La fórmula con la que dieron en sus planes empezaría a esbozarse a partir de una solicitud de aclaratoria expresada en un correo electrónico con fecha del 16 de julio de 2019, apenas un mes más tarde de la primera operación “humanitaria” de la red mexicana de Leal con Venezuela, un trueque presunto de dos millones de barriles de petróleo por camiones cisternas y maíz blanco: “¿A qué en específico se va a dedicar Paquete Alcance? Lo consulto porque en el documento constitutivo colocaron un objeto sumamente disperso y diverso, ligando el tema de alimentación con tecnología”, se lee en la comunicación, que forma parte de la filtración de miles de documentos que el diario EL PAÍS de Madrid y Armando.info obtuvieron y revisaron en conjunto para producir la presente serie de reportajes denominada “El bypass mexicano contra las sanciones”.

La consulta y el correo electrónico provenían de la abogada venezolana Roxana Daneska Mundarain López. La abogada ya era alguien de cierta confianza para Leal en Caracas y lo había representado en Venezuela en las operaciones de Libre Abordo, la empresa mexicana que primero sirvió de pivote al esquema -con tentáculos en 30 países- para esquivar las sanciones financieras y comerciales de Estados Unidos.

También correspondió a Roxana Mundarain registrar en Venezuela, en septiembre de 2019, la empresa por la que preguntaba en su correo de julio del mismo año: Paquete Alcance.

Paquete Alcance era el juego de palabras, ciertamente sugestivo y pegajoso, con el que Leal bautizó un sistema alternativo de compras, delineado para sustituir en Venezuela el uso de las tarjetas de crédito y pago de Visa y Mastercard “en caso de que salgan del país”, y servir a los programas sociales del gobierno a través de un sistema propio de tarjetas prepagadas y hasta cobrar las remesas enviadas por los venezolanos en el exterior. Así consta en una presentación de diapositivas que también está incluida en la filtración que EL PAÍS y Armando.info recibieron.

Aunque registrada en México, se preveía que Paquete Alcance quedara integrada a Mystic Universe, el holding de Joaquín Leal en Islas Vírgenes Británicas, con espejo en Canadá. Ambas sociedades fueron registradas en mayo de 2019 cuando, precisamente, empezaban los viajes de Leal a Caracas, así como sus transacciones de miles de millones de dólares, según sus propios datos. El paraguas de Mystic también cobijaba a Libre Abordo, usada desde poco antes en los negocios encubiertos con Caracas y a la postre sancionada por Washington, justo antes de declararse en bancarrota en junio de 2020.

Luego de las preguntas por correo electrónico de Mundarain, el objeto de la compañía quedó por fin establecido en sus documentos de registro con foco en la prestación de un “servicio de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios” y de “servicios de envío y recepción de fondos desde y hacia el exterior”, según se lee en el expediente mercantil.

Paquete Alcance logró un hito inusual en la burocracia estatal, por lo general poco dada en la Venezuela chavista a facilitar la constitución de compañías: que la Sudeban, el organismo regulador de bancos e instituciones financieras, aceptara la inscripción de la empresa sin siquiera haber protocolizado el registro mercantil.

Definido el negocio, quedaba avanzar en la plataforma operativa para captar las remesas de la migración venezolana, casi en simultáneo con el interés de Nicolás Maduro, tan creciente como la tasa hiperinflacionaria, por “digitalizar” la economía.

Clientela cautiva

Al plan de Joaquín Leal y su compañía Paquete Alcance todavía le faltaba un aliado en Venezuela, uno que pudiera aportar los establecimientos comerciales con los puntos de venta necesarios para que los usuarios cobraran o canjearan las remesas recibidas desde el exterior. Ese aliado iba a ser Alex Saab con sus Tiendas CLAP, manejadas por él a través de la empresa Salva Foods 2015, luego de que Maduro privatizara subrepticiamente muchos locales hasta entonces adscritos a la fracasada red estatal de los Abastos Bicentenario.

Desde finales de 2017, la entonces desconocida Salva Foods comenzó a anexarse locales de la Abastos Bicentenario para montar las Tiendas CLAP. La empresa está presidida por Carlos Rolando Lizcano Manrique, también de nacionalidad colombiana y operador en Venezuela de Alex Saab y del socio de este, Álvaro Pulido Vargas.

Los documentos de Paquete Alcance indican que los establecimientos de Salva Foods se prestaban para servir de “canales de comercialización” donde los clientes del sistema canjearían las remesas enviadas por vía electrónica o comprarían mercancía con cargo a las tarjetas prepagadas. El otro canal sería “institucional o gubernamental para atender los programas de emisión del gobierno”.

En el primer año de funcionamiento en Venezuela, Paquete Alcance proyectaba emitir 10 millones de tarjetas y desplegar de 80.000 a 100.000 puntos de venta, con una inversión de 30 millones de dólares.

Los papeles en poder de EL PAÍs y Armando.Info reflejan la magnitud que Leal y Saab se disponían a dar al negocio: en promedio cada tarjetahabiente movería 140 dólares anuales, calculaban, lo que equivalía a capturar el tránsito de unos 1.400 millones de dólares al año. La tesorería de la compañía estaría en México y en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, una jurisdicción en la que tanto Leal como Saab suelen domiciliar el registro de sus empresas.

De acuerdo a la presentación del proyecto, Leal y Saab se planteaban como premisa la captación de esos 1.400 millones de dólares de un total de 7.000 millones de dólares, que era el monto en el que situaban el volumen de remesas enviadas por los expatriados a sus parientes y corresponsales en Venezuela. Quiere decir que aspiraban a canalizar 20% del flujo de divisas. Pero cifras de consultoras especializadas mo Ecoanalítica en Caracas sitúan recientemente el valor anual de las remesas en 3.500 millones de dólares, la mitad de lo estimado por la compañía controlada por Joaquín Leal, con lo que la meta de los empresarios supondría captar 40% de las remesas. En cualquier caso, Leal y Saab apostaban a quedarse con un pedazo de ese pastel, alimentado por los venezolanos en el exterior.

En varias de las presentaciones de Paquete Alcance se asegura que la compañía contaba con cuatro años de experiencia en México, un mercado enorme para las transferencias y encomiendas desde el extranjero, “al encontrar un nicho de mercado en las remesas” e ir “contra grandes empresas que sólo buscan extraer la mayor cantidad de recursos de los migrantes”.

Sin embargo, no hay constancia de que la experiencia de la que se jactaban fuera cierta. En realidad, para operar en Venezuela los promotores del sistema buscaron una alianza con Edenred, la compañía francesa que maneja servicios para las empresas y el pago de beneficios a través de las tarjetas Cesta Ticket.  

Cuando el paquete los alcance

En efecto, los documentos que sustentan este reportaje confirman que el equipo de Joaquín Leal y Paquete Alcance estableció contactos en Caracas con los directivos locales de Edenred. En un correo electrónico del 10 de julio de 2019, el propio Leal escribió a un ejecutivo de Edenred: “Por este medio te adjunto la presentación que comentamos el día de ayer. Quedo en espera de tus comentarios y siguientes pasos”.

La intención de Paquete Alcance era que Edenred proporcionara la plataforma de funcionamiento para las remesas, así como la conexión con las Tiendas CLAP y con los eventuales programas sociales del gobierno de Maduro que este designara para usar el sistema. Todavía en septiembre de 2019, los abogados de Paquete Alcance y Edenred sostenían reuniones en las que, en representación de Leal, participó Haymel Brito, una pieza clave en la conexión del empresario mexicano con las autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se trata de una ciudadana venezolana.

Un año después de esas comunicaciones y reuniones, todo se torció para Joaquín Leal y el propio Alex Saab. Leal fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 18 de junio de 2020, tras señalarlo como cabecilla de un esquema para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la estatal petrolera venezolana Pdvsa. Por su parte, Saab quedó detenido una semana antes en Cabo Verde, cuando hacía escala en esa nación africana para seguir un itinerario que debía llevarlo a Irán en representación del propio Nicolás Maduro y con un presunto cargo diplomático, según alega la defensa del mercader colombiano tras su captura.

Puede que ambos sucesos, la acusación contra Leal y el arresto de Saab, hayan frenado el negocio que ambos concibieron para captar las remesas de los venezolanos en el exterior. Aunque Maduro sigue insistiendo por estos días en la necesidad de avanzar hacia una economía con una moneda digitales, no hay constancia de que el plan de Paquete Alcance se haya concretado o siquiera haya transmutado en sistemas de funcionamiento más o menos similar, como el ya desplegado bajo el nombre de Carnet de la Patria. 

Los últimos rastros que todavía quedan en redes sociales de la iniciativa de Paquete Alcance datan de un lapso que va del 7 de julio al 3 de agosto de 2020, poco después de que el infortunio, en vez del paquete de millones que esperaban, alcanzara a Leal y Saab.

Comparten, pues, perfiles propios de los yuppies, esa tribu urbana que entre finales de los 80 y comienzos de los 90 sobresalió en esa era dorada de la liberación de las economías y las privatizaciones salvajes. Y como si fueran tales, en esta historia lo que los une son los negocios. 

Ninguno de los dos es muy conocido. En los últimos tiempos el nombre de Joaquín Leal Jiménez empezaba a despuntar en la prensa mexicana, que le consultaba en su doble rol de precoz gurú y descollante empresario del sector eléctrico. Pero entró en tropel al conocimiento público el reciente 18 de junio. Ese día el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como articulador, junto al colombiano Alex Saab -principal contratista de Nicolás Maduro-, de un esquema para evadir las sanciones financieras de la administración de Donald Trump contra el régimen chavista.

Joaquín Leal, de sólo 28 años de edad, fue el “conducto” de esa trama, aseguró Washington, por lo que lo incluyó en la llamada Lista Clinton de personas naturales y jurídicas del extranjero sancionadas por la Ofac, siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La operación en México buscaba adoptar la apariencia de un intercambio humanitario de petróleo por mercancías de primera necesidad. Pero la puesta en escena fue descifrada por las autoridades estadounidenses. Por lo demás, las cuentas del negocio a través de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group no cuadraban, con lo que el pretendido intercambio no resultó muy equitativo para la parte venezolana, según los documentos vistos por Armando.Info y El País para esta serie de dos reportajes.

El nombre de Axel Galit Capriles Hernández, por su parte, podría resultar familiar al confundirse con el de su padre, Axel Daniel Capriles Méndez, psicólogo y empresario, fundador de los estudios junguianos en el país, columnista de prensa, autor de obras como El complejo del dinero o La picardía del venezolano, y miembro de la reconocida familia de editores e inversionistas venezolanos. A su alto perfil público se agrega desde 2012 la reputación ganada como empresario de éxito en el negocio inmobiliario en España gracias a una veintena de sociedades. Su nombre se convirtió en sinónimo de la gentrificación de algunos barrios tradicionales del centro de Madrid, cuyos edificios adquiere para remodelar y convertir en unidades de lujo.

Si bien Axel Galit Capriles Hernández no ha sido mencionado como integrante de la estructura de empresas y accionistas que el Departamento del Tesoro sancionó, lo comprobable es que desde hace tiempo comparte sociedad con Joaquín Leal Jiménez en la compañía Generadora de Electricidad y Gas en México (Gasemex).

Esa compañía fue registrada en julio de 2019 por la madre y un tío de Joaquín Leal, pero apenas un mes más tarde Capriles Hernández compró las acciones del tío, mientras que el propio Leal se quedó con las de su madre, formalizando así una sociedad a partes iguales, según los documentos mercantiles. En noviembre del mismo año Capriles se mudó desde la ciudad de Nueva York, donde vivió algunos años, a atender ese y otros emprendimientos en México.

Para Leal el sector eléctrico no era desconocido. Con sólo 23 años fundó Suministro Sustentable de Energía en México (Sumex), empresa que facturó millones de pesos, pero de la que se apartó en 2017 tras el cuestionamiento de algunas de sus actuaciones por parte de sus socios. Para Axel Capriles Hernández, en cambio, suponía un cambio tras su recorrido en el mundo financiero y el mercado petrolero.

Algo eléctrico entre ellos dos

Casi en simultáneo con el registro de Generadora de Electricidad y Gas en México, Joaquín Leal hacía movimientos en Venezuela para el negocio petrolero con la administración de Nicolás Maduro. En junio de 2019, sólo dos meses antes de que Leal y Axel Capriles sellaran la sociedad en la empresa eléctrica, en Caracas, Libre Abordo firmaba con Corpovex, la estatal que centraliza las importaciones públicas, dos contratos por casi 200 millones de euros para el suministro de 1.000 camiones cisternas y 200.000 toneladas de maíz, como contraprestación a los barriles de petróleo que Pdvsa debía entregar.

Olga María Zepeda Esparza firmó en Caracas los contratos en representación de Libre Abordo el 13 y 17 de junio de 2019. En esas fechas Joaquín Leal estaba en Venezuela, según se desprende de los datos que manejan las autoridades mexicanas que ahora rastrean el flujo de los 200 millones de euros. A su vuelta a México se hizo socio de Axel Capriles Hernández en Generadora de Electricidad y Gas México (Gasemex).

Tras un año de creada, Gasemex no es una empresa conocida en el mercado eléctrico mexicano. Tampoco está claro cómo se inició el enlace entre Joaquín Leal y Axel Capriles Hernández. Ni Leal ni Capriles atendieron a las solicitudes de entrevista hechas para esta cobertura.

El punto de conexión entre ambos fue el petróleo, según aseguran varias fuentes que conocen al joven empresario venezolano y que lo califican como un “fichaje” del mexicano. “Leal hizo mucha plata en el sector eléctrico y quizás pensó en ser un zar petrolero con lo de Libre Abordo”, refiere un empresario que conoce a Leal y Capriles Hernández, pero que prefiere el anonimato.

A diferencia de su padre, Axel Capriles Méndez, y de su hermano menor, Edric Daniel Ossian Capriles Hernández, quienes manejan el negocio inmobiliario en España a través de firmas como Orinoquia Real State, con la cual gestionan al menos 22 apartamentos de renta turística en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca, y otras inversoras inmobiliarias donde confluyen los fondos de miembros de la familia Capriles, como Miguel Ángel Michu Capriles López, el camino de Axel Capriles Hernández fue el del petróleo y demás commodities.

Axel Galit Capriles Hernández, próximo a cumplir 35 años de edad, es ingeniero de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), con postgrado en la IE Business School de Madrid. En Caracas trabajó en Maximiza Casa de Bolsa, al menos hasta finales de 2009, según consta en el seguro social venezolano. Su salto profesional lo dio en Nueva York trabajando como broker para Glencore, el gigante comercializador de materias primas de origen suizo. Durante un tiempo buscó negocios de commodities en Colombia y Venezuela, pero con escaso éxito, relatan algunos conocidos.

Tras abandonar Glencore en 2019, Axelito, como lo llaman sus amigos, recaló en México, donde se casó a comienzos de este año con una joven venezolana. La boda, fastuosa según testimonios de conocidos, tuvo lugar en el balneario de Tulum, sobre la llamada Riviera Maya de la costa mexicana que da al Caribe. Del evento quedan algunas gráficas dispersas en Internet, así como de la presencia de Axel Capriles Hernández en otras ocasiones de gala de la alta sociedad mexicana.

Capriles Hernández mantiene participación en empresas incorporadas, al menos, en otros tres países además de México: Panamá, Estados Unidos y Barbados.

Antes de conformar la sociedad con Joaquín Leal en Gasemex, Axel Capriles Hernández fundó en mayo de 2019 Totam Servicios Tecnológicos en Monterrey, Nuevo León, ciudad industrial del norte del país. Según los papeles de registro, el objetivo es el desarrollo de una app para comparar los precios del combustible en estaciones de gasolina. Esa fue, precisamente, la oportunidad de negocio que lo llevó a México, de acuerdo al testimonio de sus conocidos, que saben además que la visa que permitía hasta entonces a Capriles seguir trabajando en Estados Unidos estaba patrocinada por su anterior empleador, Glencore. Al dejar de trabajar para Glencore no podía seguir en Estados Unidos.

Pero ahora se sabe que esa circunstancia lo llevó a atender su cita con el destino en México. Allí nació la sociedad con Joaquín Leal. Algunas fuentes, incluso, sostienen que Axel Capriles Hernández llegaría a “despachar” desde la oficina en México de Joaquín Leal.

El frenazo

La sanción del Departamento del Tesoro contra Joaquín Leal ahora parece un muro contra el fulgurante ascenso empresarial de alguien que aún no ha cumplido los treinta años. Además de su participación en el esquema de intercambio petrolero con Venezuela y de la empresa eléctrica en sociedad con Axel Capriles Hernández, Leal creó otras sociedades en varias jurisdicciones en los últimos meses y cuando quizás ya estaba en la mira de las autoridades norteamericanas.

En septiembre de 2019 se anunció que The Mystic Universe Capital, un supuesto fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social, invertiría en Luzy, una empresa creada por Leal en Estados Unidos en agosto de 2019, y por familiares un mes antes en México. En su página sólo aparecen una docena de empresas vinculadas con Leal, su familia y el grupo Diversidad SA de CV, una comercializadora de energía en la que trabajó como asesor tras su salida de Sumex -en 2017- hasta noviembre pasado. Se aseguraba, además, que se habían invertido más de 300 millones de dólares en empresas de Leal.

En noviembre de 2018 Leal fundó ALEL Technologies LLC, con sede en Delaware -un estado de Estados Unidos que en la práctica funciona como un paraíso fiscal- , y con la que en junio de 2019 solicitó un permiso al Departamento de Energía estadounidense para exportar electricidad a México. Ese mismo mes creó Luzy Technologies, también en Delaware, una empresa que promueve estilos de vida saludable con una app. Ambas compañías tienen su domicilio en el 778 Boylston Street de Boston, donde Leal había estudiado Administración de Empresas años atrás en el prestigioso Babson College.

Desde finales del año pasado, Joaquín Leal se presentaba como CEO de Luzy ante los medios mexicanos y presumió de hacer donaciones de alimentos y equipo médico para apoyar durante la pandemia de la covid-19 a zonas marginales de la periferia de Ciudad de México, según se lee en varias publicaciones de la prensa de ese país.  En abril de este año Leal apareció también como socio de Cosmo Resources PTE LTD, establecida en Singapur, una de las jurisdicciones donde según las autoridades norteamericanas se termina comercializando el crudo proveniente de Pdvsa.

Esa carrera ahora parece haber entrado en un callejón sin salida. Todos los activos de Joaquín Leal han sido congelados en México y Estados Unidos. Su ascenso, al menos, se ha detenido y quizás también su sociedad con el venezolano Axel Capriles Hernández.

(*) Este reportaje es la segunda entrega de un proyecto de cobertura conjunta entre Armando.Info y el diario El País, de cuya plantilla forman parte los periodistas Elías Camhaji y Javier Lafuente.

FE DE ERRORES: En una versión anterior de este reportaje se afirmaba que Axel Galit Capriles Hernández estudió en el Instituto Cumbres de Caracas, dato que no era cierto. Se ha corregido en línea. Ofrecemos excusas a los lectores. 

La detención de Saab, solicitada por Estados Unidos y consumada en respuesta a una circular de Interpol, tuvo lugar en la Isla de Sal el 12 de junio. Sólo seis días después, el Departamento de Tesoro estadounidense anunció que incorporaba a la llamada Lista Clinton de la Ofac (por las iniciales en inglés de su Oficina para el Control de Activos Financieros) las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, representadas por Verónica Esparza García y su hija Olga María Zepeda Esparza. También sumó al ciudadano mexicano Joaquín Leal Martínez, un empresario de 28 años de edad que con frecuencia aparecía citado en la prensa de su país como un gurú en temas de energía y petróleo.

Un año antes ya el propio Alex Saab, junto a su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, habían entrado a la lista, oficialmente conocida como la de Extranjeros Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). En ella se reúnen los nombres de aquellas personas jurídicas o naturales del extranjero que Washington ha hecho objeto de sanciones financieras, como el congelamiento de activos en territorio norteamericano y la prohibición de realizar operaciones financieras.

Las firmas mexicanas eran integrantes de una trama recientemente diseñada y puesta en funcionamiento por Saab, con conocimiento del Vicepresidente del Área Económica de Venezuela y Ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, para burlar mediante un supuesto intercambio de crudo por mercancías las sanciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos y parte de la comunidad internacional al régimen de Caracas.

Las autoridades de Washington sostienen que mediante la trama se vendieron más de 30 millones de barriles de crudo usando un trueque por el que, al menos sobre el papel, las contrapartes evitaban el uso de dinero, de modo de eludir las cláusulas de las sanciones y ofrecer un aspecto de intercambio humanitario a la operación.

Tras recibir el crudo venezolano, Libre Abordo y su relacionada, Schlager Business Group, entregarían al régimen venezolano 1.000 camiones cisterna para transporte de agua potable y 200.000 toneladas de maíz, de acuerdo con lo pactado casi un año antes, en junio de 2019. “Esto no se corresponde con la cantidad de petróleo entregada por Pdvsa, que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, concluyó el Departamento del Tesoro.

Los documentos del acuerdo entre Libre Abordo y el gobierno venezolano, a los que han tenido acceso Armando.info y El País, revelan esas inconsistencias y arrojan más sombras sobre el supuesto carácter humanitario de la fórmula concebida por Alex Saab en sociedad con el mexicano Leal, a quien Washington calificó como el “conducto” de toda la trama.

Que parezca un ‘quid pro quo’

De acuerdo a la documentación, la empresa mexicana llegó a un acuerdo con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas, que incluyó dos contratos por casi 200 millones de euros para suministrar bienes que la compañía no acostumbraba comercializar.

En uno de los contratos, fechado el 13 de junio de 2019,  Libre Abordo se comprometía a proveer 1.000 camiones cisterna por un valor de poco más de 139 millones de euros, a razón de casi 140.000 euros cada uno.

Cuatro días después, el 17 de junio, ambas partes firmaron otro acuerdo por el que la compañía mexicana enviaría a Venezuela 200.000 toneladas de maíz blanco por valor de 56.193.900 euros, unos 280,9 euros cada tonelada.

Ambos convenios aparecen firmados por Olga María Zepeda Esparza, por parte de Libre Abordo, y Wilfredo Celestino Marín Meza, como director ejecutivo de Corpovex. En esas fechas, no obstante, Joaquín Leal -la eminencia gris del entramado- se encontraba en Venezuela, según se desprende de parte de los datos que manejan las autoridades mexicanas antilavado de dinero que hoy investigan el rastro financiero de esos casi 200 millones de euros.

Extrañamente,  ninguno de los contratos alude al previo pago de la mercancía con petróleo venezolano. Los acuerdos establecieron, sin embargo, que 70% del abono se debía realizar de forma anticipada, quizás como una cita velada de ese petróleo recibido con anterioridad, ya que no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la fórmula imprecisa y poco frecuente con la que se menciona al beneficiario de los pagos en ambos convenios, que también puntualiza que los mismos se podrán hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El pago restante de 30%, siempre según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin precisar tampoco a quién se refiere.

A finales de marzo de 2020 Libre Abordo reconocía haber recibido, al menos, 14,3 millones de barriles de petróleo venezolano. “Vamos a llegar a unos quince millones de barriles, no es una cifra exacta, con el primer contrato con Pdvsa”, explicaron entonces desde la empresa a la agencia Reuters. Apenas dos meses después de vanagloriarse sobre las perspectivas de su negocio con Venezuela, el 31 de mayo, Libre Abordo se dio a la quiebra, reportando pérdidas por 90 millones de dólares. En la misma comunicación se quejó de la persecución del Gobierno norteamericano e insistió en el carácter “humanitario” de esos acuerdos. Ciertamente, para la fecha Estados Unidos ya había informado que el FBI investigaba el negocio y apenas faltaban unos días para que el Departamento del Tesoro diera a conocer la inclusión de los protagonistas en la lista de sancionados de la Ofac.

Para este reportaje se intentó recabar la versión de Joaquín Leal, Verónica Esparza y Olga María Zepeda Esparza en México, pero ni ellos ni sus abogados han respondido las peticiones.

Por su parte, el gobierno chavista ha evitado dar una respuesta oficial a las preguntas planteadas para este reportaje. Sin embargo, fuentes del entorno de Nicolás Maduro que aceptaron hablar en off rechazan que se trate de un negocio oscuro y aseguran que el diseño particular de este esquema obedece a las dificultades que enfrentan para hacer cualquier transacción por las sanciones impuestas por Estados Unidos. La elección de empresas novatas en el comercio de hidrocarburos, según un alto funcionario, se debe "a la situación de bloqueo, no se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan". Según el mismo funcionario, hay datos que no se pueden poner en un contrato, pues sancionarían a los intermediarios, incluidos los bancos: "Si nos dejaran hacer un fair play, las cosas serían diferentes", remata. 

Lo que llegó a puerto

Los documentos obtenidos para este reportaje ofrecen indicios de que la mercancía enviada por Libre Abordo a Venezuela podría haber cubierto solo parcialmente lo acordado en los convenios.

Armando.info y El País solo tienen constancia, con los papeles de aduana disponibles, de que a Venezuela llegaron dos embarques vinculados al acuerdo.

El 8 de abril de este año desembarcaron en el puerto de La Guaira, que sirve a la ciudad de Caracas, 299 unidades cisterna y diez semi-trailer, valorados en 18,7 millones de euros. Esto supondría que cada vehículo costaba unos 61.000 euros, la mitad del valor cotizado en el contrato original suscrito en 2019 entre Libre Abordo y Corpovex. La mercancía fue despachada por la automotriz china Foton desde el puerto de Qingdao.

El 20 de abril se descargaron en La Guaira otros 222 semi-trailer cisterna, un tractor camión y 20 camiones tanques cisterna.

En total, se trató de 552 vehículos de distintos tipos para el transporte de agua potable, poco más de la mitad del millar pactado en el primer contrato entre Libre Abordo y Corpovex por casi 140 millones de euros. 

Aunque no se hubiera completado el envío, el régimen de Nicolás Maduro no dudó en exhibir el convoy de cisternas blancas, cada una con capacidad para 30.000 litros, en un evento transmitido en mayo desde la autopista Caracas-La Guaira.

No obstante, el alto funcionario del Gobierno de Caracas que accedió a dar una versión para este reportaje, asegura, sin ofrecer documentación que lo respalde, que toda la mercancía llegó al país.

La documentación además ofrece pistas sobre una sucursal de Libre Abordo en Venezuela, Libre Abordo Venezuela C.A, que figura en los papeles del primer despacho. En el segundo, el del 20 de abril, los datos de aduana conducen a las oficinas de la petrolera Southern Procurement Services Ltd, ubicada en el penthouse de una de las torres del Centro Banaven, mejor conocido como el Cubo Negro de Chuao, en el sureste de Caracas. En los últimos años, Southern Procurement Services Ltd ha sido contratista de la estatal Pdvsa y de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

De las 200.000 toneladas de maíz blanco ofrecidas junto a los camiones cisterna como parte del intercambio, no se sabe si finalmente llegaron a puertos venezolanos. Hay evidencias para creer que no. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que Libre Abordo nunca envió esa mercancía a Venezuela, ni ningún tipo de alimento a granel. Se sabe, sí, que representantes de la estatal mexicana Diconsa estuvieron pidiendo cotizaciones a traders de granos para enviar maíz blanco a Venezuela, algo que tampoco sucedió. “En el mercado mexicano el que sonaba ante el público por ese negocio de Libre Abordo era Joaquín Leal. Él iba a Venezuela con frecuencia”, reconoce un empresario, que prefiere el anonimato. 

En cualquier caso, si solo el valor del petróleo cedido por Pdvsa asciende a los 300 millones de dólares, como alega el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está claro que excede al valor de la mercancía que, por lo que se sabe, Libre Abordo hizo llegar al puerto de La Guaira.

La fuerte e inesperada caída del precio del crudo en los mercados globales como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, con toda probabilidad, causó un desajuste a las equivalencias previstas en el acuerdo original de 2019 y pudiera explicar que Libre Abordo al final haya quedado en deuda con Venezuela. En ese escenario, de acuerdo a fuentes conocedoras del negocio, la petrolera estatal venezolana entregó de manera anticipada volúmenes de crudo sin la contraprestación acordada, algo que desde el oficialismo se niega. 

Socios ‘navegaos’

El endurecimiento de las sanciones del Gobierno norteamericano a comienzos de año contra uno de los principales socios comerciales de Pdvsa, la empresa rusa Rosneft Trading y su subsidiaria TNK Trading, abrió una oportunidad de negocio para los mexicanos, al quedar de inmediato convertidos en una alternativa para la colocación del petróleo que Venezuela seguía produciendo. Fue así como los tratos con Libre Abordo pasaron a representar de 3% de las exportaciones de Pdvsa, en enero, a 40% en abril. Una nueva intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos segó definitivamente esa bonanza.

Los cargamentos operados por los socios mexicanos y sus correspondientes intermediarios navieros -también sancionados por Washington- empezaron en noviembre del año pasado, según el Departamento del Tesoro, y replicaban las operaciones que ejecutaba la propia Rosneft. Un ejemplo es la bitácora de ruta del Delos Voyager, un buque que navega con bandera panameña, y que el pasado 18 de marzo atracó en el puerto de Amuay, en el estado Falcón, con un cargamento de 680.000 barriles de fuel oil, según el portal El Pitazo. El Delos Voyager zarpó al día siguiente con un cargamento de más de 500.000 barriles de crudo rumbo a Asia, en cuyos mercados spot se vienen transando los volúmenes llegados de Venezuela o se desvían hacia el cliente final. El encargado de la transacción, consta en los registros marítimos, era Libre Abordo. Su subsidiaria, Schlager Business Group, se encargaba de dar apoyo administrativo.

El buque ancló en Gibraltar, enclave británico sobre la costa andaluza de España, donde es común que la carga de un barco se trasborde a otro. El Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sanciones al Delos Voyager y a su propietaria, Delos Voyager Shipping LTD, una empresa fundada en noviembre de 2017 con sede en las Islas Marshall, una república insular en medio del océano Pacífico, donde la información de los propietarios de la compañía es confidencial. Delos, así como otras empresas y embarcaciones con sede en el Mediterráneo, sobre todo griegas, fueron excluidas de la lista negra estadounidense el pasado 2 de julio, bajo promesa de que ya no harían tratos relacionados con Venezuela. Los destinos de Pdvsa habituales en Asia, según citan las autoridades estadounidenses, eran China, Malasia y Singapur. Para que los cargamentos desde Venezuela lleguen hasta las refinerías asiáticas sin levantar sospechas en Washington, se utilizan varias embarcaciones e intermediarios, se reetiquetan los productos y se alteran los registros aduanales, según una investigación de Reuters publicada en junio.

“Teníamos un convenio de petróleo por alimentos con una empresa mexicana y el Gobierno de Estados Unidos con el apátrida y prófugo de la justicia, Juan Guaidó, fueron a amenazar empresa por empresa para tumbar el acuerdo para traer los alimentos a Venezuela de México”, se quejó Nicolás Maduro el 30 de mayo, un día antes de que Libre Abordo anunciara su presunta bancarrota en México. Jorge Arreaza, canciller del régimen venezolano, advirtió que el caso de Libre Abordo se sumaría a la “denuncia contra Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional”.

“El ilegítimo régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, que el Tesoro ha expuesto”. replicó en junio Justin G. Muzinich, el subsecretario de ese ministerio en la administración Trump, al comunicar la sanción contra Libre Abordo.

Chiste repetido

La trama de la venta de petróleo recuerda a la de alimentos, el millonario negocio de los Clap (por Comités Locales de Abastecimiento y Producción) detrás del programa bandera de Nicolás Maduro, y en la que se vieron involucradas también varias empresas mexicanas coludidas como proveedoras de Alex Saab. Entre 2016 y 2018, Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas, idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para el negocio detrás de los Clap. Tras obtener contratos millonarios de la estatal Corpovex, compraban a proveedores mexicanos productos de muy baja calidad nutricional para las combos que luego enviaban a Venezuela.

Con Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, Saab y Pulido obtuvieron dos contratos para el suministro de los Clap por poco más de 765 millones de dólares. Con Asasi Food FZC, inscrita en los Emiratos Árabes Unidos, otro convenio por 345 millones de euros, según ha documentado Armando.info. Estas sociedades y otras manejadas por la dupla colombiana en el negocio de los alimentos fueron igualmente señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro en julio de 2019.

Pero las irregularidades del negocio ya habían sido denunciadas antes por la Fiscalía mexicana, entonces Procuraduría General de la República. El 18 de octubre de 2018, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Israel Lira, declaró que se trataba de un “esquema fraudulento” con “operaciones inusuales”, además de productos de “baja calidad” con “sobreprecios”. Todavía estaba en ejercicio el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Empresas mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI) o Grupo Brandon, entre un total de catorce, fueron incluidas en la investigación a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera. A la postre esas compañías, como las intermediarias manejadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, se libraron del castigo a través de unos “acuerdos reparatorios” que Santiago Nieto, el ahora jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, califica como “ilegales”.

Ese organismo, precisamente, es el que acaba de reactivar la investigación por posible lavado de dinero detrás de los Clap y sigue también el rastro de los 200 millones de euros pactados entre Libre Abordo y Corpovex tras el aviso de las autoridades estadounidenses y de la propia Secretaría de Energía de México.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas tienen constancia de al menos 28 operaciones de Libre Abordo con el extranjero, con compañías de China, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Lituania o Polonia, pero ninguna de esas asociadas a ingreso de dinero.

(*) Este reportaje es la primera entrega de dos en un proyecto de cobertura conjunta entre Armando.Info y el diario El País, de cuya plantilla forman parte los periodistas Elías Camhaji y Javier Lafuente.

El próximo domingo 2 de agosto de 2020, La última trama de Alex Saab- Parte 2: "Los yuppies contratacan (y salen perdiendo)".