Farías Luces, el dueño de Seguros Constitución, es uno de los 20 señalados en Dominicana por el fracaso del Peravia. En su caso, el juez José Alejandro Vargas lo acusó de haber pedido unos de los millonarios préstamos ficticios que terminaron ordeñando el capital de la entidad financiera.

Acostumbrado a la buena vida que ha cosechado en tiempos de revolución, este mes no ha pasado desapercibido para él, desde que el pasado 4 de agosto fue retratado caminando con las manos esposadas y escoltado por cuatro policías y una retahíla de reporteros, que esperaban alguna declaración de su parte. Ese día, las autoridades locales truncaron su intención de abandonar República Dominicana en un avión privado, que estaba a punto de abordar desde el mismo Aeropuerto Internacional de Punta Cana que funge como puerta de playas paradisíacas y resorts todo incluido.

La carrera de Farías Luces se ha visto manchada de escándalo en escándalo: ya en 2005 hubo quien vociferaba dudas por su acelerado crecimiento gracias a contratos otorgados por el gobierno bolivariano a su empresa de seguros; 10 años después apareció en la lista de investigados por uno de los grandes casos de lavado de dinero del Banco de Madrid y este año destacó en la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, donde se muestra cómo creó para su beneficio una estructura financiera en paraísos fiscales. Pero ninguno de esos escándalos le habían valido una orden de detención; Dominicana fue la excepción. 

El dueño de Seguros Constitución permaneció cuatro días preso hasta que consiguió el beneficio de prisión domiciliaria a cambio de una fianza de 40 millones de pesos dominicanos –unos 870 mil dólares americanos– por medio de la cual está terminando de negociar su libertad plena. Según el expediente de la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana, Omar José Farías Luces y su hijo, Omar Gustavo Farías Pacheco, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de Seguros Constitución y ARS Constitución, aprovecharon su relación con los venezolanos José Luis Santoro Castellano y Gabriel Arturo Jiménez Aray, directivos del Banco Peravia, para “hacer maniobras fraudulentas típicas del lavado de activos en perjuicio del banco y sus ahorrantes.”

El préstamo fraudulento

El Banco Peravia de Ahorro y Crédito S.A fue disuelto en noviembre de 2014 ya que no operaba de conformidad a las normas monetarias y financieras de la República Dominicana, sino como “una verdadera estructura criminal de cuello blanco”, tal como queda expresado en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de ese país y los informes de la Superintendencia de Bancos dominicana.

Uno de los considerados criminales de cuello blanco es Farías Luces quien, junto a 20 empresarios más, fue imputado de cometer varios delitos, entre los que se destaca la violación a la Ley Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad, y lavado de activos. Una de las formas más utilizadas para el desvío de los ahorros de los clientes era la aprobación de préstamos fraudulentos.

Según el expediente judicial del caso, aproximadamente 80% de las operaciones realizadas por el banco no eran verdaderas, los fraudes registrados abarcaban falsificación de firmas para el cobro de cheques emitidos a favor de suplidores, sustracción de dinero, facturas y alquileres sin contrato, inclusive el otorgamiento de créditos de manera irregular mediante suplantación de identidad y complicidad con los beneficiarios. Además se usaba “la sustracción de fondos mediante créditos instrumentados de manera ficticia utilizando los datos de clientes existentes, sustracción de fondos mediante créditos otorgados por vías de terceros, así como mediante la instrumentación de créditos fraudulentos para pagos a suplidores y acreedores. Las operaciones simuladas también incluían entradas de efectivo realizadas utilizando los certificados de los clientes para el pago de las deudas de los directivos”.

El zar de los seguros y su hijo se vieron involucrados en el entramado delictivo cuando el 15 de enero de 2014 el banco le otorgó un crédito por 35 millones de pesos dominicanos –más de 760 mil dólares– a la empresa Representaciones Los Andes, C.A (REANDES), propiedad de Reinaldo Enrique Carvallo, empresario venezolano contratista del Estado bolivariano, según el Registro Nacional de Contratistas. Pero ese mismo día movieron 33 de los 35 millones de pesos dominicanos para abrir un certificado financiero a nombre de Seguros Constitución, cuyos directivos presentaron como fondos propios. Se trataba de un enroque de divisas, que muestra uno de los muchos caminos por donde se evaporaron los fondos del banco.

En la operación se utilizó en garantía el mismo inmueble para el que supuestamente se estaba tomando el préstamo para adquirirlo y nunca se presentaron datos o registros de la compra-venta del terreno.

La abogada mercantil, Lucia Escalante, quien ha analizado el expediente del caso Peravia, explica que en el préstamo en el que se vio involucrado Seguros Constitución, es obvia la presencia de fraude y desviación de fondos. “En un día lograron hacer todo: supuesta venta de inmueble, aprobación de crédito, préstamo, certificado financiero. Esas operaciones no se logran de la noche a la mañana. En Venezuela tomaría meses la aprobación de un crédito, por ejemplo. Seguros Constitución montó una mampara para estafar a los ahorristas en complicidad con los dueños y administradores del banco. Se pagaron y se dieron el vuelto, como se dice coloquialmente”, explica Escalante.

A Farías Luces se le señaló de haber violado los artículos 265, 266, 405, 408, 147 y 148 del Código Penal Dominicano; también la Ley 183-02 y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos. La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana le otorgó casa por cárcel, después del intento fallido de escape, y una medida de coerción con fianza de 870 mil dólares.

El abogado defensor de Farías, Erick Hernandez Machado, expresó a través de un comunicado de prensa, publicado por medios dominicanos, que la relación del empresario venezolano con el Banco Peravia ha sido exclusivamente en su condición de cliente, con operaciones lícitas, y que es sólo uno más de los miles de clientes afectados por la situación.

Por su parte, los perjudicados por el fraude siguen esperando respuesta de la justicia dominicana. El abogado César Amadeo Peralta, quien defiende a algunas de las víctimas de nacionalidad venezolana, explica que confían que el proceso avance para que a los acusados les decomisen bienes ocultos y así las víctimas obtengan el pago que les corresponde. “En el caso de Farías, él pagó la multa en efectivo y le será retirada la acusación”, agregó Peralta.

Otros negocios turbios

Omar Farías es actualmente el dueño de Corporación OFL, que representan las siglas de su nombre, una empresa encargada de contratos en las áreas de salud, comercial y finanzas. Desde el 2008, sus empresas Seguros Constitución y a ARS Constitución tienen sede en República Dominicana. Según investigaciones del portal de perfiles Poderopedia, en 2009 se asoció con Pedro Torres Ciliberto, adquiriendo 33% de las acciones de las empresas La Previsora y Premier. 

Pero antes de eso, el llamado zar de los seguros inició su carrera en los archivos de una compañía de seguros, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, según ha contado en entrevistas a los medios. Fue creciendo paulatinamente en el área, pasó por Seguros Horizonte, la Británica de Seguros y Seguros la Previsora. En 2005 fundó Seguros Constitución, compañía que lo consolidó finalmente como importante representante en el mundo de los seguros. Desde entonces se le ha visto en una carrera meteórica llena de jugosos contratos con el Estado venezolano. No en vano, se hizo de jugosas pólizas como la de Petróleos de Venezuela, así como de contactos con célebres amistades como el ex gobernador de Carabobo, Felipe Acosta Carles, y el ex alcalde metropolitano de Caracas, Juan Barreto.

En Dominicana, de cualquier forma, no valieron esas amistades. Tuvo que pagar el préstamo del fracasado Banco Peravia con multa incluida, mientras queda libre de cargos y termina de cerrar un caso que lo hizo pasar un cumpleaños –sin duda diferente– con un grillete electrónico aferrado a su tobillo.

A Velásquez Rosas le otorgaron 2.000.000 de pesos dominicanos (44.058 dólares) y dos tarjetas de crédito que, al parecer, sirvieron para hacer operaciones fraudulentas que beneficiaron a los banqueros. A esa conclusión ha llegado César Amadeo Peralta, uno de los abogados de las víctimas esquilmadas. El nombre de este joven de 25 años, antiguo presentador de la emisión juvenil del noticiero de Globovisión y actual presidente del Kino Táchira, figura en un listado anexo a la auditoría efectuada por la Fiscalía de Santo Domingo al Banco Peravia. La mayoría, según Peralta, son familiares, amigos o conocidos de Santoro y Jiménez que se trasladaron a República Dominicana para hacer negocios con ellos.

Prófugos de la justicia de ese país, Santoro y Jiménez aparecen en la lista de personas solicitadas por Interpol. El retrato que de ellos elabora Peralta es el de dos personas despreocupadas por seguir los controles que establece el sistema financiero de ese país para sus clientes, que otorgaron tarjetas de crédito de forma indiscriminada y por montos elevados. Muchas de los favorecidos, dice, sobrepasaban el límite de las tarjetas y no pagaban sus deudas. “Fue una manera de desfalcar a otros ahorristas”, afirma Peralta, quien estima que los culpables pudiesen ser enjuiciados por fraude bancario, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, complicidad y asociación de malhechores, entre otros.

Según uno de los informes manejados por la Fiscalía de Santo Domingo, entre sus dos tarjetas de crédito, que vencieron el 1 de noviembre de 2014, Velásquez Rosas tenía un límite de crédito de casi 500 mil pesos dominicanos (un total de 11.011 dólares), con las que efectuó diferentes operaciones que fueron calificadas como “fraudulentas”.

Vida de estrella

Mientras es investigado en ese país, Velásquez Rosas sigue con su cotidianidad en Venezuela. Se retrata en actos públicos, expone fotografías y escribe poemas en Instagram. Como presidente de la Lotería del Táchira, uno de los más prestigiosos negocios en los andes venezolanos, la fortuna parece hacerle guiños.

Al cargo llegó en medio de una polémica. El exdiputado por el estado Táchira, Abelardo Díaz, acusó entonces al gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, de cometer una supuesta estafa de más de 47 millones de bolívares mediante los conciertos “Amo Táchira”, celebrados en enero del 2015 durante la tradicional Feria de San Sebastián. La Gobernación del Táchira contrató a la empresa GM Show Production C.A., cuyos propietarios son el cantante Omar Enrique Gotera y su mamá Zimaray Meléndez.

Según Díaz, esta compañía cobró con sobreprecios. “Luis Aníbal Velásquez, sin ser apoderado o socio formal de GM Show Production, pagó, el 23 de enero de 2015, con un cheque personal en la agencia Banesco de La Castellana (Caracas) unos 450.000 bolívares los impuestos municipales derivados de la contratación de la compañía. El cheque no tenía fondos y posteriormente canceló en dinero efectivo. También se encargó de tramitar los permisos necesarios para la contratación de esta compañía ante la Alcaldía de San Cristóbal. Nos causa suspicacia su vinculación con esta empresa”, denunció.

Tras concluir los conciertos de “Amo Táchira”, Velásquez Rosas fue nombrado por Vielma Mora como el nuevo presidente de la lotería regional. El cargo, codiciado por los tachirenses, requería de ciertas condiciones como ser mayor de 25 años de edad y contar con un título universitario. Pero el Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET), cuya mayoría parlamentaria apoyaba al gobernador y militaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), modificó con premura la legislación de la lotería y así con solo 24 años y sin concluir sus estudios en las carreras de Derecho y Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello, Velásquez Rosas se convertía sin ninguna traba en el nuevo presidente de la estatal de los juegos.

Gustavo Delgado, diputado del CLET, todavía se pregunta por qué fue designado en ese cargo: “Había muchos aspirantes y con amplia trayectoria, por qué nombran a este muchacho que ni siquiera es conocido en la región andina”.

En San Cristóbal, capital de Táchira, es reconocido por ser la figura detrás del gobernador y de su esposa. Los acompaña en sus campañas políticas, divulga mensajes en sus redes sociales a favor de la pareja Vielma y aparece retratado con ellos. Un grupo de periodistas asegura que, incluso, les asesora en sus comunicaciones públicas. “Es como un hijo de Vielma Mora. Se cuida mucho, no habla de los negocios de la lotería en reuniones. Prefiere estar con la novia, que trabajó en la Alcaldía de San Cristóbal, o los amigos en tiempos libres”, indica un conocido en esa entidad.

Sin presentar pruebas que respalden sus denuncias, los concejales del CLET aseguran que los negocios de la Lotería del Táchira no son llevados correctamente desde que Velásquez Rosas asumió la presidencia. Apenas exponen una supuesta baja en la publicidad, en las donaciones y los eventos del Kino, y el cambio de televisora que transmite el popular sorteo.

El niño que leía noticias

Seis años atrás, Velásquez Rosas solo era uno de las anclas de la emisión juvenil del canal de noticias Globovisión. También era uno de los rostros fotografiados en las fiestas nocturnas de Caracas. Su cumpleaños 19 fue celebrado en un conocido local de Las Mercedes, que fue alquilado para sus amigos y familiares. Más delgado y sin barba, con una novia a la que besaba, sosteniendo una copa de vino, abrazando a los amigos y fungiendo de DJ, así quedaría retratado en las fotos del magazine Rumberos.

De su paso por Globovisión son pocos los registros. Es descrito por excompañeros como “carismático”, “presumido” y por ser “elegante” en su forma de vestir. “Saludaba a todos, así como los políticos”, dice una periodista que compartió con él. Velásquez Rosas cambió la emisión juvenil del canal de noticias para desempeñarse como manager del cantante Hany Kauam y director de la disquera Let’s Go Records.

Armando.info intentó conocer la versión de Velásquez Rosas sobre su presunta participación en los préstamos fraudulentos del Banco Peravia y por las denuncias hechas por los legisladores tachirenses, pero no fueron contestadas las peticiones de entrevistas hechas por teléfono y correo electrónico.

Los negocios familiares

El presidente de la Lotería del Táchira es el menor de los tres hermanos Velásquez Rosas. Su semejanza física con los otros dos es notoria: baja estatura, cejas pobladas, piel clara, nariz redondeada y labios gruesos. “Tus hijos parecen trillizos, son muy parecidos entre sí”, comenta una amiga a Zoraida Rosas, madre de los hermanos Velásquez, en su cuenta de Facebook.

Al mayor, Luis Salvador, se le involucró en una red de venta clandestina de cabillas. Por esto estuvo detenido dos años en las celdas de la Dirección de Inteligencia Militar, pero fue puesto en libertad en 2013. De ese episodio adquirió el mote del “Rey de la Cabilla”. Antes de este escándalo había ocupado cargos como gerente de Comercialización de la Siderúrgica de Orinoco (Sidor), presidente de Ferresidor, miembro de las juntas interventoras de Orinoco, Iron, Briqven y Cemex y fungir como coordinador de Finanzas del PSUV y directivo de los equipos de fútbol y baloncesto, de Mineros y Gigantes de Guayana, respectivamente. Se le vincula con el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

Su capital financiero es cuestionado. Según la Gaceta Oficial número 40.550 publicada el 27 de noviembre del 2014, la Contraloría General de la República pide la verificación de la declaración jurada de Luis Salvador y de su esposa, María Assuanda Di Sarli, por presentar inconsistencias.

Es conocido como “El Nenecio” y por ser pareja de la animadora de televisión y actriz Bárbara Sánchez, además es manager de cantantes y exgerente de Recursos Humanos de Venezolana de Cementos.

Pero a esta familia no solo le une la sangre, también dirigen negocios juntos en el exterior. Luis Aníbal es el presidente de la empresa Grupo Roraima S.A., registrada con un capital de 5.000 dólares en Panamá, el 11 de marzo de 2011, mientras que su madre Zoraida Rosas funge como tesorera y su padre, Luis Aníbal Velásquez, como otro accionista. Esta sociedad anónima se encarga de la compra y venta de bienes muebles e inmuebles.

La compañía Finn Investment Group Corp es otro negocio familiar fundado en Panamá. Como directores figuran Carlos Aníbal, otra vez la madre de los hermanos Velásquez Rosas y el brasileño Antonio Carlos de Oliveira. Solo invirtieron 10.00 dólares para poner en marcha esta empresa que fue registrada el 30 de mayo del 2008 y que se dedica a la compra, venta, transferencia, negociación, financiamiento, entre otras actividades, de “toda clase de bienes”, sean muebles o inmuebles.

Dos personas que conocieron a los hermanos Velásquez Rosas durante su niñez coinciden en que no provienen de una familia con grandes fortunas. “Los padres son muy conocidos en el gremio de la educación. Vivieron mucho tiempo en El Tigre (Anzoátegui). No tenían negocios conocidos. Zoraida es hermana del exgobernador (de Anzoátegui) Alexis Rosas”, dijo una fuente que prefirió resguardar su identidad.

Rosas fue empleada de la Dirección General de Supervisión y Formación de Personal Docente Regional 2 del Ministerio de Educación, donde trabajó como coordinadora entre los años 1976 y 2010. Mientras que el padre, Luis Aníbal Velásquez, también destaca en la docencia en planteles privados del oriente del país. Pero fue hace menos de una década que la suerte de esta familia giró en otra dirección: el de las candilejas y la fortuna súbita.

La República Dominicana formalizó hace dos semanas una orden de captura contra tres venezolanos que encabezaban el Banco Peravia de ese país: José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro fueron solicitados desde entonces ante Interpol para que respondan por el quiebre de esa institución financiera. Pero en lo que se ha vuelto una novela que llega por entregas, en Santo Domingo ahora confirman que entre los afectados también figura una lista de casi 100 personas y organizaciones venezolanas, en las que destaca el organismo que dirige Nelson Merentes.

El BCV giró 3.591.000 dólares al Banco Peravia de Dominicana, como parte de un pago inicial para importar una decena de vehículos blindados que se diluyeron entre varios de los fondos que ahora buscan las autoridades de República Dominicana.

El dinero salió de Caracas a Santo Domingo y la última vez que se tuvo noticias de él terminó en Curazao -a través de una transferencia a una subsidiaria que el mismo Banco Peravia había instalado en esa isla- según los reportes de la Superintendencia de Bancos dominicana.

Eso advierte el abogado Jorge Lora Castillo, vía telefónica desde Dominicana, en nombre de la empresa que consiguió el contrato. Aunque el Banco Central de Venezuela esta semana no quiso rendir cuentas sobre el tema, Lora Castillo incluye a ese organismo entre las personas naturales y jurídicas que perdieron su dinero en el Banco Peravia. "La transferencia nunca llegó al destinatario, que era el Consorcio Kaya Armoring Blindados".

El BCV no atendió los llamados que pedían explicar el destino de los fondos. Mucho menos para que eran las llamadas "yipetas" que en Dominicana enviarían a Caracas. El abogado del Consorcio Kaya Armoring Blindados -una empresa registrada el 6 de enero del año pasado en La Florida- señala que sus clientes ganaron una licitación pública, que fue afectada por el caso del Peravia. Por eso, a principios de diciembre se le vio en la Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo solicitando orden de captura  contra los tres venezolanos que en 2011 aparecieron en Dominicana comprando un banco.

$60 millones de venezolanos

Lo del BCV, de cualquier modo, es una nota al pie en la lista de afectados por el colapso de la entidad bancaria. Aunque son fondos públicos de la República Bolivariana de Venezuela, oficialmente en el Peravia desaparecieron más de 1.300 millones de pesos dominicanos, equivalentes a unos 29 millones de dólares. Los cálculos igual se quedan cortos...

Si bien el Peravia apenas movía 2% de todo el sistema bancario dominicano, el abogado César Amadeo Peralta advierte que hay una danza de millones de dólares, de los que ni siquiera hay registros en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

La Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo imputó fraude, falsificación de documentos y lavado de activos contra los tres venezolanos que encabezaban el banco, pero ahora han venido apareciendo denuncias sobre depósitos que no estaban registrados en el sistema bancario de ese país y, entre tanto dinero, otra vez destacan fondos que conectan con Venezuela.

"Cometieron los delitos de estafa y abuso de confianza al robarse el dinero de los ahorristas, pero aparte de eso violaron la Ley Monetaria y Financiera de la República Dominicana, que prohíbe recibir depósitos en dólares", dice Peralta al otro lado del teléfono. "Se llevaron hasta 60 millones de dólares de varios venezolanos".

A Peralta le extraña, de hecho, que la mayoría de los ciudadanos venezolanos no hayan aparecido por República Dominicana para demandar su dinero; se pregunta por qué han preferido sacrificar su capital. "Solo unos pocos han venido a reclamar", comenta como representante legal del venezolano Luis Ríos Virla, cuyo caso trascendió a la opinión pública desde que los problemas del Peravia lo mostraron en prensa enfrentado con los dueños de esa entidad.

Ríos Virla fue sorprendido la mañana del 28 de octubre en el Hotel Holiday Inn de la avenida Abraham Lincoln de Santo Domingo, en una situación irregular que su abogado define como un intento de secuestro. Tras demandar 15 millones de dólares de él y otros venezolanos que guardaron su dinero en el Peravia, varios sujetos armados se presentaron con una supuesta orden de arresto en el sitio donde se hospedaba.

"Habría sido lío entre venezolanos y el Banco Peravia lo ocurrido en el Holiday Inn esta mañana", resumió entonces el periódico digital 7días.com.do. "El caso Peravia destapa maniobras de empresarios venezolanos", agregó al mes siguiente el semanario dominicano El Dinero. Entonces, el banco ya estaba intervenido y los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray eran requeridos para explicar qué habían hecho con el patrimonio del banco.

Sin corbata y con cabello

Jiménez Aray fue secretario del Ministerio de Finanzas durante el período que el ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, tuvo al frente de esa cartera. La última vez que se supo de él fue el 20 de noviembre, cuando viajó de Santo Domingo a Atlanta, a bordo del vuelo 324 de Delta.

A Santoro, por el contrario, se le ha visto en restaurantes y hasta en sus propias empresas._El 29 de octubre del año pasado tomó el vuelo 107 de Copa Airlines con destino a Venezuela -vía Panamá- donde se ha mostrado en público a pesar de la orden de arresto que en Dominicana solicitaron ante Interpol.

Con el pelo largo, rodeado de escoltas y sin los trajes y corbatas con los que solía retratarse en Santo Domingo, lo han visto de nuevo en la ciudad de Maracay, donde heredó de su padre la fábrica de juguetes Plásticos Celia, a través de la que años atrás asumió las riendas de gremios como la Cámara Venezolana de Fabricantes de Juguetes y la Federación de Industriales, Pequeños, Medianos y Artesanos de Venezuela (Fedeindustria).

Alrededor del galpón que Plásticos Celia tenía en la zona industrial de San Jacinto, Santoro ha establecido varias de las compañías que presenta en redes sociales con el nombre de Grupo Empresarial Santoro: la Ferretería Construye y Crea Maracay, la estación de servicio PDV del sector Montaña Fresca de esa ciudad y el canal de televisión por suscripción, TIC TV, en cuyas instalaciones el miércoles confirmaron que se encontraba de vuelta por el estado Aragua.

Aunque no atendió los llamados a dar entrevistas, a través de sus empleados dejó abierta la oportunidad de hacerlo después. De cualquier modo, el personal del canal trabaja en un programa especial que promete aclarar todas las preguntas sin responder del ya célebre Banco Peravia de República Dominicana.

Fundado en 1987 como una entidad regional de la provincia de Peravia, el banco llegó a la capital dominicana de la mano de empresarios venezolanos como Santoro, cuyos negocios empezaron a hacerse más visibles -en el estado Aragua- a la vera de salas de juego como el Bingo Las Vegas del Círculo Militar de Maracay.

Lejos de Aragua

Hasta entonces, Santoro no se perfilaba en el mercado de la banca; tampoco como empresario internacional. Su nombre más bien aparecía en los archivos del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de Maracay, por un proceso judicial que mantuvo desde 2009 por el control de la televisora regional TVS.

En 2011, la justicia regresó el canal a los herederos del empresario Filippo Sindoni. Ese año Santoro desembarcó en Santo Domingo asociado con el abogado Gabriel Jiménez Aray, el mismo que originalmente había prometido representar al Grupo Sindoni en contra de Santoro.

Lejos de la órbita de Aragua, Santoro y Jiménez establecieron cinco sucursales del Peravia en diferentes puntos de la capital dominicana. También abrieron subsidiarias en países como Curazao y Estados Unidos, sobre las que ahora reposa la lupa de las autoridades dominicanas.

El Ministerio Público del Distrito Nacional de Santo Domingo, a cargo de la fiscal Yeny Berenice Reynoso, anunció el 3 de marzo que investigan una "asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos".

"Los ilícitos que se imputan incluyen falsedad en escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos por más de mil trecientos millones de pesos", anunció la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.

En representación de las autoridades del Peravia, el abogado Ángel Lockward ha desestimado esas y otras acusaciones. Por eso en noviembre del año pasado preguntó si acaso los fondos del BCV pueden ser producto de lavado de dinero.

"Parece que los técnicos de la Superintendencia (...) pretenden acusar de complicidad en el delito de lavado al Banco Central de Venezuela, órgano que transfirió RD$ 100 millones al Banco Peravia, fruto de una licitación pública en Caracas", apuntó el representante legal en una carta dirigida al Banco Central de Dominicana, publicada al momento del cierre definitivo del banco por el diario electrónico Acento.

Lockward declaró entonces que si las autoridades dominicanas lo hubieran permitido, el grupo Empire -representado por el ex ministro de la Banca Pública, Humberto Ortega Díaz- habría salvado al Peravia.

"El día del cierre ellos trajeron aquí al grupo Empire de Venezuela, interesado en comprar el banco", dijo a la emisora Zol FM de Santo Domingo. "El día que lo cerraron en la Superintendencia de Bancos desestimaron tres propuestas de compra del banco, de manera que no había ninguna necesidad de cerrar ese banco".

* Este reportaje fue originalmente publicado en el diario El Universal el 15 de marzo de 2015.

Pero para cuando hacía el anuncio, ya Sammy Sosa había vendido un primer embarque de inyectadoras en Venezuela, no en Estados Unidos. Los dispositivos llegaron a Venezuela a finales de 2012 tras la compra que hizo una empresa recolectora de basura del municipio San Francisco –sur de Maracaibo, capital del estado de Zulia, extremo occidental del país–. Sí, recolectora de basura.

Un grupo de empresarios y funcionarios radicados en el municipio aprovechó la importación de esta novedad para conseguir acceso a las ventajas que ofrece el diferencial del régimen de múltiples tasas de cambio, que entonces controlaba la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

En 2012 se vieron las caras en un aeropuerto los empresarios Julius Jessurun Arenas y Pablo Ledezma. Jessurun, un empresario marabino acostumbrado a importar equipos médicos a través de la empresa Inmeoca, le contó a su viejo conocido que estaba sorprendido por la presentación que le había hecho su amigo José Sosa, el hermano del ex beisbolista dominicano, en Miami, Florida, de la nueva tecnología que se proponía comercializar en todo el continente.

Poco antes, el 17 de julio de ese año, Sosa había registrado Riverhead Florida, LLC y pronto registraría también Injex21, una combinación de las iniciales del sistema de inyección y el número que usó durante muchos años en las Grandes Ligas del béisbol y sobre todo durante esa extraordinaria temporada de 1998, cuando, con el uniforme de los Chicago Cubs, disputó cabeza a cabeza con Mark McGwire no solo el título de jonroneros de la Liga Nacional sino el longevo récord de todos los tiempos para una campaña, impuesto en 1961 por el legendario Roger Maris de los New York Yankees, que ambos rompieron. Desde entonces Julius Jessurun se convirtió en el distribuidor exclusivo de ese producto en Venezuela a través de un documento firmado por Robert Miller, director de la compañía.

Para octubre de 2012, cuando Julius Jessurun hizo la primera compra de las inyectadoras, el precio del dólar en Venezuela era de 4,30 bolívares mientras que en el mercado paralelo se cotizaba en 14 bolívares. Con una brecha de tres veces el precio del controlado en el mercado abierto, resultaba un negocio sencillo y de alta rentabilidad el de conseguir acceso a las divisas a precio preferencial y venderlas en el mercado negro.

Jessurun tenía la autorización de comercialización exclusiva, y ahora necesitaba el dinero para comprar en grandes cantidades. Cada una de las inyectadoras tiene precios de 650 dólares, pero es necesario comprar accesorios que aumentan la suma a 1.000 dólares por unidad. Comprar el producto al mayor implicaba hacer una gran inversión cuyos montos Jessurun no tenía. Pero sabía cómo conseguirlos.

Pablo Ledezma Naranjo, el hombre que coincidió con Jessurun en el aeropuerto, es el Presidente de una contratista llamada Ingeniería, Proyectos y Vialidad C.A. (Inprovial), cuya sede está ubicada en el piso cuatro del edificio General de Seguros, avenida Bella Vista de Maracaibo, estado de Zulia. Su empresa se fundó en 2002 y tiene, en promedio, tres empleados, además de un capital pagado de un millón de bolívares. Llevó contratos con varios organismos del Estado de 2006 a 2012. En San Francisco se encargó de la construcción de cloacas y de aplicación de contenedores. Tiene contratos con la alcaldía de Lagunillas, también en Zulia, y con la Gobernación de ese estado. Hizo obras por petición de la alcaldía del municipio Baralt y también hizo unos trabajos de asfaltado por orden del Metro de Maracaibo. Hizo además más de 200 viviendas en el municipio Baralt gracias a un contrato que tuvo en 2009 con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda.

Entre 2004 y 2012, Cadivi otorgó a esta empresa 1.327.951 dólares. De acuerdo a la data de Importgenius.com, la empresa venezolana importa productos desde Estados Unidos por transporte aéreo. Además de eso, Pablo Ledezma, para 2012, tenía contacto directo con la Empresa Socialista Sanitaria del Sur. Siendo un empresario privado y sin tener ningún cargo público, actuaba como un funcionario. Así que Ledezma y Jessurun acordaron que, para comprar las inyectadoras sin aguja, pedirían dólares preferenciales al Gobierno a través de esa empresa municipal.

Triple play

Maracaibo es la segunda ciudad más poblada del país y está administrada entre dos municipios: Maracaibo y San Francisco. La primera es coto de Eveling Trejo de Rosales –esposa del ex candidato presidencial opositor, exgobernador del estado de Zulia y exalcalde, Manuel Rosales– y la segunda por Omar Prieto, una ficha importante en las filas del chavismo regional que hoy aspira a ser diputado a la Asamblea Nacional.

El 20 de julio de 2010, el alcalde Prieto publicó un decreto en la Gaceta Municipal número 269 en la que anunciaba la creación de la Empresa Socialista Sanitaria del Sur Compañía Anónima (Esosasur) con la colaboración de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia). La empresa se dedicaría a la recolección de basura en la región, además de la clasificación y el reciclaje. El Registro de Información Fiscal de la Empresa estuvo vigente hasta el 28 de enero de 2014. Pedro Herrera era su director general y Nectario Villalobos su director ordinario, designado por el propio alcalde.

Poco después, el mismo Pedro Herrera, en representación de la empresa, firmó un convenio con Lesbia Candelaria Sánchez Barrios por ser ella la presidenta de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Se llamó “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre CVG Internacional, C.A. y la Empresa Socialista Sanitaria del Sur, C.A., y se basaba en que CVG iba a gestionar toda la documentación de Esosasur en el proceso de solicitud de divisas ante Cadivi a cambio de una comisión. Así, el primer pedido a la CVG se hizo el 27 de noviembre de 2012. Este procedimiento es legal y uno de los objetivos de la subsidiaria de CVG desde su creación.

En el documento, firmado por Herrera, se hacía esta solicitud de procura internacional: dos mil 964 inyectadoras sin agujas, además de ampollas, transportadores y adaptadores que se comprarían a Riverhead Advisors, único represente de tales agujas en Estados Unidos y Latinoamérica.

Pedro Miguel Herrera Hernández y Pablo Rafael Ledezma Naranjo son amigos. De todo este proceso tenía conocimiento Jessurun, representante original del producto. Esosasur, que no manejaba presupuesto para importar o exportar, hizo la solicitud sabiendo que el dinero necesario para comprar las agujas, en bolívares, provendría de Jessurun. Era una inversión en la que todos resultarían ganadores: a Jessurun le quedaba una ganancia al vender sus agujas, Ledezma tendría comisión por facilitar la empresa, y la CVG, en apariencia ignorante de todo proceso, tendría su comisión legal.

El 12 de diciembre de 2012, la CVG Internacional hizo su pedido a nombre de Esosasur bajo el número 120002132. La empresa solicitaba 30 cajas de inyectadoras libres de aguja –2.964 unidades–, 50 cajas de ampollas –2.964 unidades–, 20 cajas de transportadores –2.220 unidades–, 60 cajas de tres tipos de adaptadores –744 unidades– y 50 cajas de accesorios –1.482 unidades–. La cuenta total, en bolívares, fue de un poco menos de 16 millones de bolívares, y al cambio en 4,30 bolívares, el monto superó los dos millones 700 mil dólares.

Una vez que la CVG Internacional completara la solicitud, se debían hacer los depósitos bancarios en bolívares para que se pudiera tramitar la solicitud de divisas a precio preferencial, pero ese dinero no salió de Esosasur. Tanto Julius Jessurum como la empresa de Sosa buscaron el dinero. En este caso, Juluis puso una cantidad e Injex 21 el resto, cerca de 240 mil dólares. Esos 240 mil dólares se cambiaron al precio del paralelo, para entonces por un valor de 14 bolívares, y se introdujeron en las cuentas del Banco del Tesoro y el Banco de Venezuela de la CVG Internacional.

Jessurun fuera de base

Poco antes de hacer esta compra, llegó al país una pequeña cantidad de inyectadoras a modo de muestra. Andrés Almeida, farmacéutico, explica que cuando las tuvo en sus manos las evaluó y remitió a un endocrino, que trató de probarlas con sus pacientes. Cuando los médicos tuvieron una conclusión, Jessurum rechazó el negocio: la presión de las inyectadoras hacía que el vidrio estallara y la velocidad del viaje del líquido no permitía saber a dónde llegaba, es decir, si el medicamento aplicado se quedaba en la epidermis, la dermis o llegaba más lejos. Cuando las nuevas inyectadoras fallaron en pasar la prueba, ya Jessurun había depositado bolívares en las cuentas de la CVG para el cambio al dólar preferencial. Era diciembre de 2012.

A finales de 2012 todo parecía correr rápido. El 21 de diciembre Liliana Arias, especialista en Comercialización de la CVG, envió un correo a Herrera y a Villalobos explicando que habían hecho el pago fraccionado y no total del monto a cambiar por dólares preferenciales. Requería el pago completo lo más pronto posible. Pues bien, ese correo se envió también a Pablo Ledezma y Ledezma lo rebotó a Julius Jessurun.

El temor que Jessurun sentía al ver su inversión en algo parecido a la chatarra, lo manifestó a su amigo José Antonio Sosa, su proveedor, y a Ledezma, su comprador, pero este último le brindó tranquilidad al decirle que igual compraría las inyectadoras, aunque no sirvieran. Y de hecho se compraron. Fueron enviadas a Venezuela el 23 de enero de 2013 a través de la empresa Interamerican Export según el recibo número 18668.

Consumada la compra exploratoria, Jessurun fue dejado a un lado para la siguiente negociación y Ledezma decidió tratar de manera directa con los hermanos Sosa. Para la segunda compra, otra vez a través de CVG Internacional, ya no estaba Jessurun. Esta compra entró en proceso el 3 de marzo de 2013, según la orden de compra número 120002250 de la CVG.

Ni los hermanos Sosa ni Pedro Herrera respondieron a la solicitud de entrevista para este reportaje. En cambio, Nectario Villalobos se mostró muy interesado en dar detalles.

Desde agosto de 2013, Nectario Villalobos es el presidente de Sanear, el organismo de recolección de basura y vertederos del estado de Nueva Esparta (provincia insular en el Caribe). Antes de eso estuvo en los estados de Trujillo, Bolívar, Anzoátegui, Miranda y Lara. Cuando en 2010 se fundó  Esosasur, Villalobos fue miembro de la directiva, integrada también por Rebecca del Gallego y Richard Guanipa, entre otros. Según él, estuvo en esa directiva hasta septiembre de 2012 y ya en octubre estaba al frente de las labores de construcción del vertedero Cambalache, en el estado de Bolívar. Efectivamente, para los primeros días de octubre de ese año ya Villalobos aparecía en las notas de prensa como el hombre que cambiaría el botadero de Cambalache en un vertedero sistematizado. 

Villalobos asegura que la Empresa Socialista Sanitaria del Sur se creó con el propósito de entregarle la administración del vertedero La Ciénaga, que está ubicado en el municipio Lossada pero que sirve a Maracaibo y San Francisco. Por eso, ya para 2011 Esosasur no era una empresa operativa. Tampoco tenía presupuesto ni manejaba nómina, por lo tanto, según Villalobos, no tenía dinero en sus manos.

Aunque reconoció conocer a Pablo Ledezma, aseguró que él no formó parte de Esosasur. “Es solo un empleado del municipio”. Se mostró extrañado e incluso sorprendido con el tema de la importación de inyectadoras, porque según su experiencia, “una empresa dedicada a administrar un vertedero no tendría que importar agujas a casi 1.000 dólares”. Dijo desconocer todo movimiento al respecto.

Pero los documentos dicen lo contrario. No solo Villalobos mantenía contacto con Pablo Ledezma, sino que para la CVG internacional seguía siendo uno de los directivos y conocía muy bien el proceso de importación de las inyectadoras.

El 17 de enero de 2013 –Cuando ya Villalobos tenía más de un año de haber salido de Esosasur–, la especialista de la CVG, Liliana Arias, le escribió un correo a Nectario Villalobos y a Pablo Ledezma en el que explicaba que necesitaba el pago completo de la transacción y no de forma fraccionada.

Tres días antes Villalobos le había escrito un correo pidiendo que procesaran la orden con el monto depositado hasta ese día, que era superior a los seis millones de bolívares. “Y por favor, notifiquen a proveedor para que hagan los cambios necesarios”. Villalobos participó, según los correos, en la segunda compra de las inyectadoras.

Jessurun, Ledezma y Sosa ya no tienen relaciones comerciales porque, durante la segunda compra de las inyectadoras, el proveedor y el comprador sacaron del juego a Jessurun, que era el distribuidor exclusivo para Latinoamérica. Cuando Julius entendió la situación, demandó a la empresa de Sammy Sosa y exigió las comisiones que le habrían correspondido como distribuidor en esa segunda compra. Desde entonces, los documentos de todo el proceso reposan en el Circuito Judicial del estado de Florida, en Estados Unidos. A Jessurun le pagaron su comisión con la condición de retirar la demanda y abstenerse de ventilar el tema por la prensa.