Casi dos meses después de ese llamado, una expedición médica zarpó el 7 de agosto desde la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho, hacia el municipio Alto Orinoco. Tras recorrer 357 kilómetros, el grupo médico arribó a La Esmeralda, capital municipal, donde aplicó pruebas rápidas a 277 personas, de las que 115 presentaron anticuerpos positivos para Covid-19. El breve ensayo determinó que a cinco meses del inicio de la pandemia en Venezuela, 45% de la muestra estaba contagiada. 

Se trató de la primera visita al Alto Orinoco, en el extremo sur de Venezuela, cerca de la frontera con Brasil, que el equipo médico y personal de la salud que integran el Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis concretó desde que en marzo el gobierno venezolano impuso el estado de alarma y confinamiento general debido a la pandemia del nuevo coronavirus, y una oportunidad para identificar contagios de Covid-19 entre la población, mayoritariamente indígena. La iniciativa formó parte de los esfuerzos realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para cortar la transmisión de la enfermedad parasitaria -también conocida como la “ceguera de los ríos”-, entre la población yanomami, donde persiste el último foco de contagio de América.  

Una vez instalada la comisión en el terreno se envió una alerta, y un equipo de la Dirección de Salud del estado Amazonas arribó vía aérea a la zona, con el objetivo de desplegar un operativo de diagnóstico de casos de Covid-19 entre la población que habita el Alto Orinoco. 

No es la primera vez que el equipo de la Dirección Regional de Salud de Amazonas se apoya en el Programa para la Eliminación de la Oncocercosis para realizar visitas locales, atender a la población y hacer despistajes de enfermedades. Por contar con recursos extranjeros, el programa es prácticamente el único operativo médico que atiende a la zona y sobre el que se apoya esa dependencia del Estado venezolano para recabar datos sobre la salud en esa región.

De hecho, los últimos datos oficiales sobre la atención en salud al pueblo yanomami datan de 2018, cuando el Estado detalló el tratamiento aplicado a las comunidades, durante los meses de enero a junio, en el marco del mismo Programa de Eliminación de Oncocercosis, coordinado por el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (Caicet), un ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud, con sede en la ciudad de Puerto Ayacucho, creado en 1983 por decreto presidencial y que en 2006 se transformó en servicio autónomo. Rige, como autoridad única responsable, los programas y proyectos de investigación, vigilancia y control de endemias en la región amazónica.

Como en el resto del país, la propagación de los contagios de Covid-19 ha sido exponencial en el Alto Orinoco. Desde el comienzo de la pandemia, en el Amazonas venezolano se han registrado 742 contagios según datos oficiales de la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19. Los primeros casos fueron anunciados el 10 de mayo, cuando cuatro indígenas de la etnia Yeral fueron diagnosticados entonces como positivos y confirmados por aplicación de la prueba PCR luego de que regresaran de un viaje a San Gabriel de Cachoeira, ciudad a orillas del Río Negro en el estado Amazonas de Brasil, donde se cree se contagiaron.

Entre el 10 de mayo y el 2 de agosto, se diagnosticaron otros 43 casos de Covid-19 , de los que 26 correspondían a población indígena, de acuerdo con cifras recogidas en el Boletín: Impacto del Covid-19 en Los Pueblos Indígenas de La Panamazonía, una iniciativa de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y la Red Eclesial Panamazónica (Repam) con el fin de visibilizar de manera periódica la situación particular de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía. En Venezuela el informe se alimenta con los datos recopilados por la Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) y Wataniba. Hasta entonces el registro de casos se concentraba en Río Negro, Atures y Maroa.   

Entre los meses de agosto y septiembre la cifra oficial de contagios en el estado amazónico se elevó de 43 casos a 571, con un registro de seis fallecidos. Según el boletín número 10 del Observatorio Wataniba-Orpia “entre el 30 de agosto y el 26 de septiembre se tiene conocimiento que los casos con pruebas confirmatorias diferenciados por localidad por las autoridades locales se ubican en los municipios Alto Orinoco, Manapiare y Atures”.

Esa información se fundamenta en la presencia de síntomas clínicos reconocidos por médicos y enfermeros indígenas de los que se tiene registro gracias a la incursión del equipo del Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis. Hasta entonces la información no era oficial, y tampoco reconocida en los boletines regulares presentados por la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19.

El propio Gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, se trasladó hasta el Alto Orinoco para verificar la situación, que calificó como "bastante grave". En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación locales ese día de la visita, el 2 de septiembre pasado, desde Puerto Ayacucho, Rodríguez hizo referencia a casos de indígenas yanomami en la capital del municipio Alto Orinoco contagiados, que hasta entonces no habían sido reportados. El 7 de septiembre, a través de su cuenta personal en Facebook, afirmó que “luego de cinco días de intenso trabajo, hemos regresado de La Esmeralda (....) donde de acuerdo a cifras preliminares de Pruebas Rápidas PDR, producto de una amplia pesquisa tendríamos un nivel de contagio cercano al 40% (...) ya se tienen 2 PCR positivas, lo que confirma la presencia del Covid-19”.

En comunidades ribereñas del Orinoco, como Mavaca, Mavaquita, Ocamo y Platanal, no se tienen reportes de personas con síntomas, lo que no necesariamente indica que la pandemia está focalizada en La Esmeralda, sino que los sistemas de detección no han llegado a la selva profunda. La intención de la comisión que viajó hasta La Esmeralda era visitar tres sectores del municipio y ampliar el rango de prueba, pero problemas logísticos y de desarticulación con los militares en la zona impidieron el avance del operativo. 

En las zonas de difícil acceso no se han implementado protocolos para detectar y tratar la enfermedad, como es el caso del Alto Orinoco, y eso se debe a la casi inexistente infraestructura sanitaria que ha contribuido con la propagación de epidemias fatales entre los pueblos indígenas que habitan la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare.

Vaivén yanomami

Los pueblos indígenas suelen cambiar de asentamientos constantemente y, en los casos de los pueblos yanomami y ye’kwana, sus territorios de errancia se extienden a uno y otro lado de la frontera establecida por los criollos entre Venezuela y Brasil.  Cuando se basan en Venezuela, a menudo les resulta más sencillo buscar apoyo en materia de salud en centros de Brasil, bien por cercanía, bien por la disponibilidad de medios para la movilización.

A finales del mes de agosto, cuando el Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis visitó La Esmeralda y encontró 115 casos positivos para Covid-19, entre la población yanomami de Brasil ya se habían confirmado 405 casos, quince sospechosos, y otras ocho muertes sospechosas por Covid-19.

Para la primera semana de junio, 72.3% de los casos con Covid-19 en la Panamazonia, que se extiende por territorios de nueve países, se encontraban en Brasil. En los estados Bolívar y Amazonas venezolanos, la mayor parte de los casos detectados correspondían a individuos llegados de Brasil, según el Boletín: Impacto del Covid-19 en Los Pueblos Indígenas de La Panamazonía, elaborado por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y la Red Eclesial Panamazónica (Repam).

El río Uraricoera, tributario de la cuenca del Amazonas, atraviesa territorio yanomami. Corre en paralelo con un tramo de la frontera venezolano-brasileña y es en la práctica uno de los corredores viales más importantes para ese pueblo. Otros tres pasillos transfronterizos que usa son los del Alto Ocamo, Cerro Delgado Chalbaud (en la sierra de Parima, nacimiento oficial del Orinoco) y el Alto Siapa.

El territorio yanomami en Brasil es de unas 9,6 millones de hectáreas, mientras en Venezuela los yanomamis viven en la Reserva de la Biósfera del Alto Orinoco-Casiquiare, que cuenta con otras 8,2 millones. Para Survival.es, una organización civil con sede en España que trabaja por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, “estas dos áreas juntas conforman el mayor territorio indígena selvático del mundo”, por lo que el coronavirus, “podría tener un impacto devastador, en el que se considera el pueblo indígena relativamente aislado más numeroso de América del Sur”. La realidad se ha encargado de darle la razón a este vaticinio.

La pandemia de Covid-19 llegó a Venezuela en un contexto de crisis sanitaria, en la que el sistema  de salud ya se encontraba en un estado de grave deterioro debido a la carencia de insumos, personal médico, servicios básicos y medicinas, colapso de los centros de salud y reaparición de enfermedades que se consideraban controladas como la malaria y el sarampión.

En la tierra yanomami no hay hospitales, solo pequeños puestos de salud, estructuras rudimentarias donde se ofrecen tratamientos sencillos. En el caso del Alto Orinoco, la gran distancia que lo separa del único hospital del estado, que se encuentra en  Puerto Ayacucho, revelan un panorama adverso para el registro y control de la pandemia, sin contar con la dificultad adicional que representa la escasez de combustible.

Un informe preparado por el investigador Luis Betancourt para el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé-Kapé, sobre la situación sociosanitaria del pueblo yanomami del Alto Orinoco, a partir de información suministrada por funcionarios del sistema de salud pública y entrevistas a actores clave de comunidades indígenas del Alto Orinoco, afirma que no hay registro oficial de los decesos y sus causas en la zona. “Tal como ocurrió en febrero pasado en la comunidad Haximú del Alto Orinoco, donde fallecieron cinco indígenas yanomami a causa de presunto paludismo -según síntomas característicos-, decesos que no están reportados en los organismos oficiales sanitarios, porque se trata de una comunidad de difícil acceso”, reza el documento.

La red de servicios de salud en el Alto Orinoco consta de 21 establecimientos sanitarios ubicados en 19 localidades, pero el único centro de salud que se encuentra funcionando en todo el Alto Orinoco es el CDI de La Esmeralda y apenas cuenta con un médico. Esta infraestructura se encuentra en muy mal estado, sin dotación de medicamentos ni agua.

En el comunicado difundido en junio de 2020 tras cumplirse 27 años de la masacre de Haximú, 14 comunidades yanomami, entre ellas Parima A, Parima B,  Parima C y Haximú, denunciaban la presencia de minería ilegal y grave situación de salud: “en estos momentos no hay médicos, antes había enfermeros indígenas comunitarios pero no transportan medicamentos de nada; en Haximú lo que había era un Plan Indígena Salud, y en Chalbaud también había dos enfermeros más, pero desde el año 2016 no tienen insumos, y tampoco hay ningún personal médico, ni profesionales de la salud con quien contar.”

Los enfermeros indígenas y los Agentes Comunitarios Yanomamis de Atención Primaria en Salud (ACYAPS) continúan desprovistos de equipamiento y medicinas. Entre las carencias y la falta de registro de casos de muerte o enfermedad, no extraña el silencio sobre los contagios de Covid-19. 

El informe preparado por Betancourt afirma: “se estima, en la cifra más conservadora, que entre cinco y ocho yanomami fallecen al mes por diferentes afecciones, lo que evidencia la ausencia de atención médica en la mayoría de los 250 shaponos o comunidades que conforman este pueblo indígena”.

Un acuerdo olvidado

En 1993, en el estado Amazonas, en el sector conocido como Haximú, se produjo el asesinato de 16 indígenas yanomami, ocho de ellos niños y niñas, incluyendo un bebé. La masacre fue perpetrada por 22 mineros de nacionalidad brasileña que realizaban labores de minería ilegal.

El caso fue presentado en diciembre de 1996 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Human Rights Watch Américas.

Tras un diálogo con autoridades del gobierno de Rafael Caldera, posteriormente con el gobierno de Hugo Chávez, y bajo la mediación de la CIDH, el 10 de octubre de 1999 se suscribió un acuerdo que incluyó seis compromisos del Estado venezolano en favor del pueblo yanomami y otros pueblos indígenas. Uno de esos acuerdos incluyó la puesta en funcionamiento -a través del Ministerio de Sanidad y en coordinación con el Consejo Regional de Salud del Estado Amazonas- de un Programa Integral de Salud dirigido al pueblo yanomami, para enfrentar la grave situación sanitaria de la zona.

El objetivo del Plan de Salud era expandir la asistencia a estos pueblos indígenas a través del mejoramiento de la infraestructura sanitaria, el reforzamiento de los equipos médicos itinerantes y la formación de los Agentes Comunitarios Yanomamis de Atención Primaria en Salud (ACYAPS), con capacidad para ofrecer atención primaria especialmente en comunidades lejanas y aisladas donde no existe acceso al sistema de salud.

En una reciente comunicación enviada por las organizaciones no gubernamentales venezolanas Provea y Cejil a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones informaron del incumplimiento por parte del gobierno nacional de sus obligaciones en materia de atención de salud. “Un elemento fundamental para la exitosa implementación del Plan de Salud Yanomami es la disponibilidad de transporte aéreo esencialmente para: el traslado de personal, equipos e insumos médicos desde la ciudad de Puerto Ayacucho hasta distintos lugares del Alto Orinoco; el abordaje de sectores de difícil acceso que sólo son accesibles por vía aérea mediante avionetas o helicópteros; y el traslado de emergencias médicas desde el Alto Orinoco al hospital de Puerto Ayacucho, único centro de salud del estado Amazonas”, denunciaron.

En esto coincide Aimé Tillett, especialista en antropología y asesor de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud entre 2003 y 2010, quien señala que el Plan de Salud dejó de funcionar debido a la escasa asignación de recursos por parte de las autoridades venezolanas. “Había recursos importantes que en 2005 permitieron echarlo a andar, además del apoyo militar que facilitó la logística aérea. A partir de 2010 el programa empezó a decaer y con la declaración de la crisis humanitaria todo se cayó. El Plan de Salud dejó de tener presupuesto para su funcionamiento”, señaló a Armando.info vía telefónica.

A ocho meses de haberse reportado el primer caso positivo de Covid-19 en Venezuela, los pueblos indígenas del Amazonas enfrentan un nuevo virus que amenaza su supervivencia, ya comprometida por la incidencia de otras enfermedades como la malaria, tuberculosis, neumonía y sarampión. 

Mientras, el gobierno de Nicolás Maduro anunciaba cada noche, desde ese mismo mes de julio, el número de fallecidos en cada jornada como producto de la pandemia. La cifra rara vez superó las cuatro víctimas fatales por jornada. Pero en ese reporte no es seguro que se hayan incluido casos como el de Luz Balza.

Los boletines oficiales denotaban un empeño por transmitir control sobre la situación más que por confirmar las estadísticas. Todavía hoy, a principios de agosto de 2020, cuando hasta las cifras oficiales muestran un repunte exponencial, la puesta en escena de la comunicación oficial en pantalla -que contrasta con los cada vez más frecuentes anuncios de medianoche por Twitter- presenta al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ataviado con su bata de médico, como con ello queriendo asegurar que las autoridades saben lo que hacen y que no hay motivo de alarma en un país que no sufre los estragos del coronavirus como, en cambio, sí ocurre en Colombia y Brasil, naciones vecinas.

Pero, puertas adentro de los hospitales, la realidad es distinta.

Los pacientes mueren más rápido que lo que la limitada capacidad de diagnóstico con pruebas moleculares tarda en reaccionar. En cinco meses de pandemia, el Ministerio de Salud no ha informado cómo apuntar los casos sospechosos de muerte por Covid-19 que carecen del examen confirmatorio; pero, a la vez, tampoco ha autorizado que se descentralicen las pruebas diagnósticas, concentradas todavía en Caracas. La consecuencia inevitable de esta paradoja es el subregistro de casos. Muchos hogares pasan por el luto sin siquiera saber si fue la pandemia la que mató a su familiar. Mientras, las salas de urgencia se acercan al punto del colapso.

Mediante consultas con personal sanitario de tres grandes hospitales del sistema público -el Hospital Universitario de Maracaibo, el Hospital Luis Razetti de Barcelona y el Hospital Universitario de Caracas-, Armando.info recopiló el número de fallecidos por Covid-19 en cada uno de esos centros. Aunque parcial, la radiografía resultante comprueba que la incidencia real de la pandemia y las muertes que ha causado exceden la cuenta ofrecida por las autoridades. Ello pone en duda la gestión que se hace de la pandemia, agudizada además por la erosión del sistema de salud y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país desde hace al menos dos años.

En el Hospital Universitario de Maracaibo, en el estado Zulia -extremo noroccidental del país, frontera con Colombia- fue a donde llegó Luz Balza con su emergencia. Le tomaron una muestra nasofaríngea que a la postre permitió confirmar el diagnóstico de Covid-19. Pero a esas alturas había poco que hacer. Murió al tercer día de hospitalización. Entre tanto, el resultado de la prueba confirmatoria del virus, que solo se puede procesar en Caracas, a 700  kilómetros de distancia, jamás fue notificado a sus familiares.

Por su cuenta, los médicos de este centro de salud ya suman 216 fallecidos con síntomas de Covid-19. El gobierno central, por su parte, hasta el 7 de agosto solo admitía 63 decesos en todo el estado Zulia.

A tientas

La premisa adoptada por el gremio médico en estos días de pandemia es que toda persona que muera con problemas respiratorios debe considerarse un caso de Covid-19 hasta que se demuestre lo contrario. Aunque los médicos comparten ese principio a la hora de rellenar las actas de defunción, desde el Ministerio de Salud aún no tienen un protocolo establecido para el registro, o al menos no está disponible en su portal web oficial. Al final del día, los médicos se percatan de que los casos sospechosos no forman parte de las estadísticas que cada noche anuncia la Comisión Presidencial.

Se trata de una zona gris que ya no debería generar dudas y ni tan solo plantearse. Tan pronto como el 17 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) marcó la pauta para incluir los casos sospechosos de Covid-19 en el conteo de la mortalidad.

Mientras el 16 de febrero la cifra mundial de casos detectados con Covid-19 ofrecida por la OMS fue de 51.857 (de los que 51.174 estaban en China), la multilateral informó un día después que los casos detectados aumentaban a 71.429.

La OMS aclaró en su boletín que ese salto de casi 50% en el número de casos detectados de un día al otro se debió a que incluyeron en el conteo a los que tenían el diagnóstico clínico, es decir, a los que tenían los síntomas compatibles con el virus. Desde ese momento el organismo internacional avaló el sistema de codificación y clasificación de casos en el contexto de la Covid-19, que, si bien diferencia entre aquellos donde el virus ha quedado identificado en el paciente que muere y los que no tienen el virus confirmado pero evidenciaron ser un caso probable, los junta. En este caso no se trata de sumar peras y manzanas: el término “caso sospechoso de Covid-19” tiene validez técnica y debería incluirse en la contabilidad.

Mientras el coronavirus avanza más rápido que la capacidad de detección del virus, no parece haber una buena explicación para que se continúe sin adoptar unos protocolos que permitan tener una imagen más ajustada y fidedigna de la realidad -y, con ello, una aproximación más efectiva-. El subregistro persiste a sabiendas de todas las partes interesadas. La escasa cantidad de laboratorios habilitados para procesar las muestras, la falta de pautas claras para notificar y clasificar los decesos, y la confianza puesta en el uso masivo de pruebas rápidas que solo detectan anticuerpos -pero no confirman la enfermedad-, conforman juntas una receta para la ceguera.

Las autoridades venezolanas solo avalaron al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR), ubicado dentro del campus de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, para realizar la prueba molecular de diagnóstico llamada PCR. Allí se procesan las muestras de los pacientes de todo el país.

A esta opción se sumó un laboratorio móvil que fue habilitado en la frontera del estado Táchira con el departamento de Norte de Santander, en Colombia, para agilizar las pruebas de los migrantes que retornan. Se sabe poco sobre la capacidad de esa instalación. El 21 de julio se anunció además que el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), con sede en las afueras de Caracas, también quedaba autorizado para realizar pruebas de PCR (en español RCP, por reacción en cadena de la polimerasa).

Aún con esas nuevas adiciones, la capacidad de diagnóstico resulta ínfima para un país de 30 millones de habitantes: dos laboratorios y una unidad móvil. En contraste, Colombia cuenta con 81 laboratorios trabajando en la detección del virus;  Perú, con 19; Ecuador; con 21.

La consecuencia más evidente es que hay un retraso en las confirmaciones. “Los resultados de las pruebas duran entre 15 y 18 días en llegarnos. Los pacientes mueren más rápido que eso y se mandan a enterrar o cremar”, cuenta un médico que trabaja en el Hospital Universitario de Maracaibo y pide mantener su identidad en resguardo.

Esto quiere decir que la fotografía epidemiológica que cada noche muestra la Comisión Presidencial para la Covid-19 es, cuando menos, la que corresponde a tres semanas antes. Las decisiones son atemporales y el virus avanza a una velocidad desconocida. “Estamos viendo una epidemia en diferido”, sentencia el exministro de Salud, José Félix Oletta.

Para colmo, el número total de muestras que el país tiene capacidad de hacer y procesar cada día es un secreto bien guardado.

Hasta ahora solo se ha podido inferir ese número a través de las estadísticas que publica la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (Ocha). Según la Ocha, en marzo el país tenía capacidad para procesar entre 90 y 100 pruebas PCR diarias. El número ha aumentado progresivamente pero continía siendo poco. Para el 28 de julio, de acuerdo con el último informe de Ocha, en Venezuela se habían hecho 1.511.433 pruebas diagnósticas de Covid-19, de las cuales estimaban que "alrededor de 5 a 6 por ciento son pruebas PCR". 

Una de las propuestas del asesor de Salud de la Asamblea Nacional -opositora- desde el inicio de la epidemia, el infectólogo Julio Castro, ha sido la de ampliar el número de laboratorios autorizados para seguirle la pista a la enfermedad. Asegura que hay diez laboratorios que practican pruebas PCR de otros virus que podrían sumarse y así descentralizar el trabajo.

“El ministerio conoce la información de laboratorios del país que ya hacen PCR de otros virus, que tienen los equipos y certificación. No entendemos cuál es la razón para no ampliar los sitios”, explica.

La Academia Nacional de la Medicina y sociedades médicas científicas recomendaron en un comunicado del 30 de julio que se aumentaran las pruebas diagnósticas hasta no menos de 8.000 al día -actualmente se realizan entre 1.000 y 2.000 según datos extraoficiales-. Además, también sugirieron, habría que garantizar la obtención de resultados en no más de tres días a partir de la toma de la muestra.

“Es posible que al Gobierno le convenga el subregistro para mostrar un éxito extraordinario”, supone el exministro Oletta, enfrentado a las cifras oficiales, que señalan una tasa de letalidad de 1,7%, ligeramente superior al promedio global de la OMS (0,6%), pero significativamente menor al de países vecinos. “Pero lo que ocurre es que no tiene la capacidad. Esto está pasando porque no se ha esmerado para hacer las pruebas”.

Es cierto que las dificultades para reunir las estadísticas de la Covid-19 y su saldo de muertes no son exclusivas de Venezuela. Es un proceso sobre la marcha, como todo con esta emergencia sobrevenida. Pero la diferencia es que en distintos países, desde China a España o Ecuador, las autoridades han sometido sus protocolos de registro a constante revisión y enmienda, de modo de sincerar sus números. En Venezuela no. 

Luz y tantos otros que se apagaron

Hoy los nueve pisos del Hospital Universitario de Maracaibo alojan a pacientes con Covid-19.  Hasta en las salas quirúrgicas se encuentran personas a las que administran oxígeno. Los médicos aseguran que desde mayo mueren en promedio cinco personas al día, pero hay días como el 3 de julio, en el que fallecieron 17 personas con un diagnóstico clínico de Covid-19. De ese día trágico en Maracaibo, las estadísticas oficiales solo incluyeron la muerte de un hombre de 49 años. En ese momento sumaban solo 23 los fallecidos confirmados oficialmente en Zulia.

Apenas seis días más tarde, el 9 de julio, cuando en Zulia las estadísticas oficiales contabilizaban 1.721 casos de Covid-19 y 29 fallecimientos imputables a la enfermedad, el hermano de Luz, Giovanny Balza, la llevó al hospital.

Giovanny no dejó ni un cabo suelto para que la atendieran: llevó vías, tubo traqueal y una máquina de ventilación de oxígeno alquilada por 300 dólares para poder usarla mientras un equipo pudiera desocuparse en la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo. Aunque no es médico, también tuvo la precaución de adquirir por 30 dólares un traje de bioseguridad y una máscara N95 para estar al lado de su hermana en todo momento. Ese día, al lado de Luz y Giovanny, según este testimonio y con confirmación del personal de guardia, murieron 14 personas.

“Ella me dijo que no la dejara sola y yo sabía que con ese hospital colapsado nadie estaría pendiente de ella”, relata Giovanny Balza, quien asegura que ya para ese momento no tenía miedo. Dos meses antes había sentido en sí mismo casi todos los síntomas de la Covid-19, que ocultó lo mejor que pudo durante 25 días. Se trató en casa con la asesoría de un médico privado y mejoró. Sin embargo, él no cree que haya contagiado a su hermana porque no vivían juntos y guardó el distanciamiento prescrito. Asegura que ella se enfermó un mes más tarde, trabajando en una carnicería donde atendía al público.

El 11 de julio, Luz dejó de respirar. “Eso era un hospital que parecía estar en guerra. Vi muchos fallecidos. Los montaban de a dos en camillas. Morían sentados en sillas porque ya no había ni camas, pero acá el gobierno anuncia muertos de cuatro en cuatro”, cuenta Giovanny.

En el Hospital Universitario de Maracaibo hace calor, el emblemático calor del Zulia. Los aires acondicionados de los pisos de hospitalización no funcionan. El sofocón es otro factor para sentir asfixia.

Los médicos residentes de todas las especialidades están habilitados para atender los casos de Covid-19. Cada día van a una oficina a buscar sus equipos de protección. En marzo y abril cada uno recibía doble bata quirúrgica, dos tapabocas N95 y un gorro por guardia. Cada uno llevaba su máscara facial y lentes protectores. Ya en junio los médicos comenzaron a recibir la tela quirúrgica para que se hicieran sus propios cubre botas. El material se empezó a racionar y, a veces, a simplemente faltar.

“La gente en el hospital está psicótica y delirando. Dicen cosas sin sentido por la falta de oxígeno. Veo a familiares de colegas allá, además de los pacientes, diciendo que no pueden respirar. Nunca había visto pacientes recibiendo oxígeno dentro de la sala operatoria”, relata el médico zuliano que ofrece su testimonio.

Iván León, de 48 años, murió el 25 de junio tras estar solo doce horas hospitalizado e intubado en este mismo centro de salud. No se supo el resultado de la prueba PCR, solo que se complicó luego de estar dos semanas tratándose en la casa una gripe que no se curaba. “Lo enterraron y no sabemos qué pasó”, dice un amigo que fue quien se atrevió a montarlo en su carro y llevarlo hasta la sala de emergencia.

Robert Gómez, de 46 años de edad, tuvo los síntomas de Covid-19. Se trató con médicos privados en casa, pero a la semana se complicó. Le faltaba el aire. Su hijo lo llevó también al Hospital Universitario de Maracaibo en donde murió el 3 de julio, la fecha del récord aciago. El acta de defunción decía que la causa de su muerte era neumonía bilateral, pero el cadáver fue llevado a cremar sin oportunidad para velarlo. Su cuerpo fue tratado como un caso de coronavirus: su familia no pudo ni verlo ni despedirse, y todavía así el Gobierno no lo contó en sus estadísticas.

Cientos a la espera

La brecha entre los boletines y la realidad no ocurre solo en Zulia, zona al rojo vivo de la pandemia en Venezuela. Al otro extremo del país, en Anzoátegui, sobre la costa nororiental, hasta el 4 de agosto se admitían 194 contagios y solo dos fallecimientos. Sin embargo, los médicos del Hospital Luis Razetti de la ciudad de Barcelona, capital del estado, registraban 67 muertes hasta el 24 de julio solo en ese centro de salud.

El gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira, del opositor partido Acción Democrática (AD), no tiene control epidemiológico del virus, pero denuncia que hay retraso en el procesamiento de las pruebas confirmatorias y aseguraba al momento de sus declaraciones que había 488 personas esperando resultados. Según la data oficial, esta entidad es una de las que menos casos tiene, pero cada día llegan las noticias de los fallecidos por neumonías. Barreto asegura que ya se acumulan 75 fallecidos sin pruebas confirmatorias.

“Solo pido que hablen claro a Venezuela. Entre la verdad y la mentira nos jugamos la vida o la muerte”, denuncia el gobernador.

La gobernación de Anzoátegui tiene un laboratorio listo para funcionar y procesar los diagnósticos del oriente del país, que aún el Ministerio de Salud no avala por supuestos problemas de infraestructura.  “Dicen que el virus es altamente infeccioso y ese lugar donde está la máquina no funciona, pero no sé si son excusas. Si tienes una máquina buena y calificada y solo necesitamos la planta física, la decisión la debe tomar el Gobierno nacional”, explica en entrevista con Armando.info.

El 8 de julio, un policía de cerca de 50 años de edad entró en silla de ruedas al Hospital Luis Razetti. No podía caminar sin asfixiarse. Pero como todavía podía hablar, contó a los médicos de guardia que tenía cinco días con fiebre, dolor de cabeza, tos y que, ese día, había comenzado con la dificultad para respirar. Aseguró que estaba en cuarentena en su casa pero igual se enfermó.

La doctora Blanca Mathinson era la médico de guardia y lo socorrió como pudo. Procedió a intubarlo, tal como dicta el protocolo médico cuando un paciente tiene baja saturación de oxígeno en la sangre. El hombre entró en paro respiratorio y aunque Mathinson logró sacarlo de la crisis, a los minutos falleció. Solo duró vivo tres horas dentro del hospital y su acta de defunción cita que murió de “insuficiencia respiratoria aguda; sospecha de Covid-19”.

Desde la segunda quincena de marzo, Mathinson empezó a ver a un fallecido con síntomas sospechosos de Covid-19 por guardia. En junio ya eran cinco. Entonces dejó de hacer ese balance personal. Debió darse de baja y salir de reposo.

Solo el domingo 24 de julio, el último día en que Armando.info recabó datos de este centro de salud de Barcelona, murieron 11 personas. El Gobierno solo ha anunciado dos fallecidos del estado Anzoátegui desde que comenzó el virus a circular en el país.

En el Luis Razetti solo hay tres ventiladores mecánicos. Pueden intubar a tres personas que estén graves. Quien llegue después solo puede contar con mascarillas de oxígeno, inhaladores, broncodilatadores y esteroides, y la intervención divina para evolucionar satisfactoriamente.

“Sentí miedo cuando vi morir al policía. Vi de frente la realidad del virus y del país. No hay forma de salvarlos a todos”, cuenta Mathinson.

Tarde hasta en Caracas

El Ministerio de Salud venezolano no tiene un protocolo médico para certificar la mortalidad de casos sospechosos de Covid-19 en su página web a los fines de tabular alguna estadística. Los médicos a criterio personal o con los recursos que tengan al alcance evalúan si hacen o no la PCR post mortem. Desconocen si cuando llega el resultado se hace el cruce de  esa data para incluirla entre los casos de fallecidos.

Sin embargo, en las últimas directrices del Ministerio, dadas a conocer en una reunión con los directores estadales de salud y vistas por Armando.info, piden al personal de salud informar antes de las diez de la mañana de cada día los casos de defunción por Covid-19 con los datos del paciente: fecha de muerte, edad, sexo, dirección, ocupación, nexo epidemiológico, circunstancia que favoreció al contagio, comorbilidad, diagnóstico de ingreso, fecha de ingreso a cuidados intensivos y circunstancia que favoreció la muerte. Sobre los casos no confirmados por prueba de laboratorio no dicen nada.

Mientras Mathinson está de reposo, en este hospital del oriente del país, de los diez médicos residentes de medicina de Emergencia y Desastres con los síntomas del virus, siete están de reposo y presentando los síntomas similares al Covid-19. Todos llevan tres semanas esperando por el resultado de su PCR. El jefe del área de Emergencia está contagiado y con prueba confirmatoria en mano. Un médico adjunto, también de Emergencia, se encuentra intubado y dos ginecólogos hospitalizados. Todos esperan.

Al policía se le hizo una prueba nasofaríngea para enviar a Caracas al INHRR y conocer si murió realmente de Covid-19. Han pasado tres semanas y aún ese resultado no ha llegado al hospital. Dos días después Mathinson se enfermó. Llegó la tos seca, la fiebre y el dolor de cabeza a su casa. Lleva tres semanas aislada en su residencia y aún no sabe si ella o si su último paciente tuvieron Covid-19. También en su caso, los resultados de las pruebas siguen sin llegar.

El Hospital Universitario de Caracas, pese a estar físicamente al lado del INHRR,  tiene 12 días sin pruebas rápidas y sin virocult -instrumento que sirve de transporte de muestras- para el análisis confirmatorio de la enfermedad. Hasta ahora contabilizan 33 muertes y las últimas cuatro de la semana pasada no han sido contabilizadas entre los decesos de la capital, donde las cifras oficiales admiten que se encuentra el epicentro de la epidemia con más de 5.000 casos.

La carpa que habían instalado a un costado del hospital, al aire libre, para hacer despistajes y captar pacientes, quedó cerrada. Ahora solo tienen disponibilidad en el Hospital, principal de referencia en todo el país, para atender a dos pacientes en cuidados intensivos. “Ya estamos viendo llegar a pacientes que se mueren al bajarlos del carro o duran solo horas en el área de Emergencia. Esto está colapsando y no tenemos cómo atenderlos”, dice un médico del centro.

Ya que no hay manera de hacer pruebas en los últimos días, los médicos apelan al protocolo internacional para dar el alta médica: esperan a que pasen tres días sin que la persona tenga síntomas y mínimo diez días desde que comenzó a padecer la enfermedad.

La ONG Alianza Venezolana por la Salud recomienda que, ante la falta de pruebas diagnósticas, las actas de defunción deben dejar establecido que el caso es sospechoso de Covid-19. Así, ante la duda, la cifra real de fallecidos quizá no se pueda establecer, pero eventualmente los casos podrán ser estudiados a partir de esos documentos.

“Más de 45 países solicitan el interferón contra la Covid-19”, titulaba casi alborozado este viernes el por lo regular circunspecto diario Granma de La Habana, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. De acuerdo a ese medio, la demanda por el “Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, creado por científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) en la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo”, se ha disparado en una progresión espectacular desde que los médicos chinos lo incorporaron al cóctel terapéutico con el que consiguieron contener el avance de la enfermedad en ese país, zona cero del brote contagioso.

 “Su elección por las autoridades médicas de China”, explica el medio oficial cubano, “obedece a que de manera general estos virus disminuyen la producción natural de interferón en el organismo humano y el fármaco cubano es capaz de suplir dicha deficiencia”.

No debe extrañar que el aliado internacional más cercano al castrismo, Nicolás Maduro, comparta ese entusiasmo. “Ha sido fundamental el medicamento cubano interferón y afortunadamente tenemos más de diez mil tratamientos de interferón en la mano, traídos por la misión médica cubana”, dijo el presidente venezolano en una alocución televisada el jueves por la tarde. En su rendición de cuentas Maduro aseguró que la droga importada de Cuba había sido factor decisivo en la recuperación de 31 pacientes entre los 107 casos de contagio admitidos para la fecha por el gobierno de Caracas.

El chavismo desde hace años es hermético en lo concerniente a temas de salud. La circulación del Boletín Epidemiológico, un documento oficial que las autoridades sanitarias expedían cada semana, llegó a estar prohibida. Con el declive de las condiciones de vida en Venezuela, los jerarcas de la autodenominada Revolución Bolivariana, de Chávez a Maduro, sospecharon que cualquier cobertura sobre el sistema de salud podría ser usada como instrumento de propaganda por sus enemigos.

Sin embargo, la promoción del interferón en medio de la emergencia viene siendo prolífica. El ministro de Información, Jorge Rodríguez, quien junto a su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, es uno de los dos portavoces del gobierno sobre la pandemia, no deja de mencionarlo como parte del arsenal farmacéutico del que disponen las autoridades.

El propio presidente Maduro, devoto de Sai Baba, conocido por sus simpatías hacia la parafernalia new age y naturista, entre recomendaciones de infusiones caseras, anunció el 10 de marzo, tres días antes de que Venezuela confirmara sus dos primeros casos de Covid-19, que el interferón producido en Cuba ya estaba en Venezuela “preparado” para atender a los pacientes que pudieran infectarse. En la ocasión, el jefe de la misión médica cubana en Venezuela, Julio García, completaba el anuncio detallando que el medicamento “ha tenido excelente resultado en su aplicación en la crisis del coronavirus en China”. 

No obstante, hasta el momento no existe ningún documento científico concluyente que se haya hecho público y confirme la efectividad de cualquier versión de interferón en el combate contra el coronavirus. Rumores y testimonios sobrevenidos desde el frente médico han puesto en circulación consejas al respecto sobre todo en redes sociales, pero nada que haya seguido los protocolos científicos. Ciertamente, este jueves, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el inicio de unas pruebas que calificó de “históricas” y en las que pacientes españoles y noruegos que padecen el coronavirus serán sometidos a cuatro terapias distintas; una de ellas combina, junto a los antirretrovirales lopinavir y ritonavir, el interferón beta. Pero no es el Interferón alfa 2b de los cubanos.

De modo que el impulso gubernamental al uso del interferón en Venezuela como parte del tratamiento para la epidemia del coronavirus es, en aquellos centros de salud donde se aplica y en el mejor de los casos, un ensayo masivo y probablemente improvisado de una terapia experimental que desconoce las fases regulares de los protocolos científicos. En el peor, es un simple acto de fe, impregnado de lealtad política y, tal vez, conveniencia comercial, que somete a los pacientes venezolanos ya no solo al papel de conejillos de Indias, sino de simples incautos.

Acertijo científico

Desde su descubrimiento en la década de los años 50, se sabe que los interferones -así, en plural, porque existen varios tipos (alfa, beta, gamma y más)- son proteínas que modulan la respuesta inmune de cada persona y proveen inmunidad innata contra los virus, comportándose como una primera línea de defensa, según explica Flor Pujol, jefa del laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic).

Cuando una célula es atacada por un virus, produce interferón para tratar de proteger al resto de las células de la infección viral. Por ese mecanismo natural de acción ante las infecciones causadas por virus “se tenía la esperanza de que los interferones fueran el antiviral ideal, así como hoy tenemos los antibióticos que son los antibacterianos ideales”, detalla José Esparza, médico venezolano especialista en Virología y Biología Celular, actualmente profesor adjunto del Instituto de Virología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. “Pero con el tiempo vimos que no era así”, remata.

Lejos del triunfalismo inicial, la investigación científica sobre la función de los interferones determinó que tienen mejor efecto en combinación con otras terapias y así pueden aumentar la eficacia de estos tratamientos, pero solos no tienen un efecto significativo, explica Esparza: “No es la panacea que se pensó en un tiempo”.

La OMS ha insistido en que no existe hasta ahora un tratamiento específico, efectivo y probado, contra el Covid-19. Todo lo aplicado hasta ahora carece de certezas y responde a una opción conocida en la jerga médica como “uso compasivo” o compassionate use.

Explica el especialista Esparza que cuando no existe ninguna medicina aprobada, como es el caso del Covid-19, el médico puede apelar a su mejor criterio para tratar al paciente y usar entonces alguna droga autorizada para otra enfermedad calculando, según sus conocimientos, que podría hacer algún bien. “El problema con ese uso compasivo es que se cree que se está haciendo un bien, pero no se tiene información científica que permita generalizar y aplicar esa medicina a un gran número de pacientes”, precisa.

Esto es lo que ha ocurrido con el interferón alfa, sea la molécula cubana o de cualquier otro origen. Se ha repetido en distintos medios, y por varias autoridades de la isla caribeña, que el interferón alfa salvó a miles de chinos del coronavirus, pero ningún ensayo clínico con esas conclusiones está disponible. La comunidad científica internacional duda de su publicación.

En un documento elaborado por la OMS para listar las opciones de tratamiento que se han aplicado de manera experimental en personas con Covid-19, actualizado al 21 de marzo, se incluyen los tipos de interferón alfa y beta, solos o combinados. Sin embargo, ninguno de los ensayos clínicos citados allí, referidos al uso de interferón, fueron realizados en China en el marco de esta pandemia, en contradicción con lo que el bulo sostiene.

De hecho, los datos acerca del uso del interferón sobre el terreno en Wuhan todavía son imprecisos. El jefe de la misión médica cubana en Venezuela, Julio García, aseguró el 10 de marzo que más de 3.500 pacientes chinos salvaron su vida con el interferón.

“Que no se haya publicado no quiere decir que no se haya hecho la investigación. Es posible que pronto salga publicada alguna del interferón. Pero hasta ahora no la hemos visto. Por eso no se justifica que nadie diga que el interferón es beneficioso en el tratamiento del Covid-19 cuando no existe la información publicada. Eso es propaganda, eso no es ciencia”, sostiene José Esparza.

Sin embargo, Nicolás Maduro y su equipo de gobierno lo dan por hecho. “Hemos logrado la recuperación de 31 pacientes (…) con los experimentos confirmados por institutos científicos del mundo para el tratamiento del coronavirus, para mejorar las condiciones inmunológicas (de los pacientes). Sí se puede, claro que se puede mejorarlos, fortalecerlos. Y bueno, ahí ha sido fundamental el medicamento cubano interferón”, dijo el 26 de marzo.

El Ministerio de Salud de China fue actualizando el esquema nacional de tratamiento del Covid-19 a medida que avanzaba la epidemia en ese país. En la quinta versión de las pautas terapéuticas, del 5 de febrero de este año, incluía el uso de Interferón alfa inhalado con nebulización, con la observación de combinarlo con ribavirina o con lopinavir y ritonavir. Dos semanas después lo ajustó de nuevo para probar el uso de interferón con ribavirina. Para el 7 de marzo, entre sus opciones de tratamiento no se encontraba el interferón, de acuerdo con los reportes de la agencia de noticias china Xinhua. 

En los países más afectados, como España, el esquema de tratamiento lo contempla, pero como última opción, de un modo excepcional y con previo consentimiento informado del paciente. En esa nación peninsular se prefieren los antivirales lopinavir, ritonavir y remdesivir para tratar las infecciones y neumonías leves por Covid-19.

Otro ejemplo es el de la red de hospitales afiliados a la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que incluye el interferón beta en una lista de medicamentos no recomendados como primera opción por varias razones; entre las varias que cita, la más llamativa: datos limitados sobre su efecto en otros coronavirus, riesgo de toxicidad y opción descartada de usar interferón alfa y gamma. De ahí las dudas con el beta.

En el esquema oficial venezolano no se contemplan, al menos en la información pública disponible, ni advertencias ni consentimientos de los pacientes. Se indica su uso en combinación con lopinavir y ritonavir (dos antivirales que se suministran juntos), o con los otros dos tratamientos combinados que el Ministerio de Salud estableció en su esquema de tratamiento para adultos y niños, que además incluyen otros fármacos como el fosfato de cloroquina.

El llamado creador del Interferón alfa 2b cubano, el científico Luis Herrera, estuvo recientemente de visita en Venezuela. En entrevista con la oficialista cadena internacional Telesur, sostuvo que en circunstancias como las actuales, en las que no hay un medicamento aprobado para el Covid-19, puede ser positiva su administración porque el virus ataca a las células reduciendo sus niveles de interferón. “Lo más lógico es pensar que si uno logra suplir el interferón, de alguna forma la gravedad por la afectación por el virus disminuye”, declaró a modo solo de deducción, pero de una deducción informada: aseguró tener reportes de que el medicamento logra reducir los niveles de complicación.

La semana pasada, ya en los últimos días de marzo, la OMS dio a conocer el proyecto denominado Solidaridad, que busca evaluar con estudios clínicos más amplios, aplicados en diez países, la efectividad de cuatro tratamientos que hasta ahora el ente rector de la salud mundial considera que pueden tener mejores efectos para el Covid-19: el remdesivir, antiviral desarrollado para el ébola pero que no tuvo efecto en los pacientes; la cloroquina e hidroxicloroquina, con efectos demostrados en malaria, artritis reumatoide y lupus; la combinación de lopinavir y ritonavir -empleado como antirretroviral para el VIH-; y la combinación de lopinavir y ritonavir reforzada con interferón beta, terapia que fue estudiada con el MERS-CoV, el síndrome respiratorio de Oriente Medio causado por otro coronavirus.

Sin que todavía haya resultados concluyentes, queda claro que el interferón alfa no aparece entre las primeras opciones.

 “Los cubanos tienen la aspiración de que su molécula sea muy beneficiosa, pero no ha sido así. Tienen el interferón alfa y empezaron a buscarle aplicaciones, allí es donde se empieza a ver una disociación entre la propaganda comercial y la publicación científica”, puntualiza Esparza.

Entre la ética y la necesidad

El Interferón alfa 2b no es un fármaco nuevo, como tampoco lo son sus otras presentaciones y combinaciones, que varían según las enfermedades a tratar, como, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi.

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Oncología, María Teresa Coutinho, recuerda que también se usó para tratar algunos tipos de cáncer hace dos décadas, pero destaca que hoy ya se cuenta con terapias que garantizan menos efectos secundarios para el paciente. “Anteriormente se usaban en melanomas y en la leucemia, pero han surgido medicamentos que han resultado ser mejores (…) Es un medicamento que produce mucha fiebre, un síndrome parecido a una gripe fuerte, dolores musculares, dolores de cabeza. Puede causar trastornos hormonales como hipotiroidismo y trastornos psiquiátricos como depresión, aunque son efectos secundarios poco frecuentes”.

Para la Hepatitis C comenzaron a usarse los interferones alfa 2a y alfa 2b como parte de un protocolo médico en la década de los años 90, pero el porcentaje de respuesta era bajo. A los pocos años se cambió el protocolo a interferón pegilado con ribavirina, que resultó mejor, aunque a largo plazo dejaba ver efectos secundarios: pérdida considerable de peso y de cabello, lesiones en la piel y lesiones en la médula, según explica la gastroenteróloga Beatriz Pernalete. Aclara, además, que desde hace cinco años hay tratamientos antivirales para la Hepatitis C más eficaces y menos tóxicos que el interferón, pero que no están disponibles en Venezuela.

En el caso de la Hepatitis B se sigue indicando como tratamiento para casos específicos. Pero el hecho de que el Interferón alfa 2b tenga autorización de uso para tratar estas y otras patologías no significa que pueda funcionar para el recién llegado Covid-19.

Por eso y ante la insistencia de las autoridades venezolanas en el uso de este fármaco sin mayores advertencias, el Centro Nacional de Bioética de Venezuela (Cenabi) emitió un comunicado alertando que su uso en pacientes con Covid-19 debe ser considerado como un “tratamiento experimental” y, por esa misma condición, debe contar con el consentimiento informado por escrito del paciente o su representante legal para su aplicación. Otra consideración previa a su uso sería contar con la opinión de una comisión de bioética o de un grupo de expertos independientes sobre los posibles efectos indeseables del interferón.

El Cenabi es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el seno de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la más importante del país. Es la institución independiente de perfil académico con más antigüedad especializada en asuntos bioéticos.

Lo mismo exige la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, que también se pronunció y recomendó, además de lo manifestado por el Cenabi, que el Interferón alfa 2b sea usado en situaciones extremas, solo en el marco de un programa de uso compasivo.

El criterio de “último recurso” es la elección que parecen haber tomado los médicos en los centros de salud venezolanos. “Ese medicamento se utilizará en caso de que no tengamos otra opción porque no tenemos experiencia en su uso”, dijo la jefa del Departamento de Infectología del Hospital Universitario de Caracas (HUC), María Eugenia Landaeta.

Hasta el viernes 27 de marzo, en el HUC, uno de los principales centros de referencia de la medicina clínica en Venezuela, habían atendido a doce pacientes con Covid-19. Todavía esperaban resultados de las pruebas de otros cuatro. Ninguno estaba grave y solo fueron aislados. Durante la semana llegaron los medicamentos que el Ministerio de Salud recomienda como protocolo médico para atender a estos pacientes, que incluyen el interferón alfa. Sin embargo, las dosis de Interferón alfa 2b cubano entregadas no estaban completas ni para atender el ciclo completo de un solo paciente, según lo que prescribe la propia pauta terapéutica oficial.

En el Hospital José Ignacio Baldó, mejor conocido como El Algodonal, al oeste de Caracas, solo se sabía que los medicamentos ya estaban en la oficina del director. En este centro de salud, uno de los tres designados en la capital como hospitales-centinela ante la pandemia, se informó a los médicos que atenderían solamente casos graves de Covid-19. Los especialistas debaten aún qué medicamento usar en caso de una infección respiratoria mientras esperan mayor dotación de equipos de ventilación mecánica para cuidados intensivos.

Al Hospital Central de San Cristóbal, capital del estado Táchira, en los Andes venezolanos, no habían llegado los medicamentos hasta el martes pasado. La distribución de los fármacos a los hospitales-centinela habría iniciado el fin de semana del 21 de marzo. Pero de antemano ya los pediatras de ese centro de salud se negaban a usar el interferón. Se trataba de una decisión colectiva, tomada e irrevocable, porque desconocían la eficacia y efectos secundarios del interferón en este tipo de pacientes, según informó un médico del equipo que pidió resguardar su identidad.

Se pudo conocer que los pacientes que han recibido el tratamiento con interferón alfa han sido atendidos en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), los más ideológicos entre los centros de salud oficiales, creados en el marco de la Misión Barrio Adentro, el programa social puesto en marcha por Hugo Chávez en 2003 con asesoría directa del régimen cubano y donde atienden facultativos de ese país.

En el sector privado, en cambio, se conoció que los especialistas se están guiando por los protocolos utilizados hasta ahora en España, Italia, China y Estados Unidos, por citar algunos, aunque todo seguirá siendo ensayo y error hasta que se publiquen estudios clínicos concluyentes, como se aspira sean los impulsados por la OMS

Esparza recuerda que un médico puede usar su criterio individual para recetar una medicina particular a un paciente, “pero para programas de salud pública tenemos que guiarnos por la ciencia, por los datos, no por la política, no por lo que creemos ni por lo que leemos en periódicos, y ese es un problema que veo tanto en Venezuela con Maduro como en Estados Unidos con Trump, que dicen le van a dar cloroquina a todo el mundo; eso no es actuar con método científico”.

El director general de la OMS insistió en sus declaraciones recientes, cuando presentó los cuatro tratamientos que serán sometidos a ensayos clínicos, que “debemos seguir las evidencias, no hay atajos”.

Una ampolla costosa

El 10 de marzo, antes de los primeros diagnósticos confirmados y según los voceros del gobierno venezolano, el país contaba ya con “10.000 tratamientos” del interferón cubano en los almacenes de la estatal Espromed Bio, según también lo apuntó el jefe de la misión médica cubana en el país. “Estamos blindándonos para atender este tema”, dijo Maduro en un arranque de optimismo.

Trece días después, el ministro de Comunicación y uno de los voceros oficiales sobre el tratamiento de la pandemia en Venezuela, Jorge Rodríguez, destacó que había en total 16.500 ampollas en el país, con la perspectiva de recibir otras 20.000 en el corto plazo.

Con un perfil relativamente bajo hasta ahora, Espromed Bio es una compañía pública promovida por el Estado venezolano que se define como “la empresa socialista productora de medicamentos biológicos”, aunque es más lo que envasa que lo que produce en verdad. En su catálogo de productos incluye un tipo de interferón que no es el alfa 2b sino el pegilado, indicado para hepatitis B crónica y hepatitis C.

El interferón pegilado era tradicionalmente adquirido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como parte de los medicamentos de alto costo que ofrecía en sus farmacias. A diferencia de otros medicamentos que forman parte de los ensayos clínicos contra el coronavirus y que son mucho más baratos, como la cloroquina, el interferón destaca por su alto precio. La última importación hecha por el IVSS con compras a un proveedor trasnacional de ese medicamento ocurrió el segundo semestre del año 2017, al laboratorio MSD, por un costo de 158,9 dólares cada ampolla. A partir de entonces solo se pudo optar por el interferón de fabricación cubana que importaba Espromed Bio.

Un precio similar tiene el Interferón alfa 2b en países como España, donde la ampolla -sin entrar en esquemas de seguridad social de subsidio o copago- se vende al público a 153 euros, unos 170 dólares.

Aunque es previsible que el precio en compras al mayor sea menor, si se toma en cuenta este precio internacional como parámetro, las 36.500 ampollas de interferón prometidas por el régimen venezolano tendrían un costo aproximado de 5,6 millones de euros o 6,2 millones de dólares. Pero todo lo que llega a través del convenio Cuba-Venezuela es una caja negra.

Cuba asegura ser pionera en la producción del interferón como tratamiento a partir de la experiencia lograda por los científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) a mediados de la década de los ochenta.

La versión oficial de Cuba destaca que fue Fidel Castro quien ordenó desarrollar la industria biotecnológica en el país, y bajo esa instrucción elaboraron su propio interferón. Fue uno de los proyectos colosales y monotemáticos en los que Castro, según sus impulsos y lecturas, embarcaba al país hasta dejarlo extenuado: la moringa, la ganadería lechera F2 al estilo de la vaca Ubre Blanca, o la construcción de centrales electronucleares. Se puede afirmar que el de la industria biotecnológica ha sido de los pocos que resultaron productivos. 

El proceso habría comenzado de forma clásica, estimulando leucocitos en el laboratorio, para luego elaborarlo por ingeniería genética con métodos más modernos. Así, el Interferón alfa 2b Humano Recombinante fue el primer fármaco biotecnológico producido en la isla.

Casi dos décadas después, en un proyecto de transferencia tecnológica entre el CIGB y China, fue creada la empresa mixta Changchun Heber en 2003, por la que el país asiático también es capaz de producir interferón con la misma molécula y sin tener que pagar propiedad intelectual.

Tras  la publicidad de su autoría y las congratulaciones propias -el fármaco obtuvo en 2012 el Premio Nacional de Innovación Tecnológica otorgada en la isla-, Cuba asegura ahora que 45 países del mundo están buscando comprar interferón a BioCubaFarma, la empresa estatal que agrupa a las industrias farmacéuticas y biotecnológicas cubanas y comercializa su producción.

De ese entusiasmo mundial, sin embargo, solo se han concretado los anuncios del gobierno de El Salvador, de una compra por 6.000 ampollas a Biocubafarma, y de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares de Chile, para comprar otra cantidad indeterminada del fármaco.

Y, desde luego, la fe ciega de las autoridades en Caracas.