Así como se ha documentado la destrucción de la industria eléctrica nacional -que se puso en evidencia con el apagón masivo de los últimos días en todo el país-, otro ejemplo de desmantelamiento del servicio público ocurre con las hidrológicas. La crisis del agua no tiene solo que ver con el abastecimiento, apenas regular y de acceso restringido, sino también con la potabilización.

La cadena productiva que garantiza la calidad de vida está “contaminada” desde su génesis. No se trata solo de agentes patógenos que se encuentran en el agua, una situación que debería ser atendida como emergencia por las autoridades pero ante la que, por el contrario, guardan silencio; es también la falta de planes de contingencia que puedan prevenir una catástrofe de mayor magnitud que ya está en gestación.

Ya desde 1998 -víspera de la llegada de la revolución bolivariana al poder- se advertía sobre la necesidad de reemplazar con una nueva la planta ya existente de Cloro-Soda que sustituyera la existente, levantada en 1978 en el Complejo Petroquímico Ana María Campos (antiguo El Tablazo, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia), de la petroquímica estatal Pequiven. El Cloro-Soda es el ingrediente principal para el proceso de tratamiento de aguas para el consumo humano en zonas urbanas. Pero esa tarea, prevista en los planes estatales, nunca se llevó a cabo. El resultado es que hoy la vieja planta, con su limitada capacidad productiva, no cubre las necesidades del país, con lo que su población queda expuesta a consecuencias catastróficas en la salud colectiva.

La primera campanada de alerta sobre la crisis que se asoma acaba de llegar hace días desde el estado Anzoátegui, sobre la costa nororiental de Venezuela, donde debió haber funcionado desde hace dos décadas la empresa regional Aguas de Anzoátegui, para lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había asignado recursos. Pero como con la nueva planta de cloro-soda, el proyecto no se llevó adelante.

Alerta sanitaria

Las primeras horas fueron de preocupación y los médicos tuvieron que habilitar más camas en los hospitales para recibir a cientos de contagiados que se presentaron con los mismos síntomas. Era la primera quincena del reciente mes de febrero. La situación tuvo su pico más alto cuando las autoridades estadales dieron como oficial la muerte de nueve personas, solo en el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti, de Barcelona, la capital del estado.Anzoátegui, gemela de la vecina ciudad turística y petrolera de Puerto La Cruz. Entre las víctimas hubo seis niños, según la data de la Dirección de Epidemiología regional. Unas 4.825 personas debieron ser atendidas en hospitales públicos durante los primeros 17 días de ese mes, con incidencia en cinco de los 21 municipios de la provincia. Luego de tres semanas, el conteo final fue de casi 6.000 pacientes.

Lo que en un inicio suponía un preocupante pero controlable brote de amibiasis, se fue haciendo cada vez más grande y más complejo con los días. El análisis microbiológico practicado a muestras fecales de 18 pacientes escogidos al azar en centros públicos del estado Anzoátegui, confirmaba el resultado positivo a la bacteria Shigella flexneri y al virus Norovirus.

Ambos producen síntomas similares a la amibiasis, como vómitos y diarrea, pero son mucho más letales. La shigella es una bacteria que puede infectar el aparato digestivo y provocar diarreas, dolor abdominal y náuseas. El norovirus causa la misma sintomatología y se transmite por el consumo de aguas y alimentos contaminados en espacios cerrados como guarderías, cuarteles o escuelas.

La evolución de los casos más graves no superó los 5 días, de acuerdo a los médicos tratantes y las actas de defunción arrojan como causa de muerte un desequilibro hidroeléctrico. Los pacientes más vulnerables llegaban con una condición pre existente de desnutrición y deshidratación, en algunos casos, sin el esquema epidemiológico de vacunación para los infantes. Las familias de las personas atendidas coincidían en las carencias mínimas de condiciones sanitarias por el irregular acceso a los servicios públicos como electricidad y agua potable, sobre todo en zonas rurales.

“Lo que mata son las complicaciones. Las condiciones de higiene en las casas ahorita es muy baja”, comentó la doctora Gladys Grisanti, jefa de Pediatría en el hospital Luis Razetti, de Barcelona.

Recuerda que los primeros tres días del brote tuvieron que habilitar salas y camillas adicionales para recibir a los niños que llegaban con vómito, diarrea, cólicos, heces con sangre, fiebre muy alta y algunos convulsionaron. “En el triaje se atendieron 60 niños asistiendo de emergencia, en menos de 24 horas”.

A su juicio y, de acuerdo a la literatura médica, “cuando existen este tipo de casos de brote, por lo general la persona consumió alimentos contaminados o agua”.

Los exámenes fueron contrastados en cuatro laboratorios distintos para verificar la confiabilidad: no solo los enfermos portaban esos microorganismos, sino que estaban presentes en el agua de las dos plantas potabilizadoras de esa provincia oriental.

Además y para colmo, los estudios develaron simultáneamente que los niveles de cloro en esas aguas estaban muy por debajo de los establecidos en las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable, un documento publicado en la Gaceta Oficial del viernes 13 de febrero de 1998.

 “El agua potable deberá cumplir con los requisitos organolépticos, físicos y químicos establecidos…” (artículo 14). Sin embargo, el organismo responsable del abastecimiento del recurso hídrico en el país no publica cifras oficiales, menos los parámetros de calidad actuales que sí estuvieron disponibles en algunas empresas hidrológicas en el pasado previo a la llegada del chavismo.

Tanto el Ministerio de Atención de las Aguas –una nueva entidad burocrática que se creó luego de su separación del Ministerio de Ecosocialismo y antes estaba adherida al extinto Ministerio de Ambiente- como Hidrocaribe se han limitado a decir que “garantizan el suministro” y el acceso al recurso, pero en sus redes sociales se pueden detallar los anuncios de continuos cortes en el servicio. Este es un patrón que se repite en todo el país. La realidad es que el agua resulta muy escasa y, aún más, el agua potable para el consumo humano como para mantener los estándares mínimos sanitarios que prevengan enfermedades.

Cloro escaso

En sus inicios, hace 40 años, la planta de Cloro-Soda de El Tablazo producía 130 toneladas de cloro al día y 147 toneladas de soda al día, para atender la demanda nacional. Hace dos años, en 2017, se seguía produciendo casi lo mismo y con un circuito fuera de servicio (140 toneladas de cloro al día y 158 toneladas de soda al día), de acuerdo a lo publicado en un reporte filtrado a El Cooperante.

Según fuentes ligadas a la industria química nacional, en 2019, la planta de Cloro-Soda está parada casi en su totalidad. Debió cerrar hace siete años y su sustitución por una nueva estaba prevista en los planes, así como la construcción de otras manufacturas similares de menor tamaño. La idea de abrir centrales más pequeñas llevaba consigo la lógica de prevenir accidentes en el traslado de químicos muy contaminantes y tóxicos desde un solo punto de suministro en Zulia. Nunca se concretó el proyecto.

Lo cierto es que el Complejo Ana María Campos dejó de ser suficiente hace tiempo y se paralizaron los procesos. Resultaba muy costoso su mantenimiento y prácticamente se regala el producto. La cloroficación empezó a ser deficiente y al mismo tiempo se dejaron de hacer públicos los parámetros de calidad de agua.

Responsabilidades diluidas

Uno de los indicadores del desarrollo del país yace en el acceso al agua potable. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo incluye entre los Objetivos del Milenio. En 2014, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro celebraba que oficialmente había superado las metas establecidas por el organismo multilateral.

“En cuanto a la población con acceso a agua potable, Venezuela ha cumplido con la meta en relación a cobertura de este servicio. El acceso a agua potable pasó de 80% en 1998 a 95% en el 2014”, señalaba una publicación propagandística del gobierno y citaba como fuente al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas.

Sin embargo, cinco años después, lo ocurrido en Anzoátegui refuta el discurso oficial. Venezuela no solo está lejos de alcanzar la meta sino que retrocedió en los índices de cobertura y, por si fuera poco, también oculta la calidad del agua que a duras penas se suministra.

“Hoy tenemos un drama con el agua y, lo más grave, es que están mandando agua sin agregarle químico, cloro, y eso ha producido una situación dramática de enfermedad de tipo vírico en la población”, afirma Glenn Sardi, el último expresidente de Hidrocaribe, la empresa estatal del oriente del país, antes de la llegada de Hugo Chávez.

En paralelo a los análisis de laboratorio a las personas, también se les hicieron al agua de las plantas de tratamiento en Anzoátegui. Los laboratorios que hicieron el estudio microbiológico encontraron que los niveles de cloro “estaban fuera de la norma”, según agregó un especialista de ingeniería sanitaria de la Gobernación del estado, quien delegó el tema a sus superiores para la vocería.

“Se le tomó la muestra al agua y también presentaron Shigella y el Norovirus. Nosotros hicimos las pruebas para confrontar lo que decía Hidrocaribe. Al final no dio nada, que había problemas eléctricos, pero el agua que estaba circulando estaba prácticamente sin cloro”, confirmó el Gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira.

Desde la Gobernación, afirma la máxima autoridad del estado, se les pidió a las autoridades de Hidrocaribe el acceso a las instalaciones para un estudio detallado junto a ingeniería sanitaria y contraloría sanitaria, pero no fue posible.

La responsabilidad es, en primer nivel, de la hidrológica regional cuya casa matriz es Hidroven con sede en Caracas, dependiente del Ministerio de Aguas. Todas las personas a cargo de las instancias públicas han guardado silencio ante las incidencias continuas de la falta de agua y, en este último mes sobre lo ocurrido con la presencia de Shigella y Norovirus en las muestras de agua.

La respuesta oficial cuando se contactó a Hidrocaribe para su versión fue que “no están autorizados para la vocería, garantizan el servicio y se encuentran operativos en los diversos sectores”.

Pese a los cambios internos en Hidrocaribe, Hidroven y Ministerio de Aguas, las responsabilidades recaen sobre los mismos nombres. En la hidrológica del estado Anzoátegui está Iván Rebolledo, quien se había desempeñado en la Unidad de Gestión de esta misma empresa hasta octubre de 2017, aunque para esa fecha trabajaba, también, para la empresa Inversiones ABE C.A., que le prestó rehabilitación a la planta José Antonio Anzoátegui. Fuentes ligadas al sector señalan que su llegada fue para atender con urgencia las continuas fallas en el suministro de agua en los municipios Sotillo, Guanta, Urbaneja, así como en los problemas de potabilización y bombeo.

Rebolledo no ha estado separado de Hidrocaribe en su vida profesional. También fue Gerente corporativo del Acueducto Metropolitano, en 2015, quien llevaba el seguimiento y control de planes, proyectos y obras hidráulicas, así como las inspecciones. En 2009, hizo una inspección contratada en la reparación del sistema del canal de Caratal y en la rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la planta José Antonio Anzoátegui.

Constructora Conkor –la misma ligada a temas de corrupción con asignaciones de contratados de Pdvsa que presuntamente involucra al ex gobernador Tarek William Saab y hoy fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente–, aparece también en la hoja curricular del presidente de Hidrocaribe. En 2008 fue ingeniero residente en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable. También trabajó en SNC-Lavalin, en 2004, otra compañía sacudida por el escándalo por negocios con la estatal petrolera y los impagos de ésta.

En el cargo de ministra de Atención a las Aguas está Evelyn Vásquez y como viceministra de Gestión de Aguas está Siboney Tineo, ambas del círculo de Jacqueline Farías, antigua ministra de Ambiente y promotora de la obra inconclusa de saneamiento del río Guaire, en Caracas.

20 años de olvido

La red de distribución de la región está colapsada. De acuerdo al proyecto dejado por la empresa hidrológica que dirigía el ingeniero Sardi, hace 20 años, se proponía garantizar 6.000 litros de agua por segundo desde la Planta Potabilizadora El Rincón y 2.000 litros de agua por segundo desde la Planta Potabilizadora José Antonio Anzoátegui, lo que cubriría el servicio en la zona metropolitana de Barcelona. Ahora, sin proyección urbanística, un incremento de población zonas rurales con tomas clandestinas y desinversión, el abastecimiento se ha hecho claramente insuficiente.

“El manejo del agua le compete al Estado. Ellos pueden dar una concesión pero la responsabilidad recae sobre sus hombros y han dejado de hacer lo necesario para el mantenimiento de la red de distribución”, señaló. En Anzoátegui, el principal afluente es el río Neverí, que alimenta el canal de Caratal y este, a su vez, las plantas de potabilización José Antonio Anzoátegui y El Rincón. La primera le presta servicio a Barcelona centro y sur, la segunda a los municipios Sotillo, Guanta, Urbaneja y parte de Barcelona.

Es precisamente en el municipio Urbaneja, sector Rómulo Gallegos, que el análisis microbiológico arrojó cero trazas de cloro en el momento de tomarse la muestra (finales de enero) cuando se diagnosticó el brote diarreico.

Un funcionario de ingeniería ambiental del estado Anzoátegui que prefirió no ser identificado señaló que “lo que se puede inferir es que están dando tratamiento pero no dosificado”, cual si fuera una inyección letal.

El cloro es usado para “limpiar” el agua y eliminar cualquier microorganismo dañino para la salud. Su presencia mejora las características organolépticas: sabor, olor y color, que en todo caso debe mantener ciertos estándares para el consumo humano. La norma establece que los índices de cloro menores a 0,1 mg/L son insuficientes para potabilizar el agua. En tal caso, el agua que sale de los grifos pierde sus cualidades y deja de ser insabora, incolora e inodora. En el centro del país, la denuncia masiva de las plantas potabilizadoras que surten de agua a Valencia, capital del estado Carabobo, y a la zona norte de Maracay, en el estado Aragua, está referida a la calidad del recurso: el agua que sale del grifo es turbia y maloliente.

Pero si el cloro es usado en exceso puede causar daños irreparables a la salud que van desde fallas renales y hepáticas, hasta la incidencia del cáncer de colon, mama, vejiga y pulmón.

Estado de minusvalía

En septiembre de 2018 se reportó una fuga de gas de cloro en la Planta Potabilizadora El Rincón. El peligro inminente de una catástrofe obligó al desalojo de unas 3.000 personas de las comunidades vecinas.

Este no fue el único accidente. La Planta de Bombeo Cuanaguaro que trabaja en la red de distribución de agua estuvo paralizada por varios días tras el derrumbe del canal de Caratal, en agosto de 2018, que sirve a la ciudad de Barcelona. A esto se le suma que, a principios de febrero, explotó la subestación eléctrica Barcelona que dejó sin energía al 75% de la zona norte del estado por más de 72 horas y que, inevitablemente, afecta el suministro de agua potable.

El presidente de Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui, José Gregorio Wong, pone sobre la mesa otra hipótesis acerca del origen de la emergencia sanitaria: “Es posible las aguas servidas estén entrando en las tuberías de aguas blancas que no se encuentran presurizadas y se contaminan las aguas que están llegando a las casas”. Explicó que le pidieron a Hidrocaribe que iniciara el protocolo del cerco sanitario del sistema, con una evaluación de la fuente del agua contaminada, y que aplique los correctivos para evitar que siga propagándose. En reuniones para abordar el tema, las autoridades de la hidrológica no han asistido.

Ante la ausencia de políticas públicas para atender la crisis de agua, la gobernación obtuvo directamente de la Organización Panamericana de Salud (OPS), “una considerable cantidad de pastillas potabilizadoras”, 49.600 tabletas en total, que distribuyeron en los ambulatorios con más alta incidencia de afectados y en zonas rurales. El Ministerio de Salud, por su parte, “contribuyó con la distribución de insumos y medicamentos desde el nivel central” antes del brote y repuso en la contingencia, puntualizó el mandatario regional. A la fecha, el brote diarreico había disminuido considerablemente.

La diputada Nora Bracho, presidenta de la comisión de servicios de la Asamblea Nacional, sostiene que estamos frente a un “estado de minusvalía”, con una infraestructura de las empresas responsables de los servicios públicos prácticamente paralizadas y las obras fracturadas. Recordó que esto no es un tema nuevo, que ya cuando la contaminación de los embalses la entonces Fiscal General, ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz, habló de la “manera irresponsable en cómo los medios abordaron el tema” y hubo una prohibición por difundir noticias sobre el estado del agua.

Con este cuadro clínico llegó Abismael Espinoza Rodríguez, de ocho años de edad, al hospital de Guaiparo una noche de los últimos días de septiembre. Los padres del niño habían acudido, al principio, a un módulo médico de Barrio Adentro –el programa de salud auspiciado por el expresidente Hugo Chávez y con cooperación de Cuba– en la población de San Félix. “El doctor nos dijo que era una amigdalitis, así que regresamos a la casa y solo cumplimos con el tratamiento. Pero pasaban los días y no mejoraba, al contrario: empeoraba. Decidimos llevarlo a un hospital y ahí sucedió lo peor”, cuenta Gregoria Rodríguez, la madre del niño.

El 11 de octubre, la ministra de Salud, Luisana Melo, se pronunció por vez primera sobre el brote de la enfermedad: “Es un tema regional, solo en el estado Bolívar. De todos los casos sospechosos se encontraron cuatro y dos muertes confirmadas de difteria”. Pero 12 días antes de estas declaraciones, ya había otro diagnostico gubernamental. Francisco Rangel Gómez, el gobernador de Bolívar, lanzó a finales de septiembre un número mucho mayor: “Hemos tenido 13 casos de difteria”.

Según el certificado de defunción de Abismael Espinoza, el niño murió producto de una miocardiopatía diftérica. Así, como él, en las actas de fallecimiento de otros tres niños procedentes de Bolívar –Saraí Bastardo, Jhoangely Alexandra Ochoa y Dariervys Brazón–, emitidas entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre y obtenidas por Armando.info, se indica a la difteria como el motivo de las muertes. Para los médicos de los centros de salud de Bolívar, los testigos del resurgimiento de la difteria, se oculta una epidemia. “La confirmación de los casos se suele tardar, porque casi la totalidad de las pruebas son enviadas a Caracas. No obstante, ya tenemos varios pacientes, decenas, y no se dan a conocer. Son más de 20 muertes por esta enfermedad. Hasta la sala de pediatría del hospital (Raúl Leoni) ha sido habilitada para solamente atender a los posibles enfermos de difteria”, afirman un doctor de este hospital.

La difteria es una enfermedad prevenible. La vía expedita para evitar un brote en la población es la vacunación. En Venezuela, la inmunización depende de los programas sanitarios dirigidos por el Estado. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países deberían alcanzar 90 por ciento de la población inmunizada –en este caso con la vacuna conocida como DPT3– para asegurar la reaparición de esta enfermedad. Sin embargo, en el estado Bolívar no se ha cumplido con este lineamiento en la última década.

Los padres de Abismael Espinoza no recuerdan haber puesto las tres dosis de la vacuna contra la difteria al niño. En 2008, el año en que nació Espinoza, la cobertura de la vacuna DPT3 en el estado Bolívar alcanzó un 16,5 por ciento, según registros del Anuario del Programa Ampliado de Inmunizaciones (1962-2009) del Ministerio para la Salud. Las cifras por entidades no se han divulgado periódicamente en los últimos seis años, aunque la Sociedad Venezolana de Salud Pública ha llevado el pulso de la situación epidemiológica en base a estadísticas oficiales y otras filtradas. “Bolívar es uno de los seis estados más vulnerables de Venezuela, pues hasta mediados de 2016 la cobertura de inmunización contra esta enfermedad estaba en un promedio anual de 42 por ciento. Otros estados en similares condiciones son Barinas, Carabobo, Delta Amacuro, Monagas y Zulia. Esto revela que no se trata de un problema regional, tal como señala la ministra. Ya es una epidemia, un solo caso basta para considerarse una epidemia, y puede expandirse a otros sitios”, sentencia José Félix Oletta, miembro de esta organización y exministro de Salud.

Hasta hace unos días no eran notorias las muestras de prevención sanitaria. En el aeropuerto de Puerto Ordaz, en Bolívar, y en los principales terminales terrestres no se examinaban las condiciones de salud de los pasajeros. En cambio, el brote surgido es considerado como un peligro en el exterior, aunque la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no haya puesto todavía una alerta. En Guyana, que limita con Venezuela precisamente en la frontera del estado Bolívar, han iniciado una intensa jornada de vacunación para evitar la expansión de la enfermedad, mientras que el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana ha recomendado al personal médico del Aeropuerto Internacional de Las Américas estar vigilantes con los viajeros procedentes de Venezuela ante el resurgimiento de la difteria.

El lejano antídoto

Los padres de los cuatro niños cuyas actas de defunción indican que murieron por difteria admitieron que no colocaron las dosis completas de las vacunas. “Siempre quise vacunar a mi bebé, pero cuando iba a los ambulatorios o el hospital me decían que se había agotado la vacuna, en un momento tiré la toalla y no seguí yendo”, dice Melville.

Las vacunas antidiftéricas dependen de un acuerdo firmado entre Cuba y Venezuela, a través de la Empresa Socialista para la Producción de Medicamentos Biológicos, Espromed Bio C.A. creada el 12 de en junio de 2014 por decreto del presidente Nicolás Maduro.

Pero Espromed Bio no resultaba una invención del Gobierno. La planta de vacunas, localizada en la Universidad Central de Venezuela, ya existía desde el año 2000 y dependía del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. El Ejecutivo solo decidió traspasar la administración directamente al Ministerio de Salud para repotenciar su operatividad. De la empresa se esperaba que cumpliera con la demanda del país, pues está conformada por tres laboratorios independientes para el proceso de fermentación industrial con posibilidad para elaborar 160 millones de dosis anuales de toxoide diftérico, vacuna anti-Pertussis y toxoide tetánico y con una planta de formulación, llenado y procesamiento final, con capacidad instalada de 120 millones de dosis al año.

La naciente promesa no se ha salvado del ocaso venezolano, sin embargo. El año pasado, Espromed Bio solamente produjo el envasado y el etiquetado de 21.718.906 dosis de productos biológicos y medicamentos esenciales para la prevención de enfermedades causadas por virus, bacterias, toxinas, entre otros agentes. De esta cantidad solo se distribuyeron 5.104.842 –casi la totalidad de las dosis adquiridas del convenio entre Cuba y Venezuela– en el país. Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de la Salud de 2015, la empresa fue víctimas de los retrasos en la asignación de divisas para importar repuestos e insumos para la producción, entre otros obstáculos administrativos.

La reaparición de la difteria ha coincidido con la peor crisis de salud experimentada en Venezuela. El país, dependiente del petróleo y sujeto a un estricto control cambiario de divisas, ha caído en una debacle financiera que ocasiona una merma en las importaciones. Esta situación ha afectado a los hospitales, farmacias y laboratorios que, en la mayoría de los casos, se abastecen de insumos adquiridos en el exterior. Se calcula que casi existe un déficit de 85 por ciento de los fármacos –según la Federación Farmacéutica Venezolana– y un creciente deterioro de los centros médicos. Pero el Gobierno de Maduro ha acuñado a la “guerra económica” para responsabilizarla de los males.

El evangelio de la omisión

En la iglesia cristiana del barrio Buen Retiro de San Félix, en el corazón del estado Bolívar, han elevado una oración por el alma de Saraí Bastardo. Los pobladores de este amurallado caserío aún no encuentran explicaciones a la repentina muerte de la niña. Solmaira Melville, la madre de Saraí, resiente de no haber notado a tiempo los signos de desfallecimiento de la hija: “Disnea, garganta irritada, pecho trancao. Como era asmática, pensamos que era eso y que se le pasaría con medicamentos. Pero no era eso, era la difteria”.

El brote de difteria ha desatado el temor en Bolívar. Melville denuncia que uno de sus tres hijos ha sido aislado en el colegio. “Una maestra ha comenzado a decir que el niño no podía estar junto al resto, que tenían que hacerle exámenes médicos antes de reincorporarse. Después de la muerte de mi bebé nos han vacunado a todos. Ya, luego de varios reclamos, la directora ha estado al tanto y permitió que el niño recibiera clases”, comenta.

En el barrio de la familia Espinoza Rodríguez, los dolientes de Abismael, ya se conoce sobre la difteria debido a la muerte del niño. “¡Pregunte por la mamá del niño que murió por difteria! Cualquiera podrá decirle dónde queda mi casa”, dice Gregoria Rodríguez al pautar una entrevista periodística.

A juicio de Oletta, la peor receta aplicada por el Ministerio de Salud es el “ocultamiento” de la información. “La ministra Melo ha incurrido en un grave error, lo peor que se puede hacer ante una epidemia es no decir nada o que todo está controlado cuando no es así. Eso, finalmente, termina por deslegitimarla. También provoca la discriminación dentro de la población debido a la incertidumbre. En el país se está produciendo un daño por las malas políticas y no tener el valor de rectificar, admitir que se han equivocado”, explica.

Desde que la autoridad sanitaria declaró el 11 de octubre no se han divulgado más cifras oficiales sobre el brote. Armando.info contactó al Ministerio de la Salud para obtener estadísticas actualizadas sobre la difteria, pero respondieron que no era posible conocerlas porque Melo se hallaba en la presentación del informe de Derechos Humanos de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), y debía autorizarse a otros voceros para declarar.

El silencio del Ministerio de Salud es cuestionado. Esta semana, Melo recibió fuertes críticas en Twitter, al punto de convertirse en tendencia en la red social, por omitir la crisis sanitaria en Venezuela durante su intervención en Ginebra ante la Organización de Naciones Unidas, en el segundo Examen Periódico Universal. Dijo allí que el Gobierno ha distribuido más de 6,5 millones de vacunas para proteger a los venezolanos de 16 tipos de enfermedades distintas, pero sobre la difteria ni habló. En el portal de la cartera de salud y en sus redes sociales tampoco existe información sobre el brote del sur del país. El aparato del Estado continúa admitiendo solo dos muertes por la enfermedad, a pesar de que para este reportaje se pudieron constatar al menos el doble de los decesos. El silencio aún es oficial.

*Este trabajo contó con la reportería de Marcos David Valverde en el estado Bolívar.