Se trata de una de las corporaciones de refinación, fabricación y comercialización de oro más extendidas del mundo, que por tres años fue investigada por una fuerza de tarea conjunta liderada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), pesquisas que incluso llevaron a funcionarios estadounidenses a recomendar en 2014 que la empresa fuera designada como una amenaza de lavado de dinero utilizando la Ley Patriota, en base a todas evidencias que habían acumulado. El gobierno de Estados Unidos decidió cerrar el caso por consideraciones diplomáticas con sus aliados emiratíes, pero las alertas llevaron a que algunos bancos les cerraran las cuentas y perdieran una importante certificación de su principal refinería.

¿Por qué la megacorporación del oro fundada en Dubái depositó miles de dólares a las cuentas bancarias en el extranjero pertenecientes a una empresa pesquera, un instituto oncológico, una editorial de medicina y odontología, el propietario de una panadería y el dueño de una importadora en Venezuela, todos sin aparente relación con el sector aurífero?

Las inusuales transacciones entre Kaloti y sus contrapartes venezolanas, en las que mediaron bancos extranjeros que operan en jurisdicciones de "alto riesgo", levantaron las alarmas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiga pistas en el sistema bancario relacionadas con lavado de dinero, crimen organizado y terrorismo.

La filtración de más de 2.100 reportes de actividades sospechosas (en inglés Suspicious Activity Report, o SAR), obtenida por BuzzFeed News, compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a la que tuvieron acceso más de 400 reporteros de 88 países para dar origen a la investigación global de los FinCEN Files, reveló que entre 2011 y 2012 Kaloti transfirió al menos seis pagos a dos particulares y tres compañías registradas en Venezuela que suman un total de 420.070 dólares, equivalentes a unos 8,4 kilos de oro, según el promedio de la cotización del metal en esos años. Una cifra que podría lucir intrascendente ante los montos y volúmenes del mercado internacional del oro, pero que en realidad se suma a las miles de operaciones que efectuó la transnacional a un centenar de compañías en otros países de América Latina, Asia y África, tal como registran los documentos de FinCEN.

De hecho, las operaciones bancarias de Kaloti Group identificadas como dudosas por el Departamento del Tesoro estadounidense totalizan miles de transferencias por un valor de 9.300 millones de dólares, realizadas entre 2007 y 2015 a través del sistema financiero internacional. Uno de cada cuatro de los SAR recogidos en la filtración están relacionados con el comercio del oro. Venezuela figura como el tercer país con mayor número de reportes de actividades sospechosas de estar vinculadas con lavado de dinero a través del comercio de oro. 

Que un nombre de persona o empresa aparezca en un SAR del Departamento del Tesoro norteamericano no es una buena noticia, pero no necesariamente es indicativo de algún delito o conducta criminal. Los bancos en Estados Unidos están obligados a enviar a la FinCEN informes que indiquen si se "sabe, sospecha o tiene alguna razón de sospechar" que una transacción tenga un origen ilícito o dudoso objetivo de negocio. No son en sí denuncias formales, pero alertan a las autoridades sobre posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la corrupción, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo. En los FinCEN Files no está sino una mínima fracción de la totalidad de los millones de informes emitidos durante los años analizados.

Si bien las empresas venezolanas que recibieron pagos de Kaloti fueron registradas en el país, las transacciones se hicieron entre cuentas de bancos internacionales por orden de compañías domiciliadas en “sitios conflictivos” como Curazao y Guyana -ambos fronterizos con Venezuela, por el norte y el este- justo en una época en la que regía el control de cambio implantado por el gobierno chavista desde 2003, que bajo la gestión de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) bloqueaba la libre convertibilidad de la moneda y, por lo tanto, el intercambio entre cuentas bancarias de bolívares venezolanos a dólares.

Aunque el objeto de estas operaciones bancarias fue descrito como "comercialización de oro" por la empresa emiratí, no hay registro de exportaciones por parte ni de las empresas venezolanas ni de los particulares involucrados. En los balances aduaneros de los años que figuran en los reportes a la FinCEN no existe la venta de lingotes dorados provenientes de Venezuela ni a Kaloti ni a ninguna otra compañía extranjera, según recoge la base de datos de comercio internacional Import Genius.

Las transferencias de Kaloti por concepto de “comercio de oro” a empresas venezolanas ocurrieron entre 2011 y 2012, cuatro años antes de la creación por decreto del controversial Arco Minero Minero del Orinoco, un megaproyecto de minería concebido y anunciado por Hugo Chávez en 2011, e instaurado definitivamente por Nicolás Maduro para la explotación de materiales estratégicos, que derivó en una cantera de corrupción, devastación ambiental, masacres y desapariciones. También ocurrieron antes de que fuera establecido por ley el monopolio de la comercialización del oro por parte del Estado, cuando las reglas de la compra y la venta del oro explotado en las minas del sur del país eran más inciertas. El Banco Central de Venezuela (BCV) es el organismo que autoriza la venta del material aurífero tanto dentro como fuera del país.

Las empresas señaladas tienen en común alguna formalidad estructural como identificación fiscal, registro de empresa, y reporte de importación de mercancía con su correspondiente registro en aduana. Dos de las cinco compañías aparecen además en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), aunque en la actualidad figuran como inhabilitadas para contratar con el Estado. Pero en todos los casos resultó difícil conseguir el contacto y sede física a partir de la dirección, correo electrónico y números telefónicos reflejados en los SAR y algunas cuentas de redes sociales. La falta de datos muestra también las dificultades que pueden enfrentar los bancos de Estados Unidos, ubicados en la primera línea de prevención del lavado de dinero pero a mucha distancia de sus investigados, para seguir las trazas del dinero que consideran sospechoso.

Una de las irregularidades que con más frecuencia reportan los ejecutivos de cumplimento de los bancos a la FinCEN, en casos relacionados con Kaloti, es que la compra y venta de oro no parece ser la actividad regular de los beneficiarios de sus transacciones. Asoman que los movimientos bancarios sospechosos se inscriben dentro de patrones de lavado de dinero estudiados por la DEA y organizaciones como Global Witness. 

Pero en el caso de Kaloti y las empresas venezolanas se encuentra una particularidad. Un grupo de pequeñas y medianas empresas venezolanas sin relación entre sí y desconectadas del sector aurífero quedaron envueltas en inusuales transacciones entre comercializadoras de oro extranjeras que se valieron del control de cambio en Venezuela para ejecutar esas operaciones identificadas como sospechosas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y lo hicieron sin proponérselo.

Una deuda de pescado

Cuando vio el nombre de Kaloti Jewellery International en el balance bancario de su empresa pesquera, Alí Saab Saab tuvo un mal presentimiento. ¿Por qué una joyería extranjera le estaba transfiriendo los más de 100.000 dólares correspondientes al pago pendiente de la deuda acumulada de un cliente por compra de pescado? “Esto nos puede traer problemas”, pensó con inquietud. Pocos meses después, el First Bank of Miami cerró la cuenta corporativa y, nueve años más tarde, el nombre de la mediana compañía ubicada en Güiria, al extremo oriental del estado Sucre, apareció en la filtración de los FinCEN Files como receptora de una transacción sospechosa que relaciona a la corporación del oro de Dubái y la comercializadora El Dorado Trading, ubicada en Guyana.

Según el reporte de actividad sospechosa de marzo de 2012, en referencia a Inversiones Rosu C.A., el First Bank de Miami señaló que el 19 de diciembre de 2011 Kaloti Jewellery Internacional hizo dos transferencias por un total de 109.452 dólares a beneficio de la empresa pesquera de Güiria desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres, usando la entidad intermediaria Deutsche Bank Trust de Nueva York, por concepto de "comercio de oro por orden de El Dorado Trading”.

El banco estadounidense confirmaba en su reporte que la empresa de los hermanos Roston, Rafik y Ali Saab Saab, se dedicaba a la industria pesquera y operaba cuatro barcos con autorización para trabajar en Venezuela, Surinam, Guyana y la costa del Atlántico Sur hasta Brasil. En el documento ante la FinCEN, el First Bank de Miami explicó que las  transacciones (de Inversiones Rosu C.A) no parecían tener “un razonable propósito y se desvían de la actividad esperada por el cliente”. También dijo que el cliente “no pudo proporcionar documentación para respaldar las transacciones”.

Alí Saab Saab aseguró, en una entrevista hecha para esta nota el 23 de septiembre de 2020, que no había manera de presentar documentos de una transacción en un país de extrema informalidad financiera y poca fiscalización como Guyana, operación por la que además no fueron previamente consultados. Lo dice quien es oriundo de una región de Venezuela ahora azotada por el contrabando de gasolina, narcotráfico y bandas criminales.

Los propietarios de Inversiones Rosu C.A son tajantes: “Nunca hemos tenido ningún tipo de relación con la empresa (Kaloti Jewellery International Group.), y jamás hemos comercializado con oro. Lamentablemente, todo lo que trajo esa transferencia fue un incidente ajeno a nuestra voluntad y control”.

En una respuesta enviada por email el 23 de septiembre, Saab Saab despeja las sospechas sobre las embarcaciones de la empresa en aguas extraterritoriales. "Güiria siempre se ha caracterizado por ser un área de producción pesquera y agrícola. Es costumbre que toda las embarcaciones pesqueras, llámese pargueras y polivalentes, tanto de Güiria, como de otros puertos del Oriente, realicen faenas de pesca en aguas de Guyana, Surinam e incluso Guayana Francesa, con licencias legales obtenidas o auspiciadas por los clientes que existen en esos puertos, permitiendo descargar o vender parte de la producción pesquera”.

Saab Saab confirmó que aquel cliente de Guyana les adeudaba varias faenas o campañas de pesca. “El hecho de que esos fondos fueran abonados a nuestra cuenta sin nuestro consentimiento en lo que respecta al remitente de la transferencia, nos costó no solo la relación comercial, sino también el cierre de la cuenta. Inclusive, los fondos fueron abonados sin control previo por parte del banco, que de haberlo realizado, nunca habríamos aceptado el depósito de los mismos".

Descartan asimismo cualquier vinculación con El Dorado Trading. "No existía relación con esa empresa; obviamente exigimos una explicación a nuestro cliente en Guyana, que sin consultarnos o solicitar nuestra autorización pidieron por su cuenta que nos hicieran la transferencia cuyo concepto original era producción pesquera".

Derecho de autor

Un caso similar ocurrió con Actualidades Médicas y Odontológicas Latinoamericana, Amolca C.A, una editorial de textos de medicina fundada hace 36 años en Caracas y que en 2019 mudó su sede principal a Medellín -capital del departamento de Antioquia, en Colombia- empujada por la crisis generalizada de Venezuela, aclararon sus propietarios. Conservan la oficina de la capital venezolana en un pequeño edificio, tan discreto como desvencijado, del este de la ciudad.

En un informe de actividad sospechosa de la FinCEN de diciembre de 2011, el Ocean Bank de Miami reportó que Amolca C.A registró actividades sospechosas con algunos giros provenientes de ubicaciones geográficas de “alto riesgo”, como Emiratos Árabes Unidos y Siria. Agregaron que la actividad era inconsistente con el negocio y la historia del cliente.

El SAR reporta que en diciembre de 2011 la empresa, propiedad de Rafael Angel Cortez, Margarita Florez de Cortez y Guillermo Cortez, recibió un pago único de 9.976 dólares por parte de Kaloti Jewellery International de Dubái a través de la cuenta del Deutsche Bank y del intermediario Deutsche Bank Trust de Nueva York por concepto de “comercio de oro al cuidado de Haig’s Internacional N.V”. Identificaron esta operación como “inusual” y “altamente irregular” emitida desde una jurisdicción “de alto riesgo” y relacionada a una actividad comercial muy diferente a la editorial.

En su momento, a Margarita Florez de Cortés, una de las propietarias de Amolca C.A, le extrañó recibir en su cuenta del Ocean Bank -un banco de inversionistas venezolanos en el sur de Florida- un depósito de casi 10.000 dólares por parte de una “joyería internacional”.

En diciembre de 2011, relata, la editorial necesitaba obtener divisas para cubrir algunas operaciones en el extranjero para la compra y venta de derechos de autor, por lo que debieron recurrir al mercado negro, costumbre arraigada en la Venezuela de aquellos años sumida bajo el control cambiario que solo permitía el acceso a dólares preferenciales a reducidos sectores de la economía, como los de alimentos y medicinas.

“Aquella transacción fue producto de la compra de dólares en el mercado secundario a una persona que nos recomendaron para cambiar las divisas a fin de honrar compromisos de la editorial en el exterior. La operación se hizo de esa manera debido al control cambiario en Venezuela; era además una práctica común que hacían las empresas que tenían compromisos en el exterior”, aseguró Florez en una carta enviada a los redactores de este reportaje, con fecha del 21 de septiembre de 2020. En ese tiempo regía, sin embargo, la Ley de Ilícitos Cambiarios que establecía multas y prisión a quienes compraran o vendieran divisas fuera del Banco Central de Venezuela, una legislación que solo fue derogada en 2019.

La propietaria de Amolca C.A subraya que se trató de una operación puntual y no consecutiva que se efectuó hace nueve años. Asegura que no conserva detalles de esa transacción, de modo que no puede informar sobre la identidad de la persona en Caracas que gestionó el cambio de bolívares a dólares, o si se hizo mediante cheque o transferencia bancaria: “Con la mudanza, se desecharon muchos documentos que la empresa no consideró importantes”. De lo que sí está completamente segura, insiste, es que la editorial nunca vendió oro y jamás tuvo relación ni con Haig’s International ni con Kaloti.

¿Por qué Haig’s International, una comercializadora de oro afincada en Curazao, de conocida gestión en el mercado global, querría tener una moneda tan devaluada como el bolívar fuerte venezolano en 2011? La respuesta podría apuntar hacia el sur minero del país. Para aquel año en que Hugo Chávez nacionalizó la actividad aurífera en Venezuela, la compra y venta del oro en la región minera del estado Bolívar aún se efectuaba con bolívares y en efectivo. Además, denuncias oficiales y reportajes periodísticos han confirmado que la antigua antilla neerlandesa ha servido de puente para la legitimación del oro venezolano promoviendo su salida legal hacia el mercado internacional. Sin embargo, como más adelante se verá, los propios ejecutivos de Haig's niegan haber tenido ese interés. 

Un apartamento y la banca clandestina

Un esquema parecido se aplicó con el Instituto Oncológico del Occidente, centro de salud especializado registrado en 1981 en Maracaibo, capital del estado Zulia, extremo noroccidental del país.

En un reporte de actividades sospechosas de finales de 2012 destaca la suspicacia del Century Bank en torno a la familia propietaria de la clínica zuliana, José Luis Padilla Viloria, Mirna Yolanda Parra de Padilla y María Carola Padilla Parra, así como también sobre el emisor de la transacción, Kaloti Jewellery International de Dubái. En el documento sus oficiales de cumplimiento informan que la operación resultaba "una actividad que no está en línea con su actividad habitual" y que los titulares de la cuenta abierta en 2009 no podían presentar documentación que la justificara.

Según el reporte del banco donde se analizaban los movimientos, no quedaba claro el objetivo del depósito de 165.690 dólares a los propietarios de ese centro para el tratamiento de cáncer, realizado el 23 de julio de 2012 por parte de Kaloti desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres, usando como banco corresponsal el Deutsche Bank NYC y cuyo objetivo de pago era, de nuevo, el "comercio de oro" por parte de Haig's International.

Hacia 2012, Haig’s International, ubicada en la zona franca de Curazao, contaba con 25 años de experiencia en comercio, transporte y distribución de metales preciosos. “No se encontró relación entre los clientes del banco y el emisor de la transferencia (Kaloti) o la comercializadora de oro de Curazao (Haig’s)”, indicó el documento agregando que “no se puede asegurar la legitimidad de la transacción que parece ser un pago a terceros”, que los oficiales de cumplimiento describieron en el SAR “como un mecanismo o red de personas que reciben dinero con el fin de hacer equivalencias de los fondos de terceros en otra ubicación geográfica”.

Estas operaciones entrarían en un sistema informal de transferencia de valor  o IVTS (por las siglas en inglés de Informal Value Transfer System) que se maneja fuera del sistema bancario convencional a través de instituciones financieras no bancarias u otras entidades comerciales, la llamada “banca clandestina”.  Se trata de un mecanismo o red de personas que reciben un monto de dinero cuyo valor equivalente es pagadero a un tercero situado en otra ubicación geográfica, como algunas redes de envío de remesas, por ejemplo. Es lo que podría haber ocurrido con las empresas venezolanas en cuestión salvo por un detalle: según las evidencias por ahora disponibles, no estaban al tanto de que formaban parte del sistema de intercambio.

Por la versatilidad y anonimato que proporciona al usuario, este sistema puede ser muy atractivo para cometer ilícitos como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades criminales, evalúan expertos. 

Las severas restricciones que impuso desde 2002 el régimen cambiario en Venezuela derivaron en el surgimiento de un mercado negro de divisas, un espacio de compra y venta ilegal de dólares, principalmente, que no solo promovió la masiva fuga de capitales y de dinero público, a pesar de las penas previstas por la la Ley de Ilícitos Cambiarios que el chavismo promulgó en su oportunidad. También permitió a venezolanos anónimos tener acceso a dólares y plegarse a esquemas de operaciones poco transparentes y al menos cuestionables, como la que tanta suspicacia despertó entre los analistas de los bancos que reportaron a la FinCEN.

El Ocean Bank consultó en su momento a María Carola Padilla Parra, quien aseguró que la transferencia de 2012 era producto de la venta de un apartamento en Caracas, en el capitalino municipio de Baruta -un coto de clase media en el sureste de la capital venezolana- e incluso presentó la fotocopia del contrato por 3,38 millones de bolívares (786.046 dólares a la tasa de cambio oficial de 2012). En esa rendición de cuentas del cliente al banco, ni Kaloti de Dubái ni Haig’s International V.D. de Curazao fueron mencionadas.

El Instituto Oncológico de Occidente es un conocido centro para tratamiento del cáncer en Maracaibo, cerca de la transitada avenida Las Delicias de la capital zuliana. Ninguno de los teléfonos fijos que se mencionan en su cuenta de Instagram funciona, y el último post informativo colgado en esa red social data de septiembre de 2019. Sin embargo, se pudo comprobar que el instituto sigue activo, recibiendo pacientes incluso durante la pandemia de Covid-19. Sus propietarios no respondieron a las peticiones de entrevistas enviadas los días 21 y 24 de septiembre de 2020 por vía de correo electrónico para este reportaje. Pero sí se logró obtener la versión de la compradora del apartamento vendido por la familia Padilla en Caracas, que confirma el esquema aplicado en las sospechosas operaciones de Kaloti con titulares venezolanos de cuentas bancarias.

A.V. (quien pidió mantener su nombre en reserva) es gerente en uno de los principales bancos de Venezuela. Compró en 2011 el inmueble ofrecido por los Padilla, quienes para el momento residían en Miami. Pagó una inicial con un cheque en bolívares y contrató un crédito hipotecario aprobado por la misma entidad bancaria donde trabaja desde hace 13 años para cubrir el resto de las cuotas valuadas en moneda venezolana. El contrato de la venta del apartamento fue firmado en Caracas por Héctor Luis Parra Mejías, tío de María Carola Padilla, en calidad de apoderado. No hizo ninguna transacción con oro para pagarlo. 

Para A.V., la sorpresa no pudo ser mayor al enterarse, ocho años después, de que aquella inicial por el apartamento que pagó en bolívares había sido presentada por la vendedora del inmueble como justificación de los dólares supuestamente recibidos de una comercializadora de oro en Curazao. Y de que su nombre aparezca entre los movimientos bancarios sospechosos reportados ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. "No tengo ninguna vinculación con Kaloti, ni Haig's ni ventas de oro. Tras concretarse la compra del apartamento, no supe más de los Padilla".

La historia de las transacciones de Kaloti en Venezuela alcanzaron a un panadero portugués. En un reporte que alude a una transacción de 2011, se detalla la transferencia de 34.976 dólares por parte de Kaloti a través del Deutsche Bank. El beneficiario principal de esta transferencia fue Evangelista Antonio da Conceiao (aunque en el SAR está registrado como Antonio Evangelista da Conceiao), descrito como propietario de una panadería en Venezuela.

Esa panadería a la que hace referencia el SAR estaba ubicada en Barquisimeto, capital del estado Lara, y aparece registrada en el documento como Pan Norte, C.A. Sus abogados panameños, del grupo Castillero, Sieiro & Asociados, se limitaron a confirmar tanto el fallecimiento de Evangelista Antonio Da Conceiao en 2019 como la autenticidad de la información del SAR respecto de la propiedad de la panadería Pan Norte, vendida a mediados de la década de 2010.

Otra transacción calificada de “alto riesgo” une a Kaloti con Venezuela. A juzgar por los involucrados, esta vez, una parte de 99.976 dólares saltaron de tierra firme a una isla: de Lechería, en el estado Anzoátegui, a Porlamar, en la famosa y ahora económicamente deprimida isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.

El comienzo de estos movimientos se sitúa en marzo de 2011. El monto inicial, una vez más, partió de una transferencia de Kaloti a una cuenta personal de Jorge Enrique Navarro Ordóñez.

En Linkedin, Navarro Ordóñez se presenta como egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y como ex director de zona del Banco Provincial -marca en Venezuela del español BBVA-. Desde 2008, según ese mismo perfil, es director de Orientinvest, C.A. No hay website oficial que exponga datos de la compañía. Tampoco los sitios externos: en Import Genius hay apenas una mención sobre operaciones en 2010. En su foto de perfil se ve a Navarro Ordóñez, de chaqueta y casco, escoltado por una moto de alta cilindrada.

Navarro Ordóñez y Orientinvest aparecen en ese reporte de actividad sospechosa. “Se trata de una cuenta comercial a nombre de Orientinvest, C.A., que fue abierta el 23 de marzo de 2011. La compañía fue registrada el 7 de marzo de 2008 en el estado Anzoátegui. Los directores son el señor Navarro Ordóñez y Luis Arturo Salazar Martínez. Se dedican a la importación y comercialización de productos pesados y equipo para uso industrial”.

Tres elementos llamaron la atención a los agentes bancarios. El primero fue que las transferencias electrónicas “para personas físicas y entidades comerciales” se mueven en bancos con sedes “extraterritoriales”: Curazao, Antillas Neerlandesas y las Islas Caimán. El segundo factor: con el seguimiento a las transacciones, en un lapso de doce meses entre 2011 y 2012, se corroboró que los fondos “se desembolsan a través de transferencias electrónicas a una lista de personas físicas y entidades para que se acrediten en sus cuentas en otras instituciones financieras de Estados Unidos”. Lo tercero es la complejidad de las transacciones: un vaivén de transferencias que saltan de una empresa pequeña (literalmente: en su haber cuenta con un solo trabajador), como Desarrollos Galope (con sede en la avenida Libertador, en Caracas), a la cuenta de Navarro Ordóñez.

Una de esas transacciones fue por 13.200 dólares desde la cuenta de Navarro a la cuenta de la empresa Alidelta, con sede en el estado Nueva Esparta. Su propietario es Luis Alexander Paredes Guillén.

Paredes Guillén accedió a conversar por vía telefónica para este trabajo. Lo primero que aseguró fue que no conoce ni a Navarro Ordóñez ni a su empresa. ¿Cómo explica entonces las transferencias? Un caso similar al de Amolca, la obtención de divisas en la aridez cambiaria de Venezuela, podría explicar el vínculo desconocido. 

Alidelta es parte del Grupo Diorca, una distribuidora de alimentos fundada en el oriente del país en el año 2000. “Representamos a Colombina [empresa colombiana productora y distribuidora de alimentos] en el oriente del país. En 2009, 2010 y 2011 comenzaron las dificultades cambiarias. El sistema bancario no satisfacía la necesidad que teníamos para distribuir 30.000 cajas en el oriente para Colombina. Cuando se secan las arcas del Estado, quedamos con una deuda con Colombina. Las casas de cambio no existían”, explica.

La desaparición gradual de las casas de cambio (había más de diez cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999) fue una de las consecuencias del régimen de control cambiario. Hubo cada vez menos divisas por los controles, lo que llevó a muchas empresas a buscar alternativas mientras boqueaban en la marea inflacionaria. En junio de 2020 se anunció la reapertura de algunas casas de cambio. 

Fue en ese dilema, el de subsanar una deuda en divisas, cuando Navarro Ordóñez y Orientinvest aparecieron, según lo que deduce Paredes Guillén. “A través de alguien que trabajaba en una casa de bolsa comprábamos divisas. Él nos daba la cuenta, nosotros depositábamos los bolívares y recibíamos los dólares. No sabíamos de dónde venían y eso fue todo lo que sucedió. Eso puede explicar una de las transferencias que recibió Alidelta”, añade.

Interrogado sobre Kaloti, asegura que no ha escuchado sobre esa empresa. “No supe de una investigación (...) No tenemos nada que ocultar y tenemos más de 20 años en esta actividad”.

Para este reportaje se intentó establecer contacto con Navarro Ordóñez a través de Matthyse y Asociados, la firma de abogados que representaba a su empresa en Panamá, Victoria Consulting Group; y a través de Lazarus Corporate Filing Services, la empresa de servicio de archivo corporativo que registró Oriente Invest Group LLC en Miami, Estados Unidos. Ambas empresas están inactivas.

Salvo en el caso de Inversiones Rosu, cuya cuenta fue cerrada por el banco meses después del reporte de sospecha, así como el de Evangelista Antonio Da Conceiao y María Carola Padilla Parra, ambos interrogados por sus correspondientes bancos al respecto, no se conoce que las empresas y particulares que recibieron transferencias de Kaloti hayan sido sancionadas por parte de las entidades bancarias que presentaron los reportes ante la FinCEN. 

Kaloti Jewellery Internacional negó cualquier participación en Venezuela, aunque su nombre aparezca en los estados de cuentas de empresas venezolanas. En una carta de respuesta enviada al ICIJ,  coordinador del proyecto FinCEN Files y socio de Armando.info en este reportaje, el 4 de septiembre de 2020, el portavoz de la corporación aseguró que “nunca (se) ha realizado ningún pago a personas o empresas en Venezuela (de terceros o de otro tipo) en ningún momento". Aseguró además que "Kaloti jamás ha comprado oro a ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento ni ha tenido ninguna relación con el gobierno venezolano ni con ningún miembro del mismo, incluido Nicolás Maduro". Puntualizó también que desde 2013 en adelante, "Kaloti se ha negado a comerciar con cualquier entidad que identificara, o le diera a Kaloti una sospecha razonable para creer que el oro venezolano podría estar en su cadena de suministro”.

Una explicación que se inscribe en el hecho de que las transacciones realizadas entre 2011 y 2012 se realizaron entre cuentas de bancos fuera de Venezuela, aunque los titulares fueron venezolanos.

Los intermediarios

Como parte de las transferencias que hace Kaloti a las empresas venezolanas desvinculadas del sector oro, resaltan dos traders o comercializadoras ubicadas en países que FinCEN califica de “alto riesgo”: Curazao y Guyana. En los SAR analizados, los pagos de Kaloti fueron ordenados por terceras partes identificadas con B/O, siglas en inglés de la frase “by order of” y por concepto de comercio de oro.

Una de las B/O es Haig’s Internacional, con sede en Curazao, que ordenó al menos tres de las cinco transacciones de la corporación del oro de Dubái entre 2011 y 2012 y que fueron registradas por los informes sobre movimientos sospechosos de FinCEN.

Archak Bedrossian Liberatoscioli, propietario y director de Haig’s International V.D. aseguró que desconoce por completo las empresas venezolanas con las que aparece vinculado en los reportes de actividad sospechosa de la FinCEN. En una carta de respuesta para este reportaje, enviada el 29 de septiembre de 2020, explicó que para 2011 la compañía con sede en Curazao compraba el oro a personas y éstas recibían el pago correspondiente de Kaloti por orden de Haig’s Internacional V.D. “No hacíamos operaciones de cambio de divisas. Kaloti es una refinería que pagaba el oro directamente a los vendedores por indicación de nosotros que nos encargábamos de verificar el peso y calidad y por ello nos ganábamos una comisión. Estamos hablando de pequeñas cantidades, prendas de oro, llamada también chatarra de oro”.

Bedrossian explicó también que entre 2011 y 2012 el oro subió de precio —como está ocurriendo en 2020— y mucha gente optó por vender sus ahorros en el metal. “Nuestra actividad principal en Curazao siempre fue comprar oro que luego exportábamos a las refinerías en el extranjero como Kaloti, que desde Dubái pagaba la mercancía a los vendedores vía transferencia a terceros y así los clientes recibían su pago de manera más fácil y rápida. Las operaciones en Curazao, por la aduana y vía Dubái, eran todas legales”.

El trader agregó que en aquellos años el venezolano trataba de salvarse de la devaluación y viajaba con sus prendas de oro hasta Panamá, Miami, Nueva York, Bogotá y el Caribe a vender el oro y cambiarlo por divisas fuertes. “Nosotros aprovechamos ese comercio físico del oro”.

El director de Haig’s remarca que nunca actuó como cambista. “No necesitaba ni usaba bolívares porque el oro no lo comprábamos en Venezuela sino en Curazao, donde ningún cliente quería que le pagaran en bolívares sino con dólares. Cuando pagábamos en dólares, o en florines, no era en efectivo. Todo el oro comprado se pagaba a través de transferencia bancaria y salía exportado legalmente por la aduana”.

Haig’s International es una empresa dedicada a la importación, exportación, compra, venta, procesamiento, y refinación de oro, así como su embalaje y transportación en el mercado internacional, registrada en 1994 con un capital de 200.000 dólares, según indica su ficha del registro mercantil ubicada en Willemstad, la capital de Curazao. Archak Archie Bedrossian Liberatoscioli es un economista venezolano que desde hace tres décadas se ha dedicado al comercio de oro en la región, especialmente con el proveniente de Venezuela. En mayo de 2018, tras recibir el mote de Zar del oro por parte de la prensa de la ex antilla neerlandesa, fue detenido por la policía RTS holandesa en Curazao, a petición de parte venezolana, por un presunto “contrabando de oro y blanqueo de capitales”.

Al mes de estar en prisión, Bedrossian fue liberado porque Venezuela nunca presentó las pruebas incriminatorias ante Interpol. En junio de 2018, el Ministerio Público de Curazao confirmó que los cargos no eran por contrabando sino por estafa.

La detención de Bedrossian coincidió con la denominada Operación Manos de Metal, que el gobierno de Nicolás Maduro lanzó en junio de 2018 para “atacar a las mafias de contrabando de extracción de metales” en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, donde se encuentra el controversial Arco Minero del Orinoco. Por esa operación se emitió orden de captura de unas 35 personas por presunta vinculación con la explotación y tráfico de oro ilegales. Una decisión oficial que evidenciaba el desplazamiento de poderes dentro de una compleja estructura instaurada alrededor de la actividad minera al sur del país.

Para el momento de la detención de Bedrossian en Curazao, Haig’s International V.D. ya no comercializaba oro. Detuvo sus operaciones en 2016, según confirmó su director al ser consultado para este reportaje. “Nunca tuve problemas con las autoridades en Curazao y como venezolano tampoco con las autoridades de Venezuela, a excepción del caso particular y falso que me inventaron en 2018. Nunca he sido cuestionado por ninguna autoridad por algún caso en ninguna parte del mundo”.

Además de Haig's, el segundo trader que aparece en las transacciones de Kaloti con Venezuela es El Dorado Trading. Más por algunas conexiones con Kaloti o por pagos de transparencia difusa, esta empresa, con sede en Georgetown, capital de Guyana, fue noticia en octubre de 2019 cuando, en un tiroteo en frente de una de sus oficinas, un comerciante de oro fue asesinado. Pero el propietario del local, Tamesh Jagmohan, siempre ha preferido el bajo perfil, salvo cuando de algún logro se trata, tal y como fue el caso a finales del año pasado, cuando una escueta nota de prensa señalaba que la compañía encabezó las exportaciones de oro en Guyana: 629.000 onzas -alrededor de 17 toneladas- en 2019.

Su nombre figura en la lista de los SAR como uno de los participantes de la red de transferencias sospechosas. Aún cuando el nombre de su empresa está vinculado con un esquema de lavado, Jagmohan argumenta sus “estrictos” procedimientos para blindar cada una de las etapas de sus transacciones de oro. “La documentación generada por esos procedimientos es constantemente examinada por nuestros supervisores locales y extranjeros”.

En respuesta a través de su abogado, Kaloti niega haber participado en un esquema de lavado mediante pagos a terceros, incluido El Dorado Trading. Y Jagmohan deja claro que 2011 fue el año del despegue de sus intercambios con Kaloti. Pero también admite que en un momento prefirió deslindarse. “Alrededor de 2011 comencé a operar oro con Kaloti y todo fue bien hasta que en algún momento del 2014 me encontré con un informe de noticias de la BBC que mencionaba que Kaloti estaba siendo investigado por malas prácticas con el comercio con África. Al enterarme de esto, inmediatamente terminé todos los tratos con Kaloti a pesar de que más tarde me indicaron que habían sido absueltos de todo delito en los procedimientos del tribunal”.

En una segunda carta al ICIJ se muestra menos abierto a aclarar las dudas. Por ejemplo, sobre pagos en efectivo de Kaloti a su empresa. En esa misma respuesta insta al ICIJ y a los medios que participan en la investigación de los FinCEN Files “a evitar las habladurías, las alegaciones especulativas y no verificadas en su prisa por cumplir con sus plazos", pues, según razona, ello podría suponer “la ruina financiera de mi empresa”.

En 2012 Jagmohan fue detenido en el aeropuerto de Miami por no haber declarado 27 lingotes de oro. Tuvo que pagar 40.000 dólares de multa y salió de Estados Unidos con la visa revocada, de acuerdo con un proyecto de investigación multinacional, Mercurio, una mancha en la selva, liderado por el portal Infoamazonia y en el que participó Armando.info, donde además se asegura que El Dorado Trading compró oro venezolano hasta 2019, poco antes de que la Asamblea Nacional de Venezuela lo designara como “oro de sangre”.

El que una corporación del oro de alcance global transfiera miles de dólares a pequeñas empresas en Venezuela sin relación con el sector aurífero y con cuentas bancarias en el extranjero, pagos que a la vez fueron ordenados por comercializadoras del oro que operan en países de “alto riesgo” como Curazao y Guyana, reúne suficientes elementos para identificar un sofisticado esquema de lavado de dinero, analizan expertos consultados.

“Aquí se presenta una dinámica de lavado de dinero en la que Kaloti participa pero no técnicamente”, considera Frédéric Massé, investigador y experto en tráfico de oro.

Massé considera que uno de los esquemas más comunes para lavar el oro ilegal, es crear empresas de maletín de duración temporal o bien utilizar compañías completamente desvinculadas del sector oro que no levanten sospechas. “Intermediarios formales en el mercado aurífero internacional se encargan de comercializar ese ‘material estratégico’ fuera de Venezuela valiéndose de cuentas en bancos ubicados en países sin muchos controles fiscales. De esta manera, una corporación de las dimensiones de Kaloti no compraría el oro directamente a un restaurante o lavandería en Venezuela, por ejemplo, sino a través de traders conocidos en el sector que no averiguan mucho de dónde viene el metal”. Así, dice el especialista, se legalizaría el oro de origen injustificado.

Pero en el caso de Venezuela, se añadiría un eslabón más en la dudosa cadena de las transacciones. Terceras partes fungieron como un nebuloso cash exchange: cambiaron bolívares por dólares a particulares y empresas venezolanas. Con la moneda venezolana era posible comprar el oro en el mercado negro local que luego sería entregado a Kaloti, el comprador original.

Las transacciones escaladas obedecerían a la fórmula de lavado de dinero en la que se suman intermediarios para dificultar la trazabilidad de las operaciones bancarias que de con la emisión de origen, describe Massé. “Mientras más transacciones se registren, más fácil resulta esconder la ruta de las transacciones. Una de las reglas del lavado es multiplicar los intermediarios para borrar la huella que permite dar con la emisión de orígen”.

El sociólogo Fernando Fernández, experto en contrabando de materiales estratégicos, recuerda que en Venezuela existen vacíos legales en materia del oro que son “un incentivo para cometer lavado de dinero y contrabando”. “No hay que olvidar que aún el mundo empresarial de los metales preciosos es un terreno de mucha informalidad y de indiferencia moral donde muchos se tapan los ojos sin preguntar de dónde viene la mercancía por ser una atractiva oportunidad de negocios”, agrega.

El portavoz de Kaloti enfatizó que los pagos a terceros, tal como los que hizo a Inversiones Rosu, Amolca, Instituto Oncológico de Occidente y a los propietarios de Pan Norte y Orieninvest, “no eran ilegales ni generalmente infrecuentes hasta 2013”. Agregó que eran “completamente transparentes” y se hacían en representación de los clientes aprobados. Dijo que identificaban claramente la fuente, el remitente y el destinatario, y que “nunca prestó ningún servicio que no sean aquellos para los que tenía licencia completa” y que “cumplió plenamente con todos los requisitos legales y reglamentarios relacionados con su negocio y todas las transacciones en las que ha sido parte”. El abogado subrayó: “Kaloti nunca ha comprado oro de ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento”.

En 2015 Kaloti instaló una base de operaciones en Surinam, país con el que comercia desde hace décadas, e inauguró una refinería conjunta con el gobierno de Dési Bouterse, la Kaloti Surinam Mint House, sobre la que ha habido denuncias de que pudo haber sido un aliviadero de la frenética extracción en el Arco Minero del Orinoco. El canciller Jorge Arreaza negó en junio de 2019 que el gobierno venezolano tuviera alguna relación con la compañía de oro en Surinam.

Kaloti también aseguró que dejaron de realizar pagos a terceros en 2012, justo cuando se establecieron regulaciones internacionales en pro de la lucha antilavado.

No sólo Kaloti insiste en que ese tipo de operaciones puede ser legal. También en ello coinciden algunos expertos financieros consultados para este reportaje. En el trepidante mercado del oro existen las llamadas cuentas mancomunadas o pool accounts de metales preciosos, a través de las cuales corporaciones como Kaloti pueden hacer pagos por orden de otras empresas del sector. El intercambio sería de dólares por oro. Se usan estos mecanismos informales para controlar el negocio del metal entre refinerías, bancos de lingotes y manufacturas, porque permiten un suministro “rápido, seguro y sin interrupciones”.

Esto explicaría el pago de Kaloti a empresas pequeñas sin relación con el sector del oro siguiendo orden de comercializadoras como Haig’s International y El Dorado, que sí están vinculadas con el mercado aurífero. Pero de esta relación nunca se enteraron las pequeñas empresas venezolanas que recibieron los pagos en sus cuentas en dólares sin conocer el origen.

(*) Este reportaje contó con la colaboración de: Kyra Gurney y Emilia Díaz-Struck (ICIJ) desde Washington DC, Mary Triny Zea (La Prensa) desde Panamá y Ángel Van Delden (Noticias Curazao) desde Curazao. 

El negocio es tan poderoso que alimenta una multimillonaria industria clandestina de mercurio. Una investigación sobre la dinámica del comercio formal e informal de mercurio en la región del Escudo Guayanés permitió comprobar a la vez que el oro extraído en Guyana, Surinam e, incluso, Venezuela, circula a lo largo de algunas de las mismas rutas de tráfico. Redes complejas mueven sus riquezas a través de las selvas interiores, por fronteras no supervisadas y los principales puertos del Océano Atlántico Norte.

El noreste del Amazonas se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito del oro venezolano ilegal, según aducen múltiples comerciantes de oro, traficantes y fuentes policiales. Aseguran que se trafica con él en toda la región y se le borran sus orígenes para terminar abriéndose camino a los mercados internacionales y hasta algunas de las mayores empresas multinacionales del mundo.

El oro suele extraerse de manera ilegal en Guyana y Surinam, pero esos lugares no comparten el secreto y la violencia que envuelven a la minería en Venezuela, donde las minas ilegales están controladas por oficiales del ejército corruptos, sindicatos del crimen organizado y grupos rebeldes colombianos. La industria del oro en Venezuela está plagada de abusos de los derechos humanos y violaciones del medio ambiente y, desde la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016 -un área de 112.000 kilómetros cuadrados en Venezuela destinada al desarrollo minero-, el oro venezolano se ha enfrentado a una creciente presión internacional.

En marzo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa minera estatal venezolana Minerven y a su presidente, argumentando que el sector aurífero ofrece al “régimen de Maduro” una línea de salvamento para mantenerse en el poder. “Perseguiremos agresivamente a los involucrados en el insensato comercio ilícito de oro de Maduro que contribuye con esta crisis financiera, humanitaria y ambiental”, aseguró el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en una declaración.

En julio de 2020, el Parlamento Europeo pidió la prohibición inmediata del comercio y la circulación del oro venezolano. “El llamado oro de sangre se extrae y explota en circunstancias ilegales y criminales en detrimento de los derechos humanos y el medio ambiente”, indica la resolución.

Adicionalmente, en julio de 2020, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un informe que condena las actividades criminales y los graves abusos de los derechos humanos en las regiones mineras de Venezuela. “Las autoridades deben tomar medidas inmediatas para poner fin a la explotación laboral y sexual, al trabajo infantil y a la trata de personas, y deben desmantelar los grupos delictivos que controlan las actividades mineras. Asimismo, deben investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de violaciones, abusos y crímenes en contra de los derechos humanos”, declaró Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Venezuela exporta parte del oro a las refinerías de sus aliados políticos y comerciales en países como Turquía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Los compradores en Europa y Norteamérica intentan evitar el sucio oro venezolano para proteger su imagen pública y evitar una repercusión política.

En 2019, el gobierno de Donald Trump llegó a prohibir a las empresas estadounidenses la compra de oro venezolano. Pero, ya sea con consciencia de ello o sin conocimiento, el oro venezolano sigue alcanzándolas después de que es lavado en Guyana, Surinam y otros países productores y de tránsito de oro en América Latina, y vendido a las refinerías de oro internacionales. El oro sucio sale de sus instalaciones en barras brillantes estampadas con sus logotipos y se vende a clientes internacionales, que incorporan el metal precioso a nuestros teléfonos, ordenadores, carros y otras tecnologías.

Las prohibiciones y sanciones internacionales han empujado con más fuerza el comercio del oro venezolano a las manos de actores criminales, lo que ha aumentado los ingresos ilícitos y dificultado el rastreo del origen, según afirman expertos y venezolanos involucrados en el comercio de oro. “El gobierno de Estados Unidos tiene que preparar una estrategia, porque cuanto más cierren la puerta, mayor será el margen de beneficios [para el gobierno de Maduro]”, dice uno de los traficantes.

Una ruta anteriormente desconocida, por la que se trafica con oro venezolano, corre a través de Guyana. La antigua colonia británica, vecino de Venezuela al este, es tanto un país de tránsito como de destino, donde traficantes y comerciantes internacionales canalizan el oro ilegal con documentos falsos hacia la cadena de suministro regular.

El oro entra a Guyana por tierra, río y aire. Pequeñas cantidades son trasladadas por refugiados venezolanos que llegan de las regiones mineras del estado Bolívar y traen consigo algunos gramos de oro en lugar de ahorros en efectivo.

Una mujer venezolana explica que antes de salir de la terminal de ferris y chalanas de San Félix, en el estado Bolívar, a orillas del río Orinoco, al sur de Venezuela, la Guardia Nacional venezolana humilla y obliga a hombres y mujeres a desnudarse, agacharse y saltar en cuclillas, en búsqueda de bolsas escondidas con unos gramos de oro. Muchas mujeres venezolanas, a menudo refugiadas y madres solteras, terminan siendo explotadas sexualmente en las regiones mineras de Guyana, donde se les paga con oro.

Pero las cantidades que traen consigo los refugiados y migrantes no compiten con los grandes actores del mercado, quienes mueven cientos de kilogramos de oro sucio por vez.

Un comerciante de oro guyanés, que accedió a una entrevista con la condición de permanecer en el anonimato, admite haber comprado oro venezolano y también afirma que lo traen a Guyana por pistas de aterrizaje clandestinas en la selva. Según el traficante, aviones pequeños vuelan dos veces al mes de Venezuela a las zonas fronterizas de Guyana, transportando unos 200 kilos de oro en cada ocasión. “Nos encontramos con aviones y pistas de aterrizaje ilegales en Guyana”, dice Sam Sittlington, ex asesor de la Unidad Especial contra el Crimen Organizado de Guyana (Socu, por sus siglas en inglés).

Desde los inicios de la crisis económica y humanitaria en Venezuela en 2013, la hiperinflación en el país se ha disparado. Los comerciantes venezolanos que no disponen de efectivo ofrecen el oro a precios de descuento, a veces 40% por debajo de la tasa del mercado, con el fin de obtener divisas. “No hay  que hacer ningún papeleo con ese oro”, dice el comerciante de oro guyanés. “Están hambrientos de dólares, y por eso pueden permitirse dar 200 kilos a crédito”.

Los traficantes también llevan oro venezolano a Guyana a través de Brasil. El traficante guyanés afirma que, hasta hace poco, en Guyana se traficaban alrededor de diez kilos por semana a través de la frontera con Brasil por Lethem, en lo profundo de la selva en el alto río Esequibo, que luego enviaban en vuelos directos a Georgetown, la capital del país sobre la costa norte.

El dinero en efectivo se lleva a través de la frontera a Venezuela o a Brasil mediante transportistas ilegales, según afirman varias fuentes, incluyendo un oficial de inteligencia extranjero y un comerciante de oro de Guyana. Ambos solicitaron el anonimato para hablar libremente. Los transportistas ilegales de efectivo que cruzan de frontera a frontera llevan millones de dólares estadounidenses, libras esterlinas o euros, a la vez. “Incluso si la aduana incautara el dinero, lo devolvería a los transportistas ilegales en un par de días”, dice Sittlington.

Los transportistas ilegales, a menudo jóvenes estudiantes de Boa Vista -ciudad del estado brasileño de Roraima-, traen dinero en efectivo a Brasil hasta tres veces por semana, según el oficial de inteligencia extranjero. “Utilizan muchachos muy jóvenes y les pagan 50 dólares por traerlo”, asegura.

Se desconoce la cantidad total de oro venezolano que circula por Guyana, pero es evidente que una parte termina en manos de algunos de los principales exportadores de oro de Guyana, de acuerdo a fuentes gubernamentales de alto rango, que hablaron para este reportaje con la condición de permanecer en el anonimato. Un especialista en minería, familiarizado con la llegada del oro venezolano a Guyana desde 2018, cree que todos los exportadores de oro de Guyana están involucrados. “No es difícil transportarlo de Venezuela a Georgetown”, dice.

La Junta de Oro de Guyana, que supervisa el refinado y la exportación de oro en el país, es consciente de que el oro venezolano puede estar filtrándose en la cadena de suministros del país pero, hasta ahora, no ha podido ponerle freno. “Hemos recibido informes de que tenemos comerciantes que compran oro proveniente de Venezuela”, dice Eondrene Thompson, gerente general de la Junta de Oro de Guyana (GGB, por sus siglas en inglés). Advirtió que, sin embargo, la junta no tiene pruebas físicas que demuestren que el oro venezolano se trafica en Guyana.

Sin embargo, de acuerdo con Newell Dennison, comisionado de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC, por sus siglas en inglés), las cantidades de oro extraído en Guyana difieren de la cantidad efectivamente declarada y comercializada. “La cantidad de oro que se declara a la GGB no se concilia fácilmente con la cantidad de oro que nuestros funcionarios de la GGMC determinan que se produce a partir de las operaciones in situ", dice. “Nos hemos encontrado con situaciones en las que la diferencia es alarmante”.

La producción de oro en las minas de menores dimensiones de Guyana se contrajo en el 2019, según múltiples fuentes, debido a problemas de acceso al combustible y a la reducción de las inversiones públicas en el sector. No obstante, las declaraciones de oro de los comerciantes y exportadores aumentaron en el 2019, lo que podría representar el oro procedente de minas ilegales de Guyana, o el oro traficado a través de Guyana desde otros países.

En los primeros cinco meses de 2020, los comerciantes de oro de Guyana declararon 940 kilos más que en el mismo período del 2019 -un aumento de casi 27% en medio de  la pandemia de la Covid-19-. La GGB también ha descubierto que los mineros registran las direcciones de los hoteles del interior de Guyana como el lugar de origen de donde supuestamente obtuvieron su oro, en vez de la dirección real de las minas.

Fuentes del sector, incluidos comerciantes de oro, traficantes y organismos policiales, alegan que por lo menos dos de los exportadores de oro autorizados de Guyana, El Dorado Trading y Mohamed’s Trading, han comprado oro venezolano ilícito. El Dorado Trading exporta oro a Guardian International Gold Corp. en Canadá, Tony Goetz en Bélgica y Argor-Heraeus en Suiza. Mohamed’s Trading exporta a Zee Gold DMCC en los Emiratos Árabes Unidos.

Otras compañías, incluyendo varias multinacionales reconocidas, compran el oro directamente de esas refinerías. Argor-Heraeus, por ejemplo, vende su oro a Apple, Samsung, Microsoft, Phillip Morris, Ford y Tesla. Entre los clientes de Tony Goetz se encuentran Sony, Starbucks y Hewlett-Packard.

Fuentes familiarizadas con las prácticas de las empresas afirman que los mineros guyaneses que trabajan en Venezuela llevan el oro a Guyana y lo venden a El Dorado Trading y, en ocasiones, ambas empresas exportadoras compran oro directamente a delincuentes venezolanos, conocidos como malandros, en la frontera.

El Dorado Trading negó las acusaciones de que la empresa haya comprado oro venezolano, y Guardian International, Tony Goetz y Argor-Heraeus afirmaron que no tenían motivos para creer que El Dorado les hubiera vendido oro venezolano. "Nuestras propias normas y las normas legales en Suiza están entre las más estrictas del mundo y estamos absolutamente decididos a seguirlas", escribió el jefe de comunicaciones de Argos-Heraeus en un correo electrónico.

Mohamed's Trading no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un traficante de oro venezolano alega que Mohamed’s Trading, propiedad de Nazar Mohamed, está comprando oro a líderes militares del régimen venezolano. “Mohamed, ese es quien manda allí [en Guyana]”, dice. “Él es quien está lanzando dólares a diestra y siniestra a esta gente”.

El traficante afirma que los militares le compran el oro a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerca de una mina llamada Corre Gente, en el estado Bolívar, en Venezuela. “Allí hay una pista de aterrizaje”, afirma. “Desde allí, [el oro] sale ilegalmente hacia Guyana, lo entregan y traen dólares”.

Una fuente de un servicio de inteligencia extranjero afirma que Mohamed es el “principal protagonista” involucrado en el tráfico de bienes ilícitos de Venezuela a Guyana y luego al extranjero. “[Mohamed] está comprando oro venezolano; definitivamente es el mayor comprador, no hay duda. También está traficando cocaína y armas de fuego desde Venezuela”, explica el oficial de inteligencia extranjero, y añade que las armas se venden a clientes en Surinam y la cocaína sale a los mercados internacionales.

El traficante de oro también afirma que los líderes de Mohamed y El Dorado Trading tienen conocimiento de la relación de las empresas con el oro venezolano. “Están plenamente conscientes, porque tienen que dar el dinero por adelantado para la compra de moneda estadounidense en dólares de Guyana para pagar el oro y, a veces, ellos mismos mandan su valor por avión a través de la selva, hacia el interior”. La fuente afirmó haber vendido en una ocasión oro venezolano a El Dorado Trading.

Los dirigentes de ambas empresas parecen estar conectados con las élites políticas de Guyana; ambos habrían aportado fondos tanto al actual partido gobernante como al anterior, y Mohamed habría donado un vehículo blindado al nuevo presidente, Irfaan Ali.

Tamesh Jagmohan, director de El Dorado Trading, sugirió que las acusaciones contra la empresa "emanan de personas con motivos ocultos": “No es raro en Guyana que ciertas agrupaciones privadas o públicas combinen esfuerzos para atacar a otras con fines competitivos, financieros o políticos", completa.

Independientemente de las acusaciones de contrabando de oro contra El Dorado Trading, el propio Jagmohan ha sido investigado por el la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por contrabando de oro a Estados Unidos, y se sospecha que él y su compañía han lavado dinero para la organización terrorista libanesa Hezbollah. Jagmohan fue detenido en el aeropuerto de Miami en 2012 con 27 lingotes de oro que no declaró. Según una persona con conocimiento de la investigación, se le impuso una multa de 40.000 dólares y se le revocó la visa.

Según Sittlington, la Socu también ha descubierto que personas muy adornadas con joyas pasan oro de contrabando en vuelos a mercados de América del Norte, como Miami, y que las bolsas que contienen oro traspasan la seguridad del aeropuerto: "En otras palabras, hay corrupción en el aeropuerto", añade Sittlington. Según una fuente del gobierno, a finales de 2019, las autoridades detuvieron un envío de El Dorado de unos 125 kilogramos de oro listo para despegar hacia Barbados. El cargamento despertó sospechas después de que los funcionarios identificaron irregularidades con el sello y notaron que estaba previsto que saliera de un aeropuerto que no se utiliza para transportes oficiales de oro.

Parte del oro pasa por Surinam y luego se lleva a los Países Bajos, a veces en vuelos comerciales de KLM, antes de ser trasladado a Bélgica. KLM no pudo confirmar ni negar que había transportado oro en el pasado debido a la "naturaleza sensible de los envíos", pero añadió que en julio de 2019 decidió dejar de transportar oro venezolano.

Además de traficar con oro venezolano, los principales compradores de oro obtienen grandes beneficios utilizando para el dólar estadounidense un tipo de cambio diferente al de los bancos y el Estado, ganando unos pocos dólares por cada gramo de oro. También se gana más dinero a través de la evasión de impuestos. Los mineros venden su oro con un cargo por impuestos de 8,5 por ciento, que El Dorado Trading y Mohamed's Trading deben pagar al Estado. A menudo esto no sucede, y los impuestos pagados por los pequeños mineros se los quedan los mayores exportadores de oro de Guyana.

A pesar de que los funcionarios tienen conocimiento del tráfico y la evasión fiscal, no han podido ponerle fin. El oficial de inteligencia extranjera en Guyana se queja de que no se pueden construir casos legales debido a la profunda corrupción de las fuerzas del orden de Guyana. "La fuerza policial es parte del problema", dice, "no parte de la solución".

No todo el oro extraído o traficado en Guyana se vende directamente desde allí a refinerías internacionales. La anarquía y las fronteras sin supervisión del noreste de la cuenca amazónica permiten que gran parte de ese oro tenga todavía otra escala en lugares donde los impuestos son más bajos y donde se paga con divisas, como, por ejemplo, el vecino Surinam.

Sobre la ribera occidental del río Courantyne, que sirve de frontera entre Guyana y Surinam, se encuentra un pueblo pequeño llamado Corriverton. Desde allí, ferris transportan con frecuencia pasajeros y mercancía a través del río hasta Surinam, ofreciendo amplias oportunidades a los traficantes. Showtime (un seudónimo), comerciante ilegal de la localidad con trayectoria en la minería y el tráfico de oro, explica en pocas palabras cómo funcionan las economías de contrabando. “Todo lo que sé hacer es ir al interior, trabajar y llevar a casa el oro para mi familia”, dice Showtime. "Ahora me doy cuenta de que, si llevo ese oro a Surinam, voy a recibir el doble de dinero para mantener a mi familia. Así que voy a tratar de ser lo suficientemente creativo para llevar mi oro hasta allá”.

No es el único. “Se cree que, calculando por lo bajo, de 35% a 45% de nuestra producción de oro sale del país por contrabando, principalmente hacia Surinam”, dice Gabriel Lall, ex presidente de la GGB. “Y a eso le sumamos el supuesto oro venezolano que aparece [en Guyana]”.

Hasta hace poco, Surinam era el país más atractivo de la región para vender el metal precioso, con bajas tasas de regalías y ausencia de impuestos sobre el oro traído por los mineros de todo el Escudo Guayanés. Además, las tiendas de oro de Surinam solían pagar en dólares estadounidenses o euros, mientras que la mayoría de las tiendas de oro de Guyana, especialmente las más pequeñas, solo ofrecen la moneda local, el dólar guyanés.

A medida que el precio del metal se disparaba en los dos últimos años, las tiendas de oro brotaron como hongos por toda Paramaribo, la capital de Surinam, antigua Guayana Neerlandesa. Algunas tiendas de oro más pequeñas e independientes en el centro de la ciudad procesan uno o dos kilos al día y compran principalmente pequeñas cantidades a los mineros del interior. Sin embargo, hay participantes más grandes en el mercado. Uno de los mayores compradores de oro con licencia de exportación afirma que compra hasta 50 kilos por día a las tiendas de oro de toda la capital, un valor de mercado de más de tres millones de dólares.

Ourominas es una de las mayores cadenas de compra de oro en Surinam, con múltiples tiendas en Paramaribo. Los compradores como Ourominas no están obligados a pedir a los vendedores ningún tipo de certificación o documentos de origen. En una de sus tiendas en Paramaribo, un empleado declaró que la empresa no exige ningún tipo de documentación para comprar oro y, por lo tanto, es imposible saber si fue extraído en el país o en el extranjero.

“Si es oro guyanés, tampoco lo sabemos”, dice el empleado. Por lo menos en otras diez tiendas de oro en Paramaribo ratificaron que no tenían ningún requisito ni proceso para averiguar de dónde proviene el oro, pero algunos empleados admitieron haber comprado con conocimiento oro de la vecina Guayana Francesa -al este-, de Guyana -al oeste-, e incluso de minas venezolanas.

Uno de los quemadores de una importante tienda de oro, cuyo trabajo es quemar el mercurio de las amalgamas de oro y mercurio que provienen de las minas, comentó que un venezolano entra una o dos veces al mes para despachar hasta 30 kilos de oro, pero se negó a dar más información. Un traficante de oro venezolano consultado para este informe afirma que los traficantes lavan el oro extraído ilegalmente de Venezuela, incorporándolo a la cadena de suministros legal de Surinam.

Algunas tiendas venden su oro al comerciante internacional de oro Kaloti Precious Metals, que tiene su refinería principal en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. Pero la multinacional también tiene una participación en la Casa de la Moneda de Kaloti Surinam (KMHS, por sus siglas en inglés).

La KMHS, inaugurada en 2015, funde y analiza el oro, y luego calcula las regalías que deben pagarse al gobierno de Surinam. Gran parte del oro proveniente de las pequeñas y medianas minas del interior de Surinam tiene que pasar por la KMHS, una empresa conjunta entre la refinería de Kaloti en Dubai, los comerciantes locales y el Estado de Surinam. Kaloti Precious Metals posee una participación mayoritaria en la operación, mientras que los comerciantes de Surinam poseen 30% y el Estado apenas 10%.

La KMHS nunca ha sido propietaria del metal precioso que entra por sus puertas, según su director, Ryan Tjon, pero sí monitorea a los compradores, y Tjon confirma que Kaloti Dubai es uno de los compradores de oro de Surinam. Kaloti consideró la construcción de esta industria en otros países de la región del Escudo Guayanés, pero finalmente eligió Surinam debido a su larga participación en la industria aurífera del país. La refinería de Kaloti en Dubai ha importado oro de Surinam desde la década de 1990.

La Casa de la Moneda debía convertir a Surinam en un “competitivo centro de comercio de lingotes de oro y un centro de excelencia para la industria de metales preciosos", de acuerdo con Munir Kaloti, presidente de Kaloti Precious Metals. La KMHS tiene una capacidad de procesamiento de 60.000 kilos de oro al año, un volumen mucho mayor que la producción anual de oro de Surinam. Su objetivo fue desde el inicio procesar el oro de todos los países del Escudo Guayanés, pero el gobierno no promovió la importación de oro de sus vecinos y el proyecto aún no ha generado ganancias.

En 2019, la KMHS procesó entre 15.000 y 20.000 kilos de oro, según Tjon. En teoría, esa es la mayoría del oro de Surinam que los doce exportadores del país compraron en operaciones de minería a pequeña escala o en las numerosas tiendas de oro del país. Pero, en la práctica, no hay garantías de que el oro que estos licenciatarios envían a la refinería antes de exportarlo realmente se extraiga en Surinam. “Sería muy difícil decir de dónde proviene”, declara Tjon.

La KMHS está en posición de rechazar oro si se presentan irregularidades, como, por ejemplo, si se mueven cantidades inusuales de oro a través de la Casa de la Moneda. Sin embargo, esto no ha sucedido en los tres años que Tjon ha dirigido la compañía. El director de la Casa de la Moneda es consciente de que el tráfico de oro es un problema, “pero nosotros, la agencia, no somos los que investigamos de dónde viene realmente el oro”, dice: “No somos un oficial de policía”. De acuerdo con Tjon, la refinería prefiere confiar en que los exportadores actúen con la debida diligencia. Si un exportador declara que es oro de Surinam, la KMHS lo acepta de buena fe. 

La falta de supervisión en todas las etapas, desde la tienda de oro más pequeña hasta la refinería con participación estatal, ha permitido a los traficantes lavar el oro, extraído ilegalmente, dentro de la cadena de suministros legal de Surinam. Pero una de las razones por las que es tan difícil para las autoridades tomar medidas drásticas contra el comercio ilícito es que, al igual que ocurre con el comercio de mercurio, las redes de tráfico de oro extraído ilegalmente están en continuo movimiento.

La economía de Surinam se desplomó después de que el gobierno saliente de Desi Bouterse allanara en febrero el Banco Central y restringiera los tipos de cambio, lo que generó un pronunciado incremento de la inflación y llevó la economía al punto del colapso. Como consecuencia del desastre económico en curso, las monedas extranjeras comenzaron a ser escasas y el dólar de Surinam perdió rápidamente su valor.

Algunas tiendas de oro de Paramaribo ahora sólo pagan en moneda surinamesa, según un minero de oro local, o  cargan 10% de comisión por los pagos en dólares estadounidenses. En Surinam se aplica un tipo de cambio más caro para el euro o el dólar estadounidense, lo que hace que los precios del oro sean ahora más bajos, hasta 20% menos que el precio previo de mercado.

Otro comerciante afirma que esos cambios recientes han cambiado la dirección del comercio de oro de Surinam a través de la frontera. "El tráfico de oro se volvió atractivo de nuevo en Surinam", dice. "Pero ahora nuestro oro va a Guyana", dice otro comerciante, añadiendo que aquellos que son capaces de mover oro a través de la frontera hacia Guyana pueden ahorrar miles de dólares por kilogramo.

El nuevo gobierno de Surinam, liderado por el presidente Chan Santokhi, ex comisario de policía, ha prometido reformar el sector de minería de oro del país, pero el nuevo vicepresidente del país, Ronnie Brunswijk, es un antiguo líder del grupo rebelde de la selva y narcotraficante, y uno de los principales actores de la industria del oro de Surinam, quien dirige varias minas en el interior del país. Si bien no es inusual que las élites políticas tengan una participación en el sector de la minería de oro de Surinam, queda por ver si el país puede acabar con el mercado negro mientras los que se benefician de él están en el poder.

(*) Con fotografías de Bram Ebus y videos de Tom Laffay.

(**) El presente reportaje es parte del proyecto "Mercurio, una mancha en la selva" , que está disponible desde el 14 de septiembre en www.mercurio.infoamazonia.org. Se trata de un proyecto colaborativo transnacional producido por InfoAmazonia, una red de periodistas que investiga los principales problemas ambientales en los nueve países que comparten la cuenca amazónica. El proyecto fue desarrollado en cuatro de esos países a lo largo de un año, en alianza con reporteros de Armando.info (Venezuela) y el programa Fantástico de TV Globo (Brasil). En simultáneo se estrenó un documental para TV dirigido por Tom Laffay. El proyecto contó con el apoyo del Fondo para Periodismo en la Selva Tropical del Pulitzer Center (Estados Unidos) y de IUCN-World Conservation Union (Países Bajos). Además de los medios participantes, versiones de estas historias están siendo publicadas por Knack (Bélgica), Stabroek News (Guyana), De Ware Tijd y UnitedNews.sr (Surinam).