado vocalista y compositor de Aditus. En mayo de 2016, unos amigos le comentaron con emoción que habían escuchado en Spotify una compilación de temas de Aditus. El disco nuevo estaba muy bueno, decían. Extrañado, Castillo les pidió ver de qué se trataba y se encontró con un disco inventado, con una carátula inexistente entre los álbumes de Aditus, y hasta nombres de canciones con errores ortográficos. La placa había sido editada por Mundo Digital USA.

Al cantautor Guillermo Carrasco le ha ocurrido algo tragicómico. Unos amigos se bajaron de iTunes un disco incompleto y con canciones distintas a las indicadas. Una vez más, la copia era de Mundo Digital.

En los correos que intercambia con los artistas o sus representantes Argenis Salazar suele colocar el pie de página de la empresa Sono Ediciones de Venezuela. Se trata de una sociedad supuestamente inscrita en Madrid, España, que comparte con Álvaro Veli. A Luisa Flores, gerente general de Sonográfica, no le parece una casualidad la selección del nombre porque están tratando de emular el de “Sono Editora”, la dependencia de Sonográfica que maneja los derechos de autor. “Se equivocaron, se lo copiaron mal”, afirma.

De Sono Ediciones de Venezuela no existe documentación. Nadie atiende el número local de la oficina en Madrid y la sede se ubica en una zona de edificios residenciales, Plaza Los Mostrenses. Tampoco aparece en los registros comerciales de España.

Y de su representante legal, Gabriela Salazar, han enviado datos de la oficina en Venezuela que, al igual que toda la trama, resultan imposibles de comprobar. La supuesta dirección está en la avenida Neverí, código postal 1250 en Caracas, pero ese código no existe en Venezuela. La avenida mencionada se ubica en Colinas de Bello Monte, cuyo código postal es 1050. La vivienda indicada tampoco existe, el número de teléfono suena desactivado y el Registro de Información Fiscal de la empresa tampoco está registrado (J-04042536-9).    

Ni Véliz ni Salazar, padre e hija, respondieron a las solicitudes de entrevistas enviadas desde agosto. Sus identidades parecen estar solo en los bits del “mundo digital” donde operan.

En el caso del tercer socio de Mundo Digital USA, Carlos Eduardo Molina González o Eddie González (se presenta de ambas maneras), su nombre no le es ajeno a la industria discográfica venezolana. Así se llamaba uno de integrantes de Los Fantasmas del Caribe, la agrupación de música caribeña que sonó con fuerza en los 90.

Molina se ha dedicado a la producción musical y audiovisual y ha registrado al menos cuatro compañías con el nombre de la agrupación. En 2016 enfrentó una demanda como representante de la empresa de entretenimiento Just in Time, por incumplimiento de contrato, fraude y difamación. Algunos dudan de que se trate de la misma persona, otros ni lo confirman ni lo descartan.

Bonus track: Lo que les quedaba

Lo que ha estado ocurriendo con estos catálogos de música, dice José Rafael Fariñas, abogado especialista en propiedad intelectual y director general de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven), es una violación a los derechos económicos o patrimoniales derivados del derecho de autor, que también pudiera incluir la vulneración de los derechos morales por afectarse la integridad de la obra.

La clave, según el especialista, sería determinar quién tiene los derechos sobre los contenidos que se están ofreciendo, los cuales suelen generarse por tres vías: un contrato (por disposición de las partes), disposición de una ley, o por razones mortis-causa (fallece el dueño y quedan los herederos). Si alguna de estas tres condiciones no está presente hay que presumir que son productos ilícitos, agrega, aunque también puede darse el caso de que ese supuesto contrato que una de las partes dice poseer, resulte ser una estafa.

La Cámara Venezolana de Productores Fonográficos está al tanto de lo que ocurre con parte de sus agremiados, e incluso ha escrito a Mundo Digital USA. “No podemos hacer mucho porque, en estos casos, corresponden demandas individuales”, aclara Olga Tovar, directora.

Lo que sí advierten con preocupación es que esta apropiación indebida de los catálogos de música significa un avance inesperado de la piratería. Por lo general los piratas copiaban la música del momento, lo recién estrenado, los éxitos nuevos y de los grandes artistas. Con estos principios nació y ha vivido el mercado ilícito de los discos quemados. “Hasta ahora no se habían metido con los catálogos, los manteníamos bajo resguardo porque de ellos es que vivimos. Por eso que hayan llegado a ellos nos deja sin aliento”, finaliza.     

Su nombre en Venezuela puede pasar como el de un ciudadano más hasta que se aclara su ascendencia. Es hijo de Chana Uzcátegui, creadora de los reconocidos Ranchos de Chana en la isla de Margarita, en el oriente del país. Representante legal de la empresa Promotora Chana, junto a sus hermanos Triana y José, y heredero de un proyecto turístico de renombre, tan colorido como costoso, lleno de un lujo que se permitían costear en dólares varias figuras del chavismo, pasándole por encima a un control de cambios instaurado en 2003, y que aún se mantiene.

Ser hijo de Chana fue su gran carta de presentación en Miami, Florida, desde que comenzó a emprender negocios en esa ciudad: quienes conocieron a la madre confiaron en el hijo. Así se ganó a muchos pero no a todos, porque Pedro Castillo ha logrado escalar en sus negocios no solamente por ser “el hijo de”. Su habilidad, astucia y buen verbo serían sus verdaderas armas para lograr aliarse con los mejores, emprender varios proyectos y ganar fama. Una fama que pocos quieren.

“Todos creemos que su profesión es estafar, o más bien ser estafador”, sentencia Arnaldo Limanski, productor venezolano.

No son anécdotas. Una demanda introducida en la corte de Miami Dade (caso M13-40403) confirma una de las historias que trascienden a más de 45 personas timadas en cinco proyectos, todos medios de comunicación: tres televisoras de señal digital, una revista y una radio. Y la orden que se mantuvo activa en Interpol hasta mayo de 2017 habla de su pasado en Venezuela y de sus relaciones con el chavismo. 

Una táctica repetida y mejorada

En febrero de 2015, cuando la comunidad cubana se encargó de denunciar por medios impresos y digitales de Miami las estafas que Pedro Castillo Uzcátegui había hecho con ellos (a unos no les pagó, a otros les había prestado un dinero que no devolvió), ninguno sabía de las andanzas previas de este venezolano.

Ya para ese momento había sido procesado en la corte de Miami Dade por un delito menor, el de emitir cheques sin fondos, y estaba en libertad condicional bajo el compromiso de pagarle 10.000 dólares al hombre que lo demandó (Raúl Rodríguez), a razón de 750 dólares como mínimo por mes. Todo esto se detalla en los expedientes de su caso (M13-40403), registrado el 17 de septiembre de 2013, y que hasta agosto de 2016 seguía activo judicialmente, pues la deuda aún no había sido saldada.

Nada de esto era conocido por quienes decidieron acompañar a Castillo Uzcátegui en ese proyecto que decidió emprender a finales de 2014: la emisora de radio por internet Mia 1450 AM.

Sus transmisiones salieron al aire en diciembre de 2014 y ya en febrero de 2015 las denuncias comenzaron a recibir centimetraje y minutos al aire. Periodistas, locutores, diseñadores, personal administrativo y otros profesionales, casi todos de origen cubano, se encargaron de exponer sus casos y averiguar quién más había sido estafado por este venezolano residenciado en Miami y resguardado bajo una visa de inversionista. Eso era lo que él decía.

Ninguno de los trabajadores pudo cobrar (unas 25 personas), ni siquiera los que comenzaron a trabajar desde octubre, denunció en ese momento Nelson Rubio, uno de los periodistas a los que Castillo Uzcátegui quedó debiendo 8.000 dólares por salario como conductor de uno de los programas. Contactado dos años después, asegura que tras esas denuncias no pasó nada, hasta ahora el hombre no le ha pagado a él ni a ninguno.

Roberto Ariel lo confirma. Este periodista cubano fue contratado por el venezolano para que se encargara de la web de noticias de la emisora radial. Trabajó con él 45 días y se fue, no solo porque no le pagó sino porque lo engañó descaradamente, “mucho peor”, asegura.

Dos eran las excusas dadas por Castillo Uzcátegui al personal de la radio para justificar el retraso en los pagos: una, que tenía un cheque a su nombre, por 3.000.000 de dólares, que no había podido depositar y que incluso enseñaba como garantía de que tenía con qué responder, “pero era falso” –asegura Ariel-; y la otra versaba sobre sus cuentas bancarias, las cuales estaban congeladas como consecuencia de la demanda de divorcio que estaba enfrentando en ese momento.

La segunda fue la que aplicó con Ariel. De manera verbal se había comprometido a pagarle 2.000 dólares de sueldo mensual, con la promesa de aumentarle a 3.000 o 4.000 dólares si al negocio le iba bien.

A los 15 días de estar trabajando en la radio le preguntó por el pago. Castillo Uzcátegui le dijo que le daría el dinero al cumplir el mes, asegurando que ese fue el acuerdo conversado. No ocurrió. Insistió de nuevo y el hombre quiso hacer un trato con él. Roberto Ariel recuerda la escena y los diálogos:

“Me dijo que él tenía unas prendas que iba a empeñar y que con ese dinero me podía pagar una parte, no el monto completo. Me preguntó cuánto dinero me hacía falta, le dije que por lo menos lo de la renta, que eran 550 dólares, y él me dijo ‘está bien, vamos a cambiar las prendas’”.

Cuando ambos iban a salir para la tienda de empeño, Castillo Uzcátegui le pide quedarse en la emisora esperando a un conocido que llevaría una encomienda, mientras tanto él buscaría las prendas en su casa y se encontrarían en la puerta del local a una hora acordada. Ariel confió en su palabra.

“Cuando llegué al lugar él no estaba por todo eso. Nunca apareció, nunca me dio la cara. Le reclamé, me prohibió la entrada a la radio, yo lo esperaba en la puerta todos los días y al final me fui. Nunca respondió. Ese es Pedro Castillo”, dice con su marcado acento cubano y en un tono indignado, como si el mal rato acabara de ocurrir.

Todos los que no cobraron decidieron unirse y contratar un abogado cubano, famoso, para demandarlo. No lo lograron. Para que el caso prosperara, Castillo Uzcátegui debía tener alguna propiedad a su nombre que le permitiera al abogado de las víctimas sacar de allí el valor de la deuda y repartir el dinero, pero no le consiguieron nada. El abogado los despachó. Luego contactaron a otro y fue igual. Sin propiedad no se podía ganar el caso, así que ninguno quiso asumir esa causa perdida.

Aunque no recuperaron el dinero, las investigaciones emprendidas por estos cubanos los llevó a encontrar indicios de que el venezolano no era un novato en esas lides, que años atrás había ocurrido algo similar con varios venezolanos, ligados a medios de comunicación, que habían comenzado a emigrar a Miami. Castillo Uzcátegui había usado un mismo patrón y mejorado la técnica, sobre todo después de esa única demanda que pudo prosperar por emitir cheques sin fondos.

Sus primeros pasos en Miami

RH Noticias fue uno de los primeros canales de televisión digital que este venezolano, nacido en Maracay, estado Aragua, en 1967, quiso sacar al aire. Fue registrada con ese mismo nombre en agosto de 2011 y se mantuvo activa, según los registros legales, hasta septiembre de 2012, aunque el personal no llegó a completar el año de trabajo.

“Esto duró casi tres meses, hasta que ninguno de nosotros aguantó no percibir los honorarios hablados. Nadie pudo cobrar”, cuenta Arnaldo Limanski.

En este proyecto Castillo Uzcátegui aplicó su astucia. Quería montar un canal exclusivamente de información y contactó a dos profesionales de renombre para impulsarlo: Eduardo Sapene, quien había sido vicepresidente de información de RCTV (uno de los principales canales de televisión abierta en Venezuela hasta que salió del aire en mayo de 2007, luego de que Hugo Chávez se negara a renovarle la concesión) y Arnaldo Limanski, productor de películas y telenovelas en Venezuela y Latinoamérica. Con el paraguas de ambos nombres inició la búsqueda de talentos.

La presentadora María Alejandra Requena recuerda que no conocía a Castillo Uzcátegui pero sí a Sapene y por él, por su trayectoria en RCTV y a quien conocía de haber trabajado en el mismo canal, decidió escuchar la propuesta. Comenzaron las negociaciones a través de su mánager y al final no hubo acuerdo. “Gracias a Dios no se dio”, dice ahora.

De la única vez que habló con Castillo, un encuentro breve donde solo hablaron del proyecto, le quedó la impresión de ser un hombre un poco arrogante pero que sí tenía muy claro lo que quería hacer y cómo.

Limanski aceptó trabajar con él por la invitación que recibió de periodistas venezolanos muy “encumbrados”. “Si estaban ellos debía ser algo bueno”, relata, pero también reconoce que su nombre fue usado para captar buen personal, pues si estaba él también podían esperarse buenos proyectos. Limanski fue productor de todas las películas de Román Chalbaud exceptuando El Pez que Fuma, trabajó en RCTV produciendo novelas, fue gerente de producción en Venevisión y vicepresidente de Telemundo en Miami.

Su labor en RH Noticias sería el montaje del canal y la producción de los programas en los dos estudios alquilados para ese fin. Castillo Uzcátegui le quedó debiendo 30.000 dólares luego de tres meses de trabajo, tiempo durante el cual postergó los pagos y cuando finalmente le dio los cheques, todos juntos, todos rebotaron en el banco. No tenían fondos.

“Yo fui uno de los más perjudicados, recuerdo que Sapene no duró más de 15 días”, señala Limanski. Contactado por correo electrónico, Sapene prefirió mantenerse al margen: “Mi relación laboral con el Sr Castillo fue muy breve y eso ocurrió hace seis años, por lo que ya no deseo hablar más de ese tema”, respondió.

Tras varios meses de producción, cambios de escenografía, contactos con agencias internacionales de noticias y aparentes inversiones en tecnología, el canal no salió en digital. “Era mucha plata. Pasaba un mes, otro mes, y no pagaba. Además empezamos a ver que él estaba retrasando todo. Los que podíamos aguantar un poco aguantábamos, pero llegó un momento en el que dijimos ‘¿qué está pasando aquí?’”, agrega Limanski.

Más medios de comunicación

Ese no sería el primer equipo de trabajo en hacerse la misma pregunta y en no comprender la situación, porque Castillo Uzcátegui es insistente. O tal vez, como lo describe un viejo amigo de la familia, “le fascina meterse en rollos”.

Después de RH Noticias, donde este “empresario” aparecía en los registros como presidente, su nombre dejó de figurar en la directiva de sus nuevos negocios. El segundo canal se llamaría Democracia TV y luego cambiaría de nombre a DTV Mundo; Castillo Uzcátegui estuvo al frente por un tiempo, luego cambió de dueños y cerró en octubre de 2014.

“Por la mala fama que se ganó al no pagarle a la gente, le cambió el nombre”, asegura otro de los venezolanos estafados por él y que llegó a ser su socio, pero pide quedar en el anonimato.

Profesionales venezolanos, sobre todo periodistas, que decidieron emigrar o pedir asilo en Miami fueron nuevamente el objetivo, y como buen encantador de serpientes –como lo describe su exsocio– Castillo Uzcátegui resultaba convincente. Lo hizo con RH Noticias y lo repitió con Mia 1450 AM.

En esta oportunidad se aprovechó del contexto venezolano, dijo que tenía unos socios cubanos con equipos para TV digital, que podían montar un medio para vencer la censura que se agudizaba en Venezuela tras la venta del canal Globovisión (concretada en mayo de 2013), que instalarían una corresponsalía en Caracas y que tendrían programas de opinión con los presentadores polémicos que se habían ido del país suramericano.

Yolanda Medina, periodista venezolana que fue productora del programa de Napoleón Bravo en esa aventura, cuenta que junto a él y a la internacionalista Vilma Petrash denunciaron el incumplimiento de pagos en un tribunal pero no lograron nada.

“Era una angustia para que pagaran, a mí me quedó debiendo 1.000 dólares”, dice Medina. Una cifra baja. A una presentadora le quedó debiendo 4.500 dólares y a los trabajadores de la corresponsalía instalada en Caracas, para la cual Castillo Uzcátegui compró equipos de grabación, la deuda se calcula en 120.000 dólares, cuentan quienes llegaron a negociar con él y que al igual que sus colegas residenciados en Miami piden no ser nombrados.

“Lo que ofrecía Castillo sonaba como una buena idea y varios decidimos arriesgarnos. A mitad de camino comenzamos a recibir comentarios de amigos, incluso familiares del propio Pedro nos llamaban para advertirnos de hacer negocios con él porque no pagaba. Uno de nosotros se lo comentó y él dijo que se trataba de gente envidiosa, que no era cierto. Luego los trabajadores comenzaron a quejarse de que no les habían pagado y no entendíamos lo que pasaba porque Pedro nos mostraba los cheques”, relata un periodista venezolano. No tenían fondos.

En esos mismos días de Democracia TV Castillo Uzcátegui conoce al venezolano que aceptaría ser su socio, un joven que tenía varios equipos de TV y un colchón de dinero con el que planeaba editar una revista de hipismo. De nuevo supo apuntar.

El socio invirtió cerca de 60.000 dólares entre el canal y la revista, y aunque Castillo Uzcátegui también invirtió algo, el proyecto se fue cayendo a medida que se retrasaban los pagos. Terminó de derrumbarse cuando comenzó a pedirle dinero a los anunciantes del magazine a cambio de publicaciones que no se daban.

El proyecto hípico y la sociedad de ambos terminó, pero la ruptura reveló otro acto de viveza de Castillo Uzcátegui. Sin aviso y sin autorización había usado el nombre de este socio y de otro inversionista para registrar el canal y otras empresas a nombre de ellos, librándose de responsabilidades presupuestarias. En todos los proyectos él se encargaba de la administración y finanzas, los cheques de los anunciantes debían llegar a sus manos y él se encargaría de depositarlos. Por ello la extrañeza de los impagos, porque no se entendía qué hacía con el dinero.

La lista de venezolanos afectados no es corta, hay más de 10 nombres reconocidos, como el de Roland Carreño, junto al de otros productores, animadores, periodistas, técnicos y administrativos, pero a diferencia de los cubanos estafados por el mismo personaje, los venezolanos no se unieron para hacer públicas las estafas. ¿Pena, orgullo, riesgo de perder su estatus migratorio? Varios factores a considerar. Lo cierto es que todas las historias permiten reconstruir un compendio de acciones muy bien pensadas y convincentes. Propias de un hombre habilidoso.

“Pedro es un tipo muy entrador, simpático, con capacidad para vender ideas, que logra que te conectes con él. También es medio cara dura, si te quedó debiendo dinero y te lo encuentras en la calle él te saluda como si nada, y es capaz de decirte que el que le quedó debiendo fuiste tú. Es el perfecto estafador”, dice entre risas otro periodista venezolano que trabajó para él en DTV Mundo.

Algo aprendió en la isla

El 4 de febrero de 2011 el nombre de Pedro José Castillo Uzcátegui fue incorporado a la lista de Interpol, de personas buscadas por Gobierno venezolano. El delito por el cual se le buscaba era fraude, aprovechamiento de fondos públicos y asociación para delinquir.

La medida estaba relacionada con el financiamiento que recibió la empresa Promotora Chana C.A (él es uno de los representantes legales), en mayo de 2007 de parte del Fondo para el Desarrollo Endógeno (Fonendógeno), dependiente del Ministerio de Economía Comunal en ese momento. Un crédito de 13 millones de bolívares fue aprobado para la “reconstrucción, dotación y equipamiento del hotel Chana Puerto Fermín”, ubicado en el municipio Antolín del Campo, playa El Tirano, isla de Margarita, uno de los destinos turísticos más atractivos del oriente venezolano.

Que la empresa Promotora Chana C.A (registrada en 2005) haya sido beneficiada por el Gobierno de Hugo Chávez en la construcción de un hotel, es algo que encuentra respuesta en las conexiones que había establecido Castillo Uzcátegui durante sus años en Margarita.

Se casó con Alexa Navarro, hija de Alexis Navarro, gobernador del estado Nueva Esparta (2000-2004) y militante del Movimiento V República (MVR), partido de Hugo Chávez antes de la fundación del PSUV. Fue candidato a la alcaldía del municipio Antolín del Campo en 2004, por Proyecto Venezuela (un pequeño partido de oposición) pero perdió, quedó en tercer lugar con 2.064 votos; ese año su suegro no logró reelegirse como gobernador pero fue designado embajador de Venezuela en Rusia.

El proyecto de su madre Chana Uzcátegui, de expandir el concepto de sus pintorescos hospedajes hacia otras zonas de la isla caribeña y del país, también lo conectó. Había encontrado acogida en Gobierno, en el Ministerio de Turismo. Chana quería desarrollar un hotel en playa Cardón, en Los Roques y en la isla de Coche.

Castillo Uzcátegui además se le relacionaba con Jorge Rodríguez, figura importante del Gobierno de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Eran socios, comenta una persona allegada a la familia y uno de sus socios en Miami.

Un informe de la Contraloría General de Venezuela, del año 2011, incluyó este caso en un capítulo dedicado al Fonendógeno. La versión de este organismo indica que la empresa Promotora Chana recibió 13,72 millones de bolívares para la reconstrucción del hotel Chana Puerto Fermín (antiguo hotel El Tirano), pero infringió las condiciones fijadas para el crédito, que contemplaban la hipoteca del hotel a favor de Fonendógeno y el pago de ese financiamiento en cuotas fijas por un lapso de 8 años.

Promotora Chana no cumplió con la hipoteca de Fonendógeno porque ya había firmado una con el Banco Industrial de Venezuela, por un préstamo solicitado para remodelar también el mismo hotel, pero además incurrió en otra irregularidad al venderle el hotel a Seguros Premier en julio de 2009, dos años después de haber recibido el financiamiento; en 2010 la empresa de seguros se declaró en quiebra.

En este entramado de irregularidades, donde la Contraloría asegura que ni se pudo determinar el destino del dinero entregado, Castillo Uzcátegui demandó a Seguros Premier por no pagarle: aunque el proceso de compra-venta quedó registrado legalmente, los fondos nunca llegaron a su cuenta. El hotel Chana Puerto Fermín fue vendido por 103 millones de bolívares (unos 16 millones de dólares para ese momento). Ahora está en manos del Estado y abandonado.

Este caso llega como colofón a la historia de negocios de Castillo Uzcátegui en la isla de Margarita, que ya venía mal desde años anteriores. Había sido gerente de la empresa recolectora de basura llamada Cauvica, registrada en 1997 en Nueva Esparta y que prestaba servicios en esa entidad y en Anzoátegui. Con esta compañía, que era de un familiar, debió enfrentar numerosas demandas laborales por no pagarle sus trabajadores, a pesar de haber recibido fondos para cancelar pasivos laborales. Cerró y quedó debiéndole al personal.

Luego intentó mejorar la mala racha gerencial con Promotora Chana, impulsando el proyecto de su madre de expandir los Ranchos de Chana a otras zonas, y abrir hoteles en la isla Los Roques, en isla de Coche y Margarita (en la playa El Cardón, además del hospedaje en El Tirano). De hecho, en enero de 2009 inauguró el hotel Chana El Cardón tras 18 meses de construcción y 50 millones de bolívares invertidos, una obra levantada casi al mismo tiempo de haber recibido los fondos del Estado para reconstruir el hotel de El Tirano. No son pocas las versiones que coinciden al decir que éste hotel se levantó con fondos públicos desviados.

Y de la inauguración del hotel Chana El Cardón, rebautizado posteriormente como Ikin Margarita, es recordada la fiesta de lujo y a todo dar que contó con la participación del español Bertín Osborne, el único que pudo cobrar por su trabajo porque pidió el pago por adelantado, aseguran amigos y asistentes al evento.

Fue así como los planes de expandir los hoteles Chana duraron poco. Con un historial de demandas contra él y contra la empresa Promotora Chana, que comenzaron a llover con fuerza desde 2010 e incluyen juicios por el cobro de bolívares (Bolívar Banco y Banco Fondo Común), embargo de propiedades, prohibición de enajenar y gravar bienes, estafa agravada e incumplimientos de contratos, Castillo Uzcátegui decide irse de Venezuela. Lo hizo antes de que se emitiera la orden de captura en su contra a Interpol.

“Eso es mentira, la agarraron conmigo y me tuve que venir”, le dijo hace varios años Castillo Uzcátegui a uno de sus socios en DTV Mundo, en Miami, sobre esa alerta que aún sigue activa, y que durante cada una de sus andanzas casi nadie le conocía.

No lo han detenido, pero los cargos en la ficha han sido actualizados: aprovechamiento fraudulento de fondos públicos. Castillo Uzcátegui fue contactado vía telefónica para conocer su posición y versión sobre todas las denuncias que lo señalan, desde las estafas hasta la orden de Interpol, pero se limitó a decir “no” y a trancar la llamada en seco.

“¿Quién está detrás? Alguien debe estar protegiéndolo, no entendemos cómo no lo han metido preso ni lo han deportado”, sostiene Arnoldo Limanski, y no es el único de los estafados que se lo pregunta.

Al parecer está siendo protegido por el Gobierno de Estados Unidos, por estar colaborando en investigaciones de narcotráfico y corrupción que involucran a funcionarios del chavismo, dice el periodista Nelson Rubio. En mayo de 2017 el nombre de Pedro José Castillo Uzcátegui fue excluido de la lista de solicitados de Interpol.

Ahora, después de andar alejado del negocio de los medios de comunicación, ha aparecido en algo nuevo. Desde hace varios meses se le vincula a un restaurante ubicado en la Calle 8 de Miami, llamado El Jaleo de la Ocho, Steak House. Los cubanos a los que estafó le han seguido el paso. Su nombre no aparece en el registro de la empresa como propietario ni director, pero se le ve a diario en la barra del restaurant y fue allí donde atendió la llamada que a los minutos prefirió colgar. Los pagos del personal se emiten con retraso.

Pedro José Castillo Uzcátegui no para.

Lo mandaron al Internado Judicial El Rodeo II, según una nota de prensa que la Fiscalía General de la República envió a todos los medios el 29 de marzo del año pasado, y allí debería estar si no fuera porque en el penal no hay registro de él. Ni siquiera para quienes piden verlo en días de visita. Más aún, porque el auténtico Jhon Quiroz –el estafador– no solo anda por Colombia, sino que desde allá ha venido haciendo alarde de su libertad en los perfiles de los números de teléfono desde los que ha dado señales de vida.

Se le ha visto de copas brindando con una mujer morena, según algunas gráficas. Cual galán con guayabera y lentes de sol dorados, apretadito sonriendo junto a ella frente a la cámara. También ha publicado fotos donde aparece vestido de estricto blanco para una faena de santería. Por el contrario, del otro no hay más que la película de su audiencia de presentación en Panamá frente a unos jueces, que resolvieron extraditarlo a solicitud del Estado venezolano.

Resignado y con la barbilla sobre las dos manos esposadas, el Jhon Quiroz que nada tenía que ver con una de las más grandes estafas de la Venezuela de estos tiempos, se sometió a un proceso de “extradición simplificada”, que el 24 de marzo del año pasado lo hizo aterrizar en Venezuela rumbo al banquillo de los acusados.

“Yo quiero ir a ver qué es lo que me tienen allá porque yo no sabía nada de eso”, dijo ante el juez panameño. “Quiero ir porque yo soy inocente”. De eso quedó constancia en un video inédito que se obtuvo en exclusiva para esta investigación y que comprueba que las autoridades venezolanas metieron preso a otro Jhon Quiroz muy diferente al moreno y calvo, que el 20 de mayo de 2014 se presentó en rueda de prensa para negar las acusaciones en su contra. “Yo quisiera saber, que me indiquen, dónde está la estafa”, preguntó antes de abandonar intempestivamente la sala. Esa fue la última vez que se le vio en Caracas.

¿Cayeron por inocentes?

Algo ya sonaba mal cuando un par de periódicos publicaron la noticia de la extradición con la foto de un Jhon Quiroz con menos kilos. Tenía tapados los ojos y parte del rostro, pero no faltaron comentarios en Twitter y redes sociales poniendo en duda la identidad del presidente del concesionario que durante meses tapizó periódicos con ofertas de vehículos de marcas chinas a precios únicos, justo en el momento en que las automotrices tradicionales empezaron a naufragar por falta de divisas.

El video de su audiencia de presentación en Panamá no deja dudas de que las autoridades venezolanas, cuando menos, cayeron por inocentes: solicitaron a otro con el mismo nombre, a pesar de que el propio Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) se hizo eco en 2014 de una investigación periodística, que demostraba que Jhon Quiroz tenía dos identidades.

Registrado con la cédula de identidad 10.185.898, la foto de Jhon Alexander Quiroz Suescún –el verdadero– coincide en el registro civil con el portador de la cédula 21.320.874 del mismo Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro que el Estado venezolano mandó a buscar en Panamá.

Se sabe que llegó a Caracas luego de tres meses de detención en Ciudad de Panamá, pero ninguna autoridad ha reconocido que metieron preso al que no era. “Jhon Quiroz fue imputado por dichos delitos, usurpación de nacionalidad y uso de documento falso”, resumió el último informe anual que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional. Oficialmente no hay nada más aunque, puertas adentro, en los tribunales se ríen imaginando el momento en que los fiscales del caso tuvieron que despachar al otro Jhon Quiroz con un perdón y chao.

El desliz quedó asentado en el expediente judicial del caso que lleva el Tribunal 51 de primera instancia en funciones de control del Área Metropolitana. Al Jhon Quiroz venido de Panamá lo entrevistaron el 27 de mayo en el Ministerio Público y se terminó comprobando lo que se hacía evidente con la simple apariencia: ninguna cirugía plástica podía haber surtido un cambio así. “En el transcurso de la investigación se determinó que la identificación antes señalada es usurpada, al corresponder a ciudadano colombiano, que resultó presentado ante ese Juzgador de Control, lográndose verificar que la verdadera identidad de quien intervino en las empresas, es realmente la del ciudadano Jhon Alexander Quiroz Suescún, titular de la cédula de identidad V.10.185.898, quien además presenta antecedentes penales, toda vez que en el año 2010 fue condenado a cumplir la pena de dos años y ocho meses de prisión”.

Huyó en taxi

No es la primera vez que Quiroz se pierde del mapa. El 20 de mayo de 2014 abandonó sorpresivamente el salón principal de The Hotel, en el este de Caracas, tras leer un comunicado en el que negaba las denuncias en su contra. “Estoy aquí de la mejor disposición, dispuesto a resolver lo que haya que resolver y asumir la responsabilidad que ellos consideran debemos asumir”, dijo antes de interrumpir una rueda de prensa que terminó sin preguntas. Camarógrafos, fotógrafos y periodistas vieron como subió una de las motos encendidas de los escoltas que lo esperaban afuera.

Dos semanas después reapareció en el aeropuerto Josefa Camejo de la ciudad de Punto Fijo –en el estado de Falcón, noroeste de Venezuela– a punto de embarcar un avión privado con destino a Panamá. Las autoridades adujeron que los agentes de la policía científica alcanzaron a capturar al piloto, copiloto y dos de sus escoltas, pero, curiosamente, no al hombre chiquito y regordete que buscaban por toda Venezuela.

Huyeron en taxi, según los testigos. “(…) Siendo verificados en el Sistema Integrado de Información Policial por parte del comisario Alberto Rodríguez en su condición de jefe de Interpol Punto Fijo, se pudo constatar que tanto la ciudadana Angelis Gibelis Quiroz como Jhon Alexander Quiroz contaban con solicitudes de captura de fecha 22/5/2014 emanadas del Juzgado Quincuagésimo Primero (51) de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se encontraban en dicho aeropuerto con el firme interés de continuar evadiéndose de la justicia –lo cual en esa fecha lograron toda vez que las autoridades policiales una vez que procedieron a buscarlos, ya habían huido del lugar–”, se lee en el expediente judicial.

Otra vez Jhon Quiroz había conseguido salirse con la suya. Logró evadir la justicia con su hija y también directiva del concesionario La Venezolana, Angelis Quiroz, quien se presentó de manera voluntaria el 29 de abril de 2015 en la sede del Helicoide -oeste de Caracas- del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Por lo pronto, solo ella enfrenta la justicia. El vicepresidente de la empresa, José Ramón Briceño Hedderich, desapareció desde que comenzó el escándalo y de a cuenta gotas, el ya famoso Jhon Quiroz –el escapista del Concesionario La Venezolana– ha venido dando señales en lo que parece una novela por entregas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas -CICPC, policía judicial- anunció el 6 de octubre de 2015 que finalmente había dado con él y lo hizo saber –en la cuenta que Interpol Venezuela tiene en Twitter (@interpolcicpc)– apuntando su verdadero nombre en mayúsculas junto a una foto que no dejaba lugar a dudas: “Se capturó a: JHON ALEXANDER QUIROZ SUESCUN, por el delito de: Estafa y Asociación para delinquir entre otros”. Seis meses después, cuando parecía que estaba preso, reapareció desde Colombia ofreciendo acuerdos reparatorios a los estafados y disparando contra la nomenklatura chavista.

Da la cara con descaro

“Les doy gracias desde mi sitio de exilio y de antemano les digo que regreso a resolver con la ayuda invaluable del Gobierno Nacional; les pido disculpas por las demoras y por los inconvenientes causados y pienso que ya es momento de darle pronta solución al problema causado hace ya dos años (…) Mi regreso está pautado para el mes de Mayo, cualquier información se dará a través del correo electrónico venezolana360@gmail.com”, tuiteó el 7 de abril de este año desde la cuenta @jhonquiroz18, cuyos mensajes fueron borrados esta semana luego de que se le solicitara una entrevista para este trabajo.

Quiroz ya debía saber en ese momento que sus días estaban contados en Colombia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese país había autorizado su extradición el 6 de abril, escasas horas antes de su reaparición en Twitter. En Venezuela, entretanto, esperan que llegue en cuestión de días. Eso asegura la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), que desde mayo de este año asumió la defensa de 1.200 de los 6.906 afectados. “En horas de la mañana de hoy 25 de noviembre, fuentes calificadas en el caso nos han informado que el proceso de extradición del representante legal del Concesionario La Venezolana, C.A., ciudadano Jhon Quiroz, será materializado en los próximos días”, publicaron este viernes en su sitio web.

“¿Cómo yo puedo ir a defenderme? ¿Bajo qué criterios si en Venezuela no hay seguridad jurídica?”, preguntó en abril vía telefónica en una entrevista para el prime time de la emisora WRadio de Colombia. Lejos de una estafa, Quiroz declaró entonces que el cierre del concesionario fue una maniobra de competencia desleal que atribuye al número dos del chavismo, el hoy diputado Diosdado Cabello, a quien señaló de ser el hombre fuerte detrás del monopolio de los vehículos Chery en suelo venezolano.

Fue, paradójicamente, el primo de Cabello, el general de Brigada Alexis Rodríguez Cabello, quien le abrió las puertas de Fuerte Tiuna –la principal instalación militar del gobierno venezolano– en aquellos días en que se fotografiaba, con guayabera roja y militares mediante, como un emergente empresario del sector automotor. "La presente comunicación tiene por objeto que estudie la posibilidad de apoyarnos con un están (sic) de información y venta de vehículos para el personal militar y civil", apuntó el general en una carta firmada el 21 de febrero de 2014.

Algo debió salir mal en esta historia para que al cabo de tres meses, otro Cabello, el entonces ministro de Industrias y hermano de Diosdado Cabello, José David Cabello, pidiera formalmente y por escrito una investigación ante la Fiscalía General de la República “sobre las notificaciones y denuncias de usuarios de las redes sociales, donde algunos venezolanos mencionan una posible oferta engañosa para la adquisición de vehículos importados de diferentes marcas y que al parecer se vinculan a la empresa Concesionario La Venezolana”.

¿Dónde está el dinero?

El destino de Quiroz no es la única pieza suelta en este rompecabezas. En poco más de un año, Concesionario La Venezolana se expandió sin freno. Quiroz quería colocar “bajo el régimen de importación de divisas propias” 90.000 carros por un monto equivalente a 941 millones de dólares, según la solicitud que llegó a presentar al Ministerio de Comercio, pero que nunca le fue aprobada.

En poco tiempo se volvió un gigante. Además de la feria de autos de Fuerte Tiuna, La Venezolana brilló a finales de 2013 en un autoshow celebrado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas -un tradicional mall del este de la capital venezolana- y cerró negocios con varias cajas de ahorro de organismos públicos. También destacó como un gran anunciante y fue uno de los patrocinadores oficiales de los Juegos Sudamericanos de Playa Vargas 2014, realizados en mayo de ese año y organizados por la Gobernación de esa entidad y el Ministerio del Deporte.

Los activos de la empresa no dejaron de crecer. La Junta Administradora, a cargo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), heredó dos locales comerciales en los estados Miranda y Carabobo, al menos 15 vehículos propiedad de la empresa y sus directivos y otros 98 de las marcas chinas que quedaron en la aduana de Puerto Cabello, varias cuentas en bolívares en Venezuela y otra en dólares en un banco de Panamá, así como una serie de empresas relacionadas como el restaurante El Padrazo.

Por Caracas hay incluso carros sin placas pero rotulados con logos de organismos públicos como el Seniat, cuyas marcas -Zotye, Brilliance y Kawei, marcas chinas apenas vistas en el país– corresponden con el lote de los únicos 98 vehículos que alcanzó a importar el concesionario. No en vano, los afectados han venido levantando dudas sobre los activos que quedaban. “Aquí hubo unas juntas administradoras designadas por el Gobierno”, cuestiona Roberto León Parilli, presidente de Anauco, una organización de defensa de los consumidores. “¿Cómo se manejaron esos activos? ¿Qué diligencias se hicieron?”.

El propio Jhon Quiroz, el hombre que dio pie a este fraude, ha prendido las alarmas de lo que queda de la torta. “En ese momento había más de 900 millardos de bolívares que eran 12 millones de dólares”, dijo en la única entrevista que ha dado en lo que describió como un “exilio”. “El dinero se quedó en las cuentas de la empresa, se desapareció”.

(*) Este reportaje contó con la reportería de Rolando Rodríguez en Ciudad de Panamá.

Luisa Requena es apenas una de las cinco víctimas de una estafa con escalas y cuyo arquitecto es José Leonel Robles Bolívar, un ciudadano venezolano nacido en 1965, y que en la década de los 90 laboró en Corpoven -una de las primeras filiales que tuvo Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- según la ficha de registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Los documentos del proceso judicial revelan que Robles Bolívar captó dinero con la promesa de invertir en el negocio de la compañía Servicios de Reparación de Equipos Médicos C.A (Sereqmed). “Dicho proyecto tendría como objeto distribuir equipos e insumos médicos al mayor en todo el territorio venezolano, una vez que decidieran participar, entre todos los inversionistas debían aportar la cantidad de 400.000.000 millones de bolívares fuertes, y en el plazo de un año aproximadamente supuestamente obtendrían el doble del dinero invertido como ganancia, en virtud de la alta demanda del producto que existe en el mercado venezolano”, se lee en un extracto de la documentación.

Robles Bolívar logró su propósito a pesar de que no era accionista de Sereqmed, una empresa constituida en 2002 en el estado de Carabobo (centro de Venezuela) con nómina de un solo trabajador y pensada para la “compra, venta, alquiler, reparación, mantenimiento, importación, exportación de equipos médicos y médicos quirúrgicos, productos y reactivos químicos, venta e instalaciones de gases anestésicos, así como asistencia técnica, diseños, proyectos y montajes eléctricos y electrónicos, y todas las actividades de lícito comercio conexas con la actividad principal”, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC).

El presidente y propietario del 40% de las acciones de Sereqmed es Leice Rafael Jiménez Zavala quien, de acuerdo a la acusación fiscal, se asoció “delictivamente” con Robles Bolívar para estafar a las víctimas. A los inversionistas también les plantearon que con el negocio se exportarían equipos médicos a Colombia a través de una compañía de ese país llamada Campo Integral, que estaba “supuestamente representada por un ciudadano de nombre Marlon Arcila, presuntamente colombiano”, refieren los documentos del caso.

El oro negro mancha

Esa no sería la única conexión entre Robles Bolívar y Marlon Arcila Solano. Los dos nombres figuran como accionistas de Cadiz Trading Corporation, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas por el bufete panameño Mossack Fonseca, conocido por la filtración periodística Panama Papers, cuyas primeras publicaciones salieron a la luz en abril pasado por un equipo periodístico de distintos países coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación –ICIJ, por sus siglas en inglés-.

Los documentos filtrados arrojan que Cadiz Trading Corporation fue registrada el 7 de abril de 2014, dos años después de que Robles Bolívar comenzara a captar a sus víctimas (la denuncia fue el 17 de marzo de 2013) y doce meses más tarde desde que el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictara en abril de 2013 una medida “preventiva de libertad” contra Robles Bolívar por los delitos de estafa y asociación para delinquir.

“La compañía está autorizada a emitir un máximo de 50.000 acciones sin valor nominal de la misma clase de acciones”, especifica una de las cláusulas del certificado de registro de Cadiz Trading Corporation.

Marlon Arcila Solano – el ciudadano colombiano que se encargaría de la exportación de equipos médicos a Colombia- es uno de los directores y tenedor de 10.000 acciones de la compañía, mientras que Robles Bolívar tuvo 10.000 acciones desde la fecha de registro de la empresa hasta el 30 de octubre de 2014, día en que fue reemplazado por la ciudadana venezolana Carolina Luisa Del Carmen Camilla Maturana, cuya dirección de domicilio coincide con la de Robles Bolívar.

En ese lapso que transcurre entre su entrada y salida de la lista de accionistas de Cadiz Trading Corporation, Robles Bolívar fue detenido en Colombia (5 de mayo de 2014) y en Venezuela la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia del Magistrado Paúl José Aponte Rueda, solicitó al gobierno colombiano la “extradición activa” de Robles Bolívar (10 de julio de 2014).

El bufete de abogados panameño Corbetti, Pezzotti & Quijano fue el cliente que contactó a Mossack Fonseca para hacer de intermediario en el registro y adquisición de la compañía Cadiz Trading Corporation, según consta en los correos electrónicos y documentos filtrados de Mossack Fonseca. En ese material se comprueba que el objetivo de Cadiz Trading Corporation era funcionar como “comercializador de combustible” y que su actividad se desarrollaría en Rusia, Alemania, Polonia, España, India, China y Corea del Sur.

La web de Cadiz Trading Corporation confirma que se trata de un trader “especializado” en el comercio de materias primas o commodities “químicos y derivados petroquímicos”. “Cadiz Trading Corporation está activa en un amplio espectro de mercados de energía y materias primas, incluyendo el crudo, productos refinados del petróleo y gas natural, incluyendo el gas natural licuado”, se lee en el portal. Se refiere que la compañía está “basada” en Panamá, en una dirección que coincide con la del bufete Corbetti, Pezzotti & Quijano, y que tiene una oficina comercial en Barranquilla, Colombia, un representante en Albania y otro en Nigeria.

En la documentación filtrada de Mossack Fonseca también se comprueba que el resto de accionistas de la empresa offshore eran los venezolanos Larry Olivarez, Jeny Robert Briceño Porra y Miguel Ángel Fuminalla, nacido en Colombia pero con ciudadanía venezolana. En Venezuela, Fuminalla es presidente y accionista mayoritario de Inversora y Servicios Magic C.A, una compañía registrada en Venezuela para “adquirir, arrendar, vender, hipotecar, retroventa, prestar dinero con garantía, enajenar y traspasar por cuenta propia o de terceros bienes raíces, muebles e inmuebles”, así como “ser promotora y constructora de viviendas e inmuebles de todo tipo”, entre otras actividades, de acuerdo al RNC.

En la filtración de Mossack Fonseca no hay constancia de movimientos financieros o bancarios de la compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, en los documentos de la investigación de la justicia venezolana contra Robles Bolívar sí hay datos sobre la cantidad de dinero que el acusado captó a los inversionistas.

El plan inicial de Robles Bolívar y la empresa Sereqmed apuntaba a recoger 400 millones de bolívares fuertes. Las “actas de entrevista” a las víctimas revelan que desde agosto de 2012 hasta marzo de 2013, fecha en que se realizó la denuncia ante la fiscalía, a las cuentas bancarias de Sereqmed y sus colaboradores cayeron casi 76 millones de bolívares con los aportes de cinco personas.

Una vez depositado ese dinero “los ciudadanos Leice Rafael Jiménez Zavala y Leonel Robles Bolívar disponían del mismo” lo transfirieron a cuentas particulares y de otras personas asociadas en la estafa como Luby Teresa Robles Godoy y Lisbeth Robles Bolívar. “Lograron inducir en error a las víctimas, a consecuencia de la falsa representación de la realidad, siendo que luego de mantener contactos con las víctimas les acrecentaron el engaño inducido por el ciudadano Leonel Robles Bolívar. Logrando recibir dinero de las víctimas”, se lee en uno de los documentos.

Empresarios ligados al sector de la importación y comercialización de equipos médicos coinciden en que Sereqmed es una “empresa de maletín” y sospechan que engañaron a las víctimas para luego destinar el dinero para otros fines como la compra de dólares en el mercado paralelo. “Fue una empresa de maletín que usaron para engañar a la gente con oportunidades de inversión falsa”, apunta un empresario.

Las actuaciones de la justicia venezolana parecen haber dado algunos resultados. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió el 28 de enero de 2015 la sentencia mediante la cual aprobó la extradición de Robles Bolívar. Tras verificar la “validez formal de la documentación” presentada por Venezuela y confirmar la identidad del “solicitado” se emitió la decisión.

“La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano venezolano José Leonel Robles Bolívar, requerido al Gobierno de Colombia por el de Venezuela, para que sea procesado por las conductas punibles de Estafa y Asociación para delinquir relacionadas en la orden de aprehensión No. 006-13 del 17 de abril de 2013 dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”.

Robles Bolívar llegó a Venezuela en agosto de 2015 y el caso está a la espera de que se inicie el juicio. Además, de “estafa agravada continuada” y “asociación para delinquir”, a Robles Bolívar se le acusa de “legitimación de capitales”.

Pero en diez meses ese retrato se desdibujó en la trastienda de un bufete del Centro Rockefeller de la ciudad de Nueva York. El 5 de mayo de 2014, el equipo del abogado John J. Carney, designado por la Corte de Connecticut como el síndico en el caso seguido contra Michael Kenwood Group (MKG), empresa financiera perteneciente a Francisco Illaramendi, en un texto no mayor a página y media, desistió del proceso en contra de Piero Enrique Montelli Torres, hasta ese instante señalado como cómplice del fraude perpetrado por el propietario de MKG, en contra de al menos unas 70 organizaciones y personas, por más de dos mil millones de dólares, entre ellas Pdvsa, estatal petrolera venezolana a quien habría estafado más de 560 millones según los documentos legales del caso.

La demanda de Carney solo se mantuvo desde entonces en contra del operador financiero de origen libanés y nacionalizado venezolano, Romeo Mouwad y su familia, quienes a través de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas recibieron recursos de los fondos de Illaramendi, pasando primero por las manos de Montelli y su casa de corretaje en Caracas, Inverplus.

“Solo 10% de lo que dice la demanda de Carney es cierto”, indica Montelli para explicar por qué su caso duró solo diez meses en la corte. En entrevista telefónica desde Buenos Aires, este contador venezolano, que se precia de mantener un bajo perfil al punto de nunca antes haber sido contactado por la prensa, niega haber entablado cualquier negociación con el síndico. Asegura que no recurrió al recurso de otros acusados en el caso, que accedieron a abrir fideicomisos a favor del representante de la Fiscalía de Estados Unidos para así evitar ir a prisión mientras se investigaba el fraude.

Montelli en cambio se duele de que el señalamiento en su contra y su relación con Illaramendi lo perjudicaron en su reputación,  así como en términos más tangibles como el tiempo que debió invertir para explicar a las autoridades de diferentes agencias de Estados Unidos cada una de las transacciones en las que se vio envuelto, y en el dinero que tuvo que pagar en los abogados para defenderse de las acusaciones en medio del esquema montado por su excompañero en el Colegio Los Arcos de Caracas, una institución educativa regentada por el Opus Dei.

El reencuentro

Esa tarde de mediados de 2002, el reencuentro fue en Oripoto, al sureste de Caracas, una urbanización de clase media alta, compuestas por casas de uno y dos pisos, rodeada de una verde vegetación y un clima más fresco al del resto de la ciudad. El motivo de la fiesta era reunir a los excompañeros de clase del Colegio Los Arcos.

A ese sitio llegó con su chofer uno de los exalumnos. Era Francisco Illaramendi. A la larga, este chico venezolano, nacionalizado estadounidense, terminaría condenado a más de 13 años de cárcel en Estados Unidos. Pero el Francisco Illaramedi de aquella tarde era solo Pancho, el muchacho buena gente, solidario, caritativo, conversador y tan religioso que rezaba el Angelus todos los mediodías.  Para ese momento había adquirido una cualidad circunstancial que comenzó a forjarse en el verano de 1999, cuando se reunió con el presidente Hugo Chávez en Nueva York, como parte de una delegación de expertos financieros que fueron a hablar de la deuda venezolana. Esa tarde de 2003, muchos de sus compañeros sabían que estaba muy bien conectado con las esferas económicas del chavismo y que sus consejos eran escuchados por quienes manejaban las arcas de la nación, entre ellos el ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, hoy prófugo de la justicia venezolana.

Uno de los participantes en el evento lo recuerda como si la película la proyectara en la pared del frente. Dice este exalumno que muchos se acercaron a saludar a Illaramendi. Otros, cómo él, según cuenta, mantuvieron una distancia que, sin ser hostil, buscaba proyectar el escaso agrado que les causaba la cercanía de Illaramendi con el Gobierno revolucionario. 

Entre quienes se mostraron más atentos con Illaramendi durante la velada, dice esta fuente que pidió no ser identificada, destacó Piero Montelli, hijo de un inmigrante italiano nacionalizado en 1957, dedicado a la construcción, quien junto a sus dos hermanas, su madre y su padre, vivía en un apartamento de la urbanización La Boyera, al sureste de Caracas.

“Montelli fue uno de los que más atención le brindó a Pancho. Creo que se acercaron más desde ese momento y comenzaron a hacer sus negocios. A Montelli le cambió la vida”, señala uno de los invitados al reencuentro.

Realmente Illaramendi solo estudió con ese grupo del Colegio de Los Arcos que se reencontraba esa tarde hasta sexto grado, debido a que su padre, Ramón Illaramendi, miembro del partido democristiano Copei, fue enviado como embajador a Estados Unidos en los ochenta durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins.

“Yo le perdí la pista a Illaramendi hasta que supe que tenía su fondo y lo contacté e hicimos las transacciones a través de la sociedad de corretaje que manejaba en Caracas (Inverplus)”, recuerda Montelli para tratar de zafarse de esa cercanía con Pancho, aunque los documentos de la corte y fuentes consultadas dicen lo contrario.

El camino al ascenso

Montelli, tras comenzar a estudiar ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) desertó y se cambió a Contaduría Pública, cuenta un amigo del bachillerato con quien habla muy eventualmente, pero quien prefirió reservar la identidad. Antes de culminar esa carrera laboraba en el call center del Banco Provincial y más tarde, ya con el grado de contador público, en la firma Espiñera, Sheldon y Asociados. A mediados de los noventa se movía en el pequeño mercado bursátil caraqueño con Interactivos Servicios Financieros, donde trabajó de 1986 a 1989 junto a un experto financiero como Alejandro Lara Anzola, así como con Julio César Polanco Fitzgerald, quien en la actualidad es su socio en negocios en Argentina.

Cuenta otro de los ex compañeros de clases que Montelli, tras sufrir un atraco, decidió emigrar a Canadá. Ya para entonces se había casado con Maribel Aizpun Vásquez, una joven cuyos padres eran propietarios de un pequeño colegio privado.

Regresó a Caracas y en 2003 se involucró en los primeros negocios con dólares que empezaron a realizarse en Venezuela en medio del control de cambio.  Ya para entonces parecía que la fortuna le había sonreído. “Siempre fue muy hábil y de buen olfato para los negocios”, dice la persona que lo conoció en primaria y secundaria.

“Es verdad que mi vida cambió”, responde al preguntársele por su ascenso social. “Hice buenos negocios, como muchos hicieron buenos negocios allá en Venezuela”, comenta para referirse a las oportunidades que el control de cambio y el mercado de las permutas ofreció a hombres de finanzas venezolanos desde 2003, año en que se implementó el sistema.

Los compinches

Documentos de la corte e información hallada en registros de empresas en el estado de Florida, Estados Unidos, revelan que la cercanía con Illaramendi no solo se enmarcó alrededor de MKG.  Desde abril de 2005, según la demanda impulsada por el síndico, Montelli e Illaramendi, trataron de asociarse con Manuel Oliver y Javier Marín, también ex alumnos del Colegio Los Arcos, en la junta directiva de una empresa denominada Weston International Bakery LLC, que era la propietaria de la franquicia Don Pan en Florida. 

De acuerdo con el síndico, en 2005, desde el inicio del fraude, comenzaron las operaciones de Pancho y Montelli en torno a los fondos administrados por el primero, creando una serie de empresas de papel e incluso falsificando documentos para tapar el hueco financiero. Allí se desatan los nudos de una historia común, que se rompería en 2011.

“Para 2005 yo no tenía una casa de corretaje”, apunta Montelli, quien insiste en destacar que la demanda del síndico presenta hechos exagerados para tratar de presionar la recuperación de la mayor cantidad de recursos posibles.

Como parte de su argumentación, Carney –quien, a raíz del esquema Ponzi de Illaramendi, se ha convertido en un verdadero cazador de inversionistas venezolanos– promovió como prueba el extracto del intercambio de correo del 7 de diciembre de 2006, en el que Montelli solicita la cancelación de una suma de dinero proveniente de las ganancias de los negocios de ambos, para pagar una deuda que mantenía con su suegro, quien le prestó para la compra de un apartamento. Ante esta solicitud Illaramendi respondió: “Compinche, yo hago otras transferencias que deben salir mañana. Yo puedo hacer esto por ti la próxima semana, pero solo para que quede claro, en esta operación no había dinero para ‘participación en las ganancias’. No va a haber dinero para la participación en las ganancias hasta que el otro se recupere”. Su amigo le respondió: “Yo sé que no hay una participación en las ganancias… Pero esto es parte de una conversación en la que de manera amistosa acordó enviar una actualización.... Si el problema es el título, lo llaman el lavado de dinero o una estructura financiera de un tercer mundo”. Para el síndico esa última frase fue una evidencia que Montelli sabía a lo que jugaba.

Según la información proporcionada por Carney en el escrito presentado en la Corte del Distrito de Connecticut en julio de 2013, Montelli, en el transcurso del fraude envió correos electrónicos y llamó regularmente a Illaramendi y a otros miembros y empleados MKG y High View Point Partners, la otra firma del hombre de finanzas venezolano nacionalizado estadounidense, “con el fin de negociar y ejecutar las transferencias a su nombre, los demandados y otros, y participa en otros negocios, tratos en nombre de sí mismos y de sus asociados”, entre ellos Romeo Mouwad y la esposa e hijos de este.

Dice el síndico que en ocasiones Montelli se comunicaba con Illaramendi a través de un correo electrónico personal y lo llamaba “Uniqua Backyardigan”, “nombre que deriva del viejo dibujo animado transmitido por Nickelodeon”.

Mientras esto ocurría en las conversaciones privadas reveladas en la corte, a los fondos de Illaramendi seguían ingresando recursos como los de un ex compañero de estudios, Antonio Sinopoli, quien le confió 850.000 dólares, o los seis millones de la empresa Vertra, fundada por el ex ministro copeyano de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, amigo de su papá, todos a la espera de un rápido y sustancial retorno.

Pero entre diciembre de 2010 se vino abajo la pirámide que ya en diciembre de 2005, con un hueco financiero inicial de un poco más de cinco millones de dólares, se tambaleaba soportada sobre decisiones que solo lograron retardar la caída. En su derrumbe arrastró consigo pérdidas para al menos 70 personas y empresas, entre ellas la más afectada Pdvsa, que reclamó un poco más de $560 millones, la mayoría de ellos recursos provenientes de los fondos de pensiones de trabajadores y jubilados de la petrolera estatal, administrados por el ex vicepresidente de Finanzas, Eudomario Carruyo, y su cercano colaborador Juan Montes. El presidente de Digitel, Oswaldo Cisneros, desistió de reclamar más de $170 millones debido a su cercana relación con Illaramendi.

En enero de 2011, Illaramendi se hallaba bajo el cercano escrutinio de la Fiscalía de Estados Unidos y de la Security Exchange Commision (SEC, por sus siglas en inglés; el equivalente a la Comisión Nacional de Valores), pero aún así, de acuerdo con Carney, Montelli seguía cooperando con su amigo, tratando de salvaguardar recursos mientras las autoridades estadounidenses continuaban indagando. En marzo de 2011, Illaramendi se declaró culpable.

“Pancho no volvió a hablar con Montelli”, afirma una persona cercana a Illaramendi, quien asegura que el hombre, hoy sentenciado a 13 años de cárcel, no generó ninguna pérdida a Pdvsa, ni afectó a las otras personas que depositaron recursos en los fondos de MKG y HVP Partners. “Se declaró culpable porque estaba mal asesorado”, ha manifestado su padre, Ramón Illaramendi, en otras ocasiones.

El 13 de octubre de este año, la Corte del Distrito de Connecticut pidió a los abogados de la firma Baker&Hostetler, asistentes del síndico Carney, retirar los documentos del caso Illaramendi o de lo contrario serían destruidos. El sentenciado promovió el 23 de octubre una solicitud para evitar la eliminación de esos papeles porque debe revisarlos para preparar su apelación. “De pronto allí están las evidencias que comprueban las negociaciones realizadas por Montelli para salirse del caso”, comenta la persona allegada al hoy prisionero. Pero desde el otro lado del teléfono, Montelli reafirma que no tuvo ninguna negociación. Expresa que lo de Carney fue un relato exagerado para tratar de recuperar la mayor cantidad de recursos posibles. “Cómo una demanda tan extensa se resuelve en menos de un año”.

El redactor de esta nota escribió a dos de los abogados del síndico y al correo de la página de Carney, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta acerca de las razones que llevaron a desestimar, en 10 meses, el caso contra Montelli.

Mejores Aires

El proceso contra Montelli lo siguió, aunque por un breve tiempo, al país que escogió como destino en 2011, justo cuando Illaramedi caía en desgracia: Argentina. En octubre de 2013, Carney presentó un exhorto en contra de Montelli en una Corte Mercantil de Buenos Aires. Solicitó información de migración y otros datos del contador venezolano que ya para ese momento llevaba tres años en el negocio eléctrico argentino.

Entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013 asumió participación como directivo en tres empresas, junto a su esposa Maribel Aizpun de Montelli y su socio Julio César Polanco Fitzgerald. En 2011, acordó con el también venezolano y quien fuera su vecino en La Boyera en la época de la adolescencia, Miguel Alfredo Mendoza, asociarse para la compra de tres empresas pertenecientes a la norteamericana AES, las distribuidoras Edelap y Edes, más la generadora Central Dique, por un monto estimado en 20 millones. Pero en la actualidad, pese a que sus oficinas funcionan en el mismo edificio, Montelli asegura que ya no trabaja con Mendoza, un abogado graduado en la Ucab, con amplia experiencia en el sector de la energía eléctrica gracias a su trabajo en la transnacional Ashmore. Afirma que mantuvo en operación durante tres años una unidad generadora por la cual el Estado argentino le cancelaba un servicio. Pero como parte del convenio ya entregó el equipo a la autoridad eléctrica del sur, por lo que se encuentra en búsqueda de otros negocios. Desde agosto de 2014 no viaja a Caracas.

Montelli y sus socios venezolanos tuvieron nexos con Alejandro Ivanissevich, un empresario argentino con buena entrada al todopoderoso ministro de obras públicas en los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Julio De Vido. Sin embargo, niega cualquier vinculación con los sectores políticos argentinos o venezolanos, si bien reconoce que en Argentina todo cambia muy rápido, aunque quizás no tanto como evolucionó su caso en la Corte de Connecticut, donde pasó de ser un cómplice fundamental en una estructura fraudulenta a una persona libre de juicio o condena.

(*) Hugo Alconada aportó algunos datos para este reportaje desde Buenos Aires, Argentina.