“Todos rogaban estar cerca del Presidente, porque sabían que su afinidad hacia los militares podía convertirlos en candidatos a altos cargos. Pero pocos entraban en este círculo”, comenta un militar retirado. Remigio Ceballos Ichaso, un egresado de la promoción Agustín Armario González de la Escuela Naval de la Armada Nacional de Venezuela (año 1985), ya había logrado el anhelado estatus en 2002. Con un curso de formación en Navy Seals de los Estados Unidos (una de las mejores fuerzas de operaciones especiales del mundo) y una prominente carrera había decidido estar al lado de Chávez. Así, y durante ocho años, consolidó una imagen en los predios militares: un hombre leal al oficialismo.

Ahora, fallecido ya el comandante, el contraalmirante Ceballos Ichaso ha dejado de ser un guardaespaldas. Hace un mes fue designado como el Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb). Con el cargo también ha asumido la coordinación de uno de los vértices de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, un plan creado recientemente por el presidente Nicolás Maduro y puesto a cargo de las fuerzas militares en un intento por detener la inusitada crisis alimentaria que azota a Venezuela.

Puertas adentro, en las Fanb, algunos han recibido la noticia sobre la designación como un mal presagio. Los que conocen al contraalmirante recuerdan que fue investigado dos veces en la Inspectoría General de la Armada por presuntos desvíos de recursos económicos asignados por el Estado. No son meras memorias; más de un centenar de folios –distribuidos en dos expedientes administrativos disciplinarios– certifican que a Ceballos Ichaso se le involucró con irregularidades en el componente militar.

El expediente IV-JADEP-0001-13 contiene la última orden de averiguación contra Ceballos Ichaso abierta por la Armada, emitida el 13 de marzo de 2013. “Previas instrucciones del Inspector General de la Armada Bolivariana, según oficio 047 de fecha 11ABR13 (11 de abril de 2013), por medio de la presente se ordena: la apertura de una investigación (…) a los fines de determinar ‘presuntas irregularidades administrativas ocurridas en el Comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez (BRIM1) y Área de Defensa Integral Puerto Cabello y Mora, durante el proceso de contacto popular con la tecnología (Feria Electoral) de los comicios presidenciales del 7 de octubre de 2012”, reza uno de los párrafos del documento filtrado.

La presunta irregularidad ocurrió unos días antes de los sufragios presidenciales del 7 de octubre de 2012 en Venezuela. Chávez, un líder afectado por el cáncer hasta un punto entonces no conocía la opinión pública y que apenas lidiaba con los primeros signos de la venidera crisis económica del país sudamericano, se enfrentaba al opositor Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda, en una reñida contienda. Al contraalmirante Ceballos Ichaso, entonces a cargo de La Brigada de Infantería Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez, se le asignaron recursos financieros para el funcionamiento del Plan República 2012 –un operativo para la custodia y despliegue del material electoral– en los municipios Mora y Puerto Cabello del Estado de Carabobo. Unos meses después, el manejo de estos fondos provocaría crispaciones dentro de la Armada.

Según el expediente de la Inspectoría General de la Armada, Ceballos Ichaso no otorgó la totalidad de los viáticos (89.700 bolívares o 20.860 dólares, entonces) para unos 24 militares subordinados a él que trabajarían en los comicios. “Que yo recuerde nunca me fue presentada esa hoja (la constancia de pago de viáticos) para firmarla. Nunca recibí el monto que allí se especifica (3.450 bolívares). Sí, son mis nombres, también mi número de cédula, pero esa no es mi firma. Para esa fecha (6 de octubre de 2012) no firmé nada relacionado con la recepción de viáticos y menos por esa cantidad. Solo recibí 300 bolívares por el pago de viáticos”, dijo una teniente en un interrogatorio hecho en la Armada hace tres años.

El testimonio de la teniente es repetido casi con exactitud por una veintena de militares comandados en ese momento por el contraalmirante. Los comprobantes de pagos de los viáticos entregados por la Primera Brigada de Infantería Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez a la Armada indicaban que cada uno de los militares recibieron 3.450 bolívares (unos 802 dólares, según la tasa oficial de ese año) para cubrir los gastos del Plan República 2012 que duró 23 días. Pero los subordinados a Ceballos Ichaso aseguraron que se les otorgó menos del diez por ciento de lo referido, denunciaron la falsificación de sus firmas en las facturas, y algunos hasta negaron haber participado en el operativo. “Los datos que están reflejados en esa relación (de pago) sí me pertenecen. Ese no es mi número de cédula de identidad, no recibí la cantidad de tres mil cuatrocientos cincuenta bolívares, como se especifica allí (…) No participé en esa cantidad de días… Esa no es mi firma y por ende la huella tampoco me corresponde”, declaró otra de las tenientes interrogadas por esta investigación administrativa.

En la Armada no hay expedientes contra el Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Ceofanb desde 2015, señalan personas vinculadas a la investigación. Para este reportaje se conversó con algunos de los militares mencionados en estos expedientes. Todos confirmaron la autenticidad de los documentos filtrados y ratificaron sus acusaciones, aunque bajo la condición del anonimato por miedo a posibles represalias.

Según diversas fuentes, los documentos originales desaparecieron durante la gestión del almirante Orlando Maneiro Gaspar como Comandante de la Inspectoría General de la Armada.

Este almirante, designado recientemente Comandante General de la Armada, es relacionado con Ceballos Ichaso por compartir estudios, carrera militar y amistad desde hace 30 años.

Pero este no sería el único expediente administrativo disciplinario contra Ceballos Ichaso durante su gestión en el Comando de la Primera Brigada de Infantería de la Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez que supuestamente se extravió de los archivos de la Inspectoría General de la Armada. En 2010 –según comunicaciones internas como la número 041545Q JUL 13 del Segundo Comando y Estado Mayor General de la Armada Bolivariana– el contraalmirante fue investigado por un presunto desvío de 54.368 bolívares (equivalentes a 12.643 dólares, según una tasa oficial de ese año) destinados a cuatro unidades del batallón de la Policía Naval CN. Juan Daniel Danels.

Este dinero fue depositado en dos empresas, R y D & Asociados, C.A. y la cooperativa Inversiones Mailyn 2008 R.L., para supuestamente impedir que se perdiera esta cuota asignada por el Estado venezolano a la Primera Brigada de Infantería de la Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez. El administrador financiero, un teniente de fragata, fue comisionado para esta operación. En el expediente administrativo, el hombre señala que las empresas cobraron un 14 por ciento de los recursos y el resto fue entregado a Ceballos Ichaso. Pero el contraalmirante culpó al teniente de fragata del manejo de los recursos.

El contraalmirante había prometido a un capitán de navío, en una conversación, que iba a resarcir el desvío de los recursos con la dotación de materiales para el batallón perjudicado. Hasta el año 2014 no había cumplido con este ofrecimiento, aunque sus superiores lo instaron en reiteradas comunicaciones escritas a ofrecer explicaciones sobre los fondos de las cuatro unidades del CN. Juan Daniel Danels.

El intento por contactar al Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Ceofanb, para conocer su versión, no obtuvo respuestas.

El desafiante

En un oficio enviado al contraalmirante por uno de sus superiores el 18 de octubre de 2012 se hace un “llamado a la reflexión” para que corrigiera su conducta “inapropiada”. En el documento se refiere que el contraalmirante supuestamente hacía uso de oficiales y de vehículos administrativos sin autorización de las brigadas y además por responder de forma “grosera” y “desafiante” a altos cargos de la FANB.

Seis años después del incidente, Ceballos Ichaso continúa mostrándose desafiante ante la encrucijada política de Venezuela. En una de sus escasas apariciones en televisión, a mediados de este año, el jefe del Estado Mayor del Ceofanb achacó la fractura del país sudamericano a la oposición. Uniformado, completamente rígido y en un podio atestado de militares, ha ofrecido un discurso contra los adversarios del presidente Maduro, a saber: el imperialismo, las guerras mediáticas y a favor de la Fanb y del socialismo. Nada extraordinario, pues reitera el guión acostumbrado en los actos castrenses bajo el chavismo.

Pero la figura de este contraalmirante ha adquirido notoriedad. Antes de transformarse en el Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Ceofanb, Ceballos Ichaso había ocupado cargos de relevancia en el Estado venezolano, entre ellos los de director de Investigación, Entrenamiento y Doctrina del Segundo Comando y Jefatura del Estado Mayor del Comando General de la Milicia, el comandante de la Infantería de la Marina y el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio para la Defensa. Ninguno de los expedientes administrativos disciplinarios resultó entonces una traba en el imparable ascenso a la cúpula militar.

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Documentos entregados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en español) por el diario alemán Süddeutsche Zeitung demuestran que Velásquez Figueroa abrió el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la apretada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales sobrevenidas de aquel año en Venezuela, una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited, por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca (MF), especialista en crear sociedades de maletín, con un capital de 50.000 dólares.

Dicha empresa, como lo reconoce la firma suiza V3 Capital Partners LLC, que administra el patrimonio de Velásquez Figueroa, en un correo electrónico enviado el 2 de diciembre de 2014 a Mossack Fonseca, no tiene actividad comercial alguna. “La empresa administra los activos rentables de Adrián Velásquez Figueroa desde una perspectiva de gestión de la riqueza”. Para el momento de la comunicación, el sueldo mensual promedio de un capitán rondaba los 10.000 bolívares, menos de 170 dólares en el mercado negro, de acuerdo con el tipo de cambio en ese momento: 60 bolívares por cada dólar. Con el tiempo Velásquez Figueroa ha demostrado tener mucho más poder de compra que el de un asalariado.

Se sabe que al menos hasta el 30 de junio de 2015 la pareja Velásquez-Díaz residía en un exclusivo conjunto residencial de Punta Cana, llamado Cap Cana Caribe, muy lejos de la caótica situación de Venezuela, agobiada por una generalizada escasez de bienes de todo tipo. En aquel lugar el costo de una vivienda oscila entre 400.000 y 1,6 millones de dólares. Por alguna razón hasta ahora desconocida, ellos convirtieron ese exclusivo destino turístico del Caribe dominicano en su centro de operaciones. Fue, en todo caso, una decisión que tomaron después de muchas idas y venidas a ese país, como lo demuestran los movimientos migratorios de ambos.

Velásquez, nacido en Maturín, Venezuela el 2 de noviembre de 1979, también conocido entre los militares con el sobrenombre de Guarapiche, por el río que atraviesa su ciudad natal, ubicada en el oriente de Venezuela, viajó a La Romana y a Punta Cana en enero de 2012 y en el mismo mes de 2013. Su esposa se convirtió en una visitante frecuente al menos desde julio de ese año. Llevaba ya tres meses fuera de la tesorería, cargo en el que había sido nombrada en mayo de 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez, cuando comenzaron sus constantes viajes. El cargo público ya no la ataba al país. Había dejado de captar y custodiar los fondos valores e inversiones de la República y de concretar los pagos establecidos en el presupuesto. Todo esto en medio de un largo control cambiario que ha permitido que los allegados al régimen chavista se beneficien con un sistema que les entrega dólares a precios subsidiados por el Estado que luego se revenden en el mercado negro.

Díaz viajó 11 veces desde Venezuela hacia Santo Domingo o Punta Cana y siempre en vuelos chárter entre 19 de julio de 2013 y el 15 de enero de 2015. La extesorera, quien también ocupó el cargo de secretaria del Fondo para el Desarrollo Social, no ha regresado al país desde el 21 de septiembre de 2015, cuando atravesó la frontera venezolana con Colombia, cerrada desde entonces al tránsito de vehículos por órdenes del presidente Maduro, para trasladarse hacia la ciudad de Cúcuta.

Henrique Capriles denuncia

El nombre de ambos era apenas un pie de página en la opinión pública hasta que saltó de pronto a las primeras planas. El 26 de mayo de 2013 el gobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, sugirió que la pareja tenía relación con Raúl Gorrín, uno de los dueños de Globovisión, planta adquirida por capitales chavistas en marzo de aquel año. Capriles hablaba desde la impotencia que suponía comprobar que su presencia en esa pantalla no era bienvenida como hasta principios de aquel año. Globovisión despuntaba entonces como la única televisora con una política editorial que cuestionaba al gobierno. Habían pasado seis semanas desde que el gobernador había perdido por escaso margen con Nicolás Maduro la inesperada elección de abril de 2013, que escogió al sucesor del fallecido Chávez.

Díaz salió de su cargo justo en el mes que Capriles formuló su denuncia. Velásquez Figueroa, mientras tanto, estaba ya empleado en la empresa MJ Box Tool C.A –desde el 9 de julio de 2012, aunque él la había fundado en septiembre de 2009– y aún aparece como empleado activo de esa compañía en su cuenta del Seguro Social. Suena lógico. Es el presidente de la empresa, ubicada en su natal Maturín según el Registro Nacional de Contratistas, y está habilitada para contratar con el Estado venezolano. Su hermano Josmel José Velásquez Figueroa es el vicepresidente y Eulogio Mago aparece como uno de los directores.

Todos ellos eran los responsables de capitanear la empresa al menos hasta el 23 de marzo, en plena Semana Santa. Ese día el autor de esta nota intentó hablar por primera vez con alguno de los hermanos Velásquez Figueroa, sin éxito. La recepcionista informó que el único vocero autorizado de la compañía era Eulogio Mago y que lo llamara al finalizar el asueto. El lunes 28 de marzo atendió un asistente de Mago que nunca se identificó. Después de escuchar el motivo de la llamada, que pretendía buscar comentarios de Velásquez Figueroa sobre la situación actual de las inversiones que maneja en Suiza y la razón por la cual había decidido abrir una cuenta en la República de Seychelles, el hombre informó: “Nosotros no tenemos información que ofrecer y menos vamos a conversar con un periodista. Buenos días”.

El jueves 31 de marzo se había modificado la línea de mando de MJ Box Tool, según los registros electrónicos del Registro Nacional de Contratistas. Ya no aparecen los hermanos Velásquez Figueroa en el directorio ni tampoco Eulogio Mago. También se ha modificado el renglón que refleja la experiencia de la compañía y las áreas de experticia que abarca. MJ Box Tool, que tenía tres años declarados de experiencia en cada faceta de su negocio, aparece ahora como una compañía improvisada y sin recorrido en los servicios que le contratan (construcción y mantenimiento, producción y fabricación industrial y servicio de gestión, profesionales de empresa y administrativos).

También han cambiado el objeto principal de la empresa. Si hasta el 23 de marzo participaba en la remodelación y construcción de obras civiles, competía en el área de servicios y distribuía bienes importados, después de Semana Santa se ha supuestamente concentrado en el sector de la construcción. De su vida anterior, sin embargo, hay algunas evidencias. Los registros de Import Genius, una de las bases de datos de tráfico marítimo más grandes del mundo, revelan que, entre diciembre de 2012 y enero de 2013, cuando todavía Claudia Díaz era la tesorera, llegaron al puerto de Guanta, estado Sucre, dos cargamentos que, sumados, están valorados en 234.890 dólares, ambos importados por MJ Box Tool. Adrián Velásquez y sus socios trajeron al país preparaciones utilizadas en la industria química.

La eterna voluntad de esconderse

Aunque en agosto de 2013 un empleado de Mossack Fonseca en Panamá reportó en un correo electrónico que Adrián Velásquez Figueroa “era responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez”, que “estaba dedicado a los negocios ilegales con comida y minerales” y que consideraba necesario profundizar las investigaciones sobre el origen de su fortuna, ninguno de los destinatarios pareció tomarlo en cuenta. En los correos consultados de ese año apenas hay una referencia al excapitán del Ejército venezolano. V3 Capital Partners le comunica al bufete que el cliente (Velásquez Figueroa) debía abrir una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos y necesitaba “un sello de las acciones”.

En mayo de 2015 reaparecieron esas preocupaciones. El escritorio decidió actualizar sus registros para adaptarse a los extremos de la ley 23, que promulgó Panamá el 27 de abril de 2015 para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La correspondencia interna del bufete evidencia que adelantaron algunas gestiones para “corregir” anomalías, ajustarse a la normativa y así evitar penalizaciones.

V3 Capital Partners recibió el 2 de junio la primera advertencia. Velásquez Figueroa, escriben los especialistas, calificaba como una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés), una denominación que advierte al sistema financiero de la relación de un cliente con una persona que ocupa cargos públicos en un país. Habían hecho una búsqueda superficial en Internet encontrando las referencias dadas por Capriles, su relación con Claudia Díaz y en general todo lo que de la pareja se ha afirmado en las columnas dedicadas a difundir trascendidos en la red.

La suiza V3 Capital Partners, como parte de su trabajo, había llamado al bufete panameño para que dispusiera del nombre de una compañía de papel en un paraíso fiscal que pudiera administrar los activos acumulados por Velásquez Figueroa, de cuya cuantía y procedencia no se dan mayores detalles en los correos electrónicos consultados para escribir esta historia. De entre las muchas opciones que tenían escogieron Bleckner Associates Limited. Mossack Fonseca, como dice su página web, funciona como un agente registrador al que acuden los propietarios de ciertas fortunas para administrar sus bienes. Las compañías por ellos proporcionadas pueden llevar a cabo negocios en cualquier país, efectuar transacciones en la moneda que decida el cliente a través de jurisdicciones que suelen estar exentas de impuestos con relación a cualquier actividad comercial o transacción efectuada fuera de su jurisdicción.

Tres meses después de la solicitud llegaron los documentos. Entre ellos, el exjefe de seguridad de Hugo Chávez mandó una carta que certifica que forma parte de la exclusiva clientela del banco suizo BSI desde noviembre de 2012.  Apenas un mes, antes un moribundo Chávez había ganado las elecciones para un cuarto período presidencial. Y siete meses antes su esposa Claudia había aprobado el aumento de capital del Fondo de Desarrollo Nacional, una entidad creada en 2005 para financiar proyectos de gran calado, con la idea de utilizar ese dinero para pagos y recompra de deuda pública y atender “situaciones extraordinarias”. Durante aquella campaña electoral la oposición denunció, sin demostrarlo, el uso de recursos públicos para financiar la reelección de Hugo Chávez.

La apertura de una cuenta en Suiza se completó luego de participar en la fundación de al menos cinco compañías distintas en Panamá, todas inscritas en el registro público de ese país entre agosto de 2011 y mayo de 2012 y con capitales de 10.000 dólares.

Entre todos los documentos enviados el exoficial de las fuerzas armadas venezolanas también entrega a Mossack Fonseca una dirección en Venezuela nada concreta, como para refrendar la voluntad de mantener su patrimonio a salvo de cualquier escrutinio: avenida Sojo, entre avenida Venezuela y Boyacá. Para localizarla habría que tocar todos los timbres de los edificios y casas hasta dar con su paradero.

Con la colaboración de Tamoa Calzadilla desde Miami
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