Ni el creciente flujo de migrantes venezolanos a Trinidad y Tobago, ni los problemas derivados de esa corriente humana -solicitudes de asilo, arrestos por falta de papeles, denuncias de malos tratos- mueve a los gobiernos lejos de esta zona de confort.

Resonó con fuerza el reclamo, ese sí, hecho por el primer ministro trinitario, Keith Rowley, pero dirigido a Naciones Unidas, asegurando que no permitirá que su país se convierta en un “campo de refugiados”. Un impasse que ocurrió tras la reprimenda de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) por la deportación de 82 venezolanos, de los cuales más de la mitad eran solicitantes de asilo. Rowley no dirigió una palabra al gobierno venezolano y este también prefirió el mutismo, incluso cuando empezaron a circular audios de venezolanos maltratados detenidos en Trinidad. 

El apoyo trinitario a la autodenominada Revolución Bolivariana no es sobrevenido, como tampoco se trata de un asunto ideológico. En Puerto España, de hecho, nadie sabe definir muy bien si la administración de Rowley es de derecha o de izquierda. Esa indefinición, en todo caso, ha facilitado los pragmáticos espaldarazos que el Gobierno de esta nación bi-insular del Caribe anglófono ofrece cada tanto al del país vecino.

En junio de 2017, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro reconsiderar la convocatoria para la Asamblea Constituyente y propuso formar un grupo de países para acompañar una nueva iniciativa de diálogo en la nación, Trinidad y Tobago fue uno de los cuatro países de la cuenca del Caribe que no aprobó la iniciativa, junto con Granada, Haití, Surinam. Un año después, también la OEA, durante la cuarta sesión plenaria de la 48° Asamblea General, aprobó una resolución para desconocer las controvertidas elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo -en las que Maduro “relegitimó” su mandato- , con 19 países que votaron a favor. Pero entre las once abstenciones estuvo la de Trinidad y Tobago.

El guante de seda del Gobierno trinitario tiene que ver con el negocio de los hidrocarburos. En la isla se habla abiertamente de la necesidad de concretar los acuerdos que llevan más de cinco años discutiéndose con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la poderosa estatal petrolera, para reactivar la principal planta de gas licuado de la isla y, a su vez, la planta de metanol -la segunda más grande del mundo- de las que dependen no solo el consumo energético de Trinidad y Tobago sino su principal fuente de ingresos, la venta de gas y sus derivados. Como Venezuela, la nación de doble isla caribeña es exclusivamente monoproductora de hidrocarburos.

El acuerdo firmado el sábado reciente en Caracas entre Keith Rowley y Nicolás Maduro –sin la aprobación obligatoria de la Asamblea Nacional, por el lado venezolano- destrabó un proyecto para la explotación de gas en una zona conocida como Campo Dragón, ubicada en aguas del estado venezolano de Sucre a escasos kilómetros de la plataforma Hibiscus, ya en aguas de Trinidad y Tobago y operada por la gigante petrolera angloholandesa Shell. El documento oficializa una alianza que supone que el gas natural extraído desde Venezuela sea captado en Hibiscus y de ahí enviado a la planta trinitaria de Point Fortin, donde será convertido en gas licuado. Aún queda pendiente saber si se concretará un negocio similar con el envío de gas venezolano desde el campo compartido de Loran-Manatee, que empezó a conversar el entonces presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, con las autoridades trinitarias en el año 2015. Tres cuartas partes de ese depósito de gas se encuentran en aguas venezolanas.

Mientras se alcanzaban estos acuerdos irrumpió la crisis migratoria y una vez más Trinidad y Tobago prefirió pasar por alto cualquier ruido que pudiera perturbar la alianza en ciernes, hasta el punto de proponerse invisibilizar la oleada de más de 40.000 inmigrantes venezolanos que solo reconoce en reuniones privadas y encuentros diplomáticos. En la isla, ni uno de los venezolanos detenidos por causas migratorias ha sido visitado por el personal del consulado venezolano. Apenas el esfuerzo de algunos diputados de la oposición venezolana ha reflotado el tema en esferas más allá del estricto contacto entre los gobiernos.

“Hemos pedido a la Cancillería que, por favor, con urgencia se atienda estos casos, que se utilice la diplomacia venezolana para traer a estos venezolanos de regreso, no bajo la figura de la deportación sino de la repatriación, porque con la primera quedan ellos con una carga judicial”, explica el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) venezolana. 

“Hemos hecho múltiples gestiones ante la embajada de Trinidad y Tobago en Venezuela (…) pensábamos que podíamos resolver esto por la vía de los canales diplomáticos y la diplomacia parlamentaria. Pero hasta ahora todo ha sido infructuoso. Vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares para estos venezolanos que tienen trámite como refugiados y que están detenidos. Hasta ahora lo que tenemos claro es que Trinidad y Tobago está violentando las normas internacionales”, sigue Valero. Además de algunos encuentros con los diputados de la oposición, la embajada de Trinidad y Tobago en Caracas solo ha recibido cartas de los familiares de los migrantes sin reaccionar de modo alguno. Solo silencio.

Puertas cerradas

Los familiares de los detenidos han mantenido su peregrinaje por diferentes instituciones exigiendo respeto a los derechos de sus seres queridos: acudieron tres veces a la Cancillería, cinco veces al consulado de Trinidad y Tobago en Venezuela y una vez a la sede del Ministerio Público en Caracas. En junio alquilaron un autobús que trasladó a los familiares desde Güiria (estado de Sucre, en el extremo nororiental del país) y Valencia (capital del estado de Carabobo, región central) hasta Caracas. Con carteles en mano pedían que se repatriaran a sus familiares y que se cumpliera el Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas.

Yasmín Juares lideró el encuentro. Por ser de las pocas familiares residenciadas en Caracas, Yasmín se ha dedicado a visitar la Cancillería, el Consulado y la Asamblea Nacional para buscar la intermediación para traer a los venezolanos detenidos. Su hijo, José Silva Juares, de 19 años de edad, fue detenido en Trinidad y Tobago el 3 de abril en un local nocturno donde trabajaba como diyei y lo condenaron a pagar una multa de 1.500 dólares -trinitarios o titi; alrededor de 225 dólares estadounidenses-.

A José le dijeron que sería uno de los deportados que vendrían el 21 de abril a Venezuela, pero al último minuto no lo dejaron abordar el avión militar que desembarcó por rampa 4 -la que usan dignatarios del Poder Ejecutivo- tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. 

Desde entonces, Yasmín logró el primer censo de detenidos en la cárcel de inmigrantes de Trinidad y Tobago para ponerle nombre y apellido a los afectados y comenzó a hacer visible las detenciones a través de las redes sociales. “No hemos tenido asistencia del Gobierno y en el Consulado nos dicen que el Convenio de Estrasburgo no tiene validez”, cuenta desconcertada en medio de la protesta respaldada por esposas y madres de los inmigrantes detenidos.

Luego de múltiples gestiones, José, el hijo de Yasmín, estaba supuesto a regresar a Venezuela este miércoles en un vuelo regular desde Puerto España. Pero, de nuevo a última hora, las autoridades trinitarias se lo impidieron mientras volvían a exigirle el pago de la multa.

Regreso sin gloria

En efecto, el 21 de abril llegó a Maiquetía un avión con 82 venezolanos deportados. La mayoría había cumplido condena. Algunos habían tramitado una solicitud de refugio a través de Acnur; a otros, las autoridades de Trinidad y Tobago les despojaron de sus respectivos pasaportes. Entre los devueltos viajaba Sebastián*, de 25 años de edad. En 2014 participó en las protestas que hicieron tambalear al Gobierno chavista y se prolongaron por tres meses, con un saldo de un centenar y medio de fallecidos. Muchos de sus compañeros de rebelión fueron detenidos. La agudización de la crisis económica y los señalamientos de “guarimbero” que le hacían de manera constante y lo ponían en riesgo frente a las autoridades venezolanas, lo llevaron a decidir que debía migrar. Desde Güiria, un amigo pescador lo llevó hasta Trinidad y Tobago, donde trabajó como cocinero.

El 31 de diciembre de 2017 la policía allanó la residencia en la que dormía. Fue puesto bajo arresto. El tribunal lo sentenció a seis meses de cárcel porque en su pasaporte no había un sello de que certificara su entrada legal a la isla, pero por su buena conducta solo cumplió tres meses de la condena, antes de ser deportado. Durante su tiempo en prisión, un amigo trinitario lo ayudó para que solicitara refugio, pero ese trámite no fue siquiera considerado a la hora de deportarlo. La víspera del viaje de regreso a Venezuela lo llamaron para avisarle que sería embarcado. En el área de migración los funcionarios trinitarios le quitaron su pasaporte.

Sebastián recuerda que, en el cruce de palabras con la embajadora de Venezuela en Trinidad y Tobago, Coromoto Godoy, esta les dijo en el aeropuerto: “Para pasar trabajo acá es mejor que lo pasen en Venezuela. Denle las gracias al Presidente”. Así lo cuenta Sebastián. “La embajadora de Venezuela y un funcionario de Trinidad y Tobago nos grabaron en video por separado para declarar que aceptábamos la deportación de manera voluntaria”, aseguró.

No es de extrañar entonces la escasa o nula simpatía que sienten los inmigrantes hacia la embajada venezolana, que tampoco les asiste en la cárcel y que, en algunos de sus escasos encuentros, se permite exhibir una actitud desafiante ante los connacionales a los que se supone protege.

Por ejemplo, en junio reciente, algunos de los venezolanos detenidos fueron llevados a la sede de la embajada en Puerto España, donde les hicieron conocer de manera oficial la inconformidad del Gobierno de Nicolás Maduro con su presencia en la isla.

Jean Carlo*, detenido en el Centro de Detención para Inmigrantes, estuvo presente en uno de esos encuentros. “A mí me llamó una funcionaria, no sé si era la embajadora”, hace memoria. “Y me dijo: ‘Tú no sabes en lo que te metiste, no eres un perseguido político, a ti tu país no te persigue’. Y yo solo pensé para mis adentros: ‘Sí, tal vez Maduro no me persiga, pero el hambre sí’”.

Las fachadas de las casas han ido perdiendo el color y las santamarías de los negocios -como se conocen en Venezuela las rejas plegables de metal con que cierran los locales comerciales- permanecen abajo la mayor parte del tiempo. Solo una vez al mes se ve un camión en el pueblo surtiendo de mantequilla, harina, pasta, arroz y mayonesa. Ese mismo día los anaqueles vuelven a quedar vacíos. La leche no llegó más para la venta y los abastos de los comerciantes chinos, que estaban en cada cuadra, han ido cerrando sus puertas. Apenas sobreviven un restaurante para recomendar a quien desea celebrar una fecha especial, y un hotel, que mantiene un servicio privilegiado en medio de la escasez. Casi todas las posadas del Bajo Delta quebraron y la mayoría de los pobladores de la ciudad dependen de salarios de la Gobernación de Delta Amacuro o del Ministerio de Salud. Tucupita sobrevive con el rebusque.

La escasez los arropa, como a los habitantes del resto del país. Cada mañana se ve una fila de transeúntes en un par de panaderías con la esperanza de comprar el pan del día. Algunos jóvenes muestran paquetes de harina o arroz para ser pagado solo en efectivo a quienes le pasan por su lado. Ya no hay casi taxis porque el costo de mantener el carro es más alto que lo que se puede producir prestando el servicio en Tucupita.

Pese a la pobreza generalizada de un lugar con tan poco ángel, en los hospedajes de Tucupita no dejan de entrar y salir clientes. Personas pernoctan varias jornadas en habitaciones de las que casi no salen durante el día. Esperan por horas sentados en las escaleras o en los pasillos de las habitaciones en alquiler. “Ese seguro se va para Trinidad”, murmuran los empleados.

La emigración ilegal comenzó a ser uno de los negocios más lucrativos en la zona desde el año pasado. La salida de personas sin pasaportes a la vecina Trinidad y Tobago —nación bi-insular donde se habla inglés— se cotiza en dólares americanos, como todos los que se mencionan en esta nota, y cada cuerpo policial cobra una vacuna para ignorar la salida de los botes.

Esperanza tras las rejas

Guillermo Lares se fue hace tres meses con su yerno, Fidel Rojas, a Trinidad y Tobago. A Fidel no le alcanzaba su trabajo a destajo como obrero de la construcción para poder alimentar a su esposa Luisa Lares y a sus hijos de diez, siete, cinco y dos años de edad.

Luz Mary López, esposa de Guillermo y suegra de Fidel, cuenta que al segundo día de estar en la isla ambos fueron detenidos en Trinidad y Tobago. Ella logró enterarse de lo sucedido a través de un primo de Fidel, que también había migrado a la isla. Solo ha visto a su esposo a través de videos que comenzaron a llegarle a través de Whatsapp y otras redes sociales donde decenas de venezolanos detenidos en la isla pedían ayuda al Gobierno de Venezuela para que al menos se les deportara de vuelta al país. Sin embargo, en tres meses ninguna autoridad venezolana se ha comunicado con la familia Lares y la pobreza va minando a la familia. “Tenemos todo el año comiendo solo lentejas que llegan en la caja Clap [el programa del Gobierno chavista de distribución de alimentos subsidiados en zonas populares]. Mi esposo se fue para poder alimentar a nuestros nietos”, cuenta López.

El número de ciudadanos venezolanos que entran a la isla sin pasaporte va en ascenso desde 2017. En abril de 2018, un avión con 82 personas deportadas desde Trinidad y Tobago acaparó la atención de los medios de comunicación. Desde entonces algunos videos se han filtrado en los que se ven inmigrantes venezolanos enfrentándose con policías trinitarios que los amenazan con lanzarle bombas lacrimógenas. O videos de ellos hacinados en cuartos mientras exigen que el Gobierno de Venezuela intervenga para que sean liberados porque no cometieron delitos graves.

Las noticias sobre la animosidad contra los venezolanos en Trinidad y Tobago han cruzado de orilla a orilla. Ante la reciente deportación de venezolanos, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, recordó al Gobierno trinitario que está obligado a dar cumplimiento al tratado de la Convención sobre los Refugiados de 1951 donde se establece la no repatriación o expulsión de personas que necesiten protección internacional, sin importar la forma en la que entraron en el territorio.

El Primer Ministro trinitario, Keith Rowley, no se arredró ante el llamado. De hecho, le respondió enfático: “No podemos y no permitiremos que los voceros de la ONU nos conviertan en un campo de refugiados”.

Pero nada de esto desalienta a los que en tierra firme buscan emigrar.

La miseria es un mercado

Guillermo y Fidel zarparon a Trinidad y Tobago junto con 21 personas que iban para buscar trabajo y mandar dinero a su familia. Cada semana numerosas embarcaciones con el mismo tipo de pasajeros cruzan a la isla desde Tucupita. En las zonas de Palo Blanco y El Caigual —donde viven indígenas de la etnia warao en pobreza extrema, a 30 minutos del centro de Tucupita— se exhiben pescados en la calle, el único sustento legal en la zona, pues entre la miseria despunta el negocio de traslado ilegal de inmigrantes, mercancía y mujeres.

Dos veces por semana, a tempranas horas de la mañana, salen al menos cuatro embarcaciones que se pierden en las aguas del Caño Macareo. Hacen una parada en Punta Pescador para esperar que la penumbra camufle a los venezolanos que cruzan hasta llegar a la playa de Icacos, sobre la costa sudoeste de la isla de Trinidad, a solo once kilómetros de distancia de Venezuela.

En El Caigual nadie admite abiertamente que haya botes en alquiler para salir hasta Trinidad, aparte de las cuatro empresas que se han dedicado al viaje a ese país desde hace años. Pero todos piden a quien pregunta que deje su número de teléfono por si “se enteran” de algo.

Se enterarán. Al menos son cuatro los grupos organizados que se dedican a llevar inmigrantes desde las zonas de Pedernales, Palo Blanco y El Caigual, por un precio de cien dólares por persona. Los viajes no zarpan hasta que no haya un grupo de al menos diez pasajeros.

Entre quienes buscan embarcar, la coyote —el mexicanismo que se ha trasladado hasta acá para nombrar a los organizadores de las travesías— más famosa es una mujer que parece de 70 años, aunque asegura que no ha pasado de los 50. Se presenta como una empresaria que tiene quince empleados y se dedica hacer viajes desde hace seis años. “Ya todos los cuerpos de seguridad pasaron por mi negocio. Me faltaba solo el Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia, policía política], pero ya los controlé. Voy a tener que empezar a cobrar más caro el viaje por persona porque ya estos me pidieron 200 dólares por cada viaje que saque. El resto de las policías al menos cobran en bolívares, piden cien millones por viaje. ¿Cuánto me quedará a mí si sigo manteniendo cinco cuerpos policiales?”, cuenta entre risas. El Sebin llegaría en efecto a buscar a la abuela-coyote en una casa rural donde los viajeros ocultan sus pertenencias hasta que el bote esté listo para partir.

Empezó su negocio en un momento en el que los turistas cruzaban el estrecho para vacacionar o fiestear en discotecas. “Entonces la gente también viajaba ilegal, pero pasaban solo un fin de semana allá. Rumbeaban en Carnaval o Semana Santa y se devolvían, pero ahora la gente me llora para que los lleve porque tienen familiares enfermos acá y no tienen ni cómo pagar las medicinas. Yo hago esto porque me gusta ayudar. Yo estoy ayudando”, se justifica.

Península de negocios

En Güiria, una población portuaria del estado de Sucre, más al norte del Delta Amacuro, queda el otro punto de partida hasta Trinidad. A la cercana playa de Irapa la separan de la isla solo noventa minutos de navegación; desde Macuro —pueblito sobre el extremo oriental de la península de Paria, relevante en la historia por ser el sitio donde Cristóbal Colón piso por primera y única vez en 1498 tierras continentales de América del Sur— la travesía toma 45 minutos.

Ya no hay turismo, pese a que la alcaldía intenta arreglar las plazas y reforzar el lema “Yo amo Güiria” para motivar a los visitantes. En el día no se ven carros, ni taxis. Todos van a pie. El mercado libre tiene 80% de sus puestos sin mercancía. Se venden verduras, hortalizas, harina pan y algunos artículos de higiene personal traídos desde Trinidad y Tobago.

En el puerto pesquero de Güiria, que alguna vez fue cuartel general de una de las flotas atuneras más poderosas del hemisferio, reposan las ruinas de un frigorífico que se quemó hace más de una década. Hay embarcaciones oxidadas luchando por mantenerse a flote. Ya hace mucho desde que quebró una de las dos compañías de ferries que hacían traslados a Trinidad y Tobago. De momento la empresa Virgen del Valle sigue cubriendo la ruta a la Trinidad con la única embarcación que tiene. “Acá, quien no anda en algo ilegal, no sobrevive”, anticipa un pariente de los antiguos empresarios que llevaban en ferries a los turistas hasta la isla.

Aunque no se ven fuentes de trabajo, la presencia de la petrolera estatal Pdvsa disminuye, y los abastos permanecen vacíos, los viernes en la noche una atmósfera festiva se apodera del puerto. Aparecen camionetas 4 x 4 con cornetas, bajos y plantas para mantener despierto al pueblo toda la noche. Las mujeres jóvenes sacan sus vestidos más cortos y el contrapunteo de reguetón, salsa y bachata retumba en cada cuadra hasta el amanecer.

Sobre las embarcaciones que transportan migrantes nadie se atreve ni a hablar ni a señalar. “Acá hay ya escasez de droga. Lo que da dinero es el cobre”, dice un habitante que prefiere mantener su identidad resguardada. El metal, la nueva mercancía de moda, se cotiza en cuatro dólares por kilo. “La termoeléctrica (inaugurada en mayo de este año) la están desmantelando. Nos dejan sin luz a cada rato. A las mafias y cuerpos de seguridad no les importa dañar a la población”, dice.

Los migrantes aprovechan desde aquí, para alcanzar las costas trinitarias, las colas o aventones de quienes trafican en lanchas con todo tipo de mercancía. No es solo cobre o personas: la miel se cotiza en quince dólares, las escobas en 4,40 dólares, el kilo de queso blanco en cinco dólares al igual que el kilo de camarones, mientras que la botella de Bajo Cero, una marca de vodka popular en Venezuela, cuesta quince dólares.

Las embarcaciones aparentemente salen de forma legal; al menos, a la mayoría de los pasajeros se les ve con pasaporte. Quienes han cruzado las aguas aseguran que sus documentos de identidad son llevadas al Saime (el organismo venezolano de identificación y extranjería) para recibir el sello de salida sin necesidad de que estén presentes los viajeros. En la madrugada zarpan. “Acá todo el mundo es cómplice. Hasta el Inea [el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, que controla el tráfico marítimo] le da un informe con el despacho al encargado sin ver a los tripulantes. No hay manera de parar los botes. Cuando llegas a Puerto España [la capital de Trinidad y Tobago] te bajas y te vas sin problema, mientras que los dueños de la mercancía se chequean en inmigración”, explica el mismo informante.

Empujados por el hambre

Sixto Marcano nunca le había escrito una carta a su esposa en quince años que llevan juntos. Ni siquiera antes, para conquistarla. Hoy ella relee varias cartas que le ha enviada escritas a mano. Ve la imagen o facsímil de las cartas en la pantalla de su computadora Canaima —también conocida como Canaimita, la portátil con fines educativos que distribuía el Gobierno chavista entre niños—, en Tucupita. Mediante cartas manuscritas es la única forma que tiene él para comunicarse desde la prisión de máxima seguridad donde está confinado en Trinidad. Otro recluso, que lleva trece años en prisión, le envía un archivo digital con la foto de la hoja donde Marcano ha escrito a su esposa.

La esposa replica a Marcano desde la capital de Delta Amacuro con el envío de la foto de su hija de seis años de edad, tomada en su acto de graduación cuando la promovían al primer grado de primaria. Al mismo tiempo cose un pantalón azul marino y una camisa blanca porque no tiene dinero para comprarle los nuevos uniformes escolar. Evade contestar cuántas veces al día consigue algo para comer.

En noviembre del año pasado Marcano constató en Venezuela que ya había rebajado 20 kilos de su peso regular porque su salario como obrero de la construcción no le alcanzaba para mantenerlo; ni el peso suyo ni el de los miembros de su familia. Solo comían una vez al día. El 10 de febrero decidió migrar. Como no tenía pasaporte ni dinero para pagar un pasaje a otro país, decidió montarse en un bote que lo acercara al destino más accesible, Trinidad y Tobago, que estaba a solo cuatro horas —entre los trayectos de tierra y mar— de su casa. La barrera eran los cien dólares del pasaje, que se los prestarían. Una vez instalado en Trinidad podría pagar esa deuda y comenzar a mandar dinero a su familia. Sus dos cuñados habían migrado primero y fueron quienes lo animaron a cruzar las aguas. Hoy todos están detenidos.

“Él duró solo tres días trabajando y enseguida pudo enviarme diez millones de bolívares”, recuerda la esposa que dejó en tierra firme. La cantidad equivale a 1,6 dólares según la paridad oficial recientemente anunciada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. “Lo primero que hice fue hacer un mercado. Llenar la nevera que estaba vacía. No compré carne para rendir el dinero, pero sí compré un pollo que tenía tiempo que no comíamos en casa”.

Pero a Sixto Marcano lo arrestaron en Trinidad el 22 de febrero a las cinco de la tarde, cuando allanaron la residencia donde vivía. Sus dos cuñados lograron avisar en la noche lo que había pasado, pero días después volvió la policía y se los llevó también a ellos y a otras dos personas.

Génesis Marcano, la hija mayor de Sixto, de 22 años de edad, también migró en noviembre del año pasado a Trinidad para poder mantener a su hijo de seis años de edad. Pero luego de lo que pasó con su padre, en abril, decidió devolverse a Venezuela.

El día que iba a retornar, la detuvieron. 

Mujeres y niños, de últimos

Yoarlin Amares Rojas, de 18 años de edad, migró el 5 de marzo con otras cinco mujeres y no se supo más de ella durante un mes. Su madre, Arlina Rojas, de 37 años, mantiene a su nieta de un año de edad, la hija de Yoarlin, con teteros hechos de pasta licuada y la comida que llega en las cajas del Clap, cuando llega.

Cuando Yoarlin pudo llamar, avisó que el 8 de marzo, apenas tres días después de su arribo, había sido detenida. Las autoridades la encontraron en una casa donde se escondía desde que la “vendieron” a un trinitario. Fue condenada a pagar 3.000 dólares en un determinado plazo o, de lo contrario, a pasar tres años en la cárcel por el delito de andar sin documentos. Estas cifras en multa o lapso de tiempo de las sentencias varían según el juez de turno.

“Aquí vino una mujer ofreciéndole trabajo y diciéndole que le prestaría dinero para llevársela y luego allá podía ir pagando poco a poco la deuda. Esa mujer tenía un hermano en Trinidad que mandaba la embarcación para llevarse a las muchachas”, cuenta su madre, Arlina.

En otro hogar cercano cuentan una historia similar. Es la de Norlismar Cedeño, de 26 años de edad, y madre de hijos de diez y siete años. Norlismar migró tres meses a Boa Vista, en el fronterizo departamento de Roraima, en Brasil, para recaudar dinero que le permitiera comprarle medicinas a su mamá porque tuvo dos derrames cerebrales. Luego de esa aventura en el Sur, volvió a Venezuela y le ofrecieron llevarla a Trinidad y Tobago, y darle una semana de hospedaje y comida mientras conseguía trabajo. Con ella se fueron su prima Edianny Alvarado, de 24 años de edad y madre de dos mellizos de tres años, y dos vecinas.

Fueron reclutadas de la misma manera que Yoarlin. Al llegar a Trinidad y ver que las obligarían a prostituirse, huyeron. Esa misma noche fueron detenidas por la policía trinitaria en una casa donde pasaban la noche. Las madres denuncian que, pese a que sus hijas manifestaron que las querían prostituir, sus denuncias no han sido atendidas por las autoridades.

Carmen Herrera, de 49 años de edad, es madre de otra mujer detenida que antes vivía en Tucupita.  Asegura que su hija, en la última llamada desde la cárcel, le dijo que antes había estado hospitalizada porque la golpearon por “portarse mal” dentro del reclusorio. Algo que Carmen, por supuesto, no ha podido comprobar.

Un hombre que estuvo dos años detenido y fue deportado en abril luego de cumplir su condena, denunció que las mujeres son maltratadas en los centros de detención. “A los hombres y mujeres nos separaba una pared de lata. Arriba había una malla. Nosotros podíamos trepar y verlas. Ellas pedían ayuda para que nosotros protestáramos cuando a ellas las maltrataban. Yo llegué a ver cómo golpeaban a una mujer embarazada”, contó.

En Güiria ofrecen una versión ligeramente distinta acerca del reclutamiento sexual. Un hombre que hasta hace un año se dedicaba a captar mujeres explicó, bajo la condición de mantener su anonimato, que cada mujer reclutada comporta un costo de 800 dólares, de los que 200 corresponden a sus propios honorarios por la tarea de persuadir a las chicas y embarcarlas a Trinidad. El resto se destina a la logística para el traslado. Asegura que todas saben en qué trabajarán al llegar y que apenas permanecen un promedio de tres meses en la isla.

Los venezolanos que son detenidos y presentados ante tribunales trinitarios enfrentan con frecuencia la disyuntiva de pagar hasta 1.500 dólares de multa o cumplir condena tras las rejas. La pena puede variar entre seis meses y tres años de prisión, según sea el criterio del juez de turno.

En la cárcel de hombres no se permiten las llamadas internacionales. Sin embargo, algunos han logrado filtrar teléfonos celulares que se comparten para mandar mensajes por Whatsapp. Se desconoce cuántos han cruzado y permanecen ilegales. En videos y cartas han escrito los nombres de cada detenido para hacer un censo artesanal y distribuirlo entre sus familiares a través de Whatsapp con la esperanza de que la información llegue a las dependencias oficiales venezolanas, como la Cancillería, para motivarlas a actuar.

La primera lista de 174 hombres detenidos que se conoció la hicieron en la cárcel a puño y letra. Los reclusos le tomaron una foto, la enviaron a sus familiares, quienes la difundieron en las redes sociales. Pero cada día entran más y más venezolanos a prisión y las cifras e identidades cambian. El gobierno de Trinidad y Tobago ni informa ni se pronuncia, impertérrito.

Las mujeres reclusas sí tienen acceso regular a un número teléfono al que sus familiares desde Venezuela pueden llamar, también por Whatsapp, dos veces al mes. Cada conversación es monitoreada por una funcionaria de prisiones trinitaria. La censura impide a las detenidas contar lo que viven o comen en la cárcel. En sentido contrario, las autoridades instruyen a quienes llaman desde Venezuela a evitar relatos sobre la situación política o la crisis del país suramericano. ¿La excusa? Para “no alterar a las privadas de libertad”.

Lee más sobre lo que viven los venezolanos migrantes, con la versión contada desde Trinidad y Tobago, en este enlace.

La inseguridad personal, razones económicas y la vorágine política que arropa al país desde hace más de una década son las causas de esta emigración hacia Norteamérica. La opción del llamado sueño americano se ha asentado entre ciudadanos de clase media y alta en la última década, y ellos van detrás de una cosa que se llamaba antes green card.

Y se están yendo familias enteras

Esto lo confirman las cifras oficiales de 2008 del servicio de Inmigración que reporta que la quinta parte de los venezolanos admitidos legalmente es menor de 18 años.

Y casi todos estos son los hijos de 61% de venezolanos que declararon estar casados.

-En 2003, a los 11 años, mi hijo llegó conmigo y mi esposa, y enseguida lo inscribimos en un colegio público donde aprendió a hablar inglés -afirma Luis Neira, ingeniero de 58 años, quien habló desde Phoenix, Arizona.

“Luisito habla ahora en inglés sin acento latinoamericano, y trabaja en un Mac Donald”, cuenta Neira, quien se fue del país por incidentes políticos en Caracas, mientras trabajaba recogiendo firmas para el referéndum revocatorio.

Cuenta que lo amenazaban por teléfono y una vez intentaron secuestrar a su hijo. Lo que decidió su salida fue un incidente en la autopista Guarenas, donde lo pararon unos tipos con armas largas, y hubo de escapar.

Se fueron pensando que sólo sería por unos meses “mientras se realizaba el referéndum revocatorio”, pero la aventura ya va para siete largos años. La familia Neira abandonó Venezuela con 8 mil dólares, y eligió Phoenix porque allá vive una cuñada.

-¿Volver, papá?, -le dijo su hijo recientemente- ¿qué voy a hacer yo en Venezuela?, ¿qué futuro tengo?, mira al primo, tiene 27 años, está casado y todavía vive con la mamá. No tengo nada que hacer allá.

Igual ocurre con las adolescentes de Delia R, publicista de 50 años, quien vive desde hace seis años en Atlanta, Georgia.

-Nosotros nos vinimos porque mi esposo estaba muy estresado con la situación política que se vivía en el año 2003. Estabas en la calle y de repente te encontrabas con unas barricadas y detenían tu carro, como parte de la agitación política.

Su esposo trabajaba en una importante empresa y ella daba clases en un colegio en Caracas. “Nos vinimos con una visa de trabajo de mi esposo a través de una empresa de mi cuñado, aquí en Atlanta”, explica Delia, quien confiesa que su esposo no tiene intención alguna de volver.

Pero ellos, a pesar de haber comprado casa a los seis meses, en un condominio de Atlanta, no sienten que han disfrutado plenamente del sueño americano.

-Vivimos endeudados y vueltos un lío, dice.

Pero Humberto González, un abogado tachirense de 44 años, se siente más realizado con su vida en Portland, Oregon, ubicado al noroeste, donde vive desde el año 2000.

-Me casé con una norteamericana, tenemos una hija de dos años. Estoy manejando la parte administrativa de la clínica de medicina natural de mi esposa, y aunque por la crisis tuvimos que botar personal, incluyéndome a mí, ahorita estoy trabajando en un proyecto turístico: llevar a estadounidenses a Latinoamérica.

González, quien fuera diputado de Acción Democrática (AD) en la legislatura de Táchira, planeó instalarse en Estados Unidos con 20 mil dólares. Después de estar en Miami, Nueva York y Los Ángeles, se decidió a estudiar inglés en un pueblo cercano a Portland.

-No vi futuro para mí ni mis hijos con las primeras medidas que tomó el gobierno de Chávez. En lo personal y profesional me sentí estancado y sin posibilidades. El esfuerzo allá, la situación polarizada y en eso no tenía posibilidades, comenta este abogado quien se fue sólo para luego intentar llevar a sus hijos.

Según las estadísticas oficiales, quitando a quienes declararon que no tienen oficio fuera del hogar, la cuarta parte de las admisiones de residencia permanente para venezolanos en 2008 fueron para profesionales o gerentes.

En casos como éstos se inscribe el de Ricardo Moreno, politólogo de 41 años, quien también se fue por razones políticas, pero en 1991, debido principalmente “a la descomposición que empecé a ver en la sociedad venezolana después del Caracazo y luego la frustración con el sistema bipartidista que había allá AD-Copei. Y tercero por la falta de oportunidades para una persona joven como yo”.

Moreno fue a estudiar a Los Ángeles, donde se graduó de politólogo y se quedó, al ver como evolucionaron las cosas en Venezuela. Ahora tiene tres hijos, que son venezolano-americanos “porque viajan a Venezuela, comen arepa y hallaca en diciembre”.

En algún lugar alejado hacia el norte, con otro idioma, otras costumbres y otro clima, miles de venezolanos están buscando otra vida.

María G., de 53 años, se lo pensó mucho antes decidirlo, hasta que en 2007 le dieron sus prestaciones sociales como maestra del municipio Sucre. Obstinada por la inseguridad y la situación política, vendió su apartamento en El Cementerio, Caracas, cambió sus bolívares por unos cuantos miles de dólares, tomó a sus dos muchachos adolescentes y se largó a Atlanta, Georgia.

Le dijo a su ex esposo que volvería. Pero en Atlanta vive una hermana suya desde hace muchos años, quien ya es ciudadana americana. Por ende, ésta tiene facilidad para hacer que María y sus sobrinos pronto cambien su visa temporal por la residencia permanente.

11 mil 154 venezolanos la obtuvieron en el año 2009, según las más recientes cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos de América (EUA). Esto implica que, en promedio, cada 47 minutos un venezolano recibe estatus de residente permanente legal en el país del norte.

En estos tiempos se están yendo a EUA cuatro veces más venezolanos de los que solían hacerlo en el último lustro de los años ´90.

Residir legalmente

Cuando Humberto González pudo dominar su inglés en Oregon, se esmeró por buscar una oportunidad. Hizo un curso de administración de restaurantes, y conoció allí gente que lo contrató, y luego la empresa norteamericana le sirvió de patrocinante para obtener su visa de residente.

26% de las admisiones de venezolanos en 2009 fueron basadas en “preferencias por empleo”. Pero ésa no es la fórmula más fácil de ser admitido. Con frecuencia, el Servicio de Inmigración pone peros cuando interpreta que el trabajo que realiza el potencial inmigrante puede ser realizado por un nacional.

El paso previo para la residencia por esta vía es lograr una visa de trabajo. Rosiris Arriaga confiesa que eso “es lo más común: se arma una corporación y se aplica por ese tipo de visa”. Esa fue la que obtuvo el esposo de Delia R, y con la que pudo llevarse legalmente a toda su familia.

Pero hay otra vía más fácil. 49% de los venezolanos admitidos en 2009 fueron patrocinados por “pariente inmediato de ciudadano americano”. Esta es la forma más popular de lograr la carta de residencia: casándose con un ciudadano o ciudadana americana.

Resulta absolutamente normal que un americano (a) se case con una extranjera (o). Y por eso, algunos foráneos han encontrado en esta fórmula su medio de legalizarse en la tierra de Mickey Mouse.

Otros son en fraude a la ley. Hay casamientos fingidos por los cuales el americano (a) cobra hasta $ 5 mil. Incluso se realizan actos de matrimonio. Con fiesta y todo para obtener fotografías que sirvan como prueba ante un eventual juicio.

Se sabe, por un reporte de prensa hace algunos años, de una mujer en Nueva York quien fue sentenciada a seis meses de cárcel por habérsele demostrado que se casó cuatro veces para engañar a las autoridades migratorias.

Ingreso por aeropuertos

Se trata de casos de venezolanos que no emigraron por los caminos verdes. Estadísticas del Servicio de Inmigración revelan que los venezolanos no aparecen con cifras importantes en entradas sin inspección o capturados por la patrulla de fronteras, cifras lideradas entre otros por mexicanos, centroamericanos, brasileños, colombianos y ecuatorianos. Venezuela no está entre los 11 principales países.

-El venezolano no quiere venirse ilegalmente, y hace todo lo posible por cumplir con la ley, asegura Rosiris Arriaga, venezolana gerente de Plan B International Realty, una empresa que se dedica desde Miami a dar asesorías a muchos nacionales que quieren intentar la aventura de la emigración a EUA.

Arriaga dice que tienen muchos clientes profesionales, gente entre 30 y 45 años, “gente de trabajo que quiere buscar una alternativa de vida a sus hijos, menores de 15 años”.

Su segundo target son los clientes de ascendencia italiana de Maracay, Valencia y Barquisimeto, “pequeños inversionistas quienes compran propiedades en Miami, mantienen su familia aquí y están yendo y viniendo”.

Arriaga cuenta que su empresa explota mucho las visas por captación de talento. Son muy comunes en el área de los artistas y modelos. Las normas de inmigración establecen una categoría especial denominada “fashion”, para modelos con prestigio nacional o internacional.

La gran mayoría de los venezolanos ingresa a los Estados Unidos chequeándose en puertos o aeropuertos. Por esto, el Servicio de Inmigración, que controla también las salidas, sabe cuando abandonan el país, y si lo hacen en el tiempo previsto.

El venezolano que llega como turista con planes para quedarse a vivir, generalmente obtiene un permiso para permanecer seis meses en el país. Entonces puede conseguir un trabajo temporal y sale del territorio antes de cumplirse el lapso legal, luego vuelve a ingresar buscando suerte para que los funcionarios de inmigración de puerto o aeropuerto no detecten su juego. Aspiran generalmente a conseguir un trabajo fijo, y que la empresa los patrocine para obtener su green card. Si no lo consigue, opta por la ilegalidad hasta tener mejor suerte.

Lo cierto es que cifras oficiales revelan que nueve de cada 10 venezolanos que lograron la residencia en 2009 lo hicieron después de ingresar con otro status distinto, ya fuere por turismo, negocios o visa de trabajo, es decir no inmigrante.

Los nacionalizados

Pero la mayoría de las uniones binacionales son ciertas, es decir matrimonios legales y legítimos, como el de la venezolana Edibel Deibert, antes Edilbert Amundaray Orellana, de Napa, California.

Edibel Deibert es su nuevo nombre de casada con el norteamericano Kenneth Deibert. Tiene 41 años de edad, vive en Napa, una zona de viñedos de California. Es graduada en Caracas en administración de empresas y era tesorera de una importante entidad bancaria cuando en 1997 conoció en Napa a quien es hoy su esposo. Empezó una repentina historia de amor que terminó en matrimonio. Regresó entonces a Venezuela para poner todo en orden y volvió a California para casarse. Es ciudadana de Estados Unidos desde el año 2004.

Un total de 6 mil 557 venezolanos por nacimiento adoptaron la ciudadanía americana en el año 2008. Otros 4 mil 735 lo hicieron en 2009.

Al igual que el pelotero Omar Vizquel o el cantante José Luis Rodríguez, el venezolano común que emigra tiende a optar por este beneficio que le permite llevarse a otros familiares a EUA y obtener mejor estatus ciudadano.

Edilbert reconoce con cierto orgullo que ya votó en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2008.

Las mujeres venezolanas se nacionalizan en EUA más que los hombres en una proporción de 61% frente a 39% de los masculinos, según los datos oficiales de los últimos dos años. Siendo, el matrimonio, la principal fórmula para ser admitida como residente, las cifras sugieren otro punto más que habla a favor de lo atractivo que resultan las mujeres venezolanas.

Carmen Heber (44) es natural de Caracas y está viviendo en Dallas, Texas, desde 1998. Conoció a Scott Heber, su compañero de trabajo en la empresa Movilnet (Caracas), y es otro de los casos en el que el verdadero amor produjo la emigración y abordaje de una nueva vida.

Carmen confiesa que se casaron en Caracas donde también tuvieron a su primera hija, y después decidieron ir a Texas, donde reside 10% de los venezolanos admitidos en EUA durante el año pasado. Ella confiesa que le fue muy fácil lograr la visa por su estatus marital. Ya es ciudadana americana.

-Siempre es muy difícil dejar lo tuyo atrás y comenzar en un ambiente totalmente extraño. La sociedad norteamericana es muy diferente a la latina y aunque yo hablaba un poco de inglés me sentía muy perdida, especialmente los primeros años. Ahora, gracias a mis hijas, a mi capacidad de adaptación y a la horrible situación de mi bello país Venezuela, me siento muy agradecida y bendecida de poder estar aquí, dice Carmen, quien duda que volvería a vivir en Venezuela.

Sin embargo, al igual que los hijos de Ricardo Moreno, las de ella “han sido criadas aquí, les encanta una arepa, un pabellón, deliran por las playas de Margarita…”

Para obtener la naturalización hay que pasar al menos 5 años de residente permanente. La tendencia es a que ascienda la cifra de nuevos venezolanos naturalizados en EUA, tal como está ascendiendo la cantidad de nuevos nacionales que obtienen la residencia legal, como paso previo.

La mayor cantidad de venezolanos inmigrantes está en el estado de Florida. Exactamente el 57%. Y en ese estado los venezolanos se concentran fundamentalmente en el sector de Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, donde están 4 mil 955 de los 11 mil 154 admitidos en 2009.

Daniel Ruiz, zuliano de 65 años, y su esposa son dos de ellos. Allá vive su hija y sus tres nietos norteamericanos. Él es comerciante en el ramo de la computación, y debido a sus negocios y problemas de salud le ha tocado pasar poco tiempo en Miami. Está allá y luego se viene a Caracas. Desde que obtuvo su visa en 2005, ha tenido problemas con el servicio de inmigración, que se lo reclamó una vez al ingresar:

-Usted sólo ha pasado 10 meses en este territorio desde que obtuvo la visa de residente permanente. ¿Sabe cuántas personas andan detrás del green card y usted la desperdicia?, le incriminó un funcionario en el aeropuerto.

Estos son avatares que viven venezolanos emigrantes. Y hay uno muy curioso: tanto Edilbert, en Napa, María P en Atlanta, y Humberto en Portland, admiten que tuvieron que realizar trabajos en EUA para los cuales nunca en su vida se habían preparado. 

Edilbert trabajó en una panadería haciendo galletas, lo cual compaginaba con el trabajo de niñera. Ella manifiesta que ama Venezuela y viene cada tres años a ver familiares y amigos y a visitar las playas. María P cuida a personas mayores y le va bien en eso. Humberto trabajó con restaurantes. Viaja siempre a votar desde Portland hasta el consulado venezolano en San Francisco y tiene su radio Chévereradiotv.com por donde difunde a todo el mundo música venezolana a través de Internet, manteniendo su vinculación con el país. Venezuela sigue formando parte de sus vidas. De esa manera han asumido la triste alegría de emigrar.

Van 7 mil asilados desde 2002

La cifra de asilados venezolanos en los Estados Unidos ha subido vertiginosamente desde el año 2003, cuando se produjo una intensa agitación política en el país.

El concepto que aplica Estados Unidos es el beneficio para “personas que estén incapacitadas o no deseen retornar a su país debido a alguna persecución o bien fundados temores de persecución a causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o político”.

La quinta parte de todos los venezolanos admitidos en 2009 como residentes en EUA fue de asilados o refugiados. Hay casi 7 mil asilados venezolanos desde 2003.

La periodista Milagros Durán es, desde 2007, una de ellos. La Fiscalía venezolana la relacionó con los hechos de la salida del aire de Venezolana de Televisión el 12 de abril de 2002. Ella era jefe de prensa de la gobernación de Miranda.

A pesar de su amplia trayectoria en los medios de comunicación en Venezuela, decidió salir del país en diciembre de 2006, junto a su familia, esposo e hijo. Relató en Miami ante funcionarios de inmigración las frecuentes visitas de funcionarios policiales a su residencia y otros eventos.

“Durante el tiempo del juicio, llegué a sentirme extranjera en mi propio país y es un sentimiento negativo, por un lado, pero tiene un lado positivo, y es que te obliga a buscar nuevos horizontes. Entonces comprendí que era hora de emigrar”, confiesa Durán.

Contó lo duro que fue arrancarle a su adolescente hijo su grupo de amistades en Caracas, y habló de los problemas iniciales en EUA, cuando la familia tuvo que vivir de sus ahorros, porque aún no les permitían trabajar.

Un juez de inmigración le aceptó sus alegatos y le concedió el asilo, y al año el Gobierno le otorgó la residencia permanente.

Estuvo un tiempo en Miami, pero no le gustó el clima tan politizado sobre temas de Cuba y Venezuela que se respira allá, a través de los medios de comunicación.

La familia se mudó a Houston, Texas, donde reconstruyen su vida. Su esposo trabaja como ingeniero y ella en un periódico hispano. “Aquí sólo muy eventualmente se habla de Venezuela”, comenta.

Cabe anotar que, durante el primer año de mandato de Barack Obama, la cantidad de asilados venezolanos en EUA se redujo de 1.057 en 2008 a sólo 583 en 2009.

Está también el caso del coronel (r) Gustavo Díaz Vivas (53) quien se presentó en 2005 en Miami a pedir asilo. Díaz había aparecido en TV como especie de escolta, detrás de quien había asumido la presidencia el 12 de abril de 2002, Pedro Carmona Estanga. Luego participó en los eventos militares ocurridos en la Plaza Altamira. En 2005 su carro estacionado explotó y por eso decidió salir del país inmediatamente.

Díaz señala que su proceso fue rápido: “Hice la solicitud de asilo el 20 de julio de ese año, hice mi entrevista el 12 de agosto y ya el 6 de octubre tenía el asilo”, explicó.

Al igual que este coronel, el ingeniero Luis Neira, está recibiendo mensualmente el seguro de paro por desempleo, financiado por el gobierno de EUA.

Neira aún no recibe su asilo. Señala que se fue en 2003 e introdujo la solicitud. A los meses le llegó el permiso para trabajar y así empezó a estabilizarse económicamente.

Pero Inmigración pareció olvidarse de su caso. Y en cinco años no le respondieron. Entonces alguien le recomendó que, como él vivía en Arizona, le escribiera planteando su caso a John Mc Cain (candidato presidencial 2008), quien es el senador del estado. Y así lo hizo con el siguiente efecto: a los 15 días Inmigración le respondió, pero negándole el asilo. Le alegaron que no entregó suficientes pruebas de su militancia política. Su abogado apeló, ahora con documentos que ha suministrado el partido Copei, y espera ganar. Mientras tanto sigue cobrando su seguro de paro.

Para ver y escuchar

Datos sobre emigración

 *470 venezolanos quedaron preseleccionados en la lotería oficial de 2009 para obtener la visa de residencia permanente. Venezuela fue el segundo país latinoamericano, después de Cuba (555). En 2009, 227 venezolanos recibieron finalmente su visa ganada en esa lotería.

*303 venezolanos fueron aprehendidos y calificados como deportables en el año 2008.

*Ese mismo año fueron removidos 89 nacionales, 26 de ellos por causas criminales.

*524 mil 246 venezolanos por nacionalidad se admitieron como “no inmigrantes” en territorio norteamericano durante 2009. Esto equivale a un mil 436 diarios, quienes ingresan por turismo o negocio, entre otras razones.

*Los asilados optan por el beneficio estando dentro de EUA. Los refugiados optan estando fuera del territorio. Las cifras de refugiados venezolanos no aparecen en la página WEB del Homeland Security. Pero contando ambos llegaron a 2 mil 152 en 2009.

Voz de un venezolano en Estados Unidos.

Un venezolano en Phoenix habla sobre la Ley Arizona neiraarizona MP3

Principales estados donde residen los venezolanos admitidos en 2009:

Florida: 6381

Texas: 1112

Nueva York: 503

California: 390

Georgia: 296

New Jersey: 253

Virginia: 167

Massachusetts: 135

Puerto Rico: 188

Utah: 115