Además de que ya confisca cantidades mínimas a las fortunas de los principales cabecillas del narcotráfico, y debe resarcir a terceros por errores en estos procesos -como se viene demostrando en esta serie de reportajes, elaborada a partir de más de 200 documentos oficiales obtenidos por solicitudes de información-, ahora México enfrenta una consecuencia todavía peor de su chapuza en las confiscaciones de bienes del crimen organizado: a pesar de ser el territorio donde esas bandas trafican, matan y hacen negocios, México puede quedarse con las manos totalmente vacías. De la fortuna de El Chapo -que representa una cuarta parte del patrimonio de Bill Gates, considerado este año el más rico del mundo por la revista Forbes-, por ejemplo, México quizás no obtenga un dólar.

La situación ha puesto en guardia a legisladores mexicanos, que están exigiendo al Ejecutivo que su país detenga las extradiciones de narcos a Estados Unidos si no hay una negociación en la devolución de sus bienes asegurados por la administración norteamericana. Las pérdidas para el Estado mexicano serían cuantiosas.

Según documentos obtenidos por la Ley de Transparencia, 1.144 narcotraficantes han sido extraditados a gobiernos extranjeros entre 2000 y 2017. La mayoría -1.064; de ellos, 853 de nacionalidad mexicana- fueron enviados a Estados Unidos. Tan sólo 19 a España y 10 a Canadá, reportan los informes de la Dirección de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría.

“Ya existe un convenio internacional que regula el tipo de relación cuando se detiene a un criminal en México y se entrega a Estados Unidos”, advirtió Jorge Ramos Hernández, diputado presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara Baja. “Se firmó desde hace siete años y sigue vigente”.

El acuerdo contempla un porcentaje de distribución de los bienes asegurados o incautados dependiendo del nivel de participación de cada país. “Pero no es suficiente”, puntualizó el legislador. “El gobierno ha sido muy pasivo en iniciar la mesa de alto nivel entre las dos Tesorerías (norteamericana y mexicana) a través de la Cancillería. Se requiere apurar el paso¨, dijo.

Por eso diputados del Partido Acción Nacional (PAN) -que fue gobierno en México entre 2001 y 2012- proponen ahora que el Estado mexicano reclame 50% de los recursos que asegure Estados Unidos a los delincuentes extraditados.

¿Hay algún antecedente de una devolución? “Negativo, ni uno solo”, aseguró el legislador, “el Gobierno federal está reprobado”. Explicó que se hizo un esfuerzo real con la deportación de Edgar Valdez Villarreal, el narcotraficante conocido como La Barbie, pero la iniciativa no prosperó porque Valdez tenía la ciudadanía americana, una regla que no aplica para regresar el dinero. Debía ser mexicano.

La chapuza frente a EE UU

En octubre de 2015 La Barbie, quien fuera operador del Cártel de los Beltrán Leyva, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, líder del Cártel del Golfo, fueron entregados a Estados Unidos con otros 11 delincuentes reclamados por ese país. A pesar del convenio con Washington, México no tiene reportes de la devolución de dinero o bienes asegurados a los criminales por delitos como delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y homicidio calificado.

Otro caso que revela posibles pérdidas para el Estado, es el de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Fue uno de los 13 hombres más buscados de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), por quien la entidad norteamericana ofreció hasta dos millones de dólares de recompensa. Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos en 2007.

En la lista proporcionada por la Procuraduría, se reporta que a Cárdenas se le confiscaron 904 objetos, 43 vehículos, 21 inmuebles, 18 armas, 37 joyas, 34.926 dólares y 146 dólares, entre otros de menor valor. Sin embargo, las autoridades mexicanas no tienen información de lo confiscado por Estados Unidos.

Sin embargo, la situación contrasta con la información en medios públicos de lo congelado a Osiel: 20 millones de dólares en propiedades. Lo mismo ocurrió con el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, quien fuera condenado a cadena perpetua por una Corte de Washington. El gobierno estadounidense le confiscó, según reportes de prensa, propiedades por un valor de 529 millones de dólares.

Reciprocidad retardada

El vacío en las arcas mexicanas contrasta con el apoyo que ha dado México a su vecino del norte en algunas investigaciones, indica María Elena Morera, fundadora y presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común.

“México y Estados Unidos siempre han trabajado en conjunto”, apuntó. “Muchas investigaciones que se conocen allá las hicieron en México. Lo ético sería que la recuperación de los bienes se viniera a México. Sin embargo, no estamos viendo eso, no hay una relación con Estados Unidos en este tema”, afirmó.

Pero aunque se coopere, no siempre hay solidez en las investigaciones mexicanas. Son casos como los de Iván Reyes Arzate, un policía federal, y Veytia Cambero, ex procurador de justicia del Estado de Nayarit, en el centro-oeste mexicano. Ambos están relacionados con cárteles de la droga y fueron detenidos recientemente en suelo norteamericano. “México no tiene investigaciones fuertes al respecto. No creo que Estados Unidos nos regrese algo que no investigamos”, opinó Morera.

Ante la expectativa para que Estados Unidos regrese el dinero asegurado del narco o crimen organizado hay un caso que sepulta esa posibilidad. En 2012, el gobierno estadounidense sancionó por 1.900 millones de dólares al banco británico HSBC, en decomisos y multas civiles, por violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.

La entidad bancaria fue acusada de transferir miles de millones de dólares a favor de Irán y de los cárteles de la droga de México para lavar dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos. “La investigación se hizo aquí en México, pero Felipe Calderón no la quiso sacar. En cambio, la sacó Estados Unidos y se quedó con todo el dinero”, remató Morera.

Mientras tanto en México, en el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se describe el trabajo realizado por la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría (ministerio) de Hacienda, que tiene bajo su responsabilidad combatir el lavado de dinero, identificar patrimonios ilegales, simulaciones y operaciones ilícitas. En un apartado señala: “Células del crimen organizado desarticuladas: cero”.

En julio de 2000 se decretó la confiscación del avión tipo Sabreliner y la detención de dos pilotos, quienes presuntamente transportaban 67 paquetes de cocaína. Sin embargo, dos años después fueron absueltos porque los agentes policiales alteraron el estado físico de la aeronave, según una sentencia emitida en 2002 por un juez penal en el estado de México (centro del país). Esto impidió que sirviera como prueba durante el proceso.

Así, la Procuraduría estaba obligada a regresar el avión. No obstante, lo utilizó hasta 2006 para luego entregarlo al SAE, entidad pública que lo vendió como chatarra por la cantidad de 3.895 dólares.

La empresa dueña del avión demandó con el argumento de que la confiscación fue resultado de una actividad irregular de la Procuraduría. Además, dijo, el ministerio debió notificarle desde el primer momento sobre el proceso.

En 2003 la nave fue reparada, y sus placas e insignias cambiadas por las de la Procuraduría, para incorporarla a la flota aérea de la institución. Las acciones constituyeron “un secuestro”, indicó la demandante, porque la Fiscalía “nunca tuvo como finalidad salvaguardar un instrumento del delito sino de emplearla en su beneficio”, según señalan los documentos.

Como defensora de la Procuraduría actuó Adriana Campos López, quien fuera directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría. Campos, ahora en el cargo de visitadora de la institución, nunca se refirió públicamente a éste caso ni a otros similares, según se pudo constatar en archivos de prensa. Le fue solicitada una entrevista. Sin embargo, a la fecha de publicación de este artículo, no había sido concedida.

Un litigio largo y perdido a cuenta del erario

La empresa reclamante promovió un juicio de amparo en 2002 contra la Procuraduría, pero la solicitud de devolución de la aeronave que hizo fue rechazada. El conflicto judicial se prolongó hasta 2016 y el letargo obró a favor de la compañía. Durante el proceso, en 2005, el Congreso federal aprobó la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, lo que le permitió demandar por segunda vez.

Años más tarde, la Suprema Corte de Justicia intervino y ordenó en 2014 que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolviera el pleito. A finales de 2015, la justicia resolvió contra la Procuraduría y el SAE. Y aunque luego el Estado impugnó, volvió a fracasar. Una cadena de errores y omisiones legales de su parte, abonaron para ello.

“El caso del avión es una vergüenza. Es el ejemplo de cómo se hacen mal las cosas en México”, señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Al SAE la compañía lo señaló por incumplir su deber de conservar, custodiar y supervisar el medio de transporte asegurado provisionalmente por el Ministerio Público. “Sin haber mediado resolución que autorizara la enajenación del bien, aprobó su venta el veinticuatro de abril de 2006, cuando lo procedente era ponerla a disposición de la reclamante (…) dicho organismo descentralizado también resulta responsable de los daños que causó su actividad irregular”, argumentó la defensa de la empresa.

La resolución final ordenó a la Procuraduría indemnizar a la empresa por 773 mil dólares por daños y 14,3 millones de dólares por perjuicios. Es un boquete a las finanzas públicas: los montos representan la mitad del presupuesto de 2017 para la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que apenas cuenta con 31,5 millones de dólares.

¿Quién era el propietario de los 67 paquetes de cocaína? Un misterio que le salió caro al erario federal por las fallas generales de la Procuraduría.

Las estadísticas del quién sabe

El Gobierno mexicano reporta que, entre 2006 y 2016, se han asegurado 347 aeronaves del crimen organizado. Sin embargo, el SAE declaró reservada por cinco años la información sobre el valor de cada bien.

A través de una solicitud de información también se le requirió sobre la cantidad de bienes vendidos y sus respectivos avalúos. La demanda fue negada y se difirió la consulta a la Dirección Ejecutiva de Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles, que tampoco contestó. En otra solicitud solamente entregó información parcial sobre los remates de bienes.

Mientras el Gobierno responde que se han confiscado 347 aviones en ese lapso, el SAE confirma que 166 fueron devueltos. Así las fallas en la integración de las averiguaciones previas por parte de los agentes del Ministerio Público.

También hay discrepancias en aseguramientos de otro tipo de vehículos, confiscados al narco: en el periodo en mención también se han asegurado 720 embarcaciones, pero devolvieron 118. Aseguraron 45 carros de ferrocarril y regresaron 18. Aseguraron 22.392 vehículos y retornaron 4.295 a sus dueños. En cuanto a los inmuebles, se aseguraron 1.239 y se devolvieron 692 bienes.

Información del SAE indica que de los millones de bienes muebles asegurados y decomisados en el periodo 2006-2016, sólo 18.056 cuentan con avalúos. En el caso de los 1.239 bienes inmuebles, apenas 707. Sin embargo, evade desglosar por cada uno: “Cada uno de los bienes, que a la fecha no han sido comercializados o cuyo destino a la fecha no ha sido definido y, en su caso, éste pueda ser la venta, se encuentra reservado por cinco años”.

Avalancha de Juicios

De acuerdo con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales, siguen pendientes otros 264 juicios activos contra la
Procuraduría por responsabilidad patrimonial. Aunque se desconocen los montos
demandados, las acciones sin duda amenazan las finanzas de la
institución.

En cuanto a los juicios ya consumados, el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa reporta que en el periodo 2006-2016 se
emitieron 1.102 sentencias definitivas en las que se involucran a todas las
instituciones públicas. No obstante, oculta los montos resarcitorios. También
los nombres de las personas o empresas. “Se encuentra legalmente imposibilitada
(la entrega de la información), toda vez que implicaría la creación de un
vínculo que haría identificable a la persona con una controversia
jurisdiccional”, contestó el Tribunal.

En ese cúmulo de juicios contra la
Procuraduría, el Tribunal confirma que hay 16 casos, de los cuales dos han
resultado en el pago de indemnizaciones por el concepto de responsabilidad
patrimonial por la suma total de 779.000 dólares, pero sin contar el caso de la
empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos. No menciona el
fallo.

Rematan lujos de narcos

El 29 de julio de 2010, más de 200 funcionarios del
Ejército mexicano, a bordo de vehículos blindados y helicópteros, se enfrentaron
al narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alías Nacho Coronel, en Zapopán
(Jalisco). Controlaba el tráfico de cocaína en la denominada Ruta del Pacífico y
era considerado el tercer hombre más importante del Cártel de Sinaloa, liderado
por Joaquín El Chapo Guzmán.

La versión oficial indica que el capo murió
abatido por las fuerzas castrenses en una finca en la Colonia Colinas de San
Javier. Como resultado, fueron aseguradas dos viviendas, varios vehículos de
lujo, dinero en efectivo, joyas y armas.

Una de esas residencias ya fue
rematada a través del SAE en 2015, por la cantidad de 333.000 dólares.

La
información deriva del SAE, al que se le pidió información vía Ley de
Transparencia del total de casas, terrenos, inmuebles, empresas o vehículos
vendidos o rematados, luego de ser decomisados o asegurados a la delincuencia o
por enriquecimiento ilícito.

La lista de bienes incautados entre 2006 y
2010 incluye 14.748 bienes por la cantidad de 32 millones de dólares. Algunos ya
fueron rematados, como una nave industrial en Toluca, por la cantidad de 10
millones de dólares; un automóvil Mercedes Benz 2011, por 89.000 dólares; otro,
un Lamborghini 2003, por 83.000 de dólares; un Maserati 2009 a 78.000 dólares, y
un reloj Patek Phillippe en oro blanco de 18 quilates, por otros 78.000
dólares.

Sin embargo, ni la Procuraduría ni el SAE han elaborado una
lista detallada de los bienes asegurados o decomisados a los diferentes grupos
delincuenciales o narcotraficantes. “La información es inexistente”,
respondieron.

Aunque la Procuraduría también reportó el dinero
asegurado, no cuenta con bases de datos que precisen el origen o procedencia de
los recursos, con la intención de conocer cuáles estructuras financieras está
combatiendo.

La información parcial proporcionada revela que las
cantidades confiscadas son mínimas si se compara a los ingresos multimillonarios
del negocio de las drogas y la delincuencia organizada.

Francisco Rivas,
director del Observatorio Nacional Ciudadano, lamenta el manejo discrecional de
la autoridad cuando asegura o decomisa los bienes del crimen organizado. “El
dinero, las joyas, las obras de arte e incluso la droga son susceptibles de
extravío. Hasta que no exista un compromiso real para pegarle a los recursos de
los delincuentes no tendremos un avance contra los delincuentes, ya que pueden
seguir operando desde la cárcel”, indicó.

Por otra parte, el Gobierno
desconoce el destino final del dinero recaudado por las ventas o remates del
SAE. Todo va a una bolsa general de la Tesorería Federal. Un destino financiero
por revisar.

La tercera y última entrega de este reportaje será
publicada el próximo jueves 10 de agosto.

La primera huida fue en enero de 2001. Luego fue recapturado en el puerto de Mazatlán en febrero de 2014 y encarcelado. Consumó la segunda fuga por un túnel en julio de 2015. Burló el sistema penitenciario una y otra vez y lo recapturaron a principios de 2016.

Un año después, el Gobierno mexicano decidió sorpresivamente extraditarlo a Estados Unidos, un día antes de que asumiera la Presidencia Donald Trump, el 20 de enero de 2017.

Pasaron tres diferentes gobiernos -los de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- y la Procuraduría reporta que, en el periodo 2001-2017, apenas le decomisaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada y 171 municiones. El valor de lo recuperado palidece en relación al patrimonio estimado de El Chapo, similar al del hombre en el puesto 33 entre los 100 más ricos del mundo, Michael Dell, el creador de la compañía homónima de informática, según la revista Forbes.

El análisis de tres bases de datos de la Procuraduría, obtenidas a través de solicitudes por la Ley de Transparencia vigente en el país, demuestran que, aunque el Estado mexicano ha detenido narcotraficantes de alto vuelo, las mismas autoridades tienden a desconocer la magnitud de sus estructuras financieras. La información que manejan las instituciones responsables sobre la cantidad y el valor de los bienes incautados es escasa e irregular. Y en los casos que se manejan cifras, el valor de objetos y dinero registrados son ínfimos en contraste con las estimaciones de los haberes de los mafiosos.

La debilidad institucional en la investigación financiera contra las mafias también incide en procesos judiciales que se le revierten al Estado. En algunos casos, el gobierno ha tenido que resarcir daños económicamente a terceros por bienes incautados al narcotráfico. La situación se agrava con las extradiciones de narcos al extranjero, ya que México, al desconocer las estructuras de bienes y recursos económicos del crimen, corre el riesgo de no poder reclamarlas.

Se solicitó una entrevista con el Procurador General, Raúl Cervantes, para aclarar diferencias en la data y ahondar en el tema pero, hasta la fecha de redacción de este reportaje, no fue concedida.

A inicios de mayo, Cervantes afirmó en una entrevista televisiva que El Chapo no utilizaba el sistema financiero. “Siempre que estábamos buscando, decíamos: ‘No utiliza el sistema financiero’. No es tan sencillo. Hay otros que sí lo utilizan”.

El Chapo. En 2015, la PGR acepto´ que no habi´a aseguramientos registrados al capo ma´s buscado del mundo..... by ArmandoInfo on Scribd

“Cero” inmuebles

A la Procuraduría se le solicitó dos veces información sobre todo lo asegurado desde 2001 al cártel liderado por El Chapo. En la primera ocasión, en septiembre de 2015, el reporte fue el siguiente: “Se hace de su conocimiento que respecto de Joaquín Guzmán Loera se tiene un total de 0 inmuebles, casas, terrenos, empresas y cuentas bancarias aseguradas (...)”. Pero el documento también hacía una salvedad: “Pueden existir aseguramientos que, dada la situación jurídica y el estado procesal, pueden no estar reportados”.

En otra solicitud, en febrero de este año, la Procuraduría afirmó: “No es posible desagregar y/o discriminar si lo asegurado pertenece a la organización delictiva referida en su solicitud (Cártel de Sinaloa)”. En su lugar, remitió el total de dinero asegurado a narcotraficantes entre 2001 y 2016. En total, unos 823 millones de dólares. También entregó lo contenido en una serie de boletines de prensa.

En los comunicados, la Procuraduría señala diversas diligencias efectuadas para la detención de personas, encabezadas por El Chapo, así como el aseguramiento de diversos bienes. No obstante, se precisa que de los documentos “no es posible obtener de manera específica los aseguramientos a la persona de su interés”.

Por ejemplo, en un comunicado del 22 de febrero de 2014, la Procuraduría presumió de cómo funcionarios de la Marina detuvieron al narcotraficante. José Murillo Karam, entonces procurador general, declaró: “En razón de este operativo hemos asegurado (…) 97 armas largas, 36 armas cortas, dos lanzagranadas, un lanza-cohetes, 43 vehículos (19 blindados), 16 casas y cuatro ranchos hasta este momento”.

Días después, el 26 de febrero, se amplió la información en otra conferencia de prensa: “97 armas largas, 36 armas cortas, 311 cargadores, dos lanza granadas, un lanza cohetes, dos cohetes, una subametralladora calibre 9 milímetros, dos explosivos, 6.044 cartuchos, nueve granadas de fragmentación, cuatro granadas de 40 milímetros para arma larga, 43 vehículos (19 blindados), 38 equipos de comunicación y 14 casas. También 420 mil pesos (23 mil dólares) y 4.690 dólares, 3.110 kilogramos de metanfetaminas (cristal), 82 kilogramos de cocaína y 25 kilogramos de marihuana”.

La Procuraduría no precisó quién era el propietario de esos bienes ni su ubicación actual. Tampoco aclaró las discrepancias entre los datos de ambos comunicados.

En agosto de 2014, con el principal objetivo de mantener un mayor control de los bienes asegurados a la delincuencia, la Procuraduría puso en marcha el Centro Nacional de Control de Bienes Asegurados. Hoy está desactualizado, pues no hay data para los últimos tres años.

La página oficial ofrece información de los aseguramientos entre los años 2006 y 2014, con un total de 589,8 millones de dólares (entre pesos, dólares y euros), además de empresas, embarcaciones, inmuebles, vehículos, aeronaves, obras de arte, armas, hidrocarburos y droga, entre otros, que fueron asegurados a la delincuencia. Pero no se especifica el valor de cada uno de los bienes muebles e inmuebles, ni a cuál narcotraficante o cártel corresponden.

El Chapo. Despue´s de su extradicio´n a EU, la PGR informo´ sobre aseguramientos mi´nimos al narcotraficant... by ArmandoInfo on Scribd

Cárteles indemnes

Pero el de El Chapo no es un caso aislado en la benevolencia u omisión continua del Estado mexicano frente a los bienes del crimen organizado. Al ampliar el lente, es clara la inacción frente a las estructuras financieras de líderes mexicanos del narcotráfico. Así lo evidencian las respuestas de la Procuraduría cuando se le requiere el listado de bienes y cuentas bancarias asegurados a los principales cárteles. Entre ellos los de Los Zetas, Beltrán Leyva, Tijuana, La Familia, del Golfo, Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación, del Milenio, Resistencia, Guerreros Unidos, Juárez o Independiente de Acapulco.

En ambas ocasiones que se dirigió la solicitud de información (en 2015 y 2017) la institución contestó: “No es posible desagregar y/o discriminar si lo asegurado pertenece a la organización delictiva referida en su solicitud”. Y remite el mismo listado general de lo asegurado por la Procuraduría en el periodo 2001-2016. El registro ofrecido no contiene detalles sobre lo confiscado, sólo los montos totales en dólares, euros y pesos.

Está el caso de Ismael El Mayo Zambada, el segundo a bordo del Cártel de Sinaloa en tiempos de El Chapo. Es uno de los narcos más buscados y por quien la Procuraduría ofrece la máxima recompensa de 1,66 millones de dólares. No hay nada incautado de él. “Después de efectuar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos (en el periodo 2001-2016), fue posible localizar cero (0) registros de bienes asegurados, esto es, casas, terrenos, inmuebles, empresas, dinero, cuentas bancaria…”.

Otro ejemplo de cómo las estructuras financieras del narcotráfico sobreviven a los operativos de los cuerpos de seguridad, es el de Vicente Carrillo Fuentes —hermano del difunto Amado, El señor de los cielos —, líder del Cártel de Juárez. De él apenas se reportan los aseguramientos de 115 objetos, dos armas, tres cargadores y 58 municiones o cartuchos.

Hacienda se deslinda

Además de la Procuraduría, en febrero también se consultó a la Secretaría (ministerio) de Hacienda sobre los montos asegurados y los nombres de las empresas sancionadas por ilícitos o lavado de dinero —incluyendo las que son señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos—.

Su respuesta: “La Unidad de inteligencia financiera no puede proporcionar la información solicitada, en virtud de carecer de facultades en materia de clausuras y aseguramientos”. Incluso, indicó que no es su competencia: “Se sugiere consultar el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o a la Procuraduría Federal del Consumidor, quienes se estiman las autoridades competentes para atender la solicitud que nos ocupa”, dijo Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.

Es una recomedación estéril. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene la misión de proteger y promover los derechos de las y los consumidores mexicanos, “garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios”.

Faltan investigaciones en profundidad

Las organizaciones ciudadanas de monitoreo no han tenido mejor respuesta a sus solicitudes. “La información que entrega el Gobierno es tan mala que no permite un proceso de sistematización”, indicó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. “Demuestran que no hay un control en los aseguramientos”.

Quedan preguntas en el aire, dice, como cuál es el destino de los bienes asegurados. “Esto sin contar lo que devuelven por los malos procesos”, agregó.

María Elena Morera, fundadora y presidenta de otra organización, Ciudadanos por una Causa en Común, subrayó que el gobierno está combatiendo de “manera parcial” a la delincuencia. “Si sólo corta las cabezas, los que están abajo quieren subir y provocan una serie de diferentes violencias para tener el puesto de arriba”. Los grandes cárteles se multiplican en decenas de bandas criminales dedicadas, además de la droga, al narcomenudeo, secuestro, extorsión, piratería y robo de combustible, explicó.

En otros países, como Estados Unidos, tienen un mecanismo más profundo para el combate a las finanzas mafiosas. “Se investiga a las bandas completas, se las identificada y en el momento preciso rompen los mandos superiores y medios, o las finanzas. Son investigaciones de más largo aliento, donde los resultados son fuertes”, argumentó.

Por eso la activista remarca el fracaso en México de la Ley de Extinción de Dominio, un mecanismo por el que el Estado asegura los bienes de origen ilícito: “No ha servido, es inútil”. En Colombia, contrasta, es exitosa, porque se han afectado más 49.712 bienes de la delincuencia organizada, de los que más de 10.000 se han asegurado a favor del Estado. “Realmente no tenemos un régimen que esté fortalecido para combatir las bandas criminales”.

En el fondo, opinó, existe una debilidad institucional. “La Procuraduría investiga e integra mal las averiguaciones y el Estado mexicano termina pagando. No combaten y causan un daño institucional”.

Osiel Ca´rdenas, li´der del Ca´rtel del Golfo.pdf by ArmandoInfo on Scribd

Esta noche los dólares y la droga no corren por las esquinas del prostíbulo, como dejaron ver los primos Flores en las audiencias previas a su juicio por tráfico de estupefacientes en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Lo único que sobra hoy son chicas. “Las mujeres sólo pueden entrar los lunes, martes y sábados… Así que hoy es tu día de suerte. Bienvenida”, me dice el anfitrión de Trío al bajar las escaleras que dan entrada a la planta baja del Centro Letonia de Caracas. Las reglas son claras: está prohibido tomar fotos o vídeos dentro del establecimiento y ninguna mujer puede entrar sola. “Un hombre te debe acompañar inclusive si vas al baño, no vaya a ser que algún cliente te confunda con una de las chicas que hoy andan en vestido y no en ropa interior”, advierte mientras me enfrento a la rutina de la revisión. La advertencia no carece de sentido en un lugar donde, a excepción de las dos primeras reglas, cualquier fantasía puede ser cumplida si se paga el precio marcado en la etiqueta.

Los sábados tienen una particularidad. Con el pago de la entrada de 2.000 bolívares –unos 3 dólares al cambio oficial o 2 dólares en el mercado negro– los clientes participan en un sorteo de una sesión todo incluido con habitación, champagne y chica. Una gran oferta si se considera que el monto para disfrutar de la compañía de una de las prostitutas, por media hora, es de 44 mil bolívares, que equivale a un 68% del salario mínimo venezolano o 44 dólares en el mercado negro. “El doble si entran en pareja”, explica uno de los mesoneros. Ellos se encargan de dar precios y son el enlace entre chica y cliente.

En octubre de 2015, dos informantes confidenciales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) de origen mexicano, padre (55 años) e hijo (34 años), llegaron a Caracas haciéndose pasar por narcotraficantes del cártel de Sinaloa. Actuaron como parte de la operación que resultaría meses después en el arresto de los familiares de la pareja presidencial venezolana. En aquella visita mantuvieron cuatro reuniones en la capital del país con Campos Flores y Flores de Freitas y visitaron el local Trío. La noche de farra y las chicas fueron cortesía de los anfitriones.

El informante de la DEA dijo en la audiencia de supresión de pruebas del caso que los sobrinos Flores los invitaron a la discoteca Trío y, al terminar la noche, los enviaron a un hotel de la cadena Marriot, ubicado a escasos minutos del local, con 3 prostitutas de obsequio para el fin de la velada. También fueron provistos de carros y guardaespaldas durante su estancia en Caracas. Los mexicanos informaron que Campos Flores aseguraba que el club había sido de su propiedad pero que, inclusive después de venderlo, seguía recibiendo un trato exclusivo.

Para el año 2009, cuando se inauguró Trio, los dueños eran Alfredo Lovera, conocido empresario en la movida nocturna caraqueña; Eduardo Capriles, empresario y hermanastro del también empresario Armando Capriles; y un tercero que sólo se le conoce con el apodo de “El Burro”, según afirman ex trabajadores del prostíbulo. En papel la historia es diferente.

***

El local está oscuro, nada más unas luces tenues moradas, amarillas y azules iluminan el ambiente. Una hilera de mujeres con vestidos cortos están sentadas junto a la barra. Poca ropa para la intensidad con la que se siente el aire acondicionado. Frente a las chicas un escenario iluminado en los bordes, detrás una escalera de caracol con escalones de aluminio que llevan al segundo piso, las baldosas brillan, los asientos de cuero están organizados en forma de medialuna y se siente el olor a splash de Victoria's Secret. Entrada la medianoche el primer show está por comenzar. Sólo tres mesas tienen clientes, a pesar de ser un sábado de quincena. Quizás influyen los precios: cada trago cuesta 9 mil bolívares y el servicio de ron más económico sube a los 78 mil. Casi el doble que en cualquier otro local nocturno caraqueño. Disfrutar de una pasarela de mujeres perfectamente depiladas y con cuerpos, según gustos, perfectamente esculpidos a punta de silicona, no sale gratis.

“Si eres fotogénica, ven y te invito a mi pasarela ay ay, gata va-ni-do-sa…”, suena de fondo mientras dos chicas hacen su aparición en la tarima semicircular en medio del club. Al lado del escenario una pantalla plana sigue transmitiendo vídeos de mujeres semidesnudas e imágenes que celebran el sexto aniversario de Trio. Ambas chicas llevan puesto nada más que un sostén y una falda que poco cubre las nalgas que alguna vez recibieron el punzón de inyecciones para ser rellenadas. Una de ellas es rubia, la otra es morena. No interactúan físicamente entre sí pero comparten una que otra mirada que las guía en su coreografía. Durante el tiempo que dura la canción de reggaetón los glúteos de la morena casi abrazan el tubo de poledance de unos ocho metros de largo que se conecta con el siguiente piso. La rubia en el otro tubo sube tanto que obliga a los asistentes a inclinar la cabeza, una vez arriba se deja llevar por la gravedad que no afecta a sus senos operados.

El prostíbulo de los apodos

Trio Gentlemen's Club es sólo un nombre comercial. Es una abstracción jurídica, efímero, como los momentos que los caballeros, y algunas damas, buscan disfrutar en este local creado para cumplir fantasías. Detrás del licor, la música y las lentejuelas está la Corporación Kanata, C.A. Es el único nombre visible en los comprobantes de pagos del prostíbulo.

La compañía fue registrada el 6 de noviembre de 2008 por Bernardo Soto Negron y Anthony Zambrano Ramírez con el objeto social de “explotación de centros nocturnos, clubes sociales, discotecas, cervecería, restaurantes, tascas, salas de fiesta, eventos y espectáculos diurnos y nocturnos, compra y venta de bebidas alcohólicas, venta de alimentos y bocadillos”. Soto y Zambrano poco duraron como los dueños de la empresa. A finales de 2008 dejaron de ser accionistas y la compañía quedó a cargo de Belkis Hurtado Reyes y Mauricio Maduro Morales hasta el día de hoy.

Sobre los propietarios actuales de Trio hay una cortina de humo como la que utiliza el local para darle un aire de misterio a los bailes eróticos de sus chicas. Los alias, el lenguaje común de la delincuencia, lideran también las relaciones en este local nocturno caraqueño. Las trabajadoras del local comentan que sólo conocen a los dueños por apodos o simplemente el primer nombre. Los apellidos no se manejan. A la cara más visible de Trío lo conocen como “El Burro”, apodo que se ganó no necesariamente por carecer de cualidades intelectuales. “No tengo idea de su nombre. Pero le dicen “El Burro” por el tamaño de su miembro y porque tiene fama de acostarse con todas las mujeres que entran allí. En algunas noches de farra alquilaban pisos completos del Marriot para el disfrute de él, sus amigos y varias chicas”, comenta Adrian*, ex trabajador del club.

En una demanda laboral impuesta por Lennart Jonson González contra la empresa Trio Gentlemen´s Club la representación de Corporación Kanata aclaró que, aunque estaban encargados de la operación y administración del local, no eran los representantes de Trio. “Corporación Kanata, C.A. y Trio Gentlemen´s Club no tienen vinculación porque Trío no existe como persona jurídica… Corporación Kanata, C.A. contrata a una operadora de servicios para que atienda local donde funciona Trio Gentlemen´s Club, local que pertenece a Corporación Kanata, C.A”. El nombre de esa compañía jamás salio a relucir.

Las oficinas de Corporación Kanata, C.A están ubicadas en el mismo centro empresarial donde funciona Trio, pero en un piso superior. En un día laboral cualquiera es común ver a mujeres entrar y salir cobrando la comisión del 50% que obtienen por cliente. Ninguno de los trabajadores niega que la corporación es la empresa tras el prostíbulo y queda más claro al ver los afiches de Playboy que cubren una de las paredes de la oficina y los productos que almacenan allí: botellas de alcohol y toallitas húmedas desinfectantes. Lo que sí niegan es que los sobrinos Flores hayan sido en algún momento los dueños. “Los conocemos pero es mentira que el club sea de su propiedad”, comenta uno de los encargados del local.

Voyeuristas y seductores

“Sé que quieres, se te nota. Al hablarme, al mirarme, no puedes engañarme...ah eh ah eh ah eh”. Una vez más al ritmo del reggaeton comienza el show. Cada espectáculo sigue el mismo patrón: una canción urbana que permite a la chica sacudir ante el público sus glúteos, seguido de una melodía lenta con letras en inglés –Alanis Morissette parece ser la cantante favorita de ellas– que acompañe el desprendimiento de ropa interior de una manera provocativa mientras lentamente abren sus piernas de par en par. En medio de la magia un hombre cercano suelta sin tapujos: “lamería sin pensar cualquier cosa que esa mujer se coloque en la piel”.

En una de las mesas diagonales al escenario, en un rincón oscuro, está Ami. La acompaña un hombre alto, corpulento, vestido con jeans y camiseta gris. Beben tragos de ron Santa Teresa 1796 y piden unos tequeños para acompañar. Se ríen, ella se voltea dándole la espalda y baila pegando su cuerpo contra él. No se besan, pero él aprovecha sus movimientos para colocar una mano entre sus piernas y subir su vestido. Saben que los miran. Disfrutan que los miren.

Ami también comparte con los demás. Mientras el tercer show, protagonizado por una chica vestida de colegiala y con un tatuaje de un sol alrededor de su ombligo, se desarrolla en el escenario, Ami conversa con algunas de sus compañeras y tararea las canciones: “Si tu marido no te quiere, quiere. Baby, mejor tú dale banda, por qué. Porque esta noche sí se bebe, bebe”. A la par del sonido de la música, Ami se me acerca. Huele a gel antibacterial de tutti frutti. Como todas. “Deberías ser mi novia. Recuerda que soy toda tuya, tuya, tuyita. No te vayas a ir todavía”, deja soltar en mi oído. La caricia de sus manos se siente suave, familiar, y la dureza y el peso de sus glúteos pegan en mi regazo.

Son astutas. Saben que si una pareja heterosexual entra al local, la decisión de disfrutar de un servicio adicional va a depender de la mujer y no del hombre que acompaña. Al final de cuentas son negocios y aquí no vale ninguna promoción de dos por uno.

No se sabe si Ami fue una de las elegidas para pasar esa noche del 25 de octubre de 2015 con los informantes de la DEA, pero los primos Flores eran fieles visitantes del local. María*, una chica que trabajó hasta el año pasado en Trio, asegura que era común encontrar a Franqui Francisco y a Efraín disfrutando de los shows y de la compañía de mujeres. “A Trio va gente de la farándula, extranjeros y gente del gobierno. Pura gente con billete. Atendí a políticos y claro que conocí a los sobrinos de Maduro. Inclusive decían que el dueño, a quien llaman “El Burro”, tiene varios negocios con el Gobierno”, asegura María, quien agrega que usualmente los sobrinos de la pareja presidencial y los dueños del local, se llevaban a las chicas “consentidas” a paseos en lancha y yates los fines de semana.

En agosto de 2016, los informantes cambiaron papeles: fueron acusados de tres delitos y están siendo procesados a la par. Ambos se declararon culpables de conspirar para importar y distribuir droga en los Estados Unidos, además de mentir a los agentes de la DEA. Los abogados de los sobrinos Flores se están agarrando de ese traspié para su beneficio, e insisten que los informantes que trabajaron para la agencia estadounidense manipularon fotografías, audios y vídeos eliminando extractos de conversaciones vitales para comprender el contexto de las conversaciones. También sostienen que los informantes usaron dinero del presupuesto de la DEA, y no el de los sobrinos, para pagar los servicios sexuales. El juicio iniciará el próximo 7 de noviembre.

Son las 3 de la mañana. El cuarto show de la noche acaba de culminar. Llegó la hora de hacer el sorteo para que alguno de los clientes se gane la sesión todo incluido con una de las chicas. Bajan el volumen de la música y el animador se dispone a sacar el papelito ganador de una tómbola de cristal. “373”, exclama. Casualmente la mesa que más consumió durante la noche (servicio de whisky, botella de vino, ceviche) resultó ser la ganadora. Gritan alegres y se mueven a uno de los asientos cercanos a la tarima para seguir celebrando.

De las 15 chicas que a la vista estaban esta noche, a lo sumo seis entraron a las habitaciones. El número de mesoneros superaba a los clientes en el local. Hace más de media hora que Ami se fue con el corpulento. La misma rubia de pelo corto del principio hace su aparición en el escenario para la última presentación, baila una canción de hip hop mientras un joven le lanza 10 o 15 billetes de Bs 50. “¿Ya te vas? ¿Cuándo vuelves?”, dice Ami, al regresar con una voz que transmite cansancio. “Pronto”, le digo mientras la abrazo. Definitivamente, no fue la noche más productiva para las trabajadoras de Trio Gentlemen Club.

*Algunos nombres fueron cambiados por petición de los entrevistados

Rafael Antonio Marín Yánez, 42 años, hombre pequeño y de tez cobriza, conocido como excelente motorista, es uno de los protagonistas de la secuencia. El 24 de febrero 2015 estaba con su primo Luis Enrique Yánez Cabello, de 34 años, en una orilla del río, en el sector llamado Sagarai, del Caño Manamo, junto a una curiara de metal que escondía marihuana. Ambos fueron detenidos, según consta en el expediente YP01-P-2015-000635 del Tribunal Itinerante de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, al mostrarse nerviosos cuando la patrulla militar los interceptó. Ocultaban 92 kilos de esa droga divididos en panelas.

Los primos fueron llevados a juicio y necesitaron un traductor del español a su lengua materna para seguir las incidencias del proceso. El 23 de julio de 2015 los condenaron a 10 años de prisión por tráfico agravado de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de transporte. Esta decisión fue apelada el 21 de septiembre de 2015, en el expediente YP01-R-2015-000156 de la Corte de Apelaciones con Competencia Múltiple del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro. Esta instancia decidió anular el fallo de julio y ordenó un nuevo juicio.

Los dos hombres están recluidos en el retén de Guasina, ubicado en Tucupita y cuyo nombre recuerda el tenebroso penal civil instalado en una isla de la región, escenario de torturas a presos políticos de los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, mostradas en el documental Tiempos de Dictadura de Carlos Oteyza. La cárcel es un destino más que eventual en una región cuyos dramas no están en la lista de prioridades del país, y no tiene forma de ofrecer a los lugareños un trabajo digno. Algunos han esquivado esa suerte. La Guardia Nacional, quizás apiadándose de él, decidió no iniciar la judicialización de su historia. Un caso más que no engrosa las estadísticas de los decomisos de droga, pero que sí se suma al generalizado clima de opinión en la zona. Los waraos están siendo utilizados como carnada para disimular el paso de mayores lotes de drogas a través del corredor fluvial que desemboca en la fachada oriental del Océano Atlántico.

El retén de Guasina, convertido en improvisado penal, no es muy distinto a los otros penales del país. Concebido para estadías cortas, Guasina, sin embargo, tiene su líder –o Pran, como se le conoce en la jerga delincuencial– y los indígenas están confinados en uno de los seis módulos de la instalación.

El editor del portal digital TaneTanae (cuyo vocablo traduce del Así pasó, del warao al español) Amador Medina, conoce de cerca el lugar. Dice que las mayores penurias las tienen los que no poseen 2.500 bolívares a la semana para abonar “la causa”, la contribución al mantenimiento del penal que recoge la organización delictiva que domina el reclusorio. Como forma de pago los indígenas sirven de mensajeros, acarrean agua, rastrillan o lavan la ropa de sus compañeros.

“La comida es otro dolor de cabeza. Las familias deben aportar el alimento para el detenido y en diversas ocasiones pasan hambre”, afirma Medina, quien agrega que hay 33 presos de raza warao, en su mayoría condenados por contrabando y otros delitos como homicidio.

De acuerdo con la jueza rectora de Delta Amacuro, Norisol Moreno, las instalaciones de Guasina no son las adecuadas para los indígenas. Ellos mantienen una dieta a base de pescado, vegetales y una especie de arepa elaborada con harina de trigo llamada domplina. A la cárcel no llegan esos alimentos y no toleran la comida que les brindan. Los dormitorios tampoco son aptos. La Ley de Pueblos y Comunidades indígenas establece que deben ser recluidos lejos de la población común y en este caso están bajo la influencia directa de los “criollos”. La distancia geográfica de los familiares, la pobreza imperante, y su indefensión ante los poderes fácticos dentro del retén policial de Guasina, hacen del indígena un preso particularmente sufrido.

Con voz amable y pausada el padre Zacarias Kariuki, Vicario General y representante de la pastoral indígena católica, suma su voz al drama. Algunas veces, cuenta, los waraos no entienden las razones por las que son detenidos y caen en fuerte depresión. Hasta hace muy poco el religioso se encargaba de llevar comida a los detenidos, pero la crisis económica provocó que esa asistencia menguara y lentamente desapareciera.

“Muchos indígenas están presos solo por ser choferes o motoristas de lanchas. Otros carecen de alimentos porque provienen de los caños y no tienen familiares cerca. Salen más criminales que antes, porque en la cárcel aprenden malas mañas para sobrevivir. Deben aliarse con el Pran, muchos no tienen para pagar las cuotas diarias y algunos se prestan para complacer favores sexuales. Es como una escuela del delito”.

“Faltan cursos que les expliquen a mis hermanos cuáles son los delitos, para que ellos no cometan errores”, considera el intérprete jurídico Carlitos Díaz, cuyos pequeños y redondos ojos oscuros revelan su origen warao. Está muy consciente de la responsabilidad que tiene porque en los tribunales y la fiscalía habla por los acusados y les traduce los alegatos. Díaz, un hombre muy parco a pesar de su profesión, pareciera no querer hablar de más, pero indica que muchos cometen delitos por ignorancia y son vulnerados al usarles como mulas. Considera que la investigación debe dirigirse al origen del contrabando y no a penalizar al mensajero.

Alexis Valenzuela, líder de origen arawaco y diputado al Parlamento Latinoamericano, opina que a los waraos les falta orientación legal para comprender los beneficios judiciales, por lo cual propone un programa de charlas en su idioma y que los propios indígenas sean incorporados como promotores, para evitar caer en el delito. Resalta que muchas veces la pena es inferior al tiempo que han pasado encerrados como procesados. “El warao no sabe mentir. Está condicionado por su cultura a decir la verdad. El guardia le pregunta: ‘¿llevas algo allí?’ Y él responde la verdad”.

De pescador a traficante

La tentación de un próspero estilo de vida, que incluya mejores embarcaciones, alimentación, bebida y tecnología, empuja a los waraos hacia los peligrosos bordes del crimen organizado. En 2015 apresaron a unos 50 indígenas por delitos relacionados con narcotráfico en Delta Amacuro, según cifras ofrecidas por fuentes judiciales de la región.

Cálculos del Circuito Penal de la entidad indican que 23 de ellos están siendo procesados solo por contrabando. Por esa tentación de recibir rápida contraprestación al trabajo, los waraos han abandonado sus actividades económicas tradicionales: el corte de palma para extraer el palmito, la pesca de cangrejos de río, la artesanía tejida con la fibra de moriche y el procesamiento del coco y sus derivados.

Los waraos han llegado a transportar hasta 700 kilogramos de cocaína en sus embarcaciones, según se observa en un expediente judicial consultado para este reportaje. Pero también han sido capturados con cargamentos de marihuana y crack (el residuo de la cocaína una vez procesada, que es mucho más adictivo), explicó una fuente policial que pidió reserva del nombre.

El delta del Orinoco posee alrededor de 3 mil 555 salidas fluviales navegables, un enmarañado laberinto de túneles acuáticos rodeados de espesa selva. Esta particular geografía ayuda al acarreo a través del río de drogas, armas y gasolina que son extraídas sigilosamente hacia Trinidad y Tobago, Guyana y otros destinos caribeños surcando la intrincada red de caños que solo los waraos son capaces de navegar.

Dentro de la escala social warao, el primer signo de prosperidad es comprar una lancha con motor, y así dejar la curiara de madera y el canalete fuera de servicio. El segundo objeto de deseo es una planta eléctrica que permita afrontar las oscuras noches ribereñas sin usar mechurrios de gasoil. Muchos tienen un sueño: conseguir los 5 millones de bolívares que cuesta en el mercado local un motor fuera de borda usado de 75 caballos de fuerza.

No en vano se hacen llamar Gente del Agua, porque toda la vida de este pueblo transcurre a la vera de un río. Desde que son infantes los waraos salen a pescar con los padres, un frecuente regalo de bodas del novio a su mujer es una canoa especialmente construida para que ella surque las aguas rumbo a su conuco. De vuelta a casa, los hombres conocen por el color y el olor del río donde está la mejor pesca.

Delta Amacuro está compuesto por cuatro municipios. Dos de ellos –Antonio Díaz y Pedernales– son fluviales. Casacoima, que combina sus vastas aguas y porciones de tierra, y Tucupita, donde se asienta la capital. Para controlar esa serpiente de mil cabezas se requiere de un verdadero esfuerzo político y de seguridad. La jurisdicción de Antonio Díaz, que es la más grande y se le conoce como Bajo Delta por ser la desembocadura del río hacia el océano, se encuentra en la vía hacia Guyana. Toda esa geografía está prácticamente dolarizada porque se ha convertido en el corazón palpitante del contrabando. Alexis Valenzuela resalta que casi todo el pueblo indígena está acostumbrado a vivir del trasiego de bienes. “No tenemos fronteras para desplazarnos”, recalca con una media sonrisa en su rostro moreno.

Mientras tanto Pedernales corresponde a la desembocadura que conecta con el Golfo de Paria, abriendo así el mercado delictivo a las islas. “No hay militares suficientes, embarcaciones o recursos para poder monitorear cada uno de los caños. Cuando vamos por aquí, ellos salen por allá”, asegura un efectivo de seguridad que pidió reserva de su nombre por temor a represalias.

Ese conocimiento profundo es aprovechado por aquellos que ven a los indígenas como expertos guías en los recodos del agua y la selva. Dependiendo de la amplitud y lejanía de la boca de caño los warao usan para los traslados de contrabando diversas embarcaciones de distintos materiales y tamaños: curiaras, balajus, canoas, lanchas y botes modificados para que tengan doble fondo. Suelen tapar tales alijos con pescado, ocumo chino, cangrejo o artesanía con la triste esperanza de no ser detectados por el equipo náutico de la policía. Así ocurrió con los pescadores Gabriel González Arzolay, de 19 años de edad, y José Meza de 34, vecinos en el sector La Lagunita de Mariusa, quienes salieron en un peñero la madrugada del 8 de septiembre de 2012. Ese día a las 8:00 de la mañana fueron interceptados por una lancha de la Guardia Nacional. A los mil 120 litros de gasolina que encontraron disimulados en la embarcación la Guardia Nacional sumó 35 gramos de marihuana escondidos dentro de la chaqueta que llevaba puesta González. Ambos fueron acusados de tráfico de drogas en la modalidad de ocultamiento y contrabando agravado de combustible.

En el juicio González indicó: “Yo voy admitir los hechos porque esa droga era mía y solicito se me imponga la pena que me corresponde. Es todo”. Al declararse culpable recibió una pena reducida –tres años de prisión– mientras que Meza fue librado de los cargos según el expediente YP01-P-2012-002359 del Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal de Delta Amacuro.

De submarinos y otros inventos

La anchura del Orinoco semeja un mar profundo, y tal vez por eso las modalidades de contrabando varían tanto. Uno de los antecedentes más llamativos es el decomiso de una especie de submarino fabricado en el Delta hace un tiempo atrás, hecho denunciado en la prensa venezolana.

El 10 de diciembre de 2009 fue allanado en el sector Mariusa del municipio Pedernales un taller donde se elaboraban “semisumergibles” con fibra de vidrio. Era un modelo similar al utilizado por los carteles colombianos para transportar drogas en el océano Pacífico. Así lo dieron a conocer funcionarios de la División Nacional de Investigaciones contra la Droga del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a los medios de comunicación. En ese entonces había en el taller una nave casi completamente construida. Se llamaría Muñeca IV. Esto sugería a los investigadores que otras tres embarcaciones pudieron ser armadas por la misma organización. Era el primer descubrimiento de este tipo que ocurría en el país.

Ángel Custodio Vegas Gerdez y Orlando Jesús Idrogo llamaron la atención de las autoridades por las grandes cantidades de fibra de vidrio, madera y resina que trasladaban en su embarcación. Cuando fueron capturados llevaban 10 barriles de resina. Habían surcado dos veces el cauce del río. Vegas, además, estaba armado.

Se dijo entonces que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), arrinconadas por los efectos del Plan Colombia, estaban detrás del tráfico de esos materiales, necesarios para construir la embarcación. “El bloque oriental de las FARC controla 80 por ciento de las operaciones de drogas en Delta Amacuro. El silencio oficial que hubo cuando descubrieron el sumergible es parte del encubrimiento”, afirmó entonces Armando Johan Obdola, exdelegado de la Conacuid en la región. Después, Obdola se refugió en Canadá tras denunciar el tráfico de drogas en Delta Amacuro. Al periodista Javier Ignacio Mayorca, de El Nacional, le confió que desde el año 2000 se había incrementado la presencia de grupos armados colombianos que “contaban y cuentan con la protección de policías y militares”.

Tal vez por ello el miedo sea casi unánime en la zona del delta. Apenas algunas voces como la de Ramón Ramírez, activista comunitario en los caños del Delta, rompen el consenso. Afirma Ramírez que hay mucho que investigar sobre los decomisos y la prisión de los waraos. “Usan a los Maraisa (voz tradicional para autodesignarse de los waraos) como transportistas. Lo ideal es investigar de dónde viene el cargamento. El pez gordo le ofrece al Maraisa que se declare culpable para que le bajen la pena. Allí muere la investigación. El traficante se lucra y queda libre, mientras que el indio se queda preso”.

El dilema de la jurisdicción

Sentada a la orilla del famoso Paseo Manamo, que funge como centro de encuentro en Tucupita, la jueza rectora del estado Delta Amacuro, Norisol Moreno, suma razones jurídicas a los argumentos culturales para explicar por qué los waraos son proclives a caer en las redes del narcotráfico: “Los jueces, al momento de dictar decisión pertinente al caso, en muchas ocasiones no dan privativas de libertad a los waraos, porque ellos deberían ser entregados a la jurisdicción especial indígena, establecida en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 27 de Diciembre de 2005.

El Estado reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas de aplicar instancias de justicia dentro de su hábitat y tierras por sus autoridades legítimas y que sólo afecten a sus integrantes. Las decisiones que se tomen constituyen lo que en derecho se conoce como “cosa juzgada” siempre que no sean incompatibles con los derechos establecidos en la Constitución y los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República.

En dicha legislación se establece que los jueces deberán considerar las condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas antes del fallo y procurarán fallos alternativos al encarcelamiento para reinsertar al indígena en su medio. Pero en Venezuela todavía no se ha constituido esa jurisdicción. El dilema de encarcelarlos con las penas previstas o someterlos a la jurisdicción especial que tome en cuenta su cultura y costumbres provoca un vacío que es aprovechado por los capos de la droga. Los waraos son utilizados como mulas porque suelen salir libres con relativa facilidad.

A ese dilema se agrega las carencias estructurales de la justicia venezolana. En ese eventual proceso un antropólogo debería determinar si el indígena tiene arraigo en la comunidad o si conoce sus tradiciones. Muchos extranjeros involucrados en el contrabando y transbordo de psicotrópicos timan a la justicia haciéndose pasar por nacionales venezolanos para recibir los beneficios. Una frontera porosa y apenas supervisada, una región olvidada y unos ingenuos de corazón. El coctel perfecto para que prosperen toda clase de delitos e injusticias.

Un avión DC-9 procedente de Venezuela figuraba como chárter turístico, pero el 10 de abril de 2006 aterrizó en las costas del sur de México no precisamente con pasajeros en bermudas y franelas de playa, sino con 128 maletas repletas de cocaína. Si bien el escándalo se diluyó después de que el Gobierno rechazara que la droga fue cargada en el país, unos documentos archivados en los tribunales mexicanos ahora dejan ver que células del narcotráfico utilizaron el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía como puente aéreo en esa y otras oportunidades.

El entonces presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, Luis Correa, garantizó que el delito no se cometió en Maiquetía. "No puedo decir si el avión paró en Colombia, Panamá u otro lugar, pero de lo que tenemos evidencias contundentes es que salió vacío de Venezuela", señaló el 25 de abril de 2006 dos semanas después del incidente.

Lo que no dijo Correa es que detrás de esa operación estuvo nada más y nada menos que el Cartel de Sinaloa. Ni ese ni ningún otro funcionario venezolano han advertido desde entonces que la organización criminal más grande de México había infiltrado el aeropuerto de Maiquetía, y no una ni dos veces...

Es una información que se desprende de una sentencia -que el Juzgado Quinto en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México dictó el 23 de junio de 2009- y cuyos detalles se conocen ahora que el estado mexicano la dio a conocer, por una solicitud que se formalizó para este trabajo periodístico.

De acuerdo con ese documento, varios de los aviones que durante el juicio fueron mencionados como parte de la flota del Cartel de Sinaloa coinciden con las mismas siglas y características de una serie de aeronaves que entre 2005 y 2006 iban y venían sin problema por el aeropuerto más importante del país.

La misma pista

La historia oficial advierte que una aeronave DC-9 de bandera norteamericana, procedente de Venezuela con las siglas N900SA, fue detenida con más de 5 toneladas de droga en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, donde otro avión sospechoso modelo Falcon 20, de siglas XB-IYK, estaba estacionado en el hangar de enfrente, para recibir las 128 maletas y continuar de esa forma un periplo cuyo destino final era Estados Unidos.

La travesía de las maletas de droga terminó cuando las autoridades mexicanas detuvieron a varios de los tripulantes de las dos aeronaves. Ni aquí ni allá, sin embargo, hubo quien advirtiera que el segundo avión -el Falcon 20 que esperaba las maletas dentro de México- se le había visto por Maiquetía en otras oportunidades. Y nada más y nada menos que en la misma rampa 7 del terminal auxiliar, donde comenzó el escándalo de las ya célebres 128 maletas.

El gobierno garantizó en 2006 que las 5,5 toneladas de cocaína no fueron embarcadas en Maiquetía ni en ninguna otra parte del territorio venezolano. Pero sea como sea al menos en dos oportunidades, los mismos actores relacionados con el Cartel de Sinaloa se valieron de la misma pista, el mismo hangar y el mismo terminal aéreo, para estacionar el otro avión implicado en el trasiego de droga más grande que recuerdan en los aeropuertos de la región.

Así consta en los Permisos de Aterrizaje y Despegue Internacional que guarda el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Según unos formularios que archivaron con fecha de 2 de noviembre de 2005 y 10 de febrero de 2006, el Falcon 20 que continuaría el periplo de las maletas desde México también había entrado y salido de Maiquetía a nombre de un mexicano de nombre Raúl Jiménez Alfaro, que resultó ser Fernando Blengio, mejor conocido como uno de los pilotos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado de México.

Tras un proceso legal, que en México permite solicitar información a través de mecanismos establecidos en su Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora queda claro que el piloto del Chapo Guzmán pasaba temporadas trabajando bajo el seudónimo de Raúl Jiménez Alfaro en Caracas.

"Yo llamaba de la oficina a Venezuela a Raúl Jiménez Alfaro porque él viajaba mucho a Venezuela", declaró uno de los inspectores aeronáuticos mexicanos que fueron llamados a colaborar en el juicio y que más tarde, cuando le mostraron una foto del personaje, sin saberlo terminó confirmando que se refería al piloto del Chapo Guzmán: "Lo identifico como Raúl Jiménez Alfaro y en este caso me entero  escuchando comentarios que responde al nombre de Fernando Blengio Ceseña y solamente he escuchado comentarios que es Blengio".

La misma persona

Las ya célebres 128 maletas repletas de droga son solo el desliz de una red de narcotraficantes que se valieron de algunas de las instalaciones aeroportuarias más importantes del país. Aunque los fiscales venezolanos se limitaron a investigar a tres empleados de Maiquetía, la justicia mexicana concluyó que "las actividades que se desarrollaban por dicha célula, relacionadas con las conductas ilícitas de tráfico y transporte de cocaína, llegaba de Venezuela vía aérea, para su distribución y transportación a la frontera de Estados Unidos de Norteamérica".

La ruta de la droga fue dibujada en México e incluso en Estados Unidos, donde el piloto del Chapo Guzmán fue condenado a 13 años de prisión y otros 5 de libertad supervisada por usar aviones estadounidenses para el narcotráfico.

A Blengio lo arrestaron en República Dominicana en 2011 y de allí pasó a una corte del Distrito Sur de la Florida. Sin embargo, su detención pasó desapercibida porque -como en Maiquetía- otra vez se había cambiado el nombre.

Al principio del juicio, la fiscal Andrea Hoffman no se percató de que lo había presentado con otro de sus seudónimos, pero sea como sea en su acusación tampoco faltaron palabras para las artimañas que él y otros traficantes han estado empleando en esta parte del mundo.

"Hay una industria artesanal en los Estados Unidos, que está falseando registros de aviones norteamericanos y empleándolos fuera del país para el tráfico de drogas", dijo la fiscal el 29 de noviembre de 2011 en una de las audiencias en la que presentaba a Blengio frente a la jueza Patricia Seitz. "Las rutas más largas que hay en estos momentos en el mundo están embarcando en un área llamada Apure, en Venezuela; los traficantes salen volando de allí hasta llegar a las afueras del espacio aéreo de Colombia donde cruzan hasta Honduras y Guatemala".

(*) Puede leer la primera parte de este reportaje en El Universal.