Los vigilantes se llaman Ajoce Huäyäkä, vocablo piaroa que alude a una forma de trabajo comunitario. Insisten en ese asunto porque de allí deriva su legitimidad. Más que de tropas o milicias se trata, según sus palabras, de un grupo que se constituyó, siguiendo decisiones adoptadas en asambleas, cuando la comunidad empezó a verse rodeada de mafias, guerrillas, mineros y garimpeiros que fueron asentándose en las vecindades.

Pusieron sus barbas en remojo y armaron la resistencia. Pero no había pasado un año de eso  cuando fueron sorprendidos con una visita particular: hombres armados que se identificaron como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) invadieron su territorio y, como ya lo han hecho en otras zonas de la Guayana venezolana, se anunciaron como sus nuevos vecinos con un guión que viene repitiéndose en otras comunidades. 

“Informaron que venían del gobierno, que eran aliados estratégicos del país”, recuerda el coordinador general de la Organización Pueblo Unido Piaroa del Cataniapo en Amazonas, Hortimio Ochoa. Solo que en este caso, después del revuelo inicial, terminaron por hacer caso a las demandas de los lugareños, y desistieron de instalarse. “Marchamos, dialogamos y se fueron”. 

El asunto, sin embargo, no quedó allí. Un año después, en febrero de 2020, los mismos uniformados regresaron, esta vez ya para quedarse. Entonces, más de 700 indígenas de las riberas del Cataniapo volvieron a marchar para expulsarlos, sin éxito.

La guardia tiene más trabajo que antes. Celoso de que los cataloguen como una suerte de autodefensas, Ochoa insiste en que están bien lejos de ser un pelotón militar. Dice que no portan armas de fuego –solo se les ve con lanzas de madera– y que se trata de la misma comunidad organizada. La guardia, afirma, “interviene en la liberación de personas secuestradas, participa en la búsqueda de desaparecidos en las masacres, previene el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado, ofrece seguridad en las movilizaciones y eventos de sus pueblos, protección ambiental y seguridad territorial”.

Un cóctel de nuevos y viejos grupos irregulares –desde mineros ilegales hasta guerrillas– ha venido asentándose en el territorio piaroa. La expansión armada en el conflictivo sur venezolano, incluso en tiempos de pandemia, ha generado desplazamientos, confrontaciones, reclutamientos y depredación ambiental. También ha impactado las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas que, como en el río Cataniapo, empiezan a constituir grupos autónomos de seguridad que suplen la ausencia del Estado.

En apenas un año, entre 2020 y 2021, surgieron noticias de al menos dos nuevas guardias territoriales indígenas en áreas a las que ha llegado la presencia armada: una en la comunidad piaroa de Pendare, en el municipio Autana del norte de Amazonas. y la segunda en territorio ye’kwana del río Caura medio, en el municipio Sucre del oeste del estado Bolívar. Se sumaron a una lista de cuatro comunidades piaroa de Amazonas, así como de otras en Bolívar, tanto a orillas del río Paragua como del río Cuyuní.

Por mucho, el caso más emblemático es el de la Gran Sabana, al suroeste de Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. Allí, unas 86 comunidades del pueblo pemón, entre 120 localizadas en la zona, han adoptado este tipo de patrullas. 

En Pendare, ubicada en el norte de Amazonas, los indígenas decidieron en febrero de 2020 defenderse “por su propio medio” de la “invasión silenciosa” sobre el territorio Tearime Siri koi Aerime Suititi de los uwottuja. De acuerdo a la mitología indígena, los abuelos protegieron el territorio piaroa poniendo raudales que servían como puestos de control y vigilancia para impedir el paso de personas foráneas. Pero las organizaciones del crimen han salvado los raudales y otros accidentes naturales, si es que no los han usado a su favor, para penetrar el territorio e instalar campamentos debajo de la copa de los árboles o dragar el lecho de los ríos.

En 2012, la Organización Indígena Pueblo Uwottuja del Sipapo (Oipus) empezó a denunciar la entrada de grupos armados, pero la administración de Nicolás Maduro no actuó y la presencia de irregulares se incrementó: En 2019, identificó campamentos en las riberas del río Autana, Bajo Sipapo y río Guayapo y, meses después, pistas de aterrizaje y evidencias de contrabando.

Desde mediados de 2020, la figura de las guardias territoriales se ha constituido en cinco comunidades del municipio Autana con 80 voluntarios que instalan puntos de control en zonas estratégicas. Pero esto no ha detenido a los invasores. En marzo de 2021, en un punto de control sobre el Caño Guama, en la cuenca del río Sipapo, los mineros amenazaron a los indígenas con escopetas. En el hecho, tres indígenas resultaron heridos, uno de ellos con una cortada en el rostro y pérdida de la dentadura, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de Amazonas. Frente al poder de fuego de sus adversarios, la capacidad disuasiva de las rondas indígenas resulta dudosa. 

A principios de 2022, otros tres indígenas de la etnia pemón fueron heridos en la comunidad indígena Santa Lucía de Inaway, en el sureste del estado Bolívar, por miembros de los autodenominados sindicatos que mantienen a la fuerza el control sobre yacimientos auríferos y sus alrededores en el municipio Sifontes. Portando armas largas y disparando al aire, miembros del sindicato de alias Juancho arremetieron contra la comunidad, que había decidido ocupar un viejo galpón abandonado para dedicarlo a actividades comunitarias. 

La toma del galpón representó un contratiempo para la banda delictiva, pues el inmueble permite controlar el paso por la vía de acceso a una mina bajo su control. En el enfrentamiento quedó herido el capitán de la comunidad Joboshirima, Junior Francis, cuando intentaba grabar un video. Otros dos indígenas, uno de ellos miembro de la guardia territorial indígena, fueron golpeados al intentar fotografiar el conflicto.

La expansión de los grupos armados foráneos en este punto profundo del estado Bolívar ha obligado a las comunidades indígenas locales a organizar más, y no menos, de esas guardias, a pesar de su aparente incapacidad para rechazar a los invasores. 

En San Martín de Turumbán, a orillas del río Cuyuní que marca la frontera con el Territorio Esequibo de Guyana, indígenas pemón conformaron su guardia territorial en febrero de 2021, tras la invasión de mineros ilegales a las tierras de la cercana comunidad de San Luis de Morichal.

Con el vocablo pemón Maikok, que significa “espíritu salvaje y montañero”, la comunidad bautizó a la guardia territorial, constituida por 30 hombres y mujeres mayores de 17 años. "La comunidad se organizó y creó la seguridad sectorial por las invasiones de grupos armados y criollos que querían imponer sus normas", explicó el capitán de la comunidad Bennett Kennedy.

La guardia tiene un punto de control en los linderos de la comunidad y supervisa, lista en mano, quién entra y quién sale de las áreas mineras. Ciertas infracciones, tales como irrespetar a las autoridades indígenas, el ingreso de bebidas alcohólicas o la prostitución, son castigadas con la expulsión. Cuando decenas de mineros ilegales avanzaron de nuevo sobre San Luis de Morichal, en febrero de 2021, la guardia indígena de San Martín de Turumbán estuvo tres meses en el sitio para apoyar el resguardo de las tierras comunitarias.

Aún con casos de éxito como el anterior, la invasión de tierras indígenas por parte de los sindicatos, sin embargo, no ha cesado, como tampoco lo ha hecho en zonas amenazadas por la incursión de otros grupos, como las guerrillas colombianas y los garimpeiros de Brasil.

Situación de armas tomar

Hasta 1999 los derechos de los pueblos indígenas no contaban con reconocimiento constitucional en Venezuela. La Carta Magna que entonces impulsó Hugo Chávez estableció, como una de sus banderas, el reconocimiento a los pueblos indígenas y la demarcación de sus tierras como un derecho inalienable. 

El artículo 119 no solo encomienda esa tarea al Poder Ejecutivo, sino que el 120 añade que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”. 

Pero del dicho al hecho, las disposiciones para la demarcación y la autonomía territorial de los pueblos originarios quedaron en letra muerta. Mientras, se multiplicaron las denuncias de abusos cometidos por fuerzas militares regulares del mismo Estado, que a su vez obligaron a los indígenas a adoptar una mayor beligerancia.

Uno de los primeros antecedentes de esos desmanes data de 2011, cuando indígenas pemón de 13 comunidades a orillas del río Paragua desarmaron y retuvieron durante cuatro días a 22 militares del Batallón 507 de Fuerzas Especiales del Ejército, devenidos mineros, a quienes encontraron hundidos en el barro hasta las rodillas y con motobombas encendidas. El hecho y la coordinada respuesta indígena sentaron las bases para la conformación de Musukpa, una comunidad en las cercanías de la mina Tonoro que diseñó un estricto compendio de normas de convivencia de diez capítulos y 76 artículos, que ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo minero hasta el ingreso de visitantes.

El ejemplo de Musukpa se replicó en los años siguientes. Miembros de 12 comunidades del sector 3 de Urimán, en el municipio Gran Sabana, detuvieron y desarmaron a 43 efectivos del Ejército venezolano que estaban ejerciendo la minería de forma ilegal en sus predios. Dos años más tarde, en el norte del mismo estado, indígenas de las comunidades ye’kwana y sanemá, de la cuenca del río Caura, hicieron algo similar: detuvieron a un comandante del Ejército y a nueve soldados, en protesta por la quema de dos viviendas y la alegada complicidad de los uniformados en prácticas mineras.

Pioneros pemones

El primer referente de seguridad indígena en el sur de Venezuela se remonta a 2001, en la comunidad pemón de Maurak, en el municipio Gran Sabana, a 15 kilómetros de la frontera con Brasil. Se llamó “policía civil indígena”, pues sus miembros estaban formados en seguridad, primeros auxilios y rescate. En esta comunidad nació Alexis Romero, un dirigente pemón clave en las negociaciones entre indígenas y gobierno en Musukpa en 2011. 

Hasta ese momento, los problemas de Maurak eran sobre todo de orden domésticos: disturbios por ingesta de alcohol, robos menores y casos de violencia de género, según recuerda la capitana actual de Maurak, Lisa Henrito, quien asegura que se inspiró en las guardias indígenas de Colombia para dar forma a estas estructuras de seguridad interna. 

El ejemplo cundió por toda la región hasta que hoy ya son 86 las comunidades del municipio Gran Sabana que cuentan con cuerpos de seguridad interna. Es frecuente que algunos de sus miembros entrenaron en Maurak, aula mater de las guardias territoriales. “Es una guardia porque somos guardianes de nuestro territorio, de nuestra familia, las aguas, el ambiente y todo en el territorio; y no se trata de resguardar solo el territorio de los indígenas, sino del planeta”, explica Henrito. “Si los órganos de seguridad de esta nación no tienen la capacidad o la voluntad de hacer su trabajo, nosotros sí lo vamos a hacer porque somos los más interesados en mantener la paz”.

En 2016, la conformación de la guardia territorial de Santo Domingo de Turasen -en el mismo municipio-, a causa del auge de la delincuencia y del tráfico de drogas y armas, provocó que el alcance de estas instancias saliera de las fronteras de la comunidad. Ese año, un homicidio en Santa Elena de Uairén, principal población criolla cerca de la frontera con Brasil. con la participación de funcionarios policiales estadales, provocó que habitantes de esa localidad, junto a las comunidades indígenas, expulsaran al cuerpo policial y tomaran el control de la seguridad con operativos en los municipios Gran Sabana y Sifontes. “Allí llegó la popularidad de la guardia territorial pemón”, asegura Henrito.

Ese trabajo incorporó los cuerpos de seguridad del municipio, entrenó a indígenas de comunidades distantes, como Sifontes y La Paragua, y visibilizó a la Guardia Territorial Pemón, nombre que deciden adoptar en 2017: “Los cuerpos de seguridad indígena nacieron como mecanismos internos (...) pero la mayor amenaza ahorita es la invasión progresiva de territorios indígenas, por eso estamos alertas 24/7”. 

Pero se puede morir de éxito. Fue el caso del asesinato en septiembre de 2018 de José Vásquez, comandante de la guardia territorial en la comunidad de Turasen. Las pesquisas y la autopsia determinaron que se trató de un homicidio, de cuya responsabilidad se señaló al escolta y funcionario retirado de la Armada venezolana, Edward Frederick Curuma, quien fue arrestado. Indígenas pemón sospechan que el ataque contra este líder fue parte de un plan para debilitar la defensa territorial, a la que se desea erosionar.

En 2019, la violencia estatal y la represión escalaron en la Gran Sabana, en la antesala del ingreso de la ayuda humanitaria ofrecida desde Brasil. La guardia indígena de Kumarakapay, llamada Aretauka por el acrónimo de tres grupos del pueblo pemón -arekuna, taurepan y kamarakoto-, intentó impedir el paso de vehículos militares hacia la frontera con Brasil para mantener el paso limítrofe abierto y con ello el ingreso de la ayuda humanitaria, pero un ataque del Ejército en represalia contra la comunidad indígena dejó tres lugareños muertos por impactos de bala: Zoraida Rodríguez, Rolando García y Kliver Pérez; así como decenas de heridos. García era un legendario guía de excursiones y actividades de turismo de aventuras. Un cuarto indígena herido en el incidente, Onésimo Fernández, murió en marzo de 2020. 

El ataque, perpetrado con armas de fuego y bombas lacrimógenas, inédito en territorios indígenas, consolidó la militarización en este municipio. Más de 1.300 pemones huyeron de su natal Venezuela hacia el lado brasileño de la frontera en busca de seguridad, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). El éxodo incluyó al alcalde indígena del municipio, Emilio González. Las patrullas de Kumarakapay, que apenas portaban arcos y flechas, optaron por pausar sus actividades por temor a represalias y para evitar percepciones propiciadoras de malos entendidos, pues en general estos grupos han sido acusados hasta de paramilitares.

La posibilidad de la violencia

Varias experiencias en América Latina comparten el crédito como origen común de las guardias territoriales -como también se les conoce en Colombia-, policías comunitarias, en México, o rondas campesinas, en Perú. 

En el territorio indígena del Cauca, en Colombia, la guardia fue creada formalmente en 2001 con el propósito de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, amenazados por el conflicto armado, el desplazamiento y la invasión y militarización de sus territorios. La guardia es controlada por las autoridades indígenas y está conformada por 3.200 personas que “solamente armados con bastones y walkie-talkies, tratan de salvaguardar los territorios e impedir el ingreso de actores armados”, indica un estudio del doctor en Sociología, Anders Rudqvist y el profesor de Historia, Roland Anrup, publicado en la Revista Papel Político de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Los investigadores suecos consideraron que la guardia indígena es uno de los elementos de la resistencia civil de las comunidades en contextos de conflictos. Es una forma de defensa no armada “contra diferentes formas de violencia directa, es decir, violencia física”, pero también puede constituirse frente a las formas de violencia estructural. “Para el movimiento indígena, la resistencia civil es un ejercicio de autonomía y práctica comunitaria frente al Estado, los actores del conflicto armado y los intereses económicos transnacionales. Como consecuencia del principio de autonomía las comunidades han decidido no abandonar el territorio en casos de emergencia sino recurrir a la resistencia civil desde las asambleas permanentes”.

El politólogo y abogado, Vladimir Aguilar, investigador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela, explica que las guardias territoriales son mecanismos que los pueblos indígenas han encontrado para el control de sus territorios ante las amenazas de terceros. Aunque no todas son iguales, aclara. “Las de Bolívar son de carácter rígido (control de acceso hacia áreas mineras) mientras que las de Amazonas son de salvaguarda de sus territorios y ecosistemas (guardianes de la selva)”.

En la medida en que la expansión de la frontera extractivista a través de la minería ilegal siga en aumento, este mecanismo de control seguirá creciendo, sostiene. 

Sin embargo, aclara que la tradición de los pueblos indígenas no incluye posiciones bélicas. Que esta característica cambie o no, va a depender de la presión y amenazas hacia sus territorios. “Los indígenas se han convertido en los verdaderos custodios de la soberanía e integridad territorial de la nación”.

(*) Esta es la quinta entrega de la serie "Corredor Furtivo", investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.

En el diseño, programación y montaje del algoritmo, mapa, investigación y edición, participaron Jorge Luis Cortés, Cristian Hernández, Javier Lafuente, Ewald Scharfenberg, Guiomar del Ser, Fernando Hernández, Ana Fernández, Eliezer Budasoff, Alejandro Gallardo, Luis Sevillano, Ignacio Catalán, Vanessa Pan, Yeilys Márquez y Pablo Rodríguez.

La operación, denominada precisamente Jiwi por el mando militar venezolano, fue parte de una ofensiva inédita del régimen de Caracas contra las guerrillas colombianas. Apenas un mes más tarde, en marzo de 2021, hubo otro ataque de fuerzas aéreas y terrestres combinadas contra posiciones del Frente 10mo de las disidencias de las FARC -comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte- cerca de la población de La Victoria, estado Apure, emplazada sobre la ribera norte del río Arauca que hace frontera con Colombia.  

La escalada introdujo un elemento nuevo, y no del todo explicado por parte de los voceros del gobierno de Nicolás Maduro, en la tensa situación de la frontera sur de Venezuela, en particular, en las regiones de Los Llanos y Guayana, donde por mucho tiempo el chavismo se ha mostrado indiferente ante la penetración cada vez más patente de la subversión colombiana, cuando no dispuesto a convivir con ella. 

En todo caso, la campaña coincidió con las noticias de que las rencillas internas entre las diferentes facciones guerrilleras por el control de negocios ilícitos y territorios se habían transformado en combates, en los que las fuerzas venezolanas parecen estar interviniendo para inclinar la balanza a favor de uno de los bandos. Al menos tres destacados líderes de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, fueron asesinados en menos de un año en Venezuela sin que Caracas difundiera una versión oficial sobre esos episodios.

El ataque de febrero de 2021 apuntó a un campamento de la guerrilla en las afueras de la comunidad de Santo Rosario de Agua Linda, una comunidad indígena de 300 habitantes a unos 45 minutos al sur de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. Estuvo a cargo de tropas de la 52 Brigada de Infantería de Selva del Ejército, con alrededor de 170 efectivos. Por parte de la Fuerza Aérea, tuvieron su bautismo de fuego los aviones de entrenamiento y de ataque táctico Hongdu K-8W Karakorum adquiridos a China. 

Según el parte militar, en el asalto murieron seis personas del campamento, incluyendo a la joven jiwi oriunda de la comunidad Coromoto, ubicada en el eje carretero sur del estado, una vía que desemboca en el puerto de Samariapo, punto de partida para el transporte fluvial hacia los municipios del interior de esa entidad. La muchacha indígena se había enrolado en las filas insurgentes, siempre de acuerdo a la información oficial.

La transformación de la zona, por lo general un punto de interés turístico, en teatro de operaciones de guerra, fue la culminación de un proceso iniciado en 2016. 

N.G., habitante de la comunidad vecina de Botellón de Agua Linda, recuerda bien el día del ataque. Fue un domingo a las diez de la mañana, en plena ceremonia religiosa en el salón comunal. Primero se escuchó el sobrevuelo de los aviones, “luego vinieron los disparos y un estallido, salimos a mirar”, relata. Los bombardeos se prolongaron por tres días. 

Emiliano Mariño es el capitán o cacique de Santo Rosario, la comunidad afectada por el operativo militar. La economía local depende de la producción de casabe y mañoco, dos preparaciones tradicionales de la yuca. Sus paisanos son jiwi, un pueblo también conocido por los criollos como guahibos, cuyos dominios se extienden desde Los Llanos del oriente de Colombia hasta la margen derecha del Orinoco, en Venezuela. 

Apoyado sobre el fogón, mientras remueve los granos de la fibra que se extrae de la yuca amarga para convertirla en harina, Mariño cuenta que los irregulares llegaron en 2016, instalaron un gran campamento en las faldas de la montaña, y allí permanecieron durante cinco años.

“En un principio veíamos a hombres vestidos de militar caminando por las calles de la comunidad a la montaña, pero asumimos que se trataba de militares venezolanos”, dice. La confusión suena verosímil: a escasos cuatro kilómetros del asentamiento indígena, sobre la carretera principal que conecta con Puerto Ayacucho, se encuentra un comando de la Guardia Nacional Bolivariana. 

Un día, sigue Mariño, un uniformado que se identificó como miembro de las FARC llegó a su casa. “Nos dijo que necesitaban permanecer escondidos en la selva porque su gobierno los persigue para matarlos, que su presencia no iba a alterar la dinámica de la comunidad y que, por el contrario, nos querían apoyar con la seguridad y que podíamos confiar en que no se iban a meter o abusar de las mujeres, ni con los conucos”, refiriéndose a las parcelas de cultivo de supervivencia de los campesinos.

Y en efecto: transcurrieron cinco años de una convivencia pacífica que solo fue interrumpida por las bombas. 

Alistamiento de chamos

El reclutamiento forzoso de menores y de indígenas no es noticia en el contexto de la guerra interna colombiana. Pero en Venezuela nada así se había reconocido. Hasta ahora.

“Aquí hay chamos de hasta quince años que se han ido a trabajar con los guerrilleros”, detalla A.Q., una madre de 23 años que trabaja en un comercio ubicado a las orillas del río Orinoco, en el cruce de chalana que conecta Puerto Nuevo, sector del municipio Atures también conocido como El Burro, con Puerto Páez, en el estado Apure. 

Junto a su madre, A.Q. atiende un negocio que se dedicaba a la venta de víveres y alimentos, pero que a causa del aumento del precio de la gasolina subsidiada en Venezuela y las fallas en el suministro en los estados al sur del país, debió mutar a la venta clandestina de gasolina proveniente de Colombia. Una actividad que se ha convertido en fuente de sustento para muchos en la entidad. 

“La mayoría de los comercios en El Burro trabajan con contrabando de gasolina. Por ahí pasan los autobuses que vienen de Ciudad Bolívar y de Caicara cargados de vendedores bachaqueros que cruzan a Puerto Carreño a comprar mercancía colombiano al por mayor para luego venderla en Venezuela. Ayer llegaron tres autobuses”, detalló. 

La joven madre asegura que en ese paso desde Los Llanos al estado Amazonas “todos conocen quién es quién. Todos sabemos quiénes son la gente del monte”, señala, en referencia a los guerrilleros. “Ellos tratan con uno, con la gente normal, no nos piden vacuna [o cobro extorsivo de protección]. Ellos en su mundo. Pero sí ayudan. Por ejemplo, si una mujer tiene un hijo enfermo y recurre a ellos, le ofrecen apoyo económico”.

Relata que una de sus hermanas tiene 16 años y está embarazada de un muchacho venezolano que se sumó a las filas de la guerrilla. También que una amiga de la infancia trabaja para los hombres en armas. 

“A mi amiga se la llevaron a Cabruta [población situada sobre la margen norte del Orinoco, en el estado Guárico]. Allí las mujeres hacen lo mismo que los hombres, cargan armas, montan guardia, lavan, cocinan. Yo no lo haría. En eso es fácil entrar, lo difícil es salir”.

“La guerra vino por mi”

A M.L. su mamá la fue a buscar al campamento guerrillero. Pidió hablar con el comandante jefe para exigirle que su hija regresara a la comunidad. No fue fácil, relata a Armando.info E.R., uno de los profesores de la joven. La madre se plantó en el campamento, decidida a no abandonar el lugar sin su hija. Lo consiguió.

M.L. fue una de  tres mujeres indígenas de la comunidad Coromoto que optaron por unirse a la guerrilla, junto a la joven muerta en el bombardeo de santo Rosario de Agua Linda y una tercera compañera,

E.R., que le dio clases, relata que le preguntó a M.L. por qué había corrido el riesgo de irse con la guerrilla, de la que su madre la rescató. La respuesta que quedó grabada en su memoria no parece sorprenderle: “Creí que trabajando para ellos podría ayudar a mi familia, estamos pasando mucha necesidad”, recuerda el docente -que vive y trabaja en Rueda, otra comunidad vecina de Coromoto- que la muchacha le dijo.

Una encuesta socioeconómica aplicada por la Delegación de la Red de Defensores Indígenas en esa comunidad de Rueda, así como en otra aldea cercana, Platanillal (a casi cinco kilómetros al oeste de Coromoto, la residencia de M.L.), reveló que 80 de las 286 personas que participaron en el estudio presentaban algún nivel de desnutrición.

A.S., un indígena jiwi que vive en Platanillal y que forma parte de la Red de Defensores, explica que la ausencia del Estado y la crisis humanitaria que azota al país conforman la principal causa de la dramática situación que viven las comunidades indígenas. Estas no pueden paliar sus premuras ni siquiera con la caza y pesca tradicionales, actividades que les han sido prohibidas en sus territorios por los grupos irregulares.  

“Los indígenas no quieren ir al conuco a pescar porque en el camino se encuentran con los guerrilleros, tienen miedo. La bolsa CLAP llega, con suerte, cada dos meses”, explica en alusión al programa gubernamental de distribución de alimentos y productos de la canasta básica a precios subvencionados. 

Un informe presentado por el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam), en abril de 2021, alerta sobre el desplazamiento masivo de poblaciones indígenas desde Venezuela a Colombia. Los indígenas migran sobre todo a los departamentos fronterizos del Vichada y Guainía. “De las 34 comunidades del eje carretero sur, seis fueron abandonadas completamente, todos se fueron”, detalla A.S.

“De las comunidades de Rueda, Coromoto, Platanillal y Brisas del Mar, sabemos que 350 indígenas migraron a Puerto Carreño, y 400 a Cumaribo [poblaciones del lado colombiano]. Solo entre octubre y noviembre del 2020, un estimado de 200 indígenas, jóvenes y adultos, han salido del estado por vía fluvial”, explica el defensor indígena.

Sentado en una minúscula oficina, Michelle Beath Zurfluh, secretario del despacho de la Gobernación de Vichada, reconoce que la entidad enfrenta un problema con la migración de indígenas provenientes de Venezuela. Explica que los jiwi completan ahora un segundo éxodo, pues muchos habían cruzado el Orinoco años antes, huyendo de la violencia en Colombia, con rumbo a Venezuela, 

Ahora, a la inversa, los hijos y nietos de esos migrantes están regresando a Colombia. Allí ocupan asentamientos con precarias viviendas hechas de láminas de zinc, plástico, telas y sin ningún tipo de servicio público. Según datos recopilados por Griam, producidos por la Secretaría de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas de la Gobernación de Vichada, se cuentan 25 asentamientos de jiwi en la capital de ese departamento colombiano.

Los hijos de la guerrilla

Desde que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) instaló en 2017 tres campamentos cerca de Betania Topocho, una comunidad habitada por 1.200 indígenas piaroa al norte de Puerto Ayacucho, las cosas empezaron a cambiar en aspectos inesperados. 

Poco a poco los forasteros se mezclaron con la comunidad. Captaron a jóvenes indígenas para trabajos menores. Entre una cosa y otra, mientras entablaban relaciones con los muchachos locales, empezaron a conocer a las jóvenes solteras de la comunidad.

“Poco a poco los jóvenes empezaron a hablar como los guerrilleros, se expresaban y comportaban como los guerrilleros”, detalla J.S., un poblador.

De forma voluntaria algunos se sumaron a sus ejércitos, “se les veía portando el uniforme y en muchas ocasiones iban armados”.

El vínculo entre los guerrilleros y los jóvenes de la comunidad cobró otra dimensión, y comenzó a normalizarse en cierta medida, con el nacimiento de los primeros niños como producto de relaciones entre combatientes y las mujeres piaroa de Betania. Según testimonios de los lugareños, al menos siete niños hijos de miembros del ELN integran hoy la comunidad. 

En una oportunidad se vio a un uniformado haciendo fila en un operativo especial llevado a la comunidad por la Alcaldía del municipio Atures venezolano, para el registro de identidad de un hijo.

Dividida en dos polos -el de quienes apoyan la presencia de los irregulares y hasta trabajan para ellos, enfrentado al de quienes la rechazan de plano-, en Betania Topocho ya son varios los debates comunitarios que se han dado para sopesar y aminorar el impacto que están teniendo los vecinos recién llegados sobre sus formas tradicionales de vida. 

Una de esas oportunidades fue en agosto de 2021. Entonces se identificó a una muchacha de la comunidad que servía de intermediaria para organizar citas amorosas y encuentros íntimos entre insurgentes y chicas piaroa. La asamblea exigió, sin éxito, que los guerrilleros se quedaran en sus campamentos y no volvieran a poner pie en el caserío.  

Para J.S. la precariedad de la vida cotidiana es solo la base anímica sobre la que la guerrilla encuentra sustento para seducir a sus prospectos. “Les prestan las armas, las gorras, les hablan de una nueva vida llena de aventuras, de dinero y de poder. Se aprovechan de la inmadurez de los menores”, lamenta.

Asegura la Fundación Conflict Responses (CORE) que las narrativas simplistas, según las cuales estos grupos únicamente están conformados por quienes no dejaron las armas en Colombia, no reflejan la realidad. En su informe Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución, publicado en marzo del 2021, afirma que los grupos disidentes se han nutrido, en gran medida, de nuevos reclutas. Esto sería cierto a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.

En la Defensoría del Pueblo del estado Amazonas reposa una denuncia formal  por el reclutamiento de siete indígenas por parte de miembros de las FARC en el Municipio Maroa, en el suroeste del estado. En la denuncia, señalan como responsables de la presunta esclavitud y extorsión “a mineros extranjeros ilegales y grupos armados colombianos al margen de la ley (Desertores de las FARC), quienes ejercen el control total de la zona minera del Rio Siapa”. 

Familiares de los siete jóvenes dijeron que estos “fueron llevados con falsas promesas y no les permiten la salida de las zonas mineras”, según señala el documento, registrado en marzo del 2021 en la ciudad de Puerto Ayacucho. 

Los familiares acudieron a los puestos militares, pero no recibieron apoyo, relata la denuncia. Tuvieron por lo tanto que movilizarse al campamento guerrillero y solicitar que los adolescentes fueran liberados, sin obtener respuesta. “Presumimos que estos adolescentes fueron captados, para realizar trabajos en zonas mineras. Es un caso que apenas estamos iniciando las investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo” detalló Gumercindo Castro, responsable de la Defensoría del Pueblo en el estado Amazonas, al momento de la denuncia.

(*) Esta es la cuarta entrega de la serie "Corredor Furtivo", investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.

En el diseño, programación y montaje del algoritmo, mapa, investigación y edición, participaron Jorge Luis Cortés, Cristian Hernández, Javier Lafuente, Ewald Scharfenberg, Guiomar del Ser, Fernando Hernández, Ana Fernández, Eliezer Budasoff, Alejandro Gallardo, Luis Sevillano, Ignacio Catalán, Vanessa Pan, Yeilys Márquez y Pablo Rodríguez.

(**) En este reportaje se citan testimonios de fuentes personales cuyos nombres se transcriben solo como iniciales, aún si no solicitaron de manera explícita la reserva de sus nombres. La redacción de Armando.info decidió hacerlo así de modo de evitar posibles represalias de los grupos armados contra esas fuentes. Cuando no se presentan los nombres de esa manera, se trata de fuentes que ya aparecieron identificadas en anteriores publicaciones.

A la pequeña aldea se le ha adjudicado en los últimos años un desproporcionado valor político y estratégico. Durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez -años de bonanza petrolera y derroche-, Betania Topocho se volvió un centro piloto oficioso de los programas sociales del régimen. Sus habitantes fueron beneficiados con una planta procesadora de piña, una radio comunitaria, un ambulatorio, un liceo, autobuses, wifi comunitario y créditos para emprendimientos económicos y sociales.

Pero desde entonces, una vez dejada de lado por el Estado venezolano, la comunidad pasó a ser centro de operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Hasta tres grandes campamentos del grupo guerrillero se hallan a apenas cinco kilómetros de la comunidad.

Betania Topocho es una encrucijada. Se encuentra muy cerca de la desembocadura del río Apure en el Orinoco, justo en el vértice donde coinciden las fronteras de tres estados venezolanos, Amazonas, Apure y Bolívar, con el Vichada colombiano. Esa cuña ofrece una atalaya estratégica al ELN, cuyo bastión tradicional era el estado Apure, en la zona de Los Llanos, vecino del departamento colombiano de Arauca, pero que desde allí se desplazó a la selva de la Orinoquía para llenar el vacío que las FARC oficiales dejaron al plegarse al proceso de paz. 

Desde Betania Topocho se controlan las entradas y salidas de un vedado que controlan las guerrillas colombianas, el ELN y las nuevas disidencias de las FARC. Abarca cuatro de los siete municipios del estado Amazonas -Atures, Autana, Manapiare y Atabapo-, así como áreas de los vecinos estados Bolívar y Apure. Todas son zonas donde prospera la actividad minera o pasan rutas de la droga.

J.S.G. lleva toda la vida en Betania Topocho, comunidad fundada en 1977. Relata que el primer contacto del ELN con la comunidad ocurrió en 2017. Entonces el comandante Don Diego se reunió con los pobladores para informar que los guerrilleros se instalaban allí y que, en compensación, ofrecerían protección y apoyo económico a los lugareños. 

Este domingo, cuando aparece ante la reportera, J.S.G. viste una camisa blanca de manga corta, pantalones de traje negros y zapatos negros de vestir, perfectamente lustrados: es el atuendo para ir a misa. De hecho, explica que no se encontraba presente por haber asistido al templo. Pero ha regresado con el valor suficiente para afirmar: “Para nadie es un secreto que el gobierno trabaja con ellos, para nosotros el gobierno es responsable de todo esto”.

“La mayoría de la comunidad los rechazó (…) pero el capitán o cacique de la comunidad los aceptó, todo a cambio de una moto. Incluso, los irregulares han llegado a decir que esos terrenos donde están les pertenecen, que los compraron a la comunidad”, agrega.

Con la venia del capitán local, los irregulares se quedaron y controlaron la economía sumergida de la zona. En cambio, si acaso llegaron a conceder alguna ayuda, sus efectos no se notan. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas y publicada en 2020, el estado Amazonas es la entidad más pobre del país. El estudio encontró 71% de pobreza extrema y 92% de pobreza general. El entorno de precariedad empuja a los habitantes hacia la economía informal y a una relación de dependencia, marcada por la resignación o el miedo, con quienes manejan los negocios ilícitos.

Betania Topocho, que no escapa a esa realidad, está adscrita al municipio Atures del estado Amazonas, jurisdicción que también comprende a Puerto Ayacucho, la capital del estado.

En 2016, una oleada inédita de violencia sacudió a Puerto Ayacucho. Ese año hubo 214 muertes violentas en la pequeña ciudad de algo más de 100.000 habitantes. Dos años antes, en 2014, la cifra había sido de apenas 38 decesos violentos. 

La explosión de violencia de ese año no era más que el efecto gravitatorio con el que la reciente cercanía del ELN se hizo sentir en la ciudad. Para sus habitantes, autoridades locales y organizaciones sociales, se trató de una campaña de “profilaxis social” emprendida por los pata’e goma, mote que la gente asignó a los guerrilleros por las botas de hule que suelen usar.

Ese mismo día de noviembre de 2018, un helicóptero militar venezolano aterrizó en las cercanías de la comunidad indígena Picatonal, ubicada en el eje carretero norte, que conecta al estado Amazonas con Bolívar y Apure. La misión de reconocimiento, que también incluía tropas transportadas por vía terrestre, seguía la pista de un campamento del ELN. 

En efecto, los guerrilleros se habían establecido en la zona desde 2013. L.A.R., docente de la escuela primaria de Picatonal, recuerda con precisión que los irregulares sostuvieron una reunión con la comunidad el 18 de diciembre de 2013 para anunciar su llegada. En el encuentro, varios pobladores se negaron a aceptar la presencia de los guerrilleros, una protesta infructuosa, pues estos se quedaron. Pero el ELN se dedicó a abonar cierta convivencia con los vecinos, comprándole cosechas, contratándolos para algunas obras, y hasta ejerciendo funciones de orden público y justicia que el Estado ausente les negaba. 

Durante el patrullaje realizado en noviembre de 2018, el contingente militar fue emboscado por los guerrilleros. En la escaramuza, tres militares venezolanos murieron y otros diez resultaron heridos.

A raíz de los dos hechos del día, el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa en el gabinete de Nicolás Maduro desde 2014, bramó desde Caracas: “Grupos paramilitares que pretenden operar en nuestro territorio (...) grupos armados, llámense como se llamen (,,,) fuera de Venezuela”.

Pero el ELN no pareció sentirse aludido por la advertencia de Padrino López. En realidad, el militar venezolano no nombró explícitamente al grupo en sus declaraciones. 

Tampoco contribuyó a disuadir al ELN el hecho de que Garganta, el líder guerrillero capturado en Puerto Ayacucho, fuera liberado el 20 de diciembre de 2020 después de permanecer dos años en confinamiento en la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, en Caracas.

Así se extendió la mancha

Como una mancha de aceite, el perímetro de control de los grupos guerrilleros colombianos se ha ido extendiendo por todo el estado Amazonas hasta alcanzar su frontera septentrional. Fue un avance paulatino y sigiloso desde sus primeras posiciones, que llevó años. Mientras el ELN tomaba el eje carretero norte, que conecta Puerto Ayacucho con el estado Apure, las FARC, ya desde cuando no habían sido desmovilizadas, penetraron desde el sur. 

Con todo el sigilo que pudieran guardar, sin embargo, sabían que iban a tropezar con las comunidades nativas. Frente a ellas, tanto el ELN como las FARC adoptaron una táctica similar que a menudo implementaron de manera coordinada. Enviaban como vanguardia unos emisarios para acordar en lo posible con los pobladores indígenas, a quienes ofrecían protección y seguridad.  

La Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) presentó la copia de una invitación firmada por miembros de las FARC-EP, con fecha 14 de mayo del 2013, en la que convocaban a un encuentro con las comunidades indígenas para conversar sobre su presencia en Autana, un municipio al sur de Atures y colindante con el departamento colombiano de Vichada.

“En fecha [sic], 15/05/2013, fue cuando por primera vez se recibió una invitación afirmando ser guerrilleros de la FARC, quienes solicitaban en la reunión, la autorización en el sector Alto Sipapo, la cual fue rechazada desde su primer momento, nunca se retiraron del lugar”, rezaba el comunicado firmado por Oipus.

Fue uno de los primeros registros documentales del avance guerrillero. 

Desde entonces la guerrilla colombiana ha ocupado por completo el municipio Autana, donde controla la minería ilegal y el tráfico de drogas. El hallazgo de dos pistas clandestinas lo confirma en la actualidad sobre el terreno: una en el caserío Baquiro, ubicado en las riberas del río Sipapo, y otra entre las comunidades de San Pedro y Caño Grulla, en las riberas del río Orinoco.

La Isla del Carmen de Ratón, una isla fluvial en el Orinoco, es la capital del municipio Autana. Al frente, sobre la margen izquierda del río, ya en territorio colombiano, se encuentra Carlos Lata, feudo histórico del Frente 16 de las FARC y de uno de sus líderes más renombrados, Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio, muerto en 2007 durante un bombardeo. No solo Carlos Lata, sino todo el circundante municipio Cumaribo del departamento del Vichada, se volvió coto guerrillero, al tiempo que en la región se desarrollaron el cultivo de la coca y el tráfico de drogas. 

Aunque el conflicto interno de Colombia se dio por terminado en 2016, eso no puso fin al imperio de los irregulares en el Vichada. Según denuncian las organizaciones indígenas, todavía hoy desde el sector de Carlos Lata ingresa la cocaína que es custodiada por las llamadas disidencias de las FARC a través de una ruta que sigue por Isla del Carmen de Ratón, y atraviesa el municipio de suroeste a noreste, remontando el río Cuao, hasta el sector conocido como Janacome, en la frontera con Manapiare, un municipio del estado Amazonas que a su vez colinda con el estado Bolívar.

Cerca de Janacome, mediante imágenes satelitales, este proyecto periodístico logró detectar una pista aérea clandestina y tres minas emergentes. 

Lissa Pérez, presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume del municipio Manapiare, atestiguó la llegada de los guerrilleros en 2016. Según su relato, vio los campamentos guerrilleros en el vecino municipio Cedeño del estado Bolívar cuando viajó a Sabana Cardoza, un poblado indígena ubicado en linderos del Arco Minero del Orinoco. De hecho, con su familia transitó por la misma trocha utilizada por los irregulares. “El camino fue abierto y adaptado para que transiten vehículos de doble tracción”, aseguró. Cerca se encuentran los restos de una carretera inaugurada en los años 70 pero luego abandonada, que va desde San Juan de Manapiare, en el estado Amazonas, hasta Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar. Ahora mineros y guerrilleros usan el hilo de asfalto. 

La pinza de las FARC

En agosto de 2021, al sur de Puerto Ayacucho, en el caserío de Límón de Parhueña, delegaciones piaroa se reúnen para disputar un campeonato de fútbol. El balompié es el deporte favorito de la nación piaroa. La ocasión es propicia para conversar con B.C. Él no vive en la localidad, sino que llegó de visita desde San Pablo, en la cuenca del río Cataniapo, no lejos de Puerto Ayacucho, donde habita el pueblo Huöttöja, una división de los piaroa. Es miembro de la Organización del Pueblo Huöttöja Unido de Cataniapo (OPUHC) y, quizás más importante, carga en su computador portátil un video que comprueba cómo un grupo de guerrilleros de las disidencias de las FARC ocupó la región en diciembre de 2020. 

A su arribo, los guerrilleros solicitaron una reunión con los habitantes, que se celebró en la comunidad Las Pavas, a orillas del Cataniapo. La grabación recoge parte de esa reunión.

“Una comandante que se identificó como Yuleinis dijo que ellos están ahí para ayudarnos a resolver los problemas que teníamos, para no consumir droga, pero la mayoría los rechazamos, algunos decían que quieren sembrar coca”, relata B.C. 

Hubo una segunda reunión en la misma comunidad, pero dirigida por otro comandante, en apariencia de mayor rango, que se hacía llamar Chachi. Este les explicó que se encontraban en territorio venezolano con el objetivo de “defenderlos del imperialismo norteamericano que viene a robar sus riquezas”, así como para ejecutar proyectos comunitarios como escuelas.

A pesar del carácter pacífico de los piaroa, la resistencia que opusieron a la presencia guerrillera fue firme. Un grupo de 700 pobladores marchó contra los invasores, pero eso apenas sirvió para que los irregulares corrieran su campamento unos 22 kilómetros más allá, al sector Culebra. De acuerdo a lo que han podido conocer los indígenas, en el campamento habitan unas 100 personas, que cuentan con radio transmisor, antenas, dos carros, varias motos y un pequeño expendio de licores.

B.T. señala a José Bolívar, concejal y representante indígena ante la Cámara Municipal del municipio Atures, como la autoridad que otorgó permiso explícito a los guerrilleros para permanecer en esa zona de la cuenca del Cataniapo. Asegura además que algunos miembros de la comunidad indígena Merey accedieron a trabajar con los forasteros.

“También pasa que aquí no hay transporte, entonces los guerrilleros pasan y ofrecen llevarte, así van convenciendo a la gente; comprando la cosecha, regalando balones”, lamenta.

Algo más al sur pero todavía en el municipio Atures, a las comunidades de Platanillal y Rueda también llegaron los irregulares. Primero, a comprar las cosechas de yuca, plátano y piña; luego, a vivaquear; finalmente, alrededor de 2018, convocaron a ambas comunidades a una reunión para anunciar que se establecían en el territorio. E.R. un docente de la zona, cuenta que, sin embargo, “permanecieron solo por dos semanas y luego se retiraron”. 

Los ye'kwana también

No han sido solo los piaroa. El pueblo ye’kwana, antes conocido como makiritare, también se encuentra en la línea de choque con la incursión guerrillera.

En 2017, alias Ruperto, un comandante de las disidencias de las FARC, llegó junto a otros cinco combatientes a la comunidad de Puerto Unión, en territorio ye'kwana del estado Amazonas.

Un integrante de la organización indígena Kuyunu -que pidió mantener en reserva  su identidad-, recuerda la reunión: “Nos dijeron que tenían un supuesto convenio con Chávez, nos mostraron un papel con una supuesta autorización de Chávez, claro, nosotros no tenemos cómo saber si era verdadera o falsa”. 

Por esos días, y según los registros de la organización Kuyunu, los guerrilleros también visitaron las comunidades de Sabanita y Cacurí, ambas también ubicadas en el municipio Manapiare del norte del estado Amazonas. 

Los insurgentes pidieron espacio para construir campamentos y utilizar una ruta que pasa por Valle Guanay y conecta Manapiare con el Parque Nacional Caura, en el estado Bolívar. No por casualidad, un par de años más tarde, entre 2020 y 2021, tropas de las FARC disidentes aparecieron a orillas del río Caura y desalojaran de allí a los representantes de las bandas delictivas conocidas como sindicatos, para apoderarse de las minas de oro de la zona, tal como se relató en la segunda entrega de la presente serie.

La presencia de los irregulares en el municipio Manapiare -reducto histórico de los ye’kwana-, es notoria entre los ríos Orinoco y Atabapo, una súper autopista acuática que bordea el Parque Nacional Yapacana, donde se concentra el mayor foco de explotación de oro en Amazonas. Allí, los guerrilleros controlan el territorio e imponen su ley.

Origen de un conflicto actual

La guerrilla más antigua de Colombia, las FARC, es también el grupo subversivo colombiano con más larga presencia continua en territorio del estado Amazonas venezolano. Cumple al menos 20 años. Esa presencia no fue producto del azar: correspondió a una decisión estratégica todavía anterior, adoptada en la octava conferencia de la organización, que se celebró en abril de 1993 en el departamento colombiano de Guaviare. Allí el alto mando diseñó un plan de economía de guerra para diversificar sus finanzas y un posible repliegue táctico hacia otros países, entre ellos, Venezuela.

La estructura a la que oficialmente se encargó consolidar la presencia de los insurgentes en el estado Amazonas fue el Frente Acacio Medina, fundado en 2012 a la vera del río San Miguel, municipio Maroa del suroeste de esa entidad. Se le bautizó así en homenaje al Negro Acacio, y es que en verdad se organizó sobre la base del antiguo Frente 16 -parte del Bloque Oriental de las FARC- que el legendario guerrillero comandó. 

Desde la creación de esta unidad, Géner García Molina, John 40, ha sido su comandante. Pupilo de El Negro Acacio, nieto de Roque Molina, alias El Diablo -uno de los campesinos que en los años sesenta se alzó en armas junto a Manual Marulanda Velez, Tirofijo, para dar origen a las FARC en Marquetalia, en el Departamento de Tolima-, fue clave en el sostenimiento financiero de la guerrilla a través del tráfico de cocaína.

En 2016, en el marco de las discusiones que dieron lugar al acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno de Colombia, García Molina abandonó la mesa de negociaciones junto a Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, Ernesto Orjuela Tovar, alias Giovanni Chuspas, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. La ruptura marcó el nacimiento de las llamadas disidencias de las FARC, nomenclatura que agrupa al archipiélago de facciones que decidieron continuar la lucha.

Posteriormente, en 2019, ya firmado el acuerdo de paz y consumada la consecuente desmovilización de las tropas insurgentes, tres de sus líderes más conspicuos, Luciano Martín o Iván Márquez, hasta entonces número dos de las FARC y quien había sido miembro del equipo negociador del tratado en La Habana, junto a Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, y Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, anunciaron en un video “la continuación de la lucha guerrillera” y su decisión de “regresar al monte”. Organismos de inteligencia y medios periodísticos entendieron que con “el monte” los líderes guerrilleros aludían a Venezuela, donde podrían contar con la anuencia, si no con el apoyo, del régimen de Maduro. 

Desde entonces, Jesús Santrich y El Paisa fueron asesinados en Venezuela, en circunstancias todavía no del todo aclaradas. 

Pero Iván Márquez sigue activo. Apareció en videos junto a John 40. Ambos se presentan como cabecillas de la Segunda Marquetalia, una de las facciones agrupadas en las disidencias de las FARC, que heredó y aún amplió los dominios del antiguo Frente Acacio Medina, sobre todo en Venezuela. 

Otro excomandante del Acacio Medina, Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, dirige un grupo dentro del rosario de bandas de las disidencias que, desde hace meses, combate contra la Segunda Marquetalia a fin de hacerse de sus territorios y rentas. La disputa intestina desató hostilidades abiertas que llegaron al estado Apure e involucraron a la Fuerza Armada venezolana, cobrando decenas de vidas. 

También hubo un bombardeo en Amazonas. El ataque no solo significó una comprobación irrefutable, la más reciente, de la presencia guerrillera colombiana en la Orinoquía venezolana sino, además, de que, después de años de avances en sus incursiones y de acciones por lo general coordinadas, esos grupos armados traen a Venezuela sus pendencias territoriales y comerciales, más que ideológicas.

(*) Esta es la tercera entrega de la serie "Corredor Furtivo", investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.

En el diseño, programación y montaje del algoritmo, mapa, investigación y edición, participaron Jorge Luis Cortés, Cristian Hernández, Javier Lafuente, Ewald Scharfenberg, Guiomar del Ser, Fernando Hernández, Ana Fernández, Eliezer Budasoff, Alejandro Gallardo, Luis Sevillano, Ignacio Catalán, Vanessa Pan, Yeilys Márquez y Pablo Rodríguez.

(**) En este reportaje se citan testimonios de fuentes personales cuyos nombres se transcriben solo como iniciales, aún si no solicitaron de manera explícita la reserva de sus nombres. La redacción de Armando.info decidió hacerlo así de modo de evitar posibles represalias de los grupos armados contra esas fuentes. Cuando no se presentan los nombres de esa manera, se trata de fuentes que ya aparecieron identificadas en anteriores publicaciones.

Resulta curioso, porque la mitad meridional de Venezuela ha sido objeto de algunas medidas específicamente adoptadas por los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana que, bien con el pretexto de proteger un hábitat natural clave para la nación, o de preservar para el Estado la explotación de sus recursos, ha impulsado su intervención. La minería está prohibida en el estado Amazonas desde 1989 por el decreto 269 del gobierno de aquel entonces, presidido por Carlos Andrés Pérez, pero 20 años después, en 2009, Hugo Chávez debió ordenar militarizar la entidad para expulsar a cientos de mineros. Otra iniciativa del comandante revolucionario, la creación del llamado Arco Minero del Orinoco, fue finalmente llevada a cabo en 2016 por su sucesor, Nicolás Maduro, en un área de 112.000 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, con la intención de promover una extracción de minerales, si bien intensiva, al menos ordenada, por parte de emprendimientos privados en alianza con el Estado. 

El resultado, en cualquier caso, ha sido otro: guerrillas, garimpeiros y bandas delictivas que se autodenominan sindicatos o sistemas financian sus actividades con el control, prácticamente sin resistencia, de las minas, del negocio de la extorsión y del tráfico de minerales, drogas y armas. La cofradía delictiva se reparte, a veces con tensiones internas, una superficie de 418.000 kilómetros cuadrados, donde entrarían los territorios sumados de Alemania, Costa Rica y Chipre. 

Una base de datos construida para esta investigación, a partir de reportes militares y de prensa emitidos entre enero de 2018 y septiembre de 2021, permitió identificar siete grupos armados que ejercen en la zona su actividad delictiva, que se expresa en al menos 21 tipos de delitos. 

En el estado Bolívar, por ejemplo, predominan megabandas lideradas por cabecillas conocidos por sus apodos: Toto, Fabio, Juancho, El Viejo y Run, entre otros. Se han hecho fuertes en los municipios Roscio, El Callao y Sifontes.

En el estado Amazonas, la porosidad de las fronteras con Colombia y Brasil resulta un factor fundamental. Allí impera la ley del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero desmovilizado después del proceso de paz, pero del que una facción decidió volver a las armas. 

Grupos armados en Amazonas y Bolívar

Pasa sobre cada punto para ver el detalle

La ubicación de cada punto es aproximada, no se trata de puntos focalizados sino de áreas o zonas de influencia de grupos armados

Huéspedes indeseables en la mansión verde

La penúltima vez que G.T. (cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad), un indígena de la etnia baniva -comunidad de poco más de un millar de personas distribuidas entre Venezuela y Brasil– nacido en una pequeña isla en el sur del estado Amazonas, pisó su campamento de pesca deportiva en el municipio Río Negro, algo había cambiado radicalmente. La zona, bañada por un brazo del río Casiquiare –el cauce que conecta las cuencas del Orinoco y del Amazonas–, está a más de cinco días de navegación fluvial desde la capital del estado, en un territorio casi virgen. G.T. mantenía el puesto como un campamento de servicios y meca para pescadores, que acudían desde muy lejos para cobrar ejemplares del pavón o tucunaré (Cichla ocellaris), una especie muy apreciada como trofeo de la pesca deportiva en aguas de la Orinoquía. 

Esa vez, en 2011, un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de las FARC, vestidos de civil, se acercó a conversar. G.T., hoy de 47 años de edad, admite que el trato que le dispensaron fue “respetuoso”. Pero, de todas maneras, él y su familia decidieron no volver al campamento. A fin de cuentas, los clientes tampoco iban a regresar en esas condiciones.

Los municipios Atures, Autana, Atabapo, Maroa y Río Negro, conforman la hilera fronteriza del estado venezolano de Amazonas que hace frente a los departamentos de Guainía y Vichada, en Colombia. Estos territorios del oriente colombiano constituían baluartes tradicionales de las FARC. Los ríos principales de la zona –Inírida, Guaviare, Vichada, Meta, Orinoco, Atabapo, Guainía y Negro, si también se incluye la parte venezolana–, así como la extensa capilaridad de caños y brazos, en donde el indígena baniva solía pescar pavón, propiciaron que la guerrilla colombiana migrara a Venezuela en una paulatina ósmosis. El debilitamiento de los liderazgos locales y la baja presencia institucional del lado venezolano hicieron otro tanto. Los corredores fluviales fueron primero claves para la provisión de suministros y logística que requerían las campañas guerrilleras; luego ayudaron a crear en Venezuela una suerte de aliviadero; y, finalmente, dieron la oportunidad de apoderarse de actividades ilícitas que aportan financiamiento. 

Las denuncias públicas de la presencia de las FARC en el Amazonas venezolano datan de, al menos, comienzos del s.XXI. Pero con la firma en Cartagena en 2016 de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, se produjo un vacío que el ELN, que hasta entonces no había tenido mayor presencia en Guainía y Vichada, se apresuró a llenar. El ELN, tradicionalmente más activo en la zona de Los Llanos, dio sus primeros pasos en el sur de Amazonas con el Frente José Daniel Pérez Carrero, coincidieron fuentes consultadas. Más tarde, las ahora disidencias de las FARC se establecieron en Venezuela bajo la franquicia del Frente Acacio Medina, creado en 2012, y la dirección de Géner García Molina o Jhon 40.

Como se ve, la expansión de la guerrilla colombiana en el extremo sur de Venezuela empezó por la zona más despoblada. Pero hoy se despliega por los siete municipios del estado Amazonas. 

Amazonas es una zona sin casi medios locales y una muy limitada cobertura por parte de la prensa nacional. Por tanto, los reportes periodísticos procedentes de esa entidad son pocos en la base de datos. Aún así, muestran a partir de 2016 –año de los Acuerdos de Paz en Colombia– un aumento de las denuncias contra el auge de la minería, los abusos militares y la incursión de grupos armados.

La expansión del ELN y las disidencias de las FARC no se relaciona solo con el interés en la extracción de minerales, sino también con el control de rutas para el tráfico de drogas proveniente de los departamentos colombianos Meta, Guaviare y del municipio de Cumaribo, en el Vichada, hacia territorio venezolano. Se lucran brindando servicios de seguridad o permitiendo el tránsito y presencia en la zona, confirma un informe de marzo de 2021 de la Defensoría del Pueblo de Colombia. 

Por ejemplo, en enero de 2021, una embarcación hundido algo más de la cuenta mientras navegaba el río Inírida alertó a la Armada colombiana. Después de revisar víveres que tapaban el fondo, los militares consiguieron una caleta con 600 kilos de marihuana que presumen tenía como destino Venezuela. En época lluviosa, aprovechan la crecida de los ríos pequeños para movilizarse y evitar los controles militares, indican los reportes de la base de datos.

Las tensiones políticas entre Caracas y Bogotá, que desembocaron en la ruptura diplomática de 2019, crearon un “escenario propicio” para el “posicionamiento táctico” de los guerrilleros colombianos en la frontera a fin de aprovechar “las condiciones geográficas y medioambientales del territorio en la explotación de economías ilegales y el uso de esta zona como refugio y retaguardia”, de acuerdo con el mismo informe.

El ELN y las disidencias buscan en el Amazonas venezolano coordinar sus acciones, entre ellas, un acercamiento a las comunidades indígenas que suele ser pacífico. Ello no ha conseguido evitar, sin embargo, que la invasión de territorios, la construcción de ciertas infraestructuras –como campamentos o pistas aéreas– y el reclutamiento forzoso, entre otras actividades que llevan a cabo, les enajene la amistad de los locales y haya obligado a los aborígenes a migrar a Colombia y Brasil. 

Aunque la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela mantiene su presencia en la zona, no hay razones para pensar que sea para expulsar o siquiera contener a las guerrillas. En cambio, los testimonios abundan sobre su dedicación a prácticas irregulares o ilícitas. Funcionarios militares han sido denunciados por despojar de sus pertenencias a quienes transitan a bordo de embarcaciones en aguas colombianas. A mediados de 2019, por ejemplo, siete uniformados venezolanos dispararon contra una embarcación colombiana que luego interceptaron para robar a sus tripulantes.

En el norte del estado Amazonas, en donde convergen las fronteras de los estados venezolanos de Apure y Bolívar con las del departamento colombiano de Vichada, la guerrilla ha ganado el control estratégico de una importante encrucijada fluvial. En el municipio Atures –nombre de los célebres rápidos del río Orinoco–, el ELN comparte terreno con el Frente Décimo de las disidencias de las FARC y se reparten tareas desde Puerto Carreño –ciudad que domina el cruce del Meta con el Orinoco– con otros dos grupos armados, sucesores del paramilitarismo: Los Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). 

En la vertiente venezolana de la frontera ya se presentan las represalias violentas, aunque no sean todavía comunes. Dos hechos investigados por las autoridades colombianas lo sugieren: En junio de 2019, fueron encontrados dos cadáveres de sexo masculino en Puerto Carreño. Ambos eran jóvenes venezolanos. Diez meses después, fueron encontrados los cuerpos de otros dos hombres, un colombiano y un venezolano, con un letrero adosado que decía: “Por traidores y sapos [delatores, en el castellano coloquial de Colombia y Venezuela]”. Ambos casos fueron atribuidos a las disidencias de las FARC.

Mineros contra indígenas

Al sur de Amazonas, otro invasor va a cumplir 40 años de ocupación. Son los garimpeiros, término del portugués brasileño que bautiza a los mineros ilegales. Como su nombre, suelen venir de Brasil y operan, sobre todo, en el territorio de los pueblos yanomami, que es binacional.

Vienen por la fiebre del oro y se establecen a sangre y fuego cada vez que es necesario. Todavía se recuerda la masacre de Haximú, una comunidad yanomami cercana a las fuentes del río Orinoco, en Venezuela. En 1993, 16 indígenas fueron asesinados de forma brutal por garimpeiros. La comunidad fue incendiada. Y, como si nada, los garimpeiros siguieron operando allí, entre otras razones, por la laxitud de la justicia brasileña, que a la postre fue la encargada de examinar el caso habida cuenta de la nacionalidad de los acusados y su competencia para procesar delitos extraterritoriales: solo cinco de los 22 autores de la matanza fueron condenados. 

De hecho, en la base de datos preparada para este reportaje se verifica que las denuncias de prensa y de las organizaciones indígenas siguen ubicando el grueso de la actividad actual de los garimpeiros no lejos de Haximú, sobre el curso del río Ocamo.

El corredor de entrada a Venezuela para los mineros pasa por el cerro Delgado Chalbaud, en la Sierra de Parima, a pesar de que allí se encuentra un puesto avanzado de los militares venezolanos. Desde ese punto los expedicionarios están a tan solo dos días de caminata, o menos, de Haximú, según relataba un comunicado que una representación yanomami envió en 2020 a Provea, la principal organización de Derechos Humanos en Venezuela: “Las autoridades les permitieron instalar unas cuatro máquinas para sacar oro y minerales (...) están en los mismos terrenos que circulaban cuando la masacre”. 

Como los guerrilleros, los garimpeiros dijeron a los indígenas que querían hacer por las buenas un convenio con ellos. Acá el miedo tenía todas las de ganar, también como frente a los guerrilleros. “No nos queda más remedio que estar callados porque están armados y tenemos miedo”, indicaron en el comunicado.

Pero los garimpeiros se encuentran también mucho más al norte. Es el caso del municipio Manapiare, que hace frontera con el estado Bolívar. Las organizaciones indígenas Kuyunu del Alto y Medio río Ventuari, Kuyujani del río Caura y Kuyujani del Alto Orinoco, denunciaron en agosto de 2021 la presencia de 400 garimpeiros con 30 máquinas. “Los pueblos indígenas están siendo sometidos a situación de esclavitud en las comunidades más alejadas y de difícil acceso del municipio Manapiare”, denunció el Defensor del Pueblo del estado Amazonas, Gumersindo Castro, sin encontrar eco.

Con todo, la actividad de los mineros ilegales en el estado Amazonas todavía se ve modesta frente al frenesí del lado brasileño. El reconocido líder yanomami brasileño, Dário Vitório Kopenawa, vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami, denunció –vía telefónica– la presencia de 20.000 mineros en las tierras ancestrales de la etnia del lado brasileño. También aseguró que entre los mineros están infiltrados miembros del temible Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas y temibles de Brasil, así como de otros grupos armados. Como el trasvase ocurre en ambos sentidos a través de la horadada membrana fronteriza, las autoridades brasileñas comprueban que decenas de venezolanos con antecedentes penales, llegados al país en medio del flujo imparable de refugiados, se han sumado a las filas del PCC. 

“Los invasores están creciendo y los empresarios están apoyando al garimpo ilegal con transporte aéreo, aviones, helicópteros, barcos”, dijo Kopenawa.

El pliego delictivo de los ‘sindicatos’

Los indígenas del oeste del estado Bolívar, cerca de los linderos del estado Amazonas, también sufren los desmanes de invasores armados. Entre ellos hay guerrilleros y también otros actores nuevos: los sindicatos.

Al menos desde mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia, se reportaron siete eventos que ratifican la presencia tanto de grupos armados locales como de grupos guerrilleros foráneos en el municipio Sucre del estado Bolívar, corazón del Parque Nacional Caura, decretado por el gobierno de Nicolás Maduro en marzo de 2017. El área protegida, que corresponde a las márgenes y cuenca del río Caura, abarca 7,5 millones de hectáreas. 

A mediados de julio de 2020, un pelotón de 70 hombres con uniformes verde oliva tomó un campamento turístico a las orillas del río Caura. Estaban armados. Testigos de la incursión relataron que colgaron sus hamacas y permanecieron en la zona por al menos tres semanas. Se identificaron como disidencias de las FARC. Ese mismo mes, la comunidad indígena de El Playón, en el Bajo Caura, denunció la llegada de “grupos colombianos armados” y, tres meses después, en la comunidad Las Pavas se repitió el relato: un “grupo irregular de Colombia” llegó al territorio indígena y se instaló. Líderes comunitarios de las etnias ye’kwana y sanemá, que viven a orillas del Caura, denunciaron al Observatorio Indígena Kapé-Kapé que estos grupos armados intimidaron a la comunidad para tomar el control de las zonas mineras. Los irregulares impusieron restricciones para la movilización. Ya no podían ni pescar ni cazar libremente.

Durante cinco meses hubo relativa paz, pero en marzo de 2021 otros grupos irregulares realizaron un ataque en la mina El Kino del Bajo Caura. Una maestra y su esposo fueron asesinados. Las primeras versiones de los voceros indígenas indicaron que el grupo armado, que no se identificó, les pidió desalojar los terrenos aledaños al yacimiento ilegal. Como la respuesta fue negativa, se desató la violencia.

Apenas un mes después, otro ataque en la mina El Silencio terminó en el asesinato de cuatro personas, entre ellas el capitán indígena –jefe o cacique– de la comunidad La Felicidad, Nelson Pérez, de 30 años. Tres años antes, un predecesor en la capitanía, Misael Ramírez, fue asesinado junto a su hijo de 18 años en el mismo sitio. La ejecución fue atribuida a un grupo armado que se alió con indígenas sanemá para tomar el área. Tanto Pérez como Ramírez eran de la etnia jivi, que con individuos ye’kwana conforman la población de La Felicidad. 

Se trata de acciones de los llamados sindicatos, en realidad, pandillas o bandas de desclasados que se congregan en torno a pranes o líderes delictivos. La suma de numerosos testimonios permite afirmar que esos grupos dominaron los yacimientos en el Caura hasta julio de 2020. Pero después de esa fecha las cosas cambiaron. La toma ya reseñada del campamento turístico en Las Trincheras, así como las incursiones en las comunidades de El Playón y Las Pavas, eran en realidad avanzadillas de las disidencias de las FARC, que consiguieron desalojarlos. Las cuatro minas más grandes del Caura –Yuruani, La Bullita, Fijiriña y San Pablo– están ahora en manos de las disidencias de las FARC y del ELN que, aseguran los líderes consultados, se benefician del pago en oro que deben entregar los dueños de máquinas usadas en la extracción de oro. “Garantizan la seguridad de los mineros y los que circulan en la zona y cobran una vacuna a cada dueño de máquina”, explicó un dirigente indígena.

Cuando el gobierno de Nicolás Maduro decretó la creación del Parque Nacional Caura, el objetivo era ampliar la protección del reservorio de biodiversidad y refugio de pueblos indígenas. No obstante, el parque está al costado del llamado bloque 2 del Arco Minero del Orinoco, lo que exacerba presiones en un área ya afectada por la minería.

“Estos grupos mantienen a la población de la cuenca bajo amenazas sistemáticas y terror en toda el área. Hay una situación estructural de violencia ejercida por estos irregulares en contra de las comunidades existentes en los ríos Caura y Ventuari. Si continúa el deterioro de los derechos, se profundizarán las consecuencias negativas impulsadas por las actividades extractivas”, alertó la ONG Wataniba en el pico de la violencia.

La ley de la jungla

Pero que los llamados sindicatos sufrieran una derrota en la cuenca del Caura no quiere decir que se hayan extinguido. En otras zonas del estado Bolívar gozan de excelente salud.

Se comprueba, por ejemplo, en las calles polvorientas del pueblo de El Callao, capital del municipio homónimo. Fundado a mediados del s. XIX a orillas del río Yuruani, es la veta de oro con más tradición en Venezuela. En algún momento atrajo capitales extranjeros y una riada de trabajadores del Caribe angloparlante, que traían consigo todo su bagaje cultural. No en balde ha sido lugar de adaptación y desarrollo para versiones locales de la lengua patois y del calipso, así como de sabores reminiscentes de las Antillas que se reconocen en platillos como el calalú, el domplín y el yinyabié. En 2016, sus fiestas de Carnaval fueron reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. 

La violencia se ha sumado ahora a sus tradiciones. 

Oriannys Yánez lo supo en la madrugada del 11 de noviembre pasado, cuando vio llegar a su bebé de un año de edad, cubierto de sangre, a la emergencia del hospital Juan Germán Roscio en El Callao. 

Minutos antes, un tiroteo levantó a los vecinos del centro del poblado. En ese sector, la madre de Oriannys vivía con el bebé, su nieto, luego de que la madre decidiera sacarlo del cercano sector El Perú, en las afueras de El Callao, por la violencia. 

Al apagarse el tiroteo, la abuela abrió la puerta del cuarto donde dormían el bebé y su hermano de nueve años. Encontró al mayorcito con el bebé en brazos: “¡Se va a morir mi hermano, se va a morir!”, gritaba. Una bala perdida perforó parte de su abdomen y salió sin causar daños severos en los órganos.

No fue un incidente aislado. Desde hace más de una década, la triada integrada por los municipios Roscio, El Callao y Sifontes, al sureste del estado Bolívar, cerca de la frontera con Guyana, es un tramo peligroso y bajo control de grupos armados. En 2016, 17 mineros fueron encontrados en una fosa común, luego de que familiares reportaran su desaparición, en la que se conoció como la masacre de Tumeremo. En 2018, otros siete mineros fueron asesinados y dejados a los lados de una vía polvorienta que conduce a yacimientos auríferos. En los últimos tres años, han sido encontrados cuerpos desmembrados. El caso más reciente ocurrió en septiembre de 2021, cuando transeúntes de El Callao encontraron dos cabezas humanas dentro de un bolso en el centro del pueblo. 

El balance de 2021 del Observatorio Venezolano de Violencia encontró que el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en el país tuvo un efecto paradójicamente positivo: el crimen violento descendió: “Un empobrecimiento masivo, penuria y pérdida del poder adquisitivo (…) redujeron notablemente las oportunidades del crimen”. Pero, al enfocar el diagnóstico en esa zona del estado Bolívar, se encuentra una tendencia contraria. Los asesinatos y desapariciones aumentaron. 

El Callao despunta con una tasa de 511 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es el municipio más violento del país y registra una tasa 11 veces superior al promedio de muertes violentas de toda Venezuela. 

A pesar de las cifras pavorosas de la violencia, esta no es siempre la herramienta preferida de los sindicatos, que derivan su nombre de la estructura propia de los trabajadores de la industria de la construcción, de donde muchos de sus líderes provenían al principio, así como de la cadena de mando informal que reina al interior de las cárceles venezolanas. 

En los municipios del estado Bolívar donde actúan, los sindicatos imponen reglas claras y se han vuelto benefactores a través de fundaciones. En situaciones específicas en las que la persuasión no surte efecto, recurren al atropello, el amedrentamiento y el castigo.

La llegada de estos grupos a los yacimientos auríferos a partir de 2006 fue consecuencia directa de la estrategia de militarización implementada durante la llamada reconversión minera del presidente Hugo Chávez, que intentaba reemplazar la minería artesanal ilícita por el Estado. Pero esa política naufragó en septiembre de 2006, con la muerte a tiros de seis mineros a manos de militares en el sector de La Paragua, en el oeste del estado Bolívar. Cuatro de las víctimas mostraban disparos en la espalda. La masacre ocasionó una reacción fuerte y organizada de los mineros, y un escándalo en la prensa internacional. La fuerza militar se replegó, pero los poderes fácticos alentaron la instalación de grupos armados que mantuvieran el control por la fuerza de zonas mineras estratégicas. 

En un extremo de El Callao, en el sector conocido como El Perú, los vecinos coinciden en que hasta hace ocho años vivían con relativa tranquilidad. Todo cambió cuando un hombre de la comunidad, apodado Toto, se alió con otros para delinquir. Su familia se había mudado a El Callao durante una de las tantas explosiones de fiebre del oro. Empezaron con robos a mano armada y cobros extorsivos de vacunas a mineros. En 2013, sus acciones escalaron de nivel.

Hoy su grupo domina todas las minas de El Perú, una zona extensa y rica en oro. Algunos de los yacimientos bajo su autoridad son Cuatro Esquinas, La Laguna, Panamá y La 45. Viven en las montañas y bajan a las zonas mineras solo a cobrar sus diezmos: 30% de lo producido por mineros, por molineros y por la compra de arenas auríferas procesadas por empresas formales.

Alejandro Rafael Ochoa Sequea, Toto, es uno de los diez delincuentes más buscados por la Policía Judicial en el estado Bolívar. Otros dos de la misma cartelera son miembros de su banda: Picoro, detenido en 2020 mientras se escondía en un búnker, y Zacarías, uno de los tantos migrantes procedentes del otrora centro de la industria pesada venezolana, Ciudad Guayana, que se han reconvertido como delincuentes en las zonas mineras. 

De acuerdo a lo que se verifica en los registros de la base de datos, entre junio de 2020 y junio de 2021, los cuerpos de seguridad estatales detuvieron a 72 supuestos miembros de la banda de Toto, mataron a otros 26 y retuvieron 28 armas y más de 800 municiones de la banda, a la que también incautaron drogas, oro, uniformes militares y hasta un cuaderno con el inventario de su arsenal y la “contabilidad” de las extorsiones a mineros. 

Llevar registro de sus armas debe ser fundamental para esta pandilla con pretensiones de milicia: por ejemplo, se le ha incautado un lanzacohetes AT4, de fabricación sueca, una de las armas antitanque más usadas en el mundo. En 2009, su fabricante, Saab Bofors Dynamics, pidió explicaciones al gobierno venezolano, su cliente, por la confiscación de tres armas de este tipo en poder de las FARC colombianas. 

Con este arsenal, no ha habido incentivo alguno para la tregua. Con frecuencia, los delincuentes se sienten y están mejor equipados que las fuerzas de seguridad. En el balance de muertes atribuidas a la banda de Toto se incluyen el asesinato de la exconcejala Mara Valdez, del cultor Carlos Clark, y de agentes de la policía, de la inteligencia militar y de la Guardia Nacional. La violencia que emplean Toto y otras bandas locales, como las de El Chingo y Nacupay, ha ocasionado que muchos lugareños prefieran vender sus casas y migrar.

“Acá lo normal es anormal, la gente ha perdido el respeto a la vida”, dice un hombre de 61 años, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

La influencia delictiva de Toto se extiende hasta el vecino municipio Roscio, en donde también opera el Tren de Guayana y la banda de Ronny Colomé Cruz, alias Ronny Matón, un heredero de yacimientos controlados antes por dos delincuentes que fueron asesinados: Capitán y Gordo Bayón. Este último fue baleado en 2014 a su salida del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, sede del gobierno de Nicolás Maduro, tras participar en una discusión del contrato colectivo de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

La casa de papel

En el municipio Sifontes, desde 2018 se reporta la aparición de otra banda delictiva. Es conocida como Run por su líder, Eduardo José Natera, alias El Run o El Pelón. Su área de dominio incluye la capital municipal, Tumeremo, a la que puso bajo su control luego de avanzar desde zonas más rurales o selváticas de la periferia. A su cuartel general le llaman La Casa de Papel, en alusión a la serie española de Netflix. 

Se distingue por su arrojo y violencia. Se le atribuye el asesinato en abril de 2020 del comandante del cuartel del Ejército en Tumeremo, teniente coronel León Ernesto Solís Mares. Pero su nivel de control sobre la zona le ha llevado a actuar, con cierto descaro, a través de una organización filantrópica, RRR o 3R, con la que adelanta actividades comunitarias como la reparación de vías e instalaciones eléctricas, hasta la donación de alimentos y medicinas. Los nombres RRR o 3R también eran dados a la banda, pero ahora se acostumbra llamarla OR, precisamente para diferenciarla de la fundación social que nació bajo su cobijo. 

En el área de acción de la organización criminal, muy cerca de la frontera con el Territorio Esequibo, también se ha denunciado la presencia de la guerrilla desde 2018. Un enfrentamiento por esas fechas entre la banda de Josué Zurita, El Coporo, y supuestos guerrilleros del ELN, pareció confirmar no solo esa versión, sino que había nuevas disputas por el dominio territorial. 

Más al sur, en las localidades de Las Claritas y Kilómetro 88, a la entrada de la Gran Sabana y en ruta a Brasil, domina el clan de Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como Juancho, quien opera junto a Humbertico, hijo del pran Humberto Martes, alias El Viejo, y Darwin Guevara, a quien se vincula con Johan Petrica, uno de los líderes del llamado Tren de Aragua, con toda probabilidad el gang más poderoso de Venezuela, con conexiones internacionales. En la cercana población de El Dorado, es el sindicato de Fabio Enrique González Isaza, Negro Fabio, el que manda. 

Los criminales han pactado una suerte de gobernanza informal en la zona, que se financia con lo que recauda mediante extorsiones a mineros y a todo aquel que adelante alguna actividad productiva en los alrededores. “Ejercen un rol de fuerza más alto que las autoridades policiales y militares”, dice una habitante de Las Claritas, que considera que el poblado “es como una cárcel abierta”.

En Las Claritas, tanto el mando como el negocio le quedan claros a quien busque prosperar o solo sobrevivir. Debajo del suelo está la mayor reserva aurífera del país. Allí es precisamente donde el gobierno de Nicolás Maduro se ha empeñado en impulsar un proyecto de industrialización de la producción de oro, cobre y plata, junto con la canadiense Gold Reserve. Pero la fuerza del caos aparente y del régimen subyacente de los sindicatos ha impedido hasta ahora la construcción de las dos plantas proyectadas.

En la propia Gran Sabana, la minería lleva un ritmo agitado en la comunidad de Ikabarú. Allí el gobierno legalizó un bloque de explotación aurífera en el que participan comunidades indígenas. Ello debería funcionar como un disuasor para los sindicatos.

No obstante, en diciembre de 2019, la matanza de seis personas en Ikabarú encendió las alarmas. Sujetos vestidos de negro entraron al pueblo y dispararon contra un grupo de hombres en el centro de la comunidad. Entre las víctimas se contaba un indígena. Desde entonces, corren versiones cada vez más insistentes sobre la incursión del sindicato de El Ciego, quien controla, junto a El Sapito, los yacimientos de La Paragua, mucho más al oeste, en el municipio Angostura. 

Otros tráficos

Cuesta creer que en la carretera tortuosa, de tierra en su mayor parte, que conecta Amazonas con Bolívar, pueda prosperar algún negocio. No hay servicios y el Estado está ausente. Las casas en el trayecto son cascarones vacíos y, en medio del calor, no hay ni un punto para refrescarse. Solo las enormes rocas, como puestas en la tierra por un gigante, distraen la vista.

Pero. sí, un negocio consigue prosperar en ese tramo yermo, aunque sea ilegal: la base de datos muestra con nitidez un corredor de tráfico de drogas por la vía terrestre. Más de la mitad de los procedimientos militares realizados en el municipio Cedeño, uno de los 11 del estado Bolívar y adyacente al estado Amazonas, están vinculados con decomisos de drogas. 

En abril de 2019, Elvin Bolívar y Marlon Yeison fueron detenidos en una alcabala militar de la Guardia Nacional, a cinco horas de la capital de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas. Viajaban en una furgoneta en la que ocultaban 19 kilogramos de marihuana, del tipo crispy –cultivada en invernaderos y más potente–, en el interior de las puertas, en el tablero y en el techo, según el parte militar. Uno de los hombres tenía documento de identidad colombiano. Las autoridades informaron que la droga provenía de Colombia.

En otros cuatro reportes militares de la base de datos, cuyas incautaciones suman 78 kilogramos de drogas, los detenidos viajaban desde Puerto Ayacucho hasta Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz, ambas ciudades del estado Bolívar, a orillas del Orinoco. Escondían marihuana o cocaína en distintos compartimentos. La ruta sigue luego a Tumeremo, Las Claritas y Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil.

En enero de 2020, vestido de uniforme militar, Elis Lugo viajaba de Puerto Ayacucho a Ciudad Bolívar con 376 kilogramos de marihuana consigo. El hombre de 47 años de edad portaba una acreditación como supuesto general de Brigada del Ejército. Además, viajaba en una camioneta Toyota Land Cruiser blanca, sin placas, similares a las de la flota militar.

Eso le había permitido avanzar sin contratiempos por más de 400 kilómetros de carretera. En la alcabala de Maripa, cerca de la desembocadura del río Caura en el Orinoco, según luego informó el Ministerio Público, Lugo se negó a bajar del vehículo y exigió que los funcionarios castrenses notificaran a su superior del procedimiento. Al verse descubierto, se dio a la fuga. Los efectivos de la Guardia Nacional dispararon a los cauchos traseros del vehículo y lograron alcanzarlo a un kilómetro y medio de distancia. La Fiscalía 5ª de Ciudad Bolívar imputó al falso general por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y otros cinco delitos.

La movilización de grandes cantidades de dinero en efectivo es otro de los hallazgos que arroja la data y que muestra cómo se sigue sacando provecho del botín de oro, en el sur venezolano. En 2021, aún con el encierro del confinamiento por la pandemia de la Covid-19, tres cuartos de millón de dólares en efectivo fueron incautados.

El decomiso de mayor cuantía ocurrió en junio. José Alberto Reyes Chueco fue detenido en San Félix, sección oriental de Ciudad Guayana, con 650.000 dólares en efectivo. La Guardia Nacional informó que Reyes Chueco formaba parte de la organización criminal El Dorado, dedicada a “la comercialización de armas de guerra en zonas mineras del estado”. De su teléfono, se extrajeron capturas de conversaciones en WhatsApp con intercambio de imágenes de armas y municiones.

El segundo mayor decomiso, por 74.550 dólares, también se conecta con El Dorado, pero la población de ese nombre, en el municipio Sifontes, una de las zonas mineras controladas por grupos armados. El botín iba en manos de Yolbill José Gámez, oficial de la Policía del estado Bolívar. 

Oro, drogas, equipos y suministros mineros, armas, otros minerales, mercancía de contrabando: la zona de Guayana, antaño promesa de progreso y descubrimientos silvestres, es una autopista de los negocios ilícitos del crimen organizado. 

(*) Esta es la segunda entrega de una serie investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.

En el diseño, programación y montaje del algoritmo, mapa, investigación y edición, participaron Jorge Luis Cortés, Cristian Hernández, Javier Lafuente, Ewald Scharfenberg, Guiomar del Ser, Fernando Hernández, Ana Fernández, Eliezer Budasoff, Alejandro Gallardo, Luis Sevillano, Ignacio Catalán, Vanessa Pan, Yeilys Márquez y Pablo Rodríguez.

Los irregulares colombianos no se dejaron impresionar por la exhortación de los locales. Su réplica fue escueta pero tajante. “Nosotros no podemos cometer el error de retirarnos de los territorios, porque eso sería un desastre para nosotros y para nuestros aliados, que es el gobierno, las autoridades y el pueblo de Venezuela. Nos da mucha pena, y de corazón y con todo respeto, no podemos”, respondió un miembro de las Farc.

Este intercambio es apenas un extracto de varios audios grabados durante la asamblea, y a los que tuvo acceso Armando.info. Si bien la reunión tuvo lugar hace poco más de un año, el tono y contenido de los argumentos que los representantes de la guerrilla colombiana expusieron no solo revelan la intención de establecerse definitivamente en un territorio en el que ya entonces mantenían presencia; también dejan un testimonio de la coordinación para ese momento entre los frentes Acacio Medina de las Farc y José Daniel Pérez Carrero del ELN, por una parte, y de estos con las autoridades gubernamentales de Venezuela.

En uno de los audios, un representante de las Farc dice tener “permiso para operar en esos territorios, tenemos la autorización de nuestra presencia política y armada y tenemos un compromiso con la institucionalidad, que es ayudar a la seguridad nacional, seguridad territorial, seguridad de fronteras y ayudar en el trabajo político y social a favor de los partidos del gobierno, partiendo por el Psuv [el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela]”.

Los representantes de las Farc que participaron en el encuentro se identificaron como miembros del Frente Acacio Medina, comandado por Géner García Molina, alias John 40, quien en 2016, junto a Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, dieron la espalda al proceso de paz con el gobierno de Colombia y retomaron sus actividades ilegales.

La huida al monte de Botache Santillana en 2016 fue especialmente significativa. Había estado en La Habana como parte de la delegación de las Farc que negoció los Acuerdos de Paz con el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos. Pero ese año Gentil Duarte rompió con la línea oficial y mayoritaria de la organización guerrillera, que en su X Conferencia aprobó plegarse al proceso de paz y reconvertirse en un partido político formal.

Botache-Duarte resultó ser un pionero. Luego, en 2019, también se fueron al monte y a Venezuela otros dos comandantes guerrilleros de las negociaciones en La Habana: Iván Márquez, nom de guerre de Luciano Marín Arango, y Seuxis Pausías Hernández, alias Jesús Santrich. Hernández-Santrich venía de pasar una temporada de 13 meses en la cárcel La Picota de Bogotá, confinado mientras se resolvía su posible extradición a Estados Unidos. Washington lo solicitaba para que enfrentara cargos judiciales por tráfico de drogas y lavado de dinero luego de que una operación encubierta de la DEA (Agencia de Control de Narcóticos, por sus siglas en inglés) lo descubriera participando en una reunión con el cártel mexicano de Sinaloa. La petición de extradición no prosperó.

Tanto Márquez como Santrich anunciaron ese 2019 su regreso definitivo a las armas y la fundación de una Segunda Marquetalia, en alusión al casi mítico lugar de origen en 1964 de las Farc, en el departamento del Tolima. Pero que ambos siguieran el derrotero de Gentil Duarte no significó que unieran fuerzas y estrategias, como tal vez les convenía. Por el contrario: fue un hito para la fractura y la lucha intestina por el liderazgo de las tropas irregulares.

Las consecuencias de esas secesiones se hicieron sentir con el olor a pólvora la semana pasada en el Alto Apure, en Los Llanos del suroccidente de Venezuela, y le dan contexto a las grabaciones de hace un año en la asamblea en el estado Amazonas que ahora Armando.info da a conocer. En estas, los guerrilleros tratan de convencer a los indígenas de que su reciente control de la región es beneficioso, y en ese esfuerzo de persuasión cuentan muchos de sus antecedentes y planes en la región sur de Venezuela. 

El arbitraje de Maduro es con bombas

El domingo 21 de marzo de 2021, la Fuerza Aérea venezolana bombardeó campamentos de grupos de disidentes de las Farc en la población de La Victoria, en el estado Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca. De acuerdo a la información que trascendió, allí acampaban efectivos del Frente Décimo Martín Villa, bajo el mando de Eliécer Jiménez, alias Arturos, y Fabián Guevara Carrascal, alias Farley. Estos, a su vez, están ligados a la estructura del Frente Primero de Gentil Duarte, el mismo que en 2020 aparecía comandando el Frente Acacio Medina en el estado Amazonas.

Los combates resultaron sorpresivos en medio del entendimiento convencional de que el régimen de Caracas acepta convivir en las zonas limítrofes con los grupos rebeldes colombianos, si es que no los ha hecho sus aliados. La ofensiva de las tropas venezolanas sobre las posiciones de Gentil Duarte dan el indicio de que el presidente Nicolás Maduro ha decidido intervenir en el conflicto interno de las disidencias de las Farc.

El gobierno de Venezuela informó que la operación formó parte del plan Escudo Bolivariano 2021, con un saldo de dos militares venezolanos fallecidos y un guerrillero, identificado solo como alias El Nando, dado de baja. El Ministerio de Defensa informó también sobre la detención de 32 personas y la destrucción de seis campamentos en los que los militares venezolanos habrían decomisado armas, municiones, explosivos, vehículos y droga.

En represalia, la noche del martes 23 de marzo los disidentes de las Farc que obedecen a Gentil Duarte, esta vez identificados como miembros del Frente 28, atacaron con explosivos un edificio del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en La Victoria. En un video difundido ampliamente en las redes y medios de prensa, tres guerrilleros uniformados y armados, rechazaron el ataque del Ejército venezolano: “Nos unimos en solidaridad con el Frente Décimo y atacaremos las bases militares del Ejército venezolano (…) no queremos seguir con este desangramiento de Venezuela, daremos una respuesta militar y nos defenderemos”, aseguraban.

Esta inédita dinámica de ofensivas y contraataques pone en el terreno militar la ruptura de Maduro con al menos uno de los grupos escindidos de las Farc que se han hecho fuertes en la frontera colombovenezolana. Los voceros del régimen de Caracas, como el propio Maduro, han enarbolado la causa de la defensa de la soberanía ante grupos "apoyados por el Comando Sur y el gobierno de Colombia" para justificar los combates y la previsible escalada a continuación. Pero abundan las evidencias de que hasta hace poco más de un año, al menos, las autoridades venezolanas mantenían compromisos de orden político y de seguridad territorial con esos grupos. Algunas de esas evidencias ahora llegan desde el estado Amazonas.

La invasión

La presencia de los grupos insurgentes colombianos en territorio venezolano no es una novedad y, aunque el gobierno de Venezuela se empeñe en negarla de manera oficial, para los Uwottüja del municipio Autana -uno de los siete municipios que conforman el estado Amazonas- aquella reunión celebrada en Pendare a comienzos del año pasado no fue más que la continuación de una larga serie de eventos.

En 2013, un movimiento inusual de embarcaciones que surcaban los ríos de noche, y el posterior hallazgo de huellas dejadas por botas en los caminos tradicionales de las comunidades indígenas, encendieron las alarmas en la población. La presencia de los forasteros terminó por confirmarse.

El 14 de mayo de ese año, un miembro de la familia Uwottüja sirvió de emisario a los guerrilleros para hacer llegar a Otilio Santos, Coordinador General de la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus), una invitación para asistir a un denominado Encuentro con las Comunidades Indígenas del río Sipapo y sus Afluentes, firmada por las Farc-EP. El primer punto de la agenda en la reunión planteada por la guerrilla era: “Nuestra presencia en el territorio”.

No eran las guerrillas desmovilizadas de unos años más tarde. La guerra seguía en Colombia y las Farc, el grupo guerrillero más antiguo del país vecino y de todo el hemisferio occidental, llegaba a ese sector de la orilla derecha del Orinoco medio.

Alarmados, los miembros de Oipus convocaron a una asamblea urgente en la comunidad de Caño Uña, a la que se sumaron más de 60 delegados de las comunidades de las riberas de los ríos Sipapo, Cuao, Autana, Guayapo, y del propio Orinoco Medio, del que aquellos son tributarios. “Los guerrilleros suben embarcaciones con cargas de alimentos y combustible de día y de noche, ocultos bajo tendidos de lona. Habitantes de las comunidades ubicadas en el río Autana, aseguran que desde la boca del río Autana hasta Ceguera, los guerrilleros circulan libremente, y que de noche se intensifican sus operaciones. A lo largo de este río Autana, hay campamentos, donde todas las noches aterrizan y despegan avionetas; donde se presume que hay varias pistas de aterrizajes clandestinas”, denunció la organización en un comunicado público emitido en 2013.

Tras dos días de debates los piaroa decidieron comunicar a la guerrilla el “total desacuerdo con la presencia y desplazamiento de estos grupos en el territorio”, instándolos a encontrar “alternativas para retornar a su lugar o país de procedencia”.

Pese al llamado, los guerrilleros apenas se movieron de lugar. Mudaron el campamento que tenían en la boca del río Sipapo al sector Pico de Loro, a orillas del río Autana, en un intento por disminuir las tensiones.

Aunque ya para entonces la guerra en Colombia entraba en un ocaso al final canalizado por los diálogos de paz, desde entonces nada volvió a ser igual para los cerca de 8.000 aborígenes que habitan el municipio Autana. Los rebeldes no atendieron los reclamos de los indígenas e instalaron campamentos en sus territorios, aumentaron el tamaño de su contingente, tomaron el control de minas ilegales de oro, que además se multiplicaron a la sombra de su dominio, y se empezaron a coordinar con otros forasteros armados, los miembros del ELN.

Los líderes de Oipus designaron, tan temprano como en 2013, una comisión que viajó a Caracas a presentar sus reclamos en el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. Entregaron copias de la denuncia al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Parlamento Indígena, la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional y a la organización defensora de derechos humanos Provea.

Sin respuesta institucional en la capital venezolana, acudieron a instancias regionales del estado Amazonas. Llevaron sus reclamos a la Fiscalía Superior del estado, al Consulado de Colombia en Puerto Ayacucho, la Defensoría del Pueblo, la Brigada de Infantería de Selva del Ejército, Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (CEOFANB), Corpo-Amazonas, la Dirección de Ambiente del estado Amazonas y la Alcaldía del municipio Autana.

Finalmente enviaron una comunicación a la Almiranta en Jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas, para entonces Ministra de Defensa.

Nadie respondió.

La interrogante de por qué nadie los había atendido perduró por siete años. Paradójicamente, serían los propios guerrilleros en persona los primeros y únicos que les darían la cara para explicar el mutismo oficial.

La mañana del 23 de febrero de 2020, los guerrilleros llegaron a la comunidad para celebrar la asamblea a la que habían convocado. Venían armados y uniformados. Los pobladores de las riberas de los ríos Autana, Cuao, Sipapo, Guayapo y del curso medio del Orinoco los esperaban desde el día anterior.

Pendare, la comunidad donde iba a tener lugar la asamblea, suele alojar a 350 habitantes. Está a apenas unos 25 kilómetros de Isla Ratón, la capital del municipio Autana, justo en la confluencia de los ríos Sipapo y Orinoco. En realidad no se trata de un sitio recóndito. De hecho es bastante accesible, a solo 70 kilómetros río arriba desde Puerto Ayacucho, la capital del estado. Algo más al este se encuentra uno de los principales reclamos turísticos de la región, el Cerro Autana, el tepuy que da nombre al río y al cantón, que con su aspecto de tronco serruchado y su sistema interno de cavernas sirve de origen a la mitología de los pueblos cercanos.

Según se oye en las grabaciones, la lectura de un comunicado exigiendo la desocupación de los territorios animó a las filas indígenas. “Cansados de que los gobiernos no atiendan nuestros problemas y necesidades, cansados de que nuestras familias no puedan movilizarse, ni sacar sus productos, porque dependemos de unos grupos o personas ajenas a nuestro territorio, hemos decidido defendernos por nuestros propios medios”, proclamaba el texto, también entregado a los invasores.

Pero los guerrilleros fueron claros en afirmar que las tierras ancestrales de los piaroas eran ahora tierra ocupada y tomada con la connivencia del gobierno de Caracas.

“Las Farc y ELN tenemos unos compromisos de orden político y nosotros, con todo el respeto y el cariño a ustedes no podemos firmar", manifestó un uniformado que se identificó como miembro de las Farc y parecía llevar entonces las riendas del evento. En ese momento declinaba suscribir un pacto de desocupación de las tierras que los aborígenes le habían ofrecido.  "Nosotros somos los jefes operativos de los territorios, pero tenemos jefes superiores y tenemos que consultar con el gobierno. Con el gobierno, comenzando por Gobernación, Alcaldía y los jefes de los pueblos indígenas de Amazonas, con el Psuv, con el PPT, con Tupamaros (...) porque son las organizaciones con las que nosotros tenemos trabajos políticos en Venezuela y con las que manejamos las cosas de ley”, detalló según los audios entregados a Armando.Info.

En realidad fueron tres los oficiales guerrilleros que hicieron las veces de portavoces de los irregulares y de interlocutores de los pobladores. Dos de ellos dijeron pertenecer a las Farc y uno al ELN. Los tres estaban rodeados por un anillo de seguridad conformado por hombres que, según luego contaron los indígenas presentes en el encuentro, habían sido vistos en compañía de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las poblaciones de Isla Ratón, Boca Sipapo, Morganito y Samariapo.

El representante del ELN, quien se identificó como Domingo, afirmó que solo el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, junto al Estado venezolano, “dirán si se sale o no se sale del territorio (...) ¿Hay un compromiso ante el Estado venezolano? Sí lo hay. Aunque no lo crean. Creamos retaguardia internacional aquí en Venezuela”, afirmó. “El país tiene problemas muy serios de seguridad, no solo los de la gasolina (...). El país tiene una amenaza de posible invasión. El país necesita amigos, aliados, colaboradores, servidores y vecinos, por eso están las Farc y el ELN para el gobierno (...) para las fuerzas armadas y los territorios. Tampoco hemos suplantado ni vamos a suplantar a la fuerza pública, por el contrario, lo que se hace es coordinar las actividades políticas, sociales y coordinar las actividades de seguridad territorial. ¿En estos momentos qué se está coordinando? Seguridad binacional”.

El disidente de mi enemigo es mi amigo

De la presencia de las Farc en el estado Amazonas se sabe desde hace al menos 20 años. El cambio en el paisaje vino con la presencia de miembros del ELN, mucho más reciente. En las grabaciones se relata casi como un hecho que se desarrolla en vivo: "Los compañeros del ELN ya están llegando", se oye decir a un representante de las disidencias de las Farc en la asamblea de Pendare.

Su aviso en cierta manera confirma lo que vienen reportando las autoridades colombianas: el ELN migró a partir de 2016 desde Apure, uno de sus santuarios tradicionales, al Amazonas venezolano, fronterizo por el oeste con los departamentos colombianos de Vichada y Guainía. 

Un suceso de julio de 2020 -cinco meses después de la asamblea de Pendare- sirvió de ruidosa ratificación de la importancia que esa zona a ambas orillas del Orinoco ha cobrado para el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN. Entonces tropas del Ejército de Colombia destruyeron un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en el municipio de Cumaribo del departamento de Vichada. Un año antes, nueve miembros del ELN pertenecientes a ese frente fueron capturados por el Ejército colombiano en esa misma zona.

La presencia de ambos grupos guerrilleros, que durante la asamblea en Pendare aseguraron a los indígenas tener un área de influencia en el bajo Guainía y bajo Vichada de Colombia, y los estados venezolanos de Amazonas y parte de Bolívar y Apure, en Venezuela, fue confirmada en una Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo colombiana de Guaviare, en el departamento de Guainía, en diciembre del 2019.

En la alerta se advierte sobre “la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) como las disidencias del Frente Acacio Medina de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) al norte y el oriente del departamento, y del Frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la zona de frontera, que genera amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos individuales, reclutamientos forzados de menores y migrantes adultos, explotación y abusos sexuales, y restricciones a la movilidad”.

Por su parte, la ONG Control Ciudadano calcula desde Caracas que al menos 2.000 combatientes de grupos irregulares colombianos se encuentran en territorio venezolano.

Grupos disidentes de las antiguas Farc y el ELN, establecieron en territorio venezolano una estrategia de trabajo conjunta que en el pasado y en Colombia era impensable. En Colombia, ambos grupos protagonizaron un largo historial de enfrentamientos en la disputa por el control de territorios y áreas de influencia. Para el politólogo e investigador colombiano, Eduardo Álvarez Vanegas, que ha estudiado las trayectorias de los grupos guerrilleros en Colombia, esto es una cuestión de supervivencia: “Tienen que interactuar y tener diálogos en lo táctico y en lo instrumental, y para ello tienen que coordinar. Ambas fuerzas coinciden en el fracaso del acuerdo de paz. En ese sentido están siendo pragmáticas y se estableció entre ellas un pacto de no agresión. Dudo sobre una alianza, pero sí coordinación”.

En los audios de la asamblea, los guerrilleros colombianos del Frente Acacio Medina aseguran que el gobierno de Venezuela, que hoy los combate, les había dicho: “Tenemos el deber moral de prestarles la casa para que se reorganicen, vivan un tiempo, trabajen y sigan la lucha”. "Somos amigos, somos aliados”, concluye uno de los voceros de las disidencias de las Farc para dar fe de la relación y coordinación que los guerrilleros decían sostener para ese entonces con el régimen de Maduro.

Repliegue táctico

El Frente Acacio Medina es viejo. Al menos tiene nueve años. Es consecuencia de una política diseñada por las Farc a partir de una decisión de su VIII Conferencia, celebrada en abril de 1993 en el Guaviare, otro departamento de la Orinoquia colombiana. En el congreso se determinó la conveniencia de aumentar la presencia de la guerrilla en la frontera para diversificar sus finanzas y planificar posibles repliegues tácticos a países vecinos.

Así que el Frente Acacio Medina reunió girones de los frentes 1,7, 16, 27, 40, 42, 43, 44 y 55, y tuvo su acto fundacional en 2012 en las riberas del río San Miguel del municipio Maroa, en territorio venezolano, un dato que fue ratificado por uno de los comandantes guerrilleros de las Farc disidentes que hablaron en la asamblea de Pendare. “Desde entonces hemos estado haciendo presencia”, dijo el uniformado, reivindicando una tradición.

El investigador Eduardo Álvarez Vanegas explicó que entre 2007 y 2008 las Farc ubicaron tres compañías, identificadas como Isaías Pardo, Alberto Ruiz y Lorenzo Linares, en zonas de frontera con Venezuela y Brasil. La finalidad de esos aliviaderos en la selva era la de servir de baluartes para algunos guerrilleros marquetalianos (los más antiguos en las Farc), que por su edad y condición física no estaban más en capacidad de participar en las operaciones militares. Fueron reubicados en la frontera, donde podrían ser tratados médicamente y apoyar la logística de la organización guerrillera. A partir de este momento, las Farc advierten la importancia de la frontera, no solo como zona de retaguardia, sino también como área estratégica para sus finanzas, abastecimientos logístico, médico, armamento y avance político tanto nacional como internacional.

En 2018, Armando.info pudo seguir la pista del avance del Acacio Medina en la selva venezolana. Para entonces, el Frente había penetrado por el río Atabapo y tomado el control de los yacimientos auríferos en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el municipio Atabapo de Amazonas, donde cobraban y continúan recaudando vacuna a cambio de seguridad.

“Los pueblos indígenas de Yapacana hacen parte de la explotación minera, donde nosotros hacemos presencia, claro. Tenemos reuniones permanentes. Las comunidades cobran una cuota, la Guardia Nacional Bolivariana cobra una cuota y a la guerrilla nos toca una cuota por seguridad”, reveló en la asamblea de febrero de 2020 uno de los voceros de las disidencias de las Farc.

Las declaraciones del insurgente sugieren que el Acacio Medina y el ELN ya habían avanzado para esa fecha hasta territorios del estado Bolívar, mucho más al norte y al este,  donde se concentran grandes yacimientos minerales que ahora explotan en el marco del llamado Arco Minero del Orinoco, una agresiva iniciativa extractiva desarrollada por el gobierno de Maduro desde 2016. “En estos días tuvimos reuniones con los 75 líderes del territorio de los pueblos indígenas que están en la explotación minera en Caicara, Manapiare, Parguaza, El Burro, con los asesores del Ministerio de Pueblos Indígenas. Hay minas, hay oro, hay coltán. ¿Quiénes lideran esas reuniones? El Gobierno. ¿A quiénes invitan? Al ELN y a las Farc. ¿Por qué nos invitan? Porque somos amigos y aliados de la vida política y la seguridad nacional del país. ¿El Arco Minero qué necesita? Seguridad en el territorio, y la seguridad no la pueden prestar ni los malandros ni los paramilitares. La prestan la fuerza pública, el gobierno, los pueblos indígenas y las organizaciones revolucionarias amigas”, se oye en el audio filtrado.

Oponerse al Arco Minero del Orinoco en la región puede costar la vida. Así le ocurrió a Freddy Menare, miembro fundador de la organización piaroa Oipus, quien la noche del 12 de mayo de 2017 fue asesinado por sicarios que le dispararon por la espalda mientras caminaba por la avenida Orinoco de Puerto Ayacucho.

Menare también se oponía al megaproyecto gubernamental, así como a la presencia de grupos armados irregulares y de las mafias mineras que operan en la zona en connivencia con los militares. El crimen fue repudiado por la propia Oipus y por el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, que destacó que el asesinato “se da en un contexto de criminalización de la protesta indígena contra los proyectos extractivistas que amenazan los territorios del pueblo Uwottuja de la Cuenca del Sipapo del Estado Amazonas”.

La nueva resistencia indígena

Desde 2013, los miembros de Oipus han liderado la resistencia a esa conquista de sus territorios. Por eso no es de extrañar que estén en la línea de fuego. Pero la violencia es un escenario que los guerrilleros prefieren evitar. De hecho, cada vez que pueden expresan su respeto a las posturas de los pobladores originarios, aunque sin acatar sus demandas de fondo. Durante el encuentro en Pendare dejaron claro que van a evitar confrontaciones con las comunidades locales. Según expresaron los voceros de los irregulares, los acuerdos de cooperación deben lograrse a través de “mecanismos de dotación y satisfacción de necesidades”, en estas regiones distantes de la administración central, aisladas y empobrecidas.

“Las Farc es una organización del pueblo y para el pueblo, que trabaja con el pueblo y convive con el pueblo. Nosotros lo tenemos claro y el gobierno nos lo ha exigido: no se metan en las comunidades indígenas que no autoricen la presencia de ustedes. ¿Qué nos han dicho los superiores a nosotros? Comunidad indígena que no quiera que ustedes lleguen, no lleguen. Colaboren con las comunidades indígenas. También nos han dicho los generales y el mismo Gobernador: si ustedes pueden colaborarles a los pueblos indígenas, colabórenle”,  se esforzó en aclarar el representante de la Farc, quitando hierro a su presencia.

Por su parte el representante del ELN dijo: “Donde quiera que nosotros llegamos pedimos permiso. El ELN o los camaradas de las Farc no estamos reclutando a nadie. El que se incorpora lo hace voluntariamente. Sin embargo, no estamos autorizados para incorporar indígenas al ELN. La lucha guerrillera en Colombia es histórica y de origen campesino. La Farc y el ELN nacen como respuesta de los campesinos organizados en la defensa de la tierra. Por eso nos preocupa, y con respeto nos duele, que un territorio indígena nos diga que no podemos estar ahí porque no estamos defendiendo el territorio”.

Para el académico Álvarez Vanegas luce claro que la guerrilla colombiana ha aprendido a manejarse con las poblaciones locales: “Hay una relación de vieja data por las mismas dinámicas locales de confrontación y las necesidades de la guerrilla. Hay un aprendizaje político, hay una injerencia en esos territorios y cualquier acción que afecte a las poblaciones locales tendrá costos. Por eso evitan las expresiones violentas o cualquier comportamiento predatorio”.

Defender el territorio

En la asamblea celebrada en Pendare, 287 indígenas "provenientes de los sectores Coromoto Cuao, Caño Gato, Caño Venado, Isla de Lecho, Cayo Grulla, Caño Guaca, Barranco Tonina, Caño Guama, Caño Piojo, Caño Grulla II (Arakji), Puerto Esperanza, Piedra Tonina, Mavaco de Autana, Caño Rana, Boca de Cuao, Manaca, Laguna Bagre, Laguna Moriche, Sardinita, Raudal de Sefuera y Monte Negro”, fueron enfáticos en su “decidida postura de defender el territorio” y rechazaron la supuesta autorización que el gobierno venezolano habría dado a los guerrilleros para ocupar ciertas áreas.

“El presidente [Maduro] se equivocó con nosotros, la Constitución dice que el gobierno tiene que consultar antes de hacer cualquier cosa, ya sea minería o para que esté en nuestro territorio la fuerza que ustedes representan. A nosotros nunca nos consultaron, ese es el primer error de este gobierno. Por eso nosotros estamos defendiéndonos”, dice uno de los indígenas que participó en la asamblea.

“Las acciones que vamos a tomar son de manera pacífica. Nosotros no nos vamos a matar entre nosotros. Nosotros somos gente pacífica, pero no somos tontos. Nosotros sabemos las actividades que ustedes hacen”, también afirmaron los voceros indígenas, quienes además se quejaron de los conflictos internos que se han presentado entre familias “porque un reducido número de personas de las comunidades aceptaron unirse a cambio de los beneficios económicos”.

También mencionaron que ya hubo un primer enfrentamiento con los irregulares en noviembre del 2019 en el sector del Alto Guayapo, otro río del municipio Autana, donde estos grupos armados habían logrado pasar maquinarias para explotación y extracción de minerales de manera ilegal.

En la asamblea de febrero del año pasado, los indígenas acordaron aumentar la presión hacia los guerrilleros mediante el cierre del paso de los ríos y la creación de una “Guardia Territorial Indígena”, una figura que han instalado otras comunidades ante el auge de la minería ilegal y la presencia de grupos armados en sus territorios.

Los guerrilleros pidieron a los indígenas que no cerraran el paso por los ríos, una arteria vital para la movilización y logística de los grupos armados. “Utilizamos los ríos y algunas rutas para transitar. Nosotros nos movemos en el territorio. Las comunidades de arriba saben que nosotros tenemos unos caminos, y las comunidades nos han pedido gasolina, anzuelos, hasta comida. ¿Y qué le hemos quitado a las comunidades? Nada. ¿Qué nos han ayudado las comunidades a pasar por las trochas? La comida, el calzado, los uniformes, el combustible, y les hemos pagado a nuestros compañeros indígenas. Uniformes, balas, fusiles, medicinas, compañeros enfermos. Y en muchos territorios hay pistas donde recibimos armamentos, uniformes, medicamentos, comida, calzado y recibimos compañeros que vienen de otros territorios, porque no nos podemos mover por el territorio colombiano porque nos capturan y nos matan”, dijo uno de los guerrilleros.

Molestos, los voceros indígenas dijeron que, ante la falta de solución a sus problemas, acudirían a instancias internacionales. “Eso sería una traición a la patria”, contestó el vocero identificado como miembro del ELN.

Finalmente, los guerrilleros se retiraron de la comunidad con la promesa de comunicar al alto mando de ambas fuerzas el reclamo. En los siguientes seis meses, los piaroas confirmaron que los guerrilleros habían mudado sus campamentos a las riberas del río Orinoco, pero solo por un breve lapso. Al poco tiempo volvieron a adentrarse al este, a las orillas de los ríos Sipapo, Cuao, Autana y Guayapo, donde cada día aumenta la tensión.

El 15 octubre del año pasado la asamblea de Oipus pidió al gobierno venezolano protección para sus miembros, debido a amenazas que recibieron de grupos armados dedicados a la minería ilegal. La intimidación se inició cuando los integrantes de la guardia indígena retuvieron embarcaciones cargadas con combustible, que posiblemente iban a ser utilizadas en actividades de minería. Los indígenas decidieron impedir el paso del grupo para así evitar que el combustible llegue hasta la cabecera de la cuenca, en los ríos Autana y Guayapo, vitales para su supervivencia. Las escaramuzas se suceden en ese sector del Orinoco medio y pueden dar paso a un conflicto abierto.