El sarpullido les hizo pensar en mucho de lo que no era. ¿Varicela? Fue lo primero que se les ocurrió cuando puntos rojos salpicaban los brazos, las piernas y la cara de la niña. Hasta que hubo otro síntoma: inflamación de amígdalas. ¿Amigdalitis? Habían transcurrido tres días desde la primera fiebre y pensaron que no tenía relación. ¿Difteria? En Venezuela, estado Bolívar —la región donde vive la familia—, hacía poco que esa enfermedad había resurgido y había matado a más de 20 niños en 2016. Los padres de Ariannys no querían seguir en incertidumbre. La llevaron al médico. La niña, les dijeron, tenía sarampión.

Ha pasado un año desde ese día y ahora, sentadas en el porche de la casa, María Gabriela y su madre, Gloria, recuerdan la crudeza de aquello de lo que nada sabían. La familia de Ariannys vive en Puerto Ordaz, principal ciudad del estado de Bolívar, al sur de Venezuela, y que durante la segunda mitad del siglo XX fue sede de las empresas del hierro, la bauxita y el aluminio. En ella, a la par del desarrollo industrial, creció un cinturón de barriadas con servicios básicos precarios y alta criminalidad. Algunas, levantadas alrededor de una fortaleza militar llamada Comando Regional 8, o Core 8 como le llaman los vecinos.

Para cuando su nieta se enfermó, la abuela Gloria recuerda que ya había “algunos casitos” en el barrio. Hasta ahora no se ha determinado quién los contagió, pero lo cierto es que fue el comienzo del miedo para todos.

El proceso de Ariannys fue de 15 días. El tratamiento que le mandaron fue amoxicilina y acetaminofén. “Solo le dimos acetaminofén, porque no conseguimos el otro”, recuerda la abuela. La escasez de medicinas los llevó a ingeniárselas de otras formas. Le daba agua de arroz y alguna planta medicinal hasta que sanó. Pero el virus ya estaba asentado en la casa 32.

El siguiente en enfermar fue otro nieto de Gloria, Oliver, de dos años, y luego otra nieta, Mariannys, de cuatro. No tenían idea de como se habían contagiado. Para julio de 2017, la casa de los Castellón Hernández era noticia en toda la comunidad. Pronto, la comunidad también se volvió noticia, y no precisamente por las multitudinarias protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro que ocurrieron ese año allí. En el Core 8, según los informes de salud, había un brote de sarampión que no dejaba de expandirse.

El Ministerio de Salud desplegó una cuarentena en la calle de Ariannys y una jornada de vacunación para toda la comunidad. Gloria recuerda que vacunaron como a 60 niños esa vez. Pero de ahí no han vuelto.

¿Cómo podía ser mortal un virus que, hasta hace unos años, en uno de los países más ricos de la región, podía prevenirse con una simple vacuna?

La expansión invisible

El sarampión es uno de los virus más contagiosos descritos por la ciencia médica. Una sola persona con sarampión puede infectar a 18 más. Se transmite muy fácilmente, de persona a persona, apenas aparecen los primeros síntomas  —fiebre muy alta, tos, conjuntivitis, congestión nasal, erupciones en la piel— y a través de las gotas de saliva que se esparcen al toser y estornudar.

De ahí que, en los años sesenta, científicos desarrollaran una vacuna para frenar su propagación y mantenerlo bajo control, o al menos reducir la cantidad de niños que se enfermaban y fallecían por el virus. Y es que el sarampión es tan letal que, si no es tratado a tiempo, puede causar neumonía, sordera, ceguera, afectar el corazón y causar lesiones neurológicas, entre otras enfermedades, como informa Consenso Sarampión, publicado por la Sociedad Venezolana de Infectología a raíz del brote registrado en 2017.

Por esa facilidad de contagio sumada a la escasez de vacunas, Venezuela acumula —entre 2017 y julio de 2019— 10 mil 329 casos sospechosos de sarampión (hasta ese momento, 6 mil 923 confirmados) y 81 fallecidos reconocidos por las autoridades. Los datos extraoficiales hablan de 139 muertos desde que inició la epidemia y ninguna muerte en lo que va de 2019.

La expansión del virus, sin embargo, ya es internacional. El sarampión se ha convertido en el virus que más se ha propagado desde Venezuela hacia Sudamérica, como consecuencia directa del éxodo que ya suma cuatro millones de venezolanos según cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta junio de 2019.

Brasil y Colombia fueron los primeros países en documentar casos “importados” de sarampión desde tierras venezolanas. “Importados” es el término epidemiológico que se aplica cuando la persona se contagió en otro país, que no es el mismo donde se detecta y diagnostica. Cada nación debe registrar esos casos de ese modo para precisar cuándo el virus está circulando dentro de su territorio y cuándo no.

En América Latina, hacer esa distinción no fue difícil. En septiembre de 2016, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró al continente como territorio libre de sarampión. Fue la primera región del mundo en lograrlo, luego de 22 años de habérselo propuesto y trabajado en un amplio programa de inmunización con la vacuna triple viral, que previene el sarampión, la rubéola y la parotiditis. Solo duró nueve meses. Venezuela quebró la certificación.

Hasta junio de 2019, y de acuerdo con los datos notificados por cada gobierno, se habían identificado 358 casos de sarampión importados desde Venezuela en seis países: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. En todos ha sido identificado el mismo genotipo (D8) y mismo linaje (MVi/HuluLangat.MYS/26.11) del virus del sarampión que originó la epidemia en Venezuela. Estos seis países se han convertido en los principales lugares de acogida de los venezolanos que huyen de la hiperinflación y de la emergencia humanitaria compleja. Sobre todo porque las enfermedades viajan con la gente.

En agosto de 2018, la OPS emitió un comunicado donde informaba que el sarampión se había vuelto endémico en Venezuela, pues el virus tenía más de 12 meses continuos circulando en el territorio. Como consecuencia del brote venezolano, Brasil y Colombia también han perdido el reconocimiento de territorios libres de sarampión y el virus también se tornó endémico.

Aunque el organismo internacional no lo haya anunciado, Brasil registró los primeros casos de sarampión en febrero de 2018 y Colombia un mes después. Los reportes mensuales de la OPS sobre la situación del sarampión en la región confirman que ambos tienen más de 12 meses con circulación activa, una circunstancia lamentable considerando que la mayoría de los países latinoamericanos tenían 18 años sin reportar casos endémicos del virus.

En el continente, esta epidemia parece poner a prueba la calidad del sistema de salud en cada nación, dejando ver sus profundas debilidades.

Sin vacunas, sin información

Bolívar es el estado más grande de Venezuela. Limita con Brasil al sur y con la Guyana Esequiba al este. Cuenta con amplias extensiones de selvas y sabanas junto a una riqueza mineral y natural envidiables, que incluyen oro, diamante, coltán y tepuyes, las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Pero Bolívar también se ha convertido en un crisol donde convergen las epidemias que terminan afectando a todo el país primero, y a otras naciones después.

No es fácil cubrir todo su territorio para vacunar a todos sus habitantes y controlar, selva adentro, el brote de algún virus. Allí una enfermedad arropa a la otra, circulan en paralelo, no hay tiempo para asimilar el paso de una cuando llega la próxima. Actualmente, por ejemplo, la emergencia es la hepatitis A. Antes fue el sarampión, y antes la difteria y siempre, cuando inician las lluvias, es la malaria, que puede tenerse una y otra vez.

Fue en este contexto donde el sarampión encontró a miles de niños no vacunados, tanto en Bolívar como en el resto de los 23 estados de Venezuela. Para evitar un brote o frenar el desarrollo de alguno, se debe lograr la cobertura mínima de 95% de la población estimada a vacunar, y en este caso no se limita a los infantes. La vacuna contra el sarampión está indicada desde los 12 meses de edad hasta los 39 años. Pero cuando hay una epidemia en curso, se puede vacunar a los bebés a partir de los 6 meses, explica la infectóloga y pediatra María Graciela López, de la Sociedad Venezolana de Infectología.

Por sus características geográficas, Bolívar es uno de los estados con las coberturas de vacunación más bajas. Pero las cifras nacionales no son mejores, aunque el equipo de salud que acompaña a Nicolás Maduro diga lo contrario. Las coberturas anuales reportadas por Venezuela a la OPS son demoledoras.

En 2017, en plena circulación de la epidemia, solo se alcanzó una cobertura de 59% de la población que debía ser vacunada. Los esfuerzos fueron insuficientes durante los meses más claves para contener el virus. Esto explica no solamente el porqué de la propagación del sarampión por toda Venezuela, sino también los grupos más afectados en el país: menores de 5 años de edad, mayormente, seguidos por el grupo de 6 a 15 años. Muchos de estos niños y adolescentes han llegado a otras naciones sudamericanas.

Cálculos de varios especialistas venezolanos, con base en las coberturas de vacunación que Venezuela informa a OPS, pero no a sus propios habitantes, detallan que al menos 1.150.000 niños menores de 1 año dejaron de ser vacunados en una década: es la misma cantidad de lactantes susceptibles a enfermarse, explica José Félix Oletta, médico internista y exministro de Salud.

Los reportes levantados por él y varios colegas, divulgados a través de la organización civil Alianza Venezolana por la Salud, han terminado siendo una referencia sobre la salud pública venezolana frente a la censura de información que impera. Los últimos boletines epidemiológicos publicados por el Ministerio de Salud venezolano son los del año 2016.

Si a estas bajas coberturas se suman la escasa disponibilidad de vehículos para trasladar las vacunas refrigeradas, las fallas eléctricas que comenzaron a afectar al país a partir de 2010, la falta de enfermeras y la escasez de biológicos (solo en 2017 apenas hubo dos de doce vacunas del esquema nacional), la expansión del sarampión durante los últimos dos años era una bomba de tiempo.

Incluso las farmacéuticas trasnacionales con sede en Venezuela, que tradicionalmente importaban vacunas, dejaron de hacerlo debido a la cuantiosa deuda que el Estado venezolano dejó acumular y no pagó, derivando en el cierre de las líneas de crédito y, posteriormente, en el cese de operaciones de estas empresas.

De hecho, cuando se revisan las importaciones de vacunas realizadas por estas empresas privadas que hacían vida en Venezuela, se observa que 2013 fue el último año en el que ingresaron biológicos. La información de la base de datos latinoamericana Datasur confirma no solo la reducción y cese de las compras, sino que también da luces sobre la dependencia total de Venezuela del Fondo Rotatorio de OPS.

Son limitaciones que termina padeciendo la población, como le pasó a Gloria Hernández con tres de sus nietos, y que dos años después no han sido resueltas. Bastó recorrer los ambulatorios de salud de San Félix y Puerto Ordaz para verificar que no todos los lugares visitados tenían disponible la vacuna triple (SRP) o doble (SR) para prevenir el virus.

“Llegan la próxima semana, venga los martes”, respondieron en el ambulatorio Las Manoas y en un módulo cubano en la UD 145. “No hay”, sin más detalles, dijeron en el módulo del sector La Victoria. Dependen del Estado, algunos del gobierno regional. Por ello, las enfermeras y médicos prefieren no hablar o lo hacen con desconfianza. Solo algunas vacunadoras se atreven a comentar los desafíos de su trabajo.

Es el caso de Noelia, una de las pocas enfermeras vacunadoras que quedan en el estado. En el ambulatorio de Castillito, en Puerto Ordaz, donde ella trabaja, no hay planta eléctrica para mantener refrigeradas las vacunas cuando ocurre un apagón. “Cuando se va la luz, si es sábado o domingo, vengo corriendo y cambio los paquetes de frío de las neveras donde tenemos las vacunas”, cuenta Noelia, que ya lleva 34 años de servicio. “Afortunadamente vivo cerca”.

“Estos paquetes hacen el milagro de la cadena de frío. En segundos esa cadena muere”, advierte mientras señala los empaques de plástico congelados. Las vacunas SRP, SR, Polio, Fiebre Amarilla y BCG son las que deben conservarse entre los 2º y 8º centígrados, dice Noelia. Lo sabe de memoria porque ya suma 34 años de experiencia.

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López,  recuerda que la vacuna más susceptible o termolábil es la SRP, que debe refrigerarse a una temperatura entre los 2ºC y 8ºC para garantizar su calidad. Como se trata de una vacuna de virus vivos atenuados, mueren cuando se enfrentan a temperaturas superiores a los 8ºC y por ende la efectividad se pierde. Si se aplican no generan inmunidad. Por ello lo delicado de la cadena de frío. Y también por ello es que algunos niños que son vacunados en jornadas especiales de calle terminan enfermando con sarampión; si no se cuida esa refrigeración reciben un biológico que no genera inmunidad.

En busca de soluciones

El sarampión continúa circulando en Venezuela, con transmisión activa en 14 estados hasta el mes de julio. En buena parte del territorio venezolano solo se dispone de la vacuna SR (Sarampión-Rubeóla) para seguir controlando la enfermedad, detalle que preocupa a los pediatras porque ya están previendo un posible brote de parotiditis a futuro, como consecuencia de ese buen número de niños vacunados solamente con la SR y no con la vacuna triple, que protege del Sarampión, Rubéola y Parotiditis.

A diferencia de los países de la región, Venezuela activó en mayo la “Semana de Vacunación de las Américas”, campaña promovida anualmente por la OPS. Casi un mes después que el resto de los países del continente y por mucho más tiempo: 43 días continuos.

Con poca difusión en medios de comunicación masivos e insuficientes vacunas, la campaña finalizó sin la certeza de resultados óptimos con coberturas por encima de 95%. De hecho, a la comunidad de Core 8, en Puerto Ordaz, la comunidad de Ariannys y su familia, la misma que fue noticia en 2017 por tener un brote de sarampión, no llegó la cruzada de vacunación.

Desde el último trimestre de 2017, el Ministerio de Salud de Venezuela no ha organizado más jornadas de vacunación contra el sarampión en la zona, recuerda la abuela Gloria Hernández. A su casa solo llegaron esa vez, cuando sus nietos fueron diagnosticados con el virus, hace dos años. No han vuelto.

Gloria es una especie de líder comunitaria: organiza, junto con entidades gubernamentales, la venta de gas regulado en el barrio. Por ese liderazgo vecinal ha tratado también de impulsar jornadas de vacunación. No ha podido. Ninguna institución ha respondido a sus solicitudes.

Además de que no hay medidas de prevención, tampoco hay formas de afrontar un nuevo brote de la enfermedad porque no hay medicinas.

“Uno va al módulo y le dicen: no hay nada. Pero uno va al mercado, al lado, y los bachaqueros tienen de todo: allí consigues antibióticos, para el dolor, para inflamación, aspirina. Eso es en el mercado. Hay puestos en donde venden pastillas de todo”, dice Gloria y agrega un dato: a veces esos medicamentos que venden vienen en su cajita con el sello del ‘Gobierno Bolivariano de Venezuela”.

Bachaquero es el mote con el que en Venezuela se conoce a los revendedores: son aquellos que consiguen productos a precios regulados y los venden a precios de productos importados. En todo el país, el “bachaqueo” es un negocio tan ilegal como rentable. La reventa de medicinas en Core 8 no es excepción.

¿Cómo llegan esas medicinas a los revendedores? En la comunidad apelan a la explicación más obvia: complicidad entre los trabajadores del módulo y los revendedores. Nadie investiga. Y nadie denuncia. La verdad es que no hay fe en que habrá soluciones.

Toca, entonces, ingeniárselas con lo poco que hay: los 40 mil bolívares de salario mínimo mensual, equivalentes a poco más de 3 dólares.

“Hace poco nos fuimos para el Uyapar (el único hospital público de Puerto Ordaz) y está de terror. Tuvimos que comprar las medicinas porque no había nada. ¿Una solución fisiológica? 57 mil. ¿Una amoxicilina? 47 mil. Si yo de pensión cobro 40 mil bolívares, ¿cómo compro esas medicinas y, además, la comida?”, comenta Gloria sobre su experiencia vivida en julio. Hoy, en setiembre, el salario mensual sigue en 40.000 bolívares, pero las medicinas que menciona han triplicado su precio.

En la sala de la casa, Oliver, de cuatro años, mira videos en una pequeña laptop mientras que Nairobi (quien prefiere no hablar), lo vigila. Mariannys y Ariannys no están. El mayor temor de todos es que algo similar o peor que el sarampión los contagie otra vez, porque nadie garantiza que recibirán los tratamientos.

“Cuando el paludismo se puso de moda —dice Gloria—, eran colas y colas que se hacían en los módulos. Si no llevabas las láminas no te hacían el examen. Si tenías que tomarte una muestra, tenías que ir a la clínica a que te hagan el examen. Los dos módulos, el venezolano y el otro, estaban colapsados. Ahorita el paludismo está calmado. No sé si es porque no hay gente de las minas”.

Pero la “calma” en la que están las enfermedades no les da esperanzas. Saben que si ya fue el sarampión, podrá ser otra cosa. Y no hay garantías de que haya cambios en el descalabrado sistema de salud venezolano.

El gobierno, acostumbrado a negar, minimizar o incluso a no hablar de las epidemias que circulan en el país, se refirió por primera vez en el año al sarampión el jueves 6 de junio. Nicolás Maduro, acompañado del ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que los casos de sarampión habían disminuido 91% y que celebraban tener hasta ese momento tres semanas sin el reporte de nuevas infecciones. Pero la realidad de miles de familias venezolanas no se corresponde con esas cifras.

El pequeño Oliver, sobreviviente del sarampión, no lo sabe ni tendría por qué: allí, en esa casa 32 de la manzana 50, en el Core 8 de la ciudad de Puerto Ordaz, todas las condiciones están dadas para que se den otras epidemias. Allí y en cualquier parte del país.

Por ahora, su familia hace lo que puede para protegerlo.

* Este reportaje forma parte del especial "Venezuela: un país en busca de alivio" de Salud con lupa con apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Así como se ha documentado la destrucción de la industria eléctrica nacional -que se puso en evidencia con el apagón masivo de los últimos días en todo el país-, otro ejemplo de desmantelamiento del servicio público ocurre con las hidrológicas. La crisis del agua no tiene solo que ver con el abastecimiento, apenas regular y de acceso restringido, sino también con la potabilización.

La cadena productiva que garantiza la calidad de vida está “contaminada” desde su génesis. No se trata solo de agentes patógenos que se encuentran en el agua, una situación que debería ser atendida como emergencia por las autoridades pero ante la que, por el contrario, guardan silencio; es también la falta de planes de contingencia que puedan prevenir una catástrofe de mayor magnitud que ya está en gestación.

Ya desde 1998 -víspera de la llegada de la revolución bolivariana al poder- se advertía sobre la necesidad de reemplazar con una nueva la planta ya existente de Cloro-Soda que sustituyera la existente, levantada en 1978 en el Complejo Petroquímico Ana María Campos (antiguo El Tablazo, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia), de la petroquímica estatal Pequiven. El Cloro-Soda es el ingrediente principal para el proceso de tratamiento de aguas para el consumo humano en zonas urbanas. Pero esa tarea, prevista en los planes estatales, nunca se llevó a cabo. El resultado es que hoy la vieja planta, con su limitada capacidad productiva, no cubre las necesidades del país, con lo que su población queda expuesta a consecuencias catastróficas en la salud colectiva.

La primera campanada de alerta sobre la crisis que se asoma acaba de llegar hace días desde el estado Anzoátegui, sobre la costa nororiental de Venezuela, donde debió haber funcionado desde hace dos décadas la empresa regional Aguas de Anzoátegui, para lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había asignado recursos. Pero como con la nueva planta de cloro-soda, el proyecto no se llevó adelante.

Alerta sanitaria

Las primeras horas fueron de preocupación y los médicos tuvieron que habilitar más camas en los hospitales para recibir a cientos de contagiados que se presentaron con los mismos síntomas. Era la primera quincena del reciente mes de febrero. La situación tuvo su pico más alto cuando las autoridades estadales dieron como oficial la muerte de nueve personas, solo en el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti, de Barcelona, la capital del estado.Anzoátegui, gemela de la vecina ciudad turística y petrolera de Puerto La Cruz. Entre las víctimas hubo seis niños, según la data de la Dirección de Epidemiología regional. Unas 4.825 personas debieron ser atendidas en hospitales públicos durante los primeros 17 días de ese mes, con incidencia en cinco de los 21 municipios de la provincia. Luego de tres semanas, el conteo final fue de casi 6.000 pacientes.

Lo que en un inicio suponía un preocupante pero controlable brote de amibiasis, se fue haciendo cada vez más grande y más complejo con los días. El análisis microbiológico practicado a muestras fecales de 18 pacientes escogidos al azar en centros públicos del estado Anzoátegui, confirmaba el resultado positivo a la bacteria Shigella flexneri y al virus Norovirus.

Ambos producen síntomas similares a la amibiasis, como vómitos y diarrea, pero son mucho más letales. La shigella es una bacteria que puede infectar el aparato digestivo y provocar diarreas, dolor abdominal y náuseas. El norovirus causa la misma sintomatología y se transmite por el consumo de aguas y alimentos contaminados en espacios cerrados como guarderías, cuarteles o escuelas.

La evolución de los casos más graves no superó los 5 días, de acuerdo a los médicos tratantes y las actas de defunción arrojan como causa de muerte un desequilibro hidroeléctrico. Los pacientes más vulnerables llegaban con una condición pre existente de desnutrición y deshidratación, en algunos casos, sin el esquema epidemiológico de vacunación para los infantes. Las familias de las personas atendidas coincidían en las carencias mínimas de condiciones sanitarias por el irregular acceso a los servicios públicos como electricidad y agua potable, sobre todo en zonas rurales.

“Lo que mata son las complicaciones. Las condiciones de higiene en las casas ahorita es muy baja”, comentó la doctora Gladys Grisanti, jefa de Pediatría en el hospital Luis Razetti, de Barcelona.

Recuerda que los primeros tres días del brote tuvieron que habilitar salas y camillas adicionales para recibir a los niños que llegaban con vómito, diarrea, cólicos, heces con sangre, fiebre muy alta y algunos convulsionaron. “En el triaje se atendieron 60 niños asistiendo de emergencia, en menos de 24 horas”.

A su juicio y, de acuerdo a la literatura médica, “cuando existen este tipo de casos de brote, por lo general la persona consumió alimentos contaminados o agua”.

Los exámenes fueron contrastados en cuatro laboratorios distintos para verificar la confiabilidad: no solo los enfermos portaban esos microorganismos, sino que estaban presentes en el agua de las dos plantas potabilizadoras de esa provincia oriental.

Además y para colmo, los estudios develaron simultáneamente que los niveles de cloro en esas aguas estaban muy por debajo de los establecidos en las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable, un documento publicado en la Gaceta Oficial del viernes 13 de febrero de 1998.

 “El agua potable deberá cumplir con los requisitos organolépticos, físicos y químicos establecidos…” (artículo 14). Sin embargo, el organismo responsable del abastecimiento del recurso hídrico en el país no publica cifras oficiales, menos los parámetros de calidad actuales que sí estuvieron disponibles en algunas empresas hidrológicas en el pasado previo a la llegada del chavismo.

Tanto el Ministerio de Atención de las Aguas –una nueva entidad burocrática que se creó luego de su separación del Ministerio de Ecosocialismo y antes estaba adherida al extinto Ministerio de Ambiente- como Hidrocaribe se han limitado a decir que “garantizan el suministro” y el acceso al recurso, pero en sus redes sociales se pueden detallar los anuncios de continuos cortes en el servicio. Este es un patrón que se repite en todo el país. La realidad es que el agua resulta muy escasa y, aún más, el agua potable para el consumo humano como para mantener los estándares mínimos sanitarios que prevengan enfermedades.

Cloro escaso

En sus inicios, hace 40 años, la planta de Cloro-Soda de El Tablazo producía 130 toneladas de cloro al día y 147 toneladas de soda al día, para atender la demanda nacional. Hace dos años, en 2017, se seguía produciendo casi lo mismo y con un circuito fuera de servicio (140 toneladas de cloro al día y 158 toneladas de soda al día), de acuerdo a lo publicado en un reporte filtrado a El Cooperante.

Según fuentes ligadas a la industria química nacional, en 2019, la planta de Cloro-Soda está parada casi en su totalidad. Debió cerrar hace siete años y su sustitución por una nueva estaba prevista en los planes, así como la construcción de otras manufacturas similares de menor tamaño. La idea de abrir centrales más pequeñas llevaba consigo la lógica de prevenir accidentes en el traslado de químicos muy contaminantes y tóxicos desde un solo punto de suministro en Zulia. Nunca se concretó el proyecto.

Lo cierto es que el Complejo Ana María Campos dejó de ser suficiente hace tiempo y se paralizaron los procesos. Resultaba muy costoso su mantenimiento y prácticamente se regala el producto. La cloroficación empezó a ser deficiente y al mismo tiempo se dejaron de hacer públicos los parámetros de calidad de agua.

Responsabilidades diluidas

Uno de los indicadores del desarrollo del país yace en el acceso al agua potable. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo incluye entre los Objetivos del Milenio. En 2014, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro celebraba que oficialmente había superado las metas establecidas por el organismo multilateral.

“En cuanto a la población con acceso a agua potable, Venezuela ha cumplido con la meta en relación a cobertura de este servicio. El acceso a agua potable pasó de 80% en 1998 a 95% en el 2014”, señalaba una publicación propagandística del gobierno y citaba como fuente al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas.

Sin embargo, cinco años después, lo ocurrido en Anzoátegui refuta el discurso oficial. Venezuela no solo está lejos de alcanzar la meta sino que retrocedió en los índices de cobertura y, por si fuera poco, también oculta la calidad del agua que a duras penas se suministra.

“Hoy tenemos un drama con el agua y, lo más grave, es que están mandando agua sin agregarle químico, cloro, y eso ha producido una situación dramática de enfermedad de tipo vírico en la población”, afirma Glenn Sardi, el último expresidente de Hidrocaribe, la empresa estatal del oriente del país, antes de la llegada de Hugo Chávez.

En paralelo a los análisis de laboratorio a las personas, también se les hicieron al agua de las plantas de tratamiento en Anzoátegui. Los laboratorios que hicieron el estudio microbiológico encontraron que los niveles de cloro “estaban fuera de la norma”, según agregó un especialista de ingeniería sanitaria de la Gobernación del estado, quien delegó el tema a sus superiores para la vocería.

“Se le tomó la muestra al agua y también presentaron Shigella y el Norovirus. Nosotros hicimos las pruebas para confrontar lo que decía Hidrocaribe. Al final no dio nada, que había problemas eléctricos, pero el agua que estaba circulando estaba prácticamente sin cloro”, confirmó el Gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira.

Desde la Gobernación, afirma la máxima autoridad del estado, se les pidió a las autoridades de Hidrocaribe el acceso a las instalaciones para un estudio detallado junto a ingeniería sanitaria y contraloría sanitaria, pero no fue posible.

La responsabilidad es, en primer nivel, de la hidrológica regional cuya casa matriz es Hidroven con sede en Caracas, dependiente del Ministerio de Aguas. Todas las personas a cargo de las instancias públicas han guardado silencio ante las incidencias continuas de la falta de agua y, en este último mes sobre lo ocurrido con la presencia de Shigella y Norovirus en las muestras de agua.

La respuesta oficial cuando se contactó a Hidrocaribe para su versión fue que “no están autorizados para la vocería, garantizan el servicio y se encuentran operativos en los diversos sectores”.

Pese a los cambios internos en Hidrocaribe, Hidroven y Ministerio de Aguas, las responsabilidades recaen sobre los mismos nombres. En la hidrológica del estado Anzoátegui está Iván Rebolledo, quien se había desempeñado en la Unidad de Gestión de esta misma empresa hasta octubre de 2017, aunque para esa fecha trabajaba, también, para la empresa Inversiones ABE C.A., que le prestó rehabilitación a la planta José Antonio Anzoátegui. Fuentes ligadas al sector señalan que su llegada fue para atender con urgencia las continuas fallas en el suministro de agua en los municipios Sotillo, Guanta, Urbaneja, así como en los problemas de potabilización y bombeo.

Rebolledo no ha estado separado de Hidrocaribe en su vida profesional. También fue Gerente corporativo del Acueducto Metropolitano, en 2015, quien llevaba el seguimiento y control de planes, proyectos y obras hidráulicas, así como las inspecciones. En 2009, hizo una inspección contratada en la reparación del sistema del canal de Caratal y en la rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la planta José Antonio Anzoátegui.

Constructora Conkor –la misma ligada a temas de corrupción con asignaciones de contratados de Pdvsa que presuntamente involucra al ex gobernador Tarek William Saab y hoy fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente–, aparece también en la hoja curricular del presidente de Hidrocaribe. En 2008 fue ingeniero residente en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable. También trabajó en SNC-Lavalin, en 2004, otra compañía sacudida por el escándalo por negocios con la estatal petrolera y los impagos de ésta.

En el cargo de ministra de Atención a las Aguas está Evelyn Vásquez y como viceministra de Gestión de Aguas está Siboney Tineo, ambas del círculo de Jacqueline Farías, antigua ministra de Ambiente y promotora de la obra inconclusa de saneamiento del río Guaire, en Caracas.

20 años de olvido

La red de distribución de la región está colapsada. De acuerdo al proyecto dejado por la empresa hidrológica que dirigía el ingeniero Sardi, hace 20 años, se proponía garantizar 6.000 litros de agua por segundo desde la Planta Potabilizadora El Rincón y 2.000 litros de agua por segundo desde la Planta Potabilizadora José Antonio Anzoátegui, lo que cubriría el servicio en la zona metropolitana de Barcelona. Ahora, sin proyección urbanística, un incremento de población zonas rurales con tomas clandestinas y desinversión, el abastecimiento se ha hecho claramente insuficiente.

“El manejo del agua le compete al Estado. Ellos pueden dar una concesión pero la responsabilidad recae sobre sus hombros y han dejado de hacer lo necesario para el mantenimiento de la red de distribución”, señaló. En Anzoátegui, el principal afluente es el río Neverí, que alimenta el canal de Caratal y este, a su vez, las plantas de potabilización José Antonio Anzoátegui y El Rincón. La primera le presta servicio a Barcelona centro y sur, la segunda a los municipios Sotillo, Guanta, Urbaneja y parte de Barcelona.

Es precisamente en el municipio Urbaneja, sector Rómulo Gallegos, que el análisis microbiológico arrojó cero trazas de cloro en el momento de tomarse la muestra (finales de enero) cuando se diagnosticó el brote diarreico.

Un funcionario de ingeniería ambiental del estado Anzoátegui que prefirió no ser identificado señaló que “lo que se puede inferir es que están dando tratamiento pero no dosificado”, cual si fuera una inyección letal.

El cloro es usado para “limpiar” el agua y eliminar cualquier microorganismo dañino para la salud. Su presencia mejora las características organolépticas: sabor, olor y color, que en todo caso debe mantener ciertos estándares para el consumo humano. La norma establece que los índices de cloro menores a 0,1 mg/L son insuficientes para potabilizar el agua. En tal caso, el agua que sale de los grifos pierde sus cualidades y deja de ser insabora, incolora e inodora. En el centro del país, la denuncia masiva de las plantas potabilizadoras que surten de agua a Valencia, capital del estado Carabobo, y a la zona norte de Maracay, en el estado Aragua, está referida a la calidad del recurso: el agua que sale del grifo es turbia y maloliente.

Pero si el cloro es usado en exceso puede causar daños irreparables a la salud que van desde fallas renales y hepáticas, hasta la incidencia del cáncer de colon, mama, vejiga y pulmón.

Estado de minusvalía

En septiembre de 2018 se reportó una fuga de gas de cloro en la Planta Potabilizadora El Rincón. El peligro inminente de una catástrofe obligó al desalojo de unas 3.000 personas de las comunidades vecinas.

Este no fue el único accidente. La Planta de Bombeo Cuanaguaro que trabaja en la red de distribución de agua estuvo paralizada por varios días tras el derrumbe del canal de Caratal, en agosto de 2018, que sirve a la ciudad de Barcelona. A esto se le suma que, a principios de febrero, explotó la subestación eléctrica Barcelona que dejó sin energía al 75% de la zona norte del estado por más de 72 horas y que, inevitablemente, afecta el suministro de agua potable.

El presidente de Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui, José Gregorio Wong, pone sobre la mesa otra hipótesis acerca del origen de la emergencia sanitaria: “Es posible las aguas servidas estén entrando en las tuberías de aguas blancas que no se encuentran presurizadas y se contaminan las aguas que están llegando a las casas”. Explicó que le pidieron a Hidrocaribe que iniciara el protocolo del cerco sanitario del sistema, con una evaluación de la fuente del agua contaminada, y que aplique los correctivos para evitar que siga propagándose. En reuniones para abordar el tema, las autoridades de la hidrológica no han asistido.

Ante la ausencia de políticas públicas para atender la crisis de agua, la gobernación obtuvo directamente de la Organización Panamericana de Salud (OPS), “una considerable cantidad de pastillas potabilizadoras”, 49.600 tabletas en total, que distribuyeron en los ambulatorios con más alta incidencia de afectados y en zonas rurales. El Ministerio de Salud, por su parte, “contribuyó con la distribución de insumos y medicamentos desde el nivel central” antes del brote y repuso en la contingencia, puntualizó el mandatario regional. A la fecha, el brote diarreico había disminuido considerablemente.

La diputada Nora Bracho, presidenta de la comisión de servicios de la Asamblea Nacional, sostiene que estamos frente a un “estado de minusvalía”, con una infraestructura de las empresas responsables de los servicios públicos prácticamente paralizadas y las obras fracturadas. Recordó que esto no es un tema nuevo, que ya cuando la contaminación de los embalses la entonces Fiscal General, ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz, habló de la “manera irresponsable en cómo los medios abordaron el tema” y hubo una prohibición por difundir noticias sobre el estado del agua.

Lo único decolorado en este lugar anclado en la mitad de la selva es un Santa Claus verde pintado en las escaleras de cemento que debes subir para entrar al pueblo. Del resto todo luce limpio y ordenado. Los primeros negocios tienen carteles que anuncian la compra de chatarra, oro, plata, cobre, bronce y aluminio. Y por supuesto la compra y venta de pesos y bolívares, transferencias a distintas entidades bancarias que están en Venezuela. Por las calles asfaltadas circulan motocarros y en las avenidas se pueden ver gran cantidad de comercios, restaurantes y hasta una concha acústica.

En el departamento de Guainía el mayor número de casos de malaria se concentran en la cabecera municipal de Inírida, seguida por casos procedentes de Venezuela, Vichada y Barracominas. Venezuela y Vichada importan el 15 y 6 por ciento de los casos respectivamente, lo que implica una carga adicional a este departamento colombiano en número de casos, esfuerzos por el control del vector, tratamiento de los pacientes, carga económica, disminución de la calidad de vida, riesgo de mortalidad por malaria, y finalmente de los indicadores epidemiológicos a nivel local.

Lo anterior convierte a Guainía en el departamento de Colombia que tiene más casos de malaria procedentes del exterior, la mayoría de Venezuela. Para la semana 48 (del 27 de noviembre al 3 de diciembre), el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud – Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública reportó que Guainía tenía un acumulado de 2.043 casos de malaria no complicada, de los cuales 366 eran de Venezuela. Y para la semana 52, la Secretaría Departamental de Guainía indicó que este departamento cerraba con 3.159 casos de malaria.

Tatiana Córdoba, coordinadora del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) de la Secretaría de Salud de Guainía, asegura que de los 366 casos registrados hasta la semana 48, 19 son de San Fernando de Atabapo y el resto proceden de las minas de oro de Venezuela. Las estadísticas se tornan lúgubres, porque no identifican las comunidades, solo registran el país y si proceden de las minas. “En 2015 Venezuela estaba pasando por la epidemia más grave de su historia y nos terminó afectando. El hecho de que ustedes no tengan medicamento hace que la gente cruce el río, y vaya a donde le den la solución completa”.

Carlos Eric Azcarate, coordinador de vigilancia en salud pública en la Secretaria de Salud de Guainía, asegura que se han presentado muchos casos de malaria complicada en niños, mujeres embarazadas y ancianos, porque se toman los tratamientos sin saber si tienen la enfermedad. Al final un problema que se presenta en un área rural en Venezuela, se convierte en urbano en este departamento.

Otro problema que enfrenta el hospital “Manuel Elkin Patarroyo” de Puerto Inírida es la atención de casos de venezolanos por otras enfermedades, incluso han llegado personas por accidentes de tránsito. Nelson Evelio Palomar, secretario de Salud Departamental, indica que los pacientes procedentes de San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho son remitidos por los médicos de Venezuela. “Nosotros no los podemos atender porque el sistema de salud aquí es diferente. La persona tiene que tener una seguridad social por Colombia o tiene que pagar, a no ser que sea un caso de urgencia. El problema grande es que muchos pacientes de Venezuela llegan en estado crítico, toca remitirlos a Bogotá o a Villavicencio y no tenemos recursos. Tenemos un niño hospitalizado desde hace dos meses en Bogotá, le estamos dando albergue y alimentación al acompañante. Todos los pacientes que remitimos tienen problemas de documento de identidad, por la urgencia sale, pero después que se le da de alta es un complique y nos ha tocado darle un mes más de albergue y comida. Ha tocado traerlos prácticamente a escondidas y rogar allá para que los reciban. Se han hecho intentos con el cónsul, con la cancillería y no ha sido posible”. 

Cooperación internacional

Una antena eléctrica que emerge del río Guaviare puede verse desde San Fernando de Atabapo como una promesa del Convenio de intercambio de energía eléctrica entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en Venezuela; y el Instituto de Planificación y Promoción y Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas (IPSE), en Colombia. El acuerdo fue firmado en 2011 por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos y consistía en un proyecto de Construcción de línea de interconexión eléctrica a 34,5 kv entre San Fernando de Atabapo (Venezuela) e Inírida departamento de Guainía (Colombia). La idea era llevar energía con un servicio óptimo y de bajo costo a las poblaciones selváticas y periféricas de ambos países. Hoy esta antena solo le proporciona electricidad a las 15 casas que están en Amanaven.

“San Fernando de Atabapo viene siendo el patio trasero de Puerto Inírida. La gente viaja para allá a abastecerse. No he visto un diciembre que la gente pase con luz”, dice Cristóbal Colón Suárez, vicecónsul de Colombia en San Fernando de Atabapo, quien casi no sale de la residencia oficial, porque “para ver Macondo, prefiere leerlo”.

Magda Magris, directora de investigación y coordinadora de la unidad de investigación de Malaria de Caicet, recuerda que antes había reuniones binacionales entre Colombia y Venezuela para hacer la vigilancia epidemiológica en la frontera. De hecho, tuvieron convenios binacionales para las fronteras y proyectos en conjunto para la vacunación, pero no para la malaria.

Por su parte Tatiana Parra insiste en que si en Puerto Inírida conocieran las acciones que realizan en Venezuela, podrían trabajar mancomunadamente para solucionar el problema de la malaria: “Tú eres la coordinadora de malaria allá y yo acá. Decimos 'vamos a hacer una brigada' y nos vamos al mismo tiempo para la búsqueda de pacientes, del mosquito, y la dotación de algunos elementos de protección personal como toldillos, repelentes y campañas educativas. Lo hacemos al mismo tiempo, tú coges de este lado y yo del otro. De nada sirve que yo haga acciones y tu esperes hasta el año que viene, porque vienen los tuyos y me contagian a los míos. Si no tienes medicamentos yo te presto y luego tú me los devuelves. Necesitamos una ayuda mutua entre países, pero no existe”.

Así es la frontera, porosa, y mientras se esperan acciones que puedan romper algunas de las partes de este ciclo de infección para detener la malaria, la pista del aeropuerto de San Fernando de Atabapo lucha para que la maleza no se la trague; las casas resisten la humedad del clima amazónico; los charcos y la hierba crecen de forma desproporcionada; los atabapeños esperan a que los postes de luz funcionen; y los mineros colombianos, brasileros, venezolanos, se pasean en esta tierra de nadie.

Cae la tarde y la oscuridad se apodera de todo. Menos de la 1º Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 94 y un puesto naval, que si tienen electricidad; y del río Atabapo iluminado por las luces de Amanaven. El toque de queda impuesto por el mosquito transmisor del parásito que produce la malaria, repliega a la gente en sus casas. Pero en San Fernando de Atabapo: “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.

Esta escena se ha repetido con frecuencia desde finales del año pasado porque desde hace ocho años ha recrudecido la malaria en esa zona del sur selvático de Venezuela. Lo sabe Samuel Iribertegui, sacerdote salesiano presente en la zona desde 1974 y con 22 años de residencia en San Fernando de Atabapo. En una zona de febril actividad minera es común la presencia de la enfermedad, caracterizada por altas fiebres y anemia debido a la picadura del mosquito anófeles. Dice el padre Iribertegui, contextura media, alto y de tez blanca, que no hay un registro de los casos diagnosticados en las comunidades a lo largo del río, aunque intuye que la cifra se ha incrementado por una cuenta que lleva en la institución educativa a la que sirve. “Llegamos a tener 110 casos de paludismo en las últimas semanas de noviembre”, afirma.

LEE LA SEGUNDA ENTREGA AQUÍ: "El departamento colombiano con más casos de malaria extranjeros"

A la latente posibilidad de contraer malaria se ha sumado ahora las recurrentes fallas en el suministro de medicamentos, el precario control del vector que la ocasiona, los problemas que supone abastecer una geografía agreste y la minería ilegal. Las estadísticas de la Dirección de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho, la capital de la provincia, indican que en 2016 se contabilizaron 29.100 casos en el estado Amazonas, 20 por ciento más que en 2015. De éstos, 4.157 enfermos buscaban atención médica en el municipio Atabapo al momento de ser diagnosticados. De esa cantidad, 1.100 eran extranjeros. Los coletazos de esta epidemia, que abarca cuatro municipios, se esparcen hasta Amanaven y Puerto Inírida, dos poblados colombianos. Los enfermos, que en su mayoría trabajan en las minas ilegales de oro de Venezuela, llegan desde esos lugares en busca de alivio. Pero aquí apenas pueden recibir consuelo.

Rumbo al pueblo del caucho

Un telón de neblina cubre el cielo de Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. Son las seis de la mañana y faltan cuarenta y cinco minutos de carretera para llegar hasta el puerto de Samariapo, desde donde sale el transporte fluvial hacia San Fernando de Atabapo.

—Abre ahí para medir la gasolina —dice uno de los guardias en una de las tres alcabalas que hay que sortear para llegar hasta el puerto.

—Puedes verla en el tablero —responde el taxista, desafiante.

El militar se asoma por la ventana, mira el tablero, y deja ir al conductor. “Si tienes siete Harina Pan te quitan una, si llevas 200 mil bolívares te piden las facturas de la mercancía. Siempre se inventan algo. La tarifa son 15 mil bolívares. Si no tienes los papeles en regla te pueden quitar más”, se desahoga el transportista, una vez superado el retén.

En el Puerto de Samariapo hay varios negocios de comida y un pequeño mercado de verduras que a esta hora de la mañana permanecen cerrados. A las diez llega la lancha, conocida como voladora. Los pasajeros desembarcan en una casa flotante, una estructura de metal, donde hay una pequeña bodega. Un funcionario de la guardia nacional comienza a revisar el equipaje de los pasajeros que embarcan. Al terminar, empieza el recorrido por el río Orinoco y el puerto va quedando atrás. La lancha va un poco hundida y algunas gotas salpican a los pasajeros. La vegetación delimita la serpenteante corriente de agua.

Luego de tres horas aparece el puerto de San Fernando de Atabapo: una orilla corta de arena blanca donde hay otras embarcaciones encalladas. Resalta una pared que tiene escrito en letras muy grandes: “Dios existe”. Justo al lado, sentado a una mesa, está un funcionario de migración anotando en una lista a los recién llegados y un militar, ubicado en otra mesa, revisando nuevamente el equipaje. Con tanto control resulta irónico que este pueblo sea una de las puertas principales de entrada a las minas ilegales de oro, que se concentran alrededor del Parque Nacional Cerro Yapacana. A través de San Fernando de Atabapo pasan embarcaciones repletas con alimentos, gasolina y personas. Todo para la mina. Ya son más de 20 dragas que muerden el lecho del río Atabapo de arriba a abajo y aproximadamente 10 mil personas las que trabajan en las minas ilegales.

San Fernando de Atabapo fue la primera capital del estado Amazonas. Parece un lugar detenido en el tiempo de Tomás Funes, militar y explotador de caucho, quien abusó de los pobladores y atropelló a los indígenas, a quienes masacró y convirtió en esclavos. Con él se inició un período de terror hasta que fue fusilado en 1921. Es aquí, en este lugar sin tiempo, donde anida la pavorosa epidemia de malaria que está diezmando a sus habitantes. Son 9.228 personas entre criollos e indígenas, que, en los últimos meses, cuando advierten los síntomas de la enfermedad, no saben si podrán sobrevivir para contarlo.

El incremento de los casos de malaria pudiera tener su origen en las disputas por el control de los yacimientos. “Hubo un enfrentamiento en una mina y llegaron los mineros en tropel hasta San Fernando de Atabapo. Tenemos minería ilegal en el estado y eso es un problema serio”, asegura Magda Magris, coordinadora de la unidad de investigación de malaria del Servicio Autónomo Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (Caicet).

La forma de practicar la minería ilegal en estos lugares, con el uso de motobombas, favorece la formación del hábitat del mosquito que transmite la malaria. En los enormes hoyos que cavan los aventureros se empoza agua estancada. Los asentamientos ilegales donde se instalan los mineros carecen de servicios públicos y condiciones básicas de salubridad que favorecen los criaderos de insectos.

Cartas sin respuesta

A nadie parece importarle lo que ocurre. El 11 de octubre de 2016 José Largo, coordinador del Distrito Sanitario Nº2 del municipio Atabapo, que tiene a su cargo 16 ambulatorios rurales tipo I, le entregó una carta al Comité de Control de Combustible, para solicitar de la reserva para seguridad y defensa a la salud tres mil litros de gasolina y otros 660 de gasoil para la movilización a diferentes sectores de San Fernando de Atabapo y las parroquias Hucata y Yapacana, con el objetivo de realizar un cerco epidemiológico y las respectivas fumigaciones. Pero no hubo respuesta.

El 4 de noviembre, Largo y el equipo de salud del Hospital María Garrido, ubicado en San Fernando de Atabapo, volvieron a la carga con otra misiva, esta vez dirigida al comandante del destacamento de fronteras y representante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en Atabapo. El coordinador del Distrito Sanitario Nº2 del municipio Atabapo contabilizaba entonces 595 casos positivos y una muerte ocurrida en la última semana de octubre. Una semana después, el 15 de noviembre, llegó una comisión de salud ambiental formada por Juan Carlos Moreno, subdirector de malaria del estado Amazonas; Arvey Garrido, inspector de salud pública y un fumigador. Según Largo, para este momento ya en el pueblo había más de 900 enfermos.

Moreno advirtió que los pacientes no solo provenían de San Fernando de Atabapo, sino de comunidades más lejanas como Carida, a tres horas en lancha. La mayoría eran niños que estaban infectados con plasmodium, el parásito que entra en la sangre tras la picadura del mosquito. En vista de eso el grupo se trasladó hacia esos lugares.

En Carida hay una base militar. Desde esta zona hay caminerías hechas de tablas por donde pasan las motos que llegan hasta las minas ilegales de oro, lo cual convierte al poblado en uno de los principales focos de malaria. De 137 láminas tomadas, 86 eran de distintos tipos de plasmodium. De allí siguieron a Macuruco, donde detectaron que no había un buen saneamiento. En La Venturosa, donde continuó el recorrido, solo fumigaron porque llegaron muy tarde y no se pudieron tomar muestras. En Santa Bárbara, donde hay un puesto militar, tres oficiales resultaron positivos. En cada poblado encontraron un panorama que desbordaba su capacidad de respuesta. “Nosotros no estábamos preparados para esta epidemia de malaria, porque como en el año 2015 no tuvimos tantos casos de paludismo, se compraron insumos proyectando un escenario similar para 2016. Ahora estamos haciendo recorte de tratamiento, supervisado y vigilado”, dice William Velásquez, quien tras seis años en el cargo de director de Salud Ambiental de Amazonas entregó su renuncia el 9 de febrero de 2017.

Una epidemia anunciada

Un árbol de Nim, una planta que contiene un ingrediente que sirve para el tratamiento de la malaria, está sembrado detrás de la sede de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho. Sus ramas dan sombra a varias personas, mujeres embarazadas, niños, ancianos y hombres, que están sentados en una fila de sillas en uno de los pasillos. Algunos tienen la mirada perdida, aislados de todo lo que pasa a su alrededor. Otros sostienen sus cabezas tratando de controlar el dolor. Algunos más tiemblan y están abrigados con suéteres y chaquetas pese a una temperatura de casi 29 grados centígrados.

“A mí me ha dado cinco veces, ahora quien tiene es mi mujer”, dice un señor que está sentado en una pila de bloques junto al árbol. “‘Agárrame que me voy para el suelo!’, le gritaba a mi mujer la última vez que contraje malaria. Se me fue el mundo”. Él vive en el barrio Ojo de Agua, saliendo de Puerto Ayacucho, y dice que “allá hay paludismo por demás”.

Cuatro municipios de Amazonas (Atures, Autana, Atabapo y Manapiare) están en epidemia, uno (Alto Orinoco) en alarma, y dos (Maroa y Río Negro) en seguridad. En todos los municipios hay presencia de minería ilegal, excepto en Atures, donde no se practica esta actividad, pero sí recibe a todas las personas con malaria provenientes de las minas, que viajan para abastecerse de alimentos y otros servicios.

El 21 de septiembre 2016 William Velásquez, ex director de Salud Ambiental, envió una carta al entonces director de salud regional, Diony Herey, con copia a la ministra de Salud, donde declaraba al estado Amazonas en epidemia. Pero no recibió respuesta. A finales de noviembre la ministra visitó la entidad y Velásquez le planteó todos los problemas que tenían: “Nosotros trabajamos bien, pero ha habido problemas para hacer el control del vector. No tenemos para hacer rociamiento en las paredes ni un insecticida biológico para echar en los criaderos; tenemos que usar un químico que destruye la flora y la fauna. No tenemos carro, motores fuera de borda, el problema básico de la gasolina y el gasoil para echar el insecticida, bujías y pilas para las máquinas. Yo he tenido que pagar cosas con mis propios recursos. Aquí nadie ha dado nada ni gobierno nacional, ni regional, ni municipal”.

Para el 2 de diciembre de 2016 estaban registradas seis muertes de personas con malaria (una en Atabapo, una en Alto Orinoco y cuatro en Atures). Algunas con complicaciones de dengue hemorrágico y tromboembolismo pulmonar. Velásquez advierte que pueden tener un subregistro de casos porque hay mucha gente que no llega a registrarse, se automedica, o los mismos microscopistas le hacen el diagnóstico, pero no lo registran ni envían la información. Ese mismo mes llegaron 5.000 mineros al municipio Atures y a la institución se le acabó el tratamiento. “Tuvimos que dar medicamento solo por tres días. Ha venido gente hasta de Táchira a trabajar en las minas. Esto sigue peor”, se lamenta el doctor.

Una esperanza a pocos minutos

Amanaven es un pueblo colombiano del departamento de Vichada, que se levanta sobre una montaña de tierra, y está justo al frente de San Fernando de Atabapo, a cinco minutos de navegación. Para entrar al pueblo hay que subir unas escaleras hechas de tablas. Las pocas casas del lugar están construidas con madera, en forma de palafitos. Debajo de una de las estructuras, una mujer está llenando sacos con tierra que sirven como muro de contención. Este pueblo improvisado pareciera que se puede hundir en cualquier momento, pero no su economía. Venta de ropa, alimentos, juguetes y carteles de “Se compra oro”, pueden verse en varias casas.

En Amanaven el único ambulatorio está cerrado porque el enfermero se murió hace tres meses. Pero a unos cuantos pasos hay una pequeña farmacia donde el también enfermero Ancisar López, de 56 años, hace consultas generales y vende medicamentos, entre estos el de la malaria, que para finales de noviembre costaba ocho mil bolívares. Una niña entra junto a su madre: “Tiene dos días con fiebre”. López le hace un pinchazo en el dedo y toma la muestra de sangre. Ambas salen. “Siguiente”. Otra gente comienza a llegar. 

López cuenta que durante el día atiende hasta veinte casos entre venezolanos, colombianos y brasileños provenientes de las minas. La mayoría son del municipio Atabapo. “Todos los que vienen dicen que allá no hay medicinas y traen el récipe. Mientras no fumiguen no se hace nada”, dice. También comenta que llegan muchas personas de las minas con gonorrea y que las mujeres que ejercen la prostitución siempre son renuentes a examinarse.

William Velásquez, exdirector de Salud Ambiental en Puerto Ayacucho, asegura que en Amazonas nunca ha faltado tratamiento. El problema radica en que los municipios tienen que enviar las estadísticas que avalen la solicitud de medicamentos a ciudades donde sí existe el tratamiento como en Maracay, la capital del estado Aragua (centro de Venezuela). Es un trámite burocrático que muchas veces se complica por la falta de comunicación con las remotas comunidades amazonenses y se suma a las denuncias sobre la venta del tratamiento contra el paludismo, que en Venezuela es gratuito y al acecho del hampa. En octubre hurtaron tres cajas (cada una con 30 tratamientos) de la farmacia que está en la sede de Salud Ambiental en Puerto Ayacucho. Velásquez hizo la denuncia en la fiscalía y entregó el número de lote de las cajas, que encontraron tiradas en la calle sin el tratamiento.

Mientras los casos de malaria aumentan, la gente sigue buscando una solución al otro lado del río o su rebusque en las minas, muchas veces poniendo en riesgo su propia salud.

Con este cuadro clínico llegó Abismael Espinoza Rodríguez, de ocho años de edad, al hospital de Guaiparo una noche de los últimos días de septiembre. Los padres del niño habían acudido, al principio, a un módulo médico de Barrio Adentro –el programa de salud auspiciado por el expresidente Hugo Chávez y con cooperación de Cuba– en la población de San Félix. “El doctor nos dijo que era una amigdalitis, así que regresamos a la casa y solo cumplimos con el tratamiento. Pero pasaban los días y no mejoraba, al contrario: empeoraba. Decidimos llevarlo a un hospital y ahí sucedió lo peor”, cuenta Gregoria Rodríguez, la madre del niño.

El 11 de octubre, la ministra de Salud, Luisana Melo, se pronunció por vez primera sobre el brote de la enfermedad: “Es un tema regional, solo en el estado Bolívar. De todos los casos sospechosos se encontraron cuatro y dos muertes confirmadas de difteria”. Pero 12 días antes de estas declaraciones, ya había otro diagnostico gubernamental. Francisco Rangel Gómez, el gobernador de Bolívar, lanzó a finales de septiembre un número mucho mayor: “Hemos tenido 13 casos de difteria”.

Según el certificado de defunción de Abismael Espinoza, el niño murió producto de una miocardiopatía diftérica. Así, como él, en las actas de fallecimiento de otros tres niños procedentes de Bolívar –Saraí Bastardo, Jhoangely Alexandra Ochoa y Dariervys Brazón–, emitidas entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre y obtenidas por Armando.info, se indica a la difteria como el motivo de las muertes. Para los médicos de los centros de salud de Bolívar, los testigos del resurgimiento de la difteria, se oculta una epidemia. “La confirmación de los casos se suele tardar, porque casi la totalidad de las pruebas son enviadas a Caracas. No obstante, ya tenemos varios pacientes, decenas, y no se dan a conocer. Son más de 20 muertes por esta enfermedad. Hasta la sala de pediatría del hospital (Raúl Leoni) ha sido habilitada para solamente atender a los posibles enfermos de difteria”, afirman un doctor de este hospital.

La difteria es una enfermedad prevenible. La vía expedita para evitar un brote en la población es la vacunación. En Venezuela, la inmunización depende de los programas sanitarios dirigidos por el Estado. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países deberían alcanzar 90 por ciento de la población inmunizada –en este caso con la vacuna conocida como DPT3– para asegurar la reaparición de esta enfermedad. Sin embargo, en el estado Bolívar no se ha cumplido con este lineamiento en la última década.

Los padres de Abismael Espinoza no recuerdan haber puesto las tres dosis de la vacuna contra la difteria al niño. En 2008, el año en que nació Espinoza, la cobertura de la vacuna DPT3 en el estado Bolívar alcanzó un 16,5 por ciento, según registros del Anuario del Programa Ampliado de Inmunizaciones (1962-2009) del Ministerio para la Salud. Las cifras por entidades no se han divulgado periódicamente en los últimos seis años, aunque la Sociedad Venezolana de Salud Pública ha llevado el pulso de la situación epidemiológica en base a estadísticas oficiales y otras filtradas. “Bolívar es uno de los seis estados más vulnerables de Venezuela, pues hasta mediados de 2016 la cobertura de inmunización contra esta enfermedad estaba en un promedio anual de 42 por ciento. Otros estados en similares condiciones son Barinas, Carabobo, Delta Amacuro, Monagas y Zulia. Esto revela que no se trata de un problema regional, tal como señala la ministra. Ya es una epidemia, un solo caso basta para considerarse una epidemia, y puede expandirse a otros sitios”, sentencia José Félix Oletta, miembro de esta organización y exministro de Salud.

Hasta hace unos días no eran notorias las muestras de prevención sanitaria. En el aeropuerto de Puerto Ordaz, en Bolívar, y en los principales terminales terrestres no se examinaban las condiciones de salud de los pasajeros. En cambio, el brote surgido es considerado como un peligro en el exterior, aunque la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no haya puesto todavía una alerta. En Guyana, que limita con Venezuela precisamente en la frontera del estado Bolívar, han iniciado una intensa jornada de vacunación para evitar la expansión de la enfermedad, mientras que el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana ha recomendado al personal médico del Aeropuerto Internacional de Las Américas estar vigilantes con los viajeros procedentes de Venezuela ante el resurgimiento de la difteria.

El lejano antídoto

Los padres de los cuatro niños cuyas actas de defunción indican que murieron por difteria admitieron que no colocaron las dosis completas de las vacunas. “Siempre quise vacunar a mi bebé, pero cuando iba a los ambulatorios o el hospital me decían que se había agotado la vacuna, en un momento tiré la toalla y no seguí yendo”, dice Melville.

Las vacunas antidiftéricas dependen de un acuerdo firmado entre Cuba y Venezuela, a través de la Empresa Socialista para la Producción de Medicamentos Biológicos, Espromed Bio C.A. creada el 12 de en junio de 2014 por decreto del presidente Nicolás Maduro.

Pero Espromed Bio no resultaba una invención del Gobierno. La planta de vacunas, localizada en la Universidad Central de Venezuela, ya existía desde el año 2000 y dependía del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. El Ejecutivo solo decidió traspasar la administración directamente al Ministerio de Salud para repotenciar su operatividad. De la empresa se esperaba que cumpliera con la demanda del país, pues está conformada por tres laboratorios independientes para el proceso de fermentación industrial con posibilidad para elaborar 160 millones de dosis anuales de toxoide diftérico, vacuna anti-Pertussis y toxoide tetánico y con una planta de formulación, llenado y procesamiento final, con capacidad instalada de 120 millones de dosis al año.

La naciente promesa no se ha salvado del ocaso venezolano, sin embargo. El año pasado, Espromed Bio solamente produjo el envasado y el etiquetado de 21.718.906 dosis de productos biológicos y medicamentos esenciales para la prevención de enfermedades causadas por virus, bacterias, toxinas, entre otros agentes. De esta cantidad solo se distribuyeron 5.104.842 –casi la totalidad de las dosis adquiridas del convenio entre Cuba y Venezuela– en el país. Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de la Salud de 2015, la empresa fue víctimas de los retrasos en la asignación de divisas para importar repuestos e insumos para la producción, entre otros obstáculos administrativos.

La reaparición de la difteria ha coincidido con la peor crisis de salud experimentada en Venezuela. El país, dependiente del petróleo y sujeto a un estricto control cambiario de divisas, ha caído en una debacle financiera que ocasiona una merma en las importaciones. Esta situación ha afectado a los hospitales, farmacias y laboratorios que, en la mayoría de los casos, se abastecen de insumos adquiridos en el exterior. Se calcula que casi existe un déficit de 85 por ciento de los fármacos –según la Federación Farmacéutica Venezolana– y un creciente deterioro de los centros médicos. Pero el Gobierno de Maduro ha acuñado a la “guerra económica” para responsabilizarla de los males.

El evangelio de la omisión

En la iglesia cristiana del barrio Buen Retiro de San Félix, en el corazón del estado Bolívar, han elevado una oración por el alma de Saraí Bastardo. Los pobladores de este amurallado caserío aún no encuentran explicaciones a la repentina muerte de la niña. Solmaira Melville, la madre de Saraí, resiente de no haber notado a tiempo los signos de desfallecimiento de la hija: “Disnea, garganta irritada, pecho trancao. Como era asmática, pensamos que era eso y que se le pasaría con medicamentos. Pero no era eso, era la difteria”.

El brote de difteria ha desatado el temor en Bolívar. Melville denuncia que uno de sus tres hijos ha sido aislado en el colegio. “Una maestra ha comenzado a decir que el niño no podía estar junto al resto, que tenían que hacerle exámenes médicos antes de reincorporarse. Después de la muerte de mi bebé nos han vacunado a todos. Ya, luego de varios reclamos, la directora ha estado al tanto y permitió que el niño recibiera clases”, comenta.

En el barrio de la familia Espinoza Rodríguez, los dolientes de Abismael, ya se conoce sobre la difteria debido a la muerte del niño. “¡Pregunte por la mamá del niño que murió por difteria! Cualquiera podrá decirle dónde queda mi casa”, dice Gregoria Rodríguez al pautar una entrevista periodística.

A juicio de Oletta, la peor receta aplicada por el Ministerio de Salud es el “ocultamiento” de la información. “La ministra Melo ha incurrido en un grave error, lo peor que se puede hacer ante una epidemia es no decir nada o que todo está controlado cuando no es así. Eso, finalmente, termina por deslegitimarla. También provoca la discriminación dentro de la población debido a la incertidumbre. En el país se está produciendo un daño por las malas políticas y no tener el valor de rectificar, admitir que se han equivocado”, explica.

Desde que la autoridad sanitaria declaró el 11 de octubre no se han divulgado más cifras oficiales sobre el brote. Armando.info contactó al Ministerio de la Salud para obtener estadísticas actualizadas sobre la difteria, pero respondieron que no era posible conocerlas porque Melo se hallaba en la presentación del informe de Derechos Humanos de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), y debía autorizarse a otros voceros para declarar.

El silencio del Ministerio de Salud es cuestionado. Esta semana, Melo recibió fuertes críticas en Twitter, al punto de convertirse en tendencia en la red social, por omitir la crisis sanitaria en Venezuela durante su intervención en Ginebra ante la Organización de Naciones Unidas, en el segundo Examen Periódico Universal. Dijo allí que el Gobierno ha distribuido más de 6,5 millones de vacunas para proteger a los venezolanos de 16 tipos de enfermedades distintas, pero sobre la difteria ni habló. En el portal de la cartera de salud y en sus redes sociales tampoco existe información sobre el brote del sur del país. El aparato del Estado continúa admitiendo solo dos muertes por la enfermedad, a pesar de que para este reportaje se pudieron constatar al menos el doble de los decesos. El silencio aún es oficial.

*Este trabajo contó con la reportería de Marcos David Valverde en el estado Bolívar.

Así fue como Delvia Guerra vio morir a su hijo de 17 años: defecando, vomitando, sudando y llorando sangre en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Doctor Miguel Oráa, de Guanare, la rural y silenciosa capital del estado Portuguesa. Fue en septiembre de 2002 y aún Delvia dice, por equívoco, que su hijo murió de dengue hemorrágico. Desconoce que se trata de un virus netamente venezolano, que existe solo en los estados de los Llanos Occidentales del país y al que los científicos internacionales investigan con tanta cautela, como interés pueden sentir por él las organizaciones terroristas que intentan disponer de armas biológicas de destrucción masiva. El motivo para ambos grupos es simple: el Guanarito es tan fiero, y casi tan letal, como el ébola, que por estos días asuela el oeste de África.

Lewis Lenín Silva Guerra, el hijo de Delvia, fue una de las 23 personas fallecidas ese año a causa de esta, la Fiebre Hemorrágica Venezolana. Desde su deceso en 2002 y hasta el mes de julio de 2014, han fallecido desangradas al menos 98 personas en el país, casi todas ellas en los estados Portuguesa y Barinas.

El virus causante de la enfermedad se llama Guanarito porque se descubrió en 1989 en el municipio llanero del mismo nombre, después de que litros de sangre mancharan el piso del hospital Oráa. Más de cien personas murieron ante la impotencia de decenas de especialistas, epidemiólogos que se llevaban las manos a la cabeza mientras trataban la enfermedad en vano como si fuera un dengue. Pero hoy, a 25 años de esos terribles episodios, en esa población de 42.000 habitantes y tres parroquias, le temen más a El Silbón, un espanto del folklore local, que a la fiebre. José Tovar -un técnico agropecuario de la población-, por ejemplo, frunció el ceño cuando se le preguntó sobre el virus. No sabía de la enfermedad, pero sí podía dar fe de que el espanto nacional por excelencia existía y que él mismo, con sus propios oídos, lo había escuchado.

Mientras los guanareños, despreocupados por el virus, se cuidan de un fantasma, investigadores estadounidenses encendieron las alarmas por la pérdida de un frasco de Guanarito. Saben de qué asesino están hablando. Autoridades de la Universidad de Texas en Galveston informaron en marzo de 2013 sobre la desaparición de una muestra del Guanarito en un centro de investigación de esa casa de estudios, que sirve al Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Hasta la fecha, no hay mayor información sobre el caso y especialistas advierten el riesgo de que el virus pueda emplearse al servicio del bioterrorismo.

Mucho más al sur del hemisferio, en Guanare -a tan solo dos horas en carro del epicentro hemorrágico del país-, siete taxistas, dos amas de casa, cuatro adolescentes, una oficinista y los dos encargados de un hotel de camioneros, interrogados para este reportaje, nunca habían escuchado sobre la Fiebre Hemorrágica Venezolana. Cerca, en la Dirección Regional de Salud del estado Portuguesa, cuya sede ocupa una estructura vieja con puertas de madera al cuidado de un portero armado solo con un cuaderno de visitas, Nuris de Manzione daba una charla sobre el ébola y sus implicaciones en el país, como una excusa para volver a hablar del Guanarito. Reunió a todos los epidemiólogos de Portuguesa para iniciar un cerco preventivo y evitar que un posible brote de Guanarito termine en los medios de comunicación bajo el disfraz de una presunta llegada del letal virus africano a Venezuela. Ya días antes, en julio, había muerto un residente del poblado de San Rafael -45 años, obrero, sexo masculino- por la fiebre hemorrágica. Hasta ese mes se registraron siete casos en lo que va de año; dos de esos pacientes perdieron la vida. De Manzione, en medio del desconocimiento rural, tiene todas las respuestas acerca de este asesino endémico.

Más que dengue, Guanarito

Tenía 32 años y era la epidemióloga regional. Morena oscura, con la mirada triste y con ocho años de experiencia para entonces, Nuris de Manzione dejó a su hijo de dos meses de nacido al cuido de una doméstica para llegar al hospital. Era septiembre de 1989, y en los pasillos del establecimiento sanitario la gente –hombres en su mayoría– moría desangrada por una aparente epidemia de dengue hemorrágico. Fueron más de 100 personas, de todas las edades, pero todas, sin excepción, del municipio Guanarito, las que llegaron con hilos de sangre que les brotaban de los lagrimales. Los pacientes, débiles, con el abdomen inflamado y las encías sangrantes, fallecían después de varios días de ataques de fiebre, dolor de cabeza, malestar general y, al final, la inevitable y escandalosa hemorragia.

La doctora De Manzione interrumpió su discurso del ébola y ahora está sentada en su oficina, rememorando, mientras contiene el llanto. Fueron los días más oscuros de su carrera, dice, antes de preguntar a qué se debe la investigación sobre el virus. Es que nadie se interesa ya. En Guanarito, que para entonces tenía menos de 30.000 habitantes, creían que se debía a una maldición satánica y llamaron a la enfermedad el Supersida. Los estudios, apurados por la incontrolable epidemia, forzaron al grupo de epidemiólogos a trabajar con las uñas. El Instituto Nacional de Higiene y un departamento del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) analizaron las muestras. La viróloga Rosa Alba Salas descubrió que se trataba de un virus distinto a los sospechosos habituales: dengue, leptopirosis o malaria. Se sabía que era fiebre, y que era hemorrágica, pero nada más.

Entonces los epidemiólogos y virólogos del país se concentraron en la zona de Guanarito debido a las estadísticas de los pacientes. Todos provenían de allí –sí, el pueblo de El Silbón- y de los municipios vecinos de Papelón y Guanare. La mayoría eran trabajadores del campo con edades entre 20 y 45 años que se trataron con cualquier calmante los dos o tres primeros días de fiebre alta y llegaron a la pequeña ciudad solo después de detectar los primeros síntomas hemorrágicos.

La investigación previa arrojó que en la provincia argentina de Buenos Aires existía un virus similar, un Arenavirus llamado Junín, del que se tenía conocimiento desde 1958. Las muestras del virus criollo llegaron a la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y allí, con el concurso del doctor Roberth Tesh, se determinó que se trataba de un Arenavirus endémico, es decir, que solo existe en ese poblado. Fue entonces cuando bautizaron la enfermedad como Fiebre Hemorrágica Venezolana. Ya la hemorragia tenía apellido.

De Manzione recuerda que a finales de ese año comenzaron los trabajos de campo. En sus cuadernos anotaron que la mayoría de los enfermos residían en las parroquias alejadas de la capital de Guanarito, del mismo nombre, y que en una sola familia se podían encontrar más de dos enfermos o fallecidos. Se sabía que el virus estaba en ese territorio, pero no se hallaba el vector, es decir, el animal que lo transmitía a los humanos y lo preservaba en el tiempo. En 1990 concluyeron que el virus vivía en el Zingodontomys Brevicauda, un pequeño ratón silvestre cuyo hábitat ocupa desde Panamá hasta el oriente venezolano, atravesando todo el territorio colombiano. De seis centímetros, se alimenta de plantas y frutos, y vive en madrigueras cerca de las siembras. Lo conocen como el ratón de caña de azúcar y solo entra a las casas en temporada de lluvia cuando el agua destruye sus guaridas. Pese a todo lo descubierto por los analistas, no había mayores registros de mordidas de estos animales en humanos. La transmisión del virus se convirtió en un misterio.

Mientras tanto, De Manzione y el resto de los investigadores se enfrentaron a otra epidemia: las críticas. Los políticos de entonces, cuenta, responsabilizaron al gremio médico y a la crisis sanitaria por los cientos de muertes e incluso los epidemiólogos fueron sometidos a una interpelación pública en el extinto Congreso de la Nación. Las huelgas estaban a las puertas del hospital y el terror se había adueñado del pueblo.

La cuna del ébola criollo

Los 42.000 habitantes de Guanarito conocen a Juan Hilario. Los primeros días de mayo no hay caporal paseando por sus parajes ni burrero que recorra sus caseríos. El Silbón es el pran del pueblo y su leyenda, la norma de convivencia. 

En una de sus calles reside Miriam Rodríguez, miembro de la directiva de la Asociación Nacional de Cultivadores de Algodón. Al principio dice que nunca había escuchado del Guanarito, pero al identificar los síntomas recordó el calvario de su amiga Delvia, la que perdió a su hijo en 2002.

El pueblo tiene unas calles llenas de aguas negras y poco alumbrado público. En sus 19 centros de salud no hay ambulancia alguna, pero es un poblado rico, con siembras de patilla, ajonjolí, girasol, melón y arroz por sus cuatro costados. Lewis, el muchacho de 17 años, removía la tierra en el sector Morrones un lunes por la mañana. Usaba solo las herramientas necesarias para adelantar el trabajo en la granja de su familia. A los tres días ingresó al hospital de Guanare por la persistente fiebre y, dos o tres días después, falleció. A su madre le dijeron que era dengue hemorrágico y que era una enfermedad única en Guanarito. Cuando Miriam Rodríguez vio morir al adolescente, olvidó el silbido del espanto y sintió fobia por los zancudos. Supuso que el pueblo estaba condenado a la muerte sangrienta debido a los elevados números de contagio del Aedes agiptus.

Doce años antes de ese deceso ya se había descubierto que la rata era la transmisora. Que rondaba por todo el pueblo y que cualquiera estaría condenado a su mordedura. Ningún trabajador de la tierra se preocupó por exterminar a la rata ya que la única forma era acabar con las cosechas o contaminar todos los sembradíos. Iniciando los noventa, el resultado de la investigación alarmó a todos los especialistas: bastaba oler el excremento de la rata para contagiarse. La inhalación y el tacto directo con los fluidos del animal son suficientes para correr el riesgo del desangre. Las ratas de caña de azúcar no muerden.

En la sala situacional de la Dirección de Salud tienen las cuentas claras, aunque no siempre concuerden con las del ministerio en Caracas. Desde 2008 hasta julio pasado, se han contabilizado solo en Portuguesa 175 casos. De ellos, 40 han fallecido. No hay registros de mortalidad de los otros estados endémicos –Barinas y Guárico– ni de los estados en riesgo –Cojedes y Apure–. Las cifras del Ministerio de Salud reportan 41 casos durante ese período a nivel nacional.

De modo que hubo más casos reportados en Portuguesa que los certificados por el ministerio en todo el país. Mientras que el ente oficial en materia de salud en la entidad señala que en 2008, por ejemplo, hubo cuatro muertes, el ministerio sólo da cuenta de dos decesos en todo el país. Al año siguiente, se registraron ocho defunciones en Portuguesa, pero el ministerio reportó seis a nivel nacional. En 2011, también, lo reportado por la Dirección Regional, 14 defunciones en Portuguesa, contrasta con la cifra de 13 muertos por la fiebre en todo el territorio nacional expuesta en el Anuario de Mortalidad publicado ese año por la cartera de Salud.

De Manzione dirige una sala situacional equipada con tesón e ingenio. Tiene una ingeniera a su orden que hacía análisis semanales en Guanarito, pero ahora los hace una vez al mes por falta de vehículo. Pese a ello, los investigadores cuentan con el Centro de Investigaciones de Virosis Hemorrágicas y Enfermedades Transmisibles (CIVIHET), a donde van a parar todas las muestras para el estudio de los posibles casos. Se trata de una pequeña residencia en el sector La Colonia de Guanare que funciona hasta las tres de la tarde y que no atiende al público en general, sino que recibe las muestras que envían desde el hospital. Allí labora desde abril de este año la bioanalista María Eugenia Núñez, oriunda del estado Bolívar y especialista en Biología Molecular del IVIC. Ese mes recibió un caso novedoso para ella en un laboratorio privado: el paciente tenía todos los síntomas del dengue, pero la evaluación del virus arrojaba otro resultado, así que fue remitido al hospital Doctor Miguel Oráa. Pese a todos sus estudios, fue ese día que Núñez conoció al Guanarito cara a cara. Si en Portuguesa se desconoce su existencia, en el resto del país el primo hermano del ébola no tiene ni barra ni doliente.

El profesor Enriquez Álvarez, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) de Barinas, publicó en 2009 una investigación titulada Virosis hemorrágicas en el medio rural, sobre el conocimiento de los habitantes del caserío El Ruano del municipio Guanarito sobre la Fiebre Hemorrágica Venezolana. Realizó entrevistas durante cuatro años que revelaron la ignorancia colectiva sobre la enfermedad y sus riesgos. La investigación concluye: "La población muestra confusión respecto a la enfermedad que le afecta (…) La intervención educativa ha sido débil, el Ministerio de Salud ha informado sobre la fiebre a algunos pobladores y el Ministerio de Educación y la Dirección Ejecutiva de Educación han estado ausentes del área".

Muchas personas, aun siendo afectadas, explicó Álvarez, no creen que se deba a un virus sino a cosas de brujería. “Piensan que viene por la vía de un mal echado. Es una creencia general”, dijo. Por ello, desarrolla actualmente un segundo estudio sobre las supersticiones alrededor de la enfermedad e impulsa talleres dirigidos a maestros de escuelas rurales. “El 90 por ciento de esos docentes no la conoce”. Su interés lo llevó a presentar al año pasado una propuesta ante el Ministerio de Educación Universitaria para ampliar el alcance de sus actividades informativas a más poblados de Portuguesa y Barinas.

Las jornadas educativas y preventivas del Ministerio de Salud, cuenta, no logran abarcar los diversos caseríos. Los funcionarios del ministerio son pocos y no cubren esas grandes áreas. La cartera de Salud elaboró el Manual para la Vigilancia Epidemiológica de la Fiebre Hemorrágica Venezolana, con datos detallados sobre los síntomas del virus y las medidas de prevención. Está publicado en el website del ministerio. El acceso a estos materiales, sin embargo, se dificulta en las residencias rurales caracterizadas por su escaso acceso a Internet.

Mata, pero no tanto

El CIVIHET es el único centro diseñado para las investigaciones sobre el Guanarito. Gabriel González, su director, explica que para identificar el virus se debe extraer su ADN. La institución también tiene cuartos de evaluación del Mal de Chagas, leptopirosis, malaria, chikunguña y otras enfermedades virales. El laboratorio, humilde a simple vista aunque equipado, luce en perfectas condiciones. De hecho, su aspecto y funcionamiento parecen refutar al presidente del Colegio de Médicos de Portuguesa, Carlos Casal, quien desde Acarigua –la capital comercial de la provincia– aseguró que el laboratorio había sido desmantelado por el Gobierno nacional desde el año 2000.

El nivel de mortalidad del Guanarito es de 23 por ciento, es decir, de cada 100 enfermos al menos 23 mueren. Ana Carvajal, especialista en Infectología y miembro de la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, explica que el nivel de mortalidad de la Fiebre Hemorrágica Venezolana, menor al 30 por ciento, es lo que diferencia esta enfermedad del ébola, un Filovirus.

Aunque la fiebre llega a ser letal, no parece tener relevancia para las autoridades. El Gobierno se concentra en el dengue, que hasta la semana epidemiológica número 34 de 2014 ha registrado 412 casos solo en Portuguesa. Sin embargo, todavía no se reportan fallecimientos por el dengue, como sí los hay por el Guanarito. Tomás Rebolledo, el epidemiólogo de esa jurisdicción, cree que el índice de mortalidad podría ser menor si se contara con una ambulancia: el ratón de caña de azúcar no vive en la capital del municipio sino en sus caseríos. Explica que el residente de uno de esos pequeños pueblos puede tardar hasta dos horas en llegar al hospital principal de Guanarito. Y desde allí se remite al de Guanare, que queda a otras dos horas. El tiempo de los contagiados es oro: generalmente salen de sus casas cuando ya se presentaron los indicios de sangramiento y les quedan apenas horas de vida.

Al llegar al hospital, a los pacientes se les administra Ribavirina, un antiviral que se creó y se aplica en Argentina. No es un tratamiento específico para la Fiebre Hemorrágica Venezolana, pero la experiencia demuestra que ayuda a disminuir las muertes. Nuris De Manzione explica que el medicamento es suministrado por el Gobierno nacional, que busca dentro y fuera del país algún laboratorio que lo fabrique. Por tratarse de enfermedades endémicas y muy localizadas, no hay capitalismo que se interese por la producción masiva del antiviral.

Asesino en fuga

Un comunicado enviado a los empleados de la Universidad de Texas dio a conocer el escándalo: durante la inspección de rutina realizada del 20 al 21 de marzo de 2013, investigadores estadounidenses advirtieron la desaparición de una ampolla con virus Guanarito del Laboratorio Nacional Galveston de la División Médica de la universidad. Permanecía almacenada dentro de un congelador, aseguró el presidente de la División Médica de la universidad, Dr. David L. Callender, autor del mensaje. Desestimó la posibilidad de hurto al no encontrarse indicios de violación de los mecanismos de seguridad del laboratorio.

“Esta es la primera vez que un frasco que contiene un agente de selección ha sido dado por desaparecido en UTMB [Universidad de Texas Medical Branch]. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades fueron notificados de inmediato, y al mismo tiempo UTMB inició un proceso riguroso para garantizar la seguridad de sus investigadores, empleados y la comunidad”, dice el documento. El incidente ocurrió en uno de los laboratorios de Estados Unidos de máxima seguridad, donde también se estudia el ébola.

Scott C. Weaver, director del Institute for Human Infections and Immunity del Laboratorio de Galveston, afirmó vía telefónica que el interés estadounidense en el estudio del Guanarito se debe a las posibilidades de que pueda ser usado para la elaboración de armas biológicas debido a sus severos efectos hemorrágicos. Aseguró que la naturaleza epidemiológica y los síntomas de este virus son investigados desde hace años por su colega, el doctor Tesh, y otros científicos.

Pero la ubicación de la polémica muestra, confirma el especialista, aún es un misterio.