En 1999 y sin mayores pretensiones fue creada Bancasa S.A., con sede en una casa en Los Naranjos de Guacara, en el centro occidental estado Carabobo. Hoy la residencia exhibe los efectos del paso del tiempo. Pero ninguna señal de vida. Aparentemente abandonada en medio de una urbanización de clase media, ahogada por la crisis venezolana, en su puerta unas mecedoras de madera corroída y un adorno de Navidad se asoman entre la maleza que invadió el espacio.

Manuel João Goncalves Pita, un portugués nacionalizado venezolano de 51 años de edad entonces, registró la empresa. Previsivo, inscribió a su sobrino de 12 años, David Pita Bracho como uno de sus dueños. Y el futuro se tomó su tiempo para cristalizar: Bancasa S.A. descansó en los archivos de aquel registro durante 15 años sin actividad alguna. Cero movimientos, cero balances financieros, cero cambios en su junta directiva o en su razón social, entonces dedicada al sector inmobiliario.  

Pero desde esa animación suspendida Bancasa S.A. saltó sin escalas al escándalo. El nombre de la empresa y la firma de Goncalves Pita, como su representante, figuraron en un contrato de 2019 por el que Bancasa compró 104 lingotes de oro al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), una suerte de alcancía del Estado venezolano creada por Hugo Chávez en 2005 para recaudar los ingresos adicionales no presupuestados que en esa época generaba la exportación de petróleo. La transacción se pactó por más de 68 millones de dólares.

Del documento solo se conoció a posteriori y gracias a las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española y su filtración a la prensa de ese país, que lo publicó como una pieza clave para desentrañar la trama de negociados irregulares que conecta a un grupo de empresarios e intermediarios, con Víctor de Aldama al frente, al exministro de Fomento, exministro de Transporte, exdiputado por el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y, sobre todo, mano derecha del presidente Pedro Sánchez durante la primera etapa de su gobierno (2018-21), José Luis Ábalos.

El escándalo, bautizado en la prensa como el caso Koldo (por Koldo García, un exchofer transmutado en asesor de Ábalos que se encargaba de negociar comisiones en diversas operaciones entre el Estado y proveedores privados), estalló como una bomba de tiempo de efecto retardado a comienzos de 2024. Ya algunas incidencias anteriores habían prefigurado el caso, como el llamado Delcygate, el episodio en el que la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, a pesar de llevar consigo el peso de una prohibición de la Unión Europea para entrar en Territorio Schengen, en enero de 2020 hizo una escala madrugadora en el aeropuerto de Barajas en Madrid donde la recibió Ábalos; o la rápida asignación de fondos de rescate millonarios durante la pandemia a las aerolíneas Plus Ultra -de inversionistas venezolanos vinculados a Camilo Ibrahim, un empresario para esa fecha cercano a Delcy Rodríguez y Air Europa- para cuyo holding corporativo, el Grupo Globalia, Aldama actuaba como lobbista.

En los tribunales españoles, en todo caso, la madeja de chanchullos ha quedado reducida por ahora a dos investigaciones: la venta, con comisiones de por medio, de 2,6 millones de mascarillas por 3,4 millones de euros a el gobierno regional de la Comunidad de Islas Baleares durante la crisis de la Covid 19; y la transacción de los 104 lingotes.

¿Por qué una operación de compra-venta entre un ente del Estado venezolano y una empresa de Guacara tendría que formar parte de un expediente judicial español?

Porque la investigación de la UCO dio con el intercambio de mensajes instantáneos entre Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama, cuyos pantallazos la prensa de Madrid también publicó. Allí se vio que Aldama apuraba a la jerarca del régimen chavista a completar el negocio con Bancasa por los lingotes de oro y a coordinar el traslado del cargamento que, siempre según las investigaciones de la Guardia Civil, se realizó entre el 29 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020 -apenas días antes del misterioso aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas- por una ruta inusual, desde Rusia a Zambia, en la costa occidental africana, y de allí a Venezuela, camuflado bajo la descripción de un envío de material sanitario. Hoy el paradero de ese despacho dorado es desconocido.

Un dato para explicar la figuración en el caso de Bancasa, la minúscula y casi inerte compañía de la quinta desierta en Guacara, es el siguiente: Aldama -hoy en prisión a la espera de juicio- es amigo de David Pita Bracho, el empresario precoz, sobrino de Manuel João Goncalves Pita. Pita Bracho, se hizo propietario del 100% de las acciones de Bancasa en 2018, desplazando a su tío.

Retrato de empresario con sombreros

A pesar de la cobertura amplia que la prensa española ha dado al caso, David Pita Bracho se las había arreglado para mantenerse de bajo perfil. Solo hasta ahora, cuando accedió a responder desde Suiza a un cuestionario que Armando.info le envió por WhatsApp.

Pita Bracho reconoce sin ambages su amistad con Víctor de Aldama, pero asegura que nunca se trató de una relación de negocios. “[Aldama es] un amigo, y una persona espectacular, coincidimos en la tribuna de un juego del Real Madrid. Para ese entonces, Víctor [de Aldama] era accionista de un equipo de fútbol en España y nos entusiasmaba la búsqueda de jóvenes talentos en Portugal & España [sic]. Leo las noticias, y qué triste todo esto en que se ha metido”.  

David Pita Bracho exhibe todas las características de un influencer que hace las veces de un promotor de viajes y lugares turísticos. Pero no lo es. Desde julio reciente sus redes sociales aparecen verificadas, tal como lo hacen figuras públicas y celebridades para certificar que se trata de sus cuentas verdaderas. Allí se deja ver un día en Rusia, otro en China, en Emiratos Árabes, Estados Unidos, México, Israel, Turquía, Inglaterra, Dinamarca y pare de contar. Sus posts rezuman la personalidad cosmopolita de un viajero frecuente, no solo con fines turísticos, sino también de negocios, pues es el fundador de sociedades en al menos cuatro países.  

Poco después de aquella primera vinculación a Bancasa en 1999, David Pita Bracho emigró junto con su madre, Dinorys Bracho Zaid, y su hermano, Danilo Emanuel Pita, a Portugal, la tierra de sus ancestros, donde residió por más de una década. En su cuenta de LinkedIn expone que en Portugal estudió Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad, y además hizo dos maestrías en Gestión Internacional. A los dos años de terminar estos estudios y tras haberse investido como dueño total de Bancasa S.A., regresó al país, aunque solo por un tiempo y cuando estaba empezando la etapa más recia de la crisis socioeconómica, política y humanitaria que se ha hecho crónica en Venezuela.

Al volver al terruño, en 2015, Pita Bracho buscó a viejos conocidos de la infancia y se reintrodujo como un asesor financiero que venía a hacer negocios contra viento y marea. Llegó a Caracas, se hospedó en el Hotel Marriot de El Rosal -la milla de oro de la capital venezolana- y buscó a sus antiguos compañeros del Colegio San Gabriel de Valencia, la capital de Carabobo. Se reunió con ellos en reencuentros que organizó, los invitó a salir en varias ocasiones en las que sus viejos amigos lo notaron extrovertido, espléndido y con ansias de una vida social en Venezuela. Lo recuerdan por intentar pagar las cuentas de todos a quienes invitaba a comer, mientras a sus pares se les evaporaban los bolívares en sus cuentas bancarias como efecto de la hiperinflación. 

Ninguno recuerda haberle preguntado con detalle qué tipo de negocios hacía, pero a esas alturas ya se le reconocía una cierta inclinación por el emprendimiento. De hecho, entre 2006 y 2011 ya había registrado dos empresas en Venezuela, Proyectos EDP y EDP International, orientadas a la construcción, la exploración de canteras y el turismo, sin éxito alguno, al menos en sus relaciones comerciales con el Estado. Las fichas de ambas empresas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) no muestran que hayan cristalizado algún contrato.

Entre tanto, de nuevo junto a su tío, Manuel João Goncalves Pita, el joven Pita Bracho registró en Islas Vírgenes Británicas un fideicomiso bautizado con el nombre Korsyn Investments Limited, destinado a garantizar que las inversiones quedaran dentro de la familia, en caso del deceso de uno o de otro. En caso del fallecimiento de ambos, la madre de Pita Bracho sería la titular de todas las inversiones. 

El dueño no sabe

Entre esa vuelta temporal a Venezuela y a partir de 2015, Pita Bracho se desarrolla como una especie de nómada financiero y reactiva Bancasa, S.A en Venezuela. Puso al día los registros contables que estuvieron en cero durante 15 años, amplió su capital y razón social, y agregó a la venta y compra de bienes raíces, su objeto original, “la venta de acciones y toda clase de títulos negociables, representación de actividades de inversión y toda clase de negocios [sic]”. Su madre, Dinorys Coromoto Bracho Zaid, quedó incluida en la directiva, mientras el fundador, Manuel João Goncalves Pita, se mantuvo por poco tiempo más.

Mientras en Zúrich, Suiza, Pita Bracho abría la homónima Bancasa AG, con un capital de 100.000 francos suizos, destinada a servicios financieros y consultoría empresarial. 

Aunque proveniente de Carabobo, Pita Bracho operó Bancasa S.A. en Caracas desde el PH 3 del Edificio Venezuela, en El Rosal. Remodeló una oficina que, sin embargo, usó por muy poco tiempo. Se fue del lugar en los albores de la pandemia, en marzo de 2020. Frente el local, hoy desierto, se encuentran un par de enormes cajas fuertes que, según vecinos, eran parte del inventario de Bancasa S.A. Vestigios del fugaz paso de Pita Bracho.

En 2018 ocurrió el salto cuántico. En julio de ese año, el joven empresario concentró en sus manos 100% de las acciones de la venezolana Bancasa S.A. y tanto esta, como sus otras empresas, mudaron su dirección a una oficina del Centro Comercial Prebo, en Valencia, estado Carabobo. Hoy ninguna se encuentra operativa en esa dirección, o en cualquier otra del territorio nacional. Bancasa S.A. tampoco tiene teléfono conocido o alguna página web oficial. El dominio del site bancasa-capital.com, registrado por Pita Bracho, refiere a una empresa con ese nombre, Bancasa Capital, que ofrece servicios financieros y de intermediación en negocios pero con sede en Suiza. En ningún momento hace alusión a la homónima Bancasa venezolana o a una tocaya de Singapur, Bancasa PTE, que Pita Bracho también registró.

Al requerírsele un comentario sobre el sofisticado negocio de los lingotes de oro, Pita Bracho aseguró a Armando.info que ciertamente él cuenta "con una larga experiencia en servicios a la industria de la minería, tanto en la operatividad de metales preciosos, como siderúrgicos”, pero rechazó explicar el objetivo de la compra: “Bancasa S.A (Venezuela) es una empresa privada, y solo le rinde cuentas y justificaciones de sus decisiones gerenciales a sus socios”. Aún más, afirmó que no tiene conocimiento ni de los detalles ni del resultado de la transacción, a pesar de que figura en los expedientes mercantiles como dueño de Bancasa. “No estoy al tanto de las operaciones de Bancasa S.A. (Venezuela)", dijo, "tampoco [de] si esta operación en específico se llegó a materializar o no, es un grupo empresarial, cada uno en sus funciones, yo estoy en otros asuntos”. 

En Suiza, Pita Bracho registró media docena de empresas: además de Bancasa AG, incorporó a St Joseph Capital AG, D&D Tex AG, P2P Tech AG y Fisterra Capital AG. Fisterra se creó en mayo de 2018, con el propósito oficial de brindar asesoramiento de inversión y gestión de desarrollo de infraestructuras para empresas petroleras. En agosto de ese año le cambió el nombre a Lukiven AG. 

En Venezuela existe una empresa de nombre Lukiven, vieja contratista de la estatal petrolera Pdvsa, pero en ninguno de sus papeles de constitución o renovación de fichas se encuentra el nombre de David Pita Bracho.

Pero así como usó el nombre de Lukiven para registrar una empresa homónima en Suiza, algo lo llevó a registrar también el país alpino una empresa de nombre Pdvsa AG que tuvo, entre varios objetivos, el de “prestar servicios de consultoría de inversiones y gestión del desarrollo de infraestructuras para empresas del sector del petróleo y el gas”. Poco después cambió el nombre a D&D Tex y completó un cambio radical en su objeto social, que pasó a ser el de negocios textiles. 

Sobre el uso del nombre “Pdvsa”, Pita Bracho explicó a Armando.info que se equivoca quien crea que la denominación aludía de algún modo a la estatal petrolera o expresaba que tuviera negocios con esta. “En ninguna línea del documento hace referencia a la palabra ‘Venezuela’”, subraya.

En el organigrama del emporio internacional de Pita Bracho figura otro grupo de empresas registradas en mayo de 2017 en jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas, un reconocido paraíso fiscal. Todas manifestaban en sus expedientes mercantiles propósitos similares: la importación de piezas relacionadas con la construcción de instalaciones de energías renovables. Son BJM Management Company Limited, VCT Management Company Limited y SVD Management Company Limited. 

La Conexión Delcy

Los señalamientos de la investigación española no constituyen el único episodio con irregularidad que empaña la reputación de Bancasa y de su dueño.

En 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela, entonces controlada por la oposición, inició una investigación sobre las operaciones de Bancasa AG -la homónima suiza- y su relación con bancos oficiales venezolanos, como el Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario. Se adujo como motivo para la indagación que la compañía facilitó operaciones financieras de esos dos bancos estatales, para las que Bancasa supuestamente cumplía un rol de “asesoría” con el Zaman Bank, una entidad financiera en Kazajistán, una nación exsoviética de Asia Central, de modo de eludir las sanciones internacionales.

En el marco de la investigación parlamentaria, el entonces diputado opositor, Chaim Bucaram, presentó desde Venezuela una denuncia al Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitando la colaboración del Fiscal General Adjunto, Brian Benckowski, y del Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, para conseguir el bloqueo y congelamiento de activos relacionados con los señalados.

Pero el ímpetu contralor de Bucaram se apagó en menos tiempo del que habría tomado el trámite de la solicitud. En abril del mismo 2019, formó parte del grupo de siete diputados opositores que viajaron a varios países de Europa para cabildear a favor del contratista predilecto de Nicolás Maduro, el hoy ministro de Industrias y Producción, Alex Saab. Con el mismo grupo a la postre daría nacimiento a la popularmente conocida como la fracción de los alacranes, desertores de partidos de oposición que, en connivencia con el régimen de Maduro, apoyaron la elección de Luis Parra como presidente de la Asamblea para desalojar del cargo al entonces presidente interino rebelde, Juan Guaidó, y también sirvieron de topos para implosionar desde dentro sus partidos o cooptarlos. En el caso de Bucaram, el salto de talanquera le valió la expulsión del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y un repentino desinterés por la investigación de Bancasa.

También en 2020 Washington le impuso sanciones financieras a Bucaram por su presunta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro" para socavar la democracia en Venezuela". Se le vinculó con operaciones irregulares y con la trama de corrupción alrededor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Sobre las transacciones con el banco kazajo, Pita Bracho negó a Armando.info que se haya realizado ninguna compra-venta. “Ni de oro, ni de petróleo, ni de ningún commodity en particular”, dijo. 

Entre la documentación hallada por la policía española por el Caso Koldo, están los intercambios de mensajes en los dispositivos electrónicos de Víctor de Aldama. La conversación entre Aldama y Delcy Rodríguez aborda el negocio del oro y el transporte de los lingotes. El oro debía ser transportado desde Moscú hasta Caracas, con una escala en Zambia.

El 3 de enero de 2020, con el oro ya en el país africano antes de seguir vuelo a Caracas, Pita Bracho mantuvo una conversación con Aldama que refleja algún apremio por resolver un inconveniente con los permisos para el movimiento del cargamento. Entre estos mensajes, revelados por el diario The Objective, de Madrid, se destaca uno en el que David Pita Bracho informa a Aldama: “Yo, los rusos y el africano empujando por todos lados. Esta gente debe ceder, dale un par de horas más”. Según la investigación española, Aldama hizo una captura de pantalla de este mensaje y la envió a Delcy Rodríguez.

Armando.info le preguntó al empresario si validaba lo visto en esa filtración, a lo que Pita respondió: “Me duele saber que Víctor está en prisión preventiva, pero no tengo por qué esconder mi amistad con él, o negar nuestras conversaciones. Habrá sido una conversación de muchas, pero en nada relacionada con temas de oro, o petróleo, no eran esos mis temas con él”. 

En cualquier caso, Pita Bracho ya no permanece en las sombras. Tiene entre sus contactos en redes sociales a personalidades conspicuas del régimen venezolano, como Jorge Giménez, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y conocido operador de Delcy Rodríguez, o Marcos Campos Flores, sobrino de la llamada Primera Dama o Primera Combatiente, Cilia Flores. Ocasionalmente lanza un guiño en X, antes Twitter, al ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, también cercano a Delcy Rodríguez. Aún así, el dueño de Bancasa destaca que con ella no tiene relación: “[Es] la Vicepresidenta Ejecutiva de mi país natal. Ojalá algún día la pueda conocer”.

Antes de conectar con sus vuelos desde Caracas a Madrid y con la isla de Tenerife, en el archipiélago canario, Plus Ultra fraguó una sociedad con inversionistas venezolanos poco conocidos, pero relacionados al emergente grupo empresarial de Camilo Ibrahim Issa, un venezolano de origen árabe que controla la actividad en Venezuela de la marca española Zara, el más conocido entre sus tantos negocios de retail, y que posee otras inversiones en España y el Caribe.

Se trata de Rodolfo José Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie. Los registros muestran que ambos entraron a la junta directiva de Plus Ultra a comienzos de 2017 y tienen una participación “ligeramente superior” al 50%, según admiten, a través de la sociedad española Snip Aviation SL, de la que Rodolfo Reyes es el propietario. Roberto Roselli Miele, también venezolano, de 43 años, es el apoderado de la compañía.

Para que Plus Ultra escogiera como ruta a un país con cinco años consecutivos de contracción económica y que adeuda casi 4.000 millones de dólares a las líneas aéreas, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la presencia de los venezolanos parece determinante.

Constituida en Madrid en 2011 por ex directivos de la fracasada Air Madrid, su nombre rescata el lema latino plus ultra que significa “más allá”, empleado por el Rey Carlos I de España y V de Alemania, y que está inscrito en el escudo español como recuerdo del afán expansionista que tuvo el imperio español en el s. XVI. Recién en 2015 comenzó a volar hacia algunos destinos de Latinoamérica, pero sin consolidarse en el competido sector del transporte aéreo.

La relación de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie con Camilo Ibrahim Issa, en cambio, está cimentada desde hace tiempo. En el caso de Reyes se remonta a cuando era directivo en Bencorp Casa de Bolsa junto a Luis Alberto Benshimol, uno de los principales operadores cambiarios de esa época en el mercado local y cuyo nombre salió a relucir en la investigación de los Panamá Papers relacionado a una firma de Leonardo González Dellán, ex presidente del hoy liquidado Banco Industrial de Venezuela (BIV).

Reyes, incluso, fue detenido en mayo de 2010 en el marco de la razzia que contra las casas de bolsa ordenó Hugo Chávez. El Gobierno culpaba a esas entidades financieras de disparar la paridad cambiaria en el mercado “paralelo” de divisas que funcionaba al margen de las tasas oficiales. El ahora socio de Plus Ultra fue acusado de “simulación de operaciones bursátiles”, estuvo 50 días preso y dos años con régimen de presentación, pero tiempo después la causa fue sobreseída.

De su etapa en Bencorp Casa de Bolsa nació la relación con los negocios de Camilo Ibrahim, especialmente cuando lo asesoró financieramente en 2007 para la adquisición de la operación de Zara en Venezuela. “En esa relación de cliente y asesor financiero terminamos de socios y, bueno, la vida nos ha llevado a ser grandes amigos”, admite Reyes.

Aunque de bajo perfil, su nombre sonó nuevamente en otro escándalo cuando, en agosto de 2017, Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República destituida por Nicolás Maduro, lo vinculó a la trama del negocio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de los colombianos Alex Nain Saab y Álvaro Pulido Vargas. De esa conexión no hay rastros y tanto Rodolfo Reyes como Raif El Arigie la niegan. Sí está documentada la que mantienen con Camilo Ibrahim a través de empresas en Venezuela y Panamá. Los tres son investigados por la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, según informó a finales de noviembre el diputado Freddy Superlano. Los empresarios insisten en que no participan en el negocio de los CLAP y que han respondido a las peticiones del parlamento.

Puente aéreo

“Creamos conexiones, unimos personas”, dice el eslogan de Plus Ultra Líneas Aéreas. Aunque se refiere a la unión a través de sus vuelos también resume el lazo empresarial surgido entre Caracas y Madrid. Antes de llegar a la junta directiva de la aerolínea, Rodolfo Reyes y Raif El Arigie compartieron directorio en compañías ligadas a Camilo Ibrahim.

En SFCO Properties S.A, registrada en Panamá en abril de 2015, Reyes y El Arigie destacan como directivos junto a Mohamed Ibrahim Ibrahim, familiar y socio de Camilo Ibrahim en la filial venezolana de Phoenix World Trade Inc, la firma panameña con la que maneja el negocio de retail. Reyes, además es director de Textiles Zanzibar, la empresa que sustituyó a Zara Venezuela, toda vez que el grupo español Inditex dejó en manos de Camilo Ibrahim la suerte de la marca y el negocio en Venezuela.

Los datos de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) revelan que entre 2004 y 2012 las empresas Phoenix World Trade Inc, Phoenix World Trading y Zara Venezuela, ahora Textiles Zanzibar, recibieron liquidaciones por casi 70 millones de dólares. Tras un 2013 de dificultades, en 2014 las tiendas venezolanas de Zara fueron noticia al verse abarrotadas de clientes luego de que el grupo acordara con el Gobierno la obtención de divisas en el sistema complementario Sicad, más caro que el preferencial pero más atractivo que la tasa del mercado paralelo, a cambio de reducir sus ganancias. Pero el que está alrededor del sello de Zara no es el único vínculo de los ahora directivos de Plus Ultra con Camilo Ibrahim.

Raif El Arigie y Camilo Ibrahim formaron parte de Pentech Ingenieros 05, una compañía venezolana dedicada al desarrollo de proyectos industriales y energéticos. Esta empresa pertenece a la española Pentech International SL, a la cual Camilo Ibrahim ha representado en Caracas. En su sitio de internet, Pentech se describe como una “organización multinacional con casa matriz en España”, pero la mayoría de sus proyectos los ha desarrollado para el Gobierno venezolano. Además de la web oficial de la compañía, así lo muestra también el Registro Nacional de Contratistas (RNC), que enumera más de diez contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras compañías públicas como Venezolana de Teleféricos o la fallida Empresa de Pulpa y Papel (Pulpaca).

El 7 de marzo de este año Raif El Arigie se desvinculó de Pentech Ingenieros 05 y asegura que “no tenía participación accionaria”. Pese a ser director dice que su participación "era prácticamente inexistente”.

Rodolfo Reyes y Raif El Arigie también comparten cada uno por su cuenta relaciones en otras sociedades panameñas con familiares y socios de Camilo Ibrahim, como Luis Ibrahim Issa o William Ibrahim Issa. En Snip Aéreo Inc., registrada poco antes de que ingresaran a la junta directiva de la aerolínea, y con nombre similar a la firma española que controla las acciones en Plus Ultra, ambos figuran en la directiva con Ibrahin Ibrahin Ibrahin.

Entre los objetivos de esa empresa destaca el de “realizar consultorías o prestar servicios profesionales relacionados con la administración, mejoramiento, financiamiento, organización o construcción de cualquier tipo de empresa, negocio u obra, más servicios de tecnología, consultoría, inteligencia comercial y desarrollo de aplicaciones, consultoría en aeronáutica, aviación, transporte y logística”. Reyes explica que la constituyeron pensando en la operación de Plus Ultra, pero que “no fue necesaria” y no ha tenido ningún tipo de actividad.

Son esos nexos los que explican que desde el comienzo de sus operaciones en Venezuela Plus Ultra se le relaciona al nombre de Camilo Ibrahim. “Estamos vinculados en otros negocios pero no en ese en específico”, insiste Raif El Arigie, quien en alguna oportunidad ha figurado como abogado del propio Camilo Ibrahim.

De lo que no hay dudas es que la entrada de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie significó una expansión para Plus Ultra. En septiembre de 2017, meses después de que el dúo venezolano se incorporara formalmente al accionariado, el capital se elevó a nueve millones de euros y, un año después, pasó a los 18,8 millones de euros, cuatro veces más que el monto con el que nació en 2011 la empresa.

La ruta desde Venezuela reanimó a la compañía, que en siete años no pudo afianzarse, venía de fracasar en Chile y descartaba, hasta hace muy poco, incluir Venezuela entre sus destinos. “Sobre el papel hay países, conocidos de todos, que teóricamente tendrían que tener una fortaleza económica importante y, sin embargo, están hechos un desastre, todos lo conocemos”, declaró en junio de 2016 el entonces presidente de la aerolínea, Fernando González, en una clara alusión a la crisis que ya despuntaba en Venezuela. En esa oportunidad inauguraba la ruta Lima-Madrid y, entre las opciones de nuevos destinos que estudiaba la empresa, el directivo asomó Bogotá y San José de Costa Rica. “Conocemos el mercado más que nuestros socios españoles que, cuando comentamos de ir a Venezuela,  dijeron que era muy complicado”, admite hoy Rodolfo Reyes.

Plus Ultra Líneas Aéreas, incluso, sufrió impagos de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana, cuando esta fletó algunos de sus aviones para llevar de regreso a Venezuela a pasajeros varados en el aeropuerto de Madrid por incumplimientos de la propia Conviasa. “Nos pidieron que le hiciéramos unos vuelos a Venezuela, lo hicimos en prepago, quedó uno pendiente, se tardaron, pero pagaron. No tenemos nada que reclamarle a Conviasa”, explica Reyes.

En marzo de este año, dos meses antes de que empezara la ruta Caracas-Madrid, los directivos de Plus Ultra se reunieron con los de Conviasa. “El presidente de Conviasa M/G Edgar Cruz Arteaga sostuvo un encuentro con representantes de Plus Ultra Líneas Aéreas, con el fin de estudiar posibles conexiones y alianzas estratégicas”, informó la línea venezolana en Twitter. Para Plus Ultra la Venezuela de la crisis interminable, letal para muchos otros negocios, ha resultado un inesperado salvavidas.

Un vuelo inesperado

Las perspectivas de Plus Ultra ahora son tan favorables que anunció la compra de tres aviones. Julio Martínez, vicepresidente de la aerolínea, lo dijo en abril pasado durante el evento de presentación del proyecto a la prensa venezolana. El directivo aseguró que la “compañía española” realizó un “estudio muy severo sobre Venezuela” y que no duda del “éxito” que tendrá. “Tanto es así que ya hemos fletado o hemos comprado, mejor dicho, tres aviones más que se incorporan el año 2019 para volar todos los días a Caracas desde Madrid”. Es el plan de expansión de la empresa y, al menos, uno de esos tres aviones ya fue adquirido para completar una flota de cuatro Airbus A340-300.

“¡Desde Mintur celebramos la llegada de Plus Ultra! Se amplía la conectividad aérea internacional tras recibir ayer su vuelo inaugural Madrid-Caracas, próximamente se suma la ruta Tenerife-Caracas. ¡Logro que consolida el avance del desarrollo económico de la Patria!”, festejó en Twitter el 23 de mayo Marleny Contreras, Ministra de Turismo y esposa del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

En el sector aeronáutico venezolano la irrupción de Plus Ultra fue sorpresiva y no dejan de verla con cierta sospecha. Fuentes consultadas destacan, por ejemplo, la rapidez con que recibió los permisos y certificaciones para volar en Venezuela. En la Gaceta Oficial 41.366 del 22 de marzo de 2018 consta el “permiso operacional” por un plazo de cinco años que se le otorgó a la compañía. La solicitud ante las autoridades se hizo tres meses antes, el 21 de diciembre de 2017.

Entre las exigencias impuestas a la empresa, de acuerdo a ese documento, destacan que “el control y la dirección de la empresa en su mayoría deberán estar a cargo de personas de nacionalidad española” y que “el patrimonio accionario debe ser nominativo y en su mayoría pertenecer a personas de nacionalidad española”. Está claro que su incumplimiento no ha sido obstáculo para Plus Ultra que, junto a Turpial Airlines, una aerolínea venezolana con vuelos locales e internacionales que pertenece a un militar y ex funcionario del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), parecen las únicas capaces de irrumpir en la Venezuela de la crisis.

Recientemente el Vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, informó de un acuerdo con Air Europa según el cual la compañía aceptará pagos a través del Petro, la criptomoneda creada por el Gobierno venezolano como mecanismo para evadir las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump en agosto del año pasado.

Plus Ultra, por su parte, promociona sus vuelos en 795 euros desde Caracas a Madrid, y 789 euros el que va desde la capital venezolana hasta Tenerife. En su tren directivo destacan ex gerentes de aerolíneas venezolanas como Santa Bárbara Airlines o Avior, otra señal de que la identidad de la línea cada vez es más venezolana. “Estamos tratando de hacer algo positivo dentro de la crisis, somos venezolanos y el mercado que conocemos es Venezuela”, sostiene Raif El Arigie.

Una frase que es toda una contradicción, pues si algo destaca en los millones de cajas CLAP repartidas los últimos meses no es la fortaleza de la producción venezolana sino el surtido de productos importados desconocidos en el mercado venezolano, de dudosa calidad en algunos casos y que han engordado las cuentas de, al menos, una decena de intermediarios –muchos de ellos registrados en paraísos fiscales- para importar los alimentos mayoritariamente desde México, pero también de Uruguay, Chile, Brasil y Panamá.

Las rutas del negocio detrás de los CLAP parecen interminables y llegan hasta el viejo continente, específicamente a Sabadell, ubicada a 30 kilómetros de Barcelona, España, donde hay una empresa ganando millones de dólares con el programa creado por Nicolás Maduro hace dos años para enfrentar lo que califica como “guerra económica” y atender a una población golpeada por la inflación y el desabastecimiento.

Allí está registrada MIR Importació i Exportació SL, una empresa que como otras de las favorecidas por el Gobierno, tiene una presencia más bien fantasmal. Apenas existe en el registro y en la web, pero la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) -el holding estatal que centraliza las importaciones públicas- le otorgó contratos para el suministro de dos millones de cajas CLAP.

Documentos revelan que la sociedad catalana facturó a un precio de 34,87 dólares por unidad, lo que supone 34 millones 870 mil dólares por cada millón de despensas enviadas a Venezuela. Ese fue el monto del primer contrato suscrito por MIR Importació i Exportació con Corpovex bajo la identificación CPVX-CJ-CONT-0034-2017. Fuentes conocedoras del negocio agregan que el cumplimiento de ese convenio estaba atado a un segundo pacto para el suministro de otro millón de cajas CLAP que finalmente se suscribió bajo el número CPVX-CJ-CONT-0067-2017.

Well Though Consultants, una consultora dirigida por el Mayor General del Ejército, Hebert García Plaza, ex Ministro de Alimentación y de Transporte Acuático y Aéreo en los primeros años de la administración de Maduro, también le atribuyó a la compañía dos millones de cajas en un listado de empresas relacionadas a los CLAP que filtró recientemente en las redes sociales.

Los dos millones de cajas le permitieron a MIR Importació i Exportació percibir de las arcas venezolanas casi 70 millones de dólares en cuestión de meses. No es una cifra menor si se piensa en compañías como Empresas Polar, el mayor grupo privado de Venezuela, que acumula más de 1.000 días a la espera de que las autoridades le cancelen un impago de 130 millones de dólares, producto de importaciones realizadas por la compañía, pero que nunca fueron liquidadas por Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

A MIR Importació i Exportació, sin duda, le está yendo mejor con los CLAP sin necesidad de levantar plantas industriales o contratar a miles de empleados como Empresas Polar. La compañía de Sabadell no tiene trabajadores, ni despacho propio, ni siquiera un teléfono de contacto. El número español colocado en las facturas remite a la gestoría que realizó el registro de la sociedad, mientras que el número venezolano lo atiende una persona que asegura no saber nada de MIR Importació i Exportació o sus negocios. La petición de entrevista enviada al correo electrónico para este reportaje nunca fue contestada.

Aunque creada para el comercio de alimentos, MIR Importació i Exportació fue registrada en 2011 por un farmacéutico de L’Hospitalet (Barcelona). Hace dos años, “tras tenerla casi inactiva desde el principio”, decidió liquidarla, explica al ser consultado por el diario El País de España. “Pero cuando fui al gestor a hacer los trámites, me dijeron que había una persona interesada en comprarla. Me pagaron los gastos que me había ocasionado, pero así pude recuperarlos”, dijo pidiendo mantener su nombre en reserva.

Esa operación ocurrió en octubre de 2016, justo cuando los CLAP tomaban fuerza en Venezuela y a México comenzaron a llegar empresas intermediarias del Gobierno venezolano como Postar Intertrade Limited en busca de toneladas de alimentos como arroz, azúcar, atún enlatado, mayonesa o leche en polvo, algunos de los rubros que contienen las cajas CLAP.

Los datos de MIR Importació i Exportació que figuran en el registro mercantil son los de una gestoría de Sabadell, a cuyas dependencias fue trasladada la sede social tras su compra. Como accionista y administradora de la sociedad aparece una venezolana, hija de la pareja de quien realmente se encarga de gestionar el negocio: Juan Vicente Roversi Thomas. Él es “representante legal” de la compañía ante la estatal Corpovex y desde febrero del año pasado funge como “apoderado”, de acuerdo a los papeles de registro.

Se trata del mismo Juan Vicente Roversi que hasta 2012 fue director de proyectos especiales en la Alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui –al oriente del país-, durante el gobierno de Stalin Fuentes, hombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y cuya gestión fue cuestionada hasta por sus correligionarios.

De acuerdo al testimonio de personas de su entorno, Roversi vive entre España y Venezuela. Un empleado de la gestoría confirma que prestaron “varios servicios” a MIR Exportació i Importació, pero sostiene que dejaron de trabajar con la empresa. “Si siguen nuestros datos en el registro mercantil es porque los dueños de la empresa no han atendido nuestras peticiones de modificarlos”, explica.

El cómo Juan Vicente Roversi y su compañía lograron sellar el acuerdo millonario con Corpovex es algo que sólo pueden responder en la estatal venezolana que preside el Mayor General de la Aviación Giuseppe Yoffreda. Sí está clara, en cambio, la ruta seguida por la compañía en el intercambio. A finales de octubre del año pasado, por ejemplo, MIR Importació i Exportació despachó ocho contenedores con 12.768 cajas CLAP desde el puerto de Manzanillo, en Panamá, hacia La Guaira, en el caribe venezolano. Esa no es la única vía que ha empleado Roversi con la sociedad catalana.

Al igual que otros intermediarios como Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong y que la Fiscal destituida Luisa Ortega Díaz vinculara con el propio Nicolás Maduro, que Million Rise Industries Limited o J & B Internationtal Trading, la empresa de Sabadell también compró en México toneladas de alimentos que luego despachó y cobró al Gobierno venezolano.

A comienzos de febrero de este año, por ejemplo, llegaron desde el puerto de Veracruz al de La Guaira 11.128 cajas CLAP en ocho contenedores despachados por MIR Importació i Exportació para el Gobierno venezolano. Los registros de ImportGenius, base de datos especializada en comercio internacional, revelan que fue a partir de agosto del año pasado cuando la compañía inició la compra de toneladas de alimentos a proveedores aztecas como Solo un Precio Servicios Inmobiliarios y La Cosmopolitana. Este último también vendió las cajas CLAP a Million Rise Industries Limited, otra sociedad de Hong Kong que luego revendió la mercancía a Corpovex.

Además de Panamá y México, la sociedad inscrita en Sabadell también despachó productos entre octubre y noviembre del año pasado desde los puertos colombianos de Buenaventura y Cartagena, según los reportes de Panjiva, otra fuente de intercambio comercial. “Entre el año 2017 y 2016 nosotros cuatriplicamos la cantidad de toneladas de alimentos que le llevamos al pueblo y hemos atendido un promedio de 6 millones de familias”, dijo Nicolás Maduro en su reciente festejo del segundo aniversario de los CLAP. Aunque no ofreció mayores detalles los números, hoy no quedan dudas de la magnitud del negocio detrás de su idea de los CLAP, especialmente para los traders.

Hace semanas Freddy Bernal, Ministro para la Agricultura Urbana y jefe de los CLAP, indicó que en 2016 se comercializaron alrededor de 27 millones de combos de alimentos, cifra que escaló a los 91 millones un año después. De ese total, 86 millones se armaron con productos importados gracias a los intermediarios del Gobierno.

El negocio detrás de esas intermediaciones es tal que a Corpovex no le ha importado pagar 3,3 dólares más por la misma despensa CLAP en apenas cuestión de días. Así, mientras MIR Importació i Exportació facturó a Corpovex el 30 de octubre de 2017 cada caja en 34,87 dólares, veinte días antes J & B International Trading, registrada en Miami, le tasó a la estatal venezolana cada despensa en 31,57 dólares. Otros de los traders también se han movido en una banda de entre 34 y 39 dólares lo que significa que sólo en 2017 el Gobierno venezolano pudo gastar entre 2.500 y 3.500 millones de dólares en el programa estatal.

El volumen del negocio también nubló a las autoridades venezolanas, que ofrecieron durante meses a los venezolanos al menos ocho marcas mexicanas de leche en polvo que incumplían los mínimos nutricionales que impone la legislación nacional. A pesar de ser uno de los productos más caros dentro de las cajas CLAP el producto era, en realidad, un engrudo bajo en proteínas y calcio, pero alto en carbohidratos y sodio, tal y como demostró el análisis químico realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a pedido de Armando.info.

Hasta la fecha nadie del Gobierno se ha referido al tema, ni ha explicado por qué ha optado por intermediarios fantasmales para ejecutar el plan con el que pretende controlar la alimentación de la población más necesitada. Los traders como MIR Importació i Exportació se frotan las manos. “Ser una corporación líder en alimentos y bebidas, productos de farmacia, higiene personal y belleza, productos de aseo para el hogar tanto en España como en los mercados de América Latina y el Caribe, donde participaremos mediante alianzas estratégicas que garanticen las expectativas de nuestros clientes y asociados”, manifiesta en su web. Con el negocio de los CLAP encontró la llave de los millones.

Ahora, en 2016, Cambio16 está cambiada. Nunca se fue de los quioscos y hasta se encuentra en Internet, pero su trayectoria de 43 años de altibajos –con algunos tramos que no han sido dignos de su pasado glorioso– acaba de encallar en las manos de unos dueños tan nuevos como inesperados: unos hermanos venezolanos que, en su gran mayoría, han obtenido jugosos contratos con instituciones afines a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que en 2010 ayudaron a instalar toldos junto a los centros de votación. También han prestado servicios a las alcaldías de Baruta y Chacao controladas por la oposición.

En realidad este relanzamiento data de casi dos años atrás, en noviembre de 2014. Llegó en lo que algunos llaman la “Segunda Transición” de España, tras la erupción del llamado movimiento de los indignados –formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011 contra las políticas del bipartidismo español– y del ascenso de partidos alternativos como Podemos y Ciudadanos en desmedro de la tradicional mancuerna de populares y socialistas. De hecho, ese, el de la Segunda Transición, fue el título de una de las portadas de esta nueva época de la revista que, por cierto, también coincide con otra posible transición, la que iría del chavismo, tal como se dio a conocer, hacia lo que sea que venga después en Venezuela.

Desde Venezuela desembarcaron en España y en la revista los hermanos Neri Bonilla, Francisco y Jorge, propietarios en la península del Grupo EIG Multimedia, una empresa que, según los informes mercantiles que presenta el portal Empresia, dispone de un capital social de 3.359.812 euros, patrimonio de 1.591.440 millones de euros y el resultado de su último ejercicio en rojo, con un déficit de 513.100 euros. Pero en el bagaje de estos empresarios no son las únicas cifras rojas, el color de identidad de la revolución bolivariana en Venezuela.

A pesar de haberse codeado con los altos círculos de la sociedad española, los Neri no son muy conocidos entre los círculos empresariales venezolanos. Eso sí, sus vínculos con Venezuela no están rotos del todo; por el contrario: la revista mantiene una redacción binacional, con salas paralelas en Madrid y Caracas.

Francisco Neri posee una empresa en el país, Sinergia Total. La sede está en El Rosal, en el municipio Chacao de Caracas, en una quinta entre la Policlínica Americana y la sede de la Oficina Nacional Antidrogas. En ese espacio también se encuentra una sede de Seguros La Constitución –la aseguradora del empresario Omar Farías Luces– y una pequeña galería de arte. No hay cartel o identificación alguna en la puerta, Registro de Información Fiscal (RIF) o seña. Al llamar al intercomunicador sí responden ante el nombre de Sinergia Total. Pero no dejan pasar más allá de la primera puerta, de un pequeño estar con las paredes de concreto y, de nuevo, ninguna identificación con el nombre de la empresa. Si bien confirman que desde allí se trabajaba para Cambio16, advierten que tienen “otros clientes bajo un contrato de confidencialidad”, por lo que no se pueden mostrar las facilidades de Sinergia Total-Cambio16 a terceros. Todo lo que se quiera saber se debe escuchar de la boca de Óscar Abou-Kassem, el director de la revista.

Una agencia de eventos

En la página web de Jorge Neri Bonilla, el otro hermano, aparece un apartado especial de esta empresa, Sinergia Total Eventos, donde ofrecen “la mejor presentación a sus eventos, dando una innovadora y notable presencia a su imagen y productos en los lugares de mayor exposición para los medios, así como el público en general”. También se ofrecen como asesores y productores.

De acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RCN) de Venezuela, Sinergia Total, con Francisco Neri Bonilla como administrador principal, con frecuencia ha prestado servicios a dos clientes principales: al Gobierno del Distrito Capital –un organismo creado a la medida por Hugo Chávez en 2009 para restar atribuciones a la Alcaldía Metropolitana, a cargo del opositor Antonio Ledezma– y la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas, zona correspondiente al centrooeste proletario de la capital venezolana. La actividad, muy intensa en 2010 y 2011, se registró sobre todo cuando en la Alcaldía –como ahora– figuraba como titular el ex presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ex vicepresidente de la República bajo Chávez, Jorge Rodríguez, y en el Gobierno del Distrito Capital su aliada, Jacqueline Farías, también dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Entre los muchos contratos que aparecen como ejecutados está el de la Alcaldía de Libertador para la “organización y adecuación de espacios para las torres publicitarias alucivas” (sic) al Bicentenario del 19 de abril –la ocasión en 1810 del primer grito de Independencia en Venezuela–, para juegos parroquiales en distintas locaciones de Caracas, o para un concierto en el parque Los Caobos en diciembre de 2010.

El Gobierno del Distrito Capital, por su parte, aparece contratando por esa época a Sinergia Total para el acto de juramentación de diputados en la Plaza O’Leary de Caracas el 31 de enero de 2011 y para actividades de los consejos comunales en la parroquia caraqueña del 23 de Enero, así como para organizar el centro de acopio de damnificados en febrero de 2011, es decir, el centro donde atendieron a las víctimas de las lluvias de los meses anteriores.

El Ministerio de Interior y Justicia también aparece como cliente, así como el Ministerio de Educación, que hizo uso de esta empresa para la instalación de toldos en los centros de votación el 24 de septiembre de 2010, dos días antes de las elecciones a la Asamblea Nacional. No precisa qué tipo de toldos son, si bien, los que suelen aparecer en esas jornadas están asociados al Psuv, el partido del Gobierno, y son los llamados “puntos rojos”, tema de controversia en el país porque ejercen influencia sobre los electores el propio día de votación.

La revista española tiene otras publicaciones hermanas como Cambio Financiero, de antigua data, o Energía16, que apareció en noviembre de 2014. En este rubro, el de petróleo y energía, la experiencia de los hermanos Neri también se une a Venezuela. En su web, Jorge Neri se describe como “negociador y empresario, especializado en consultoría estratégica de negocios, fusiones y adquisiciones, negociación y finanzas corporativas, centradas en la industria de la energía y América Latina”. También se dice fundador y director en empresas con “especial énfasis en el sector de la energía en la región”.

El petróleo también es un tema, que al menos de modo transversal, les ha tocado. Entre la cartera de clientes de Sinergia Total aparece la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), la filial de la petrolera estatal, Pdvsa, para eventos como la transmisión de varios juegos deLaVinotinto, la selección de fútbol, conciertos, ruedas de prensa, un evento cultural y deportivo en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela y así hasta los 94 contratos solo hasta 2012.

Venezuela no es el único puerto donde se extiende el legado de la española Cambio16. Según el portal InfoEmpresa, la revista tiene como administrador único a EIG Multimedia S.A.R.L., empresa a su vez afincada en Luxemburgo. Parte de los pagos regulares que se hacen en la revista provienen de ese país. Fuentes cercanas a la redacción cuentan que esto ha causado recelos, pues el Gran Ducado en los Países Bajos es reconocido como un paraíso fiscal.

Los hilos del negocio llevan hasta otro paraíso fiscal, en este caso, Panamá, donde desde enero de 2012 está registrada Sinergia Total S.A., con Daniel Mijic como representante.

La prosapia de la revista

En la España de 1971 las suecas campaban por las playas en topless para horror de muchos y deleite de otros y en los guateques (minitecas) se movía el esqueleto con “Help, ayúdame”, el tema que le dio éxito al cantante Tony Ronald. Pero también fueron los tiempos en los que el director del Diario Madrid era obligado a pagar una multa de 250.000 pesetas (3.623 dólares de entonces) por un artículo titulado “Ni Gobierno, ni oposición”. Eran los últimos coletazos del franquismo, un régimen que, aunque había visto unos años de apertura y desarrollismo económico, no dejaba de ser una dictadura.

El 22 de noviembre de aquel año salieron a la calle 2.000 ejemplares de Cambio16. De ellos solo se vendieron 800, pero su apariencia prometía. La portada era rompedora para la época, un diseño de Michel Malka con una caja fuerte hecha un mazacote de hielo y la leyenda “Inversión congelada”. En el interior, 52 páginas y un editorial que dejaba las intenciones claras, enfoques distintos para las mismas noticias, osadía informativa para dar al traste con el periodismo ramplón que se venía haciendo en el país y, en definitiva, garantizarle a la España del futuro uno de los principios fundamentales de la democracia para entonces ausente, la libertad de expresión.

Su primer director, Juan Tomás de Salas, licenciado en Derecho, venía de diferentes aventuras en el mundo del periodismo. En España fue parte de la clandestina Agencia de Prensa Española Libre. Luego, en los siete años que estuvo en el exilio, fue crítico de cine en El Tiempo de Bogotá y, en París trabajó para France Presse y TheEconomist para América Latina, donde cultivó el estilo anglosajón que imprimiría a Cambio16. Quería una revista “nueva en lenguaje, desarrollo, enfoque, combativa y criticona, que sirviera para analizar lo que pasaba en España”.

La redacción estaba formada en su mayoría por periodistas liberales y socialdemócratas, con alguno del Partido Comunista, férreo enemigo del régimen. Pronto se empezó a decir que la revista estaba financiada por la CIA o por multinacionales, incluso que era el órgano informativo de la banda terrorista ETA. Lo cierto es que hasta nueve ministros de Franco eran accionistas. 

La revista fue la palestra de políticos de oposición y dirigentes en la clandestinidad que de otra manera no podrían haber aparecido en los medios españoles. Esto le daba todas las papeletas para someterse al secuestro preventivo de la publicación, una medida común en el Ministerio de Información de la época. Estas circunstancias no ayudaban en nada a la ya maltrecha economía de la revista, que a duras penas logró reunir los cinco millones de pesetas (72.463 dólares de entonces) necesarios para su lanzamiento. Pero cuanto más roce tenía con la censura franquista, mayor era el prestigio que adquiría como adalid de la libertad de expresión, incluso después de que el Caudillo, Francisco Franco, muriera en 1975. Al año siguiente estuvieron al borde del secuestro preventivo cuando llevaron en portada una caricatura del rey Juan Carlos I quien, como si fuera el actor de Hollywood Fred Astaire, bailaba sobre Manhattan. Fue el mismo monarca el que intervino para evitar el secuestro. En 1978 no se libró del secuestro tras una querella de un empresario cuyo nombre aparecía relacionado con actividades de espionaje.

Pero el hito más sonado fue en 1983. Dos ediciones fueron secuestradas por artículos referidos al caso Almirón, donde se daba cuenta de los crímenes de Eduardo Almirón, jefe de la escolta personal de Manuel Fraga, entonces presidente de Alianza Popular, el germen del actual Partido Popular. Almirón era un conocido dirigente de la Triple A, la Alianza Apostólica Anticomunista, un grupo terrorista de los últimos tiempos de Franco. El entonces director de Cambio16, Pepe Oneto, dijo que la medida era “el atentado más grave contra la libertad de expresión cometido en España desde la aprobación de la Constitución de 1978”.

La situación política se fue normalizando a lo largo de los años 80. Los tiempos exigían un viraje en los contenidos y por eso Cambio16 se avocó al contenido social y general y cada vez menos al político. La competencia se recrudeció con la aparición del diario El País y de Diario16, del mismo grupo. Aparecieron nuevos semanarios como Tiempo o Época. Sumado a los problemas financieros, la revista perdió vuelo, aunque nunca dejó de publicarse, si bien durante algunos años casi de modo residual.

La marca, sin embargo, conservó un halo de prestigio que por mucho tiempo tuvo el poder para traspasar fronteras. En 1993 el periodista de investigación colombiano Daniel Samper Pizano y unos socios españoles intentaron franquiciar la revista para arrancar con una edición para la América de habla hispana. Su intento fue vano. Pero Gabriel García Márquez, junto a un grupo de periodistas, le compró Cambio16 América en 1998.

La revista, bajo el nombre simplificado de Cambio, circuló en Colombia hasta 2006, cuando ya García Márquez se había apartado del negocio por razones de salud y la publicación estaba en manos del Grupo Planeta. En 2002, el escritor había conseguido un acuerdo con el grupo multimedia Televisa para lanzar una edición en México y otros países del hemisferio. El proyecto, que a la postre naufragó, puso en evidencia el interés constante por parte de inversionistas latinoamericanos en sacar provecho a la marca, una intención que cristalizó, quizás con retardo, en 2014 con la llegada de los venezolanos Neri Bonilla.

La Segunda Transición

En conversación por Skype, Óscar Abou-Kassem, actual director de Cambio16, confirma que hay una actividad compartida entre las dos orillas, España y Venezuela. “La revista aún tenía prestigio en América Latina y ellos (los hermanos Neri) lo vieron como una oportunidad de negocio, como empresarios obviamente no quieren perder dinero. Tienen un sentido de la empresa bastante encomiable”, cuenta.

Sobre su trabajo cotidiano y el devenir de la revista, asegura estar encantado con el desempeño de los hermanos, “no influyen en la línea, aunque obviamente tienen interés con Venezuela, pero entienden que la revista tiene más enfoque en lo español. Deben ser cosas relevantes las que pongamos, no podemos seguir al día a día lo que pasa en el país”. Él se incorporó al equipo como redactor en diciembre de 2014 y toma el cargo en septiembre de 2015. Antes estuvo en su puesto el periodista Daniel Lozano, quien además es corresponsal en Venezuela de El Mundo.

Con la salida de Lozano emergió también la polémica sobre los intereses de los nuevos propietarios. Su relación con ellos cambió cuando desde Caracas pretendieron imponerle una portada que sustituyera a la propuesta elaborada para el número de septiembre de 2015, titulada “Los retos del cambio climático”. La redacción escribió una carta apoyando la decisión del director y se respetó la portada, pero desde entonces, cuentan fuentes al tanto de la historia, los propietarios quisieron meterse más en los contenidos de la revista e irse a una línea con “más culos, más autoayuda, más picante”. También se eliminaron algunas noticias sobre Venezuela en la web de Cambio16, concretamente una sobre las marchas estudiantiles contra el presidente Maduro y otra del apoyo del ex presidente Felipe González a los presos políticos.

Pero desde Cambio 16 aportan otra versión. El director general de EIG Multimedia, Javier Ramírez, afirma que los hermanos Neri “no saben lo que va en la revista hasta que se publica”. Y agrega: “A Daniel Lozano le pedimos mayor compromiso con la revista. Él compartía sus labores en la revista con sus labores de corresponsal desde Venezuela para El Mundo (España) y La Nación (Argentina). A partir de entonces cambió todo. Su comportamiento y actitud se tornaron violentos y tuvimos que prescindir de sus servicios. Y con respecto a las notas que se han levantado, debo decir que fue él quien lo hizo porque eran incorrectas”.

Ahora España se enfrenta a un nuevo cruce de caminos y a un panorama inédito. La abdicación de Juan Carlos I, los casos de corrupción dentro de la Casa Real, en los partidos políticos, la irrupción de Ciudadanos y Podemos que vienen a quebrar la hegemonía bipartidista de PP y PSOE, los desahucios, el paro. Todo ha hecho que la política tome las calles, los bares, las charlas de cualquiera. “Desde hace poco más de un año los españoles tienen más interés por la política, como pasaba en los años 80. Hace cinco no se hablaba de eso, ahora lo domina todo. Es un tema de interés y qué mejor que nosotros para contarlo, que lo hacemos de toda la vida”, dice Abou-Kassem. El director explica que precisamente en este contexto es donde nace –la razón por la que nace– la nueva Cambio16, con el objetivo hecho lema de “hazte una opinión” y la premisa, “apostar por el diálogo donde se presente”.

Fue Cambio16 una revista esencial para la transición y el diálogo en tiempos en los que había que unir a dos bandos enfrentados desde la Guerra Civil de 1936-39, aún con las heridas abiertas, y a una población sufridora de casi 40 años de dictadura militar. Ahora, con esta llamada “Segunda Transición” en pleno auge, cuando los debates en España citan con frecuencia la situación venezolana de modo maniqueo, la revista parece no mostrarse ni a favor ni en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Es un tema muy polarizado no sólo allí, también en España. Nosotros tratamos de abordar el tema con periodismo”, explica Abou-Kassem. Pero lo que sí resulta claro, lo que pone el ojo en esta histórica publicación, es que sus nuevos dueños, criticando o no el modelo, lucraron con él.

Al visitante que llegue a este pueblo sevillano lo recibe un cartel en el margen derecho de la vía con el escudo del pueblo, una paloma de la paz sobre el campo andaluz y el lema “Marinaleda, una utopía para la paz”. La vía principal es la Avenida de la Libertad, y en ella confluyen calles con nombres tan señalados como Salvador Allende o Ernesto Che Guevara. El guerrillero argentino también da nombre al polideportivo del pueblo, decorado en su pared principal con una pintura enorme, calco de la famosa foto que Alberto Díaz, fotógrafo cubano, le tomó durante el entierro de las víctimas del atentado al buque francés La Coubre, y que ahora copa cualquier cantidad de productos de mercadeo.

Hay murales con mensajes en griego, catalán, vasco, asturiano, francés. Algunos tan repetidos como “El pueblo unido jamás será vencido” o “Paz con justicia social”, y otros tan simbólicos como el “Andaluces, levantaos”, la letra del himno de Andalucía que Blas Infante escribió, un llamado a la movilización, a pedir “tierra y libertad” por medio de la reforma agraria y el estatuto de autonomía para la región que se escuchó por primera vez a una semana de la Guerra Civil española y que no volvió a sonar hasta llegada la transición.

Fue precisamente Marinaleda el escenario de movimientos campesinos tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Allí se fundó el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y en 1979, con las primeras elecciones municipales democráticas, llega al poder el Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), con José Manuel Sánchez Gordillo al frente. De esa época es el cambio de nombre en las calles y la lucha por el principal sustento del pueblo.

“Esos fueron días fuertes. Los hombres estaban en las tierras, día y noche para que no los echaran y nos las dieran. Mi marido estaba allí y yo cocinaba. Así nos repartimos, ellos en el campo y nosotras ayudando con lo que necesitaran. Que si un día hacía un cocido, unas lentejas… Ollas grandes para llevar al cortijo y ayudar”. La señora Rosa tiene el cuerpo de una mujer de campo que ya crió a varios hijos y nietos. Aunque tiene achaques por el azúcar y, dice, le pesan los años, habla lúcida. También con nostalgia, al recordar los años “en la lucha”.

Durante 13 días de 1980 alrededor de 700 personas se declararon en huelga de hambre para reivindicar mejoras laborales. El éxito los lleva a ocupar grandes fincas de terratenientes, enormes terrenos que minan Andalucía, apenas explotados o sin uso, en manos de personajes casi siempre ausentes de la aristocracia española, como la ya fallecida Duquesa de Alba. Ocuparon el pantano de Coronilla, propiedad del duque del Infantado, durante 30 días. La premisa era “la tierra para el que la trabaja”. Crecen la ocupaciones en días y en terreno y se suceden los juicios hasta que en 1991, tras la compra de las tierras por parte de la Junta de Andalucía (el gobierno estadal), a Marinaleda se le cede en concesión el cortijo El Humoso, 1.200 hectáreas de tierra para ser explotados por el pueblo.

El sueño del pleno empleo

En la fachada de El Humoso lo ponen en claro y en rojo: “Este cortijo es para los jornaleros en paro de Marinaleda”. La cooperativa Marinaleda S.C.A. se creó en 1997 con una base de alrededor de 100 cooperativistas del pueblo. Entre decesos y retiradas, ahora son casi la mitad. Los cooperativistas tienen un sueldo fijo de 1.100 euros mensuales, casi dos veces el salario mínimo de España, y los jornaleros de 47 euros por día, cerca de 1.410 euros por 30 días trabajados. Estos montos se decidieron en su día con la aprobación en la asamblea del pueblo. También es en la asamblea donde se organizan las cuadrillas que, por turnos, irán al campo a trabajar. De este modo se asegura que todos hagan las mismas peonadas. “En la asamblea participa todo el pueblo, no importa la edad. Es un sistema que no nos ha dado problemas, al revés, al pueblo lo que siempre lo ha movido ha sido la asamblea”, dice Juan Prieto, jefe de campo de El Humoso y uno de los cooperativistas.

Marinaleda es el pueblo con la menor tasa de desempleo de la provincia de Sevilla, 7,78%. Una cifra nada desdeñable si se compara con la de España, del 20,8% en el mes de enero, o con la vecina localidad de Utrera, con más del 30%. En los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria era un ejemplo al que los medios de comunicación recurrían, era el pueblo del “pleno empleo”. Pero aunque los datos son halagüeños, la realidad ya es otra.

Con el boom del ladrillo, fueron muchos los vecinos que marcharon a Málaga y Sevilla a trabajar en la construcción. “No sabían ni coger el palaustre, pero se iban y ganaban dinero a espuertas. Aquí se quedaban las mujeres y con el dineral que entraba a la casa no querían trabajar en el campo”, explica un lugareño. “Antes venía gente de fuera, había tres turnos en la fábrica y dos o tres cuadrillas en el campo. Entre eso y otras labores, había trabajando un mínimo de 600 personas al día. Al estallar la burbuja, no se puede dar trabajo a todos. Ahora los del pueblo tenemos que hacer cola para trabajar”, cuenta Prieto.

Es jueves y en el campo apenas una quincena de personas trabajan la tierra. La conservera, donde se procesan las alcachofas, pimientos del piquillo y habitas baby, está vacía. Ni una máquina en funcionamiento.

El día anterior, una furgoneta con altavoces recorría el pueblo: “Mañana trabajan las cuadrillas tres y cuatro, tres y cuatro”. Pero el día amaneció con lluvia y una integrante de una de esas cuadrillas, que prefirió no dar su nombre, miró al cielo y con las mismas se metió en la cama. “Esos días se sabe que una no va a trabajar, el campo está malo. Sólo van los cooperativistas”. La escena se da en un pequeño abasto del pueblo. Uno de los tenderos masculla entre dientes: “El mejor trabajo se lo quedan para ellos. No son listos ni ná”

La chica, joven, que ni roza la treintena, viste chándal y zapatillas deportivas de imitación. Lleva el pelo en una coleta que se hizo o rápido o con desgana. “Esto está muy mal. No sé qué te han dicho otros, porque según a quién preguntes, te dirán”. Dice que hace más de una semana que no va a trabajar. Entre frases, pide un cartón de leche y una bolsa de patatas fritas. “Una va un día, se agacha, hace los esfuerzos, las agujetas y, cuando se ha hecho el cuerpo, pasa una semana hasta que vuelve a ir a trabajar”, dice. Tiene el trabajo justo para juntar las 35 peonadas que se precisan para poder solicitar ante el Estado la ayuda económica por desempleo por unos meses, un sistema muy extendido en el campo andaluz, especialmente en época de crisis.

Los días de ocio impuesto los pasa en casa de su madre, con la que vive. “Qué voy a hacer, de qué voy a trabajar si en esta zona no hay nada más que eso, la tierra. Me tendría que haber ido y haber estudiado, pero no da”. También se queja del sistema de cuadrillas y explica que si no va a las asambleas, no la llaman para trabajar. “Eso no es justo, o estás de acuerdo con el sistema y acudes, aunque no quieras, o te quedas en casa”.

El alcalde invicto

José Manuel Sánchez Gordillo fue el primer alcalde de Marinada tras la muerte de Franco. Y desde esas primeras elecciones municipales de 1979, el único. Con su sempiterna kufiyya palestina al cuello, no es alguien desconocido en España. Fue diputado por Izquierda Unida (IU) en el parlamento andaluz de 1994 a 2000 y luego entre 2008 y 2014, momento en que decidió renunciar a su escaño por incompatibilidad con su cargo como alcalde; pero ni siquiera cuando ocupó un escaño dejó de ser la cabeza política de su pueblo. En 2012 encabezó la lista de IU para ser presidente de Andalucía. Pero no sólo se le conoce por su faceta más institucional.

En agosto de 2012 integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), del que es dirigente, entraron a dos conocidos supermercados para llevarse productos de primera necesidad como arroz, leche, huevos y harina. Sánchez Gordillo no participó directamente en el episodio, pero sí lo justificó. “En este momento de crisis, cuando están expropiado al pueblo, queremos expropiar a los expropiadores, esto es, terratenientes, bancos y grandes superficies, que están ganando dinero en plena crisis económica”, dijo tal y como se puede leer en el diario español El País.

En el pueblo, según a quién se pregunte, se quiere o se le ve con recelo, aunque de esta última opinión son menos. Y los últimos resultados electorales así parecen reflejarlo. Al frente del reconvertido Candidatura Unitaria de los Trabajadores, partido inscrito dentro de Izquierda Unida (IU) hasta 2015, ha ganado comicio tras comicio con mayoría absoluta. En las últimas elecciones de 2015 obtuvo 1.194 votos (nueve concejales), por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, 316 votos, dos concejales) y del Partido Popular (PP), que sólo obtuvo 81 votos y ninguna curul.

Mari Carmen, al frente del abasto donde la jornalera se quejaba de la falta de trabajo, es de las que lo ven con recelo, aunque no lo diga de modo abierto. Hace unos años fue presidenta de una mesa electoral y no guarda un buen recuerdo de la experiencia. “¿Has ganado? Pues bueno, muy bien, pero la gente no tiene por qué atacar y avasallar a la gente contraria. Eso era un follón, que casi teníamos que salir escoltados de ahí. Todo estaba mal, te arrinconaban”. Eso, cuenta, fue hace unos años. “Ahora la cosa está más calmada, pero antes era un sinvivir”.

De Andalucía al Caribe

Sánchez Gordillo tampoco es alguien ajeno a Venezuela; por el contrario. La última ocasión en que visitó Caracas de manera abierta coincidió con la campaña del Gobierno Bolivariano para pedir firmas contra el decreto de Barack Obama. Incluso fue entrevistado en Venezolana de Televisión (VTV), el principal canal del Estado. No es el único medio donde lo han entrevistado. Hace unos años fueron varias las televisiones que se acercaron para ver “el milagro de Marinaleda”.

Pero algo ha cambiado. El hombre que atendía sonriente y animoso a los medios, que lanzaba arengas en las manifestaciones, apenas reacciona siquiera ante la idea de que se le está entrevistando para un medio venezolano. En su despacho –sencillo, con distintas repisas donde descansan, además de papeles, una pequeña bandera, una medalla y una caja, todos con los colores de la bandera de Venezuela; la tricolor de la Segunda República de España a un lado de su mesa, una fotografía del Che Guevara y los presupuestos del pueblo plasmados en pesetas y a mano en un papel grande sobre un atril–, se sumerge en la silla de la mesa de reuniones, las manos juntas sobre las piernas, la espalda hundida en el respaldo. Apenas musita un “muy bien” en toda la conversación.

La promesa era un encuentro al día siguiente para ver la cooperativa, la conservera, el pueblo, las casas a precios de alquiler solidarios (15 euros mensuales). Pero el alcalde no llegó. En la puerta del Ayuntamiento lo espera Alí, quien es del Sahara Occidental, saharaui, de pelo corto, vestir sencillo, piel tostada. Tiene 32 años y lleva tres en Marinaleda. Con el tiempo que lleva en la localidad ya tiene derecho a que le ayuden con la vivienda. “Aquí me tratan como a uno más, amistoso, nadie te mira feo. El alcalde es muy cercano. Todo lo que te cuenten del pueblo es verdad, aquí hay mucha igualdad”.

Vino del campamento de refugiados de Tinduf. Allí formaba parte del Frente Polisario, el movimiento independentista del Sáhara Occidental, un territorio que permanece bajo ocupación marroquí desde que en 1975 las fuerzas coloniales de España lo abandonaron. “Allí la situación es muy mala. El desierto es bonito, pero si se tiene luz, agua, dinero. Si no, es difícil vivir allí”. Aunque dice que no le gusta hablar de política, tras un rato de conversación explica todos los problemas de su tierra, que no tiene pasaporte español y tuvo que conseguir uno de Argelia y que participa en todas las asambleas del pueblo. “Me gusta mucho eso, es como en Sáhara. Es un sistema comunista, como lo es Venezuela o China. Aquí me gusta ir y participar”. Se formó como peluquero, “pero aquí apenas la gente pide eso”, así que, como muchos en el pueblo, se dedica al campo. “Hasta ayer estuve recogiendo aceituna. A partir de la semana que viene haré otras labores, como cortar olivos. Ya veré”. Quiere quedarse allí, tener hijos, “pero no ahora, por ahora sólo amigas”, y hace un guiño. Se despide. Probará suerte al día siguiente para que le expliquen cómo conseguir su casa.

El negocio del oro líquido

Este pequeño pueblo sevillano saltó a los medios venezolanos en 2015. Pero no por su alcalde, ni por los asaltos a los supermercados para dar de comer al pueblo. Tampoco por su sistema de cooperativas, los domingos rojos donde todo el pueblo colabora en la limpieza o la ausencia de policía municipal. El gran salto a la atención pública venezolana se dio cuando la revista española Interviú sacó un reportaje con la historia del contrato por 81 millones de euros por el que el Gobierno de Nicolás Maduro adquiría más de 12.000 toneladas métricas de aceite de oliva, a 6.504 euros la tonelada.

“Nosotros llevamos nuestra propuesta de precio, ellos la aceptaron. Si yo llego con un precio y me dicen que no lo pueden pagar, pues bien. El caso es que la gente habló mucho del aceite, pero el Gobierno de España negocia todos los días con el de Venezuela la venta de armas y nadie dice nada, no hay problema. Pero tú vendes aceite y es un problema. Pero claro, los medios de comunicación ya se sabe con quién están”, explica Juan Prieto, quien acompañó al alcalde en su última visita a Venezuela.

No era un secreto esta venta, “todo el pueblo tenía conocimiento, todo se lleva a la asamblea. Todo el mundo debería alegrarse de que un pueblo esté abriendo el mercado, porque es un producto de calidad y, si piden más, eso se puede extender a la zona. ¿Vendérselo a los italianos para que paguen menos? Si puede ser a alguien que pague más, pues mejor”.

Dependientes de las subvenciones de la Junta de Andalucía, de la Unión Europea –por los cultivos de olivos–, y de la Diputación de Sevilla, el dinero no vino mal. Además, llegó en un momento de horas bajas para la cooperativa. Según cuenta el jefe de campo, trajeron a alguien del pueblo que iba a gestionar todo, “cultivos nuevos, a dar mucho trabajo, pero le dimos la confianza al hombre y ni entendía ni de campo ni de organización ni de nada”. El resultado fueron varios negocios ruinosos y una trampa de 1.500.000 euros. “Levantar eso cuesta mucho, hay pagos que se están retrasando, la cooperativa va ras con ras, como ha ido siempre, que esto no es para generar dinero, sino trabajo, pero vamos con apurillos”, confiesa.

¿El fin de la utopía?

La señora Rosa no es cualquier señora del pueblo. Es la suegra del alcalde, la que ha vivido de cerca las luchas del pueblo, los cambios en la cooperativa, en la gente, en el alcalde. Y ve con recelo a las nuevas generaciones. “Fueron muchas las penurias que se pasaron para lograr lo que ellos tienen. Ahora se va a ir todo por la borda, porque la juventud no valora nada, lo tienen todo y no ven lo que nos ha costado conseguirlo”. En sus palabras, el temor de que la cooperativa se divida.

El miedo viene de la propuesta de la Junta de Andalucía para que Marinada S.C.A. compre las tierras de El Humoso. Prieto aclara que ellos no quieren comprarlas, pero de hacerse, quieren entonces constituir una fundación que sea la encargada de gestionar el campo, para que no se divida y se pierda en pequeñas propiedades. Y también, en su queja, la juventud. “Es el problema de todas las luchas. Es lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela, en los países del Este de Europa. No es lo mismo que el que ha luchado, se creen que todo es suyo. En Cuba la gente ahora piensa que si el móvil, el ordenador. Igual en Venezuela. Unos lucharon y ahora a otros se lo dan todo hecho, casa, estudios, no pagan ni un duro… Esos no comprenden nada”.

Detrás del mostrador, Mari Carmen suelta la retahíla de cosas que buena parte de los españoles reseñan de Venezuela: la inseguridad, la escasez. “Yo Venezuela lo veo como esto, como el pueblo, como nuestro sistema. Así, que está mal. El pueblo ahora está mal”. A sus espaldas, las latas de conserva de alcachofas y pimientos del piquillo hechas en el pueblo, el aceite, un bulto de papel higiénico, leche, servilletas, desodorantes, pasta de dientes, harina.

Las instalaciones tienen dos pistas para fútbol 11 y cuatro para fútbol base, gimnasio, vestuarios, duchas. Y la Casa Club, con habitaciones, comedor, salas de esparcimiento, de estudio. “Esto fue un récord Guiness, producto de la gigantesca pasión no solo mía, sino de la gente que me acompañaba para que esto sucediera”. ¿Quién ayudó a construir este gran complejo de tan alto presupuesto para una alcaldía de interior? Según Lacava, el empresariado de la ciudad. “Hay estructuras aquí que son solo financiadas por ellos, por la confianza que da tener un alcalde serio, que si pide recursos no se lo va a gastar en aguardiente, en cosas personales. Lo que he pedido ha sido únicamente para esta ciudad. Los alcaldes anteriores se llevaban el dinero con otros fines”. Repetirá una y otra vez a lo largo de día y medio el discurso de la pasión, de la ayuda de los demás por la confianza, de la ayuda de los empresarios.

La inspiración de la Academia viene de un mejunje entre La Masía, casa donde el Barça forma a su cantera, la inclinación política de su inventor, su mitomanía y su amor paternal. En sus paredes, además de las gigantografías, hay frases inspiradoras del alcalde y otras con datos del tipo: “Desde que Hugo Chávez tomó el poder en 1998, Venezuela pasó de ser el número 139 a ser el número 35 en el ranking Mundial de la FIFA”. Para cerrar el coctel, fotos del hijo, Matías Lacava, jugando con la camiseta del Barcelona. Con tan solo 13 años logró entrar en La Masía.

Muchos dijeron que fue gracias a las influencias del padre, a sus coqueteos con el equipo, las clínicas deportivas montadas en Venezuela con figuras como Víctor Valdez, el exguardameta blaugrana. Pero otros tantos se reservan esas opiniones cuando ven al joven Lacava patear el balón. El padre, obviamente, se defiende. “Mi hijo es el latinoamericano más joven que ha fichado el equipo más grande. Lo verdaderamente bonito para el país es tener un venezolano que haya sido fichado por ese equipo”. Habla con orgullo del niño, pero lo trata con severidad cuando le pide ir a la piscina, hacer surf, correr, saltar… “Matías es inquieto, como su padre cuando era un niño. Pero Rafa le recuerda a cada rato que tiene que cuidarse de una lesión, de un mal golpe, de una otitis incluso. Son unos niveles de exigencia muy altos para un niño, pero la presión dentro de La Masía es fuerte, es como un contrato: si no rinde, se va”, cuenta una amiga de la infancia del alcalde.

Al momento del encuentro con él, pide que se trate con cuidado este tema, que no quiere perjudicar al chico ni su estancia en la escuela del club catalán. Unas semanas después, sin embargo, la FIFA obligó al Barça a sacarlo de La Masía al incumplir la normativa sobre fichajes a menores de otros países. Hasta ahora, tener al hijo comprometido en Barcelona ha hecho que toda la familia de Lacava se traslade a la ciudad condal. Rafael los visita cada tres meses. “Yo se lo he dicho aquí a mi gente (los porteños), no puedo dejar de visitar a mi familia. Mis enemigos me atacan con eso, pero muchos también dicen que es preferible tener a un Lacava que vaya y venga a no tenerlo. Eso es algo digno de estudio. Una locura. Pero eso también se debe a la entrega, la pasión, a mi amor desenfrenado por esta ciudad”.

Esa locura, ese ir y venir, el costo de la vida en Barcelona, fue objeto de la nota que bajo el título “Así viven los cachorros del chavismo” publicó el diario español El Mundo, donde se denuncia que la familia lleva un tren de vida poco acorde a los valores socialistas. Lacava lo menciona varias veces y dice que quien lo ataca siempre lo hace desde lo personal.

- ¿Cómo puede mantener el alcalde de una ciudad del interior del país, que ni siquiera es una gran ciudad, este tren de vida?

- Porque soy un ladrón –dice y alarga al infinito la última sílaba – Vengo de una familia que a Dios gracias me ha permitido en todo este tiempo tener algunos privilegios. Mi padre es un empresario exitoso desde hace años. Hemos desarrollado una posición económica que en nada tiene que ver con mi realidad política.

- ¿La familia de Lacava sostiene a Lacava?

- ¿Por qué me preguntas eso?

- Mi trabajo es preguntarle. 

- Pareciera que te mandaron a eso, a ver quién financia a Lacava. Claro que tengo una realidad familiar de la cual participo yo también, porque soy hijo de mi padre. Tengo esta posibilidad de sufragar los gastos. Mi padre y mi madre.

Revolucionario sin rojo rojito

En un país tan polarizado como Venezuela, usar un color o no, una camisa o franela de un estilo, marca una diferencia y define la ideología de quien los porta. Sobre todo entre los políticos. Lacava no usa el color rojo en ningún momento. Ni siquiera en un acto de entrega de alimentos, bultos escolares y balones en un barrio de Puerto Cabello. Allí viste un polo en el que resalta más el blanco que el rojo. De su equipo, el único que va con algo que lo identifica como chavista, es uno de los guardaespaldas, que viste una franela con la famosa imagen de Hugo Chávez para la revista Time. Solo en las propagandas que se ven en la ciudad y en las instalaciones de la alcaldía sale Lacava con una camisa completamente roja.

En el discurso, a ratos, tampoco parece chavista, sobre todo cuando habla del empresariado. “Es necesario, hay que darle el apoyo que requiere. Si no lo apoyamos, cierran los negocios, se acaban los puestos de trabajo, el país y la ciudad”. Aunque aclara que no existe un empresariado más controlado que el de Puerto Cabello, “están todos, están controlados, inspeccionados, sancionados”. También suena disonante de la línea oficial cuando dice que hay una gran distorsión económica que ayuda al “nuevo modo de negocio en materia de venta de alimentos”. Se refiere a los revendedores de productos subsidiados, los llamados en la calle bachaqueros, aquellos a los que Lacava decidió sancionar con cierto espíritu medieval poniéndoles una braga (mono) de color naranja con un cartel en la espalda: “Soy bachaquero y quiero cambiar”.

Es también disonante con el chavismo cuando dice que hay fallas en el esquema de producción nacional, “signado por errores que hemos cometido, por políticas nuestras”. O cuando recrimina el “control exacerbado de algunos rubros, como el caso agrícola”. Pero vuelve al redil al salir de su boca expresiones del léxico oficial: “saboteo”, “golpe al Gobierno”, “guerra económica”.  O cuando dice que la distorsión económica se debe en parte a que el Gobierno no ha conseguido tumbar el website de DolarToday. “Sus propietarios son confesos y manifiestos enemigos del gobierno, son banqueros prófugos, robaron el dinero de este pueblo y ahora ellos terminan marcando la pauta de lo que vale el dólar según cómo se despiertan por la mañana”. No ve la confianza en una web como una desconfianza en el Gobierno. “Hay falta de puntería para resolver un problema básico, como es tumbar una web. Es una debilidad nuestra”.

En los días en los que ArmandoInfo conversó con él, su nombre empezó a sonar como candidato para la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Quizás por eso insinuó que busca un relevo en la alcaldía, que es una responsabilidad que tomó con mucho agrado, pero que no se está con el mismo vigor al inicio de una tarea después de siete años. “Quien por alguna circunstancia llega al poder, se aferra el poder, porque esa es su condición”, dice para luego darse alabanzas de su gestión y decir que, a pesar de eso, debe dejar el cargo en algún momento. “Lo que pasa es que la gente no quiere soltar el poder y ahí es donde vienen las distorsiones. Ahí es donde se enreda el papagayo”.

Llegados a este punto, se le recuerda que Chávez estuvo 15 años en el poder. La rápida, automática y justificadora respuesta llega: “Pero era Chávez”.  Le preguntamos si eso justifica todo. Quienes estaban arremolinados a su lado, colaboradores, los dos camarógrafos, los guardaespaldas, los trabajadores del Teatro Municipal que está mostrando, se alejan poco a poco. Tanto que el murmullo que había alrededor, cesa. Como si nadie quisiera escuchar la respuesta. “Habrá que esperar 200 años para ver alguien como Chávez. Libró una batalla que nadie hubiese podido librar. Por eso te lo tengo que justificar. Te pongo otro ejemplo: Messi. Un hombre de carne y hueso, un enano de 169 centímetros. Lo que representa Messi para el Barcelona lo ha hecho merecedor de ese justificativo. No voy a compararlo con Chávez, porque su dimensión era ecuménica, pero son personajes de un momento de la historia que aun cuando cometen errores, porque son humanos, los tienes que justificar por su grandeza”.

Sueños de grandeza

“Siempre organizaba, mandaba, disponía. Él sabía desde joven que sería algo. Creo que todos lo sabíamos. Es un líder nato”, cuenta una amiga de la infancia. Cuando anunció en casa que estaría en política, no gustó nada. Su padre le advirtió que no hiciera nada que manchara el nombre y el trabajo de la familia. Estuvo como embajador en Italia, “vivía como un príncipe”, dice el propio Lacava. Luego regresó para ponerse al frente de la alcaldía de Puerto Cabello. “No lo pensé, porque quería darle algo a la ciudad que tanto me dio”. Se dice irreverente, malcriado. Quizás ayuda a eso el ser hijo único, le preguntamos, dice que no sabe, pero que, como mínimo, eso le ha traído muchos problemas en política. “Esa irreverencia me ha permitido también hacer cosas que bajo otro criterio de pensamiento no lo podría haber hecho. Mira por ejemplo lo que hice con los bachaqueros. Creatividad irreverente”.

La misma irreverencia ha hecho que más de una vez el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, le dé alguna reprimenda. Dice que la relación política entre ellos está bien. No en vano, son compadres. “Francisco es el padrino de Matías, Saúl, su otro hermano, el de mi hija Adriana, sus esposas son mis comadres. Hay una relación familiar y estrecha”. Aspiró en su momento a la Gobernación de ese estado, pero ahora, mirando atrás, dice que lo mejor fue estar en Puerto Cabello. Esa decisión –no tomada por él– parece ahora el mejor camino para su futuro, que podría llevarle a la máxima entidad del fútbol en el país.

Y ahí, ofrece, puede hacer por Venezuela con el fútbol lo mismo que Mandela hizo con Sudáfrica y el rugby. “Su ejemplo puede servir de modelo para poder sanar algunas heridas que se crearon en este país. El fútbol puede ser una gran alternativa para eso”. Piensa en esa disciplina y en la Vinotinto, la selección nacional, como un punto de encuentro entre los venezolanos, “que permite retrotraernos de nuestros problemas y que podría lograr en unos años que nos abrazáramos todos, con alegría y pasión y grandes resultados para nuestra autoestima y nuestra identidad nacional”. Un sueño de grandeza que tendrá que lidiar con las federaciones locales y el mismo destino del país.