Una arquitectura industrial imponente se erigía a sus espaldas. El ruido ensordecedor de la maquinaria evidenció que operaba de nuevo con vigor.  Vistiendo gorra y camiseta azules, ambas grabadas con el logo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Motta Domínguez alzó la voz para anunciar la reactivación del turbogenerador principal de Termozulia 1 (TZ01), hasta entonces fuera de servicio por avería.

“Esto es un logro venezolano, de ingeniería venezolana”, se jactó el ministro, exultante.

La puesta en marcha de la turbina TZ01 significó la generación de 150 megavatios en el complejo eléctrico ubicado en el municipio La Cañada de Urdaneta, a 20 kilómetros al sur de Maracaibo, donde solo se generan 45 de 1.300 megavatios de capacidad instalada, de acuerdo con los cálculos realizados en abril de 2019 por el experto consultor en proyectos energéticos José Aguilar.

Esa cuota, junto a otros cinco megaproyectos en el sector energético zuliano,  permitió suspender el racionamiento del servicio aplicado desde el 23 de diciembre de 2017 en los 21 municipios de la entidad occidental. La máquina, sin embargo, estuvo operativa solo tres meses y cuatro días. Se detuvo entrada la cuarta semana de diciembre de 2018. No ha vuelto a arrancar desde entonces.

El turbogenerador instalado en Termozulia 1 en septiembre de 2018 no solo falló porque el aparato era de segunda mano o porque este había estado abandonado durante ocho años en el otro extremo de Venezuela, el suroriental, en los patios de la planta B del Complejo Termoeléctrico Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, conocido como Sidor, en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Ese proyecto nunca fue culminado por el gobierno venezolano.

Tras indagaciones hechas por Armando.info que incluyeron entrevistas con ejecutivos y empleados del sector eléctrico vinculados a las acometidas realizadas en la TZ01, se puede concluir que Corpoelec y la empresa privada contratada para el proyecto instalaron la turbina sin solicitar ni tomar en cuenta la información técnica y confidencial provista por la empresa estadounidense General Electric, fabricante tanto del turbogenerador como de la unidad donde está asentado en el complejo Termozulia.

Sin esa data, exclusiva y determinante para el correcto funcionamiento de un equipo tan sofisticado, la turbina que rugía en septiembre a las espaldas del ministro operó en modo de desgaste, en permanente falla, desde su hora cero.

El colapso de la TZ01 regresó de golpe al Zulia a su dieta eléctrica habitual desde enero de este año, hundiendo sus niveles de generación energética local hasta cifras registradas en 1969, según advierte el Aguilar.

El síncope del Sistema Eléctrico Nacional venezolano ocurrido entre marzo y abril pasados -dos apagones nacionales que duraron al menos cinco días- agravó los cortes del servicio en ciudades zulianas como Maracaibo, La Cañada, San Francisco y Machiques de Perijá, donde se experimentan interrupciones de hasta doce horas diarias o más.

Por eso el Estado venezolano recién emprende otro proyecto milmillonario para intentar reactivar el equipo antiguo que instaló en Termozulia, proclamándolo como nuevo. El plan involucra el reemplazo de múltiples piezas con repuestos de modelos y años de fabricación diferentes a los de la turbina de Termozulia 1, que no se adaptan a sus particularidades técnicas. De nuevo sin la información confidencial del fabricante, gesta una rareza industrial en la TZ01 que también está condenada a fallar.

Tinte de óxido y corrupción

Corpoelec y la gobernación de Zulia, encabezada por el dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Omar Prieto, decidieron en el primer trimestre de 2018 encarar la crisis eléctrica en el estado occidental con un plan que abarcó al menos seis frentes.

Los objetivos eran reparar la línea sublacustre de 230 kilovatios del Puente Rafael Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo; recuperar la generación en la planta Ramón Laguna, que era de cero megavatios; instalar los autotransformadores en la subestación Cuatricentenario; acondicionar las subestaciones Punta Iguana y Las Peonías y reemplazar el turbogenerador en Termozulia 1 para lograr un ciclo combinado que disparara la generación eléctrica en la región.

El 29 de abril de 2018, el gobernador Prieto reportó los primeros avances sobre el proyecto de sustitución de la turbina de Termozulia 1. Ese domingo, llegaron a la ciudad los primeros componentes tras cuatro días de traslado desde Bolívar hasta La Cañada. Se trataba de los cuartos de distribución para activar el ciclo combinado de las tres primeras unidades de Termozulia, cuyo correcto funcionamiento permitiría generar 450 megavatios.

El traslado del turbogenerador desde los patios de Sidor B hasta el Puerto Palúa, el único certificado para cargas especiales sobre el río Orinoco, y desde allí hasta Termozulia, se inició el lunes 14 de mayo del año pasado. La travesía náutica hasta el occidente del país se realizó en un buque multipropósito de la Armada, según precisó un comunicado divulgado por Corpoelec.

El equipo arribó al puerto de Maracaibo la madrugada del viernes 18 de mayo. Las especificaciones técnicas del aparato trasladado en mayo y puesto en marcha en septiembre precisan que se trata de un turbogenerador modelo 7FA, fabricado en el año 2009 por General Electric, número de serie 298959, con un peso de 170 toneladas y capaz de generar 150 megavatios.

Sus carcasas metálicas estaban enrojecidas, lo que evidenciaba que estuvo expuesta a un ambiente corrosivo durante los ocho años que estuvo en Sidor B. El equipo estaba, además, teñido de probable corrupción. La transportada a Zulia fue una de las cinco turbinas que adquirió de segunda mano el consorcio energético Derwick, hoy con investigaciones federales abiertas por blanqueo de capitales en países de Norteamérica y Europa a través de una contratista llamada ProEnergy.

La compra tuvo sobreprecio. Facturas de las transacciones entre Derwick y Energy Parts Solutions, una división de ProEnergy, evidencian que el costo de la turbina que reposó en Sidor B antes de llegar a Termozulia 1 se infló desde los 38,5 millones de dólares –a pesar de que su costo aproximado es de aproximadamente 33 millones- hasta los 50 millones de dólares.

Las facturas de Derwick y EnergyParts fueron emitidas el mismo día (29 de diciembre de 2009), con el mismo número (2050), aunque con los membretes de cada empresa y reflejando el diferencial de los precios en tres de las cinco turbinas, entre ellas la que fue inicialmente a Sidor B y luego a Termozulia 1. La factura de Derwick iba dirigida a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Los estándares internacionales establecen lucros de entre 1,5 y cinco por ciento adicionales al precio tasado de equipos de esa categoría. El Estado venezolano terminó pagando por ella 60 millones de dólares, es decir, una ganancia de 55 por ciento para los vendedores.

El Estado venezolano terminó comprando el lote de los cinco turbogeneradores por 193 millones de dólares, es decir, 91,5 millones de dólares más de lo que costó al comprador inicial, también bajo la lupa de las autoridades en Estados Unidos, según denuncia del experto José Aguilar.

Organizaciones como Human Rights Foundation advirtieron en 2016 que Derwick y ProEnergy compraban equipos eléctricos de segunda y tercera mano en Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Tanzania para revenderlos con sobreprecio de entre 100 y 200 por ciento al Estado venezolano. Esos contratos, de acuerdo con la ONG, rozaron los dos mil millones de dólares estadounidenses.

La filtración de 14.000 documentos de compras entre ProEnergy y Derwick de parte de Daniel Rosenau, un estadounidense quien trabajó como ejecutivo de ventas de la primera compañía, evidenció múltiples casos de irregularidades administrativas a la prensa extranjera en junio de 2015.

Voceros oficiales en Zulia, como el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, y Juan Carlos Boscán, secretario de Asuntos Eléctricos, insistieron a mediados del año pasado en calificar como "nueva" la turbina comprada a Derwick ocho años atrás, al anunciar su llegada al puerto de Maracaibo.

Ambos funcionarios remarcaron que el Estado venezolano pagó por ella 60 millones de dólares, sin precisar ante la opinión pública si se trataba de un pago reciente –lo que sería irregular, pues el equipo ya pertenecía al gobierno- o uno correspondiente al momento de su adquisición a Derwick para la planta Sidor B, años atrás.

Armando.Info corroboró que la sustitución del turbogenerador averiado y la instalación del “tabaco” en Termozulia 1 –como se conoce coloquialmente a ese tipo de máquinas- estuvieron a cargo de la empresa privada venezolana Instalaciones y Servicios de Venezuela, Inserven C.A.

La compañía número de Registro Único de Información Fiscal J-00105511-8, fue fundada en 1975. Se identifica en su página web como una compañía “especializada en el área de generación eléctrica”, con “una amplia trayectoria en instalaciones, mantenimientos, operación y suministro de repuestos a plantas de generación de electricidad”.

Destacan en su catálogo mantenimientos mayores a 80 unidades turbogeneradoras desde 20 megavatios a unidades de diferentes modelos y fabricantes, entre los que mencionan a General Electric y a Siemens. Entre su experiencia en instalación de turbinas de alta generación, resaltan las de 90 turbogeneradores nuevos.

Inserven C.A. está descrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como una empresa habilitada para brindar servicios al Estado venezolano. Su actividad principal se circunscribe al sector de la construcción y mantenimiento desde hace 42 años y sus labores conexas están vinculadas a la producción y fabricación industrial y la perforación de minería, petróleo y gas.

Representantes de Inserven remarcaron a Armando.Info que su responsabilidad en el proyecto de Termozulia 1 en 2018 fue puntual: desacoplar el “tabaco” del año 2001 para instalar el equipo traído desde Sidor B.

Su contratación fue exclusiva para esa labor, subrayan los delegados de la empresa, quienes recalcan que nunca fue responsabilidad de Inserven ni estuvo a su alcance extraer carcasas y verificar la condición interna de la unidad.

La empresa privada defiende el éxito de la parte del proyecto que acometió en Termozulia. Aclara que no fue contratada por el Estado venezolano, sino por una empresa zuliana que tenía el mando del proyecto por encargo de Corpoelec y cuyo nombre los representantes de Inserven prefirieron reservarse.

“La porción del trabajo para la cual fuimos contratados se realizó satisfactoriamente dentro de los tiempos contractuales y cumpliendo las especificaciones del fabricante. Tenemos más de siete años que no contratamos en moneda extranjera con Corpoelec”, remarcan sus representantes.

Advierten que su personal cuenta con la experiencia, la capacidad técnica e información suficiente para ejecutar los trabajos en Termozulia para los cuales fueron contratados el año pasado, es decir, para sustituir la máquina averiada por su reemplazo traído de Sidor B.

El personal de Inserven tampoco participó en la decisión de cuál sería el turbogenerador que se instalaría en la TZ01, insisten sus voceros.

La turbina de Sidor B estuvo al menos un mes depositada en el puerto de Maracaibo, a la espera de que Corpoelec y la gobernación del Zulia diligenciaran una grúa para trasladarla hasta Termozulia. El 26 de junio de 2018 llegó a la ciudad un equipo mecánico capaz de levantar artefactos de entre 600 y 800 toneladas. También se dispuso de otro de menor envergadura para respaldar los traslados y la colocación del turbogenerador.

El ministerio de Energía Eléctrica y la gobernación de Zulia pagaron al menos 700.000 millones de bolívares en el proyecto -6,1 millones de dólares estadounidenses al cambio oficial de entonces-, según detalló a la prensa el secretario de gobierno y mano derecha de Omar Prieto, Lisandro Cabello.

Solo la contratación de las grúas para movilizar el turbogenerador significó, siempre según Cabello, el pago de 97.000 millones de bolívares, es decir, algo menos de 850.000 dólares. 

La cifra es superior a los promedios internacionales para traslados e instalaciones de turbinas de generación eléctrica o equipos de tamaño y peso similares. El envío de un rotor de 45 toneladas desde Inglaterra a Chile en un avión tipo Antonov, mediante empresas privadas, ronda los dos millones de dólares, por ejemplo.

Expertos consultados recelan del precio que pagó el Estado por el traslado de la turbina para TZ01, cuando se hizo por vía marítima –es más económico que la aérea- y, además, con el apoyo de instituciones del Estado venezolano, como la Fuerza Armada Bolivariana y organismos policiales.

Error y omisión en la TZ01

Armando.Info logró conocer que la empresa responsable del proyecto de reactivación de Termozulia 1 en 2018 fue Ideas, Proyectos y Construcciones del Sur C.A., número de Registro Único de Identificación Fiscal J-4007008-7. La gobernación del Zulia acordó su contratación.

Ideas, Proyectos y Construcciones del Sur solo tiene cuatro años de experiencia brindando servicios de construcción y mantenimiento como actividad principal, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas. También ha participado en proyectos de minería, petróleo, gas, producción y fabricación industrial, transporte y almacenaje.

Pero su experiencia en bienes de diversos rubros, entre los que destaca maquinaria de fabricación y trasformación industrial o minería y perforación de pozos, es de tan solo un año.

El Estado venezolano canceló el 23 de mayo de 2019, poco menos de un año luego de sus trabajos en Termozulia 1, su habilitación para contratar con él.

El Registro Nacional de Contratistas refleja que la actualización de su información fiscal fue anulada, luego que no respondiera a la convocatoria el 22 de febrero pasado de acudir en un lapso no mayor a 30 días continuos “a fin de tratar asunto que le concierne. De lo contrario le será anulada la inscripción y habilitación”.

Su registro refleja, entonces, un “proceso de actualización no validado”, detallando que “el sistema (del Registro Nacional de Contratistas) detectó inconsistencias con la información”.

Los involucrados en el proyecto, con Ideas, Proyectos y Construcciones del Sur a la cabeza, tardaron cinco meses en instalar y arrancar la turbina.

La máquina reemplazada, también del modelo 7FA, aunque fabricada en el año 2001 por General Electric, poseía el serial 298217. Se había dañado por falta de mantenimiento años atrás.

Era similar a la que la sustituyó, pero jamás se compararían del todo: el turbogenerador de Sidor B era ocho años más nuevo que el original de TZ01; la unidad donde se acopló la “importada” desde Ciudad Guayana era ocho años más antigua; y ambos equipos poseen especificaciones técnicas que, por muy mínimas, les diferencian.

Intercambiar las turbinas no era una tarea similar a instalar una batería en un vehículo solo porque son del mismo modelo y año –que tampoco lo eran, insisten las fuentes consultadas-.

El primer error ocurrió durante la instalación. Los trabajadores de campo en la TZ01 no tomaron en cuenta los sistemas auxiliares de las máquinas, el generador ni los anclajes estructurales. Nunca realizaron una tabla comparativa entre ambas turbinas que incluyera la data de los manuales de su fabricante.

La operación consistió meramente en desacoplar ambos extremos de la turbina a sustituir, la de 2001, para colocar en su lugar la máquina de Sidor B, de 2009. “Ellos nunca la miraron. Simplemente, destaparon dos carcasas antes de acoplarla”, contó uno de los técnicos entendidos del proyecto, bajo condición de anonimato por temor a represalias de parte del gobierno venezolano.

Los delegados de Inserven insisten en que nunca tuvieron obligación contractual de hacerlo. Sus contratantes no se lo exigieron.

“No era parte de nuestro alcance la inspección de la condición interna de la turbina. Tampoco era parte de nuestras actividades contractuales la verificación de holguras ni la verificación del estado de los componentes internos”, señalaron los voceros de la empresa privada.

La falla radicó entonces –y aún persiste- en los sistemas auxiliares. Se teme, además, que haya problemas de desalineación de las carcasas por su mal almacenamiento durante ocho años.

Se teme, además, que haya problemas de desalineación de las carcasas por su mal almacenamiento durante ocho años.

En equipos termodinámicos, como turbinas y compresores, existe una mínima holgura entre las partes fijas y las móviles, explican las fuentes. Ese espacio es de apenas entre 50 y 100 milésimas de pulgadas, que varía de acuerdo con la etapa en la que se encuentra la turbina o compresor.

El más mínimo error de cálculo en máquinas turbogeneradoras, como la acoplada en la TZ01, puede culminar en catástrofe para el equipo al hacer girar un rotor de 45 toneladas a 3.600 revoluciones por minuto (rpm), expuesto a temperaturas que rondan los 1.700 grados farenheit, equivalentes a 926 grados centígrados.

No debe existir nunca en una turbina roce entre sus partes móviles y fijas. En el caso de la TZ01, la masa de 45 toneladas que giró a altas velocidades impactó a un elemento que estaba fijo, es decir, en velocidad cero. Eso provocó un desbalance y un daño en la máquina. Se manifestó entonces un roce de la rototurbina del compresor de un solo eje con los elementos fijos del equipo, que lo fue desgastando.

Poner en funcionamiento una máquina de ese calibre sin saber si se encuentra dentro de las especificaciones técnicas de su fabricante es un absurdo y una irracionalidad en la ingeniería universal, aunque común en los proyectos que encaminaron el ministerio de Energía Eléctrica, Corpoelec y sus contratistas en Termozulia 1 tanto en 2018 como en 2019.

El roce y el posterior desgaste del rotor fue solo la consecuencia. La causa yace en los sistemas auxiliares y estructurales de la máquina, de lo cual no se percataron el ministro, la Corporación Eléctrica Nacional ni la empresa Ideas Proyectos y Soluciones del Sur y sus subcontratistas –que alegan que nunca se lo solicitaron en sus acuerdos-.

La anomalía se acentuó cuando las máquinas cesaban de operar por las fallas frecuentes en el Sistema Eléctrico Nacional, donde la mayoría de las termoeléctricas están interconectadas. Las fluctuaciones en el voltaje del sistema impactaban en Termozulia a falta de protecciones adecuadas.

El ministerio de Energía Eléctrica también presionó para que los trabajos se hicieran lo más expeditos posible. La interrogante sobre cuándo podría encenderse la máquina era constante.

La máquina giró en septiembre, pero el roce entre las partes móviles y fijas de la TZ01 se manifestó a los días y fue empeorando hasta su parada. Era tan notorio que podía escucharse fácilmente. Los técnicos que trabajaban en la TZ01 se percataron de la falla, pero no sabían el porqué.

Una fuente implicada en el proyecto admitió, bajo condición de anonimato, que se sospechaba una eventual falla interna de un equipo almacenado durante tantos años, pero que nunca se chequeó de manera interna.

“La máquina se logró poner de manera satisfactoria en servicio y se puso en servicio por tres meses. Arrancó y operó, aunque tenía problemas internos. No se sabía el estado interno de la unidad”, refirió.

Armando.Info conoció que representantes de Corpoelec y General Electric sostuvieron una reunión para debatir sobre el proyecto en 2016, dos años antes de la sustitución de la turbina de la unidad TZ01 por parte de Ideas, Proyectos y Construcciones del Sur y sus contratistas. Neuro Leal, gerente regional de Generación Occidental de la corporación estatal, conversó en y construcción tonces con ejecutivos de la empresa estadounidense sobre la posibilidad de que trasladaran la turbina hasta Termozulia.

El encuentro culminó sin convenios luego que los delegados de la multinacional recordaran al vocero del Estado venezolano que no existían acuerdos abiertos ni garantías entre ambos sobre ese turbogenerador en particular, por lo que toda asesoría u operación futuras generarían un costo.

General Electric no tenía la obligación comercial de compartir la información confidencial sobre el equipo, debido a que nunca estuvo involucrado en la compra del mismo de parte del Estado, adquirido a Derwick Associates años atrás.

Se ventilaron advertencias técnicas sobre lo que significaría instalar un equipo con esas características –más nuevo, pero de segunda mano, expuesto a corrosión durante ocho años- en una unidad más antigua. El enviado de Corpoelec replicó a los voceros de General Electric que no le enseñarían cómo instalar una turbina. La reunión culminó con Leal garantizando que él haría arrancar y operar esa turbina.

Aquella fue la última vez que General Electric tuvo conocimiento de las intenciones del Estado con el turbogenerador. El ministro Luis Motta Domínguez implantó la práctica de romper vínculos con todos los fabricantes extranjeros desde su asunción al despacho de Energía Eléctrica, justo en 2015.

Ciro Portillo, exvicepresidente de Enelvén –la corporación eléctrica zuliana, antes de su disolución para dar paso a Corpoelec-, reafirmó que General Electric no participó en la sustitución de la turbina en Termozulia entre mayo y septiembre del año pasado.

“Omar Prieto creó una secretaría de Asuntos Eléctricos en 2017, que no tiene un nivel adecuado de conocimientos para administrar problemas tan graves. Trajeron la turbina, le dieron el contrato a una contratista local, pero no llamaron a General Electric”, precisó el ingeniero zuliano, en el exilio desde 2018 tras amenazas de detención de parte del gobernador por presuntamente causar “conmoción” en la colectividad con sus análisis de la crisis eléctrica en Venezuela.

Esa asesoría de paradas de plantas o turbinas se conoce en el mercado energético internacional como T.A. o Technical Advisor (asesor técnico, en español), que es la empresa, generalmente la fabricante,  que aprueba el protocolo y el mantenimiento de equipos, unidades y plantas. En el caso de la sustitución de la TZ01, el gobierno venezolano desestimó el T.A.

La falla que viene

Hoy el Estado venezolano insiste en su apuesta de resucitar la turbina averiada en TZ01, apremiado por la ínfima generación energética en el estado Zulia y las fallas frecuentes en la interconexión del estado con el Sistema Eléctrico Nacional, así como por el agobio ciudadano ante los racionamientos.

La intención del ministerio de Energía Eléctrica es sustituir el rotor averiado a finales del año pasado en la TZ01 con un repuesto similar traído desde el complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, ubicado en la población de Tacoa, en el estado costero de Vargas, cercano a la capital venezolana.

La pieza fija, fabricada por General Electric, fue vendida entre 2013 y 2015 al Estado venezolano como repuesto de las dos turbinas instaladas en la planta de Tacoa. Se encontraba depositada desde entonces en los almacenes de la termoeléctrica del centro del país y el Estado, con el uso de esta pieza, busca ahorrarse su precio.

Los trabajos de sustitución del rotor están a cargo de la empresa privada Turbopre Services, C.A., una compañía con sede en Maracaibo, que asegura contar con 43 años de experiencia en servicios de mantenimiento a equipos de transformación de energía, tales como turbinas. 

El Registro Nacional de Contratistas refleja que está habilitada para contrataciones con el Estado venezolano. Su actividad comercial principal es la producción y la fabricación industrial.

Turbopreca posee amplia experiencia en unidades de la serie 5.000, máquinas más pequeñas que la acoplada en Termozulia –serie 7.000- y que apenas generan 20 megavatios.

El gobierno venezolano adjudicó a Turbopre Services el contrato para la puesta en marcha de siete turbinas dentro del complejo termoeléctrico Termozulia, entre las que se encuentra la máquina de TZ01. El acuerdo asciende a 55 millones de dólares.

La totalidad de las acciones de la compañía pertenece al consorcio venezolano Indigo Services International C.A. (51 por ciento) y a Indigo Services International Corporation (49 por ciento), que se especializa en el diseño y desarrollo de grandes obras de ingeniería, procura y construcción en los sectores de energía, petróleo y gas, renovables y construcción civil. Ha ejecutado proyectos en Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Curazao.

Turbopreca, con una nómina promedio anual de 110 empleados, tiene un amplio historial de servicios prestados entre enero de 2011 y octubre de 2018 a Petróleos de Venezuela, Pdvsa Petróleo, Pdvsa Complejo de Refinación de Paraguaná, Pdvsa Gas, Petrosucre y  Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

Según su ficha en el RNC, ha culminado prácticamente la totalidad de las obras que le fueron encomendadas, a excepción de tres proyectos entre 2016 y 2017 en la planta Resor del estado Monagas y la Refinería Cardón, si bien estos superaron 90 por ciento de avance. Su última obra fue el rebabitado de cojinetes de bombas y motores eléctricos del Centro de Refinación de Paraguaná, en el estado Falcón, en octubre de 2018.

Turborpreca inició en mayo, junto a cuadrillas de empleados de Corpoelec, la sustitución del rotor, también sin tener a mano la información técnica que solo puede aportar el fabricante, General Electric. Ya han destapado las carcasas de la turbina de la TZ01, otra vez.

El margen de error es mayor que en 2018, aunque parezca un trabajo más sencillo: las cuadrillas de Corpoelec y Turbopreca incorporarán un rotor que no pertenece a una turbina del año 2009 en un sistema que data de hace 18 años. Son equipos con tres números de serie diferentes.

“Van a cambiar todas las tolerancias internas de la máquina. Eso amerita un estudio más profundo”, advierten las fuentes sobre los trabajos recientes en la turbina paralizada.

La perspectiva de la reparación empeora aún más. Santiago Arrieta, jefe de Corpoelec en Zulia, confirmó públicamente en mayo que, para restituir la TZ01, se están utilizando piezas sustraídas a las turbinas de la planta de generación termoeléctrica Bachaquero, en el municipio zuliano Valmore Rodríguez, en la que el gobierno venezolano invirtió al menos 1.500 millones de dólares, pero que nunca operó.

Expertos familiarizados con el nuevo proyecto en Termozulia 1 calcularon que son altas las probabilidades de que el turbogenerador arranque, aunque dudan de que su operación perdure. Los errores cometidos por Corpoelec juegan en contra.

Las fuentes insisten en que se trata de máquinas fabricadas con estándares de calidad, precisión y perfección, ante lo cual cualquier error humano evidenciaría la carencia de conocimientos ingenieriles de los empleados del gobierno y de su contratista. Ello resultaría en una calamidad similar a la de diciembre de 2018: roce entre partes fijas y móviles, desgaste progresivo de la máquina y, finalmente, su parada.

“Va a pasar lo mismo. Están arreglando la consecuencia, no la causa de la falla”, apuntaron.

El viejo turbogenerador de Termozulia 1 será al final del millonario proyecto -exitoso o no en su arranque y mantenimiento- un nuevo Frankestein de la ingeniería eléctrica de Venezuela.

Tres aires acondicionados están arrumados uno sobre otro en el terraplén, bajo una enramada verde y profusa. Otros tantos esparcidos en el suelo sobre tablones de madera podrida. Neveras y congeladores de diferentes tamaños se erigen uno al lado del otro, desconectados, apiñados. Apenas hay espacio para caminar entre el cementerio de unos 30 aparatos, con sus cables, carcasas y entrañas de metal, tendidos en la intemperie.

El hombre, entrado en sus 50 años, está al borde de la desesperación. La electricidad, su vieja socia, apenas ha pasado por su vivienda en las últimas semanas. Sin ella, le resulta imposible cumplir a tiempo con sus clientes, lo que merma sus ingresos al punto de poder sostener apenas la alimentación de su familia.

Las constantes interrupciones del servicio eléctrico le impidieron culminar esta madrugada las reparaciones de seis neveras que ya están a tono en lo mecánico. “Las ‘medio arreglaron’ a las seis de la mañana cuando pusieron la luz, pero cuando les iban a echar el gas, se fue otra vez”, precisa su esposa, Nailú, una costurera cuyo trabajo de confección de uniformes, vestidos y camisas, también se detuvo de facto.

Arropado con su gente en la oscuridad de otro apagón hace algunas noches, Randolfo sufrió además un atraco mientras intentaba descansar. Un maleante ingresó a la casa armado con una escopeta rudimentaria y hurtó tres celulares de la familia bajo amenaza de muerte; luego huyó con un compinche en una moto. Fue el tercer atraco ocurrido en la vecindad desde el primer apagón nacional del 7 de marzo pasado, que en San José se extendió por seis días.

Nacido y criado en Machiques, Randolfo es un hombre jocoso y amable, pero reconoce que nunca había vivido unos días tan calamitosos. Su familia ha comido un menú de lentejas, arroz, papas y mangos desde marzo, solo gracias al dinero que cobró por el arreglo de tanques de leche en fundos y haciendas cercanas.

Estalló en llanto un día antes, harto, en casa de un vecino que también es de sus mejores amigos. La crisis es tan pesada como la sumatoria de los aparatos estropeados que le dificultan el camino. “Estamos pa’l perro, mijo”, admite, recostado de un mesón y con una expresión de derrota luego de tantos días y noches sin electricidad.

El último de la fila

Machiques es uno de los 21 municipios del estado Zulia, la región más poblada de Venezuela con sus 3,5 millones de habitantes. Al menos 122.000 de ellos viven en ese distrito del piedemonte de la Sierra de Perijá, según el último censo nacional de hace ocho años.

Ubicada a dos horas de viaje terrestre desde Maracaibo, la capital del estado, es una tierra en la que se combinan el monte y la ciudad, donde conviven en una misma cuadra casas confortables y viviendas maltrechas. Su principal pulmón económico lo constituyen la ganadería y la agricultura. Sus tierras guardan un gran potencial para convertirse en polo de desarrollo agropecuario.

Candidatos de los partidos políticos Copei y Acción Democrática gobernaron Machiques entre 1992, cuando los venezolanos comenzaron a escoger en votaciones a sus alcaldes, hasta 2008. El chavismo y la oposición se han alternado en los últimos once años las riendas de la municipalidad.

Betty de Zuleta, ex legisladora del Consejo Legislativo zuliano, lidera la alcaldía desde diciembre de 2017. Ganó las elecciones con comodidad, al obtener 59 por ciento de los votos y es fiel representante del chavismo.

Su forma de gobernar se dio a conocer en toda Venezuela a finales de enero pasado cuando se viralizó un video donde se la puede ver vociferando en una estación de gasolina de Machiques, exigiendo a los militares de guardia que impidieran que todo chofer cuyo vehículo tuviera grabado en sus vidrios mensajes de apoyo al presidente encargado de oposición, Juan Guaidó, llenara sus tanques.

“Carro que venga con ‘Venezuela libre’, no se le echa (gasolina). En esta bomba de servicio hay democracia y respeto al presidente constitucional”, dijo entonces la alcaldesa.

Las calles de Machiques no están ni sucias ni repletas de huecos. Tiene un hospital en apariencia decente –sus paredes y brocales, recién pintados; sus áreas externas, limpias-, aunque sus carencias son de largo aliento. “No hay medicinas. Eso está pela'o’”, confió uno de sus empleados, bajo condición de anonimato.

Hay militares por doquier en alcabalas y derredores de su casco central. Pero el patrullaje en sectores empobrecidos, como San José, es mínimo. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política nacional) opera desde una casa de paredes blancas y ventanas con papel ahumado en la calle principal que atraviesa el municipio desde su entrada en la carretera Maracaibo-Colón hasta su casco central, camino a la Sierra de Perijá.

La electricidad es el malvivir de sus últimos tiempos. “Esto es una desolación”, cuenta Licenia Paz, cuya hija de cinco años apenas ha acudido tres veces a clases en su preescolar entre diciembre del año pasado y abril del presente por el colapso de los servicios públicos del agua y la electricidad.

La treintañera está sentada sobre el tronco de un árbol de cinco metros de altura que se derrumbó en el patio de su vivienda. Su familia ha cortado partes de él para cocinar con leña sobre un rin de caucho. “El gas falla mucho desde que se fue la luz”, dice.

Las cuatro parroquias de Machiques son Libertad, San José, Río Negro y Fray Bartolomé de las Casas, esta última mejor conocida como Las Piedras de Perijá. Todas viven bajo un esquema de racionamiento del servicio eléctrico que el gobernador de Zulia, Omar Prieto, pesuvista y aliado de Nicolás Maduro, ha llamado “seis por seis”: seis horas de luz; luego, seis sin ella; y así, se repite el ciclo, aunque no con regularidad. De hecho, los mejores días son aquellos en los que el intervalo del racionamiento parece ser de “solo" seis horas.

El municipio se pelea el triste honor de ser una de las zonas más perjudicadas de Venezuela por el síncope eléctrico de marzo y abril. Su ubicación al oeste del Lago de Maracaibo lo deja en el sótano del sistema eléctrico del país, junto a la propia capital zuliana y San Francisco, pues es uno de los puntos más alejados del sistema de generación hidroeléctrica del Guri, lo que además de limitar el servicio lo convierte en un punto más que vulnerable. La más mínima falla que pueda ocurrir a lo largo del tendido eléctrico desde el estado Bolívar, donde se aloja Guri,  de seguro afectará el servicio en Machiques.

Los locales hasta saben calcular cuándo les vendrá la electricidad en caso de un apagón de escala nacional: Machiques tendrá electricidad un día después de que se restaure el servicio en Maracaibo, dice la fórmula. Y a Maracaibo apenas llega.

La desgracia nacional se sumó a su propio infortunio: tuvo seis días sin electricidad tras el primer apagón, el del 7 de marzo, y el servicio se reanudó apenas por unos minutos antes de que volviera a interrumpirse por una semana adicional a raíz de la explosión de uno de los dos transformadores de la subestación principal; cuando lo sustituyeron, solo unas horas pasaron antes de que ocurriera el segundo gran apagón en Venezuela.

A Machiques tampoco llega la poca electricidad que producen las termoeléctricas instaladas para el estado Zulia, que tienen una capacidad de producir 2.000 megavatios pero solo generan 130.

“Es microscópicamente posible que le esté llegando electricidad a Machiques de las plantas termoeléctricas en este momento”, explica el ingeniero José Aguilar, experto en proyectos eléctricos y analista de la crisis eléctrica venezolana. “En la lista de prioridades eléctricas Machiques no está. El municipio está en lo más lejano del Sistema Eléctrico Nacional y solo se alimenta de la misma línea que Maracaibo”.

Habitantes de sectores como San José y Las Piedras calculan que recibieron cuatro horas de servicio eléctrico en esos primeros quince días de la crisis.

Rosario de pérdidas

Adafel Paz, el padre de Licenia, dice haber perdido 26 kilos en los últimos 16 meses. Las franelas le  quedan holgadísimas. Lo único que no se daña y puede cocinar es arroz, puré de papas, lentejas y cambures.

Diumar Duarte, su vecino, de 59 años, optó por sembrar un huerto en la jardinería de su patio. Aún no nacen los pimentones, tomates y ajíes que espera con ansias. Su esposa y él cuidan a sus dos nietos, de ocho y tres años, mientras sus hijas, ya mayores, se fueron a trabajar a Bogotá, en la vecina Colombia.

No hay apagón en el que los pequeños no le pregunten insistentemente cuándo llegará la luz. Están hartos de tomar agua tibia y no poder ver televisión.

Los ingresos de Diumar dependen de un centro de copiado y venta de papelería que instaló en la sala de su hogar. No ha podido abrir sus puertas a cabalidad en las últimas seis semanas por la carencia de electricidad.

Dos fotocopiadoras quedan desconectadas y polvorientas a un costado de una fila de vitrinas de vidrio, que solo exhiben una caja de clips, un paquete de toallas sanitarias, tres témperas y un juego de reglas escolares. Hay más espacio en ellas que productos a la venta.

Si un cliente llega, enciende las máquinas, produce los duplicados y las desconecta lo más pronto que puede. Teme que se quemen en una fluctuación del voltaje. Ya le ocurrió con otro de sus equipos, que no pude reparar por falta de presupuesto. “Pero si no las prendemos, no comemos. Esto es cruel”, afirma.

Isauro Rincón no espanta menos moscas como clientes de su carnicería, La Victoria. Apenas ve llegar a alguien con una tarjeta de débito en mano, les lanza la advertencia sin amortiguación: “No hay punto”.

Su negocio abrió el lunes de Semana Santa luego de 20 días de cierre forzoso por el colapso eléctrico. Diez refrigeradores de su local, su fundo y su casa se le han quemado este año. En el primer apagón de marzo, se le pudrieron 20 kilos de pollo y otros 30 de costilla de res. Cada vez que hay un corte eléctrico, corre a atiborrar el único congelador que le queda con toda la mercancía que tiene disponible, y lo conecta a una planta generadora de 3.000 vatios.

Las ventas resucitan a paso lento, pues no hay cómo pagar si no es con dinero en efectivo. Las transferencias bancarias por telefonía móvil son una utopía mientras duren los cortes de luz por racionamiento o por fallas.

Las telecomunicaciones en Machiques son deficientes, aún más cuando los apagones hacen estragos: Movistar es la única telefónica cuya señal viene y va; las estatales Movilnet y Cantv quedan anuladas a toda hora –“nos reímos cuando alguien nos dice que tiene esos números”, bromea un machiquense-; y la mayoría de los comercios usan un Internet satelital que falla cuando las interrupciones eléctricas se extienden.

Son pocas las carnicerías que han abierto desde marzo. Los compradores se niegan a comprar muchos kilos de pollo y carne pues no les es posible refrigerarlas durante la oleada de cortes de electricidad.

Armando Chacín, presidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques (Gadema), asegura que en el municipio se dejan de producir 100.000 litros de leche al día, porque sus unidades refrigeradoras no tienen electricidad ni sus maquinarias cuentan con gasolina.

“Seis horas son insuficientes para tener la carne a una temperatura adecuada, por ejemplo”, ejemplifica. “Eso es un pecado en un país donde se deambula buscando alimentos”. Los ganaderos dicen estar como la mayoría de los machiquenses en estas semanas de apagones y de desolación solemne: “A la buena de Dios”.

Del “pailazo” a la explosión

Machiques vivió su día de furia el sábado 6 de abril. Las comunidades cerraron las vías principales para protestar por las fallas del servicio eléctrico hasta que enfrentaron a Guardia Nacional Bolivariana en vecindades como el sector de Tinaquillo.

Adaiza Camargo, residente de esa comunidad de casas y trillas, cuenta que una marcha pacífica se transfiguró de un momento a otro en una batalla campal de piedras, bombas lacrimógenas y perdigonazos.

Un militar pateó la reja de su casa para perseguir a un grupo de muchachos que se refugió en plena contienda. Su esposo, que trataba de cerrar la entrada, terminó en el suelo. “Me dio una crisis”, recuerda.

La refriega casi acaba con la vida de Jaime Acevedo Gómez, un adolescente de doce años quien recibió ocho heridas de perdigón que le perforaron el estómago y dañaron su hígado. El menor visitaba a un primo en Tinaquillo. Ya se recupera.

Hubo al menos cuatro detenidos aquel día. Samuel Nieto, de 19 años, se encuentra entre ellos. Su tía, Lily, denuncia que al joven no le han curado la herida del perdigonazo que recibió en su espalda. “Lo tienen detenido en una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana entre Machiques y La Villa. Fuimos todos los del barrio y hasta con dinero para pagar su cuidado médico en una clínica, pero no nos lo dejaron ver”.

Mery Gutiérrez, otra vecina, cree que el municipio estalló esa tarde “por la falta de luz, por la situación, por todo”.

Días atrás, residentes de uno de los barrios de San José estuvieron a punto de linchar a Eddy Loaiza, director general de la Alcaldía, cuando intentaba decomisar una planta generadora de una las antenas de las telefónicas instaladas en la localidad. Una turba le asestó dos pedradas en la espalda, un golpe en la cabeza y un porrazo.

La alarma es el golpeteo de una olla. Cualquiera de los residentes del barrio puede comenzar a golpearla con fuerza para alertar a sus vecinos de la presencia de autoridades o criminales por igual. “Al tercer ‘pailazo’, tenéis que ver esta vaina, cómo se pone lleno esto de gente. La gente te rodea en un momentico”, explica una señora en sus sesenta años.

Los apagones y sus consecuencias no pasan en vano entre las comunidades de Machiques. La gente deja en claro que su tierra es una olla de presión, cuyos demonios se han exacerbado por una oscurana que no parece abandonarle.

La ausencia de electricidad es tan crítica que los negocios de Machiques seducen a potenciales clientes con publicidades que apelan a la crisis. “¡Contamos con plantas generadoras las 24 horas del día!”, se escucha en la radio a un efusivo locutor, quien menciona las bondades de un hotel de tres estrellas del municipio.

Las ofertas de las licorerías también coquetean con los paladares resecos: “seis cervezas frías” y “sí hay refresco frío”, rezan carteles en un par de ellas. Las bolsas de hielo llegaron a venderse hasta en cinco dólares en los días consecutivos sin electricidad.

Machiques, un poblado con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, no solo tiene sed de frío. La gasolina también escasea. Sus estaciones de servicio se cuentan con una mano y siempre están rodeadas de filas de vehículos y motos que se alinean uno al lado del otro a un costado de las gasolineras, como si fueran abejas sobre dulce. Las gasolineras, sin embargo, son panales con mínimo néctar la mayor parte del tiempo.

El camión de Freddy Martínez, un transportista de 58 años, tiene tres días aparcado entre los primeros 20 puestos de una fila kilométrica de vehículos a las afueras de la única gasolinera del sector San José. Al mediodía, se sienta en una acera contigua a un negocio cerrado, agotado.

No hay ni una gota de combustible. Tampoco hay electricidad y, sin ella, las bombas no surten por no contar con plantas generadoras que les permitan tener autonomía de servicio. “Otras veces, hemos estado aquí hasta una semana. ¡Tengo dos semanas sin trabajar!”, dice, bullendo. Algunos aseguran haber invertido diez días para surtirse de combustible.

Un puesto en filas preferenciales para evitar los días de espera puede pactarse con un trabajador de la estación de servicio a cambio de un kilo de comida, refrescos o hasta 10.000 pesos colombianos en efectivo (algo más de tres dólares al cambio vigente en el país vecino). El dólar estadounidense también valida el tráfico de influencias.

Pero la gente común como Jonelio Vera, mecánico, debe aguardar por la gasolina. No tiene otra alternativa que esperar a que una gandola de Petróleos de Venezuela surta la estación en algún momento mientras ellos sufren de mengua. “Tengo que morir aquí”, señala.

Muchos de los choferes comen mangos de un árbol que se levanta en un terraplén a unos 30 metros de la fila. Los machiquenses llaman al fruto tropical el quitarruido, porque calma los sonidos de sus estómagos cuando están alborotados por el hambre. Otros le apodan la verdadera ayuda humanitaria.

“Esto es peor que una calamidad”, expresa Freddy, acongojado, antes de sonreír a la cámara, abrazado con sus compañeros de fila como si fueran amigos de años.

En Ciudad Guayana, la capital industrial y comercial de la región, el “80-20” era un secreto a voces. Ingenieros, técnicos, administradores, sindicalistas y abogados que trabajaron allí sabían que las facturaciones en bolívares se habían dolarizado a través de ese mecanismo que contravenía el control de cambio y el contrato inicial.

La conversión permitió facturar cerca de 1.000 millones de dólares no contemplados inicialmente en el contrato, indicó una fuente. “Tocoma fue, al menos entre 2009 y 2014, una gran caja chica”, dijo un ingeniero que trabajó en la represa. Fue negocio para muchos. El costo inicial de Tocoma se calculó en 3.900 millones de dólares. Siete años después, en 2014, Venezuela había pagado casi 10.000 millones de dólares, en parte con créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). ¿Qué sucedió?

Fuentes consultadas indican que su costo inicial se había incrementado por la inflación rampante, las modificaciones constantes exigidas por Corpoelec y los sobreprecios marcados por los contratistas. Pero sobre todo por una "ventaja comparativa" que Venezuela ofrecía a empresarios foráneos y nacionales en relación al mundo, la que encegueció más que el oro de Guayana: el control de cambio, que dio pie al secreto en que hurgó la auditoría de Corpoelec.

Más que ingeniería: prestidigitación financiera

La central hidroeléctrica de Tocoma, iniciada en 2007, prevista para funcionar a partir de 2012, fue ejecutada mayormente por Odebrecht. Por sus dimensiones y costo, fue uno de los proyectos de infraestructura hidroeléctrica más grandes del país y de América Latina, comparable en costos y magnitud con la ampliación del canal de Panamá. Millón y medio de metros cúbicos de concreto fueron vaciados en el lugar.

Hoy la mole se deteriora día a día, y en las bóvedas donde debían estar diez turbinas generadoras de electricidad, funcionan bombas de achique para que las aguas del bajo río Caroní no inunden los pocos sistemas eléctricos instalados, por algunas fisuras en sus muros.

En paralelo, se sabe que la Fiscalía investiga en silencio las irregularidades de Odebrecht en el país y el Gobierno negocia el cierre del proyecto con las contratistas. Aunque fueron interpeladas por la Asamblea Nacional, ninguna explicó las razones de la parálisis, ni la contratista de la obra civil, el consorcio OIV (conformado por Odebrecht de Brasil, Impregio de Italia y Vinccler de Venezuela), ni la de la obra electromecánica, la argentina Impsa (del aproblemado grupo Pescarmona). Tampoco respondieron un cuestionario enviado para incluir respuestas en este reportaje

Entre 2007 y 2012 Venezuela estaba en pleno boom petrolero. Los planes originales de ingeniería para la obra fueron modificados por el gobierno, que empezó a exigir insumos más costosos, aumentar la nómina de obreros sin miramientos (de 2.000 a 10.000) y forzar su “inauguración” por trechos, por motivos políticos. Las nuevas exigencias aumentaron año a año el costo de la obra.

Corpoelec –por razones no aclaradas– comenzó a retrasar los pagos a los contratistas, que por contrato debían hacerse en bolívares y dólares, según fuera el componente a pagar. Las empresas privadas se enfrentaron al incremento de los precios en bolívares para sueldos y productos y al inicio de una escasez de insumos industriales que se debían comprar en el país. “Ni cemento ni cabilla podían comprarse en el país”, recuerda un ex ingeniero de la obra. “Tampoco se conseguían repuestos”, recuerda otro.

Es 2010. En una reunión entre OIV –liderada por Odebrecht– y Corpoelec se discute cómo afectan los constantes cambios al contrato y la exigencia de nuevos materiales y componentes. El consorcio expone un reclamo al gobierno: “Los precios iniciales no me dan, el control cambiario me limita, cobro poco en dólares y mucho en bolívares, estoy gastando más dólares de lo normal con tus nuevas exigencias”, es la línea argumental de los contratistas.

La solución vino en forma de porcentaje: 80-20. El objetivo era aumentar el pago en dólares (baratos), y bajar el componente a saldar en bolívares. Funcionó así, entre 2010 y 2014. Corpoelec tomaba el monto de la factura de OIV en dólares y lo convertía en bolívares a la tasa de cambio preferencial (4,30). Luego se sumaba a la factura en bolívares. El total se desglosaba en dos partes, 80% y 20%. El primer monto se reconvertía en dólares (a tasa preferencial), y el segundo se mantenía en bolívares. Así, una factura de 2,3 millardos de bolívares y 18,8 millones de dólares se convertía en una de 491 millones de bolívares y 456,9 millones de dólares. “Fueron más de 1.000 facturas que pasaron así”, relata el ingeniero de Odebrecht.

Este esquema 80-20 quedó firmado entre las partes en el Addendum 4A del contrato, según fuentes consultadas, durante la gestión del entonces ministro de Energía Eléctrica Alí Rodríguez Araque. Una consulta por correo electrónico al ahora embajador en Cuba no fue respondida para la fecha de publicación de este artículo. “El Addendum 4A, existe y lo contempla. Las cuentas en Tocoma no cuadran gracias a esto”, dice un ingeniero de Odebrecht.

En 2014, una junta interventora de Corpoelec elaboró una presentación recomendó apresurar la obra donde reconoce la existencia del mecanismo 80-20, Además, recomiendan terminar la obra porque " El cierre técnico del Proyecto y su retraso puede ser usado por operadores políticos de Oposición para desprestigiar al Gobierno Bolivariano".  PRESENTACIO´N TOCOMA A JUNTA INTERVENTORIA 11-03-14 R3 by ArmandoInfo on Scribd

Entre la gerencia media y los ingenieros del proyecto de Corpoelec hubo malestar. “Todo el mundo sabía que eso permitiría más robo”, recuerda otro ingeniero. “Pero arriba se dijo que se firmaba. Corpoelec tenía a Chávez presionando encima, había elecciones y mucho dinero”. El personal contratado temía por sus trabajos si trascendía esta anti ley de Pareto.

Por ese ardid OIV cobró y Corpoelec pagó escalatorias (aumentos de precios), bonificaciones (por cumplir fechas de culminación de trabajo) y valuaciones. “Más de mil facturas se pagaron así”, reitera uno de los actuales trabajadores. El daño patrimonial fue calculado, a lo interno. “Por esa vía se pagaron 1.000 millones de dólares, buena parte en comisiones para la gerencia del proyecto de Tocoma”, agregó.

Ingenieros –algunos todavía activos en Corpoelec, otros ya fuera de ella– no dejan de mostrar su asombro de que Tocoma haya costado casi el doble de la ampliación del canal de Panamá (5,4 mil millones de dólares), o casi cuatro veces lo que le costó al país –en dólares– la construcción de una central hidroeléctrica similar, Caruachi, muy cerca de Tocoma sobre el cauce del río Caroní.

En la ecuación de Tocoma, x siempre era igual a pagos extras en dólares

Entre 2007 y 2014, Tocoma vivió picos y bajadas en el ritmo de la obra. Corpoelec respondió en varias ocasiones y de manera desesperada –por necesidad electoral, como en las presidenciales de 2012– pagando por “aceleraciones” que, a la final, no cristalizarían la inauguración de la obra para la fecha prevista.

La gestión del ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón se topó con una semiparálisis de la obra en 2013. Y al revisar las causas, una comisión de auditores de Corpoelec halló el ardid cambiario en julio de ese año. Sus integrantes advirtieron la irregularidad a la junta directiva, dejando entrever que colindaba con un ilícito cambiario en manos de la Gerencia de Ingeniería y Proyecto de Expansión y Generación Oriente de Corpoelec.

Por ejemplo, identificaron dos facturas por 363 millones y 226 millones que debían ser pagadas en bolívares, por tratarse de trabajos efectuados en el país. Así constataron que estas y otras conversiones fueron hechas “sin tomar en cuenta la normativa cambiaria vigente y la opinión de las instancias legales correspondientes” y “sin contar con la autorización previa para dicho cambio”. Aún así, esas facturas luego fueron reestructuradas y pagadas mayormente en dólares, aseguró un ingeniero de Odebrecht.

El procedimiento con el 80-20 era un patrón, deslizan. “La comisión de Auditoría resalta la recurrencia por parte de Edelca (la compañía estatal de desarrollo eléctrico del cauce del Caroní) y Corpoelec en acordar pagos en divisas con el Consorcio OIV Tocoma considerando que los trabajos se estiman realizar en territorio nacional”, por un total de 635.991.233,19 millones de dólares. Los pagos realizados en el país, debían pagarse sólo en bolívares, de acuerdo al contrato.

En agosto de 2013 Adolfo Aponte Hernández remitió a las autoridades del proyecto de la centra hidroeléctrica de Tocoma la auditoría interna que reveló sobreprecios, cobros injustificados, retrasos y la irregularidad cambiaria del 80-20. Memo Auditoria OIV by ArmandoInfo on Scribd

Alarmados, los auditores acudieron a la consultoría jurídica para analizar el caso. En agosto de 2013, el consultor Alejandro Carrasco dio su opinión: “La Gerencia de Ingeniería de Proyectos de Expansión Generación Oriente ha venido efectuando una interpretación errada en el modo de convertir a pago en Dólares 80% del monto de la valuación de obra ejecutada en divisas y 20% en Bolívares correspondiente a la misma valuación, debiendo procederse a corregir tal situación”.

En el documento, Carrasco cita los límites que contempla la ley del Banco Central para el pago de proyectos en divisas, según los convenios cambiarios. El abogado confirmó que había estudiado el caso y que el procedimiento no era cónsono con el contrato inicial.

Otras gentilezas para los contratistas

Además del esquema 80-20, los auditores de Corpoelec encontraron decenas de irregularidades administrativas, que dejaron asentadas en varios informes oficiales, todos revisados para este reportaje.

Por ejemplo, Odebrecht, Impregilo y Vinccler obtuvieron parte de los contratos para obra adicional (no principal) sin licitación, violando la ley de licitaciones. También recibieron pagos “en exceso”, lo que afectó el flujo de caja de Corpoelec. Cobraron incrementos hasta de 30% por reclamaciones sin que fueran aprobadas por las instancias apropiadas. Se les pagó, en algunos rubros, más de lo que se presupuestó. Obtuvieron prórrogas de meses para sus trabajos sin entregar la documentación obligatoria que las justificara.

Por su parte Impsa, la contratista argentina de las turbinas, cobró 75 millones de dólares de Corpoelec sin haber firmado contrato. También recibió 60 millones de dólares por equipos que hizo llegar a la obra; cobró tres millones de bolívares por costos laborales que no se justificaban; tasó un impuesto en 3% en lugar de 34%; y no pagó IVA. Además, firmó un tercer contrato sin fecharlo, lo cual es ilegal. En una ocasión incurrió en retrasos en la entrega de trabajos, por lo que debió pagar 4,7 millones de dólares a Corpoelec en multas. No hay evidencia de que lo haya hecho. De hecho, de 10 turbinas que le fueron pagadas, en Tocoma sólo hay una y media instalada.

BID y CAF conocían estas ilegalidades, afirman fuentes. Delegados asistían periódicamente a las reuniones del directorio de la obra, para verificar los avances contra los desembolsos. Sin embargo, no firmaron, como correspondía, las modificaciones de los contratos y continuaron financiando la obra, según la auditoría. Para el momento de la publicación de este reportaje, las solicitudes información enviadas por correo a ambas instituciones no habían sido respondidas.

Auditoria Impsa by ArmandoInfo on Scribd

En mayo de 2013 Adolfo Aponte Hernández, jefe auditor de Corpoelec, realizó un informe sobre las situación del contrato de las turbinas para Tocoma, donde dejó asentadas irregularidades en pagos, entregas del trabajo y hasta impago de impuestos.