En la cuenta número 7575921120 del Commercebank de Miami, por ejemplo, aterrizó el 3 de octubre de 2007 una transferencia por 50.000 dólares procedente del Multibank de Panamá. El emisor era la Constructora Internacional del Sur, una empresa fachada del istmo que, como se ha comprobado, sirvió de tapadera para que Odebrecht desembolsara sobornos en el extranjero. La cuenta receptora en Florida está acreditada a nombre de José Pestana, un funcionario venezolano entonces a cargo del Proyecto de la Línea 4 del Metro de Caracas.

De eso quedó constancia en la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá y también en Suiza, a donde compareció una de las figuras clave en esta maraña de depósitos y transferencias: el operador financiero Fernando Migliaccio, que se mantuvo al frente del Departamento de Operaciones Estructuradas –un eufemismo que encontraron en Odebrecht para evitar presentarse como la unidad de sobornos y comisiones– a través de la que depositaban a funcionarios, como el ingeniero a cargo del contrato MC-2932 del Metro de Caracas.

José Pestana Goncalves fue gerente del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) en el Distrito Capital y estado de Vargas, en el litoral central venezolano; a finales de 2010 obtuvo del ministro Ricardo Molina un ascenso que le permitió llegar a director regional del Ministerio para Vivienda y Hábitat. Tres años antes, para el momento en que recibió la transferencia se desempeñaba como representante del Estado venezolano en el Consorcio Línea 4. De manera elocuente, su carrera como funcionario público desembocó –como consta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales– en la nómina de una de las firmas de Odebrecht (CBPO Ing de Venezuela) que le tocaba supervisar.

Aunque se intentó contactarlo, no hubo respuestas. Ni siquiera en la dirección que apunta la cuenta en la que recibió la transferencia. En la conserjería del edificio confirmaron que se trataba de su domicilio, pero nunca atendió los llamados a la puerta, tampoco los mensajes que se le dejaron por escrito.

Lejos del control cambiario y de las regulaciones impuestas por el gobierno venezolano, las comisiones de Odebrecht y el resto de las constructoras brasileñas establecidas en el país nunca pasaron por la banca local; no obstante, las direcciones venezolanas de algunos beneficiarios de los desembolsos han permitido conectar los puntos. Pasó así con un depósito de 377.000 dólares dirigido al coordinador general del proyecto del segundo puente sobre río Orinoco, Lucas Valera. Ocurre hoy lo mismo con una transferencia que llegó a la cuenta de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Quest Investment Group Inc, pero cuyo domicilio señala una oficina en el piso 4 del Centro Coinasa de La Castellana, en el este de Caracas, que corresponde con el bufete de abogados del diputado de la oposición venezolana, Eudoro González Dellán.

Seguro de que no ha cometido irregularidad alguna, el jefe de la delegación venezolana al Parlamento del Mercosur y dirigente del partido Primero Justicia (PJ, el mismo del dos veces excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, y del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges) dice que se trata de una transferencia dirigida no a él ni a su empresa, sino a una de las tantas firmas internacionales a las que ha prestado servicios desde su bufete de abogados. El nombre sin embargo se lo guarda; prefiere mantenerlo en reserva.

A la primera consulta sobre el tema, González Dellán prometió averiguar de cuál de sus clientes se trataba, pero adelantó que –como a tantos– alguna vez en su oficina prestaron servicios para establecer en el país a Andrade Gutierrez, la constructora brasileña con más contratos en Venezuela después de Odebrecht. En la segunda oportunidad fue más cauto: dijo que no se trataba de esa firma.

“Revisamos el tema en la oficina y se trata de una consultora extranjera a la que llamamos y automáticamente nos dijeron que no tienen ninguna vinculación –y yo les creo– con Lava Jato ni Petrobras ni nada de esa vaina”, afirmó. “Más allá no puedo responder; no tengo como decir más nada de sus operaciones –sobre lo que hacen o lo que no hacen– al final del día uno es un abogado, le piden una consulta y cada quien hace su negocio”.

No hay más. El diputado prefirió no dar más detalles sobre una transferencia irregular, que lleva el domicilio de su bufete y que la Policía Federal de Brasil denuncia en al menos tres informes que reposan en la Delegación Regional de Combate contra el Crimen Organizado de la Superintendencia del estado de Paraná. Según esos testimonios, se trata de un pago enviado por la constructora Andrade Gutierrez, a través de una estructura paralela.

Para más señas, fue un depósito de una de las tantas firmas offshore (DGX Import and Export Limited, registrada en Hong Kong) que empleó Andrade Gutierrez como fachada. Así se lee en la trasferencia y así refuerza el ya célebre doleiro Alberto Youssef, un comisionista que al no saber explicar sus movimientos bancarios, en 2013 terminó detonando el caso de corrupción que ha dinamitado el establishment de Brasil y buena parte de la región.

Nadie imaginó que el empresario Marcelo Odebrecht, el hombre fuerte de los negocios en Brasil, terminara condenado a más de 19 años de prisión. Ni hablar de los escándalos que han comprometido al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva o al actual mandatario, Michel Temer. Hasta opositores como el excandidato presidencial, Aecio Neves, han salido salpicados. Esta semana incluyeron al líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, en la lista de Odebrecht. La revista Valor Económico de Sao Paulo sorprendió diciendo que en las presidenciales de 2012, el gigante de la construcción brasileña no puso los huevos en una sola canasta: si bien financiaron la última reelección del expresidente Hugo Chávez, al mismo tiempo contribuyeron con la campaña de la oposición venezolana.

Ya la Policía Federal de Brasil había sugerido que los adversarios a Chávez también recibieron lo suyo: “Marcelo Bahia Odebrecht (el CEO de la empresa) alerta sobre pagos ilícitos a la oposición”. Eso apuntaron el 25 de junio del año pasado en uno de los tantos informes que han venido filtrando, pero en esta oportunidad los señalamientos apuntan directamente contra el también gobernador del estado Miranda –en el centro del país– y provienen de parte de Euzenando Azevedo, el hombre fuerte de Odebrecht en Venezuela, quien se sumó a la lista de testigos convertidos en delatores, a cambio de beneficios procesales.

Mejor que nadie, Azevedo sabe lo que ocurrió en Venezuela. Discreto como buen hombre de negocios y provisto de la simpatía brasileña, supo transitar sin hacer bulla por los vericuetos de las esferas bolivarianas. Tanto, que Chávez nunca le escatimó elogios y buenas palabras. “Grande amigo”, le dijo públicamente el 13 de noviembre de 2006 mientras resaltaba su papel durante la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco. “Para Euzenando un abrazo muy especial y una felicitación pero muy, muy especial, por su voluntad de acero, inquebrantable en el impulso de la obra y de las distintas obras que estamos adelantando en Venezuela”.

Del virrey de Odebrecht en Caracas no se había escuchado denuncia alguna. La última vez que se le vio aterrizando por Venezuela fue el 17 de diciembre del año pasado a bordo del vuelo 223 proveniente de Panamá. Invisible desde entonces, su testimonio –ahora filtrado por medios brasileños– señala que fue apartado del cargo cuando Nicolás Maduro se enteró que la empresa también apostaba por la campaña opositora.

Según Valor Económico, cuando el servicio de inteligencia en Venezuela detectó la contribución de Odebrecht a la campaña de Capriles, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, amenazó con cortar todos los contratos. La empresa brasileña entonces no tuvo más remedio que relevar a su embajador y enviarlo a otras tareas. Las cosas siguieron en aparente calma pero el romance del chavismo con la constructora terminó. Tanto así que en su testimonio, Azevedo advierte que el Gobierno llegó a represar 1.000 millones de dólares que luego fueron pagando de a poco.

Capriles ha negado cualquier vinculación con el caso, y para eso en febrero recordó que ni en la Alcaldía de Baruta ni en la Gobernación del estado Miranda ha firmado contrato alguno con Odebrecht o alguna otra de las contratistas de esta trama. “Pretenden convertirme en el chivo expiatorio”, respondió a principios de año, cuando desde el oficialismo se le buscaba incriminar. “Ahora resulta que del Gobierno corrupto que contrató con Odebrecht millones, ¡yo soy el señalado! ¡De verdad dan pena! Vergüenza ajena”.

Los coletazos del llamado caso Lava Jato en Venezuela ponen de manifiesto el debate sobre el financiamiento de la política, que cambió a partir de 1999 cuando los partidos quedaron sin fondos del Estado. La trama de Brasil desnuda a los políticos de ese y otros países, pero también a un sin número de empresarios que han optado por pagar favores. Verbigracia el empresario venezolano Gustavo Cisneros, cuyo nombre también salió a relucir en las tantas actas que procesan los fiscales brasileños.

Cisneros contrató el lobby del exministro de Lula y dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil, José Dirceu, para que intercediera ante el presidente Hugo Chávez y lograra renovar la concesión del canal Venevisión. Algo similar hizo la empresa Ambev –la megamultinacional propietaria, entre diversas marcas, de la cerveza Brahma– que recurrieron a los mismos servicios para tratar con el alto Gobierno una salida sin contratiempos del mercado venezolano.

"Nosotros teníamos un problema en Venezuela, el cambio era controlado, teníamos dificultades con el gobierno de (Hugo) Chávez, que era un gobierno cerrado (…) y esa salida necesitaba ser negociada con el gobierno para no tener mayores ruidos en otros países donde tenemos presencia fuerte como Argentina y Centroamérica”, expuso ante la justicia Milton Seligman en nombre de la empresa Ambev. “Queríamos tener una salida negociada con el gobierno (…) y recordé buscar a Dirceu porque sabía de su cercanía con el presidente Chávez".

La empresa JD Assessoria e Consultoria, de Dirceu, recibió más de 12 millones de dólares entre 2006 y 2013 por cabildeos y favores políticos que sólo él podía acometer por su cercanía a Lula Da Silva y su entorno. Además de las asignaciones contratadas por Cisneros y Ambev, otra empresa brasileña, Consilux, apeló a Dirceu, cuya mediación alcanzó para que los directivos de la compañía lograran entrevistarse no una ni dos, sino tres veces con el ex presidente Chávez, a quien pedían cancelar las partidas de un proyecto de la Misión Vivienda que prometía 5.000 casas en el complejo habitacional Cayaurima de Ciudad Bolívar.

“Dirceu me llevó tres veces para hablar personalmente con Chávez y después de eso el dinero comenzó a salir más rápido”, confesó el dueño de la empresa, Aldo Vendramin, en los interrogatorios y entrevistas que ha dado desde entonces. Las viviendas, sin embargo, se quedaron en promesas y entre ellos quedaron comprometidos 416 millones de dólares de los que no hay noticia.

Del paso de la empresa Consilux por Venezuela solo habían quedado fotos de unos obreros en huelga de hambre a las puertas de la embajada de Brasil en Caracas. Viajaron en mayo de 2011 del estado de Bolívar, en el sur, a la capital venezolana, sobre la costa norte, para pedir pasivos laborales y salarios caídos durante un año. Más tarde las denuncias salieron de algunos de los beneficiarios que quedaron en viviendas a medio terminar. Sus testimonios constatan la hemorragia de fondos públicos que ahora se lee en los expedientes de Lava Jato. Y con episodios de esa magnitud, de a pequeñas mordidas, Odebrecht y el resto de las constructoras brasileñas del caso Lava Jato repartieron el botín en Venezuela.

(*) Este reportaje es un trabajo investigado y publicado en simultaneo por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, que comprende a IDL-Reporteros en Perú, La Prensa de Panamá, La Nación de Argentina y Armando.info en Venezuela.