Las granadas fragmentarias tienen dos números que permiten rastrear su procedencia: uno en la boquilla, o espoleta, y otro en el cántaro metálico. En el cuerpo metálico quedó el rastro del propietario: el número de serie LS84 L059-001, que estaba registrado como parte de los inventarios de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Este cotejo solo es posible cuando las granadas no explotan. Si hay detonación, se requiere una técnica postexplosión y se necesita el número de espoleta. La granada destinada al comerciante tenía grabada en la espoleta la serie FUZE M213. ME184G 007-001.

El Ministerio de Defensa informó a la Fiscalía General de la República (FGR), en el proceso judicial que se siguió por el hurto de 9,563 granadas en la hacienda el Ángel, de Tapalhuaca, que el LS84 L059-001 era parte de un lote de granadas propiedad del Ejército salvadoreño, que nadie más puede tener granadas con esas características, y que ese lote llegó a El Salvador en calidad de donación durante el conflicto armado. En un oficio fechado el 15 de febrero de 2012, el entonces ministro de la Defensa Atilio Benítez dio cuenta del inventario militar y señaló: “Por tratarse de explosivos o pertrechos de guerra ningún particular puede adquirirlos o poseerlos, por tanto el único propietario y poseedor es el Estado”.

Los investigadores acordonaron la cuadra y usaron una tenaza roja para quitar el alambre. El comerciante no quiso declarar en un proceso judicial. No lo fulminó la granada, pero sí el miedo. Únicamente permitió que la policía retirara el explosivo y que levantara un acta del hallazgo. Luego se marchó en su microbús, con una calcomanía afianzada en la retaguardia con la leyenda: Paz social.

Su caso quedó consignado, con muchos otros de extorsiones, en un expediente de un tribunal especializado de San Salvador. El proceso se dividió en dos partes: una en la que se procesó a 15 miembros de la Mara Salvatrucha por cuatro casos de homicidios, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Y la otra, donde consta que los pandilleros usaron una granada de la Fuerza Armada para intentar matar al comerciante, a la que el sistema le impuso reserva total.

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Entre febrero de 2009 –después de lo que le pasó al comerciante de Opico– y diciembre de 2010 hubo una sucesión de ataques con granadas M-67 en todo el país: por lo menos 22, de acuerdo con los registros de este periódico. Murieron siete personas y hubo más de 100 heridos. Entre las víctimas hubo niños, mujeres, hombres, empresarios de transporte, agentes del CAM, vendedores y una profesora. 100 heridos.

Cojutepeque se convirtió en una diana para esos ataques. El 28 de diciembre de 2009, una mujer lanzó una granada industrial M-67 adentro de la clínica Santa Mónica, mientras 13 personas, niños y adultos, esperaban a pasar consulta. Víctor tuvo la sensación de que lo arrancaron del suelo y lo levantaron de las piernas. En el aire, sintió que un pedazo de cristal le penetró la cabeza. Luego cayó sentado en el piso y observó a Rosa Mayra, su compañera de vida, y a Silvio, su hijo de cuatro años. Empapados en sangre. Tirados, junto a otras 10 personas más, en el piso de la clínica pediátrica.

Todo ocurrió en segundos.

Víctor y Rosa Mayra fueron trasladados al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima. Los colocaron en dos camillas contiguas. Las últimas palabras que él recuerda de su compañera de vida son las que ella articuló para preguntar por Silvio. La profesora de 42 años no sabía que su hijo era uno de los dos niños que no sobrevivieron a las esquirlas en el abdomen y en el tórax. Víctor le pidió que se tranquilizara.

El humo ya se había dispersado en el consultorio Santa Mónica. La onda expansiva se trasladó al hospital nacional, donde enfermeras salían del área de emergencias con sábanas teñidas de rojo. En uno de los pasillos estaba la jefa de la delegación policial de Cojutepeque, Verónica Uriarte, quien se atusaba su pelo con una mano, mientras sostenía con la otra su radio comunicador. “Mire, uno cree que esta profesión ya lo ha visto todo, pero esto… Los niños, quedaron destrozados”, comentó con ojos vacíos, para expresar que este caso había trastocado su umbral de indignación.

Un día después, cuando los investigadores ya tenían los primeros testimonios de las víctimas, empezó a tomar forma la hipótesis: los atacantes habían visto a la perfección a quiénes le tiraban la granada. Dos de ellos se apostaron al lado de un vehículo estacionado frente a la clínica, y el tercero se encargó de vigilar desde un poste. Lo habían hecho en represalia porque la clínica no había entregado la extorsión.

Víctor sufrió múltiples heridas, un edema cerebral severo y lesión vascular, según el reconocimiento médico que le practicaron. Fue interrogado el 9 febrero de 2010 en el octavo piso del Hospital General del Seguro Social, donde permaneció ingresado después de un mes del ataque. Ese día le contó al investigador de la Policía que pasó varios días sin poder levantarse de la cama y que el 3 de enero le avisaron que Rosa Mayra no había resistido, que al igual que su hijo Silvio había fallecido a causa de las heridas.

Víctor era agente de la División Antinarcóticos de la Policía. En el octavo piso le contó al investigador que también era amigo del propietario de la clínica. Que su amigo el doctor le contó que desde 2007 estaba siendo extorsionado. Que el doctor le pidió consejo y él le dio algunas recomendaciones.

Dos pisos abajo, en el nivel cinco del Hospital General, estuvo hospitalizada Sandra, la madre de Verónica, la niña de seis años, que falleció en el ataque. Desde ahí rindió su declaración de lo sucedido el 28 de diciembre de 2009. Contó que llegó a la clínica a las 11 y que esperó dos horas porque había pacientes antes que ella. Le dijo al investigador que el día del ataque tenía a su hija sentada en sus piernas, que solo escuchó como que tiraban una lata y que la recepcionista gritó: ¡Levántense! Después del estruendo, ella y su hija estaban bañadas en sangre.

Once, otra de las víctimas, recibió una llamada a las 9 de la mañana del 28 de diciembre de 2009. Era su esposa para avisarle que ya había hecho cita en la clínica Santa Mónica. Que había siete pacientes inscritos. Llegó a su casa a las 11, pero el niño estaba dormido. Entonces esperó 15 minutos para tomarlo en sus brazos y salir rumbo a la clínica. Estacionó su vehículo como a 50 metros de la clínica, porque al frente no había parqueo. La recepcionista les dijo que tenían que esperar a que atendieran a cuatro pacientes, según su relato.

Once y su esposa decidieron ir al banco a pagar unos recibos, pero como en el banco encontraron una fila más grande, su esposa se regresó con el niño. Once se incorporó después. Llegó a la clínica y se percató de que su hijo tenía sucio el pañal. Lo colocaron sobre una mesa plástica y lo cambiaron. Después tomaron un juguete de la juguetera de la clínica para entretenerlo. Once estaba de espaldas y escuchó a un hombre gritar: “¡Una bomba!” La granada acabó con la clínica.

Alma, el seudónimo que el sistema le asignó a uno de los testigos clave del caso, relató que era un día claro, con sol y sin lluvia. Se dirigía a realizar comprados. Iba por el Biggest, ubicado a unos metros de donde estaba la clínica, cuando observó movimientos extraños desde varios vehículos. Observó a un joven al que Alma identifica como “Hecho Mierda” en uno de los postes cercanos a la clínica. También vio a alias “Cucharita” y a una joven, a quien conocía como “China”, recostados en un vehículo estacionado frente a la clínica. Alma los reconoció como pandilleros de la Mara Salvatrucha. Dijo que los tres se dedicaban a “andar fregando” o a andar “aplanando las calles” de Cojutepeque. Alma también relató que “Hecho Mierda” hacía señas a la pareja apostada frente a la clínica y que fue “China”, quien llevaba la granada dentro del morral cruzado en el pecho. Esa joven, según la testigo, abrió la puerta corrediza de la clínica, lanzó la M-67 y corrió.

El testimonio de Víctor, el de Sandra, el de Once, el de Alma y otros que fueron recabados antes del día del juicio constan en las diligencias de investigación que se siguieron en el proceso penal contra Carlos Alberto Alvarado Ávalos, alias “Cucharita”; Éder Wilfredo Beltrán, “Hecho Mierda”; y Sonia Maryli Ramírez, alias “China”. Los tres fueron llevados a juicio ante el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador. En el expediente se agregó la experticia realizada a la argolla y a la palanca metálica que fueron recolectadas después de la explosión. La palanca tenía el número de lote FUZE M213, MIE1840, 007-001. Una de las conclusiones de los peritos fue que se trató de una granada de fabricación industrial, de uso privativo de la Fuerza Armada, y que “por lo duro de la superficie del suelo, la mayor dirección de las esquirlas salen hacia arriba en todas direcciones”.

El 30 de agosto de 2010, el entonces director de logística del Ministerio de la Defensa, el coronel Salvador González Quezada, después procesado en otro caso por comercio ilegal de armas de guerra, envió un oficio a la Fiscalía para decir que la espoleta FUZE M213, MIE1840, 007-001 no estaba inventariada por la Fuerza Armada. El número de serie, sin embargo, es casi idéntico al de la espoleta de la granada encontrada meses antes en el microbús de San Juan Opico, que sí pertenecía al Ejército: la FUZE M213, ME184G, 007-001.

El juicio contra los pandilleros “Hecho Mierda”, “China” y “Cucharita” se realizó el 16 de agosto de 2011. Lo presidió el juez especializado Godofredo Salazar Torres. Ni los testimonios de las víctimas ni el de Alma convencieron al juez Salazar. Tampoco le pareció que el testigo clave solo mencionara el alias de los acusados, y no se refiriera a ellos con sus nombres y apellidos. Los absolvió a los tres.

Y culpó a la Fiscalía por el fallo absolutorio que otorgó. Le recriminó una investigación deficiente: “El hecho que ocurrió puede considerarse funesto, y que escapa a la comprensión humana la capacidad de realizar tales acciones, sobre todo porque las principales víctimas fueron niños; por lo que se hubiese esperado una indagación más exhaustiva del mismo; sin embargo, el proceso investigativo se limitó a lo dicho por los testigos, no incorporándose prueba científica suficiente…”, se lee en la resolución.

El caso llegó a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esta notificó en diciembre pasado que se debe celebrar un nuevo juicio, que Salazar Torres no hizo una valoración adecuada de las pruebas y que los testigos no están obligados a conocer el nombre de los acusados. El tribunal superior también constató que hubo “la falta de valoración integral de los datos probatorios obtenidos por el juzgador, los cuales son de tal importancia que de haberlos incluido y ponderado de manera completa, el resultado de su decisión habría sido diferente”. El caso ha regresado, después de cinco años de la explosión, al Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador, donde deberá celebrarse un nuevo juicio.

“Este es un mensaje de parte de LA MARA les exsijimos que los colabores con $3000 dólares tenemos todas las direcxiones de sus familiares y de qui de su tienda y si no quiere que le pase nada a su familia ni a usted tiene que colaborarlos con lo que le pedimos porque used sabe que con la mara no se fuega porque sino les bamos ha ir a tirar una granada a sus casas”. Así. Sin puntos y sin comas. Ayala tenía ese mensaje ante sus ojos a las 6 de la mañana del 3 de septiembre de 2009. Encontró la hoja debajo de la puerta de su casa. Nuevamente en Cojutepeque. Cojutepeque. Extorsión. Granada.

Los pandilleros advirtieron que no se asomara a la Policía, porque si lo hacía ellos siempre se enterarían.

“Y esto no es una broma en berdad es bastante serio y tiene tres días para entregarlo y por fabor comunicar se a este número comunicar se lomas pronto posible”.

La denuncia llegó a la policía de Cojutepeque el mismo 3 de septiembre de 2009, cuatro horas después del hallazgo del anónimo. Ayala, quien en la delegación recibió ese apellido para proteger su identidad, dijo a los agentes que sospechaba que los emisarios de aquella “güila” eran dos vecinos que tenían un hermano preso. Le pidió al agente que lo entrevistó que un investigador siguiera con la negociación, y entregó su teléfono celular para que la policía se encargara del resto.

Un investigador se comunicó con los pandilleros ese mismo día a las 3 de la tarde. Los pandilleros lo insultaron y le ofrecieron muerte, según consignó el agente en un reporte. Le advirtieron, creyendo que se trataba de Ayala, que sabían que su negocio le daba para pagar los $3,000 y que también sabían que tenía familiares en Estados Unidos. Le dieron un ultimátum: cinco días para entregarlos.

El día siguiente, el 4 de septiembre, el investigador le comunicó a Ayala que había logrado negociar. Que uno de los pandilleros había rebajado la exigencia a la mitad. Y le explicó que solo debía llevar a la delegación $20 y papel periódico recortado del mismo tamaño de los billetes para rellenar el paquete y simular los $1,500. Ayala siguió al pie de la letra las instrucciones. El 5 de septiembre entregó los $20 y el papel periódico recortado. En la delegación le sacaron fotocopias a los dos billetes de $10 que el hombre había llevado.

La entrega se pactó en el parque Francisco Menéndez de Cojutepeque, conocido como parque viejo, el 8 de septiembre. Había niños y cachiporras del Centro Escolar Anita Alvarado que ensayaban previo al 15 de septiembre. Unas 15 personas, según los cálculos de la víctima. Ayala se sentó en un arriate cercano a la zona de patinaje. Tenía la bolsa con el papel en la mano. Y ahí esperó por 25 minutos. Hasta que se le aproximó un hombre que, según recuerda, le preguntó: “¿Tú eres quien me va a entregar el dinero?” y Ayala respondió que sí, agarró la bolsa y le dijo que le llamaría después. Había caminado unos 10 metros cuando los policías, que habían rodeado el parque antes de la llegada de Ayala, le ordenaron que se detuviera. Al grito de “¡Alto. Policía!”, el joven sacó una granada de su pantalón y gritó: “¡Los voy a hacer mierda a todos!”.

ññLa gente corrió y el parque viejo de Cojutepeque quedó desierto. La granada no explotó.

Los policías lo persiguieron y neutralizaron. Lo identificaron como miembro activo de la Mara Salvatrucha. Le decomisaron documentación a nombre de José Manuel Hernández. En su bolsón de nailon llevaba una hoja donde constaba que estaba bajo prueba y libertad asistida.

La granada no estalló. Los policías llamaron a los técnicos de la División de Armas y Explosivos (DAE), quienes determinaron que la granada industrial, y de uso privativo del Ejército, se encontraba en “perfecto estado de funcionamiento” y que era capaz de ocasionar lesiones, la muerte de una o varias personas y daños materiales en un radio de acción letal a 15 metros y máximo a 40 metros a la redonda.

Ayala regresó a la delegación a ampliar su declaración en el caso por extorsión. Dijo que el pandillero “era un desalmado, un hombre sin corazón, y que al tirar la granada iban a pagar justos por pecadores, sobre todo por los niños que estaban ahí, que esperan que le impongan la pena más alta, porque él y su familia están traumados”.

La DAE consignó en su informe que el número de serie de la granada estaba borroso. En ninguna de las 200 páginas del expediente consta que la Fiscalía haya solicitado que se ampliara el peritaje a la granada. Tampoco que pidiera explicaciones a Defensa para esclarecer la procedencia del pertrecho.

La única experticia que se amplió fue la grafotécnica. Hernández, el acusado, hizo planas dentro de las bartolinas. Llenó cuatro páginas tamaño oficio con las palabras “pandiya, berdad, berdad, por fabor, por fabor”. Esa prueba determinó que fue Hernández quien redactó el manuscrito del 3 de septiembre. El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque lo condenó a 30 años de prisión el 30 de junio de 2010.

Cojutepeque, la cabecera de Cuscatlán, fue el epicentro de los ataques con granada en 2009. Un mes después de lo del parque viejo, el viernes 23 de octubre, murieron dos personas en un restaurante de comida rápida.

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No solo ataques. Las investigaciones también refieren a hallazgos de armamento propiedad de la Fuerza Armada, como el del 23 de julio de 2011, cuando dos fusiles M-16, dos lanzacohetes Law y 19 granadas lumínicas en un predio baldío de la colonia Lomas San Francisco, Antiguo Cuscatlán. Esos dos cohetes, al igual que las granadas, salieron de los depósitos del Ejército. Tienen el mismo número de lote que los encontrados en una bodega de San Pedro Sula, en Honduras, los que fueron a parar a manos del mexicano Cartel del Milenio.

“Este tipo de armamento pesado solo puede salir de los almacenes del Ejército y es preocupante que las pandillas tengan acceso a los almacenes”, dijo Herard Von Santos, un exmilitar que elaboró el estudio titulado “El entrenamiento de las pandillas salvadoreñas: Análisis de su letalidad, poder de fuego e implicancias de seguridad pública”, un documento que en 2014 evidenció el fácil acceso que las pandillas tenían a las armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada.

Otros hallazgos consignados en investigaciones policiales dan cuentas de al menos una docena de granadas encontradas en diferentes partes del país con número de serie coincidente con las inventariados por la Fuerza Armada. Como las dos granadas M-67 localizadas en marzo de 2010 en una finca de La Libertad. O la descubierta después en otra finca de San Juan Los Planes, municipio de Santa Tecla.

Los informes regionales sobre el tráfico de armas perfilan a los Ejércitos como la alacena para el suministro de armas del crimen organizado. Un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de México lo resume con las siguientes líneas: “Así, los arsenales militares en Honduras, El Salvador y Guatemala, parecen ser las mayores fuentes de armas de fuego ilegales en la región”.

Existe un Juzgado de Primera Instancia Militar. Es el único en su especie en el país. En cinco años ha procesado a 26 militares, entre estos Gilberto Espinoza Hércules, a quien sobreseyó definitivamente y quien luego fue condenado en un tribunal de lo penal. En 22 casos dictó sentencia favorable para los militares. Solamente en tres casos dictó una condena, sentencias condenatorias con beneficios o reemplazo de la pena. Hay un caso que todavía está en trámite.

Fallos absolutarios abundan en todas las instancias. En diciembre de 2009, el CAM de San Miguel fue víctima de un atentado con una granada M-67, que sí explotó y lesionó a un agente. Un exmiembro de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel fue identificado por testigos como responsable del ataque. Y fue procesado. Pero, al igual que los procesados en el ataque a la clínica Santa Mónica, fue exonerado.

Los ataques con granadas se reactivaron a finales de marzo de 2015. Entre el 27 marzo y el 22 de abril, siete granadas industriales fueron arrojadas a diversos puestos de la Policía Nacional Civil. Los investigadores han apuntado a las pandillas como responsables de los ataques hechos con armamento exclusivo de la Fuerza Armada. Consultado al respecto en una conferencia de prensa de esta semana, el ministro de la Defensa, David Victoriano Munguía Payés, reconoció que parte de las granadas hurtadas a la institución que él dirige fue a parar a narcotraficantes mexicanos. Entonces no dijo nada de las granadas de las pandillas, de la Mara Salvatrucha, pese a que las evidencias así lo demuestran.

“Y las granadas, igualmente, esas granadas que en un momento se sustrajeron en un polígono donde debieron ser destruidas, la información que tenemos nosotros es que salieron para los grupos de narcotráfico en México. No obstante, aquí en el país, ya lo ha dicho el director de la Policía, hay tráfico de armas”, dijo el general el 9 de abril.

Luego agregó: “Es un error estar pensando o pensar que solo porque se habla de armas de uso privativas de la Fuerza Armada pertenecen a los inventarios de la Fuerza Armada, eso es totalmente falso”.

(*) Esta nota fue publicada el 24 de abril de 2015 en un proyecto conjunto entre Connectas y La Prensa Gráfica.

Y la ropa impregnada de sangre por el disparo ejecutado por el suboficial Marino Samayor Acosta siguiendo órdenes del mayor Roberto D’Aubuisson, según las investigaciones de la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas. “Nunca había pensado en venir, pero con esto de la beatificación me animé”. Sus ojos pasean por cada esquina de la habitación de Romero, se lleva la mano al pecho cuando ve su ropa y la cama, pequeña, donde dormía. “Qué hombre más humilde. Apenas tenía nada”. En 1980 sus tías fueron al entierro del religioso. “Casi no lo cuentan. Allí también empezaron a matar gente”.

Israel Benjamín tiene 16 años. Lleva lentes que se oscurecen un poco con el sol. Su cara es la de un adolescente cualquiera: pelo incipiente, granos, algunas marcas de haberse tocado esos granos. Sabe que a monseñor Romero lo mataron al inicio de la guerra civil, pero los muertos de ese conflicto que asoló El Salvador por 12 años le son muy lejanos. “Mis papás me cuentan que eso fue una catástrofe, un gran sufrimiento para todos. En el país no se ve tanto que hay rencillas. No creo que haya secuelas de eso”, dice con esa voz a medio camino entre la de un niño y un hombre. Parece tener razón. En esos días el país luce como uno solo, enfocado en la beatificación de Monseñor Romero y en ensalzar su figura. San Salvador, la capital, es una fiesta.

En la vigilia previa a la beatificación, los fieles se congregan cerca de la Plaza de El Salvador de El Mundo. En el escenario, un grupo de bailarinas con un escote muy generoso se mueve al ritmo de ‘Vivir mi vida’ de Marc Anthony. Son las dos de la mañana y la lluvia, que empezó a las siete de la noche, sigue, pero no disuelve a la audiencia de este peculiar concierto. Algunos se resguardan en los techos de los comercios cercanos, pero son centenares los que bailan bajo un mar de sombrillas de colores. Una monja aplaude y se agita dentro de su hábito blanco. Un señor con tantos surcos en la cara como años observa de pie, bajo la protección de un paraguas que sostiene una mujer. Ella tiene zapatos planos, falda por debajo de la rodilla, un suéter cerrado y una Tau, la cruz de San Francisco, colgada en el cuello. En la tarima, las muchachas giran bajo la atenta mirada de un fraile de hábito marrón con un cordón de tres nudos. Y en un poste, un afiche de dos metros de alto por uno y medio de ancho con la cara de monseñor Romero.

Es la fiesta de los humildes, de los que honran la memoria de monseñor con sus zapatos empapado por la lluvia. “He venido desde Guatemala porque Romero es una figura muy importante. Luchó por todos, derramó su sangre por nosotros”, dice Rita, una monja de 20 años que nació en El Salvador pero estudia en el país vecino. A su lado está Abraham, guatemalteco, extasiado por la figura del religioso. “Nunca abandonó a su gente. Lo mataron porque defendió a los pobres”.

Los días previos al 23 de mayo, la fecha prevista para la beatificación, comenzaron a llegar muchos extranjeros a San Salvador. Los recibían taxistas uniformados, impolutos y sonrientes, del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. La terminal se llamaba Comalapa, pero a petición del anterior presidente, Mauricio Funes (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, izquierda), se cambió el nombre con motivo del 35 aniversario del asesinato del religioso.

“Hay una Ley de Amnistía desde 1993 que tapó todo”, explica Roberto Valencia, periodista de El Faro. Se taparon los crímenes cometidos por el Estado y las atrocidades de la guerrilla. La ley sigue ahí y teníamos esperanza de que con la llegada de la izquierda (FMLN) se hiciera al menos un intento honesto de derogar esa ley y lo que representa, ese tapar todo y que no haya responsables de todo lo que ocurrió en la guerra civil. El FMLN rebautizó la autopista y el aeropuerto con el nombre del sacerdote, pero su asesinato sigue en la impunidad”.

Antes de llegar el Frente, en el Gobierno estaba la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), el partido fundado por Roberto D’Aubuisson. Fue él quien mandó matar a Monseñor Romero. “En los 20 años del gobierno de Arena su figura fue opacada, retirada de la narrativa oficial, trataron de minimizarla, desaparecerla. El pueblo salvadoreño, la gente más pobre fue quien mantuvo vivo su nombre”, agrega Carlos Dada, periodista salvadoreño.

Ángel, de 32 años, atiende mesas en un restaurante. Delgado, ágil y siempre sonriente, cuenta que nunca supo de Monseñor Romero en el colegio o en el liceo, que nunca le explicaron quién era y que es ahora cuando sabe más de él. “Pero sabés, cuando uno es niño no está consciente de esas cosas ni de la política”. Sofía, de 19 años, piel tostada, se intuye aún más flaca bajo la camiseta blanca que lleva arremangada y con la cara de Monseñor Romero. Cree que si no le hablaron antes de Óscar Arnulfo Romero fue porque en la escuela no se habla de los asuntos de la Iglesia. Ella supo del religioso por su tío, que hace unos años le llevó unos afiches y le leyó algunas de sus homilías.

“Ha sido una figura muy controversial. Lo mató el fundador de un partido de derecha y la izquierda radical ha tratado de hacer con él una bandera. Para beatificarlo algunos pensaron necesario despojarlo u ocultar su lado político, su indignación. Ahora escuchamos por todos sitios mensajes de monseñor es amor, es reconciliación… Pero la reconciliación no es posible sin paz ni justicia social. Y la violencia seguirá mientras no se ataquen sus causas estructurales”.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Las cifras oficiales de 2014 dan una tasa de homicidios de 61 por cada 100.000 habitantes. Desde 2012 hubo un periodo en el que el número de muertos bajó. Es el tiempo conocido como la Tregua, un pacto entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y el primer gobierno del FMLN, el de Mauricio Funes. Cuenta Roberto Valencia en su artículo La Tregua redefinió el mapa de los asesinatos en El Salvador que poco antes de cumplir tres años, en enero 2015, la tregua murió cuando el actual presidente Salvador Sánchez Cerén (FMLN) dijo: “No podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas porque eso está al margen de la ley”. Las proyecciones de homicidios para 2015 no son nada halagüeñas.

Dominga y Puri Martínez, madre e hija, vienen de San Martín, un municipio del departamento de San Salvador. Ven en la beatificación la ayuda que El Salvador necesita para que haya paz. “Hay mucha violencia con los jóvenes. Monseñor nos ayudará a solucionar esto”.

Beatificación feliz

No cabe un alma más en los alrededores de la Plaza Salvador de El Mundo. Hay un espacio enorme, en el centro, reservado y separado con una valla de casi dos metros de alto. De un lado está el altar donde se hará la misa de beatificación, las sillas del cuerpo eclesiástico, las autoridades del país, los emisarios extranjeros, las personalidades. Del otro, miles de personas que se agolpan y buscan su hueco para poder ver mejor la celebración.

En los huecos que quedan al borde de las calles, muchos se rebuscan y venden café con canela, cigarros, pupusas (tortilla de maíz o arroz, rellena de chicharrones, queso u otros alimentos), churros, manzanas, tostadas de plátano. Monseñor Romero es como un icono pop estampado en camisetas, llaveros, gorras y afiches.  También hay muñecos con su cara, títeres que, al halar de un palito en su centro, suben las manos en modo de plegaria. Y algún que otro libro con su pensamiento.

Todos se han montado en la ola de monseñor. Hasta periódicos que en su día clamaron por la muerte de Romero llenan sus páginas alabando al religioso. “Quien celebró su asesinato no le queda de otra que admitir ahora su altura. Se hizo un gran avance. Antes era políticamente incorrecto aceptar a monseñor. Ahora, negarlo es lo incorrecto. Es un paso positivo”, afirma Dada. En un costado de la zona de celebración, una tímida pancarta reza: “La oligarquía lo mandó matar y ahora lo vienen a adorar”.

Para convertir a Oscar Arnulfo Romero en parte del relato oficial salvadoreño se ha minimizado su lucha por la justicia social y algunas de sus posturas que en su momento incomodaron al poder. Cuenta Dada que algunos obispos que estuvieron al lado de Romero han empezado a decir que no importa quién lo mató, que no importa la impunidad. También, dice, se está olvidando su mensaje de justicia social. “Desde fuera puede verse como un logro que se hable de monseñor, se ve que el país está unido. Es un avance claro viendo de dónde venimos, pero no está siendo lo que debería ser porque se hace renunciando a la esencia de Romero”, explica Roberto Valencia. En la superficie está la alegría por el nuevo beato, la elevación a los altares del Santo de América. Pero solo basta escarbar un poco entre los asistentes a la ceremonia religiosa para encontrar unas heridas profundas y de años. Unas heridas que Arena y FMLN han tratado de tapar, dice Valencia, con un acuerdo tácito para no remover el pasado, porque a ambos les salpicaría.

Diana Jacqueline López, de 47 años, lleva colgado de su pecho una estampilla de Romero. “Él me dio la confirmación a los 13 años y su hermana fue mi madrina”, dice orgullosa mientras agarra la imagen y la besa. No le gusta que se vendan tantas cosas con su imagen, pero lo justifica. “El país está viviendo una pobreza extrema y la gente aprovecha para poder ganas unos centavos y darle de comer a sus hijos”. Miro sus zapatos y tienen tantos huecos como su dentadura. “Lo que estamos viviendo ahorita son las consecuencias de la guerra que se vivió entonces. Quien se fue mandó dinero para ayudar a los que se quedaron, pero no hubo quien les dirigiera el camino”. Esa guía que para ella es el inminente beato, “un mártir a quien querían taparle la voz matándolo”.

Bajo un puente, a más de 500 metros del altar donde están a punto de proclamar beato a Romero, a los pies de una treintena de estudiantes de la Universidad Nacional de El Salvador, una pancarta dice: “El pueblo que él amó sigue sufriendo de muerte. Por tanto, el que celebra a monseñor se compromete a cosas serias”. Uno de los profesores que los acompaña es Joel Franco, que imparte Sociología General. Cree que la beatificación es una deuda que la Iglesia tiene con El Salvador, “es un reconocimiento a la lucha social, la que de verdad hace girar las ruedas de la historia”. Pero no la ve suficiente para cerrar heridas, es un punto de partida. “Es un símbolo a tener en cuenta, porque San Romero es el santo de los revolucionarios, de los pobres. Pero esto puede cosificarlo. Hay que trabajar por su legado, su denuncia y su propuesta de trabajar por un mundo con más justicia social”.

Franco cree que los conflictos que originaron la guerra siguen vigentes. “La violencia ahora es horizontal, no vertical, pero la situación de conflicto es la misma que Monseñor denunció en los años ochenta”. Las deudas son profundas, como las heridas, y se manifiestan, dice, en la corrupción, la impunidad y la explotación económica. “No hay una voluntad fuerte para solucionar estas demandas”.

Su mezcla de acentos hace difícil reconocer su origen. Mikel Cortés es de España, pero estuvo en los años 80 en El Salvador y ahora vive en Guatemala, donde trabaja con Fe y Alegría. Es jesuita. Dice con emoción, casi con lágrimas en los ojos, que la beatificación es un acto de justicia, “un reconocimiento a Romero y a los mártires de esta tierra”. Vio de cerca las consecuencias de la guerra civil y cree que esas heridas solo se pueden sanar con la misericordia de Dios. “Hay una sociedad muy elitista que vive en un catolicismo abstracto. Ojalá la beatificación ayuda, que haya un sentido mayor de reconciliación y de unidad. Ojalá esto lleve a una paz duradera”.

La guerra civil se llevó por delante la vida de más de 75 mil personas en un país con alrededor de 4,5 millones de habitantes para la época. Hay mutilados, huérfanos, desaparecidos. “Hay madres que siguen buscando a sus hijos, asesinos que siguen viviendo muy cómodos”, dice Carlos Dada. Es la historia de un conflicto muy cruento que nadie en el poder, ni izquierda ni derecha, quiere que se cuente. “Se nos quiere imponer ese olvido pretendiendo hacer que todo es bonito. Pero no es así”.

Verdad y perdón

Ya se puede decir: beato Romero. Jaime Aquino Loyola aplaude y llora cuando termina de leerse la carta que el papa Francisco ha enviado a los salvadoreños. Lleva con él las fotos de su hermano menor, Edgar José Aquino Loyola, y de su primo hermano, Mauricio Aquino Chacón. “Ellos habrían querido estar aquí”. No pueden porque Edgar José falleció en la ofensiva guerrillera en el 81. Era parte de las Fuerzas Populares de Liberación. A Mauricio “lo desaparecieron” luego de sacarlo de su casa en marzo de 1981. La esposa y la hija de Mauricio crearon una fundación en Estados Unidos, llamada “Los huesos de nuestros padres”, para encontrar sus restos y los de muchos otros que aún no se sabe dónde están.

“Ojalá que la beatificación sane heridas. Ese puede ser el regalo que monseñor Romero dé a esta tierra”, asevera Aquino Loyola. Clama justicia y que den a Romero lo que no le dieron en vida. “Ojalá sea sincero y legítimo el arrepentimiento de muchos que hoy celebran. Ha sido bien fuerte ver todo lo malo que se decía de él y no es justo”. Lo dice como alguien que trabajó en el Socorro Jurídico del Arzobispado cuando Romero estaba ahí. Hacía las estadísticas semanales de represión.

Dice que esta semana ha sido de lecciones fuertes, de sentimientos encontrados. “Hoy le pedí a Monseñor que me dé fuerzas para perdonar”. Agarra la foto de su primo Mauricio. “Que nos explique, que nos cuenten, que me digan dónde está enterrado mi primo, mis compañeros de mi organización”. Ha tratado de buscar, tiene puesta una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Incluso sabe el nombre del capitán que fue a buscarlo. Vive en San Salvador. “Para que haya perdón y olvido debe haber verdad. Tenemos que perdonar sobre la verdad”.