La filtración que dio lugar al proyecto periodístico transnacional, originalmente obtenida por BuzzFeed News, consiste en poco más de 2.000 reportes secretos enviados por entidades bancarias de Estados Unidos a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro norteamericano, FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros), dando cuenta de transacciones monetarias sospechosas.

Entre esos llamados de atención figura un reporte de agosto de 2012 de los oficiales de cumplimiento de la sucursal del Bank of China en la avenida Madison de Nueva York, en el que estos advertían que en menos de un mes la entidad había procesado en calidad de intermediario 157 operaciones por un valor algo mayor de 30 millones de dólares en las que el Barnett Capital Bank figuraba como origen o beneficiario.

Para subrayar la cuantía extraordinaria de esa actividad, los autores del informe señalaron que ese monto representaba casi la mitad de los 61 millones de dólares en activos con los que las autoridades del Barnett afirmaban contar. Y por último hacían notar que el pequeño negocio financiero, con apenas doce empleados, aunque con sede en Dominica, estaba manejado por unos directivos que residen en Venezuela, entre los que nombraba a Rodrigo Fernández Tinoco y Carlos René Colimodio Finol.

Para una fuente consultada, ligada al sector financiero venezolano —y que habló a condición de que no se mencionara su nombre—, el registro de esas operaciones no muestra nada extraordinario: “Un promedio de ocho operaciones diarias, cinco días de la semana. Eso da, en un mes, 160 operaciones. Eso es perfectamente factible”. Máxime, insiste el experto, en la oportunidad en que ocurrieron: era el año 2012. Entonces el Estado chavista hizo un esfuerzo supremo mediante el gasto público para asegurarse la victoria en las que serían las últimas elecciones de Hugo Chávez como presidente-candidato. Grandes operaciones con los bonos de la deuda soberana de Venezuela se completaban casi a diario. Los clientes del Barnett, como de muchos otros bancos, necesitaban mover el dinero.

Sin embargo, algo de frenético y desproporcionado debieron notar los ejecutivos del Bank of China en la actividad del Barnett, para que decidieran enterar al Departamento del Tesoro. Encontraron que mediante tales transferencias el Barnett había recibido sobre todo pagos “de empresas con cuentas en Panamá y Venezuela”, mientras giraba fondos a “individuos y negocios” en bancos de Estados Unidos y de otras jurisdicciones extranjeras.

El hecho de que el Bank of China haya reportado lo que calificaron como “operaciones sospechosas” del Barnett sorprendió tanto a Carlos Colimodio como a José Daniel Carrillo, gerente general del Barnett, al ser contactados para este reportaje. “Me estoy desayunando”, dijo Colimodio. “A mí me sorprende que usted se haya enterado de este asunto”, terció Carrillo. “¿Por qué? Porque esa no es información pública, es información confidencial entre dos bancos”.

Al cabo de tres meses de ese reporte de 2012, el Bank of China cerró la cuenta de corresponsalía que mantenía para el Barnett. ¿Por qué? Colimodio tiene una hipótesis. “El Bank of China no tenía interés en ser un banco corresponsal (para el Barnett). Ellos querían ser un banco custodio de inversiones y ese servicio ya lo teníamos con otras instituciones de Estados Unidos”.

“Al principio”, dice Carrillo por su parte, “el Bank of China-Hong Kong, con quien teníamos la cuenta, no solicitó ningún tipo de información. Pero cuando el Bank of China de Nueva York se dio cuenta de que esto se estaba manejando como un banco corresponsal, solicitó toda la información de las transferencias hechas. ¿Qué ocurrió? Nosotros le solicitamos a nuestros clientes los recibos, todos los soportes de a qué se debían los pagos y se los enviamos inmediatamente para evitar cualquier problema. Ellos quedaron satisfechos con nuestra respuesta y se cerró la cuenta. Alguien le dio esa información con el sesgo de que aquí había algo malo. Sinceramente le digo que no había nada malo. Le puedo asegurar que no tenemos clientes políticamente expuestos. Eso es algo que los bancos corresponsales permanentemente están buscando y los reguladores también”.

El Bank of China es uno de los principales bancos comerciales de la República Popular China. Para los negocios internacionales se apalanca en su subsidiaria en Hong Kong, que trabaja tanto con el Renminbi de cambio libre como con divisas extranjeras, y con la que mantiene independencia jurídica y operativa. Las preguntas enviadas por el ICIJ sobre este y otros casos dentro de la filtración de los FinCEN Files no fueron respondidas por el banco asiático. 

De una a otra isla a bordo de tribunales

Dominica es una antigua colonia británica enclavada en el arco de antillas menores del Caribe oriental, no muy lejos de la costa venezolana. Su régimen de exención de impuestos y máxima privacidad para la constitución de offshores la clasifica entre los paraísos fiscales.

Allí encontraron refugio para sus negocios los integrantes de este grupo financiero venezolano, relativamente desconocido, desgajado de un grupo anterior que tenía por cuartel general otra isla vecina, Antigua. La escisión fue poco amistosa. De hecho, llegó a tribunales de dos circunscripciones.

En 2007, las tensiones entre los accionistas del Davos Financial Group, un banco capitaneado por David Osío y con sede en Antigua, eran evidentes. El ambiente corporativo era tóxico y la explosión era cuestión de tiempo. La pregunta era ¿cuándo? Finalmente, en 2010, la sociedad —en la que además de Osío participaban Andrés Sotillo y Rodrigo Fernández Tinoco (este último, hermano de Gonzalo Fernández Tinoco, ex yerno y todavía socio de Oswaldo Cisneros, un peso pesado del mundo empresarial venezolano)— se separó en los peores términos, como cualquier divorcio.

Siguió un proceso complejo, porque entre el personal de Davos se crearon dos bandos. Unos afines a Osío y otros a Sotillo y Fernández Tinoco. Una rápida búsqueda en Internet da cuenta de lo encarnizado de las demandas y contrademandas judiciales que procesaron los tribunales del sur de la Florida. La voz cantante, como suele ocurrir en estas batallas, no la llevan los financieros involucrados, sino sus abogados. Hubo alegaciones en los estrados judiciales, pero la sangre no llegó al río. “Fue un episodio super público que hizo muchísimo daño”, dice un ex empleado del Barnett.

En efecto, la cobertura periodística refiere una serie de episodios que pudieran ser tipificados como delitos: robo de información, auto préstamos a directivos, compra de inmuebles de lujo para uso personal y —en el caso del Davos— un vínculo tangencial con la estafa asociada al esquema piramidal por el que señalan y finalmente procesan en Connecticut al financiero venezolano Francisco Illarramendi: Juan Montes, el ex ejecutivo de Pdvsa que a cambio de sobornos facilitó el uso en el entramado de los recursos del fondo de pensiones de los trabajadores de la empresa, recibió cinco millones de dólares en el Davos.

A David Osío, propietario del Davos, distintas versiones de prensa lo identifican, a partir de ese vínculo, como uno de los “banqueros del chavismo”. Se trata de un apelativo que va y viene en los corrillos financieros y que recientemente volvió a relucir en un trino que daba cuenta de la sonada fiesta del coronavirus, realizada en una casa que sería de su propiedad, en el paradisíaco archipiélago de Los Roques.

A finales de 2010, numerosos clientes del Davos, que fueron “traídos y atendidos” por Sotillo y Fernández Tinoco salen del Davos; esa sería la razón —según la fuente consultada— por la cual ambos financistas deciden crear su propia plataforma de servicios financieros, una iniciativa que desembocó en el Barnett Capital Bank en Dominica: “No los iban a dejar ir”.

La querella judicial escala cotas más elevadas en gastos y daño reputacional. Se impone entonces una visión pragmática que explora un acuerdo extrajudicial, al que se avienen las partes en disputa. Las cláusulas de dicho acuerdo reposan bajo llave en un tribunal de Miami, entre las que se cuenta el compromiso de ambas partes de no revelar detalles del pacto.

Como parte del arreglo, algunos de los préstamos relacionados se intercambiaron entre ambas instituciones, de acuerdo a cómo se alinearon los bandos del personal en la disputa. Otros fueron cancelados, dijo el el ex empleado del Barnett. Carrillo, en cambio, invocó el acuerdo de confidencialidad: “Yo no puedo hablar sobre ese tema, aunque usted puede llamar a mi abogado (misma cláusula a la que está sujeto la contraparte de ese juicio, David Osio)”. Al recordar quizás las tribulaciones del pleito judicial, Carrillo añadió lo siguiente: “Desafortunadamente hay muchos periodistas que se venden por dos dólares y escriben lo que alguien les dice”.

Sobre lo que sí pudo hablar Carrillo fue sobre el juicio que David Osío entabló en Antigua en contra de quienes posteriormente fundarían el Barnett. “¿Usted sabe cómo funciona? Yo llamo a un abogado en Antigua, le envío un bojote de documentos y el abogado mete una demanda allá. Desafortunadamente, así es como funciona”. ¿La conclusión? “El juicio fue desestimado por falta de evidencias y mal manejo”, dijo Carrillo.

El Barnett se montó en una operación audaz, en cuyo plan de negocios y toda la carpintería asociada al proyecto, tiene mucho que ver otro financiero que para ese momento tenía 25 años. El salto de la isla de Antigua (Davos) a la isla de Dominica (Barnett) no tuvo por motivación, según Carrillo, la búsqueda del amparo que el secretismo propio de un paraíso fiscal suele proveer. “Ahí es donde podíamos conseguir una licencia por un capital que nosotros podíamos financiar. Nosotros tenemos buenos clientes que nos apoyaron. Hace diez años Dominica no estaba tan mal vista como pudiera estarlo hoy. Por temas regulatorios, el Barnett tiene presencia física. Nosotros en ese sentido cumplimos con todas las regulaciones de Dominica y los requerimientos de los bancos corresponsales que, para trabajar con nosotros, comprueban, mediante una visita a nuestra sede, que tenemos un director, un abogado y que nos audita el regulador allá”.

El reporte en 2012 del Bank of China subrayaba que “más allá de su dirección postal, no está claro si el Barnett cuenta con una presencia física” y que su declaración de ingresos del 31 de marzo de 2012 “no incluye ningún gasto de renta o de propiedad asociado a la tenencia de una oficina”. Según su rastreo en Google, el Barnett aparecía entonces compartiendo dirección con otras corporaciones (IBCLAB, OID Limited) en Roseau, la capital de Dominica.

Un lío de ligas mayores

Ese año 2012, el del reporte del Bank of China acerca de las operaciones del Barnett Capital Bank de Dominica es, también, el del pico de la bonanza petrolera, ampliada, además, por un inusitado y colosal endeudamiento de Venezuela en los mercados financieros internacionales.

Pero, en lo que podría parecer una paradoja, es el año en que los analistas de riesgo empiezan a recomendar a sus clientes que salgan de sus posiciones en deuda venezolana. Detrás del festín, el deterioro de las cuentas fiscales era evidente. Y, lo que resultaba más grave, la gallinita de los huevos de oro empezaba a mostrar signos de extenuación. La baja de la producción y los problemas de caja de Pdvsa comenzaban a inquietar no solo a los tenedores de deuda, sino también a los contratistas y a los proveedores de servicios del monopolio estatal.

Simplemente Pdvsa ya no contaba con el efectivo para contratar a proveedores o, con cada vez mayor frecuencia, para siquiera honrar compromisos adquiridos con ellos con anterioridad. Los servicios y bienes que proveían se habían encarecido en la misma medida en que se elevaban el riesgo-país y las dudas sobre la capacidad de Pdvsa para pagar. Para solventar esa dificultad, llegó la hora de las opciones creativas. El nuevo enfoque de Pdvsa para sus relaciones con contratistas vino a beneficiar —si bien, temporalmente— a una empresa italiana, Energy Coal Spa, con sede en Génova y, a la larga y por carambola, a poner el nombre del, por lo demás, desconocido Barnett Capital Bank, de nuevo en los expedientes de una acción legal en tribunales internacionales.

Cierto era que Pdvsa no tenía dinero, pero sí varios túmulos de hasta 30 metros de altura en los patios del Complejo Criogénico de Jose, sobre la costa del estado Anzoátegui, donde se acumulaban millones de toneladas de coque, un hidrocarburo sólido con propiedades similares a las del carbón, subproducto de los procesos de refinación de crudos pesados y extrapesados. Por lo regular, ese producto barato se exportaba para su combustión en procesos de la industria pesada. Pero el deterioro de las instalaciones de embarque de productos sólidos desde 2007 —un inventario de infortunios y desidias que incluyó el incendio de la cinta transportadora de coque en 2009— impidió a partir de cierto momento los despachos del material, que empezó a apilarse hasta formar lo que con cierta sorna los vecinos de la zona y periodistas bautizaron como la cordillera negra. El problema de ambiente y seguridad industrial era acuciante para Pdvsa, pero guardaba una interesante oportunidad de negocios.

Por un lado estaba Pdvsa con su abundancia, accidental e indeseada, de coque y, por el otro, Energy Coal Spa, con algo más de 30 años de experiencia en la comercialización de carbón y otros combustibles sólidos en mercados internacionales. La fórmula se hizo obvia: Pdvsa iba a pagar, con el coque como moneda, los servicios que Energy Coal le prestara. Pero, para la ocasión, Pdvsa requirió de los italianos capacidades con las que no contaban. Por ejemplo, contrataron a Energy Coal la rehabilitación de la banda transportadora de coque en el puerto de Jose y hasta la construcción de un complejo habitacional en los Valles del Tuy, estado Miranda, en el centro de Venezuela.

“La razón por la que Pdvsa nos contrató para construir viviendas y renovar la instalación de carga en Jose, incluso si no éramos una empresa de ingeniería o de construcción, fue que estábamos listos para aceptar un pago en especies en vez de dinero”, acepta desde Italia Paolo Ascheri, Gerente de Energy Coal e hijo del mayor accionista y fundador de la compañía, Augusto Ascheri, al ser consultado por ICIJ para este reportaje. “Es cierto que en los hechos carecíamos de capacidad y experiencia tanto en construcción como en ingeniería. Sin embargo, nuestro papel era otro: Energy Coal podía convertir el coque en efectivo. En realidad fuimos contratados para vender el coque en el mercado internacional y utilizar los ingresos de esas ventas para pagar a las empresas subcontratistas indicadas por Pdvsa para que realizaran las obras tanto del proyecto de viviendas como el de reparación de la banda transportadora”.

La solución se antojaba ideal para las partes. “En teoría —continúa Ascheri— esto funcionaba perfectamente, ya que Pdvsa podía superar su problema de efectivo mientras Energy Coal se garantizaba un suministro estable de material para comerciar en el mercado internacional. Está claro que nadie se siente muy feliz de hacer negocios con alguien conocido por sus problemas de efectivo, pues el riesgo de no recibir el pago es muy alto. De hecho, ningún fabricante de equipos deseaba vender a crédito a Pdvsa. Pero en Energy Coal sabíamos que Pdvsa tenía abundantes reservas de coque para pagarnos y, dado que el comercio de coque era y sigue siendo nuestro trabajo, éramos de los pocos en el mundo que podían estar seguros de que Pdvsa tenía suficientes recursos disponibles para pagarles sus servicios, teniendo por ‘garantía’ la gran cantidad de coque almacenada en sus patios”.

No obstante, en la realidad no siempre se puede reproducir lo que en el papel reluce. “El incumplimiento parcial de estos contratos por Pdvsa y la enorme deuda que surgió por ello nos obligaron a iniciar una acción legal”, recuerda Ascheri. “Teniendo en cuenta el sesgo de los tribunales en Venezuela, no emprendimos la acción en Caracas sino en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde pensábamos que teníamos posibilidades de recuperar nuestro crédito a través de uno de los activos más preciados de Pdvsa en el exterior, la refinería de Citgo que se encuentra en ese lugar. Desafortunadamente, el Tribunal de Luisiana se negó a otorgarnos jurisdicción y el caso fue sobreseído sin escuchar a las partes ni considerar el fondo del asunto”.

El desquite llegó por fin en 2017. Los abogados de Energy Coal vieron la oportunidad de, invocando la indemnización de los llamados créditos marítimos, embargar un cargamento de crudo Boscán que el tanquero Stena Surprise, anclado en el puerto de Curazao, debía trasladar hasta Malasia a cuenta de un cliente de Pdvsa, la empresa tailandesa Tipco. El resarcimiento sería pírrico. Para entonces la deuda de Pdvsa por incumplimiento con Energy Coal montaba, según los italianos, a 180 millones de dólares y el concepto de la acción legal, de haber lugar a ella, apenas acreditaba el reembolso de hasta 17 millones de dólares. Pero el tribunal de la antigua antilla neerlandesa falló en favor de los demandantes en una primera instancia en la que le reconocía una compensación inmediata de 2,5 millones de dólares.

Si bien en medio de la disputa Pdvsa aceptó ese primer pago, nunca pareció querer efectuarlo. En cambio, intentó levantar el embargo sobre el cargamento del Stena Surprise, algo que el tribunal denegó; de hecho, el juez autorizó entonces a Energy Coal subastar ese cargamento para cobrarse los 2,5 millones de dólares que Pdvsa no terminaba de pagar.

Como quiera que el valor del cargamento una vez puesto en el mercado debía superar esa cifra con holgura, el tribunal ordenó depositar el saldo sobrante en una escrow account (una cuenta de depósito de garantía) hasta que decidiera sobre el asunto de fondo y determinara si el total de 17 millones de dólares reclamado por Energy Coal le correspondía en pleno derecho o si, en caso contrario, debía reintegrarse a Pdvsa. La única manera de evitar la subasta del crudo en Curazao, estipulaba la medida judicial, sería que Pdvsa depositara en la cuenta todo el dinero que Energy Coal reclamaba en el litigio, a modo de garantía.

Pdvsa nunca hizo el depósito, bien fuera por falta de diligencia o, como permite deducir otra demanda judicial que se adelanta en el estado de Missouri, por presuntos impedimentos de terceros. Porque nuevos actores se incorporaron a la trama: uno de ellos era Dinosaur Financial Group, un fondo de inversiones con base en Londres, un voraz tiburón que navega en los llamados mercados fronterizos, eufemismo que ejemplifican los países cuyas finanzas están severamente deterioradas —caso Venezuela—, y cuyo nombre particular se haría del dominio público ese mismo año de 2017 por haber actuado como broker en la venta de los llamados bonos de la vergüenza, bonos Pdvsa 22 que Goldman Sachs compró a un tercio de su valor facial, y que brindaron a las atribuladas arcas del régimen de Nicolás Maduro una momentánea liquidez.

Dinosaur, a través de una de sus subsidiarias, el Dinosaur Merchant Bank, había sido el intermediario para la compra inicial, a nombre de la tailandesa Tipco, del crudo decomisado en Curazao. Para liberar la carga, ahora embargada por órdenes del tribunal a favor de Energy Coal, y poder enviarla a su cliente, Dinosaur se dispuso a pagar el monto que Pdvsa debía consignar a cuenta del primer fallo del tribunal en Curazao.

Un bufete, De Jesús & De Jesús, desde Panamá y a nombre de Pdvsa, instruyó a Dinosaur para depositar la plata en una cuenta en el Barnett Capital Bank, lo que induciría a pensar que el diminuto banco de Dominica mantenía algún tipo de relación especial con la petrolera venezolana. Ante lo que José Daniel Carrillo (gerente general) y Carlos Colimodio (director) negaron, al ser interrogados para este reportaje, que el Barnett “tenga o haya tenido” como cliente a Pdvsa, a sus filiales o a empresas cercanas. “Nunca en la vida”, recalcó Colimodio.

En respaldo de ese testimonio, en cualquier caso, acuden los papeles del tribunal en Missouri, al relatar que el Barnett habría explicado a Dinosaur que en realidad ese dinero debía ir a la escrow account del banco en Curazao que el tribunal de la isla había indicado para resguardar los fondos objeto del litigio. Rectificando, Dinosaur instruyó a la agencia de pago BSI (BancServices International LLC) para efectuar el pago. Pero el banco de Curazao rechazó la operación, temiendo que aceptarla pudiera hacerlo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, que ya para ese momento de 2017 había prohibido algunas transacciones financieras con Pdvsa. El dinero se devolvió, pero BSI retuvo tres millones de dólares para aprovisionarse ante posibles costas legales. Ese es el dinero que ahora reclama Dinosaur en un tribunal de Missouri, y por cuyos documentos este complicado carrusel de movimientos financieros y altercados contractuales puede reconstruirse.

En un segmento del resumen de ese expediente se lee que el bufete panameño De Jesús & De Jesús actuaba “como agente de depósito entre Pdvsa y Tipco” y describe su comisión como “inusualmente elevada”.

Carlos Colimodio admite que el Barnett tiene relación con De Jesús & De Jesús, pero precisa: “Ellos son clientes nuestros y decidieron utilizar la cuenta para hacer esta operación, pero nosotros actuamos en calidad de banco y facilitador financiero junto con nuestros bancos corresponsales. No tenemos ninguna relación con esa compañía fuera del ámbito bancario. No tenemos relación, contrato o firma ni con Pdvsa, ni con las empresas italiana o tailandesa que usted mencionó. Nosotros, en ese caso, simplemente fuimos un banco como lo pudo haber sido cualquier otro”.

El asunto de la comisión tampoco pasó inadvertido para los directivos del Barnett. “Yo hablé con los abogados”, dice Colimodio, quien conoció personalmente del tema, “y en ningún momento nos dijeron que esa comisión que se estaría cobrando era muy elevada. Nosotros, como banco, no somos expertos ni en comercio exterior ni en manejo de demandas, ni sabemos cuáles son las comisiones legítimas que se pueden cobrar en ese tipo de operaciones. Ninguno de los oficiales de cumplimiento, envueltos en esa operación, trajeron a colación el tema de que se estaría cobrando una comisión elevada”.

Desde Italia, Paolo Ascheri, Gerente de Energy Coal —la empresa que introdujo la demanda en Curazao—, subraya que nunca tuvo relación alguna “ni con Barnett Capital Bank, ni con Dinosaur, ni con De Jesús & De Jesús”, pero aún así accede a dar su versión acerca de la fallida operación para depositar los fondos de garantía en la escrow account de Curazao, “de la que tuvimos conocimiento”.

“A esa altura, Pdvsa había hecho varios intentos de poner el dinero en la cuenta de depósito en garantía a través de Dinosaur, De Jesús & De Jesús y quien quiera que fueran las otras personas, pero no lo consiguieron porque el banco del tribunal en Curazao temía posibles sanciones estadounidenses al recibir dinero proveniente de Pdvsa”, explica. “Estábamos al tanto de todos estos movimientos y de los intentos de Pdvsa de remitir los fondos, pero no éramos parte de ellos: simplemente estábamos esperando que el agente de custodia del tribunal informara que el dinero había llegado”.

Pdvsa se encontró entre la espada y la pared: no deseaba que el cargamento de crudo en Curazao se liquidara en una venta a manos de Energy Coal, pero no podía impedirlo sin hacer el depósito que nunca conseguiría completar. El realismo se impuso y finalmente Pdvsa buscó fuera del juzgado un acuerdo con Energy Coal. La empresa italiana se sintió satisfecha: “No tengo ni la más mínima idea de qué ocurría entonces y qué pasó después entre Pdvsa, Dinosaur, Barnett y De Jesús & De Jesús”, proclama Paolo Ascheri, de Energy Coal, “pero, desde nuestro punto de vista, el asunto llegó a su fin cuando obtuvimos el pago de nuestros créditos de acuerdo con el acuerdo de conciliación y, en consecuencia, levantamos el embargo de la carga. Como se comprenderá, no puedo revelar los detalles del acuerdo, ya que está cubierto por un Non Disclosure Agreement (NDA)”.