Son palabras del almirante Carlos Aniasi Turchio pronunciadas el 14 de julio de 2009 a todos sus compañeros de armas. Ese día se estrenaba como comandante general de la Armada Bolivariana y –desde la Escuela Naval de Venezuela, Almirante Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, enclavada en la Meseta de Mamo de Catia La Mar, a orillas del mar Caribe, en el estado Vargas– no escatimaba en palabras como "lealtad", "revolución" y "antimperialismo".

Decía entonces que “el colonialismo ha evolucionado hacia nuevas y sofisticadas formas de dominación” y que “la respuesta que ante esto ha dado el noble pueblo venezolano es la revolución socialista”. Ahora ya lleva tiempo que no dice lo mismo. Ha optado por el bajo perfil, que conserva 13 años después, también a orillas del mar… Pero en Florida.

Su historia bien puede ser la parábola o metáfora de una trayectoria que han seguido una camada de altos funcionarios que participaron en la construcción e imposición del aparato político de la Venezuela de hoy. Sus juramentos anti-imperialistas no les impidieron a la larga montar tienda en el sur de la Florida, bastión del exilio venezolano en Estados Unidos, anatema consumista para la prédica revolucionaria.

Doral bien vale una compañía

Solo en Miami se encuentran al menos 232 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o exfuncionarios del Ministerio de la Defensa que han registrado empresas y negocios. También hay más de 700 dueños de compañías cuyos nombres coinciden con los de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Armando.info y el Miami Herald sistematizaron y procesaron los datos de más de 128.082 servidores públicos de libre nombramiento y remoción –de 3.050 Gacetas Oficiales del Estado venezolano, que datan desde 2007, en tiempos de Chávez, hasta junio de este año, durante el período de Maduro– y los cruzaron con todas las firmas asentadas en la División de Corporaciones del estado de Florida, visibles en línea en el sitio Sunbiz.org. El resultado advierte que la revolución bolivariana también conduce a Miami. Aunque se cuenten por cientos, en esta serie que hoy se empieza a publicar bajo el título de Miami Nostro, se relatarán varios casos singulares que ilustran la atracción que, si bien siempre ha ejercido el sur de Florida entre los venezolanos, aún surte un efecto especial entre los nuevos ricos con credenciales revolucionarias; las mismas que a la postre no sirvieron de antídoto.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de Naciones Unidas ya contabiliza 7,1 millones de venezolanos en el exterior. En Estados Unidos hay 484.445 migrantes venezolanos, según el Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas y, al menos, 200.000 de ellos están empadronados en el sur de la Florida. Muchos se concentran en la ciudad de Doral, en el occidente del condado de Miami-Dade, a la que coloquialmente se ha dado en llamar Doralzuela: una localidad con clara presencia venezolana, de tamaño medio, en los hechos. En ese censo, que día a día se va ampliando, también crece a la par el margen de error con posibles homónimos, nombres que resultan comunes en un colectivo venezolano. Pero, todavía así, la trabajosa verificación de las identidades de esta base de datos de altos funcionarios muestra que, a contracorriente del discurso oficial, muchos de los jerarcas del gobierno han iniciado emprendimientos en el “imperio mismo” o hasta han migrado allí.

Destacan casos como el del general de Brigada, Jimmy Lenin Guzmán Pinto, que pasó de dirigir empresas públicas como Seguros Horizonte, a aterrizar en la ciudad de Fort Myers de Florida en una firma privada que mantiene activa desde 2019 con el nombre de Latam Risk Consulting 2107 LLC. 

Caso similar al del arquitecto Lucas Pou, que pasó a dirigir la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales del último período de Chávez, según consta en la Gaceta Oficial número 40.020 del 2 de octubre de 2012. Reclutado y designado por su amigo y socio –el entonces recién designado ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco Sesto, y luego ministro de Cultura– como proyectista y constructor, por ejemplo, de la Villa del Cine de Guarenas y del Hospital Cardiológico Infantil de Montalbán –suroeste de Caracas–, ganó exposición pública con la obra del controversial Mausoleo del Libertador y su característico techo en forma de rampa, adyacente al Panteón Nacional.

En 2015 registró en Miami la empresa IMA Fleet LLC, que disolvió tres años después. En ese entonces, Pou fue objeto de investigación en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, por el destino de más de 1.500 millones de dólares con los que la exministra de Salud, Eugenia Sader, llegó a anunciar la construcción de seis hospitales que quedaron en promesas.

En su defensa, dice –en entrevista telefónica– que los responsables del desvío de fondos fueron identificados y que él cumplió con el rol para el que fue contratado. "Yo nunca tuve relación con ese Ministerio de Salud, es decir, una empresa del estado era la responsable y esa empresa me subcontrata a mí el proyecto", recuerda. Del resto, advierte que nunca tuvo un espíritu antiyanqui. "Es una cosa que uno veía", reconoce, pero en su caso no solo tiene simpatías sino vínculos mediante su biasabuelo, abuelo y padre con orígenes puertoriqueños y estadounidenses.

Jugando doble play

La lista puede ser larga. Hay casos curiosos como el Samir Adel Al Attrach, que hizo el camino al revés, de la actividad comercial a la burocracia del Estado chavista: cerró su última empresa de Florida, Mr Caucho Corp, en septiembre de 2017, dos meses antes de ser designado en Emiratos Árabes Unidos como jefe de la misión diplomática de la antimperialista República Bolivariana de Venezuela en Abu Dhabi.

“Fue creada vía online en el año 2015 y posteriormente, uno o dos años después, cerrada”, aclara vía correo electrónico, aunque no fue posible precisar de qué se trataba el negocio.

Destacan más todavía los casos de funcionarios públicos luego asimilados en el sector privado, pero reconvertidos de una vez como contratistas del Estado del cual formaron parte. Por ejemplo, el ex gerente de la aduana principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Carlos Luis Michel Fumero, hoy está al frente de una empresa de aduanas, contratista del estado, de nombre Aducarga y con sedes en Valencia y Miami.

Michel fue designado en la administración pública por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, y antes ya tenía vínculos con su hermano, el diputado Diosdado Cabello, cuyo gobierno otorgó varios contratos a otra de sus empresas –la constructora Camik– cuando el hasta hace poco considerado como el número dos del régimen estaba al frente de la Gobernación del Estado Miranda.

Aunque se intentó contactarlo, en Aducarga solo quedaron en darle el mensaje, sin que luego pudiera obtenerse otra respuesta. No fue posible consultarle sobre sus negocios en Miami; como tampoco fue posible con la exfuncionaria Andreína Agusti, cuya productora, Orinoco Films, tuvo operación en Miami hasta 2016. 

Desde la Cancillería, Agusti estuvo al frente de la participación de Venezuela en la Expo Shanghai 2010 y la Bienal de Venecia 2012. Fue directora de Cultura para el Viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía, entonces a cargo de Temir Porras, con quien luego pasó al sector privado, en otra empresa contratista del Estado venezolano que constituyeron juntos en Caracas, con el nombre de Inversiones Ventuari.

Cacerolas y escraches

Más conocidos son los casos del exministro de Estado para la Banca Pública, Eugenio Vásquez Orellana, hombre de confianza del gobernador de Apure y entonces vicepresidente, Ramón Carrizález; de la ex diputada del ala de Diosdado Cabello, Iroshima Bravo, y del propio almirante Carlos Aniasi Turchio, que apareció en Estados Unidos aún después de que Walid Makled –el tercero en una lista de narcos solicitados en 2010 por la Casa Blanca– lo denunciara en televisión como parte de las autoridades que compró para delinquir.

Los tres sufrieron en carne propia el desprecio de paisanos y vecinos del sur de Florida, que han improvisado airados escraches en su contra. Aunque Bravo nunca apareció en el registro del spa como su dueña, bastó que en 2016 se presentara como tal en el cóctel de inauguración para que el Pure Med Spa de Doral tuviera que cerrar antes de abrir.

Más allá de esas anécdotas, coloridas y conocidas, hay cientos de ejemplos más solapados de funcionarios que llegaron a tener posiciones de mando y diseñaron la arquitectura del aparato político y económico de la Venezuela de hoy, y que luego mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado. Verbigracia, el caso del general de Brigada, Samir Sayegh, bien conocido en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo como uno de sus tesoreros, sino también como ideólogo de férrea doctrina militar.

En 2007, Sayegh estuvo al frente de la División Académica de la Comandancia General del Ejército y, cuatro años después, fue designado vicerrector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Junto a su compañero de armas, el general de Brigada, Rafael José Aguana, publicó una tesis que en 2017 insinuaba desde el mismo título una militarización no tan solapada de la sociedad: La militaridad: En el estado democrático y social de derecho y justicia.

Desde esas 72 páginas, Sayegh y Aguana advirtieron que “la FANB no puede ser indolente ante el irrespeto, amenaza, desconocimiento y violación de los valores de cualquier imperio o de posiciones hegemónicas a escala mundial” y –no una, ni dos, sino tres veces–, se refirió a Estados Unidos –el sitio donde tiene una empresa y dos viviendas tasadas en más de 1,2 millones de dólares, según consta en el registro de inmuebles de Florida– como un peligro: “Esto conduce al concepto estratégico militar para la Seguridad y Defensa Integral de la Nación, que será el componente integrador de todas las misiones sociales propuestas por el Gobierno Nacional, dado que estas misiones nacen bajo la idea de lucha y defensa de la principal amenaza que desde el exterior se confabula (el imperio norteamericano), y la pobreza y la exclusión social en lo interno”.

Socialismo para otros

Años después llegó a regir el Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como la Unidad de Apoyo para el Área de Producción y Distribución de Farmacias, en los tiempos en que Chávez delegó la distribución de alimentos y medicinas a la alta oficialidad castrense.

Las publicaciones en 2016, 2017 y 2018 de la Gaceta Oficial muestran que las grandes compras ordenadas por el desde 2014 ministro de Defensa, Vladimir Padrino López –cinco sistemas de protección de blindados para vehículos, 70 motores fuera de borda y miles de equipos de primeros auxilios, por ejemplo, entre otros tantos– pasaban por las manos de Sayegh. “Era el hombre del dinero, manejaba toda la logística de la Fuerza Armada”, recuerda bien el militar retirado, sargento mayor de Segunda del Ejército, José Vicente Escobar Millán. 

Ahora también desde Estados Unidos, tras un proceso en el que ha solicitado asilo por amenazas que recibió al salir de las filas del Ejército, Escobar Millán señala que fue trasladado a la 51 Brigada de Selva de Guasipati, estado Bolívar, cuando empezó a buscar alternativas para un jugoso contrato por el que el comando logístico –entonces a cargo de Sayegh– ordenó la confección de los uniformes de gala de la Fuerza Armada a la empresa china Norinco, según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano.

Dos años atrás denunció el caso en su cuenta de Twitter, y hoy lo reitera, al otro lado del teléfono, tras advertir que aquellos uniformes sumaron nada más y nada menos que 15 millones de dólares. “Nadie formuló denuncias”, reconoce. “Pero a mí y a mi superior, el general Alfonso Sayago, que en paz descanse, nos trasladaron cuando empezamos a buscar y preguntar por alternativas más económicas”.

Es un doble rasero, concluye: “Hacen y deshacen y luego pasan su vejez en el exterior”. Pero en cierto modo también pone de manifiesto un doble discurso por parte de Estados Unidos: por un lado sanciona a funcionarios y, al mismo tiempo, recibe a otros como el almirante Aniani Turchio.

El “imperio” responde

“Todas las solicitudes de visa se adjudican caso por caso y no podemos especular si alguien puede o no ser elegible”, responden en el Departamento de Estado de los Estados Unidos tras una solicitud de información para esta entrega. Al margen de las declaraciones oficiales, funcionarios de Washington, agentes de inteligencia y periodistas norteamericanos coinciden en que aquí confluyen varios tipos de casos: desde los que han negociado su estatus con información privilegiada, hasta los funcionarios que no han cometido delito alguno al margen de su falta de coherencia.

Tobias Roche, un exagente federal especializado en temas de corrupción, cree que las autoridades de Estados Unidos deberían prestarle una especial atención al dinero venezolano que está ingresando al Sur de Florida.

No es nuevo advertir sobre lavado de dinero en el Sur de la Florida; una situación que data desde los años 70 y 80. “Pero ahora el riesgo se presenta entremezclado entre los venezolanos que están llegando; la gran mayoría de los cuales son gente buena y trabajadora, pero entre los que se esconden algunos pocos que provienen del régimen chavista y que se están estableciendo aquí como personas respetables, aun cuando dentro de Venezuela son vistos como malhechores”, señaló. “Hay personas que están debajo del radar que han venido para acá y que de hecho están trabajando para el gobierno de Venezuela”.

En un momento dado, Roche llegó a proponer la adopción de un sistema de monitoreo a la alcaldía de Doral. “Yo era de la opinión de que necesitamos un proceso de monitoreo de individuos y corporaciones, que estaban creciendo, y algunas de las cuales estaban haciendo negocios con el gobierno de Doral, para evitar situaciones embarazosas más adelante y posibles riesgos de investigaciones federales”.

Roche, quien trabajó por 30 años con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, fue uno de los primeros en alertar a las autoridades locales sobre las actividades del venezolano Raúl Gorrín en el Sur de Florida, antes de que éste fuese acusado por la fiscalía federal de Miami por su participación en un mega caso de corrupción que involucraba el pago de cientos de millones de dólares en sobornos para tener acceso al fabulosamente rentable régimen cambiario oficial de la época.

Desde la cárcel de Cómbita, en Colombia, Walid Makled acusó al almirante Aniasi Turchio de haberle cobrado más de cinco millones para dejarlo operar en Puerto Cabello. Lo dice en el segundo 0:45 de este video. Crédito: Youtube/AlexEdrei

Gorrín, quien vivía en una mansión de Coral Gables en esa época, se vio obligado a salir del país a sabiendas de que la justicia estadounidense le estaba siguiendo sus pasos, pero para el ex agente federal, en Florida aún habitan personas que estuvieron o aún están estrechamente vinculadas con el chavismo.

Ahora está ingresando dinero nuevo que no descarta venga de fondos de corrupción y narcotráfico. Fue, de hecho, el propio Makled el que prendió los reflectores sobre el almirante Aniasi Turchio. "En el 2005, 2006, él se desempeñaba como jefe de Puerto Cabello, presidente del puerto. El me firmó a mí una concesión por cinco años, la cual yo tuve que pagar por esa concesión cinco millones y medio de dólares", dijo en 2010, entonces preso en Colombia, en entrevista con Univisión.

De cualquier modo, se trata para el almirante Aniasi Turchio, de un mero juego de palabras que ha sido malinterpretado. Su mudanza, afirma, obedece a la de un padre siguiendo los pasos de sus hijos, quienes ya vivían en Estados Unidos. "Lo que dice él (Makled) es ‘esta firma me costó a mi esta cantidad de dólares’. En ningún momento dice: ‘yo le entregué ese dinero a esta persona’", responde vía telefónica. "Ese es el contexto que ellos han querido sacar, pero yo soy ciudadano acá residente, hice todo mi trámite y creo que difícilmente sería aceptado o haber sido beneficiado con ese trámite si hubiera tenido algo que ver con lo que es la parte del narcotráfico".

Los registros públicos muestran que Aniasi hace vida en Estados Unidos. Su hijo tiene una empresa llamada Robcar LLC y él, a su vez, una casa de 324 metros cuadrados que la empresa de bienes raíces Zillow valora en más de 620.000 dólares, así como otras dos compañías, Solcar Investors LLC y Carsol Investments Corp. 

Más que comerciales, muchas son empresas que sirven como vehículos para mover dinero. La firma Carsol Investments Corp es el instrumento para administrar un almacén comercial cuya infraestructura está tasada en 1,5 millones de dólares en Kissimmee, de acuerdo con el Registro de Propiedades del Condado de Osceola.

“La respuesta que ante esto ha dado el noble pueblo venezolano es la revolución socialista”, decía entonces aquel Aniasi de 2009, cuando se presentaba de blanco, con el uniforme militar que vestía como el nuevo comandante general de la Armada Bolivariana.

* Esta es la primera de una serie de reportajes que publican Armando.info y The Miami Herald bajo el nombre de 'Miami nostro' y con la participación de Gustavo Jiménez, Valentina Lares, Patricia Marcano, Isabel Guerrero, Carlos Crespo, Marcos Valverde, Isayén Herrera y Johanna Osorio.

ADVERTENCIA AL LECTOR: Durante el proceso de reportería de esta nota, los redactores intentaron recoger, entre otros mencionados, la versión del almirante Carlos Aniasi Turchio y del arquitecto Lucas Pou. Solo después de publicada la pieza en Armando.info fue posible dar con ellos para que dieran una respuesta.

En la ocasión se conmemoraba el 25 aniversario de la fundación del Banco de Comercio Exterior (Bancoex). El presidente actual de la institución, Guillermo Gabriel Lara Toro, se esmeraba en exponer ejemplos del impulso que el banco estaría dando a las exportaciones del sector privado. Y allí fue cuando Kleiver entró a escena. 

“Aquí tenemos el representante más grande de los cafetaleros de Venezuela, Café Botalón”, introdujo Lara Toro antes de presentar, sin apellidos y simplemente como un representante de la marca, a Kleiver, quien de seguidas asintió: “Conformamos la empresa más grande del café aquí en Venezuela. Trabajamos con todos los productores, desde Caripe hasta Boconó”. 

El programa terminó semejando la presentación en sociedad de un emprendimiento que, en poco tiempo, ha acaparado buena parte de la producción cafetera en el país y que también se adueña de las exportaciones, aunque bajo otra denominación.

El café fue un rubro que llegó a faltar en los anaqueles de mercados venezolanos durante los peores tramos de la crisis económica de inicios del gobierno de Maduro. La producción nacional había desaparecido y se favorecieron las importaciones de países aliados al régimen de Caracas, como Nicaragua. Pero no siempre fue así. Durante el s. XIX y buena parte del XX, el café había sido un producto de exportación, con volúmenes importantes y prestigio reconocido.

El giro hacia el pragmatismo que en materia económica ha dado Maduro, una rectificación que beneficia a una claque de empresarios amigos y aliados, parece retomar esos antecedentes.

De ese modo, en 2018, en el apogeo de las sanciones impuestas a Caracas desde Washington por la administración de Donald Trump, Venezuela no solo volvía a exportar café, sino que la mayoría de esos despachos, 98,1%, se destinaban a Estados Unidos, según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés). Eso sí, las cifras aún eran modestas: los ingresos fueron de apenas 5,53 millones de dólares.  

Un despachador recurrente de café desde Venezuela en ese período fue Procafé Lara, C.A. Su destinatario invariable: Procoffee LLC. El director de esta última, constituida en enero de 2018 en Doral, Florida -la ciudad-suburbio en el oeste de Miami donde abundan inmigrantes venezolanos-, es Antonio José Villegas Rivas. Más de un año después, en noviembre de 2019 y con los mismos directivos, se constituyó una réplica panameña, Procoffee Corp, a fin de circunvalar las sanciones internacionales. 

De hecho, Antonio José Villegas Rivas y su padre, Ramón Antonio Villegas, han conformado desde los estados Lara y Portuguesa, en el centrooccidente venezolano, lo que fuentes del sector agropecuario no dudan en calificar como un “emporio” cafetero. Agropecuaria Botalón 85, Ganadería Cacho e Venao (sic), Procafé Lara, C.A. y Alimentos Botalón, C.A son las piezas del holding. El grupo ha multiplicado su presencia en los anaqueles venezolanos con tres marcas de café: San Salvador, Arauca y Flor de Arauca.

En 2018, el esquema para la exportación era sencillo para los Villegas: de Puerto Cabello, Carabobo, directamente a Port Everglades, Florida. Entre el primero de marzo y el 13 de septiembre de 2018, Procafé envió a Procoffee LLC al menos 4.000 toneladas de café verde.

En su sitio web, la Organización Internacional del Café (fundada en 1963 con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas y con sede en Londres, Inglaterra) detalla la cifra de exportación, desglosada en sacos de 60 kilogramos. De acuerdo con este organismo, en 2018 Venezuela exportó 72.000 sacos de 60 kilos: 4.320 toneladas. Considerando estos datos y comparándolos con los de Panjiva, una base de datos aduaneros internacionales, y con los de Import Genius, proveedor de datos de importaciones y exportaciones, quiere decir que Grupo Botalón por sí solo representó alrededor de 92,59 % de las exportaciones de café venezolano a Estados Unidos en aquel año. 

Luego, en 2019, Procoffee Corp se convirtió en una escala propiciatoria y necesaria de las exportaciones de café de los Villegas a Estados Unidos. En total se enviaron desde los puertos istmeños 3.000 toneladas de café que provenían de Puerto Cabello.

Ese año, de acuerdo nuevamente con cifras de la Organización Internacional del Café, Venezuela exportó 3.180 toneladas, de las cuales, según los datos de fuente abierta obtenidos en Panjiva y en Import Genius, Grupo Botalón exportó 3.000 toneladas, lo que quiere decir que exportó 94% del café enviado de Venezuela. En ese porcentaje también coinciden los números del Observatorio de Complejidad Económica, que detallan el envío de 94,65% de las exportaciones venezolanas de café a Estados Unidos, con ingresos por 3,23 millones de dólares.

Una fuente del sector industrial cafetalero, cuyo nombre se omite a petición, explica que, al menos desde 2013, Venezuela no declara sus cifras de producción, importación y exportación a la Organización Internacional del Café. ¿Esto vuelve endebles sus datos? Al respecto, responde: “No. Aunque las fuentes principales son los gobiernos, en casos de países en crisis o con dictaduras, hay fuentes claves e informantes dentro de los gobiernos. Los métodos de obtención de datos dejan un margen mínimo de error”. 

La pandemia por la Covid-19, decretada a comienzos de 2020, detuvo las exportaciones de café verde hacia Estados Unidos por parte de Grupo Botalón. En octubre de 2021 se reanudaron los envíos y Procafé Lara exportó 1.300 toneladas de café verde con escala en Panamá. Durante los primeros cinco meses de 2022, la empresa ha llevado 3.300 toneladas de café verde a Estados Unidos. La novedad es que este año ha utilizado puertos alternativos a los de Panamá, como los de Bahamas y República Dominicana.

El uso de las rutas como Panamá, Bahamas y República Dominicana es atribuido por el presidente de Grupo Botalón, Villegas Rivas, en entrevista con Armando.info por Whatsapp, a los itinerarios de las empresas navieras. “Solo sacamos café desde Puerto Cabello, Venezuela. El tránsito es de las navieras. No tenemos que ver con sanciones porque no somos empresa del Estado. Todo nuestro proceso es legal”, sostiene.

Desde 2019, la Organización Internacional del Café no registra exportaciones. En agosto de 2021, la prensa oficialista venezolana reproducía una cifra de exportación de café que precisó Wilmar Castro Soteldo: 35.000 toneladas desde 2017 hasta entonces, principalmente hacia “Alemania, Bélgica, Chile, Cuba, Escocia, España, Italia, Líbano, México, Siria, Turquía y Estados Unidos”.

Según los datos cotejados por Armando.info, han sido al menos 11.000 toneladas que Grupo Botalón ha puesto en suelo estadounidense en cuatro años. Entonces, de esas 35.000 toneladas que exportó Venezuela, según los datos del ministro, Botalón ha tenido a su cargo 31,42% del total, una porción importante, aún si proyectada, y solo considerando a Estados Unidos como destino. 

Al consultarle sobre estas 11.000 toneladas de café, Villegas es enfático: “Sí, confirmada esa cifra”. Respecto del porqué de la persistente exportación de café verde a Estados Unidos, refiere: “Estados Unidos es el mayor consumidor del café del mundo, y aún antes de que Grupo Botalón comenzara a exportar, ha sido el comprador del café venezolano por tradición”.

Enchufe y al grano

Hasta aquí, las cifras parecen contar la historia de unos emprendedores que se habrían sobrepuesto a las dificultades del catastrófico entorno venezolano hasta reanudar, casi de manera exclusiva, las exportaciones de café.

Es una narrativa que Villegas ratifica: Este negocio viene desde hace más de tres generaciones. A los 13 años me encargué del sembradío de café de mis padres en el caserío Las Quebraditas, estado Lara. Antes solo nos dedicábamos al café verde y a la comercialización y vendíamos a intermediarios. A partir de enero de 2018 salimos con nuestra marca café Flor de Arauca (...) siempre hemos tenido ganancias. Nos hemos comido las verdes, las maduras y las pintonas”, señala.

Pero es solo parte de la historia.

Los Villegas y su Grupo Botalón forman parte del cambio de guardia en la clase empresarial que las políticas pragmáticas del gobierno han propiciado. Nuevas figuras desplazan a los capitanes de industria y marcas tradicionales en diversos negocios y mercados, arrasadas estas últimas por las estatizaciones compulsivas y las inquinas de los primeros tres o cuatro lustros de la autodenominada Revolución Bolivariana. 

Ya en 2019 se los mencionaba con suspicacia. Al término de una reunión en febrero de ese año con Juan Guaidó, quien apenas semanas antes se había juramentado consecutivamente como presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y presidente interino de la República, Yoleidy Páez, entonces representante de los caficultores en la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) -pero fallecida recientemente, en febrero de 2022-, denunció: “Hay dos empresas importantes en el sector que son de enchufados: Páramo Café y Café Botalón. Son las que rigen la política y los precios del café actualmente”, 

Al respecto, Villegas Rivas también tiene una respuesta: “Son especulaciones lo que pueden decir esas personas y serían de la competencia las que dicen esas cosas, porque si hablas con productores de verdad te van a decir que Grupo Botalón es donde se les paga mejor. De Bancoex, por ejemplo, no hemos recibido financiamiento. Recibimos apoyo por la permisología para la exportación, pero no apoyo monetario”. 

En la tarea de desmarcarse, Antonio Villegas Rivas niega cualquier vinculación con cualquier funcionario o ente gubernamental, amén de las loas públicas que ha recibido su empresa por parte de Maduro y Castro Soteldo, principalmente.

“No lo llamaría favoritismo, sino que hemos estado en todos los actos corporativos de la Corporación Venezolana del Café, y así como nos han felicitado a nosotros, han felicitado a otras marcas que lo están haciendo bien”. 

En cualquier caso, la presunta posición dominante en el mercado que le atribuyen a Botalón, debida -según esas versiones- al favoritismo oficial, no le evitaron un sinsabor a Botalón unos meses antes de las declaraciones de Pérez, en julio de 2018. Entonces, una comisión de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) allanó los galpones de la empresa en Araure, Portuguesa, por orden del superintendente William Contreras. Se la acusaba de acaparar 138 toneladas de café molido y de presentar “indicios de incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Precios Justos”, como señaló una nota de prensa de la superintendencia. La mercancía fue inmovilizada y pronto liberada.

En la versión de Villegas, la legalidad los amparó. “Demostramos que todo estaba en regla por un tribunal, solicitamos un amparo y hubo decisión firme. Por eso nos devolvieron el café”.

Desde entonces, se hicieron más frecuentes las loas, públicas y compensatorias, por parte de funcionarios gubernamentales hacia Botalón, principalmente del ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo.

Flor de mayo

La irrupción del Grupo Botalón tiene mucho que ver con la extinción de las principales empresas tradicionales productoras de café, como Fama de América y Madrid, luego de la ocupación de ambas por el Estado en 2009, diez años después de la llegada de Chávez al poder y de que Venezuela alcanzara su pico productivo del producto: más de 95.820 toneladas, según cifras de la Organización Internacional del Café.

Fue un ascenso a contracorriente en la etapa de mayor flacidez productiva para esta industria, laxitud cobijada por la Corporación Venezolana del Café (CVC), que Hugo Chávez creó en mayo de 2012 para “administrar, desarrollar, coordinar y supervisar las actividades del Estado en el sector cafetalero, incluyendo la producción, procesamiento y distribución de sus productos derivados”.

El control de precios, añade la fuente del sector industrial cafetalero, fue el tiro de gracia para el sector cafetalero. “Nos obligaron a vender a precio regulado. El kilo de café verde costaba 386 bolívares y tenías que venderlo obligatoriamente a 45 bolívares. ¿Cómo ibas a perder 341 bolívares? Pues eso fue lo que pasó”, concluye.

En medio de su tímido renacimiento, la producción nacional de café sigue en desventaja. “No hay quien compre café, y quien compra es demasiado barato. La gente de Botalón nos ofrece de 280 a 300 dólares por sacos de 46 kilos [la medida de un quintal de café en Venezuela]. Sigue siendo regalado y tiene muchos costos detrás. Un saco de abono nos cuesta 50 dólares. Es algo que no nos compensa”, detalla José Gregorio Pérez, durante cuatro décadas productor de café de Quebrada Honda, Yaracuy. “Estamos solos y peor que antes. La Corporación Venezolana del Café quiere que se produzcan de 50 a 60 quintales por hectárea, pero tenemos más de 12 años sin financiamiento del gobierno. Todo es por esfuerzo propio”.

Pero poco antes Flor de Arauca y el Grupo Botalón habían vuelto a ocupar un puesto de protagonista en un evento oficial. Fue el llamado Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano (Eicev), que tuvo lugar en el Círculo Militar de Caracas entre los recientes 5 y 7 de mayo.

Grupo Botalón contó con dos quioscos: una cafetería y un mostrador adornado con una pared de paquetes de Flor de Arauca. La mayoría de las marcas solo tenían un quiosco. En la inauguración oficial, el 4 de mayo, un día antes del acceso al público, el propio Maduro presentó a los ponentes más importantes de la feria: Grupo Botalón estuvo entre los primeros.

“Estos compañeros que vamos a visitar ahora, presidente, son exportadores de materia prima y transformadores de esa materia prima (…) la marca Flor de Arauca, que produce y comercializa y tiene alianzas en Portuguesa, Lara, Trujillo y Mérida”, contextualizó el ministro del área y ex teniente coronel de la Aviación, Castro Soteldo.

Según se vio en la transmisión de televisión, Maduro se detuvo en el quiosco y expresó sus simpatías hacia la marca como si improvisara versos que, en realidad, repetían el texto de la promoción publicitaria: “Yo disfruto en mis mañanas Flor de Arauca, gran sabor. Me lo tomo con espuma, sea con leche o sea marrón. Ni hablar del guayoyito, con aroma inconfundible. Qué café, qué gran sabor, Flor de Arauca”.

En el lugar Maduro también fue objeto de las atenciones de Dayanara Gallegos, representante de la marca, quien ante las cámaras y viéndolo a los ojos, dijo, pasando de anfitriona a porrista: “Cuente con productores patriotas que luchan día a día por llevar esa taza del mejor café del mundo a cada familia venezolana”. Remató la frase con un guiño a la vocación comercial del grupo: “Y también para exportar”.

El intercambio de gentilezas y consignas debía reflejar una atmósfera distendida en el Círculo Militar. Pero, entre cuchicheos, las quejas se asomaron en el evento. Algunos protestaron por los mil dólares que debían pagar a los organizadores, es decir, la Corporación Venezolana del Café (CVC) y el Ministerio de Agricultura y Tierras, para participar. Otros, como los integrantes del Movimiento Nacional Campesino, achacaban que “esta no es la realidad. A los pequeños caficultores nos tienen olvidados”. Entretanto, un representante de la Asociación Venezolana de Productores de Café Orgánico alzaba la voz para dibujar la situación de “asfixia” que padecen y la falta de “satisfacción por la poca asistencia que recibimos y la falta de compromiso de los entes nacionales”.

Antonio Villegas opina, en cambio, que el viraje del gobierno de Maduro es real, al menos en lo que respecta a la industria cafetalera. “Ha habido una recuperación en el sector café bastante interesante, y decir que estamos en crisis sería algo irresponsable, porque si vas a un anaquel de cualquiera de las cadenas del país ves muchas marcas”. 

Ventila como ejemplo las 378 marcas de café que, según aseguró Maduro en el Eicev, están registradas en Venezuela. “Ha habido una recuperación a raíz de que abrieron las exportaciones y esto ha motivado mucho a los productores”.

¿Pueden estas cifras estar infladas por el gobierno de Venezuela para efectos de propaganda? “No sabría decirte si mueven las cifras o no, pero sí te puedo garantizar que se está produciendo mucho café en el país”, insiste el representante de Grupo Botalón

Sin embargo, el volumen de la celebración era más alto que las quejas. Y así, con la venia de Nicolás Maduro, de Wilmar Castro Soteldo, de Alfredo Mora, presidente de la CVC, y de Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, quedó inaugurada la fiesta cafetalera que tuvo un amplio despliegue mediático y al Grupo Botalón como número estelar. 

Según Indemaya, los migrantes yucatecos están repartidos en 43 ciudades de Estados Unidos como Portland, Oregon; Denver, Colorado; Seattle, Washington; Las Vegas, Nevada; Dallas, Texas. Pero sin duda el estado de California es su destino preferido, y en él, en particular la bahía de San Francisco: 68% de ellos lo eligen para trabajar, reportan cifras del Anuario 2017 de Migración y Remesas del Consejo Nacional de Población (Conapo) de México.

La única autoridad que puede realizar deportaciones desde Estados Unidos es ICE (Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés), pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia la presión entre los migrantes yucatecos por no llamar la atención de las fuerzas del orden ha ido en aumento.

Así que mueren de miedo, insiste Sara Mijares, porque muchos ni siquiera van al hospital por temor a perder lo poco o mucho que hayan conseguido en Estados Unidos; hacerlo puede convertirse en un ticket de regreso a la pobreza de Yucatán, donde 41.9% de la población no puede satisfacer necesidades tan básicas como la alimentación, una casa de concreto y acceso a la salud, como indica el más reciente informe –2010– del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de México.

Mijares nació en Muna, municipio del sur de Yucatán muy próximo a la zona arqueológica de Chichén Itzá, y llegó legalmente a Estados Unidos a los 15 años de edad, en 1968, a vivir con su padre, un agricultor que participó en el programa Bracero, esquema de colaboración con México que permitió que los primeros migrantes yucatecos viajaran a Texas y California para trabajar el campo. El programa estuvo vigente entre 1942 y 1964. Históricamente, las zonas con más emigrantes del estado han sido la región sur y central, donde se concentra la población maya que todavía se dedica a la agricultura, sobre todo al cultivo de maíz y de cítricos como el limón y la naranja. De acuerdo con el Indemaya, el éxodo se hizo más fuerte en los años 70 y 80 del siglo pasado. Y se disparó con la crisis económica mexicana de finales de 1994, añade Pedro Lewin Fischer, investigador y antropólogo especialista en movimientos migratorios de Yucatán.

El 20 de enero de 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, la vida de muchos migrantes yucatecos cambió también. Están muy desinformados y temerosos ante una potencial deportación, afirma Sara Mijares.

Eyder Ávila, de 31 años y Carmita Hernández, de 32, nacidos en Peto, al sur de Yucatán y radicados en San Rafael, una ciudad a 30 kilómetros al norte de San Francisco, en la que habitan aproximadamente entre 15.000 y 20.000 yucatecos, viven con el temor de que su peor pesadilla se haga realidad: que por ser indocumentados el gobierno les arrebate a sus dos hijos nacidos en Estados Unidos, Eyder y Daphne, de 11 y siete años respectivamente, y que nunca los vuelvan a ver.

“Siempre tuvimos miedo de salir a la calle, pero ahora siento terror. Cuando suena el timbre no sé si será la Migra o los policías que van a llevarnos y se quedarán con mis hijos”, dice Ávila, quien hace 13 años llegó a California huyendo de la pobreza en su pueblo, el municipio yucateco con mayor cantidad de migrantes mayas y del que lo separan 5.000 kilómetros de distancia. Allí caminaba libre, pero sin dinero ni esperanzas de una vida mejor. Hoy día teme que en cualquier momento la policía lo detenga y encañone solo por no tener documentos.

Aunque salió de Peto, se trajo el pueblo consigo. Conversa en español, con modismos y el acento aporreado característico de Yucatán, que mezcla con palabras en inglés. “Dale né, quédate para la party de mi esposa, yo voy a cocinar. Vienen todas las amigas de Carmita, se pondrá muy chingón”.

La pareja es reconocida por sus habilidades en la jarana, el baile tradicional yucateco que se caracteriza por su zapateado y la música de orquesta heredada de las regiones españolas de Andalucía y Aragón. Aprovechan cualquier vaquería —fiesta popular donde la jarana se prolonga hasta el amanecer— para lucir sus mejores pasos, enfundados en coloridos y elaborados trajes regionales que les envían desde su tierra natal.

Luego de cenar tacos de carne asada y carnitas con la clásica cerveza yucateca Modelo, charlan en la sala del pequeño departamento de dos recámaras que rentan (baño, un cuarto y la sala) al noreste de San Rafael. Hay una imagen de la virgen de Guadalupe en la pieza principal. Durante varios meses dieron en renta su sofá a otros migrantes yucatecos para completar el alquiler de 2.500 dólares mensuales, veinte veces más caro de lo que se paga en promedio en Peto (unos 1.500 o 2.000 pesos mexicanos). Eyder dice que desde los quince años trabajó mucho para sobrevivir. Trató de estudiar, pero sus padres no tenían dinero para pagarle la escuela. Comenzó a manejar un triciclo con el que vendía panes en las calles de Peto. Meses después entró a trabajar a una tienda de materiales de construcción donde ganaba 70 pesos a la semana (poco menos de cuatro dólares), que apenas le alcanzaban para invitarle un helado y un sándwich de jamón y queso a su —en aquel entonces— novia Carmita, en la heladería Holanda del centro del pueblo. Eyder no almorzaba por temor a no poder pagar la cuenta. Le decía a Carmita que “ya había comido en su casa”. Ella ríe al recordar la anécdota.

Eyder y Carmita iniciaron su vida de pareja a esa edad; vivían con los padres de él. Pronto abrieron un establecimiento de venta de comida, refrescos y antojitos yucatecos que se llamó La Bendición de Dios pero, a pesar del gran esfuerzo que hicieron, el negocio fracasó. A los 19 años, en 2005, acordaron que Eyder saldría hacia Estados Unidos el 1 de septiembre, día del cumpleaños de su esposa, en busca de dinero para construir su casa e intentar emprender otro negocio, el sueño recurrente de los migrantes de Yucatán. Dos años después, Carmita lo siguió y cruzó la frontera como indocumentada, luego de cuatro intentos. Reunida, la pareja empezó su vida adulta en un país ajeno con un idioma que no conocía, pero en el que por fortuna tenía el apoyo de los padres y hermanos de ella, quienes desde hace varios años también viven en California, en la ciudad de Santa Rosa, a 50 kilómetros al norte de San Rafael.

Eyder recuerda “el infierno”, como él mismo lo describe para referirse a lo que vivió al llegar a un lugar tan grande y diferente de Peto. No hablaban su idioma y no podía expresarse. Se sentía inútil, porque no podía articular una frase en inglés para pedir ayuda, para saber qué autobús tomar y buscar trabajo o simplemente comprar una gaseosa. Como muchos de los migrantes yucatecos, empezó a trabajar como lavatrastes en un restaurante italiano de Sausalito, localidad costera cercana a San Francisco. Allí aprendió inglés traduciendo, en sus tiempos libres, los ingredientes de los platillos y accesorios de la cocina. Luego ascendió a la parrilla, y al puesto de garrotero y así hasta que se convirtió en mesero. Carmita, por su parte, trabaja poniendo uñas de acrílico en un pequeño espacio que ha montado en su departamento para conseguir un dinero extra. No puede trabajar en una estética. Aunque no necesita papeles para hacerlo, sí requiere tomar un curso de 2.500 dólares —lo mismo que paga de renta cada mes— para obtener una licencia que la certifique.

Eyder dice, de camino a llevar a sus hijos a la escuela, una elementary school donde todos los niños hablan inglés, que extraña a su país y a su pueblo. Por eso trata de enseñarle a Eydercito y Daphne el amor por México y Yucatán, aunque sus hijos no saben casi nada de español. “Amo a México, pero aquí mis hijos podrán tener una educación y una mejor vida”, concluye.

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La belleza uniforme de las casas de estilo victoriano y la imponente altura de los rascacielos del distrito financiero de San Francisco, en California, se cortan de manera abrupta al llegar al sur de la calle Mission. Aparece entonces un contenedor rebosante de basura, y una mezcla de aromas en la que predomina el olor de masa de maíz frita. Un hombre vestido con jeans, playera y una gorra del equipo de béisbol local, los Gigantes, habla en lengua maya por su teléfono móvil a las afueras de un restaurante de comida yucateca.

El distrito de Mission, ubicado al sureste de la ciudad, es un barrio de unos cinco kilómetros cuadrados con una alta concentración de migrantes centroamericanos y mexicanos, entre ellos yucatecos, que llegaron a San Francisco, sobre todo, durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado a trabajar principalmente en el ramo de los servicios, como lavaplatos, meseros y cocineros. Recorrer el barrio da la sensación de estar en una extensión de Latinoamérica, con anuncios en español y varios negocios de productos mexicanos.

El área de la bahía de San Francisco, una península rodeada por nueve condados, es hogar de poco más de siete millones de personas. Entre ellas se encuentran alrededor de 70.000 yucatecos, casi la mitad de todos los contabilizados en Estados Unidos. La zona metropolitana de San Francisco es un destino atractivo no solo para los migrantes de Yucatán, sino para personas de casi todo el mundo debido a su desarrollada economía. De acuerdo con cifras del United States Bureau of the Census, que depende del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el ingreso promedio de un hogar es de 63.024 dólares al año, el más alto del país. La bonanza económica generada por la fiebre del oro de California —que transformó la aldea de San Francisco en una gran ciudad— de mediados del siglo XIX jamás desapareció, e incluso consolidó el llamado sueño californiano, esa motivación mental por conseguir “grandes riquezas en poco tiempo”, como la describe el historiador estadounidense H.W. Brands en su libro La era del oro. No en vano California es el estado más próspero de Estados Unidos y si fuera una nación independiente sería la sexta economía del mundo.

Años después, pero en el sector de los servicios –aunque también trabajan en la construcción y en el campo-, los migrantes yucatecos siguen, en esencia, el mismo camino que los buscadores de oro de California. Han sido bien recibidos porque también es una ciudad muy diversa en lo étnico —33% de su población es de origen asiático y 14% de origen hispano, por lo que las minorías son mayoría— y tolerante con las diferentes ideologías y formas de vivir y pensar. No por nada en sus calles se han gestado movimientos que marcaron la historia moderna.

Aunque la zona de Mission atraviesa, desde hace unos años, un proceso de gentrificación y está siendo repoblada por adultos jóvenes de entre 25 y 35 años que trabajan en grandes empresas de San Francisco y el cercano Silicon Valley —la meca de la tecnología del mundo, sede de compañías como Google, Apple y Adobe—, la presencia de los mayas yucatecos en las últimas tres décadas ha sido tan importante que en junio de este año el gobierno de la ciudad los reconoció con la construcción del In Chan Kaajal Park, un espacio de 3.000 metros cuadrados cuyo nombre en lengua maya se traduce como Mi Pueblito. Según reportes de la prensa local, este fue el primer parque que se edificó en la ciudad en toda una década.

La calle Mission, una vía de once kilómetros que atraviesa San Francisco de norte a sur, tiene varios restaurantes de comida mexicana y yucateca, especialmente desde sus cruces con las calles 16 hasta la 24, que van de oriente a poniente. Entre ellos destacan El Castillito Yucateco, Mi Yucatán y Yucatasia, este último, en el que trabajan Isaías Chan Cauich, de 43 años y Martha Peraza Carrillo, de 50. Son originarios de Tekax y Oxkutzcab, respectivamente, municipios del sur de Yucatán con altas tasas de migrantes. No tienen papeles, pero desde 2004 trabajan con la vietnamita Sandy Duong, también migrante que estuvo casada con un yucateco que conoció en San Francisco, con quien tuvo una hija, Effy, que ayuda a su madre en el negocio sirviendo los pedidos. Como si fuese un restaurante popular de comida regional del sureste de México, Yucatasia ofrece alrededor de 50 platillos de la gastronomía yucateca como el relleno negro, cochinita pibil y poc chuc (puerco asado), así como galletas Dondé y refrescos Cristal, también emblemas de Yucatán.

Sandy, quien ha aprendido algunas frases en maya como ma'alob (está bien), bet uts (por favor) y mix bo’al (gracias) por su contacto diario con sus empleados, muestra en la cocina lo que tienen preparado para el día siguiente: una olla repleta de hirviente mondongo, guisado típico de Yucatán, un caldo hecho con especias, chiles y panza de res. Junto a ella, Isaías pone a hornear el pollo que servirá para los panuchos y salbutes, antojitos hechos con masa, lechuga, cebolla y tomate tan exitosos que son tanto del agrado de la nostálgica comunidad yucateca que visita el lugar, como de clientes como Michael, un estadounidense que vive a unas cuadras y compra a diario un par de panuchos para comer en casa con unas cervezas.

Ángel Granados Ontiveros, presidente de la Federación de Clubes Yucatecos del Norte de California, organización que congrega numerosos grupos de migrantes de todas partes de la región, dice: “La mayoría de nosotros vinimos aquí soñando con hacer una casita y poner un negocio en nuestro pueblo”. La llegada de sus paisanos, cuenta, se intensificó a raíz de las redes que creó Tomás Bermejo, un emigrante de Oxkutzcab que abrió, en 1965, un negocio de comida yucateca, Tommy’s, en el distrito de Richmond, a unos cuatro kilómetros al sur del mítico puente Golden Gate, y que sigue abierto. Con el paso del tiempo, Tomás Bermejo —quien falleció en 2011— se convirtió en un coyote; pasaba migrantes a través de la frontera. Luego daba empleo en su propio restaurante a las personas que traía desde Yucatán, primordialmente del sur del estado, para que le pagaran el cruce, que por aquel entonces costaba unos 500 pesos mexicanos (alrededor de 26 dólares en la actualidad).

Los ataques terroristas a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 marcaron un hito en la seguridad migratoria. Testimonios de migrantes veteranos coinciden en que hace unos veinte años bastaba con cruzar el río Bravo —la división natural entre ambos países— o brincar una pequeña barda para llegar a la Unión Americana. Actualmente tienen que pagar entre 12.000 y 15.000 dólares al coyote o pollero solo para intentar pasar, pues el ingreso no está garantizado.

Cada vez hay más tecnología, más agentes y sensores de movimiento que hacen todavía más complicado el tránsito de la frontera como indocumentado, pero también se han reportado casos de coyotes que secuestran migrantes y exigen altas sumas de dinero a los familiares de sus víctimas para liberarlos. El peligro es latente en ambos lados de la frontera.

Desde que Tomás Bermejo institucionalizó la figura del coyote entre los mayas, la gran mayoría de los yucatecos conservó la costumbre de trabajar en la restauración. Cuando llegan a Estados Unidos, lo más común es que sus amigos o parientes les consigan empleos como lavaplatos en restaurantes. Las redes de los yucatecos funcionan como las de cualquier comunidad migrante: refuerzan sus lazos por la cultura común, se recomiendan en los trabajos, se juntan en las casas en las festividades tradicionales. Pero hay algo que los distingue, según varios testimonios: no se quejan o se quejan menos de las largas y extenuantes jornadas de trabajo en el sofocante calor de las cocinas de los restaurantes. Se lo atribuyen al hecho de que su vida anterior la vivieron en un clima que rebasa los 40 grados centígrados y en sus pueblos trabajaron en el campo o como alarifes, actividades que demandan un gran esfuerzo físico.

Ángel Granados -quien salió de Oxkutzcab en 1985 a los 16 años tras graduarse de la preparatoria y ahora es mesero en uno de los restaurantes más populares de San Francisco, The Stinking Rose, famoso por su cocina a base de ajo- añade que actualmente el grueso de inmigrantes yucatecos son hombres jóvenes de municipios y las comunidades indígenas más apartadas, sin preparación académica, mayahablantes, que con dificultades entienden un poco de español y no saben nada de inglés. El Indemaya confirma este perfil: 45% de ellos tienen entre 18 y 29 años. Por cuatro hombres que emigran, solo lo hace una mujer. La tercera parte de la población de dos millones de personas de Yucatán es de origen maya, habla la lengua. Al llegar a Estados Unidos, encuentran en la diversidad de nacionalidades la comodidad para platicar sin pena en la lengua indígena, a diferencia de lo que ocurre en su natal Yucatán, donde 67% de la gente que habla maya se considera discriminada, como revela la Encuesta Estatal sobre Discriminación 2014 que realizó la Comisión de Derechos Humanos del estado. Los yucatecos en las cocinas, como Martha e Isaías prefieren comunicarse en maya, ya que así expresan sus inconformidades o quejas con libertad, a sabiendas que ni sus jefes ni compañeros inmigrantes de otros estados de México o de otros países, los entenderán.

Esa misma tercera parte no había salido nunca de su pueblo antes de emigrar. Llegar a a San Francisco u otras ciudades de Estados Unidos les produce un fuerte choque cultural: el cruce de costumbres de personas de varios países, los grandes edificios y los cientos de automóviles son diametralmente opuestos a lo que están acostumbrados a ver en sus comunidades de origen, donde casi todo lo indispensable, como el parque principal, el mercado, el trabajo y las casas de los familiares, convergen en un radio no mayor a uno o dos kilómetros. Pueblos en los que la mayoría de habitantes son amigos, conocidos o parientes, o alguna mezcla de las tres, y en los que no hay cines, restaurantes, museos o discotecas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, 73% de los 106 municipios en los que se divide Yucatán, no supera las 10.000 personas.

Granados observa que, para enfrentar la depresión causada por este choque cultural, los migrantes se refugian en las drogas y el alcohol. “Con ese dinero que nunca antes habían tenido, y lejos de sus familias, se sienten libres de hacer lo que quieran”, lamenta. A razón de diez dólares por hora, un migrante yucateco en esta ciudad puede ganar cuando menos unos 30.000 dólares al año. En la zona de la bahía se encuentran tratando de reproducir conductas que se aceptan socialmente en los pueblos de Yucatán, como beber y orinar en la vía pública, lo que les cuesta multas que se quedan en su récord policial, y que podrían marcar la diferencia entre ser deportados o no. En un recorrido por la calle Canal de San Rafael, se ven varias botellas de tequila vacías detrás de los arbustos, un espacio que se convierte en el lugar ideal para ocultarse y embriagarse. Allá en casa, Yucatán es el estado de México con la mayor cantidad de intoxicaciones por abuso de alcohol, con 7.057 reportadas durante 2016, según la Secretaría de Salud, casi el doble de Jalisco, que ocupa el segundo puesto en el ranking, con la mitad de los casos, pese a que triplica la población de Yucatán.

Para Ángel Granados, la clave para sobrevivir en Estados Unidos es trabajar fuerte y no meterse en problemas con nadie. “Solo queda juntar dinero y cruzar los dedos para que puedas regularizar tus documentos”.

Sara Mijares, la activista de Los Ángeles, asegura que los mayas que viven en este país buscan “desesperados” que el gobierno de Yucatán los tome en cuenta y se involucre más con ellos y las familias que dejan en sus pueblos. No quieren que la acción gubernamental se reduzca a repatriar cadáveres de vez en cuando, el único trámite del que las autoridades mexicanas se ocupan de manera regular.

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José May dejó hace 18 años el pueblo de Kimbilá, una localidad de 3.000 personas del centro de Yucatán. Vive desde entonces en Fort Bragg, una ciudad turística de unos 7.000 habitantes situada a orillas del Pacífico y a cuatro horas de distancia de San Francisco, donde intenta cumplir el sueño fundamental de casi cualquier emigrante yucateco: construir en su pueblo la casa de concreto y, además, comprar otros terrenos, a costa de hasta tres jornadas de trabajo y la lejanía de la familia. Todavía no tiene documentos. Hace unos meses lo estafó una persona que le aseguró que completaría los trámites para regularizar su estatus migratorio. Por miedo a ser deportado, no denunció ni solicitó ayuda al Consulado de México. Fueron sus propios empleadores quienes lo impulsaron a demandar luego a la defraudadora, que ahora está en la cárcel. José desconocía que podía hacerlo.

El mayor de tres hermanos, fue el primero de ellos en cruzar la frontera. Abel, el segundo, llegó a California tres años después, luego de cumplir los 20. Dos años más tarde, en 2004, se les unió Sebastián, quien dejó a su esposa Lidia Tuz y a sus dos hijos al cuidado de sus padres, con los que comparten el terreno donde edificaron las casas que ahora habitan en Kimbilá, entre ellas una casona estilo californiano valuada en unos 120.000 dólares (aproximadamente 2 millones de pesos), de dos pisos, con una cocina armada y tina de baño donde inicialmente había dos piezas de concreto y una casa de paja en la que crecieron cuando eran niños. Ni trabajando toda una vida en el pueblo hubiesen podido construirla.

Ninguno de los tres tiene todavía los papeles de residencia en regla y por eso no pueden volver a Kimbilá. Viven aquí en Fort Bragg en un conjunto de ocho apartamentos. El de ellos mide diez metros de largo por quince de ancho. Tiene dos habitaciones, cocina en la que apenas cabe un par de personas, y una sala, donde sobresale una televisión LED de 50 pulgadas. Los trabajos redoblados les permiten ciertas comodidades, enviar remesas suficientes a la familia, y equiparse con artefactos —principalmente adquiridos por Abel— que jamás en su infancia soñaron tener, como sistemas de televisión por cable y teatro en casa, equipos fotográficos y computadora con software de Abel, así como un automóvil deportivo y una camioneta de trabajo.

Los tres han pasado dificultades, pero fue José quien hizo la avanzada. Durante los primeros meses tuvo miedo de salir a las calles, se enfrentó con el muro del idioma, trabajó sin recibir un sueldo, sin quejarse, pasó la noche a la intemperie en el bosque, una noche nevada, después de una jornada entera cortando madera, porque sus patrones olvidaron recogerlo. “Pensé, Dios mío, ¿qué vine a hacer aquí?”, narra. A los dos años se adaptó, se sintió más seguro, más cómodo con el inglés, con trabajo estable y ahorros. Fue cuando llegó Abel, a quien lo movía más la aventura que una motivación económica. Ahora José tiene dos trabajos, un turno lo ocupa en una casa de descanso de adultos y otro como encargado de un pequeño supermercado en Fort Bragg. “Con lo que se gana en Estados Unidos rápido se ven los resultados allá (en Yucatán), pero siento que perdí mi juventud”, confiesa. Abel, por su parte, ha trabajado como jardinero, por el conocimiento del campo con el que creció, pero también se rebusca como fotógrafo de eventos sociales. Es él el diseñador de la casona en Kimbilá que han ido construyendo Sebastián May Llanes y Ligia Arjona, los padres de los tres. Cuando se fue de Yucatán, lo que él deseaba era conocer el mundo, otras culturas, otras maneras de ver la vida. Por eso ha viajado por varias ciudades de Estados Unidos. Pero dejó de hacerlo porque teme subir a cualquier avión y que lo deporten.

La historia de Sebastián, el menor, es diferente porque la necesidad económica lo animó a irse de Kimbilá para mejorar los ingresos de su familia, su esposa Lidia, sus dos hijos y ahora una nieta de cuatro años. El sueldo mensual de 4.000 pesos de costurero (unos 207 dólares) en la maquiladora de pantalones jeans de marca Lee de su pueblo natal, donde trabajaba con Lidia, le alcanzaba solo para comida y para los gastos de la casa de dos pequeños cuartos de concreto. Ahora, recibe esos ingresos en tres días de trabajo en Fort Bragg, por las mañanas en una cafetería y por las tardes en un supermercado —el mismo en el que labora José—. “En ocasiones pienso que ya no puedo más, pero luego veo lo que hemos alcanzado y creo que ha valido la pena”. Con las remesas, sus hijos siempre tuvieron juguetes, videojuegos, teléfonos inteligentes y, de adultos, motos deportivas, pero Sebastián no los vio crecer, aunque ha mantenido contacto con la familia por obra de la tecnología. Y ahora, dice, está listo para volver pronto a Kimbilá y quedarse allí definitivamente. Ya tiene la casa y los dos terrenos.

Hoy es 5 de septiembre de 2017. José, Abel y Sebastián están deshechos en nervios mientras esperan en el aeropuerto internacional de San Francisco. Ingresaron a la terminal aérea con miedo, incluso se confundieron de entrada, pero no quisieron preguntar a los guardias por temor a la deportación. Sus papás, Ligia Arjona y Sebastián May, están por aterrizar desde Yucatán. Vienen a quedarse dos meses por un programa del gobierno estatal que reúne a migrantes yucatecos con más de diez años en Estados Unidos con sus familiares, llamado Cabecitas Blancas. Es un “respiro” que les ayudará a esperar el trámite para regularizar el estatus legal de los tres en Estados Unidos, ordenado por un juez que constató que José y, por extensión, sus hermanos fueron afectados emocionalmente por aquella estafadora. Es la primera vez que se ven desde que salieron de Kimbilá. Cuando llegan, José los recibe con flores y lágrimas. “¡Papá, soy Sebastián!”, exclama el hermano menor, como si temiera que no lo reconocieran después de estos años.

Ya en el apartamento, con los padres recuperados del viaje en avión, de casi diez horas, los hermanos May Arjona no escatiman en atenciones. Compraron por internet un colgador de hierro para instalar en la sala las hamacas en las que dormirán sus padres. Hay un ambiente festivo. Hablan todos en maya sobre las llamadas que se hacían en Navidad. Abel sirve de traductor. Recuerdan que cuando vivían en su pueblo querían llenarse de aparatos electrónicos y el padre les repetía siempre: “¡¿Dónde vas a poner tu tele si no tienes casa?!”. Ahora tienen la casona, carros y ahorros. Sebastián padre compara sus vidas con la de hombres jóvenes de su pueblo, pobres y adictos a la bebida que hasta se quitan la ropa que llevan puesta para venderlas por 10 pesos (50 centavos de dólar) y así poder comprar más alcohol.

Como los hermanos May Arjona, a pesar del endurecimiento del cruce de la frontera y las constantes amenazas del presidente Trump, aún hay muchos yucatecos que ven en cruzar la frontera la única manera de escapar de la pobreza de sus tierras de origen. Datos del Anuario 2017 de Migración y Remesas del Consejo Nacional de Población de México señalan que a diario, al menos tres yucatecos lo siguen haciendo, sin documentos. En un mes, serán cuando menos 90. En un año, habrá alrededor de 1.100 migrantes que dejarán en sus comunidades padres, esposas, hijos y hermanos, a quienes, por su estatus migratorio, no verán por 10, 15 ó 20 o más años. Todo para mejorar el presupuesto familiar y conseguir la anhelada casa de concreto.

Ross, un millonario inversionista de capital privado, vendió la mayor parte de los activos de su empresa antes de unirse al gabinete del presidente Donald Trump en febrero, pero mantuvo una participación en la compañía naviera Navigator Holdings Ltd., establecida en las Islas Marshall en el Pacífico Sur. Las entidades offshore en las que Ross y otros inversionistas mantienen una participación financiera controlaban el 31.5% de la compañía en 2016.

Según el reporte anual de la empresa presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) Pdvsa no es precisamente un cliente menor de Navigator, pues contribuyó con 10,7 por ciento de sus ingresos en el año fiscal de 2014, y con otro 11,7 por ciento en el 2015. Esto es un pago neto de 33,7 y 36,9 millones de dólares respectivamente que la empresa recibió al fletar tres de sus 29 tanqueros para el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) esos años.

La prohibición de Washington a los bancos estadounidenses de participar en algún tipo de financiamiento al gobierno venezolano, incluyendo Pdvsa, no afecta directamente el negocio de Navigator con Venezuela pues las sanciones todavía no ordenan suspender todo tipo de relación comercial con la autodenominada Revolución Bolivariana. Sin embargo, en su reporte anual, la empresa reconoce que “los riesgos geopolíticos asociados con fletar embarcaciones a corporaciones estatales indonesias y venezolanas son significativos y pueden tener un impacto negativo en nuestro negocio, nuestra condición financiera y resultados operativos”.

Entre esos riesgos destaca la posibilidad de expropiación o nacionalización de propiedades, las dificultades para defender sus activos ante las cortes del país y dificultades para mantener el nivel de ganancias debido a elementos como el control de cambio, huelgas, cambios súbitos en las leyes, insurrecciones y hasta guerras. “Si surge alguna disputa contractual sería difícil para nosotros hacer valer nuestros derechos contra Pdvsa (…) No podemos predecir cómo las políticas gubernamentales pueden cambiar en el presente o futuro bajo la administración de Venezuela o Indonesia (…) Dependemos en buena medida de terceras personas para ofrecer servicio técnico a nuestra flota”.

A pesar de estas advertencias, hasta abril de este año Navigator ofrecía servicios de transporte marítimo a PDVSA por lo menos con dos de sus tanqueros: Navigator Taurus y Navigator Virgo, que suelen cubrir rutas entre Venezuela y las islas del Caribe.

Otro socio incómodo

Si algo distingue el olfato para los negocios de Ross es justamente su inclinación a los riesgos, incluso políticos pues otro de los principales clientes de Navigator, con una contribución de más de 68 millones de dólares en ingresos desde 2014, se encuentra la compañía gasera y petroquímica con sede en Moscú, Sibur.

Dos de sus principales propietarios son Kirill Shamalov, quien está casado con la hija menor del presidente ruso Vladimir Putin, y Gennady Timchenko, el oligarca sancionado cuyas actividades en el sector de la energía estaban "directamente vinculadas a Putin", según el Departamento del Tesoro.  Otro poderoso propietario es el mayor accionista de Sibur, Leonid Mikhelson, quién controla una compañía energética que también fue sancionada por el Departamento del Tesoro por apoyar el gobierno de Putin.

Como secretario de Comercio, Ross tiene una autoridad directa sobre las políticas de comercio y manufactura y es una voz influyente en el gobierno sobre prácticamente cualquier aspecto de la relación económica de Estados Unidos con otros países, incluida Rusia. En los últimos años, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se han intensificado, y Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Rusia después de la invasión de Crimea en 2014 y su interferencia en la elección presidencial de 2016.  

Después de la elección, las investigaciones realizadas por el congreso y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han explorado posibles relaciones comerciales entre Rusia y los miembros de la administración del presidente Trump. Aunque varios asociados de negocios y de la campaña de Trump han sido investigados, hasta ahora no se han reportado conexiones empresariales entre altos funcionarios de la administración Trump y miembros de la familia de Putin o su círculo de allegados.

Durante su proceso de confirmación, a Ross se le preguntó en repetidas ocasiones acerca de sus relaciones comerciales con Rusia y sobre sus tenencias en la industria naviera y si éstas podrían plantear un conflicto de intereses con sus deberes como secretario de Comercio.

La misma pregunta le fue formulada en un cuestionario enviado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el marco del proyecto de Paradise Papers y respondida de este modo por el portavoz del secretario de Comercio, James Rockas: “El Secretario Ross se desvincula personalmente de cualquier asunto enfocado en buques de carga transoceánica, pero en general ha apoyado las sanciones de la administración aplicadas a entidades rusas y venezolanas. El secretario Ross nunca ha tenido que buscar o ha recibido alguna exoneración ética y trabaja estrechamente con funcionarios del Departamento de Comercio para asegurar los más elevados estándares éticos”.

Aún así, en Estados Unidos se cuestiona la relación de Ross con el íntimo círculo de Putin. Sibur es "una empresa con conexiones clientelistas", dijo Daniel Fried, un experto en Rusia que ocupó altos cargos del Departamento de Estado tanto en administraciones republicanas como demócratas. "¿Por qué algún funcionario del gobierno de Estados Unidos tiene alguna relación con un compinche de Putin?". 

La conexión comercial indirecta del secretario de Comercio con el yerno de Putin y los aliados oligarcas surge a partir de un examen de los registros públicos y una fuga de millones de documentos financieros offshore del bufete Appleby en las Bermudas obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, Alemania, y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y su red global de socios mediáticos. Muestran el funcionamiento interno de Appleby desde la década de 1950 hasta 2016. Los archivos incluyen documentos de la división de servicios corporativos de Appleby, que se convirtió en independiente en 2016 bajo el nombre de Estera.

Los archivos filtrados muestran una cadena de empresas y asociaciones en las Islas Caimán a través de las cuales Ross ha conservado su participación financiera en Navigator.

El hecho de que las compañías de Ross en las Islas Caimán se beneficien de una empresa controlada por intermediarios de Putin plantea graves conflictos de intereses potenciales, dicen los expertos. Como secretario de Comercio, Ross tiene el poder para influir en el comercio, sanciones y otras medidas de Estados Unidos que podrían afectar a los propietarios de Sibur. Asimismo, los propietarios de Sibur, y a través de ellos, el propio Putin, podrían tener la capacidad de aumentar o disminuir el negocio de Sibur con Navigator según Ross ayude, o no, a orientar la política de Estados Unidos.

De 2014 a 2015, los ingresos de la naviera procedentes de Sibur se dispararon del 5.3% (16.2 millones de dólares) al 9.1% (28.7 millones de dólares) de los ingresos totales, haciendo de la empresa uno de los cinco mejores clientes de Navigator, según las presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, antes de bajar al 7.9% (23.2 millones de dólares) en ingresos el año pasado. Este año, Navigator duplicó la flota dedicada a las exportaciones de Sibur, adquiriendo dos nuevos buques y fletándoselos a la compañía rusa de energía. Los buques fueron nombrados Navigator Luga y Navigator Yauza, ambos nombres de ríos rusos.

Los números no pintan igual cuando se trata de Pdvsa, un cliente que aportó mayores ganancias para Navigator entre 2014 y 2015 que Sibur, pero que desde el año pasado acusa retrasos en el pago de todos los servicios que contrata y por eso tuvo que prescindir de contratar uno de los tres tanqueros que fletaba a la empresa de Ross.

Un hombre de negocios

Antes de unirse al gabinete de Trump, Ross, de 79 años de edad, era un titán en el mundo del capital privado, y reunía a inversionistas de todo el mundo para invertir dinero en empresas en dificultades, con la intención de volverlas rentables. Cuando todo iba bien, él y su empresa no sólo ganaban dinero de sus inversiones y honorarios de gestión, sino también de un sistema de compensación que les permite a los socios generales, que administran los fondos de capital privado, ganar el 20% de todos los beneficios que exceden determinado nivel.  

Muchos de los fondos de capital privado involucrados en estas inversiones fueron creados y administrados por Appleby, el bufete de abogados offshore con sede en Bermuda. Los archivos filtrados ofrecen un vistazo hacia cómo Appleby ayudó a su empresa, WL Ross & Co, LLC, a cosechar los beneficios de paraísos offshore, como las Islas Caimán, un territorio británico que permite niveles extraordinarios de secreto bancario y deja operar allí a empresas de papel dirigidas desde Nueva York sin cargas de impuestos. En 2015, las Islas Caimán ocupaba el quinto lugar en las clasificaciones mundiales del Índice de Secreto Financiero.

Crear fondos offshore organizados como sociedades anónimas puede ser un gran atractivo para algunos inversionistas, al permitirles crear organizaciones exentas de impuestos de Estados Unidos –incluyendo enormes fondos de pensión y universidades muy ricas– para esquivar una regla el Servicio de Impuestos Internos que les obliga a pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos con dinero prestado. También ayudan a atraer a los inversionistas no estadounidenses porque sus nombres no se les revelan a las autoridades fiscales en Estados Unidos.

Los socios generales en un fondo de capital privado offshore disfrutan de generosas exenciones de impuestos en Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de contar la mayor proporción de sus ingresos provenientes del fondo como ganancias de capital a largo plazo, en lugar de ingresos ordinarios. Esto les permite a los gestores de fondos más ricos reducir sus impuestos sobre esos ingresos de la tasa impositiva máxima en Estados Unidos, del 39.6%, al 20%.

Cuando fue nombrado secretario de comercio, Ross presentó un acuerdo con la Oficina de Ética Gubernamental federal que decía que tenía la intención de desprenderse de 80 empresas y asociaciones, pero mantendría una participación en otras nueve que tenían activos en "la financiación inmobiliaria y el crédito hipotecario" y "el embarque transoceánico". Los activos no se especificaron. Aunque había vendido WL Ross & Co. a Invesco en 2006, permaneció activo como presidente y director general hasta renunciar para unirse al gabinete.

Su formulario de divulgación de información financiera, también presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental, tiene 57 páginas e incluye una larga lista bajo el epígrafe "Activos de empleo y Cuentas de ingresos y jubilación". Esta lista se divide en secciones que listan activos que parecen ser propiedad de cada una de las compañías de Ross, detallando hasta siete capas de entidades entre Ross y los activos que posee.

Enterradas en una multitud de subsecciones aparecen cuatro entidades de las Islas Caimán nombradas crípticamente que se encuentran entre las que dijo mantener: WLR Recovery Associates IV DSS AIV, GP; WLR Recovery Associates IV DSS AIV, LP; WLR Recovery Associates V DSS AIV, GP y WLR Recovery Associates V DSS AIV, LP. Las cuatro compañías son administradas por el bufete de abogados Appleby. "Navigator Holdings" figura entre los activos que poseen estas empresas.

La complejidad de las estructuras offshore agrega una distancia legal y de reputación y oscurece el alcance total de las relaciones comerciales de Ross incluso cuando le permiten sacar provecho de ellas, de acuerdo con expertos en impuestos y ética consultados por ICIJ.

La divulgación de Ross valora su participación actual combinada en las entidades offshore que poseen acciones de Navigator entre 2.05 millones y 10.1 millones de dólares. Pero no queda claro cuáles son sus tenencias totales porque no listó un valor para una de las cuatro entidades que retuvo.  No es evidente por qué o si realmente se omitió un valor. Su participación representa una fracción de la participación total del 31.5% de las entidades en Navigator, que, basado en el precio de mercado de la firma al 30 de octubre de 2017, vale aproximadamente 179 millones de dólares.  

(*) Esta es la primera entrega en Armando.info del proyecto Paradise Papers. En este proyecto se analizaron 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de servicios offshore, Appleby (Bermudas) y Asiaciti Trust (Hong Kong), y de registros mercantiles de 19 paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung a través de una filtración que compartió, por medio del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, Washington), con 382 periodistas de 96 medios en 67 países. En Venezuela, el socio del proyecto es Armando.info, que hizo una alianza para su publicación con el diario El Nacional de Caracas.

Además de que ya confisca cantidades mínimas a las fortunas de los principales cabecillas del narcotráfico, y debe resarcir a terceros por errores en estos procesos -como se viene demostrando en esta serie de reportajes, elaborada a partir de más de 200 documentos oficiales obtenidos por solicitudes de información-, ahora México enfrenta una consecuencia todavía peor de su chapuza en las confiscaciones de bienes del crimen organizado: a pesar de ser el territorio donde esas bandas trafican, matan y hacen negocios, México puede quedarse con las manos totalmente vacías. De la fortuna de El Chapo -que representa una cuarta parte del patrimonio de Bill Gates, considerado este año el más rico del mundo por la revista Forbes-, por ejemplo, México quizás no obtenga un dólar.

La situación ha puesto en guardia a legisladores mexicanos, que están exigiendo al Ejecutivo que su país detenga las extradiciones de narcos a Estados Unidos si no hay una negociación en la devolución de sus bienes asegurados por la administración norteamericana. Las pérdidas para el Estado mexicano serían cuantiosas.

Según documentos obtenidos por la Ley de Transparencia, 1.144 narcotraficantes han sido extraditados a gobiernos extranjeros entre 2000 y 2017. La mayoría -1.064; de ellos, 853 de nacionalidad mexicana- fueron enviados a Estados Unidos. Tan sólo 19 a España y 10 a Canadá, reportan los informes de la Dirección de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría.

“Ya existe un convenio internacional que regula el tipo de relación cuando se detiene a un criminal en México y se entrega a Estados Unidos”, advirtió Jorge Ramos Hernández, diputado presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara Baja. “Se firmó desde hace siete años y sigue vigente”.

El acuerdo contempla un porcentaje de distribución de los bienes asegurados o incautados dependiendo del nivel de participación de cada país. “Pero no es suficiente”, puntualizó el legislador. “El gobierno ha sido muy pasivo en iniciar la mesa de alto nivel entre las dos Tesorerías (norteamericana y mexicana) a través de la Cancillería. Se requiere apurar el paso¨, dijo.

Por eso diputados del Partido Acción Nacional (PAN) -que fue gobierno en México entre 2001 y 2012- proponen ahora que el Estado mexicano reclame 50% de los recursos que asegure Estados Unidos a los delincuentes extraditados.

¿Hay algún antecedente de una devolución? “Negativo, ni uno solo”, aseguró el legislador, “el Gobierno federal está reprobado”. Explicó que se hizo un esfuerzo real con la deportación de Edgar Valdez Villarreal, el narcotraficante conocido como La Barbie, pero la iniciativa no prosperó porque Valdez tenía la ciudadanía americana, una regla que no aplica para regresar el dinero. Debía ser mexicano.

La chapuza frente a EE UU

En octubre de 2015 La Barbie, quien fuera operador del Cártel de los Beltrán Leyva, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, líder del Cártel del Golfo, fueron entregados a Estados Unidos con otros 11 delincuentes reclamados por ese país. A pesar del convenio con Washington, México no tiene reportes de la devolución de dinero o bienes asegurados a los criminales por delitos como delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y homicidio calificado.

Otro caso que revela posibles pérdidas para el Estado, es el de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Fue uno de los 13 hombres más buscados de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), por quien la entidad norteamericana ofreció hasta dos millones de dólares de recompensa. Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos en 2007.

En la lista proporcionada por la Procuraduría, se reporta que a Cárdenas se le confiscaron 904 objetos, 43 vehículos, 21 inmuebles, 18 armas, 37 joyas, 34.926 dólares y 146 dólares, entre otros de menor valor. Sin embargo, las autoridades mexicanas no tienen información de lo confiscado por Estados Unidos.

Sin embargo, la situación contrasta con la información en medios públicos de lo congelado a Osiel: 20 millones de dólares en propiedades. Lo mismo ocurrió con el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, quien fuera condenado a cadena perpetua por una Corte de Washington. El gobierno estadounidense le confiscó, según reportes de prensa, propiedades por un valor de 529 millones de dólares.

Reciprocidad retardada

El vacío en las arcas mexicanas contrasta con el apoyo que ha dado México a su vecino del norte en algunas investigaciones, indica María Elena Morera, fundadora y presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común.

“México y Estados Unidos siempre han trabajado en conjunto”, apuntó. “Muchas investigaciones que se conocen allá las hicieron en México. Lo ético sería que la recuperación de los bienes se viniera a México. Sin embargo, no estamos viendo eso, no hay una relación con Estados Unidos en este tema”, afirmó.

Pero aunque se coopere, no siempre hay solidez en las investigaciones mexicanas. Son casos como los de Iván Reyes Arzate, un policía federal, y Veytia Cambero, ex procurador de justicia del Estado de Nayarit, en el centro-oeste mexicano. Ambos están relacionados con cárteles de la droga y fueron detenidos recientemente en suelo norteamericano. “México no tiene investigaciones fuertes al respecto. No creo que Estados Unidos nos regrese algo que no investigamos”, opinó Morera.

Ante la expectativa para que Estados Unidos regrese el dinero asegurado del narco o crimen organizado hay un caso que sepulta esa posibilidad. En 2012, el gobierno estadounidense sancionó por 1.900 millones de dólares al banco británico HSBC, en decomisos y multas civiles, por violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.

La entidad bancaria fue acusada de transferir miles de millones de dólares a favor de Irán y de los cárteles de la droga de México para lavar dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos. “La investigación se hizo aquí en México, pero Felipe Calderón no la quiso sacar. En cambio, la sacó Estados Unidos y se quedó con todo el dinero”, remató Morera.

Mientras tanto en México, en el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se describe el trabajo realizado por la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría (ministerio) de Hacienda, que tiene bajo su responsabilidad combatir el lavado de dinero, identificar patrimonios ilegales, simulaciones y operaciones ilícitas. En un apartado señala: “Células del crimen organizado desarticuladas: cero”.

En julio de 2000 se decretó la confiscación del avión tipo Sabreliner y la detención de dos pilotos, quienes presuntamente transportaban 67 paquetes de cocaína. Sin embargo, dos años después fueron absueltos porque los agentes policiales alteraron el estado físico de la aeronave, según una sentencia emitida en 2002 por un juez penal en el estado de México (centro del país). Esto impidió que sirviera como prueba durante el proceso.

Así, la Procuraduría estaba obligada a regresar el avión. No obstante, lo utilizó hasta 2006 para luego entregarlo al SAE, entidad pública que lo vendió como chatarra por la cantidad de 3.895 dólares.

La empresa dueña del avión demandó con el argumento de que la confiscación fue resultado de una actividad irregular de la Procuraduría. Además, dijo, el ministerio debió notificarle desde el primer momento sobre el proceso.

En 2003 la nave fue reparada, y sus placas e insignias cambiadas por las de la Procuraduría, para incorporarla a la flota aérea de la institución. Las acciones constituyeron “un secuestro”, indicó la demandante, porque la Fiscalía “nunca tuvo como finalidad salvaguardar un instrumento del delito sino de emplearla en su beneficio”, según señalan los documentos.

Como defensora de la Procuraduría actuó Adriana Campos López, quien fuera directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría. Campos, ahora en el cargo de visitadora de la institución, nunca se refirió públicamente a éste caso ni a otros similares, según se pudo constatar en archivos de prensa. Le fue solicitada una entrevista. Sin embargo, a la fecha de publicación de este artículo, no había sido concedida.

Un litigio largo y perdido a cuenta del erario

La empresa reclamante promovió un juicio de amparo en 2002 contra la Procuraduría, pero la solicitud de devolución de la aeronave que hizo fue rechazada. El conflicto judicial se prolongó hasta 2016 y el letargo obró a favor de la compañía. Durante el proceso, en 2005, el Congreso federal aprobó la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, lo que le permitió demandar por segunda vez.

Años más tarde, la Suprema Corte de Justicia intervino y ordenó en 2014 que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolviera el pleito. A finales de 2015, la justicia resolvió contra la Procuraduría y el SAE. Y aunque luego el Estado impugnó, volvió a fracasar. Una cadena de errores y omisiones legales de su parte, abonaron para ello.

“El caso del avión es una vergüenza. Es el ejemplo de cómo se hacen mal las cosas en México”, señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Al SAE la compañía lo señaló por incumplir su deber de conservar, custodiar y supervisar el medio de transporte asegurado provisionalmente por el Ministerio Público. “Sin haber mediado resolución que autorizara la enajenación del bien, aprobó su venta el veinticuatro de abril de 2006, cuando lo procedente era ponerla a disposición de la reclamante (…) dicho organismo descentralizado también resulta responsable de los daños que causó su actividad irregular”, argumentó la defensa de la empresa.

La resolución final ordenó a la Procuraduría indemnizar a la empresa por 773 mil dólares por daños y 14,3 millones de dólares por perjuicios. Es un boquete a las finanzas públicas: los montos representan la mitad del presupuesto de 2017 para la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que apenas cuenta con 31,5 millones de dólares.

¿Quién era el propietario de los 67 paquetes de cocaína? Un misterio que le salió caro al erario federal por las fallas generales de la Procuraduría.

Las estadísticas del quién sabe

El Gobierno mexicano reporta que, entre 2006 y 2016, se han asegurado 347 aeronaves del crimen organizado. Sin embargo, el SAE declaró reservada por cinco años la información sobre el valor de cada bien.

A través de una solicitud de información también se le requirió sobre la cantidad de bienes vendidos y sus respectivos avalúos. La demanda fue negada y se difirió la consulta a la Dirección Ejecutiva de Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles, que tampoco contestó. En otra solicitud solamente entregó información parcial sobre los remates de bienes.

Mientras el Gobierno responde que se han confiscado 347 aviones en ese lapso, el SAE confirma que 166 fueron devueltos. Así las fallas en la integración de las averiguaciones previas por parte de los agentes del Ministerio Público.

También hay discrepancias en aseguramientos de otro tipo de vehículos, confiscados al narco: en el periodo en mención también se han asegurado 720 embarcaciones, pero devolvieron 118. Aseguraron 45 carros de ferrocarril y regresaron 18. Aseguraron 22.392 vehículos y retornaron 4.295 a sus dueños. En cuanto a los inmuebles, se aseguraron 1.239 y se devolvieron 692 bienes.

Información del SAE indica que de los millones de bienes muebles asegurados y decomisados en el periodo 2006-2016, sólo 18.056 cuentan con avalúos. En el caso de los 1.239 bienes inmuebles, apenas 707. Sin embargo, evade desglosar por cada uno: “Cada uno de los bienes, que a la fecha no han sido comercializados o cuyo destino a la fecha no ha sido definido y, en su caso, éste pueda ser la venta, se encuentra reservado por cinco años”.

Avalancha de Juicios

De acuerdo con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales, siguen pendientes otros 264 juicios activos contra la
Procuraduría por responsabilidad patrimonial. Aunque se desconocen los montos
demandados, las acciones sin duda amenazan las finanzas de la
institución.

En cuanto a los juicios ya consumados, el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa reporta que en el periodo 2006-2016 se
emitieron 1.102 sentencias definitivas en las que se involucran a todas las
instituciones públicas. No obstante, oculta los montos resarcitorios. También
los nombres de las personas o empresas. “Se encuentra legalmente imposibilitada
(la entrega de la información), toda vez que implicaría la creación de un
vínculo que haría identificable a la persona con una controversia
jurisdiccional”, contestó el Tribunal.

En ese cúmulo de juicios contra la
Procuraduría, el Tribunal confirma que hay 16 casos, de los cuales dos han
resultado en el pago de indemnizaciones por el concepto de responsabilidad
patrimonial por la suma total de 779.000 dólares, pero sin contar el caso de la
empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos. No menciona el
fallo.

Rematan lujos de narcos

El 29 de julio de 2010, más de 200 funcionarios del
Ejército mexicano, a bordo de vehículos blindados y helicópteros, se enfrentaron
al narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alías Nacho Coronel, en Zapopán
(Jalisco). Controlaba el tráfico de cocaína en la denominada Ruta del Pacífico y
era considerado el tercer hombre más importante del Cártel de Sinaloa, liderado
por Joaquín El Chapo Guzmán.

La versión oficial indica que el capo murió
abatido por las fuerzas castrenses en una finca en la Colonia Colinas de San
Javier. Como resultado, fueron aseguradas dos viviendas, varios vehículos de
lujo, dinero en efectivo, joyas y armas.

Una de esas residencias ya fue
rematada a través del SAE en 2015, por la cantidad de 333.000 dólares.

La
información deriva del SAE, al que se le pidió información vía Ley de
Transparencia del total de casas, terrenos, inmuebles, empresas o vehículos
vendidos o rematados, luego de ser decomisados o asegurados a la delincuencia o
por enriquecimiento ilícito.

La lista de bienes incautados entre 2006 y
2010 incluye 14.748 bienes por la cantidad de 32 millones de dólares. Algunos ya
fueron rematados, como una nave industrial en Toluca, por la cantidad de 10
millones de dólares; un automóvil Mercedes Benz 2011, por 89.000 dólares; otro,
un Lamborghini 2003, por 83.000 de dólares; un Maserati 2009 a 78.000 dólares, y
un reloj Patek Phillippe en oro blanco de 18 quilates, por otros 78.000
dólares.

Sin embargo, ni la Procuraduría ni el SAE han elaborado una
lista detallada de los bienes asegurados o decomisados a los diferentes grupos
delincuenciales o narcotraficantes. “La información es inexistente”,
respondieron.

Aunque la Procuraduría también reportó el dinero
asegurado, no cuenta con bases de datos que precisen el origen o procedencia de
los recursos, con la intención de conocer cuáles estructuras financieras está
combatiendo.

La información parcial proporcionada revela que las
cantidades confiscadas son mínimas si se compara a los ingresos multimillonarios
del negocio de las drogas y la delincuencia organizada.

Francisco Rivas,
director del Observatorio Nacional Ciudadano, lamenta el manejo discrecional de
la autoridad cuando asegura o decomisa los bienes del crimen organizado. “El
dinero, las joyas, las obras de arte e incluso la droga son susceptibles de
extravío. Hasta que no exista un compromiso real para pegarle a los recursos de
los delincuentes no tendremos un avance contra los delincuentes, ya que pueden
seguir operando desde la cárcel”, indicó.

Por otra parte, el Gobierno
desconoce el destino final del dinero recaudado por las ventas o remates del
SAE. Todo va a una bolsa general de la Tesorería Federal. Un destino financiero
por revisar.

La tercera y última entrega de este reportaje será
publicada el próximo jueves 10 de agosto.