A través de un préstamo, pudo juntar los 7.000 dólares que necesitaba y se operó en octubre de ese año. Solo en diciembre el seguro reembolsó los gastos de la operación, pero en bolívares, un verdadero inconveniente en una economía con una tasa inflacionaria, para el momento, de 2.959,8% anual, según las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV). 

“Lo que me pagaron en bolívares equivalía, para ese momento, a la mitad de lo que me había costado la intervención”, recordó. Por fortuna, había recurrido antes a la plataforma de colectas públicas, Go Fund Me, que en los hechos se ha convertido para la clase media venezolana en un sucedáneo de la seguridad social. Con estos recursos pudo pagar la deuda que había adquirido para costear la operación. A través de los testimonios de un directivo del sector de las clínicas privadas, así como de otros dos usuarios de la aseguradora y dos corredores de seguros, que pidieron el resguardo de su identidad por temor a represalias por parte de la compañía, Armando.info pudo constatar que la situación de L.M. no representa un caso aislado. 

Seguros Universitas, una vez una compañía en ascenso que llegó a tener pólizas lucrativas de instituciones públicas, como la de los miles de trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), hoy es casi un paria del sistema. Apenas la aceptan en un puñado de instituciones de salud privada por las deudas que acumula. “Prácticamente en ningún lado la aceptan”, indicó uno de los corredores de seguros. De acuerdo con las fuentes consultadas, para superar la crisis, en este mismo momento Universitas está ofreciendo pagar parte de sus compromisos retrasados con las clínicas. “En nuestro caso, se aceptó un monto de mutuo acuerdo pero se cerró la relación con la empresa”, indicó el representante de la institución privada de salud que accedió a conversar con Armando.info.

Mientras tanto, muy distante de esa zozobra de impagos y mora, aparece César Augusto Bolívar, el empresario de 54 años que en abril de 2011 se convirtió en el accionista mayoritario de Universitas de Seguros, el nombre anterior de la compañía. 

Según se desprende de los documentos contenidos en la filtración de datos bancarios del Credit Suisse, facilitada al diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y trabajada por la plataforma de investigación Occrp (por Organized Crime and Corruption Reporting Project) y otros 46 medios de comunicación de todo el mundo, para así dar lugar a la serie de los Suisse Secrets, Bolívar abrió una cuenta en ese banco en 2007, en la que llegó a acumular 2,4 millones de francos suizos en 2010 (2,5 millones de dólares al cambio de la época). El empresario, además, tuvo dos propiedades en el estado de Florida en Estados Unidos — una de ellas en la exclusiva isla de Key Biscayne, conocida por sus viviendas de lujo a orillas del mar — que vendió por un total de 2.75 millones de dólares entre 2019 y 2021.  

La fortuna de Bolívar tuvo un claro catalizador: su relación de negocios con Majed Khalil, el empresario de origen libanés quien, junto con su hermano Khaled, están entre los contratistas predilectos y más longevos del chavismo. A partir de la primera asociación de Bolívar con Khalil, a finales de 2003, a las dos empresas aseguradoras que dirigían, Serviseguros y H.M.O Servisalud, les llovieron los contratos con instituciones gubernamentales como la ya mencionada Corpoelec, la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas (correspondiente al centro-oeste de la capital), el Poder Electoral, la nómina del servicio exterior de la Cancillería y la del Ministerio Público, cuando este era dirigido por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio. La excepcionalidad de tal éxito se resalta por el hecho de que se trataba de empresas recién creadas y que no contaban con oficinas en todo el país. Tan solo tres años y medio después de eso, en 2007, Bolívar pudo abrir su millonaria cuenta en el Credit Suisse.

Mediante una resolución fechada el 3 de febrero de 2010, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) intervino a la entonces Universitas de Seguros, cuyos dueños eran los fondos de jubilaciones y pensiones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Caracas, todas instituciones académicas de educación superior del Estado (de ahí el nombre de “universitas”). La aseguradora acumulaba una deuda de 74,4 millones de bolívares (una cifra que fluctuaba entre 17,3 y 34,6 millones de dólares, de acuerdo con los dos tipos de cambio existentes para la época), tras irregularidades administrativas en su gestión. La tragedia de los profesores universitarios venezolanos, quienes hoy apenas cobran unos diez dólares mensuales como pago de jubilación, se presentó ante la dupla Bolívar-Khalil como una oportunidad única de adquirir una empresa a precio de ganga que, si bien estaba quebrada, disponía de la infraestructura nacional de la que sus empresas aseguradoras carecían.

En abril de 2011, este cercano socio de Majed Khalil se hizo con la mayoría accionaria. Bolívar y un grupo de sus socios cercanos, entre ellos Félix Rafael Leal Tejera, Héctor José Parra Artenay y Carlos Gilberto Santana Borges, fueron favorecidos por los representantes de la Sudeaseg a la hora de la venta de la aseguradora. 

Una fuente cercana a los hermanos Khalil, que contó el detrás de cámara de la transferencia bajo la condición de no revelar su nombre, señaló que la adquisición y el rescate de la aseguradora se hicieron, principalmente, con fondos de Majed Khalil. “Él no quería que apareciera su nombre y dejó a César [Bolívar] con plenos poderes para dirigir la compañía”, recuerda. Un esquema que los hermanos Khalil han aplicado en otras oportunidades, como en Lácteos Los Andes o Coposa, una planta productora de aceite, margarina y otras grasas, al recurrir a terceros de confianza para evitar ser asociados en público a las compañías en las que hacen inversiones.  

Una toma al estilo Khalil

Varios indicios apuntan a la presencia tras bastidores de Khalil en la reactivación de esta aseguradora, que vivió una rápida expansión luego de que cambió de manos. Ya en noviembre de 2013, los nuevos socios celebraban una fastuosa fiesta en Caracas en la que participaron la modelo Norelys Rodríguez (entonces imagen de la compañía), el exgrandeliga Omar Vizquel, y el zuliano Luis Aparicio, único pelotero venezolano exaltado al Salón de la Fama del béisbol de Estados Unidos. En el acto, los directivos hablaron de la nueva sede, ubicada en el Centro Empresarial El Rosal, un edificio en el que los Khalil poseen oficinas, en una zona comercial del este de Caracas con pretensiones de distrito financiero. También celebraron que, con los nuevos accionistas, la aseguradora había pasado del puesto 43 al número 18, en el renglón de primas netas cobradas, en el ranking de la Sudeaseg. 

El traspaso de la empresa cumplió con el mismo esquema que, junto con sus contactos en el chavismo, suelen diseñar los hermanos de origen libanés. Las empresas son intervenidas por una institución estatal y luego compradas, a un precio de oferta, por los hermanos que están prestos a acudir a su “rescate”, en sectores tan variados como el de energía, informática, alimentos, turismo. También atienden al llamado de entes del Estado para evadir las sanciones que impuso Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Esta misma estrategia se usó con Lácteos Los Andes, una empresa que fue estatizada por el chavismo en 2008 y llevada a la quiebra, y que terminó en manos de los Khalil a través de las llamadas “alianzas estratégicas”, una suerte de reprivatización al estilo postsoviético de las empresas venezolanas otorgadas a los amigos de altos funcionarios. Más recientemente, este accionar fue aplicado en Coposa, en donde sus accionistas denunciaron una toma hostil, con incursión de fuerzas militares en la planta, con la intención de obligar a los dueños a vender casi la mitad de las acciones a un precio menor a su valor real.

En el caso de Universitas, la Superintendencia, entonces regida por José Luis Pérez, designó una junta interventora conformada por Enrique Antonio Guzmán, Isabel Cristina Gazaui Nuiter y Carmen Emelina Caraballo Mayorga. El proceso tuvo una particularidad que extrañó a los agremiados: la intervención de 2010 fue precedida por la decisión de la superintendencia, del 29 de octubre de 2009, de someter a la compañía a un “régimen de inspección permanente”. La Sudeaseg era presidida en ese momento por Ana Teresa Ferrini, quien antes había ocupado un puesto directivo en la propia Universitas. “Era juez y parte. Sabía lo que ocurría y ahora supervisaba”, recuerda alguien que conoció el proceso de cerca y solicita el resguardo de su identidad. 

Las particularidades de la venta captaron la atención de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora. A finales de 2018 esa instancia inició la investigación de la adquisición de Seguros Universitas por la supuesta “compra fraudulenta” de la empresa.  

En la época ya se hablaba de que Bolívar era quien daba la cara por la aseguradora, pero que el verdadero dueño era otro venezolano de “origen árabe”, una referencia que apuntaba a Khalil. Conrado Pérez, entonces diputado de Primero Justicia en el centroccidental estado de Yaracuy y vicepresidente de la Comisión, fue uno de los denunciantes más activos de las supuestas irregularidades en la compra de Seguros Universitas. Pero el expediente fue archivado de manera abrupta. El legislador fue acusado entonces de supuesta “extorsión” por dirigentes de su partido en ese estado, como el diputado Joaquín Aguilar. Pérez negó las acusaciones y aseveró que su decisión de abandonar la investigación obedeció a que no existía “ningún fundamento por escrito o pruebas” sobre las irregularidades que él mismo había denunciado.

Como también lo reflejó Armando.info, el diputado Ismael León (Voluntad Popular), quien asistía a la comisión, aunque sin derecho a voto, fue uno de los que compareció a las interpelaciones para investigar las actuaciones de esa instancia legislativa. En su entrevista del 4 de diciembre de 2019 lamentó que el caso de la aseguradora fuera archivado por Pérez. “No hay la menor duda de que el archivo se alteró y tengan la plena seguridad de que ahí habrá muchas cosas por buscar y no se van a conseguir”, indicó León.

Varios miembros de la comisión parlamentaria — muchos ahora llamados con el mote despectivo de alacranes, en referencia a un plan del Gobierno para “picarlos” con supuestos sobornos y hacer que sirvan a los intereses del régimen de Maduro —, incluyendo al propio Conrado Pérez, fueron destituidos bajo sospechas de recibir pagos de empresarios para otorgar certificados de “buena conducta” a quienes eran investigados.

El caso de manejos turbios más famoso de esta instancia contralora fue el del colombiano Alex Saab, el contratista favorito de Nicolás Maduro, que hoy se encuentra detenido en Estados Unidos, donde espera juicio luego de haber sido extraditado desde Cabo Verde el 16 de octubre de 2020. Varios diputados de esa instancia trataron de librar de culpas a Saab, que hoy es acusado bajo cargos de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros y lavado de dinero. 

Los contactos libaneses de Bolívar

Son varios los empresarios que lograron cuestionadas fortunas durante el chavismo a través del mundo de los seguros y el favor de altos dirigentes gubernamentales a la hora de contratar las pólizas de las instituciones que dirigen. Entre ellos se puede nombrar a Raúl Gorrín (dueño de Seguros La Vitalicia y conocido por sus estrechos vínculos con altos jerarcas del chavismo, fue sancionado por las autoridades estadounidenses por participar en un esquema de presunto lavado de dinero que ascendió a 2.400 millones de dólares), Omar Farías (dueño de Seguros Constitución y apodado como el “Zar de los Seguros”, fue investigado por presunto lavado de dinero en Ecuador, España y Estados Unidos) y Víctor Vargas (más conocido como el banquero de Chávez, por su estrecha relación con el fallecido mandatario, también es dueño de Seguros La Occidental que llevó las pólizas de seguros de la estatal petrolera Pdvsa).

Menos conocido es que Majed Khalil, hoy entre los empresarios más recurridos por el régimen de Maduro, también inició fortuna y contactos gracias a este ramo. La historia de Bolívar y Khalil empezó en 2003 con Serviseguros, una aseguradora originalmente inscrita en 1972 y que fue reflotada por los dos socios ese año.

A pesar de no tener una trayectoria, ni una estructura operativa importante, los nuevos socios lograron captar dos importantes pólizas en el estado Bolívar, la región que lidera la generación de energía eléctrica en Venezuela, que sirvieron como trampolín para los negocios de los hermanos. Para 2003 ya se hablaba sobre los contactos de los empresarios de origen libanés con el chavismo, luego de que se hicieron con la tradicional atunera venezolana Eveba. Ese año los rumores se veían confirmados por registros oficiales, con la firma de contratos para la venta de equipos de informática al ministerio de la Defensa y la Comandancia General de la Armada, a través de la empresa Grupo Hardwell Technologies. 

Los recursos de estas contrataciones con instituciones militares también fueron seguidos por nuevas cuentas millonarias en el Credit Suisse. De acuerdo con datos de la filtración, en diciembre de 2004 la entidad Representaciones Hardwell, así como Majed y Khaled Khalil como personas naturales, abrieron una cuenta conjunta que llegó a tener 19,2 millones de francos suizos el 31 de enero de 2005  (unos 24 millones de dólares para la época). La cuenta fue cerrada el 31 de mayo de 2014.

Las primeras contrataciones otorgadas a Serviseguros estaban relacionadas con contactos castrenses. La póliza de seguros de la gobernación de Bolívar, gobiernop regional entonces a cargo del general Francisco Rangel Gómez, un cercano aliado de Chávez, que gobernó el estado durante tres periodos consecutivos (2004-2017), y la de Edelca, una empresa de la región presidida por el general Hipólito Izquierdo y encargada de la generación hidroeléctrica en el cauce del río Caroní. Ambos militares se convirtieron en estrechos colaboradores de los Khalil, a tal punto que, en 2009, Serviseguros abrió una sucursal en Puerto Ordaz, parte de Ciudad Guayana sobre la ribera izquierda del Caroní, donde se encuentran las sedes de las empresas mineras, siderúrgicas e hidroeléctricas del Estado venezolano.

En ese 2004, los negocios de los Khalil se expandieron de forma tan acelerada que empezaron a captar la atención de autoridades de otros países. La vinculación de la administración del fallecido presidente Chávez con mandatarios del mundo árabe, en especial con algunos dictadores como Sadam Husein y Muamar El Gadafi, levantaron las alarmas de organismos de inteligencia de Estados Unidos. Ese mismo año, el diario El Nuevo Herald informó sobre la decisión del gobierno estadounidense de revocarle la visa a Majed Khalil, aunque los motivos nunca fueron indicados de forma oficial.

Los nuevos padrinos políticos

A pesar de la sanción estadounidense, los negocios iban tan bien que Bolívar y Khalil decidieron abrir una segunda aseguradora en 2007, de nombre H.M.O. Servisalud, y cuya sede está, actualmente, en la misma torre de Seguros Universitas. Ambas aseguradoras también tienen vínculos comerciales. De acuerdo con sentencias de juzgados mercantiles venezolanos, H.M.O ha administrado el centro de contacto telefónico (call center) que tiene Seguros Universitas para la atención de sus clientes.

El 30 de junio de 2008, Majed Khalil aportó 220 millones de bolívares a la compañía (102.000 dólares al cambio oficial de la época), lo que equivalía a 50% del capital total de la empresa, que quedó en 440 millones de bolívares (204.000 dólares al cambio oficial de la época), de acuerdo con documentos de la compañía a los que Armando.info tuvo acceso. Con este aporte Khalil quedó como el accionista mayoritario con 220.000 acciones (50%), mientras César Bolívar poseía 88.000 (20%), Felix Léal tenía también 88.000 acciones (20%) y Ramón Arias 44.000 (10%).

Esta empresa fue contratada en 2008 para proveer servicios de atención médica primaria y suministro de medicamentos a los empleados de la recién creada Corpoelec, una jugosa contratación que incluía a más de 70.000 beneficiados, justo cuando llegaba Hipólito Izquierdo, el antiguo presidente de Edelca, a la presidencia de ese organismo. “Ese fue un contrato brutal. Corpoelec es una de las empresas que más ingresos generaba”, indicó una fuente que estuvo al tanto de los acuerdos. La empresa estatal fue la encargada de estatizar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica en el país, una política que, junto con irregularidades en la compra de equipos, llevó al colapso del sector eléctrico en Venezuela, en donde el suministro de energía se ve interrumpido a diario, a menudo por varias horas.

Con estos contactos en el chavismo a su disposición, pronto la compañía expandió su rango de acción. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que, al menos en 2011 y en 2016, la empresa fue contratada para llevar la “administración plan salud y funerario” de la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, brindando este servicio a una abultada nómina que contó con un total de 76.000 beneficiarios. También llevaron la nómina de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Empleados, Obreros y Jubilados del Poder Electoral (Capseoj) en 2012, 2013 y 2016 que, casualmente, también contaba con 76.000 beneficiarios, de acuerdo con el RNC. A pesar de estos contratos de pólizas de seguros, esta empresa no aparece registrada como aseguradora en el portal web de la Sudeaseg. 

Con estos contratos se afianzó la relación de Majed Khalil con los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy y Jorge, hoy considerados como la dupla más poderosa en Venezuela después de la pareja presidencial. La relación se estrechó especialmente con el actual presidente del cuestionado Parlamento del chavismo, Jorge Rodríguez, quien era alcalde del municipio Libertador de Caracas para la época en que se firmaron estos dos contratos y cuyo poder de influencia llega hasta el Poder Electoral en Venezuela, pues se desempeñó como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2005 y 2006. Los hermanos Rodríguez se convirtieron en los principales padrinos políticos de los Khalil, quienes lograron así mantenerse en la primera línea de los empresarios favoritos del chavismo.

H.M.O. Servisalud también logró contratos con Edelca en 2010 y 2016 para la administración del “Plan Funerario de 34.229 beneficiarios”, y del Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) en 2011 y 2016 para prestar el mismo servicio a 15.747 beneficiarios. Las demás empresas que aparecen en el RNC son casi todas pertenecientes a los hermanos de origen libanés, quienes aseguraban a sus trabajadores con su propia compañía del ramo. En el registro aparecen el Grupo Hardwell (2007), la atunera Eveba (2008), Hevensa (2007) —esta, una empresa dedicada a la producción de ferroaleaciones—, la televisora Sun Channel (2007) y Rigomar Agentes Aduanales, entre otros nombres del grupo empresarial. La fuente cercana al entorno de los hermanos, también refiere que Majed Khalil está detrás de la empresa Excellent E.R.S.C. Sociedad de Corretaje de Reaseguros.  

Seguros Universitas, por su parte, heredó la póliza de Corpoelec y, de acuerdo con el RNC, también manejó la de otras instituciones públicas como el Banco del Pueblo Soberano e Ipostel. “Se enriquecieron con seguros colectivos, sobre todo con gente del gobierno, de los ministerios. Con la dolarización empezaron pagando bien, pero a partir de 2019 se volvieron un desastre”, señala uno de los corredores de seguros entrevistados para esta historia. Armando.info dejó un cuestionario en la sede de Universitas en Caracas el pasado 22 de marzo, y también se mandó otro a Majed Khalil a los correos de contacto de algunas de sus empresas, a fin de obtener la versión de los hermanos empresarios sobre este asunto. Hasta la fecha de publicación de esta nota, no se recibió respuesta en ninguna de las dos solicitudes.

El caso de Universitas no es único. Tanto los corredores de seguros como un representante de las clínicas privadas acotan que, salvo muy pocas excepciones, el colapso de los seguros nacionales es generalizado. El sector asegurador venezolano sufrió el embate de la crisis económica venezolana, que fue agudizada por la pandemia de la covid-19 y los costos que esta implicó para el ramo. Sin embargo, la fuente cercana a los hermanos señala que, en el caso de Universitas, el entorno desfavorable se combinó con los efectos de una mala administración en la empresa. “A los otros directivos, Khalil decidió sacarlos, sólo dejó a César Bolívar”.

La salida de Félix Leal, Héctor Parra y Carlos Santana sí ocurrió en, al menos, algunas de las empresas de Bolívar en Florida, en las que tenían cargos directivos, como H.M.O Servisalud CA LLC y Univerprima Financiadora de Primas CA LLC. En el caso de Universitas Holdings LLC, los tres renunciaron en 2016 y la empresa fue disuelta en marzo de 2020, cuando el seguro ya presentaba problemas para atender sus compromisos. Antes de enfrentar estos problemas financieros en Venezuela, Universitas también abrió una filial en República Dominicana de nombre Multiseguros, también dirigida por César Bolívar. 

Lo sucedido con Seguros Universitas, a más de diez años de la entrega de la aseguradora a un grupo con nexos con los Khalil, es un ejemplo del destino que corren  muchas empresas estatizadas que in extremis son asignadas a dedo a empresarios amigos del régimen. El estado actual de Universitas, ¿puede tomarse como un vaticinio del futuro que aguarda a otras empresas absorbidas por los Khalil, como Lácteos Los Andes y Coposa? Solo el tiempo lo dirá.

Para ese día se convocó a una asamblea general extraordinaria de accionistas en el salón Europa del Centro Comercial El Indio, en Acarigua, estado Portuguesa. El fin era someter a votación, una vez más, una propuesta inusual que permanecía desde hace semanas sobre la mesa: entregar a otra empresa privada casi la mitad de las acciones de Coposa como pago de una deuda que esta última, por su parte, contrajo con una institución pública. 

La propuesta ya había sido sometida a consulta el 24 de septiembre, aunque no era uno de los puntos a discutir en la agenda original de ese día. El tema, coinciden diversos testimonios, surgió de repente.

Entonces, la representación de más de la mitad del capital accionario, que hasta esta fecha desconocía de lo que estaba en marcha, se negó de manera rotunda a aceptar la propuesta por considerar que se trata de una trampa con la que perderían la empresa. El restante grupo de accionistas, que lideraba la anterior junta directiva, con un administrador de nombre Antonio Rodríguez como su presidente, no solo estaba de acuerdo, sino que había participado en el diseño de esta fórmula. 

El acuerdo establece que Coposa, representada por Rodríguez, acepta ceder 45% de sus acciones a una compañía de nombre Envasadora de Alimentos (Evalsa) como pago de una deuda que había contraído en 2013 con el estatal Banco de Comercio Exterior (Bancoex), y que este habría traspasado a Evalsa a través de un mecanismo cuyos detalles no se conocen.

“Nos quieren imponer un socio y por una cantidad de dinero muy poca. Nosotros hemos conseguido otros posibles inversionistas, pero desde la vicepresidencia de la República hay una orden”, dijo a Armando.info una fuente que integra la junta directiva de Coposa, quien, por temor a represalias, pidió no ser identificado. De acuerdo a fuentes internas de la empresa, el monto de la deuda, un poco más de 10 millones de dólares, por la cual se quiere ejecutar la toma de 45% de la compañía, puesta a manera de prenda, no corresponde ni a 5% del valor de sus activos, que un avalúo de septiembre de 2020 fijó en unos 217,39 millones de dólares.

Por falta de quórum, en la cita de diciembre ni siquiera se pudo instalar la reunión. Una gran parte del capital accionario se abstuvo de inscribirse, para así manifestar su desacuerdo con la propuesta. Solo quedó la opción de celebrar, tres horas después de lo pautado, una reunión informativa. Se permitió el paso a una parte de los accionistas que protestaban a las afueras.

En medio de la reunión y de forma repentina, aparecieron los representantes de Evalsa y el consultor jurídico del Ministerio de Alimentación, el abogado Gabriel Pérez, además de Majed Khalil, venezolano de origen libanés que, junto con su hermano Khaled, se encuentran entre los contratistas favoritos del chavismo.

Ni siquiera pudieron sentarse. De manera inmediata, fueron abucheados y pitados por la multitud. Los accionistas de Coposa ratificaron su negativa a aceptar la propuesta: “No queremos esta trampa que nos montaron. No somos chigüires ni somos venados para que los señores del Ministerio nos estén poniendo trampas”, dijo uno de los accionistas durante la asamblea. En medio de los abucheos, registrados en videos por teléfonos celulares, los funcionarios del Ministerio, Evalsa y Khalil se retiraron en fila hacia la salida. 

Accionistas que están en contra de entregar casi la mitad de la empresa a Evalsa han propuesto como alternativa el pago de la deuda a Bancoex o su tenedor final. Consideran que, aumentando la capacidad utilizada a 60%, y con acceso a financiamiento o a una asociación en mejores términos, se podría honrar en no más de dos años. Hoy Coposa no trabaja a más de 20% de su capacidad debido a la falta de materia prima, la escasez de diésel y la crisis del servicio eléctrico.

Evalsa, por su parte, no acepta el pago de la deuda. “Es obligado que le tenemos que vender a Evalsa. No dejan ni que se pague, nos lo dijo el ministro de Alimentación [Carlos Augusto Leal], tenemos que vender a juro”, dijo a Armando.info un exgerente de Coposa que solicitó no ser nombrado.

Por su parte, otra fuente de la directiva que está de acuerdo con la cesión de la deuda, a pesar de lo cual pide mantener su identidad en reserva, asegura que esta es la única forma de honrar el compromiso y que el valor de Coposa no es de 200 millones de dólares -dice que, de ser así, ya se habría podido pagar la deuda-, por lo cual rechaza que todo el movimiento se trate de una toma hostil: No se trata de la venta de la empresa, se trata de una emisión de nuevas acciones, de pagar una deuda y de inyectar capital de trabajo a la misma”. 

Una OPA opaca

La historia comenzó con la solicitud de un crédito hecha por Coposa en 2013 por un monto de 15,68 millones de dólares a Bancoex —institución financiera adscrita al Ministerio de Economía— que tenía como objeto invertir en la ampliación y modernización de la capacidad de procesamiento de semillas de girasol.

Uno de los activos que la empresa adquirió fue una planta completa de descascarado de semilla de girasol, con una capacidad instalada de 600 toneladas métricas al día, por un valor CIF (siglas en inglés de “costo, seguro y flete”) de 5,73 millones de dólares. El otro activo fue una planta de refinación/planta de desencerado, con una capacidad de 300 toneladas métricas diarias, por un valor CIF de 9,95 millones de dólares.

Además de esto, se construyeron tanques para almacenar aceites crudos por el orden de los 14 millones de kilos.

De acuerdo con los accionistas mayoritarios, factores como la prolongada crisis económica, el control de cambio, las asignaciones de cupo para la importación de materia prima y la escasez de combustibles, se conjugaron para hacer prácticamente imposible la amortización final de la deuda, que a mediados de 2019 estaba de plazo vencido y había ascendido a 21,54 millones de dólares, por la suma de intereses convencionales e intereses de mora (netos). 

Luego de reuniones y análisis de escenarios, en enero de 2020 se suscribió un convenio transaccional de pago del contrato de crédito en el que la deuda bajaba a 18,85 millones de dólares. Coposa pagó en esa oportunidad la cantidad de 2,125 millones de dólares. Además, Bancoex dio un plazo de seis años para el pago de la deuda mediante 24 cuotas trimestrales, que empezarían a contarse desde el 1º de febrero de 2020.

Pero sin esperar la fecha establecida para el pago de la primera cuota trimestral, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció, el 24 de abril de 2020, la intervención de Coposa por 180 días prorrogables por “irrespetar los precios acordados y caer en prácticas especulativas”, como parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para retomar el control de precios.

El Ministerio de Alimentación y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ocuparon las instalaciones de Coposa y tomaron el control de la producción, que casi en su totalidad se destinó, desde entonces y durante los siete meses que duró la ocupación, a suplir a las cajas CLAP. Al principal programa social-clientelar del gobierno se despachó mercancía por un valor de 7,86 millones de dólares, según indica un informe preparado por la directiva actual de Coposa. También se suministraron aceites envasados y margarina a Red Venezuela —empresa adscrita al Ministerio de Alimentación—, Mercal y el Instituto Nacional de Nutrición, por un valor equivalente a poco más de 212.000 dólares. De ese monto total de 8,07 millones de dólares, siempre de acuerdo a la directiva actual, ni un céntimo ingresó a las arcas de la empresa. 

En medio de la ocupación gubernamental de Coposa, el 10 de agosto de 2020, el entonces presidente de la junta directiva, Antonio Rodríguez, solicitó al Ministerio de Alimentación que la deuda que tenía la compañía con Bancoex fuera cedida a Evalsa.

Casi un año después, el 25 de agosto de 2021, Bancoex cedió a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios C.A (Cuspal), ente adscrito al Ministerio de Alimentación, los derechos del crédito que en su oportunidad otorgó a Coposa. Acto seguido, Cuspal suscribió otro contrato de cesión a favor de Evalsa con todas sus garantías.

“Es legítimo que un sujeto de derecho público haga una cesión de deuda, siempre y cuando respete los procedimientos establecidos para ello”, explica a Armando.info la abogada Andrea Rondón, miembro del comité académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). Dce que es claro que “por tratarse de un organismo público [Bancoex], debe regirse no solo por los propios términos del contrato de deuda -que pudieran prohibir la cesión, o permitirla siempre y cuando se notifique al deudor bajo determinadas condiciones, por ejemplo-, sino ceñirse además a unos controles previos y posteriores, sobre todo por parte de la Contraloría General de la República, que debe establecer que esa cesión de deuda no signifique una merma del patrimonio público”.

Con la información disponible al momento de hacer este reportaje, no quedaba claro que tales extremos se hayan cumplido. El consultor jurídico del Ministerio de Alimentación, Gabriel Pérez, fue contactado en dos oportunidades para este reportaje, pero no respondió los mensajes enviados.

De acuerdo con una de las accionistas consultadas por Armando.info, quien solicitó el anonimato, la cesión de la deuda se hizo sin el conocimiento de los accionistas. “Hay muchos intereses, estamos luchando contra una mafia muy grande”. Explicó que en los últimos años Coposa “se vino a menos”, entre otros factores, por la competencia de productos traídos de Brasil y de Turquía que comenzaron a llenar los anaqueles. Incluso, asegura la fuente, los accionistas estaban buscando asociarse con otra empresa privada para aumentar el capital, luego de los efectos de la ocupación de Coposa por órdenes del Gobierno. Pero la decisión de asociar a Coposa con Evalsa ya estaba tomada. Pasó a ser un tema de “interés político”, refiere esta accionista.

De nuevo, en la guerra de versiones, otro miembro cercano a aquella junta directiva aseguró que esa decisión “fue tomada y aprobada en la Junta Directiva Anterior, con el fin de evitar la ejecución por parte del estado de la hipoteca sobre el crédito de Bancoex. Y tratar de obtener oxígeno, por así decirlo, ante la grave situación financiera de la empresa y de  la ocupación de la cual éramos objeto en aquel entonces”.

Ese mismo 25 de agosto de 2021, se suscribió un “Acuerdo de Cooperación Mutua” entre el Ministerio de Alimentación, la junta directiva de Coposa, y Evalsa. El documento reconoce el costo de despachos de aceite hechos durante la ocupación a Coposa por un monto de 3,36 millones de dólares, además de otro tanto efectuado a Evalsa, y que estaban pendientes de pago por un valor de 4,55 millones de dólares. Tras esas deducciones, la deuda de Coposa quedó en 10,07 millones de dólares.

Estos descuentos, sin embargo, no se aplicarían en el caso de que Coposa “no cuente con el voto favorable en Asamblea de Accionistas para la aprobación de la propuesta de acuerdo".

El 27 de agosto de 2021, un mes antes de la asamblea donde la mayoría accionaria conoció y rechazó el convenio, Acranan Karouni, director-gerente de Evalsa, envió una carta a la apoderada especial de Antonio Rodríguez, Zulma Beatriz Bello Cabrera, en la que notificó su “cualidad de cesionario de los derechos” de la deuda.

De acuerdo con el petitorio redactado en noviembre de 2021 por Antonio Rodríguez, presidente de la junta hasta septiembre de 2021, y demás representantes, el objetivo de la negociación entre el Ministerio de Alimentación, Coposa y Evalsa fue darle un “alivio financiero a la empresa” ya que “el destino de más de 1.100 personas entre trabajadores y accionistas de Coposa está en juego”.

El documento insiste en que la asociación con Evalsa permitiría a Coposa participar en el mercado público a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de distribución de alimentos subsidiados, lo que consideran “vital”.

Según el documento, en el momento en que se contrajo la deuda, Coposa facturaba en un mes el equivalente al monto total de la deuda, entonces pagadera en seis años. Ahora la empresa facturaba 15% de lo que había ingresado, y la siembra de girasol era casi nula, cuando en el año en que se instaló la planta la cosecha de girasol fue casi de 60.000 toneladas métricas.

Vivos útiles

Detrás de la artimaña jurídica para hacerse de la mitad de una empresa privada aparecen unos viejos contratistas del chavismo, hoy parte de la constelación de empresarios que ha crecido a la sombra de la autodenominada Revolución Bolivariana: los hermanos Majed y Khaled Khalil, cuya cercanía con el gobierno les ha llevado incluso a actuar como agentes para evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.

La más reciente expansión de su red de negocios —tienen presencia en los sectores informático, construcción, turismo, energético y alimentación— se había cristalizado a través de maniobras que le otorgaban activos que la administración Maduro, sobre todo a través del ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, decidía reprivatizar y poner en manos de allegados. Un ejemplo de ello fue la toma de control sobre Lácteos Los Andes en 2020. Pero el take over de Coposa les ha reservado un rol distinto. 

De acuerdo con fuentes del sector de alimentos consultadas para este reportaje, los hermanos Khalil son el músculo financiero detrás de Evalsa, empresa del estado Portuguesa que en los papeles aparece dirigida por Kontar Acranan Karcuni y Raad Karouni El Kontar, como gerente y director principal, respectivamente, al menos hasta 2020. Ese año, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC),  hicieron negocios con el Ministerio de Alimentación a través de un contrato con Cuspal para la producción, procesamiento y distribución de todo tipo de alimentos destinados al consumo humano.

Evalsa, que nació en los tiempos de Hugo Chávez, en 2008, ha participado en la producción y distribución de las bolsas de alimentos subsidiados del programa gubernamental CLAP en el estado Portuguesa, de donde el ministro Castro Soteldo, excomandante de la Aviación Militar, es oriundo y donde sirvió por ocho años como gobernador. Kontar Acranan Karcuni y Raad Karouni El Kontar son vistos como "fieles hombres de la revolución chavista y madurista" que, como muchos de ellos, gustan anclar sus inversiones en el estado de Florida, Estados Unidos.

Karouni aparece como presidente de una empresa registrada en Miami en 2012, llamada Envasadora de Alimentos S.A., homónima de la compañía venezolana que está presionando junto con el Gobierno para hacerse de casi con la mitad de Coposa. El domicilio es un conjunto residencial privado de mansiones lujosas, donde se han constituido al menos otras diez empresas (The World of Spices, Corp., Trenyba International LLC, Sorobello International, Corp., Touram Spices, Corp., House of Spices and Chiles Corp., Yaly Corp., Santa Ramzie Corp., Romanelli, Corp., Olimpic International, Corp. y Kukitos, Corp), de acuerdo con el registro mercantil del estado de Florida en Estados Unidos. En todas las compañías aparecen miembros de la familia Yarbouh, a la que pertenece Nedal Yarbout, uno de los que han sido socios de la Envasadora de Alimentos venezolana, y un Cabello de Monagas (Sorocaima José Ascanio Cabello), quien además de ser presidente al menos hasta 2010 de cuatro empresas en Panamá, es un presunto primo de Diosdado Cabello, como ha señalado el abogado y político panameño Guillermo Cochez. 

 Ahora por las malas

Tras el naufragio de la asamblea del 14 de diciembre, los accionistas mayoritarios de Coposa no recibieron una réplica por parte del gobierno sino hasta el día 16 y en forma de una inspección. En horas de la noche de la misma jornada, representantes oficiales tomaron la planta y prohibieron la entrada a siete directivos, incluyendo al presidente de la junta actual, Alejandro Quijada. Lució como un mensaje inequívoco de que la hora de las negociaciones estaba por terminar.

Ese mismo día, el Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria, Menry Rafael Fernández Pereira, ordenó aplicar una medida preventiva de ocupación temporal  de Coposa por 180 días y designó como miembros de la junta administradora encargada a dos funcionarios del Ministerio de Alimentación, uno de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y otro de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal). 

Se trata de una medida que los trabajadores de Coposa -582, ya no los 1.100 que Antonio Rodríguez decía proteger con su propuesta de alianza con Evalsa- rechazan por ser, en la práctica, un cierre técnico. Representantes del sindicato Unstracoposa y de los consejos productivos de trabajadores (CTP) de la empresa, en contacto con Armando.info, manifestaron estar preocupados por la eventual entrega del 45% de las acciones de Coposa a Evalsa. Temen correr con la misma suerte de los trabajadores de Lácteos Los Andes y de la envasadora de productos del mar, Eveba, ambas pertenecientes a los hermanos Khalil. Recuerdan que, en ambos casos, luego del cambio de dueños, extinguieron los contratos colectivos y los sindicatos, violentando derechos laborales. Por esos antecedentes piden resguardar su identidad. 

El take over de Coposa está en desarrollo mientras 585 trabajadores viven la incertidumbre de cómo será, laboralmente para ellos, este 2022, los accionistas de la empresa tienen prohibida la entrada a las instalaciones y otras compañías privadas ven los toros desde la barrera.