A diferencia de gestiones anteriores en el Territorio Insular, no cabe duda de que el contralmirante Coronado, el octavo funcionario en ocupar ese cargo, y el sexto oficial con alto rango en la jerarquía actual de la Armada Bolivariana, toma las decisiones en Los Roques. Coronado Millán se encargó de la jefatura territorial el 6 de enero de 2023.

Desde entonces tiene el poder, así como una línea directa con el Palacio de Miraflores de Caracas, en el que desempeñó cargos de confianza dentro del Ministerio del Despacho de la Presidencia, aparte de las dos décadas de servicio que completó como miembro de la Guardia de Honor Presidencial. 

Un año después de su ascenso, Coronado ha dejado claro que echará mano de todos los recursos a su alcance, incluyendo el uso de los patriotas cooperantes –como llama la jerga oficialista a sus informantes de base, topos infiltrados y sigüíes–, para imponer una obra que pone en peligro el frágil ecosistema del archipiélago, a despecho de las alertas de organizaciones ambientalistas y de la preocupación de los vecinos de Los Roques. Además, los habitantes y turistas a la vez enfrentan el incremento de 2.000% en los impuestos que deben pagar alojamientos turísticos, transporte y comercios, dado a conocer en la Gaceta Oficial del Territorio Insular Miranda el reciente 9 de febrero de 2024. Todo busca imponer nuevas regulaciones económicas sin un plan productivo transparente. 

Coronado es también autoridad única de la Zona Económica Especial de la isla La Tortuga, desde agosto de 2023. En esa área del Caribe venezolano funciona un régimen autónomo, con una economía propia de libre mercado y con beneficios tributarios especiales. Lo que busca el gobierno es aumentar el ingreso de divisas y diversificar la economía a través de “proyectos estratégicos vinculados con el desarrollo de la Venezuela Azul” en las áreas naval y ambiental. Durante la firma del decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales y, a propósito de los planes turísticos previstos en La Tortuga, otra isla casi virgen, el presidente Nicolás Maduro mencionó que el turismo “es el arma secreta del nuevo modelo económico del país”. 

Pero en casos como los de Canaima, Los Roques y La Tortuga, destinos todos caracterizados por sus ecosistemas únicos y frágiles, un estímulo agresivo de las operaciones turísticas representa en realidad un arma de doble filo: la explotación de esos lugares podría generar un impacto ambiental devastador, con un precio mucho más alto que el flujo de dólares que procura atraer.

Por un puñado de metros

Las obras de ampliación de la pista se iniciaron el lunes 28 de agosto de 2023, solo cuatro días después de la notificación enviada a la autoridad aeronáutica. Su ejecución, según se mencionaba en el oficio, debía finalizar el pasado 20 de diciembre. Pero, a la fecha, los trabajos continúan en medio de controversias por su impacto sobre los hábitats naturales del Archipiélago de Los Roques, a unos 160 kilómetros al norte de Caracas, uno de los destinos más codiciados del Caribe venezolano, por sus playas paradisíacas de suaves arenas blancas y su ecosistema marino de excepcional belleza y valor ecológico.

Sin ofrecer mayores detalles sobre la construcción, la comunicación oficial enviada desde la jefatura de Gobierno del Territorio Insular Miranda al INAC señalaba que los trabajos se realizarían “durante todos los días de la semana y contemplan la ampliación del umbral 25”, ubicado al noreste del Gran Roque, la isla principal del archipiélago, donde se concentra prácticamente toda su población. En 2007, según datos del extinto Ministerio de Infraestructura, la pista asfaltada medía 820 metros de largo y 15 metros de ancho, con una plataforma de estacionamiento para las aeronaves en el extremo sur de la misma. El proyecto en marcha contempla construir 300 metros adicionales hacia el norte, lo que permitiría el aterrizaje y despegue de aviones de mayor envergadura. Pero esto también significa que un tramo de la pista se construirá sobre el mar, abriéndose paso entre manglares, hasta culminar en una pequeña bahía donde desovan tortugas carey, una especie en peligro de extinción.

Una fuente certificada en el área aeronáutica explicó a Armando.info que esos metros extra de pista son “una necesidad básica” para convertir a Los Roques en un destino relevante para el turismo internacional, un plan que ejecuta el gobierno venezolano. “Las aeronaves comerciales que están ingresando ahora, sobre todo los Jetstream 31 [aviones turbohélice de fabricación británica], no pueden usar toda su capacidad, sea de pasajeros o de carga, porque entre más pesada esté la aeronave necesita más pista para el despegue”, añadió la fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Prolongar la pista, como se hizo con la del Parque Nacional Canaima en 2023, permitiría su certificación internacional, un trámite indispensable para recibir más turistas y dólares. Pero se trata de una decisión diametralmente opuesta a los proyectos de conservación del archipiélago discutidos en la última década, en los que prevalecía el interés en proteger el ecosistema de Los Roques, por encima de cualquier nueva prestación que permitiera incrementar el número de visitantes. Esa tendencia, ahora contrariada, parecía estar tan establecida que, según confirmaron a Armando.info dos altos exfuncionarios del gobierno de Nicolás Maduro, en un momento se llegó a discutir la posibilidad de “cerrar” el archipiélago al público para promover su recuperación. 

Según las proyecciones de la ampliación de la pista, hechas por expertos a partir de imágenes satelitales, los trabajos violarían los decretos ambientales y el Plan de Ordenamiento de Uso (PORU), puesto que la invasiva prolongación al mar se adentra en un área de extrema vulnerabilidad ambiental. Los trabajos han requerido rellenar una laguna de mangles utilizando desechos sólidos acumulados por años y escombros de las construcciones de grandes viviendas de las islas. Los camiones se abastecen de piedras y tierra en la zona de servicio, un área conocida como Boca del Mal Tiempo, ubicada al sur del Gran Roque y donde está el único cerro rocoso del archipiélago. 

Turismo de alto impacto

Según el PORU, vigente desde 1991, el área marina que rodea a las islas puede usarse para actividades recreativas pasivas, como el buceo, y tiene capacidad apenas para alojar infraestructuras de bajo impacto ambiental que contribuyan a la conservación de la biodiversidad o al menos la permitan. Una pista asfaltada en ningún momento cumple con esas premisas. Como advirtió la Sociedad Venezolana de Ecología en un comunicado, el uso de desechos “además de ser inapropiado para este tipo de trabajo, contraviene leyes y normativas legales que regulan este tipo de actividad en ambientes marinos y en parques nacionales”. Los habitantes de la zona denunciaron ante organizaciones ambientales el transporte y utilización de estos materiales en la ampliación.

Para ejecutar la construcción, se llevaron camiones al Gran Roque a bordo de gabarras de la Armada. Cuando los movimientos de tierra se hicieron notorios, se restringió el acceso a pie hasta el extremo norte del Gran Roque. Se volvió frecuente que los militares encargados de la custodia de la obra prohibieran el uso de teléfonos en la zona, para evitar que alguien fotografiara la ampliación. “Los trabajadores los traen de Margarita. Cumplen jornadas completas, comen mal y duermen en un galpón”, comenta uno de los entrevistados acerca de la mano de obra empleada para la pista, a la que las autoridades han mantenido celosamente al margen de la población local. 

Aunque la comunidad científica lanzó señales de alerta durante meses por el impacto de esta construcción en la geomorfología de la isla, el Instituto Nacional de Parques (Inparques) ha hecho caso omiso a las denuncias y no vigila el cumplimento del PORU. Los expertos consultados para este reportaje coinciden en afirmar que la supervisión de Inparques es nula.

Todo esto ha dejado vía libre para que el gobierno avance en su objetivo de convertir a Los Roques en un destino internacional de turismo de lujo, aún si ese upgrade supone un mayor impacto ambiental. Desde 2021, con la anuencia de Alí Padrón, actual ministro de Turismo, han llegado grupos de turistas rusos y turcos a través de un puente aéreo con Maiquetía, el aeropuerto internacional que sirve a Caracas. En vista del éxito de esas primeras tentativas, se suscribió un acuerdo de cooperación con Rusia, ratificado a través de un acuerdo de entendimiento en 2023, para incrementar los vuelos a la isla. Pero la restricción de uso de la actual pista, solo apta para aeronaves ligeras que no sobrepasen los 15 pasajeros, sigue siendo un impedimento.

Vuelo bajo

El aeródromo de Gran Roque fue una iniciativa de un grupo de aviadores del Aeroclub Caracas, a principios de los años 50. Cuando se asfaltó, en 1984, tenía 745 metros de largo, con dos rampas en cada extremo. Por décadas, la pista original logró mantener la llegada constante de turistas, que escaló hasta 68.778 visitantes en 1998, año de mayor afluencia turística, según los registros del Servicio de Administración Tributaria Insular Miranda (Satim), y según también menciona el comunicado de la Sociedad Venezolana de Ecología que circuló a propósito de la prolongación.

Con las mejoras realizadas en la última década, la pista pudo recibir aviones medianos de mayor capacidad, aunque nunca pudieron volar con carga máxima. Sin embargo, esto no fue suficiente para mantener un flujo turístico constante, debido a obstáculos como el costo creciente del viaje, que se incrementó en este inicio del s. XXI, y las constantes fallas en la dotación de servicios que afectaron a las posadas, lo que provocó en años recientes un bajón de visitantes a unos 20.000 anuales, según fuentes del sector. 

La ambición del gobierno por masificar el turismo internacional en Los Roques llevó a que la línea aérea bandera, la estatal Conviasa, empezara a volar dos veces diarias a ese destino a lo largo de la semana.  

La certificación internacional de la pista es un proyecto que está en curso, pero que requiere cumplir con las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo de Naciones Unidas que promueve las normas para el desarrollo seguro del sector. En 2022, Venezuela fue elegida como miembro del Consejo Permanente de la OACI y, un año después, recibió a una delegación de inspectores de la organización para “corroborar los estándares de seguridad operacional”. En paralelo, las máximas autoridades gubernamentales se reunieron con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) para “restablecer la conectividad aérea”, según fuentes oficiales. 

Recuerda el experto aeronáutico que en Gran Roque “se han hecho varias inversiones anteriores, como la torre de control, que no existía de forma permanente porque solo operaba en Carnavales y Semana Santa”, en temporadas altas de turismo, y estaba montada sobre un camión. Tanto la OACI como IATA solicitan que la actividad de la torre de control sea continua y cuente con una infraestructura que respalde la demanda aérea. Otro de los aspectos novedosos de los actuales trabajos en la pista es la incorporación de balizaje para que las aeronaves pueden aterrizar y despegar de noche, así como la implementación de un servicio de radioayuda, con el que “se crea un procedimiento instrumental exigido por las aeronaves con mayor envergadura dentro de un aeropuerto”, puntualizó la fuente. 

En medio del anuncio de la ampliación de la pista, el gobierno inauguró un nuevo puesto de control migratorio en el Aeropuerto de Los Roques, para certificar la entrada de los visitantes, y se actualizaron los trámites administrativos para las operadoras turísticas: registros, licencias y categorizaciones.

El ejecutor fantasma

Desde la llegada del chavismo al poder, los procesos de licitación para las obras y los estudios asociados a su impacto ambiental se mantienen bajo un sello de confidencialidad. La falta de transparencia se profundizó con la aprobación de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional, decretada el 12 de octubre de 2020 por la írrita Asamblea Nacional Constituyente. 

El caso de la ampliación de la pista de Los Roques no es la excepción. La comunidad científica y la sociedad civil, preocupadas ambas por la intervención en los espacios naturales, exigieron de manera pública que Inparques y el Territorio Insular Miranda transparentaran las condiciones de la contratación de la obra. Hasta ahora solo ha habido silencio como respuesta. 

“Nadie se ha dado por aludido, ni las autoridades ni los responsables de la obra. Supuestamente es un empresario de apellido Martins, dueño de hoteles en El Yaque y Coche”, comenta una de las fuentes consultadas que pidió mantener su nombre en el anonimato. “Nos enfrentamos a intereses muy poderosos”, concluyó. 

Para colmo y en simultáneo, el monitoreo de las condiciones ambientales del archipiélago y el mar circundante se encuentra actualmente bajo mínimos. Por muchos años, Los Roques sirvió de escuela para generaciones de científicos. Pero en 2014 el gobierno de Nicolás Maduro ordenó el desalojo de la Fundación Científica Los Roques, que funcionaba en la estación biológica Dos Mosquises desde 1967. La acción constituyó un golpe para las investigaciones, en particular el registro de tortugas que anidan en la zona. Precisamente en el cayo de Mosquises Sur, al suroeste de Gran Roque, se encuentra la segunda pista aérea del archipiélago, cuyo uso se reserva, por sus características, solo a avionetas ligeras.

Cinco fuentes independientes consultadas para este reportaje coinciden en que el empresario de origen portugués Victor [Vitor, en su grafía original lusa] Martins supervisa la ampliación de la pista. y se le ha visto acceder a los espacios restringidos a bordo de una camioneta. No es la primera vez que se escucha su nombre asociado a Los Roques. Martins administra la posada Tsunami, cuya concesión por 25 años fue otorgada por el Ministerio de Turismo. durante la gestión de Marleny Contreras, en 2017, y forma parte de la Cadena Paradise, uno de los holdings turísticos más exitosos del país, con hoteles en los estados Nueva Esparta, Anzoátegui y Sucre. Martins también tiene la primera concesión de windsurf y kitesurf en Cayo Francisquí, uno de los principales del archipiélago, donde construyó un amplio palafito para su uso personal.

Se intentó contactar a Víctor Martins por vía telefónica y a través de los correos electrónicos de sus empresas. Hasta la fecha de cierre del reportaje no se obtuvo respuesta sobre su supuesta participación en las obras de ampliación de la pista de Los Roques.

La comunidad científica reclama que no hubo consulta pública ni se conoce un Estudio de Impacto Ambiental avalado por el Ministerio de Ecosocialismo (Minec), según exige la Constitución Nacional en el artículo 129 para “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas”, una categoría que sin duda comprende la prolongación de la pista del aeropuerto.

Conflicto territorial

Al Archipiélago de Los Roques lo conforman 42 cayos coralinos e islotes rocosos que rodean una “laguna” de aguas marinas, un área de unos 400 kilómetros cuadrados a la que delimitan arrecifes coralinos excepcionalmente variados. Desde 1972 se le designó parque nacional para proteger su diversidad biológica, única en el país, en aquel momento todavía escasamente perturbada por los humanos. En 2011, cuando el chavismo apuró su intervención en los islotes venezolanos y lanzó el decreto oficial N° 8.549 –anclado en una Ley Habilitante–, pasó, junto con isla de La Orchila y el archipiélago de Las Aves, a denominarse Territorio Insular Francisco de Miranda, lo que le concedía mayor autonomía administrativa y territorial. 

La capital de esta nueva área es Gran Roque, cuya población en 2014 se calculaba en 3.000 habitantes. Desde entonces, sin embargo, la isla se ha venido despoblando. El costo de la vida y las restricciones en los servicios –en especial, los constantes apagones eléctricos– siguen ahuyentando a muchos lugareños.
“El Gran Roque completo es una zona de uso especial, según el PORU, y se declaró de esa manera porque es una isla [dentro de un parque nacional] con población humana que no se iba a sacar”, explica el profesor Jorge Naveda, experto en el área de planificación y gestión de áreas protegidas.

La idílica naturaleza del archipiélago se ha dejado permear por las tensiones políticas que vienen de tierra firme. El jueves 26 de octubre de 2023, un grupo de pobladores y dueños de posadas de Los Roques fueron citados al Palacio Blanco, ubicado frente al Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la República en Caracas, para discutir las líneas de trabajo de la nueva administración del Territorio Insular Miranda. En la reunión, el contralmirante Coronado dejó saber que en Gran Roque había “patriotas cooperantes” que, según él, se mantenían vigilantes para informar a la jefatura del gobierno territorial, y listos para desplegarse. La simple advertencia tuvo un efecto intimidatorio: por temor a represalias, los habitantes de Los Roques ahora evitan denunciar el grave problema que hay con la electricidad, la recolección de desechos sólidos, los altos costos de los alimentos y la gasolina. La última protesta que hubo en el archipiélago fue en 2019.

Las contradicciones que existen entre las autoridades territoriales y las instituciones ambientales se agudizaron con la creación del Territorio Insular Miranda en 2011. Explica el profesor Naveda que “esta es la primera vez” que una capital de provincia se encuentra dentro de un parque nacional. Por eso “siempre ha sido un conflicto desde el momento que el Gran Roque fue declarado capital del Territorio Insular Miranda”, concluye. Porque, ¿quién manda? ¿Inparques o la jefatura de gobierno territorial?

Hace 12 años, el fallecido presidente Hugo Chávez señaló que Los Roques estaba “privatizado y escualidizado” en manos de “la burguesía”. En la actualidad, muchas de las grandes casas de Los Roques cambiaron de amos, pues pasaron a ser propiedad de los jerarcas del poder chavista y de empresarios afines. Pese a las denuncias de los habitantes y los científicos, nuevas viviendas se han construido en terrenos ambientalmente vulnerables con el visto bueno de las autoridades, incluyendo una pequeña vecindad muy cerca de la pista, sin que se conocieran los estudios de impacto ambiental.

Una de estas construcciones exclusivas se trata de la posada Chelonia, de los hermanos Tadeo y Bernardo Arosio Hobaica –el último fue detenido por la trama de corrupción llamada Pdvsa-Cripto–, que sigue en funcionamiento. La vivienda fue levantada en un terreno cerca de la orilla de playa, en un lugar privilegiado contiguo a la pista. Entre tanto, la casa de Julio Borges Riquezes, empresario venezolano del sector inmobiliario y socio de la Constructora Eco Roques C.A., fue investigada por el Ministerio Público por estar “ilegalmente levantada”, de acuerdo con un acta del 20 de abril de 2022.

Mientras el turista que llega por tres días y dos noches pagando 3.000 dólares, como mínimo, vive una experiencia propia de la Isla de la Fantasía, los roqueños padecen el deterioro y encarecimiento de los servicios y la acechanza del gobierno a través de sus espías.

Para este reportaje se solicitó un comentario a la jefatura del Gobierno del Territorio Insular Miranda, sin que haya habido respuesta hasta el momento de cerrar el texto.

Lo que ocurrió después entre ellos es otro asunto. Para los efectos de esta historia basta saber que cuando se cerró el negocio la junta directiva saliente convocó a la plantilla de periodistas para presentarles a los nuevos dueños y dictar la nueva política editorial. Fue, recuerda Nitu Pérez Osuna, que entonces conducía un programa de entrevistas llamado “Yo prometo”, el 13 de mayo de 2013.

Pérez Osuna se incorporó tarde a la asamblea de trabajadores. El comienzo de la cita coincidía con el programa de radio que llevaba en Radio Caracas Radio, la última emisora independiente que queda en Venezuela. Los nuevos dueños habían anunciado un aumento del 30 por ciento de los salarios. Sonaban muchos candidatos para dirigir al canal. Uno de ellos, Vladimir Villegas, había decidido no aceptar el ofrecimiento, aunque después aparecería como presentador de un programa de entrevistas en el horario de la una de la tarde. Fue el inicio de una relación estrecha de la que ambos sacaron beneficios.

Pero eso sería mucho después de aquel 13 de mayo de 2013. Ese día Nitu Pérez Osuna escuchaba a sus compañeros. Poco antes de su llegada la periodista Diana Carolina Ruiz había hecho la pregunta más incómoda de la velada a Gustavo Perdomo -otro de los nuevos dueños del canal- de acuerdo con varios de los asistentes. “Yo lo conocía desde que vivíamos en San Antonio de los Altos (ciudad dormitorio cercana a Caracas)”, recuerda Ruiz. “Viví durante 25 años allá. En aquel tiempo era costumbre vincularse con el grupo de amigos del edificio y cada grupo recibía un nombre. Gustavo tenía su grupo y era de los más populares. Tenía carro, pero no era millonario”.

Con ese recuerdo muy presente, Diana Carolina Ruiz preguntó

-Gustavo, ¿cómo obtuviste el dinero para comprar el canal?

Perdomo -retaco, regordete, y a quien vinculaban entonces con un poderoso cartel de abogados apodado “La banda de los enanos”- respondió sin inmutarse

-Por mi trabajo honesto. Soy abogado y he tenido éxito en algunos casos.

Aquella respuesta animó otras intervenciones similares. Nitu Pérez Osuna pensó entonces qué podía decir. Recordó que la unidad de investigación de Globovision preparaba un programa especial sobre el teniente Alejandro Andrade. Dos años antes Andrade, consentido lugarteniente del entonces presidente Hugo Chávez, había dejado de ser el tesorero de Venezuela y comenzaba a despuntar como el propietario de una cuadra ecuestre. Su hijo Enmanuel descollaba entonces como un jinete sobre los lomos de los ejemplares comprados por su padre con dinero muy cuestionado por su procedencia. Fue entonces cuando llegó su turno y le preguntó al doctor Gorrín

-Usted ha dicho que Alejandro Andrade es como su hermano. En vista de eso, ¿este canal va a transmitir el programa que prepara la unidad de investigación…?

Gorrín la interrumpió.

-Alejandro no es solo un hermano. Es mi hermano del alma.

El hombre que pagaba las cuentas

Esa confesión ha encontrado una explicación cinco años después en una corte del Sur del estado de Florida, en Estados Unidos. En todo ese tiempo el doctor Gorrín corrió a los periodistas críticos, rebajó el perfil combativo de la planta hasta convertirla en una franquicia de las oficinas de prensa del régimen chavista, impuso transmisiones de beisbol y decadentes concursos de belleza liderados por personajes estrafalarios.

También hizo todo lo posible por construirse una reputación de self made man que, enriquecido y poderoso, y quizá influenciado por las lecturas de Paulo Coelho, como atestigua su biografía, nunca olvida sus orígenes humildes.

Incluso mucho antes de asumir el control de Globovisión el doctor Gorrín ya pagaba los gastos de Andrade e invertía en bienes raíces en Estados Unidos con dinero aparentemente mal habido, según la justicia de Estados Unidos. De acuerdo con una acusación ventilada en una corte del sur de la Florida, el doctor Gorrín sobornó a Andrade para que le permitiera tomar ventaja de las subastas de dólares subsidiados por el estado venezolano, que mantiene vigente un control de cambios desde febrero de 2003.

El mecanismo es bastante conocido: Gorrín, le entregaba bolívares a Andrade, quien, a su vez, le depositaba dólares a precio preferencial; el doctor abastecía al mercado negro, donde volvía a recuperar bolívares con los que compraba más dólares.

La operación se repitió muchas veces durante muchos años y le dejó grandes riquezas en muy poco tiempo, pero especialmente el afán de blanquearlo. Su biografía oficial lo confirma. A finales de 2008, mientras Andrade manejaba la tesorería de Venezuela, fue uno de los 10 accionistas convocados por el empresario Juan Domingo Cordero para adquirir Seguros La Vitalicia. En 2011, ya con los bolsillos repletos de dinero y en plena relación con la sucesora de Andrade, Claudia Díaz Guillén, los socios decidieron “replantear el enfoque estratégico, ampliar la gama de productos y servicios mediante un plan de expansión por toda Venezuela”.

Las autoridades estadounidenses, que lo acusan de conspirar para lavar dinero y conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, han documentado que entre 2011 y 2017, el doctor Gorrín pagaba los gastos suntuarios de Alejandro Andrade desde cuentas localizadas en Suiza.

Aunque en el documento no se menciona al extesorero, se hace una muy clara referencia. Estados Unidos lo identifica como funcionario extranjero y dice que dirigió la tesorería nacional entre 2007 y 2010, que coincide con los años de la gestión de Andrade.

En específico, las autoridades señalan en la acusación pagos que ascienden a 10.303.824 millones de dólares. “Gorrín intentó transportar, transmitir y transferir fondos con la intención de sobornar a un funcionario y apropiarse indebidamente, robar y malversar fondos públicos para el beneficio de un funcionario entre noviembre de 2012 y junio de 2013”, se lee en el documento.

Once apartamentos en un mismo edificio

También incluyen una lista de 24 propiedades localizadas en Florida y Nueva York, que han sido decomisadas por Estados Unidos. Aunque todavía no hay una sentencia firme, solo basta con conspirar para violar la ley para que el estado las incaute.

De todas ellas destacan once apartamentos de un edificio localizado en el número 4100 de la calle Salzedo de Coral Gables. Este es uno de los sectores no solo más acomodados del sur de la Florida, sino de mayor demanda. Un piso ahí está muy bien ubicado, a medio camino de las playas de la costa atlántica, del centro financiero y de los grandes centros comerciales de descuento. El doctor Gorrín tenía la propiedad, a través de una empresa que mantenía con su esposa, de los números 608, 804, 807, 809, 811 y 813, 903, 904, 909, 913 y 1010.

Entre esos números que van del 804 al 813 también hay un apartamento a nombre de la empresa Telemann Investing of Florida. De acuerdo con el registro de corporaciones de Florida, los dueños de esa compañía son Hely Vladimir Villegas y Egilda del Valle Gómez. Armando.info intentó ubicar a Villegas en dos ocasiones para preguntarle por qué había comprado un apartamento en el mismo edificio del dueño del canal para el que trabaja y quién se lo había vendido. El periodista dijo que no atendería al medio.

El expediente de Ortega Díaz

Aunque nunca lo hizo público, la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz había elaborado un informe sobre sus actividades: sospechaba, aunque sin aportar pruebas, que el doctor Gorrín era testaferro de Cilia Flores y sus hijos, financista del presidente del Tribunal Supremo De Justicia, Maikel Moreno. Sabían de su fortuna súbita y la comparaban con sus comienzos en un modesto cargo de secretario en un tribunal penal de Caracas.

Su riqueza está relacionada con la oficina de la Tesorería Nacional, con la que, a través de múltiples operaciones fraudulentas, autorizadas en principio por Hugo Chavez y luego por Cilia Flores y su entorno, logró apoderarse de miles de millones de dólares. Ya para entonces todos comenzaron a llamarlo doctor Gorrín.

En su mano izquierda sostenía un maletín negro, toda una ironía para alguien perseguido por la sombra de las “empresas de maletín” mediante las cuales fueron malversados cientos de millones de dólares durante los siete años que presidió la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el ente que centralizó y gestionó durante más de diez años la entrega de dólares en territorio venezolano.

Semanas antes de esa estampa, el 16 de agosto, se difería una vez más la audiencia por el juicio que hace tres años se abrió contra el teniente coronel del Ejército y ex gerente de importaciones de Cadivi, Francisco Mariano Navas Lugo, y su primo José Daniel Stekman, acusados de favorecer a compañías fantasmas con dólares preferenciales.

Ambos quedaron detenidos desde agosto de 2013 por esa investigación. Navas Lugo es el único exfuncionario de alto rango de Cadivi acusado en un proceso que nunca pareció interesar a las autoridades y que recuerda la historia del “chino de Recadi”, un ciudadano asiático, el único detenido y que simbolizó la corrupción de la oficina que entre 1983 y 1989 otorgó divisas baratas en medio de otro control de cambio mientras los personajes de peso se cubrieron en el manto de la impunidad.

Ahora como entonces, el método siempre es el mismo. “Empresas de maletín” o “fantasmas”, así llamadas por no tener domicilio fiscal, empleados o una verdadera estructura empresarial, solicitaban dólares para realizar importaciones. A veces sobrefacturaban la mercancía, lo que de antemano garantizaba quedarse con una porción de las divisas en cuentas bancarias del exterior, pero otras veces ni siquiera compraban la mercancía y se quedaban con la totalidad de lo pedido ante Cadivi.  

Justicia suspendida

Y como ocurrió con el “chino de Recadi”, la historia del caso MP-301151-2013, que sigue la detención de Navas Lugo y Stekman es una secuencia interminable de incumplimientos y de episodios kafkianos. Ni que la ex presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Edmée Betancourt, reconociera en mayo de 2013 que al menos 20 mil millones se adjudicaron a “empresas de maletín” o que el hoy detenido ex ministro de Interior y Justicia -ex jefe de inteligencia en el gobierno de Hugo Chávez- el general Miguel Rodríguez Torres, dijera en diciembre de 2013 que 40% de las compañías que acudieron ese año a Cadivi eran de “maletín”, ha servido para impulsar una investigación real.

La que existe es como un espectro que ha desfilado por los despachos de tres jueces. Desde el 15 de septiembre de 2015 comenzó la siguiente secuencia: ese día comenzó el juicio, pero una interrupción por más de quince días obligó a un reinicio que ocurrió justo un año después. Fue la única vez que Navas Lugo habló ante el juez y expuso el salto abrupto que en 2012 hubo en las peticiones de dólares de Inversora Caejer. En realidad, se trataba de la Caja de Ahorros del Ejército, que desde 2008 hasta 2014 había obtenido liquidaciones por parte de Cadivi de 21 millones de dólares, como reveló Armando.info.

A partir de allí cada tanto se programan las audiencias pero estas nunca ocurren por falta de testigos, porque no trasladan a los acusados desde sus centros de reclusión al palacio de justicia, en el centro de Caracas, o como el 16 de agosto de este año, porque no asistieron los representantes del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), organismo que reemplazó a Cadivi en noviembre de 2013 por decreto del recién investido presidente Nicolás Maduro.

“Le voy a exponer al país la verdad de lo que sucedió ahí porque fue una vulgaridad, hay responsabilidad de funcionarios sin lugar a dudas”, prometió Maduro días después en una entrevista televisiva al referirse a Cadivi, el acrónimo asociado al férreo control de cambio que Hugo Chávez instauró en febrero de 2003 y que aún rige la economía venezolana.

Meses antes y aún en condición de “presidente encargado” tras la muerte Chávez, el tono de Maduro era otro. Despidió a Manuel Barroso del cargo argumentando que lo hacía para cuidar su salud tras “siete años sin descanso”, pero alabando su gestión. “Sale como entró, con su honestidad, con su transparencia. Un aplauso al (entonces) coronel Barroso, hijo de nuestro comandante Chávez”.

Espiral de silencio

Francisco Navas Lugo llegó el 24 de octubre de 2006 de la mano del propio Manuel Barroso al organismo del que dependió la suerte de empresas y personas que necesitaban adquirir dólares. Fue su asistente, jefe de despacho, gerente de seguridad y gerente de aduanas antes de asumir como gerente de importaciones en 2009. Pero los caminos de ambos militares se separaron en ese 2013, cuando la corrupción en Cadivi se convirtió en una realidad aceptada por la cúpula del chavismo y hasta Maduro planteaba la necesidad de una “comisión presidencial” para investigar las irregularidades.

Semanas después de perder el mando de Cadivi, Manuel Barroso pasó a la presidencia de La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La Casa), un holding estatal adscrito al Ministerio de Alimentación que controlaba las importaciones públicas de alimentos así como la materia prima para la agroindustria privada. En 2015 voló a Brasil para convertirse en agregado militar de la Embajada de Venezuela en ese país y desde entonces sus apariciones públicas son esporádicas, como la del pasado 11 de septiembre.  

Para Navas Lugo, en cambio, empezó un calvario que va por los 2 mil días. Fue detenido en agosto de 2013 como consecuencia de una denuncia que interpuso en su contra ante la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) el 25 de julio de ese año quien fuera Vicepresidente de Cadivi, el coronel Víctor Armando Flores Correa. Dicha acusación, identificada con el número DGCIM 024-2013, señalaba a Navas Lugo de “presuntos cobros” de hasta dos bolívares fuertes por cada dólar “a empresas para proceder a la liquidación de divisas”. Flores Correa también estuvo retenido en la sede de la Dgcim, pero a los pocos días quedó en libertad sin cargos y nunca más se supo de él.

Navas Lugo pasó varios meses en la sede de la Dgcim en Caracas hasta que fue movido al penal militar de “Ramo Verde”, en el estado Miranda, conocido internacionalmente por ser el centro de reclusión en el que el dirigente opositor Leopoldo López permaneció varios años. Desde ese recinto trasladan a Navas Lugo hasta el palacio de justicia en Caracas, pero el viaje siempre termina con la suspensión de la audiencia. “Hoy tampoco podrán hablar, les temen. Ya uno se acostumbra”, suelta en la puerta del tribunal Brigcir García, esposa de José Daniel Stekman, el primo de Navas Lugo. Es mediodía del 16 de agosto y los familiares han esperado casi un año para esa presentación.

A las 3:07 PM aparece Navas Lugo en la puerta del tribunal. Esta vez viene vestido de civil, pero esposado como siempre. Apenas un sargento libera sus manos, saca varias leyes de su bolsillo y entra. 43 minutos después, y casi en la hora de cierre del tribunal, anuncian que la audiencia número 33 es diferida porque no llegaron los representantes del Cencoex. “¡Cinco años!”, exclamó minutos antes la esposa de Stekman.

“El tiempo ha demostrado que no ha habido mayor interés en que realmente se sepa qué pasó en Cadivi”, resume el abogado de los acusados Alonso Medina Roa. Los hechos parecen darle la razón. Tres meses después, el 8 de noviembre, se repetirá la escena en la puerta del tribunal séptimo de juicio de primera instancia penal de Caracas. Antes de entrar a la sede del palacio de justicia, Brigcir García presentía que ese día tampoco se avanzaría en la presentación. Ya en el piso cinco desfilan hombres y mujeres esposados, abogados con fajos de papeles.

A diferencia de la audiencia del 16 de agosto, frente a la puerta del tribunal esperan sentados los representantes de la Fiscalía y los del Cencoex. Ahora el que no acudió a la cita fue el propio Navas Lugo, a quien las autoridades debieron llevar desde la cárcel de “Ramo Verde”. A la 1:20 PM el abogado Medina Roa confirmó una nueva prórroga de la audiencia sin saber las razones por las que su defendido no llegó. “Son cinco años de diferimiento por cualquier cosa”, se queja la esposa de Stekman, a quien sí trajeron ese día desde el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, su tercer centro de reclusión desde que fue arrestado en ese lejano agosto de 2013.

La papa caliente

Ni los acusados, ni el abogado o los familiares saben cuándo será la próxima audiencia. Entre tanto, el ex zar petrolero y económico de Chávez, Rafael Ramírez, denunció recientemente haber entregado toda la información relacionada al desfalco vía Cadivi al Presidente de la República.

“Le entregué personalmente a Maduro las grandes carpetas que logramos obtener de las divisas entregadas por Cadivi a las empresas internacionales y nacionales. Con un grupo de expertos de PDVSA, le analizamos la información: identificamos y clasificamos por montos y sector a quien se le habían entregado las divisas de la República, a qué empresas, por cuál concepto, hicimos una búsqueda de los socios de esas empresas y surgieron los mismos nombres, los mismos apoderados, los mismos mecanismos de ocultar capitales”, escribió en Medium el pasado 26 de agosto. “Maduro nunca hizo pública esta información”, sentenció en su escrito.

El 23 de noviembre de 2013 Maduro informó que se reunió con Ramírez, entonces Vicepresidente de economía, y otros funcionarios de su gabinete para abordar lo que ya lucía como una crisis en gestación.  “Tengo, no lo traje, lo dejé allá adentro, un informe de este calibre (con las manos dibuja el ancho) con la inversión de los últimos 51 mil millones de dólares que se entregaron en Cadivi, empresa por empresa, y lo voy a publicar, voy a publicar el listado completo porque vamos a iniciar un proceso de auditoría hasta el último dólar que se entregó por lo menos este último año”, expresó desde el palacio de Miraflores.

No está claro si ese informe al que aludió es el mismo al que se refirió Ramírez en su artículo, pero sí es cierto que el mandatario nunca reveló la lista de Cadivi correspondiente a ese 2013.

Pese a su omisión, Maduro culpó el año pasado a la Fiscal General destituida, Luisa Ortega Díaz, por el fracaso de la investigación contra el organismo que asignó dólares preferenciales en tiempos de una bonanza que para los venezolanos hoy luce remota. “Yo en el año 2014 nombré una comisión ¿Ustedes no se acuerdan? Una comisión para investigar lo de Cadivi (…) ¿Ustedes se acuerdan quién presidía esa comisión? Persona en la cual yo confiaba entonces, metía la coba pues, se ponía la pintica, la blusita y uno creía que de verdad trabajaba. Es Luisa Marvelia Ortega Díaz, Fiscal General prófuga internacional de la justicia”, disparó Maduro el 7 de septiembre del año pasado ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instaurada hacía poco más de un mes atrás. Allí mismo le pidió a Tarek William Saab, sustituto de Ortega Díaz designado por esa ANC, que retomara la averiguación. De poco o nada ha servido.

Apenas asumió el cargo, William Saab también enfiló el discurso contra su antecesora. La culpó de no hacer “absolutamente nada” en lo que denomina como “fraude importador” o la “trama Cadivi-Cencoex”. Aunque el funcionario ha asegurado que el origen de la escasez de recursos que sufre hoy el Gobierno puede estar relacionada a lo malversado a través de Cadivi y prometido que investigará hasta las “últimas consecuencias”, sus actuaciones no han pasado más allá de las detenciones de una veintena de empresarios. 

“¿Ahí no había un control? ¿Ahí no había verificación? Obviamente que eso nos obliga a investigar también a quienes en esa junta administradora dieron estas divisas de la manera como lo describí. Cuando ocurra una conclusión sobre ello, anunciaremos ya en concreto lo que deba anunciarse”, manifestó en septiembre del año pasado al ser cuestionado sobre una posible citación al expresidente de Cadivi.

Manuel Barroso no ha sido requerido por las autoridades. Tampoco el ex vicepresidente de Cadivi, el coronel Víctor Flores, o alguno de los ex funcionarios que denunció el desfalco como Edmée Betanocurt, Miguel Rodríguez Torres o Jorge Giordani, el mentor económico de Hugo Chávez. El teniente coronel Navas Lugo espera en la cárcel de “Ramo Verde” por el reinicio de un juicio que debería servir para entender cómo cientos de millones de dólares fueron tragados sin que nadie reparara en ello y anticipando quizás la que sería la peor crisis económica del país. “Pareciera que no hay interés en que se sepan muchas cosas”, insiste el abogado Medina Roa. 

Nasar Ramadan Dagga Mujamad y Manzur Ramadan Dagga Mujamad están vinculados con los orígenes de Daka de Venezuela C.A. El primero también está relacionado con Consorcio Lux y las tiendas CLX –surgidas en 2013 y con “licencia exclusiva” para la “representación y distribución” de la marca surcoreana Samsung-, mientras que el segundo lo está con Bullpro Maracay C.A, registrada en 2016 y dedicada a la comercialización de equipos de sonido de la marca norteamericana Boss. Hay más: Yaser Arafat Dagga Muhd, también socio fundador de las tiendas CLX, es el único propietario de Cyberlux de Venezuela C.A, que se promociona como la “ensambladora de electrodomésticos más grande de Venezuela” y estuvo ligada a Daka de Venezuela C.A. Conexiones similares a las ya mencionadas, entre el origen del negocio de Daka y otras compañías, se repiten en varias de las sociedades que los empresarios y más familiares tienen registradas en Panamá.

Pese a ello en el entorno del grupo insisten en que “el único vínculo que existe es familiar” y que se trata de “información muy delicada”. Algo está claro: los negocios marchan bien, incluso el de Daka, en lo que parece una trama poco conocida luego de tres años de que el Gobierno señalara a ese nombre como el símbolo de la especulación y de la “burguesía parasitaria”.

“Ya abrimos”, decía el aviso que el 20 de octubre colgaba en la fachada de la sucursal de Daka en Maracay, capital del estado Aragua, en el centro de Venezuela. El sigilo del evento y el estruendo de otra noticia salida ese mismo día de Aragua, cuando un tribunal penal aceptó anular el proceso que conduciría a la celebración del referendo revocatorio contra el presidente de la República, opacaron la inauguración del sexto local de Daka. Aún así, la señal resultó clara: la tormenta desatada en 2013 es cosa del pasado.

“He ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta”, bramó Maduro por las pantallas de televisión el viernes 8 de noviembre de 2013. A la palabra le siguió el caos: la sucursal de Daka en Valencia –en 2011 consumida por un incendio- fue saqueada al día siguiente. Le siguieron varias semanas de inspecciones de las autoridades a comercios de todo el país, a cuyos dueños se les obligó a rebajar los precios de la mercancía. Muchas de esas inspecciones se transmitieron por cadena nacional, con lo que no solo se remataba el inventario de los comerciantes, sino a la vez sus reputaciones. Algunos no abrieron sus negocios nunca más. Hubo rebatiñas. La popularidad del Gobierno mejoró, suficiente para ganar las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, y nació la palabra Dakazo para referirse a ese intento de frenar la inflación por mandato.

“A esta red comercializadora se le dan los dólares de Cadivi y del Sicad para que lo que no consigue aquí lo complemente con importaciones. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje que conseguimos de sobreprecio de neveras, aires acondicionados, televisores, lavadoras, electrodomésticos de consumo y de uso en la familia venezolana? Bueno, les puedo decir: el promedio de sobrefacturación, de robo, llega a 1.000% de los precios de los productos”, argumentó quien apenas tenía siete meses como sucesor de Hugo Chávez.

El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía y ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza, calificó a Daka como “enemigo” del pueblo. “Nosotros hemos denunciado ante el Ministerio Público la presunta comisión de un delito de usura a los dueños de Daka, tanto de Boleíta como de Bello Monte, para que se tomen las acciones pertinentes apegadas a la Ley (…) Decirle al pueblo venezolano cuál es el verdadero enemigo de ellos: aquí tenemos uno, en Bello Monte tenemos otro, usted ya lo dijo en Punto Fijo (localidad de otra tienda), en Punto Fijo es la aberración más grande que nosotros podemos informarle al pueblo venezolano”, expresó uno de los protagonistas de aquellos días y hoy tildado como un “traidor” en las filas revolucionarias, acusado de corrupción y hasta de planificar un golpe de Estado contra el Gobierno. 

Las instituciones encargadas de las fiscalizaciones de aquellos días, como el Órgano Superior para la Defensa de la Economía, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) o el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes (Indepabis), tampoco existen ahora, 36 meses más tarde. A todas las ha sobrevivido Daka.

Genealogía simple, corporación laberíntica

La ficha de Daka de Venezuela C.A del Registro Nacional de Contratistas (RNC) revela que los directivos que constituyeron la empresa el 26 de enero de 2004 en el registro mercantil tercero del estado Carabobo son: Dagga Mujamad Nasar Ramadan, Daggak Mujamad Nacer, Dagga Mujamad Manzur y Daggak Mujamad Fauci Mahmoud. Tiempo después de fundada, Daka de Venezuela pasó a ser Cyberlux de Venezuela C.A, hoy en manos de Yaser Arafat Dagga. De esto se percató el Gobierno en 2013.

“Nosotros venimos haciendo un seguimiento de los dólares que se entregan, los Certificados de No Producción (CNP) que se aprueban y lo que entra por la aduana. A nosotros nos coincide en los registros oficiales con que contamos, nos coindicen los nombres de esta empresa con los dueños de la empresa Daka, nos coincide el nombre, aquí los empleados refieren que no, que hay una disolución desde el punto de vista de empresa, que no hay una relación comercial, bueno los CNP que han sido introducidos hasta el año pasado y lo que corresponde a algunos registros coinciden esos nombres”, aseguró en una inspección a Cyberlux, en pleno Dakazo, Ricardo Menéndez, entonces ministro de Industrias y actual Vicepresidente de Planificación.

Hay todavía más caras y personas jurídicas detrás del negocio de Daka. “Grupo Daka se inició en la avenida Bolívar de Punto Fijo, en el año 1999 con la denominación comercial de Mundo Daka, C.A, y después en el 2006 se apertura con el nombre social DKZL, C.A, mudándose a una tienda más amplia en exhibición ubicada en la zona libre de Inversión Turística y Comercial de Paraguaná”, dice la sentencia 226 de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de fecha 16 de junio de 2016 y firmada por el magistrado Maikel Moreno, en la que exhorta al Ministerio Público a presentar a la “brevedad posible el acto conclusivo” de la investigación y a “acumular” en un juzgado de Caracas las causas abiertas en tribunales de Carabobo y Falcón contra los dueños de Daka.

Ese documento y los expedientes judiciales sólo señalan como responsables de “usura agravada continuada” y “asociación para delinquir” a Mahmoud Daggak Falles Ramadan Daggak Mujamad y su cónyuge Hasan Abdilhadi Amal, accionistas de compañías como Mundo Daka C.A, DKZL C.A, persona jurídica para la sucursal de la Zona Libre de Paraguaná, o DK Valencia, figura jurídica de la tienda de Valencia, o DK Caracas C.A para el local de Bello Monte, en la capital venezolana.

Fue contra esas empresas que el Ministerio de Comercio dictó la medida de “ocupación temporal” el 25 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial 40.301. “Se ordena al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios dictar medida preventiva de ocupación y operatividad temporal a las empresas que se nombran a continuación: DKZL, DK Lara, DK Caracas, DK Boleita y DKVAL”. El coronel Hermes Josues Carreño Escobar, hermano del militar y actual diputado del Psuv, Pedro Carreño Escobar, en su condición de director del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue comisionado para administrar Daka “mientras dure la medida de ocupación y operatividad temporal”.

El baile de identidades y empresas confundió a las propias autoridades hace tres años. Eduardo Samán, ex presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes (Indepabis), declaró que “las tiendas Daka no reciben dólares de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y compran sus productos a distribuidores locales”, según reseñó el diario oficialista Correo del Orinoco el 8 de noviembre de 2013. En cambio, el mayor general y a la sazón ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, desanudó la madeja de Daka.

“Ellos crean una cantidad de empresas con otros nombres y son las que piden las divisas ante Cadivi, importan los artefactos y luego se las vende a Daka (…) No son realmente una empresa, sino es un nombre, un maletín que importa, Daka le compra a ellos bajo otro nombre a precios exorbitantes y con eso justifican el precio de los electrodomésticos”, denunció Rodríguez Torres el 10 de noviembre de 2013, de acuerdo a los medios de comunicación.

El maletín que camina por Cadivi y Cencoex

Aclarado el laberinto empresarial detrás del sello Daka, se confirma que el grupo recibió una cantidad de dólares preferenciales superior a lo que se dijo y creyó cuando la furia del Gobierno cayó sobre las tiendas. El listado correspondiente a la liquidación de dólares entre 2004 y 2012 de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) comprueba que los dólares baratos fueron combustible para las actividades de Daka.

Sólo Daka de Venezuela, que después pasó a ser Cyberlux de Venezuela y heredó su Registro de Información Fiscal (RIF), recibió pagos equivalentes a 407,8 millones de dólares. “Vemos que en los últimos años esta empresa ha venido creciendo, se ha venido dinamizando en función de su aparato productivo y eso tiene que implicar una función de responsabilidad, cada vez que alguien tiene el acceso a una divisa del pueblo, a una parte del patrimonio de todos los venezolanos, que es la divisa que se genera a partir de la renta petrolera, implica una responsabilidad”, se quejó en noviembre de 2013 el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez. Pero ahí no terminó el reparto.

DKZL C.A percibió otros 162,5 millones de dólares, mientras que Mundo Daka C.A adquirió 76,3 millones de dólares en el lapso de 2004 a 2012. En conjunto, las tres compañías suman casi 647 millones de dólares, un monto 2,5 veces superior a los 274 millones de dólares que recibió Alimentos Polar, el mayor fabricante de alimentos del país, o apenas por debajo de los 693 millones liquidados en ese periodo para Cervecería Polar, la división de cerveza y malta del grupo presidido por Lorenzo Mendoza.

Los millones para Daka vía Cadivi también superan ampliamente lo que ese organismo autorizó a empresas tradicionales del sector de electrodomésticos, como Sony de Venezuela, que recibió 139,2 millones de dólares, Panasonic de Venezuela con 81,1 millones de dólares, JVG con 182,8 millones de dólares, o Pablo Electrónica -una popular tienda de la parroquia La Candelaria, en el centro de Caracas- con 37 millones de dólares. Aunque se intentó contactar a los responsables del grupo, ninguna de sus marcas quiso referirse al tema.

La extinción de Cadivi y el nacimiento del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) fue una de las consecuencias directas del Dakazo. El Gobierno, argumentó en su momento, quería adecentar el reparto de los dólares y superar el “cadivismo”, como dio en llamar desde entonces el presidente Maduro a los ardides con los que empresarios y funcionarios se confabularon para sacar provecho del acceso a divisas baratas. Casi como una ironía, ese correctivo no pareció afectar a la postre ni a las empresas conectadas a las operaciones de Daka ni a las demás del grupo de los Dagga, en lo que a acceso a dólares preferenciales se refiere.

Mundo Daka C.A y DKZL C.A, dos de las compañías relacionadas con la investigación del Ministerio Público a raíz del Dakazo, volvieron a ser adjudicadas con divisas preferenciales en julio de 2014 –sólo siete meses después de ser señalados- en la subasta 18 del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), uno de los primeros mecanismos creados por la administración de Maduro para intentar contener el dólar paralelo. En esa oportunidad Mundo Daka salió favorecida con 18,6 millones de dólares, mientras que DKZL recibió 4,6 millones de dólares. Quizás la inyección de dólares llegó antes en la subasta dos o la nueve del Sicad, a la que fueron convocadas empresas de electrodomésticos, pero el Cencoex nunca divulgó los resultados.

Otras empresas de los Dagga obtuvieron más dólares en esa subasta 18 del Sicad, adjudicada en julio de 2014. Consorcio Lux, compañía que funciona como una especie de paraguas de las tiendas CLX –los distribuidores exclusivos de la marca Samsung- percibió 5,1 millones de dólares. CLX Maracay, figura jurídica para la sucursal de la compañía en la capital de Aragua, también fue beneficiada en esa subasta, según consta en la documentación de la empresa en el Registro Mercantil. “Se encuentra en el proceso de liquidación por la adjudicación de la subasta de divisas preferenciales para el sector económico de electrodomésticos, distinguida con el número 18-2014, realizada en fecha 17/07/2014 por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior”, refieren los documentos.

Cyberlux de Venezuela obtuvo en esa oportunidad 8,7 millones de dólares. La compañía también corrió con suerte en la subasta 26 del Sicad, adjudicada el 3 de noviembre de 2014. En esa ocasión la asignación para la compañía fue de 3,4 millones de dólares. Para esta época la empresa colaboraba con la entrega de electrodomésticos para el “Plan de Desarme” que adelantaba la entonces ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez. “Porque tiene que haber un engrane entre el Gobierno nacional y las empresas privadas”, expresó a los medios Yaser Arafat Dagga, según publicó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) el 4 de diciembre de 2014.

En 2015 la compañía recibió liquidaciones equivalentes a 24,5 millones de dólares, de acuerdo a un listado extraoficial del Cencoex al que se tuvo acceso para este reportaje, siendo la única firma del área de electrodomésticos favorecida ese año con divisas a la tasa de 6,30 bolívares por dólar. A mediados de ese año, el mismo Yaser Arafat Dagga estuvo acompañado por el entonces ministro de Industria y Comercio, José David Cabello -hermano del número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello-, en un acto organizado por Cyberlux con el nombre de “I Encuentro Empresarial Hecho en Venezuela” en el Hotel Eurobuilding de Caracas. “Llegó el momento de entender que la Venezuela importadora debe acabarse, no debemos importar lo que podemos producir en nuestra tierra”, dijo Cabello en el encuentro que sirvió a Cyberlux para acordar una alianza con la empresa estatal Coveplast para el desarrollo y suministro de piezas.

El evento sorprendió a otros empresarios del sector de electrodomésticos que desde comienzos de 2015 trabajaban con el ministerio de Industrias en una propuesta para reactivar al sector y pensar en posibilidades de exportación. “Fue una movida magistral de Cyberlux, ya que a partir de ese evento pudieron obtener liquidaciones de divisas para comprar materia prima y ensamblar en el país, en un año donde prácticamente el resto de empresas no logró acceder a divisas”, opina un empresario, que prefiere reservar su identidad.

A finales de 2015 las tiendas Daka exhibían productos importados por DK Boleíta y DK Caracas, las dos figuras jurídicas para las tiendas de Caracas, comprados con dólares del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), otro de los mecanismos creados por Maduro como mecanismo alternativo para la compra de divisas y la contención del dólar paralelo. Aún hoy se ve en las sucursales de Caracas y la recién inaugurada sucursal de Maracay mercancía que fue importada a la tasa Simadi por Mundo Daka C.A y DKZL, así como productos importados con la paridad del sistema de Divisas Complementario (Dicom), que reemplazó a Simadi, por la empresa Importadora Las 3G, en pequeñas etiquetas colocadas en las cajas de productos como televisores, licuadoras, aires acondicionados, impresoras o ventiladores, entre otros.

Sobre las asignaciones de divisas en esos esquemas las autoridades nunca han revelado ni los montos, ni el listado de empresas favorecidas, opacidad cuestionada por organizaciones empresariales del país.

“Este es un sector altamente dependiente de las divisas para importar, sin divisas no se puede traer productos y para abrir tiendas en este momento hay que tener inventarios”, afirma un directivo del sector a propósito de la inauguración de la sexta sucursal de Daka, así como de las seis tiendas de CLX y la de Bullpro Maracay C.A.

La posibilidad de obtener dólares a alguna de las tasas preferenciales concede, además, la ventaja de fijar mejores precios de venta con respecto a las compañías que sobreviven con divisas compradas en el mercado paralelo, que duplica el tipo de cambio del Dicom. “Esos comercios (Daka y CLX) tienen precios bastante por debajo de los que no reciben dólares Dicom. La única explicación para la diferencia de precios en el mercado es que unos reciben Dicom y otros no”, insiste la fuente. 

Las cifras de la Asociación Nacional de Fabricantes y Distribuidores de Electrodomésticos (Anafade), a la que no pertenece Daka, ni las empresas de los Dagga, indican que la deuda por importaciones no liquidadas ronda los 270 millones de dólares y que el desabastecimiento por la imposibilidad de importar oscila el 70%.

Las noticias de su muerte fueron exageradas

Tras el Dakazo, la sucursal de Daka en Maracay es la primera tienda que se abre bajo el sello y confirma una especie de resurrección de la cadena. “Tiendas Daka continúa con su plan de expansión en el país, al abrir el sexto establecimiento en la ciudad de Maracay para ofrecer a propios y extraños los más modernos electrodomésticos y equipos electrónicos”, comunicó la compañía en una nota de prensa. Adelantó, además, que “para el primer trimestre de 2017 estarán abriendo la séptima tienda en Lecherías, estado Anzoátegui y para el segundo semestre abrirán en Maracaibo”. En las tiendas también se siente el resurgir. “No es lo mismo que hace unos años, pero siempre nos está llegando mercancía, esta semana empieza a llegar mercancía”, dijo un empleado en la sede de Daka en Boleíta, mientras preparaban los estantes de la amplia sala de exhibición para los productos por llegar.

No obstante, aún se percibe cierto recelo y desconfianza. “No le puede tomar fotos a los productos, no damos presupuesto”, advierten los encargados de la sucursal de Daka en Bello Monte, Caracas. En una de las columnas le reiteran la advertencia a los clientes desprevenidos: “Por políticas de seguridad, evite el uso del teléfono dentro de nuestras tiendas”, se lee en un cartel.

CLX no se queda atrás. Entre 2013 y lo que va de año han abierto seis tiendas en todo el país para distribuir los productos marca Samsung. “Venezuela nos necesita, mis padres llegaron a este país producto de muchos conflictos bélicos, yo nací en esta tierra, toda mi familia vive acá, entonces es momento de invertir, soy consciente que hay crisis, este país ha hecho a muchísimos empresarios exitosos y ante esta situación no podemos irnos (…) Este es el momento de invertir y aprovecho la oportunidad para invitar a los que creen en Venezuela, que inviertan, no existe otro país en el mundo mejor que este”, declaró en agosto pasado Nasar Dagga, presidente de CLX, en la inauguración de la tienda del Centro Comercial Sambil de Valencia, capital del estado de Carabobo, a 200 kilómetros al oeste de Caracas. Tanto CLX como Cyberlux mantienen pautas publicitarias en canales comerciales de televisión.

Pocas semanas después, Dagga aparecía en el Centro Comercial Sambil de Caracas para abrir la sexta tienda del grupo y confirmar su poderío, en un mall en el que los rastros que dejó el tsunami del Dakazo todavía se dejan ver. Tiendas emblemáticas como la de Sony y la de JVG cerraron sus puertas en esa superficie y los comercios de electrodomésticos que aún sobreviven apenas exhiben productos. CLX, en cambio, ya alcanza una participación en el mercado local en la distribución de la marca Samsung de 60% y un 17% en la cuota de “electrodomésticos y artículos electrónicos en general”, de acuerdo a información de la compañía. De la posible instalación de una planta “mixta” entre el Gobierno y Samsung, prometida por el Ejecutivo nacional en 2014, aún no hay ni rastro.

Cyberlux tampoco parece detenerse con la crisis y a tres años del Dakazo sigue creciendo. Sus datos indican que tiene capacidad para ensamblar 3,6 millones de equipos anualmente entre las marcas Cyberlux y Frigilux. Recientemente la compañía firmó un contrato para tener la licencia de la marca Hyundai. “El gigante surcoreano Hyundai, junto a Cyberlux de Venezuela -la ensambladora de electrodomésticos más grande del país- establecieron alianzas comerciales con el objetivo de iniciar el ensamblaje de productos de línea blanca y marrón en Venezuela”, se lee en la web de la empresa y se detalla que el Vicepresidente del Área Económica, Carlos Faría, estuvo presente en la firma del acuerdo.

En el sector, en cambio, se hacen muchas preguntas sobre la potencia de un grupo que no parece tener límites a tres años de un cataclismo bautizado por la opinión pública, precisamente, como el Dakazo.