La noche del 28 de abril de 2018, en el restaurante Montes SC, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, se sentaron a la mesa Karla Stefanie Romero Quintero, Danny Wualid Hamdan Vera, Cristian Orlando González Romero y Manuel Salvador Parra Ramírez. 

Para cada uno de los presentes la ocasión tenía un significado distinto. Para Karla Romero era el final de una relación con Parra Ramírez que, esperaba, pasaría a ser una simple amistad. Danny Handam la interpretó, en cambio, como una velada con su prima Karla y su jefe, el propio Parra Ramírez. Cristian González la tenía por una invitación cordial del novio de su tía Karla. Y para Parra Ramírez fue el umbral de un crimen.

“Cuando Karla vuelve a la casa [esa noche], me dice que hubo algo raro”, recuerda al teléfono su hermana, Luz del Mar Romero, desde la distancia que ofrecen su exilio en Estados Unidos y los ocho años transcurridos desde el asesinato de Karla.  

“Un mesero se acercó y le dijo a Manuel que si él iba a pagar la cuenta de la mesa que estaba cerca, con dos personas”, dice la hoy exiliada que su hermana le comentó esa noche en la que el verdadero final empezó. Pero Karla Romero, entonces estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Católica del Táchira, pronto abandonó la suspicacia frente a ese detalle para aceptar la explicación que le dio su, hasta entonces, amigo íntimo, Manuel Parra Ramírez, Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en 2018: que aquellos hombres formaban parte de su escolta de rigor. 

La cena —cuyas escenas el reportero de esta historia pudo reconstruir a partir de testimonios de una fuente viva y de testigos citados en tribunales— había servido a manera de una despedida que Karla Romero y Manuel Parra Ramírez pactaron. Se habían enredado en una relación desde un año antes, pero él tenía esposa; ella tenía novio. Karla Romero quiso cortar con Parra. Este no solo accedió, sino que, en un gesto de gallardía, la invitó a comer con sus familiares. Todo transcurrió en paz y con normalidad durante la velada en el Montes SC, si se deja de lado la presencia de los dos hombres, en la que Romero solo reparó por la pregunta del mesonero.

“Yo le dije a Karla que no podían ser escoltas, porque los escoltas están con las personas siempre y no llegan antes [que sus escoltados]”, sigue por teléfono Luz del Mar Romero, a quien Parra también invitó a la cena, invitación que prefirió no atender por una razón sencilla: el militar nunca le cayó bien, asegura.

Menos de dos semanas después, Karla Romero estaba muerta. 

Murió asesinada de tres balazos, uno en la espalda y dos en la cabeza, al mediodía del miércoles 9 de mayo de 2018, en la urbanización Pirineos III de San Cristóbal. Las investigaciones posteriores demostraron, como quedó registrado en el expediente del caso que revisó Armando.info para esta historia, que los dos hombres de la mesa contigua eran Ledynsson Berkley Becerra Castillo, sargento de la GNB, y un viejo amigo de éste, Wilfrid Andrés Tovar Landetta. La noche de la cena, de acuerdo con lo que describieron testigos a los que el expediente cita, no estaban acompañando a Parra Ramírez como escoltas, sino que estaban precisando los rasgos de Karla Romero para describirla después a los sicarios que debían matarla. Meses después, Becerra Castillo y Parra Ramírez quedarían imputados como “cooperadores inmediatos del feminicidio agravado” de Karla Romero.

Pese a varias citaciones a declarar y de ser objeto de una orden de aprehensión por este caso, Manuel Salvador Parra Ramírez no solo no fue detenido, sino que siguió ascendiendo en la jerarquía castrense chavista. Aún después del suceso, al que la prensa cubrió y que la familia Romero se esforzó en dar a conocer con protestas ante los tribunales, Nicolás Maduro le confirió en 2020 el grado de teniente coronel para incorporarlo a su anillo de seguridad en la Guardia de Honor Presidencial, un organismo en el que había estado, previamente, en 2011. Y luego, en 2022, quedó designado como presidente de PDV Marina, la filial de la petrolera estatal Pdvsa a cargo de su flota de tanqueros.

En este último destino burocrático, Parra Ramírez quedó expuesto a tentaciones aún mayores para cometer irregularidades. En 2024 fue puesto en prisión por las redadas que las autoridades del gobierno de Maduro iniciaron con las investigaciones del llamado Caso Pdvsa-Cripto. Pero su buena estrella, quizás encarnada en buenas influencias, acaba de manifestarse de nuevo: en febrero de 2026, un mes después de la operación comando estadounidense en Fuerte Tiuna por la que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, quedó libre mediante una medida sustitutiva de libertad que cumple hasta hoy en día, sin dejar de asistir al juicio que se le sigue por el desfalco, cuyas audiencias orales se iniciaron el reciente 20 de abril en Caracas, a cargo de la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo. 

Camuflaje efectivo pero con fecha de expiración

Si bien es cierto que la carrera de Parra Ramírez se catapultó desde los cuarteles hasta llegar a la industria petrolera, habrá que matizar este hecho con una salvedad: el impulso para esa trayectoria vino menos de sus propios méritos que de la influencia de un primer mentor, Antonio José Pérez Suárez, este un oficial del Ejército.

Con el rango de coronel y a sus 44 años de edad, Pérez Suárez se convirtió en Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, un despacho clave, encargado de aprobar las ventas, exportaciones y los contratos a largo plazo de la compañía. De ese puesto gerencial no saldría sino directo a la cárcel en marzo de 2023, arrestado por la Operación Caiga quien Caiga, con la que el régimen chavista purgó a los implicados en la trama de corrupción en la petrolera estatal, todavía bajo la administración de Nicolás Maduro. 

Pero Pérez Suárez ya campeaba en la burocracia de las empresas estatales años antes de esa razzia. Por ejemplo, en 2016 asumió como Presidente de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A. y enseguida insertó su propio entorno en el tren gerencial. En el séquito venía Manuel Parra Ramírez, el futuro feminicida, que pasó a ocupar la vicepresidencia de Venezuela Productiva. La mancuerna seguiría en acción a partir de entonces.

“Cuando estaba en la Guardia Presidencial fue designado en Pdvsa”, recuerda, en conversación con Armando.info, Ulbano Miguel García, abogado de la familia de la agraviada en el feminicidio de Karla Romero. Alude al nombramiento de Parra Ramírez en la presidencia de PDV Marina. Allí llegó a instancias de Pérez Suárez, quien ya le había dado otro voto de confianza al designarlo, en 2021, encargado del despacho de la Vicepresidencia de Comercio y Suministros. Pero con el cargo no cesaron los reconocimientos oficiales para Parra. Ese año, obtuvo el grado de teniente coronel por orden de Nicolás Maduro. La estrella de Parra Ramírez refulgía en 2020.

Luego instalado en PDV Marina, en 2022, cuando tomaba cuerpo el desfalco a Pdvsa mediante cargamentos que la petrolera, para evadir las sanciones internacionales, confiaba en consignación a traders improvisados que o no reembolsaban los ingresos de su comercialización o solo lo hacían parcialmente, Parra Ramírez ya decidía qué pasaba con los buques de la compañía.

Lo sorprendente fue que siguió desempeñando esas funciones todavía después de que su mentor, Antonio Pérez Suárez, cayera en prisión en 2023. El turno para su detención le tocó a Parra Ramírez el 11 de mayo de 2024. 

De acuerdo con la investigación administrativa, identificada como GNB-CG-IG-DE: 015-24, y al que se tuvo acceso para esta cobertura periodística, a Parra Ramírez también le abrieron un procedimiento disciplinario ordinario por “delito asociado a corrupción y delincuencia organizada”.  

La narración de hechos, que también se revisó durante la reportería, detalla que el 11 de mayo de ese año, una comisión de cuatro funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), encabezada por la primera teniente Ivana Escalona, detuvo a Parra Ramírez en la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Coronel Martín Bastidas Torres, en Los Teques, estado Miranda. Se le trasladó entonces a la sede del organismo en Boleíta Norte, en Caracas.

Impotencia ante la injusticia

A través de fuentes tribunalicias, Armando.info pudo corroborar que Parra Ramírez quedó en libertad a comienzos de 2026 por una medida cautelar, y continúa asistiendo a las audiencias del juicio de Pdvsa-Cripto.

Otros documentos revisados a la vez permiten conocer que Parra Ramírez no había sido desincorporado de las Fuerzas Armadas en 2025, cuando todavía permanecía activo y percibía su sueldo como oficial de la GNB. De hecho, ha acudido al juicio de Pdvsa-Cripto vestido con el uniforme militar como funcionario activo.

Para el abogado Ulbano Miguel García, la salida de Parra Ramírez de la prisión es indicio de un padrinazgo todavía en funcionamiento en medio de la tímida transición política que los hermanos Rodríguez Gómez —Delcy y Jorge— ahora conducen desde el poder y bajo la tutela de Washington, por la que una parte de la estructura anterior del régimen chavomadurista ya fue desmantelada 

La protección a Parra podría provenir, según el togado, de un antiguo compañero de estudios de Parra Ramírez, egresado en 2003 de la antigua Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac) como parte de la II Promoción Batalla de Mata de la Miel. Se trataría de Alexander Enrique Granko Arteaga, actual director de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y, desde hace tiempo, rostro emblemático de la tortura en Venezuela, según lo ratifican diversos informes de organizaciones internacionales.

Esta versión tiene otros fundamentos, además de coincidir en una cohorte de graduados. Por ejemplo, Luz del Mar Romero recuerda que en 2018, pocos meses antes del asesinato de Karla Romero, la familia coincidió con Parra Ramírez en un restaurante de La Guaira, antes de que tomaran un ferry a la isla de Margarita. En ese encuentro inesperado, Parra Ramírez, quien almorzaba con un grupo de oficiales, les presentó a uno de ellos, un viejo amigo y compañero de promoción: el coronel Alexander Enrique Granko Arteaga. 

Tales antecedentes, junto a otros como, por ejemplo, una relación previa de Parra con Roberto Leyba, expareja sentimental de una de las hijas de Hugo Chávez, pusieron justificadamente en sobreaviso a la familia Romero, que acudió a la prensa a comienzos de este año en un intento por prevenir que sus palancas en el régimen dieran lugar a la libertad de Parra, en medio de todos los desajustes que produjo en el organigrama del poder la captura y extracción de Nicolás Maduro. Pero sus alertas fueron la voz del que grita en el desierto. Mientras la familia de Karla Romero hacía su campaña de medios, Manuel Salvador Parra Ramírez salió de la cárcel. Ni la familia ni el abogado han podido precisar dónde reside hoy. Tampoco lo logró Armando.info para esta publicación.

“Lo que sabemos es que siempre está el ángel que lo salva de todo. Porque todos los demás están presos, menos él”, añade, con desazón, el abogado de la familia Romero, en referencia al grupo de 64 imputados por el caso Pdvsa-Cripto.

Qué más da otro feminicidio

La suerte de Parra Ramírez, quien se libró de su responsabilidad en un “femicidio agravado”, no es un caso aislado. En realidad, la impunidad es la norma en Venezuela cuando los perpetradores de feminicidios son funcionarios de cuerpos de seguridad.

“Este patrón [de impunidad] es más frecuente en los militares. Con funcionarios de la policía [que cometen este tipo de delitos] pasa que es posible conseguir un padrino, como un gobernador”, expone la abogada Estefanía Mendoza, coordinadora de la ONG Mulier, dedicada a la visibilización de abusos contra las mujeres. “Pero en el entorno militar, la estructura de padrinazgos se concibe como la misma estructura del poder en Venezuela”. 

“Esto tiene que ver”, continúa Mendoza, “con cómo se ha organizado el régimen en estos años, que ha hecho que los militares cierren filas y se cuiden entre ellos, porque esa lealtad hace que exista temor de meterse con ellos”.

La coordinadora de Mulier entiende que los casos de feminicidios sin castigo como el de Karla Romero se conectan con el tinglado de la corrupción estructural y de la adhesión al régimen. “Es un cuadro que funciona para la represión: yo no voy a regañar [a un oficial colega] porque le pega a las mujeres, porque es la misma lógica de abusos”, subraya.

Por su parte, la antropóloga Aimée Zambrano, coordinadora general del Monitor de Feminicidios de Utopix, una ONG que también pone atención en el tema, ve otro posible vínculo entre la recurrencia de crímenes cometidos por efectivos castrenses y la violencia inherente al ejercicio de la carrera militar. “La carrera militar es violenta”, alega, “porque implica una construcción de masculinidad violenta. Existe el pacto entre pares, entre hombres, y esto es algo que está muy presente. Y entra otro tema, que es el tipo de trabajo que hacen [los militares en Venezuela], asociado al poder y a cómo se ejerce el poder”.

A ese factor clave en un régimen de ADN militar, le suma el crónico retraso procesal, enquistado en un sistema de justicia permeable a las influencias políticas para beneficiar a perpetradores de crímenes y revictimizar a quienes los padecieron o a sus familiares. Tal como ocurrió en el caso de Karla Romero.

“Debemos tomar en cuenta que sólo hay justicia cuando hay una sentencia. Solo ocurre cuando este hombre que comete un femicidio tiene una sentencia. Pero con los retardos procesales en Venezuela, tarda mucho en llegar la justicia”, añade Zambrano.

La totalidad de estas circunstancias se integran en una paradoja que Estefanía Mendoza menciona: durante 27 años, mientras el chavismo gobernante no se ha cansado de proclamarse feminista y hasta consiguió promulgar una legislación de avanzada como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de manera simultánea, en la práctica concreta, favorecía una política de Estado violatoria de todos esos derechos.

“El gobierno ha sido astuto en el manejo del tema de derechos de las mujeres. Tiene una cara pública con la Ley, una ley modelo en el país y Latinoamérica, es verdad”, reconoce Mendoza. “Pero es, a la vez, una ley sin presupuesto, discusión, seguimiento ni estructura, y una ley sin todo eso es sólo una hoja que no sirve de nada”. 

Se trata, resume, de una propensión narrativa del régimen,pero sin reflejo en los hechos. “Ellos siempre se han llamado feministas. Y han tratado de capitalizar eso porque es un punto de honor de la izquierda: decir que sí, que están en esa lucha [en pro de los derechos de las mujeres], pero tienen cero interés en que eso se haga realidad”.

De la última cena al viacrucis

Todas las señales que con su conducta Parra Ramírez emitió después del asesinato de Karla Romero sirvieron para alimentar las sospechas en la familia de la víctima. Cuando la familia de Karla Romero lo llamó para darle la noticia, apenas adujo que estaba de servicio. El militar nunca les dio ninguna palabra de pésame. Tampoco asistió ni al velorio ni al entierro de quien fuera su pareja. El hombre que con tan buenos modales había invitado a Karla Romero y familiares a una cena de cierre de su relación, de pronto ni se inmutaba por el crimen.

Las investigaciones, detalladas en el voluminoso expediente del caso determinaron, mediante los cruces telefónicos y las confesiones tanto del sicario ejecutor como del motorizado que lo llevó al lugar del crimen, que Parra Ramírez ordenó la muerte de Karla Romero.

De acuerdo con el expediente, Parra Romero contó al sargento Ledynsson Berkley Becerra Castillo sus propósitos feminicidas. Este, entonces, contactó a su amigo de la infancia, Wilfrid Andrés Tovar Landetta , para que encontrara un brazo ejecutor en los bajos fondos de esa región fronteriza con Colombia. Becerra y Tovar eran el par de sujetos que durante la cena en el restaurante Montes SC no le quitaban la vista de encima a Karla Romero.

Las fotos que le tomaron a la víctima en el local y las precisiones que retuvieron sobre ella, de acuerdo con lo que comenta el abogado de la familia y dijeron los testigos en el expediente, fueron insumos para Jaiver Enrique Velasco Colmenares y para Henderson Daniel Hernández Vargas, los autores materiales del asesinato por encargo. El primero persiguió a Karla Romero en la calle, la tomó por los cabellos, la empujó al suelo y le disparó tres veces. El segundo trasladó al sicario al lugar del crimen, esperó en una motocicleta a que el asesinato se consumara y, luego, condujo hasta un lugar en el que entregaron el arma homicida a Becerra Castillo. 

En un primer momento, y por el hecho de que el tirador también se llevó el teléfono de Karla, el suceso fue manejado como un robo. 

Cuando Karla Romero fue sorprendida por Colmenares en la entrada de un edificio, estaba hablando con su novio por teléfono, algo que también recoge el expediente. En efecto, Juan Miguel Casanova Toledo, el novio, luego declararía que hablaba con ella al momento del ataque, según consta en el expediente. “Me respondió y me dijo que estaba llegando al apartamento, que iba a almorzar para regresar de nuevo a la universidad. En eso escucho que Karla grita fuerte y se cae la llamada”. Sin que Casanova lo supiera, simultáneamente ella caía abatida por los tres balazos.

Después de varios llamados que Parra no atendió, finalmente, el oficial de la GNB acudió a declarar ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, ente de investigaciones, auxiliar de la fiscalía) de San Cristóbal, el 13 de junio de 2018. Sostuvo que, en el momento del asesinato de Karla Romero, se encontraba en el Destacamento de Frontera N° 353 de la GNB, en Guasdualito, estado Apure, otra zona fronteriza con Colombia, como el propio estado Táchira. Admitió su relación con Romero y que su esposa sospechaba sobre la existencia de esa relación. Pero, en definitiva, aseguró desconocer las circunstancias del crimen. 

Para este trabajo, Armando.info intentó obtener la versión de Parra Ramírez a través del abogado que lo representó en el caso, José Alexander Chivico, quien declinó ofrecer cualquier comentario, asegurando que perdió contacto con él desde hace mucho tiempo y que está impedido de ofrecer declaración alguna al respecto. También se contactó a Katty Marín, abogada de Parra Ramírez en el juicio del caso Pdvsa-Cripto. No se recibió respuesta ni a los mensajes ni al cuestionario enviados.

“Si a Parra no lo incorporan a Guardia Presidencial, lo hubiesen capturado”, lamenta, entretanto, Ulbano Miguel García, el representante de los Romero. 

Otro detalle no menor en este caso ocurrió en febrero de 2019, cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, ordenó el traslado del caso del feminicidio desde los tribunales de Táchira hasta Los Teques, capital del estado Miranda, en el extrarradio de Caracas, donde, como denuncia Ulbano Miguel García, quedó engavetado. 

Pero esa inacción todavía debió lucir a Parra como una garantía débil, pues en febrero de 2020 pidió el sobreseimiento del caso a Johana Rivera, jueza del Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, con sede en Los Teques. Meses después, Parra Ramírez quedó incorporado en el anillo de seguridad de Nicolás Maduro. 

Por el caso, tanto Velasco Colmenares como Hernández Vargas están en prisión, condenados por “femicidio agravado”, el nombre del tipo penal correspondiente. Ledynsson Berkley Becerra Castillo estaría en Chile, en Chile. y Wilfrid Andrés Tovar Landetta en Canadá. Y Parra Ramírez sigue en la Venezuela del “nuevo momento político”, libre del proceso por el feminicidio y enfrentando, esto sí, el juicio por el caso Pdvsa-Cripto, aunque con una medida para salir de la cárcel que no ha alcanzado a otros imputados.

Las dos Marías Eugenias, Baptista Zacarías y Núñez Alarcón, fueron las únicas ciudadanas venezolanas que se beneficiaron de visados dorados hasta 2014, durante los dos primeros años de existencia del programa de Permiso de Residencia por Actividad de Inversión (ARI) en Portugal, según una lista del Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) obtenida y analizada por el diario portugués Expresso.

El dinero que utilizaron para obtener sus visados dorados procedía de sobornos recibidos por sus maridos. Este dinero pasó por empresas offshore encontradas en los Pandora Papers, una filtración de paraísos fiscales que contiene 11,9 millones de archivos y que es la base de un proyecto de investigación coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con Expresso y decenas de otros medios de comunicación, entre ellos Armando.info en Venezuela.

María Eugenia Baptista Zacarías, una de las ungidas con el privilegio dorado, es la esposa de Haiman El Troudi, exministro de Obras Públicas del gobierno de Nicolás Maduro y hoy diputado a la Asamblea Nacional oficialista por el estado Miranda, entre muchos otros cargos.

Según una investigación de Pandora Papers revelada por Expresso, Armando.info y el diario Miami Herald en octubre del año pasado, El Troudi recibió más de 90 millones de dólares en sobornos de la constructora multinacional brasileña Odebrecht a través de un esquema de lavado de dinero creado por el Grupo Espírito Santo (GES).

Los pagos a El Troudi fluyeron a través de cuentas de Cresswell Overseas, una sociedad offshore constituida en Panamá y administrada por el gestor portugués Paulo Murta, colaborador clave del banquero Ricardo Salgado en las operaciones secretas de lavado de dinero del GES que incluyeron la canalización de cientos de millones de euros a miembros del gobierno de Maduro y a ejecutivos de la petrolera estatal Pdvsa y de otras empresas públicas en Venezuela.

La esposa de El Troudi recibió un visado de oro a finales de 2013 tras comprar un apartamento dúplex en un edificio de lujo en Chiado, un barrio gentrificado en el corazón de Lisboa, por 1,5 millones de euros, apenas meses después de que su marido se incorporara al gabinete ministerial de Maduro -más temprano había figurado como presidente de las empresas del Metro de Caracas y del Metro de Los Teques, y aún antes, como fundador y gurú del think tank ideológico del chavismo, el Centro Internacional Francisco de Miranda-.

La cartera de la señora Ortega

Por su parte, la otra María Eugenia, con apellidos Núñez Alarcón, estaba casada con Abraham Ortega, ex director de Pdvsa.

Ortega fue uno de los responsables de poner en marcha las operaciones financieras internacionales de esta petrolera estatal venezolana, incluyendo una inversión de 500 millones de dólares en bonos del GES entre 2011 y 2013, en un momento en el que el banquero Ricardo Salgado se enfrentaba a una desesperada falta de liquidez en el principal activo de su grupo, el Banco Espirito Santo (BES).

Además de invertir en bonos del GES, en 2011, Pdvsa traspasó al BES el sistema de transacciones internacionales de cobro y pago de servicios y bienes, hasta entonces a cargo de JP Morgan y BNP, lo que convirtió a la petrolera venezolana en el mayor cliente del banco portugués.

Cuando abrió su primera cuenta en un banco del BES en la isla atlántica de Madeira, en 2010, Abraham Ortega era todavía apenas un gestor de financiación en la petrolera. La declaración de la renta que forma parte de la documentación de apertura de la cuenta, incautada por la fiscalía, muestra que sólo había tenido 16.000 dólares de ingresos netos el año anterior. Aunque en 2013 ya era adjunto al director financiero de Pdvsa, difícilmente se habría podido permitir entonces un apartamento de lujo en Lisboa.

Los fiscales de Portugal han ido acumulando pruebas contra Ortega. Es uno de los sospechosos en la investigación penal sobre los sobornos pagados a políticos y funcionarios venezolanos que se lleva a cabo en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (Dciap). Gran parte de estas pruebas se recogieron durante la investigación del caso principal del BES, que concluyó en el verano de 2020.

Los fiscales descubrieron que Ortega recibió 10,7 millones de dólares del GES entre mayo de 2012 y junio de 2014. La mayor parte del dinero se originó en Espírito Santo Enterprises, una empresa offshore que funcionaba como un gigantesco fondo de compensación para el GES, y terminó en una cuenta de Dubái a cargo de una empresa offshore panameña, Linux Advisors, administrada por Paulo Murta.

María Eugenia Núñez solicitó un visado de oro cuando compró un apartamento en la Rua Rosa Araújo, en el centro de Lisboa, en octubre de 2013, después de haber recibido una transferencia de 1,3 millones de euros procedentes del fondo ilícito del GES, en nombre de Linux Advisors, a una cuenta que tenía en la sucursal financiera del BES en la isla de Madeira en junio de 2013.

Según un informe elaborado por la Fiscalía en 2018, Paulo Murta informó por correo electrónico a un gestor de cuentas de ESBD, el banco del GES en Dubái, de que esos 1,3 millones de euros transferidos a María Eugenia Núñez iban a ser utilizados para comprar una casa y dos automóviles.

El piso de la calle Rosa Araújo costó 1,152 millones de euros y se pagó en efectivo a través de una empresa abierta en Lisboa por María Eugenia Núñez y de su propiedad al 100%, Alvansal Unipessoal Lda.

Meses después, en abril de 2014, la esposa de Abraham Ortega hipotecó la casa por 515.000 euros al BES y, con esa cantidad, compró un segundo apartamento en el puerto deportivo Parque das Nações, en el frente fluvial del borde oriental de Lisboa.

Durante ese año, Linux Advisors transfirió 2,5 millones de euros a la cuenta de BES Madeira de otra sociedad offshore, Takenson International, también constituida en Panamá y controlada por María Eugenia Núñez, junto con otro beneficiario final.

Los Pandora Papers contienen documentos de apertura de cuentas y varias órdenes de transferencia de Linux y Takenson. Entre ellas se encuentran tres transferencias realizadas desde Takenson a María Eugenia Núñez entre diciembre de 2013 y febrero de 2015, por valor de 450.000 euros.

Ortega fue condenado el año pasado en Estados Unidos a una pena de 28 meses de prisión. El juez decidió aplicarle una pena reducida (a pesar de que los delitos que se le imputaban acumulaban una condena máxima de 50 años) porque cooperó con la justicia, declarándose culpable de recibir 12 millones de dólares en sobornos. El caso no tiene nada que ver con el GES y se refiere a hechos posteriores a diciembre de 2014. Fue imputado como parte de la investigación Money Flight, llevada a cabo por la oficina en Miami de Homeland Security Investigations, que hizo uso de un cooperante que se infiltró durante dos años en una red de lavado de dinero negro proveniente de Pdvsa. 

Ni María Eugenia Núñez ni la esposa de El Troudi estuvieron disponibles para hablar. Divorciada desde 2015, la ex señora Ortega es desde entonces ciudadana portuguesa y vive en Lisboa en su apartamento junto al río.