La sequía de insumos en los dos años previos había desencadenado una serie de conflictos que culminó con la imposición de 116 resoluciones de embargo preventivo sobre bienes de la compañía, mientras se resolvían demandas por salarios y prestaciones laborales no pagados. De hecho, en la lista de morosos con la Caja Costarricense del Seguro Social, Alunasa se había ubicado en el segundo lugar, con una deuda equivalente a más de dos millones de dólares. 

Sin embargo, esto no le impidió hacer la orden de compra recibida en marzo del año pasado y valorada, según consta en el registro del Ministerio de Hacienda local, en más de ocho millones de dólares. 

En Costa Rica, el documento que comprueba el embarque del envío (bill of lading) fue endosado por Alunasa a una empresa costarricense: Metallik Limitada (Ltd), conformada apenas cuatro meses antes. De acuerdo con fuentes consultadas para este reportaje y documentos que respaldan sus afirmaciones, la quebrada Alunasa ha reactivado a través de Metallik su operación en Costa Rica, incurriendo, además, en irregularidades relacionadas con el valor de la mercancía y el pago de impuestos al Estado de ese país. 

De acuerdo con los documentos emitidos por las empresas venezolanas –Alcasa, que lo envió y Alunasa, que lo recibió– la mercancía que llegó a Costa Rica el 3 de marzo tenía un precio de poco más de dos millones de dólares, una cuarta parte del valor que le otorgó el Ministerio de Hacienda de ese país, que lo tasó en más de ocho millones de dólares. Además, Alunasa traspasó a Metallik su propia licencia de Zona Franca, por lo que la empresa no pagó impuestos al Estado costarricense.

Ocho meses después de aquel envío, y pese a que la situación de Alunasa se mantenía igual, con unas instalaciones obsoletas y sin mantenimiento, en noviembre de 2019 comenzaron a reaparecer los rollos de papel aluminio de Alunasa en los anaqueles de supermercados de Costa Rica. Para el fin de año, ya estaban en casi todos los establecimientos. Nunca, sin embargo, como antes.

Los viejos buenos tiempos

El 19 de junio de 2018, los trabajadores de Alunasa afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), explicaron la situación interna de Alunasa en una carta de tres páginas dirigida al presidente venezolano Nicolás Maduro. En el oficio, identificado con el número 021-18, los trabajadores le piden ayuda tal y como lo hicieron en el año 2007 con el entonces presidente Hugo Chávez, luego de que este planteara trasladar Alunasa a otro país, aduciendo razones geopolíticas tras recibir críticas a su gobierno por parte de su homólogo en Costa Rica, Oscar Arias. “La subsistencia de CVG Alunasa estaba en la cuerda floja”, recuerdan los trabajadores al referirse a aquella primera crisis, que diez años después se vería agravada con creces. 

“La constante falta de llegada del lingote de aluminio primario (principal materia prima, proveniente de Venezuela) desde el 2017 y sin ningún arribo de la misma en lo que va de todo el 2018 (enero-junio), hace que el panorama para CVG Alunasa sea de carácter urgente y de crisis para las 277 familias que actualmente dependemos de manera directa”, advirtieron los empleados en la carta enviada a Maduro en 2018.

En la misiva expusieron que a la falta de llegada de materia prima se inició un retraso de tres meses en el pago de salarios y de mayor tiempo en otros compromisos (ahorro patronal y laboral y cuota obrero patronal); cuentas por pagar, también, a proveedores nacionales e internacionales de maquinaria, equipos, insumos y materiales; deudas con entes como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); y una obsolescencia tecnológica tras tres años sin repotenciar los equipos, que carecían de mantenimiento. Los trabajadores describieron un panorama en el que la empresa parecía haber tocado fondo.

Pero las cosas no siempre fueron así. Constituida en 1978 y adquirida totalmente por el Estado venezolano en 1994, Alunasa tuvo un auge comercial tan importante que llegó a ser reconocida incluso por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer). La empresa –única de su género en Centroamérica y el Caribe, según dice en su página web– tenía la capacidad de fabricar más de 12.000 toneladas anuales de productos de aluminio terminados y semiterminados a partir de lingote primario. Los exportaba a Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa y el Caribe. Según informó en 2007 el exministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Marco Vinicio Ruiz, a la prensa local, Alunasa había aumentado sus exportaciones de 26 millones de dólares en 2000 a casi 47 millones de dólares en 2006.

No pasó mucho tiempo para que todo empezara a cambiar, tanto para Alunasa, en Costa Rica, como para otras empresas transformadoras en Venezuela: Aluminio de Carabobo (Alucasa), Cables Eléctricos de Aluminio (Cabelum) y todas aquellas que les anteceden en la cadena de producción del aluminio. 

“Esto ha sido un plan orquestado, inducido”, advierte Ángel Brito, dirigente sindical de Venezolana de Aluminios (Venalum), junto con Alcasa una de las principales reductoras de aluminio del Estado en Ciudad Guayana, sede de la industria pesada nacional. “En diciembre de 2009, Chávez da la instrucción de apagar 400 celdas de las 905 que nosotros tenemos en nuestra planta, producto de un racionamiento eléctrico nacional. Luego de eso, empiezan a incursionar una cantidad de administraciones corruptas, entre civiles y militares”, acotó. 

Los dirigentes sindicales de Alcasa coinciden con él. “A partir del 2000 todo se vino a pique (…) Empezó a caer la producción bárbaramente. Empezaron a salir celdas de servicio y lo que hacían era dejarlas así”, revela desde el anonimato uno de ellos. Temen revelar sus identidades por represalias que podrían padecer de la que denominan como una “mafia” del aluminio. 

Para principios de 2019, de acuerdo con Brito, en Venalum funcionaban entre 65 y 70 celdas, de las 905 instaladas. El apagón nacional de marzo de ese año terminó de acabar con las 59 que seguían funcionando para el momento, lo que dejó en cero la producción del año, de las 430.000 toneladas de aluminio que podría producir en su máxima capacidad. El deterioro, asegura Brito, es en todas sus áreas.

El caso de Alcasa es similar. Para principios de 2019, según los trabajadores, solo funcionaban 22 celdas de las 396 instaladas. El apagón de finales de marzo de ese año acabó con las 17 que resistieron hasta ese momento.  Ninguna está operativa hoy y, por ende, Alcasa tampoco está produciendo. Al año, podría llegar a producir unas 165.000 toneladas de aluminio.

Pero, aún si las celdas funcionaran, tendrían problemas con sus insumos. Bauxilum, la empresa del Estado venezolano que suministraba alúmina, la materia prima, hasta hace un par de años, produce a 2% de su capacidad instalada, según denuncias recientes de sus trabajadores. Brito asegura que “ni siquiera está extrayendo bauxita de las minas de Los Pijiguaos”, lo que obligó a Venalum y a Alcasa a importar la alúmina de países europeos o de la India.

“El parque industrial del sector aluminio en general está completamente deteriorado”, concluyó Brito. Todavía así, Alunasa recibió, el 3 de marzo de 2019, 1.200 toneladas de lingotes de aluminio supuestamente provenientes de la afectada Alcasa. Según los trabajadores de esta empresa, entre 2018 y 2019, Alcasa lo que procesó fue la chatarra, o el excedente de los cortes que tenía en el departamento de fundición. “Ya estaban haciendo limpieza en Alcasa. Lo único que le quedaba era chatarra. La fundieron y la sacaron para afuera”, dijeron, aunque sin precisar si fue esta producción la despachada a Costa Rica. 

Brito destaca, sin embargo, que el aluminio que produce Alcasa ya no sirve para las empresas transformadoras de la industria, Alunasa, Alucasa o Cabelum. “El aluminio de Alcasa lo venden para productos terminados que no necesitan ningún tipo de requerimiento o especificaciones técnicas importantes (…) La mezcla de aluminio en Alcasa lleva mucho porcentaje de hierro y no sirve para laminar porque se cuartea, no tiene el grado de flexibilidad que se requiere para hacer la lámina. Lo usan es para construir ollas, sartenes”, explica. 

Venalum, en cambio, produce aluminio primario de alta pureza (por encima de 99,8%). Brito cree que el envío que llegó a Alunasa en el primer trimestre de 2019 podría haber contenido lingotes de Venalum que pasaron a Alcasa. La pureza del aluminio reportada en los documentos de envío (entre 98,00% y 99,69%) jamás se correspondería con los reducidos estándares de Alcasa en las actuales condiciones. De hecho, en mejores tiempos lo máximo que llegaron a producir fue al 98% de pureza. Mientras que Venalum, con los desastres operativos, llegó a bajar un poco el porcentaje de pureza, por la adquisición de materias primas de mala calidad. 

Santos nuevos sin milagros

En cualquier caso, fue Metallik Ltd. la que recibió finalmente esos lingotes de aluminio, en Costa Rica. Esta empresa nació con un objeto social amplio, aunque no vinculado explícitamente con la manufactura y mercadeo de productos de aluminio, sino al “comercio en general, venta de inmuebles, bienes raíces, proyectos urbanísticos o residenciales de cualquier tipo y la lotificación”, se lee en la cuarta cláusula de su acta constitutiva, firmada el 10 de octubre de 2018. 

Según este documento, la compañía fue constituida por la empresaria argentino-venezolana, Silvana Korín, ahora de 49 años, y que en esa misma fecha fue nombrada gerente de la compañía participando en el acto “en su condición personal y como subgerente” de la también compañía costarricense Tropicking Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Korín, sin embargo, y según se puede evidenciar en el acta constitutiva, es una socia minoritaria de Metallik Ltd. De 120 acciones, ella tiene una. Tropicking Sociedad de Responsabilidad Limitada tiene las otras 119. 

Tropicking Sociedad de Responsabilidad Limitada, por su parte, nació tres años antes de que se creara Metallik, el 17 de diciembre de 2015, bajo la modalidad de formulario electrónico, en la que no se presenta un acta constitutiva. Su objeto social es, al igual que el de Metallik, impreciso: “Industria y comercio en general”. Pero por sus cargos gerenciales ha pasado el venezolano Luis Ángel Rincón de Vries, quien no es desconocido en la industria del aluminio.

Rincón de Vries está más asociado a Metallik de lo que pareciera en Costa Rica. Información del servicio de Dun & Bradstreet, disponible en la base de datos empresarial LexisNexis, muestra que el empresario venezolano de 56 años de edad es director y secretario de una empresa con el mismo nombre –Metallik Limitada LTD– registrada en Londres, Inglaterra, en febrero de 2019, para la compra-venta de bienes inmuebles propios. 

Aunque en esta área pareciera desarrollarse la actividad comercial de Luis Ángel Rincón de Vries con empresas también en los Estados Unidos y Venezuela, el negocio con el que más se le vincula es con el de transporte, a través de Clover Internacional C.A., una compañía con más de cinco décadas de experiencia en proveer servicios de transporte internacional. Comenzó como una empresa de mudanzas nacionales e internacionales, en 1964, que hoy asegura ser líder en la prestación de servicios profesionales de logística integrada y transporte internacional con oficinas en Venezuela, Estados Unidos, China, Brasil, Holanda y Panamá; además de tener aliados comerciales “en el mundo entero”, según se lee en su página Web. 

La mayoría de las acciones de Clover Internacional –92,7%– están en manos del Grupo Clover, C.A., que, según información del Registro Nacional de Constratistas (RNC), preside Luis Ángel Rincón de Vries. Allí tiene 20% de las acciones, al igual que sus cuatro hermanos. Los bienes muebles e inmuebles son el primer objeto social de esta empresa.

Pero entre sus clientes en Venezuela, según revela el RNC, destaca la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Los contratos con la petrolera venezolana se remontan al año 2000, cuando recién comenzaba a gobernar el chavismo en Venezuela. 

El 1º de marzo de 2005,  el portal Business News Americas, una herramienta digital de inteligencia de negocios, publicó una denuncia del entonces parlamentario venezolano del Movimiento Quinta República (MVR, el primer partido que fundó Hugo Chávez en 1997 y que se volvió el más votado en 1998, cuando este ganó las elecciones presidenciales), Jesús Alberto García, según la cual Pdvsa y Citgo, la corporación petrolera venezolana ubicada en los Estados Unidos, pagaban “demasiado” en los procesos de transporte con Clover. 

De acuerdo con información que suministró el otrora diputado venezolano, las compras que efectuó PDVSA Services pasaron de 300 millones de dólares en 2003 a 900 millones de dólares en 2004. El incremento, de 300%, se produjo pese a que no se registró un alza correspondiente a la producción de petróleo, según declaró entonces García a BNamericas y pocos días después reiteró al periódico matutino de Miami, El Nuevo Herald.  

Clover no es la única empresa del grupo familiar Rincón De Vries con vínculos con las petroleras venezolanas. Entre los clientes de Teknik Trading, registrada por el núcleo familiar en el estado de la Florida, de los Estados Unidos, como una empresa que “localiza, compra, consolida, embala y entrega cualquier cosa a cualquier parte del mundo”, destaca Citgo, según exhibe en su página Web. 

Pero la relación del empresario Luis Ángel Rincón de Vries con la industria petrolera todavía es más amplia. De acuerdo con reportes del servicio Dun & Bradstreet, De Vries es director de la empresa Frack International Limited, registrada en Inglaterra en diciembre de 2018, para apoyar actividades de extracción de petróleo y gas natural. Pocos meses antes, en octubre de ese año, se disolvió en este país la empresa Clover Oil & Gas, que también dirigía. 

Un dato curioso que se desprende de los hallazgos para esta investigación del Investigative Dashboard del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), es que las dos empresas que posee Luis Ángel Rincón de Vries en el Reino Unido –Metallik Limitada LTD y Frack International Limited– fueron creadas inicialmente por un hombre llamado Sami William Frederic, quien a los pocos días de haberlas conformado vendió a De Vries la totalidad de las acciones.

Crónica de un colapso

Para marzo de 2018 comenzaba a ser evidente que algo andaba mal en Alunasa. A mediados de ese mes las autoridades costarricenses solicitaron una reunión con el entonces embajador venezolano, Jesús Javier Arias Fuenmayor, hijo del exgobernador oficialista Francisco Arias Cárdenas, con el fin de conocer su posición sobre “ciertas irregularidades” relacionadas con la empresa. 

Específicamente, según consta en un informe confidencial que elaboró posteriormente la misión diplomática y al que tuvo acceso Armando.Info, tres importantes funcionarios del gobierno costarricense demandaban conocer qué “inconveniente” tenía Alunasa en su actividad productiva. La estatal venezolana había detenido su planta por falta de materia prima desde finales de 2017, lo que provocó el retraso en los pagos a proveedores y colaboradores. 

Durante el encuentro, los representantes del gobierno de Costa Rica manifestaron su preocupación por el impacto económico y social que esto podía tener, sobre todo en Esparza, el cantón del occidente de Costa Rica en el que se ubica la fábrica de productos terminados y semiterminados de aluminio. Con 400 trabajadores, CVG Alunasa se había convertido en la principal fuente de empleo de la zona y además, entre sus certificaciones y premios, exhibía con orgullo un largo historial en actividades de responsabilidad social empresarial.

Pero para el momento de la reunión entre las autoridades costarricenses y el embajador venezolano la apreciación había cambiado mucho. De acuerdo con lo que revelaron los funcionarios, los trabajadores habían comenzado a introducir denuncias individuales ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de su país. Advirtieron que no solo Alunasa venía negociando “de manera unilateral e ilegal” el salario de los empleados para rebajarlos al mínimo; sino que había dejado de cumplir con pagos obligatorios a la Caja Costarricense del Seguro Social, con lo que incurría en otra ilegalidad. 

Según lo que quedó plasmado en la minuta del encuentro, los funcionarios costarricences habían intentado, sin éxito, establecer canales de comunicación con la directiva de Alunasa. Pero documentos posteriores revelarían que no eran los únicos desatendidos. En un memorándum identificado con el número 0073, del 10 de abril de 2018, el embajador Arias Fuenmayor advirtió al entonces viceministro venezolano para América Latina y El Caribe, Alexander Yánez, que “en reiteradas veces” había intentado comunicarse con el entonces presidente de CVG Alunasa, el general de división Noel Martínez Rivero –conocido como Guasipati–, pero que no había sido posible, “salvo en muy pocas oportunidades vía WhatsApp”. 

Para la fecha de este segundo documento, el tema de Alunasa se había vuelto “altamente mediático” en Costa Rica. La prensa informaba de un traspaso de la empresa a bancos costarricenses por deudas contraídas por tres millones de dólares. “A pesar de solicitar información al general Noel Martínez sobre el préstamo solicitado por dicha empresa a bancos privados de este país, no he recibido respuesta alguna sobre los pormenores y me preocupa ya que es un tema que involucra bienes del Estado venezolano”, advertía Arias, al tiempo que manifestaba la preocupación de recibir demandas y que la empresa fuera desmantelada “para cumplir con dicha obligación”. 

Dos días después de que Arias envió dicha carta a Venezuela, hubo una aparente mejora en la situación. Una representación de los trabajadores de Alunasa afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) firmó un acta conciliatoria con cuatro miembros de la administración de Alunasa y funcionarios del MTSS. En el documento acordaban que la empresa reiniciaría sus actividades el 26 de ese mes y que intentaría mantener a toda su fuerza laboral, entre otras cosas en relación con los pagos, retenciones salariales y sociales, mejoramiento del ambiente y clima organizacional. “Las partes acuerdan que no habrá ningún tipo de represalias”, decían en el último punto. 

El nombre de Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, es el primero que aparece en una lista de 20 que firman el acta. Sin embargo, pocos días después, el 14 de mayo, Vargas Barrantes acudió a un “desayuno privado” en la embajada de Venezuela, en San José, donde manifestó a Arias que Alunasa había discriminado a los trabajadores de Alunasa afiliados a la ANEP, y que los había coaccionado a renunciar para ser reenganchados en la empresa. 

Vargas Barrantes advirtió que tomarían medidas y en un memorando identificado con el número 0095 Arias transmitió su preocupación por la situación, esta vez directamente al canciller venezolano Jorge Arreaza, con quien se rumora tiene desavenencias: “He pedido al consultor jurídico de la empresa CVG Alunasa, señor Carlos Peña, viajar a San José con el propósito de conversar con él sobre el tema, ya que a nuestro juicio debe darse un manejo apropiado tanto político como legal, con el fin de no lesionar a la clase trabajadora y no darle herramientas a la derecha mediática de utilizar elementos de confrontación jurídica para atacar a nuestro gobierno y principalmente a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros”.

Una fachada plateada

Pero pronto los trabajadores dejaron de ser el foco de atención. El 18 de mayo, cuatro días después del encuentro de Arias con Vargas Barrantes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un boletín de prensa en el que informaba que el segundo hombre más importante del chavismo, Diosdado Cabello, había sido incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), junto a su hermano, José David, su esposa Marleny Contreras, y su testaferro, Rafael Sarría.

“Desde diciembre de 2016, funcionarios venezolanos han utilizado la estatal Venezolana de Aluminios (Venalum) y Alunasa para lavar dinero hacia Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum y otros individuos que manejan la compañía traficaron droga y lavaron dinero, y utilizaron Venalum como fachada para estas operaciones”, advierten en el comunicado de prensa, en el que además aseguran que bajo la dirección del general Francisco Rangel Gómez, ex presidente de CVG y ex gobernador del estado Bolívar, Venalum usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sucursal de Alunasa. “Cabello instruyó a militares venezolanos ubicar algunos trabajadores en Costa Rica para vigilar la operación”, acotaron. 

Los bancos costarricenses tomaron medidas de seguridad ante la alerta. El Banco Nacional de Costa Rica fue uno de ellos y decidió cerrar cuatro cuentas que Alunasa tenía allí y dos inscritas a nombre del general Martínez; además, tomó la “decisión gerencial” de cesar toda relación comercial con Alunasa.  

La preocupación llegó a Caracas, desde donde se instruyó a la misión diplomática en Costa Rica solucionar la situación. El 11 de junio, el aplicado Arias envió una nueva carta a Venezuela, identificada con el número 00104, para notificar de los avances.  Aunque buscó apoyo en varios actores de la política costarricense, seguía sin poder reunirse con el general Martínez, de Alunasa, quien no se encontraba en Costa Rica para el momento.

Las cosas pronto se complicarían más. El 19 de junio, desde Esparza, los trabajadores de Alunasa afiliados a la Anep recurrirían al mismísimo Maduro, a través de una misiva, para solicitar su intermediación en la atención a tres peticiones: el pago de los salarios atrasados de tres meses y los venideros; el pago a proveedores de servicios de salud y electricidad de Estado costarricense; y el pago a la banca de ese país y a proveedores nacionales e  internacionales, así como la inversión en equipos de la planta industrial y la reactivación de operaciones mediante el suministro de materia prima e insumos. 

Un mes después, el Juzgado de Trabajo de la provincia de Puntarenas dictó las 116 resoluciones de embargo preventivo sobre bienes de la compañía, mientras se resolvían las demandas por salarios y prestaciones laborales no pagados.

En el limbo

El 17 de octubre de 2018, el entonces ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, removió al general Martínez Rivero de la presidencia de Alunasa y designó en su lugar a Pablo Turmero Astros. El ingeniero, de 55 años de edad, aparece en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como empleado activo de Alcasa y en su perfil de la red social de LinkedIn aún aparece como Superintendente de Calidad y Procesos en la reductora venezolana. No es el único miembro de su familia vinculado con la industria del aluminio nacional. Su hermana, Leslie Esther, desempeñó cargos en Alcasa, luego en el Centro de Producción de Rines de Aluminio (Rialca), en Alucasa y en Bauxilum, donde fue presidenta. Sin embargo, de acuerdo con su ficha del IVSS, sigue siendo también empleada activa de Alcasa. 

Entre los gerentes de Pablo Turmero Astros en Alunasa destacan otros funcionarios activos del Estado venezolano. Tal es el caso de Ana Lorena Domínguez Materán, gerente de Administración y Finanzas de Alunasa, quien según su ficha del IVSS es empleada activa del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat); y Doreen Dalas Huggins, gerente de la sucursal de San José de Costa Rica, quien según el IVSS es empleada activa del Ministerio de Comercio Nacional. 

Pero ni con esas conexiones, ni con las idas y venidas de Venezuela a Costa Rica, según consta en movimientos migratorios a los que tuvo acceso Armando.Info, la nueva directiva logró mejoras en Alunasa.

El cambio de Martínez Rivero se dio casi en simultáneo con el del embajador Arias Fuenmayor, por sus presuntas desavenencias con Arreaza. Mediante la resolución Nº 314, del 22 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.521, se designó a Norma Mercedes Borges Rengifo como encargada de negocios ad hoc, aunque ella se hacía llamar “embajadora”.

La minuta de un encuentro entre Borges Rengifo y Turmero Astros, a principios de 2019, revelaría que, por los problemas financieros y jurídicos, Alunasa fue conducida a utilizar la figura de “fiduciaria”, y que Metallik es la empresa que la “administra”.

El documento, del 23 de enero de 2019 –el mismo día que Juan Guaidó se juramentó presidente encargado de Venezuela, en Caracas–, identificado con el número 003/2019, y al que Armando.Info tuvo acceso, revela otros detalles de un encuentro entre funcionarios de la embajada y representantes de Alunasa, “a fin de estrechar lazos de hermandad y establecer una agenda de trabajo conjunta”.

De hecho, muestran que Borges Rengifo, quien venía de ser embajadora en la República Democrática del Congo y en Benín, pretendió llevar las operaciones de Alunasa al continente africano. Según un reporte de Africa Mining Intelligence, publicado el 28 de julio de 2017, ya Borges Rengifo había intercedido antes para que este país participara en operaciones de minería en Venezuela, específicamente relacionadas con coltán y diamantes.

Este año, desde Costa Rica, y según se lee en la minuta de la reunión de enero de 2019, Borges Rengifo propuso instalar una planta de CVG Alunasa en el Congo, que empresarios congoleños invirtieran en la empresa venezolana y que se comprara chatarra en ese país africano, para ser procesada en Alunasa.

En marzo de 2019, pocos días después de que arribara el envío de Alcasa a Costa Rica, el diputado opositor venezolano, Julio Montoya, aseguró que la empresa estaba en riesgo de ser declarada en quiebra. Aseguró que, para la fecha, tenía 38 embargos de vehículos, 21 demandas sobre propiedades en la Zona Franca de Costa Rica, 40 demandas sobre cuentas bancarias y 77 sobre maquinarias y advirtió que pretendían venderla en apenas 8 millones de dólares, cuando su valor, aseguró, era de 100 millones de dólares. 

El también parlamentario venezolano, Américo De Grazia, aseguró poco después que el exgobernador del estado Bolívar, el simpatizante del oficialismo Francisco Rangel Gómez, era quien pretendía comprarla a ese precio. Más recientemente De Grazia reveló a Armando.Info que Rangel Gómez no era el único interesado. 

La venta de Alunasa, sin embargo, no se concretó. “Tanto la denuncia oportuna como la situación que se ha venido generando contribuyeron a frenar esa estafa o venta nerviosa”, aseguró De Grazia.  Ciertamente, las cosas cambiaron un poco este año, tras la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, al argumentar una usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. En agosto de 2019, Guaidó designó una junta administradora ad hoc de la CVG, con la intención, entre otras, de proteger los activos de las empresas filiales en el exterior, entre ellas Alunasa. 

Por solicitud del ingeniero Turmero Astros, se le envió un cuestionario electrónico a principios de diciembre de 2019 para esclarecer estos y otros asuntos, pero para el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta. Tampoco se obtuvo respuesta a la solicitud de entrevista enviada a mediados de noviembre a Rincón de Vries, para conocer detalles de su participación en esta operación. 

En 2007, cuando ocurrió el impasse con el expresidente Oscar Arias, Chávez prometió a los trabajadores de Alunasa que mientras existiera un gobierno socialista en Venezuela, Alunasa no cerraría sus puertas. Casi 13 años después, quedó demostrado que Maduro y sus secuaces no pudieron mantener su promesa. 

Ocho meses antes, el 19 de diciembre de 2012, el entonces viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Interior y Justicia, el mayor general Hugo Carvajal Barrios –su nombre está registrado en la llamada Lista Clinton, en la que el Departamento del Tesoro estadounidense incluye a los presuntos líderes del narcotráfico a los que ha hecho objeto de sanciones financieras–, solicitó al Ministerio Público la apertura de una investigación sobre dos desembolsos irregulares de recursos provenientes del Fondo Chino-Venezolano, emitidos por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Uno de ellos por 22 millones de dólares a la compañía Kelora S. A. y otro por 62 millones de dólares a la empresa Bismarck Consorcio Trading Corp, ambas registradas en Suiza.

César Augusto Romero, Dubravka Dojc (su mamá), Lea Dojc (su hermana) y él fueron imputados como presuntos coautores de los delitos de estafa agravada, obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir, como directivos de la Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial (Cavemin), cuya filial suiza –de igual nombre– habría recibido los fondos públicos enviados a una de esas dos empresas, señaladas como “fantasmas” por la justicia venezolana. Todos fueron detenidos en 2013 por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en distintas partes del Área Metropolitana de Caracas, a excepción de Dan Dojc, quien está residenciado en Costa Rica junto a su esposa. Fue detenido en ese país el 19 de diciembre de 2014 (exactamente dos años después del inicio de las pesquisas) en el Centro de Atención Institucional de San Sebastián. Pero quedó liberado tras seis meses de reclusión y debe ser indemnizado por el Estado costarricense.

Caso paralizado

El Fondo Chino-Venezolano fue creado en 2008, con un monto de 6.000 millones de dólares entre el Bandes y el Banco de Desarrollo Chino (BCD). El Ministerio de Finanzas y la presidencia del Bandes recaían entonces en Rafael Isea, exmilitar hoy señalado por presuntos casos de corrupción durante su gestión como gobernador de Aragua –estado ubicado al centro-norte del país, de relevancia económica en términos de producción agrícola y manufacturera– y solicitado por el Estado venezolano a través de la Policía Internacional (Interpol). Este fondo nació para dar prioridad a los sectores estratégicos de la economía venezolana mediante proyectos de desarrollo socio-económico.

Los 84,9 millones de dólares perdidos en 2012 estaban destinados a la compra de maquinaria agrícola para la empresa estatal CVA Pedro Camejo –de mecanización agrícola, transporte, maquinaria pesada, servicio técnico y capacitación–, en el marco del Plan Bienal de Producción de Alimentos 2011-2012. Con una meta de 2.000 tractores para ese año, esta empresa adscrita a la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval) sólo ensambló 198 en 2010 y 148 en 2012, según los informes de gestión del Ministerio de Agricultura y Tierras, mientras que en 2011 no hubo reportes de tractores ensamblados.

La proveedora de los equipos agrícolas, de acuerdo con lo estipulado al comienzo de la operación, sería la empresa argentina Pauny S. A., pero, según las indagaciones, las carpetas de su contratación fueron clonadas de manera fraudulenta para favorecer a las compañías suizas, que no figuraban entre las empresas registradas para estos convenios. La entonces vicepresidenta de Finanzas del Bandes (banco que administra el Fondo Chino), María de los Ángeles González, autorizó el desembolso de los recursos. Y no sería el único trámite irregular de su parte: fue detenida el 3 de agosto de 2013 por el FBI en Miami, demandada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, Securities Exchange Commission) por recibir sobornos de corredores de bolsa estadounidenses a cambio de operaciones bursátiles –de compra y venta fraudulenta de bonos– desfavorables para el Bandes. González y tres corredores de bolsa de la firma Direct Access Partners se declararon culpables ante la justicia norteamericana.

En Venezuela, ese mismo año, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó sobre trece órdenes de aprehensión por el defalco al Fondo Chino-Venezolano, que derivaron en la detención de ocho personas: cuatro funcionarios del Bandes –el gerente ejecutivo, Pablo González Hernández, el coordinador legal, César Cortizo Ospino, el analista operacional, Javier Fernández González, y la analista en coordinación legal, María Dona García– y cuatro miembros de la compañía Cavemin –César Augusto Romero, Drubravka Dojc, Lea Dojc y Roberto Pfeffer Almeida–. La fiscal nacional 23° contra la Legitimación de Capitales, Delitos Económicos y Financieros, Marvila Araujo; la fiscal nacional 84° Penal y Aduanera, Dizlery Cordero; y el fiscal nacional 26° Contra la Corrupción, José Miguel Medina, quedaron a cargo del caso.

En menos de 30 días, los fiscales acusaron a González Hernández del presunto delito de peculado doloso propio en calidad de coautor; a los funcionarios Cortizo, Fernández González, Dona García y Ángel Daniel Dávila Briceño (ex analista de la Gerencia de Operaciones del Bandes) como presuntos coautores del delito de peculado doloso impropio; y a los miembros de Cavemin –a excepción de Romero– por presunto forjamiento y uso de documento público en grado de coautoría y cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, de acuerdo con los reportes del Ministerio Público. Sólo seis de ellos quedaron privados de libertad porque Dona García y Dubravka Dojc obtuvieron medidas cautelares, la primera porque amamantaba en ese momento y la segunda por enfermedad.

Transcurrían entonces los primeros meses de gobierno de Nicolás Maduro, quien emprendía una campaña de lucha contra la corrupción como una de sus principales banderas. “Aquí no hay intocables. Caiga quien caiga”, decía. Pero después el proceso se ha ralentizado.

En mayo de 2014 –nueve meses después– los fiscales ratificaron las acusaciones. En julio fue detenido Javier Elías Briceño Scott (ex gerente de operaciones del Fondo Chino-Venezolano) en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México por la Interpol y se convirtió en la novena persona acusada por el desfalco. Ese mes, la Interpol también detuvo a Hugo Rigel Hersen Marín en Madrid, España, y la fiscal Ortega Díaz afirmó entonces el cumplimento de los trámites para su extradición. Declaró que esperaba respuesta del gobierno español, pero hasta la fecha no hay anuncios sobre los avances del proceso.

Dan Dojc fue la última persona detenida por el desfalco.

Extradición frustrada

La justicia venezolana vinculó al ciudadano croata-venezolano con la estafa al Fondo Chino-Venezolano a partir de entrevistas efectuadas a trabajadores del fondo y de la CVA Pedro Camejo, así como también de un reporte financiero que registra el desembolso de 22,9 millones de dólares a la empresa Kelora C. A., transferidos a una cuenta en Suiza que beneficia a la compañía Cavemin, inscrita en la ciudad de Basilea, al norte del país europeo.

Dan Dojc aparece como uno de los representantes legales de Cavemin-Suiza junto a su padre Dragan Dojc, Peter Lorant, Willy Spinnler y Werner Meier, según una parte del expediente 2014-438 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Otra parte del mismo documento, sin embargo, expone a Dragan Dojc, Dubravka Dojc y César Romero como los representantes legales de Cavemin-Suiza. Dan Dojc –cuya condición de representante legal, entonces, no queda clara en el informe judicial– es señalado en el expediente, además, como propietario de Cavemin junto a sus padres y, por ende, como receptor de los fondos pagados a Kelora C. A.

El TSJ solicitó la captura inmediata de Dan Dojc en julio de 2013, así como el bloqueo e inmovilización de sus cuentas y bienes. Pasó más de un año para encontrarlo: la Oficina Central Nacional de la Interpol en San José de Costa Rica informó en octubre de 2014 sobre el paradero de Dojc en ese país, cuando este realizaba trámites de nacionalización a partir de su matrimonio con una ciudadana costarricense. El Estado venezolano formalizó la solicitud de extradición para su detención –dado que en Costa Rica no basta una alerta roja de Interpol para efectuar la captura–, pero el sistema de justicia costarricense la rechazó este año. Aunque el 18 de marzo de 2015 la extradición fue aprobada por el Tribunal Penal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de San José, la esposa de Dan Dojc, María Alexandra Gamboa Van Der Laat, introdujo un recurso de Habeas Corpus para detener el proceso: alegó falta de pruebas y ausencia de condiciones carcelarias mínimas en Venezuela para la garantía de los derechos fundamentales de su pareja, y el caso fue tomado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica.

“La Sala Constitucional interviene sólo sobre la privación de libertad y el sustento probatorio que da a lugar a esa privación (...) Nos pareció que no había elementos de prueba directos que vincularan las imputaciones al ciudadano con los tipos delictivos que se le atribuían”, afirmó a Armando.info el magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, Fernando Cruz Castro, uno de los encargados de evaluar la solicitud de extradición. El expediente 15-008391-0007-CO expone fallas de la jurisdicción ordinaria costarricense –que había aprobado inicialmente la extradición– en el proceso de verificación de pruebas, que de acuerdo a la Sala Constitucional resultan insuficientes para vincular a Dojc con los delitos relacionados al desfalco del Fondo Chino-Venezolano.

El magistrado Cruz Castro, además, incluyó en la sentencia una serie de consideraciones adicionales para sustentar la decisión, referentes a las deficiencias del sistema de justicia venezolano, como debilidades de la independencia de la judicatura a causa de designaciones y destituciones irregulares. “Jueces provisionales, fiscales provisionales, sometidos a la dirección y nombramiento de una autoridad política pueden convertirse en delegados del poder (...) En esas condiciones, el proceso de extradición posee vicios esenciales de orden jurídico político”, expone la nota de Cruz Castro. Los otros magistrados Jinesta Lobo, Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López y Salazar Alvarado, también redactaron una nota crítica al juzgado venezolano respecto a fallas en la protección de la libertad personal, e hicieron alusión a los casos de la jueza María Lourdes Afiuni –detenida y sometida a un proceso penal irregular bajo órdenes del presidente Hugo Chávez en cadena nacional de radio y televisión– y del ex magistrado, Eladio Aponte Aponte –que hizo declaraciones polémicas sobre los vicios y arbitrariedades de la justicia venezolana–.

“En el proceso de extradición no se aportó prueba ni indicio comprobado de que la persona requerida ha cometido delito en el país requerido. La omisión en sí misma es grave y suficiente para rechazar el pedido de extradición, pero lo es aún más cuando el país requirente ha sido cuestionado reiteradamente por carecer de las garantías mínimas de un sistema de justicia objetivo e imparcial”, reza la sentencia, según la cual el Estado venezolano no aportó copia de alguna prueba sobre el cargo de Dojc en Cavemin para el momento de los hechos delictivos, como tampoco sobre su participación en los mismos. “No es común [negar una extradición], puede ocurrir, pero no es común”, dice el magistrado Cruz Castro.

El magistrado Cruz Castro, además, incluyó en la sentencia una serie de consideraciones adicionales para sustentar la decisión, referentes a las deficiencias del sistema de justicia venezolano, como debilidades de la independencia de la judicatura a causa de designaciones y destituciones irregulares. “Jueces provisionales, fiscales provisionales, sometidos a la dirección y nombramiento de una autoridad política pueden convertirse en delegados del poder (...) En esas condiciones, el proceso de extradición posee vicios esenciales de orden jurídico político”, expone la nota de Cruz Castro. Los otros magistrados Jinesta Lobo, Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López y Salazar Alvarado, también redactaron una nota crítica al juzgado venezolano respecto a fallas en la protección de la libertad personal, e hicieron alusión a los casos de la jueza María Lourdes Afiuni –detenida y sometida a un proceso penal irregular bajo órdenes del presidente Hugo Chávez en cadena nacional de radio y televisión– y del ex magistrado, Eladio Aponte Aponte –que hizo declaraciones polémicas sobre los vicios y arbitrariedades de la justicia venezolana–.

“En el proceso de extradición no se aportó prueba ni indicio comprobado de que la persona requerida ha cometido delito en el país requerido. La omisión en sí misma es grave y suficiente para rechazar el pedido de extradición, pero lo es aún más cuando el país requirente ha sido cuestionado reiteradamente por carecer de las garantías mínimas de un sistema de justicia objetivo e imparcial”, reza la sentencia, según la cual el Estado venezolano no aportó copia de alguna prueba sobre el cargo de Dojc en Cavemin para el momento de los hechos delictivos, como tampoco sobre su participación en los mismos. “No es común [negar una extradición], puede ocurrir, pero no es común”, dice el magistrado Cruz Castro.

Fin del negocio familiar

La familia Dojc figura en eventos de asociaciones religiosas, reseñados en antiguas revistas de la comunidad judía en Venezuela –a la que pertenece–, así como también en sociedades empresariales, con al menos seis compañías inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) del Estado venezolano: MakDojc Arquitectos (2010), Cavemin (1983), Industrias Korzel-Inkorzelca (1998), Inversiones Dobeva (2001), Grupo de Ingeniería ICC (2008) e Incime Ingenieros Civiles y Mecánicos (1998). Las dos últimas están inactivas desde más de cinco años, según Raúl Gouveia, representante y accionista de 50% de las acciones de Incime Ingenieros Civiles y Mecánicos, junto con Druvbaska Dojc, propietaria del 50% restante.

Aunque no tiene acciones ni cargos directivos en Grupo de Ingeniería ICC, Gouviea fue quien atendió al número de contacto de esta compañía. “En su momento estas empresas trabajaron, pero las sociedades se dispersaron. Yo perdí el contacto con esa gente [la familia Dojc] desde 2008 (...) Nos separamos por diferencias sobre cómo manejar las empresas”, explica. Ambas compañías son las únicas de este grupo en las que figura Dan Dojc: en una como director y accionista, y en la otra sólo como director suplente de su madre. También aparece en bases de datos empresariales como presidente de Cavemin de Costa Rica –compañía que inscribió en 2009 con Ana Cristina Van Der Laat Ulloa– y como socio de la empresa suiza Tarago Trading, junto al croata Willy Spinnler y el venezolano Roberto Pfeffer Almeida, uno de los detenidos en 2013.

Miguel Ángel del Valle Seijas, representante y accionista de Industrias Korzel y de Inversiones Dobeva afirma que estas compañías tampoco están en funcionamiento. “Quebraron hace más de diez años”, afirma. Es amigo de la familia y cuenta que Dragan Dojc, el papá de Dan Dojc y Lea Dojc, era quien administraba los negocios de la familia: figura como director de Inversiones Dobeva y de Industrias Korzel, y como presidente de Cavemin. “Yo sé bien la historia. Ellos se quedaron con Cavemin, el señor y la señora, y el que se encargaba de manejar los negocios era Dragan. Él murió de cáncer unos meses antes de la denuncia, ese mismo año”, explica. Los expedientes judiciales no precisan la fecha de defunción de Dragan Dojc, pero sí lo identifican como fallecido.

Lea Dojc obtuvo una medida cautelar con régimen de presentación y prohibición de salida del país en noviembre de 2014, de acuerdo con la causa N° 3647-14 de la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. “Tendría que consultarlo... No, no. Lamentablemente no tengo información”, dijo vía telefónica y colgó. Seijas dice que fue exonerada de todos los cargos y cree que la madre cumple casa por cárcel. “Yo sí puedo decirte que Dan Dojc es un muchacho sano, estudioso, no tiene nada que ver con las cosas que hizo el padre”, afirma. Ni Dojc, ni su esposa contestaron a las solicitudes de entrevista enviadas por correo electrónico. Mientras esperan el pago del Estado costarricense por daños y perjuicios –ordenado en la sentencia-, se desconoce alguna respuesta oficial o nuevo intento de parte del Estado venezolano ante la frustrada extradición.