El botín en disputa, y la disputa misma, son productos de uno de los contratos más lesivos para los intereses del país firmados durante la autodenominada Revolución Bolivariana. Se trató del contrato suscrito en 2009 entre Pdvsa y Petrosaudi Oil Services, esta última, creada por dos artífices de los negocios al estilo del fake it ‘till you make it, el británico Patrick Mahoney y el suizo Tarik Obaid, quienes con la ayuda de Turki bin Abdullah, uno de los hijos de Abdalá bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita en ese momento, armaron lo que terminó siendo una empresa de maletín con agallas y conexiones. 

Hablando de conexiones: fue gracias a la intermediación de dos venezolanos muy bien posicionados frente la alta directiva de la estatal petrolera venezolana, que Petrosaudi ganó un jugoso contrato por los servicios de dos buques taladros destartalados para operar en la extracción de gas en las aguas del bloque Gran Mariscal Sucre, al oriente de Venezuela.

El contrato establecía el arrendamiento de estos buques -el Saturn y el Discoverer- por un canon de casi un millón de dólares diarios (cerca de medio millón al día por cada uno) durante siete años; un total de 1.300 millones de dólares. La astronómica cifra, que apenas hizo pestañear a la directiva de Pdvsa encabezada por Rafael Ramírez en aquella época de vacas gordas, no solo movía al escándalo por su monto, sino también porque se comprometía con una empresa de utilería dotada con equipos viejos. Para colmo, en condiciones casi de usura: entre otras cláusulas del contrato, la petrolera venezolana aceptaba pagar las facturas siempre, sin chistar, aunque tuviera dudas sobre estas, bajo la premisa contractual de pay now, argue later. Solo podía ejercer cualquier reclamo ante un tribunal internacional de arbitraje.

A la postre, tan pobre fue el desempeño de los buques, y tan obscenas las facturas acumuladas, que no tardó mucho para que Pdvsa dejara de pagarle a Petrosaudi so pena de que reventara el escándalo del sobreprecio, cosa que de cualquier manera se reveló en 2012. Pero esa sería la menor de las pesadillas para la estatal petrolera venezolana, pues Petrosaudi echó mano de todas las herramientas legales para cobrar las facturas que Pdvsa dejó de pagar y que el contrato contemplaba. 

La primera de estas herramientas fue solicitar a Novo Banco -el banco que el Estado portugués organizó, y luego privatizó, a partir de la cartera sana del colapsado Banco Espirito Santo- el pago de estas facturas. No era de extrañar la participación de ese banco; de hecho, desde el mismo año de 2009, cuando se suscribió el contrato con Petrosaudi, Pdvsa construyó una tradición, aliñada por pagos de grandes coimas y sobornos, de trabajar con el Espirito Santo, cuya liquidez por un lustro dependió de las inyecciones de efectivo por parte de esa y otras empresas del Estado venezolano.

Como Pdvsa y, en general, el gobierno de Caracas, ya habían ganado justa fama de malos pagadores, uno de los instrumentos emitidos por el banco portugués para Pdvsa era una suerte de línea de crédito, una garantía de pago conocida en medios financieros como stand by letter of credit o SLBC, por sus siglas en inglés, por la que aseguraba a los proveedores renuentes de Pdvsa el pago final de sus compras de bienes y servicios, en caso de que la petrolera no pagara. Ese instrumento de garantía colateral de pagos se regía por las leyes inglesas.

Paris 'sans amour'

El pago de estas y otras facturas fue impugnado por Pdvsa en 2015 ante un tribunal de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés), establecido en París, única instancia para dirimir conflictos señalada en el contrato de renta de equipos de perforación en alta mar que había firmado con Petrosaudi. 

Pero no fue el único proceso que inició Pdvsa. Ante la justicia inglesa también intentó impedir el pago de las facturas desde Novo Banco a Petrosaudi. Aunque el juez del Tribunal Superior falló a favor de Pdvsa en una primera instancia en 2016, señalando el derecho a comprobar la recepción correcta de un producto o servicio antes de pagarlo, Petrosaudi apeló esta decisión y obtuvo un fallo a su favor poco después.  

En el contexto del arbitraje se estableció un fideicomiso para salvaguardar los recursos mientras eran disputados. El custodio de los mismos quedó a cargo de la firma jurídica inglesa Clyde & Co, que desde 2015 era el representante legal de Petrosaudi. Para evitar confusiones, Pdvsa y Petrosaudi firmaron un acuerdo en 2019 con aspectos generales sobre cómo Clyde podría operar los recursos en custodia.

La estocada que sacó a Pdvsa de la pulseada por el dinero vino del tribunal de arbitraje de la Uncitral, que el 17 de julio de 2020 ordenó a la estatal petrolera venezolana, específicamente a Clyde, el agente custodio del fideicomiso, pagar a Petrosaudi 379,8 millones de dólares por concepto de las facturas disputadas, 2,2 millones en costas legales y 35 millones de dólares a los abogados de la empresa. 

De poco o nada valió que en el transcurso de esos años, especialmente entre 2015 y 2016, se revelara el escándalo del caso 1MDB (1Malasya Development Berhad), una cartera de inversión de 4.500 millones de dólares que Malasia creó y dispuso para costear proyectos de desarrollo en el país, pero cuyo gobierno —liderado entonces por el primer ministro Najib Razak— desvió casi en su totalidad a negocios privados y particulares de varias nacionalidades, como Obaid y Mahoney, los fundadores de Petrosaudi.

Cuatro días después de la decisión del tribunal de arbitraje, Pdvsa pidió ante los tribunales ingleses una medida cautelar para congelar la transferencia ordenada de fondos custodiados por Clyde a Petrosaudi. En esa acción, por primera vez, Pdvsa alegaba que los fondos estaban relacionados con “lavado de dinero, soborno y corrupción” del fraude en Malasia. 

La medida cautelar fue efectiva por poco tiempo. Terminó siendo anulada. Sin embargo, ya estaba en marcha otra solicitud de congelamiento de los fondos, emitida esta vez por la fiscalía general de Malasia el 16 de julio de 2020 -un día antes de que se conociera la decisión del tribunal de arbitraje-, país que, tras estallar el escándalo del fraude del fondo 1MDB y de la caída del régimen de Najib, se ha dedicado a tratar de recuperar los fondos robados y apresar a los responsables.

El guante gringo aprieta más

Pero todavía faltaba por incorporarse un actor más pesado al elenco de esta trama. Se trataba de las autoridades del Departamento de Justicia en Washington. Estados Unidos sí logró congelar los pagos a la oscura Petrosaudi, una meta en la que coincidía con Pdvsa, pero que esta última había fallado en conseguir.  

En octubre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos asumió un rol activo en la restitución de los recursos y también demandó a Clyde & Co para confiscar los 325 millones de dólares. Fuera de la disputa entre Pdvsa y Petrosaudi, que se da en torno al impago de facturas por servicios supuestamente no recibidos (sin tomar en cuenta la legalidad u origen de los fondos), la entrada en el juego tribunalicio por parte de Estados Unidos sienta un precedente al señalar que busca la recuperación de recursos defraudados al fondo 1MDB.

El Departamento de Justicia estadounidense justifica su iniciativa legal y la jurisdicción norteamericana en el caso asegurando que “el uso del sistema financiero estadounidense fue una característica esencial tanto del desvío fraudulento de los fondos del 1MDB como del posterior movimiento de las ganancias mal habidas en todo el mundo”. Con esa premisa, se puso manos a la obra para buscar y confiscar el dinero perteneciente al esquema que habría tenido un canal en bancos de Estados Unidos y, según el Departamento de Justicia, ha “recuperado y asistido a Malasia en la recuperación” de 1.100 millones de dólares.

Los fondos del fraude 1MDB circularon a nivel global hasta financiar la compra de un yate de 250 millones de dólares, obras de Van Gogh, Basquiat, Calder, Rothko, Picasso… Apartamentos de lujo, incontables piezas de joyería (incluyendo un diamante rosado en forma de corazón que terminó en las manos de la esposa de un oficial malayo), posters vintage de películas de época y hasta la producción de las películas El lobo de Wall Street y la comedia Dos tontos aún más tontos (Dumb and Dumber Two).

La demanda radicada por Estados Unidos describe la actuación de Petrosaudi como parte del “primer tramo”, de un total de cuatro subesquemas del fraude de 1MBD. El escrito expone que Petrosaudi sirvió de fachada como propietaria de una cuenta bancaria en Suiza -a nombre de otra empresa, de nombre Good Star Limited- que recibió al menos 1.000 millones de dólares del mencionado fondo, que serían invertidos en un supuesto proyecto de perforación petrolera en Turkmenistán y Argentina. 

“Los funcionarios del 1MDB provocaron este desvío de fondos, entre otras cosas, proporcionando información falsa a los bancos sobre la propiedad de la cuenta Good Star. Contrariamente a las declaraciones de los funcionarios de 1MDB, la cuenta Good Star no era propiedad de Petrosaudi ni de la empresa conjunta, sino de Low Taek Jho, alias Jho Low, un ciudadano malayo que no tenía ningún cargo formal en 1MDB pero que participó en su creación y ejerció un control significativo sobre sus operaciones. Low blanqueó más de 400 millones de dólares de los fondos malversados del 1MDB a través de la cuenta Good Star en los Estados Unidos, tras lo cual estos fondos se utilizaron para la gratificación personal de Low y sus asociados”, dice el documento judicial, que especifica también decenas de transferencias hechas por Low a Obaid, el ciudadano suizo presidente de Petrosaudi.

Al referirse al fraude de Petrosaudi en Pdvsa, el documento estadounidense lo califica como la “pálida sombra” de un esquema que se planteó con Turkmenistán y Argentina de supuestas inversiones petroleras para las que se destinaron 1.000 millones de dólares. “Al carecer de capital circulante, Petrosaudi suscribió un contrato con la compañía petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. ("PDVSA") para obtener derechos de perforación en Venezuela. Como parte de ese contrato, Petrosaudi obtuvo una línea de crédito de PDVSA, que finalmente fue dispuesta por más de 300 millones de dólares (…) Era una pálida sombra del proyecto energético Turkmenistán-Argentina para el que se había inducido fraudulentamente a 1MDB a invertir 1.000 millones de dólares. Los conspiradores representando falsamente a 1MDB, dijeron que los 1.000 millones de dólares se utilizarían para financiar proyectos energéticos en Turkmenistán y Argentina, pero debido a la apropiación indebida de la mayor parte de este dinero, la empresa conjunta disminuida y descapitalizada se limitó en cambio a comprar dos buques de perforación envejecidos y a celebrar el contrato mencionado con PDVSA”.

Tal era el perfil de la empresa en la que Pdvsa consiguió méritos y acreditaciones suficientes para escogerla como proveedora de un contrato multimillonario y clave para la industria.

Custodio en aprietos

La demanda de Estados Unidos, aunque se lee como dirigida contra Clyde & Co, que custodia el dinero depositado en una cuenta bancaria, en realidad no busca acción legal contra el bufete sino la confiscación de los 325 millones. Vale acotar que el tribunal de arbitraje ordenó a Pdvsa pagar un total de 380 millones a Petrosaudi por concepto de las facturas disputadas, más las costas legales del tribunal y los abogados de la contraparte.

Una nota publicada por The Guardian destaca que, en un intento de asegurar los fondos, la justicia estadounidense logró a través de la Agencia Nacional del Crimen (National Crime Agency o NCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido que el bufete fuera notificado en octubre de 2021 sobre una "orden de detención in rem", que es esencialmente un tipo de orden judicial para embargar bienes o activos. A pesar de las discusiones sobre la capacidad de un Estado (en este caso, Estados Unidos) de ordenar la detención de activos custodiados en el territorio de otro país (en este caso, Reino Unido), terminó imponiéndose la cooperación entre ambos países y la NCA fue el vehículo para canalizar la orden.

Clyde & Co, que además de custodio era el bufete que representaba a Petrosaudi, decidió asumir un “carácter neutral” frente a los fondos, según le hizo saber a la justicia inglesa. Frente a esto, Petrosaudi decide demandar al bufete para presionar la entrega de los recursos y logró parcialmente que la justicia inglesa ordenara al bufete transferirle cerca de un millón de dólares mensuales para la cobertura de gastos operativos y abogados. Lo que no logró Petrosaudi, con otro recurso introducido en Estados Unidos, fue frenar la emisión de la orden del juez de ese país que ordenó el congelamiento de los recursos en Reino Unido.

Una fuente cercana al caso asegura que parte de ese dinero que se entregó “por goteo” pudo estar pagando la manutención de Tarek Obaid en la Clinique de Genolier, un centro médico de lujo para el tratamiento y estadía de pacientes en Suiza.

Sin embargo, una vez que el bufete recibió la orden de detención de los recursos, frenó el pago del millón de dólares mensuales a Petrosaudi ante el temor de que pudiera ser objeto de acciones penales por parte de Estados Unidos. Incluso el juez inglés que decide sobre la demanda entre Petrosaudi y Clyde ordenó, en marzo de este año, el cese de los pagos, al considerar que el bufete corre riesgos de ser imputado, a pesar de estar siguiendo la orden del tribunal.

Hasta el momento falta solo que el tribunal inglés que lleva la causa de Petrosaudi contra Clyde decida cuál camino tomará: si entregar la custodia a Estados Unidos o finalmente aprobar la entrega de los recursos a Petrosaudi. A todas estas, ya nadie habla de Pdvsa, que parece haber quedado fuera de toda ecuación. Nadie la nombra como posible depositario de los recursos que pudieran recuperarse, uno de los pocos activos desviados del dinero público en años de saqueo que siguen localizables y a la vista.

De nuevo bajo control del Estado, su desempeño se fue a pique. En 2018 produjo escasas 30.000 toneladas y en 2019 un cero redondo. Como se lee: Cero acero.

Ya en franca decadencia pero sin tocar todavía estos números rojos, en 2014, cuando la empresa producía todavía un millón de toneladas de acero, el gobierno de Nicolás Maduro firmó ese contrato “de rescate” con China, uno de sus socios más comprensivos y con el que se propuso el ambicioso proyecto de aumentar la capacidad productiva de Sidor fabricando una enorme Máquina de Colada Continua (MCC). Una estructura capaz de recibir el acero líquido que producía la misma Sidor y convertirlo en diversos productos, en este caso tubos de acero sin costura.

En el mediano plazo, este tipo de tubos servirían para la construcción del entramado de tuberías que movilizaría el petróleo en la Faja del Orinoco (son especiales para la corriente de fluidos a altas presiones y temperaturas) y, a la postre, la máquina produciría tubos para la exportación. La MCC le daría a Sidor un valor agregado al retomar la senda de convertirla en la manufacturadora de otros tiempos con un producto de mayor valor agregado que los planchones (láminas) y las palanquillas (barras). Ya Venezuela había contado con una fábrica de tubos de acero instalada en la zona -la antigua Tavsa, Tubos de Aceros Venezolanos Sociedad Anónima- pero fue desmantelada en 2013 y su personal había sido traspasado a Sidor.

De modo que el proyecto no podía sonar más atractivo en su enunciado: recuperar las antiguas glorias de una de las acerías más grandes de América Latina mientras se generaban entre 200 y 400 empleos directos según fuera avanzando la producción y las necesidades de personal aumentaran.

Pero faltaba llevarlo a la realidad.

Haciendo alarde de su alianza con los asiáticos a través del Fondo Binacional Venezuela-China, el Estado venezolano (con Sidor como propietario de la futura máquina y pagador del proyecto) se comprometió en el contrato-marco de rescate a desembolsar 250 millones de dólares. Específicamente para la MCC destinaría 108,7 millones de dólares a través del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), pagaderos a la empresa china Minmetals Engineering Co Ltd., que a su vez fungiría como un gran intermediario entre SIDOR y las dos empresas que ejecutaron el proyecto: Vepica y Danieli. La primera, venezolana, llevaría toda la obra de ingeniería y la MCC en sí misma; la segunda, un holding internacional, llevaría la obra civil.

La MCC avanzó con buen pie -alguna lentitud, eso sí- hasta agosto de 2019, cuando se paralizó su construcción con 90 por ciento del proyecto ejecutado. Falta solo un poco, el último poco, pero ahora todo apunta a que la MCC será un nuevo elefante blanco.

Una mezcla de grandilocuencia sin fondo, desidia y excesos burocráticos, con una pizca de los efectos de las sanciones internacionales, descarriló el proyecto en su penúltima fase del declive hasta llegar al registro que, de tan inédito y negativo, casi adquiere ribetes de hazaña: la producción nula de 2019.

Cero acero.

Puro cuento chino

Fuentes aseguran que el estatal Bandes desembolsó por anticipado la mitad del costo de la maquinaria, unos 54 millones de dólares, tal como estipulaba el contrato. 50 por ciento (54 millones de dólares). El resto, que habría de liberarse poco a poco hasta finalizar la obra, se convirtió en un cuento chino.

El hilo a seguir es así: las empresas presentan a la directiva de Sidor las próximas fases del proyecto a ejecutar; aquella evalúa esos pasos y da el visto bueno al Bandes -que tiene los recursos del Fondo Chino-, para liberar los fondos a Minmetals, que termina pagando a las empresas ejecutoras en dólares americanos, tal como establece el contrato. El pastoso proceso de pagos se cumplió parcialmente y pronto los recursos dejaron de fluir.

La triangulación a través de China puede lucir innecesaria, pero la participación de empresas de ese país es parte de las condiciones acordadas al tratarse de un proyecto que se financia por el fondo binacional. Además, expertos de la obra destacan que era lógica la cooperación con ese país si se toma en cuenta que son los chinos quienes participan en la extracción del mineral de hierro para Ferrominera del Orinoco.

Fuentes consultadas por Armando.Info aseguran que de 19 valuaciones enviadas por los contratistas (Vepica y Danieli) a la directiva de Sidor, solo cinco fueron diligenciadas. Con esos desembolsos parciales y el anticipo de 50 por ciento, las empresas ejecutoras llegaron a durar hasta agosto de 2019 con las obras.

Poco a poco se fue secando la posibilidad de financiamiento de las empresas contratistas, que pronto dejaron de comprar equipos mínimos de seguridad (botas, cascos), lo que impulsó los primeros paros de los trabajadores, que se negaron a seguir acudiendo sin contar con los requisitos elementales. Tampoco había mucho más que hacer, porque dejaron de fluir los recursos para el resto de la otra. Fuera del control de Vepica y Danieli quedaba también el transporte de los trabajadores, que solía correr por cuenta de Sidor pero que desde hace años recae en el bolsillo de los obreros.

Aunque la obra entró en un paro técnico, todavía no se han dado las condiciones para oficializar su suspensión. Las empresas no tienen capacidad de despedir al personal y liquidarlo con todas las prerrogativas económicas establecidas en la ley, por lo que hay 400 obreros que todavía perciben su sueldo. De ellos solo 20 o 25 acuden cada día al lugar, para labores de vigilancia para prevenir desvalijamientos.

La puntilla para esta situación agónica la dieron las sanciones internacionales. Si bien el Bandes venezolano consiguió pagar una buena parte de lo presupuestado a la china  Minmetals, esta se tropezó con obstáculos para hacer llegar a través del sistema financiero global los pagos en dólares estadounidenses para las contratistas Vepica y Danieli. Una retención de recursos en China que todavía no encuentra salida.

La oferta de Minmetals ha sido pagar en yuanes, una opción que solo podría aceptar Danieli (un holding que tiene oficinas en más de 25 países, incluyendo China) mas no Vepica, una empresa gestionadora de proyectos de ingeniería con base en Venezuela. La dificultad de recibir yuanes comienza con la falta de una cuenta bancaria en China, cuya administración establece fuertes condiciones para la apertura de una cuenta a una empresa internacional. Una de estas condiciones es que la empresa en cuestión demuestre una orden de compra de equipos o material fabricado en China.

Orgullo desmantelado

Pero la MCC no podría entrar de inmediato en funcionamiento aún si se liberara la muralla china de los dólares adeudados. En el momento de una hipotética reanudación de las obras, faltarían por completar: los trenes de corte, inspección y apilado final de cilindros de acero o redondos (tomaría entre seis a siete meses); la construcción de los edificios operacionales (seis meses), instalación de equipos (tres meses), interconexión de tuberías y pruebas (cinco meses) e instalación y presentación para el arranque de equipos de electricidad, instrumentación y control (siete meses). El toque final sería la instalación de grúas y el cierre de las naves, los grandes galpones donde están las maquinas, con techos y fachadas, a lo largo de otros seis meses.

Los años de pésima gestión gubernamental han pasado factura y fueron borrando el carácter estratégico del proyecto firmado en 2014. La desidia que se apoderó de Sidor tras su estatización en el año 2008 fue como un óxido que carcomió la empresa hasta convertirla en chatarra. Prácticamente todos los módulos que producen el acero en forma de materia prima (acero líquido, pellas y briquetas, diferentes formas de lingotes de mineral de hierro que se destinan a la fundición para la fabricación de materiales) están paralizados. O, muchos de ellos, desmantelados.

El régimen de Maduro publicitó como gran cosa la producción, hasta octubre de 2019, de 700.000 toneladas de pellas, un componente reducido de mineral de hierro que es, a su vez, materia prima para la fabricación de acero. La capacidad instalada de Sidor para elaborar ese subproducto es de ocho millones de toneladas. “Pero acero, el producto que define a toda siderúrgica, no se está haciendo”, dice Carlos Ramírez, sindicalista de Sidor con más de 34 años de experiencia, vía telefónica. “Fuera de la construcción de la MCC, en Sidor no hay más proyectos, allí ya no se está produciendo nada”.

Entre enfrentamientos sindicales -el oficialismo lleva años tratando de tomar el control político de las organizaciones obreras-, el abultamiento sin control de su nómina, inversamente proporcional al valor de sus salarios, el tiempo fue reduciendo el número de trabajadores que efectivamente acudían a la otrora magnífica planta. Hoy apenas deambulan algunas personas en los largos hangares con máquinas rotas, que ya no procesan ni acero, ni nada.

 “La MCC no se podrá poner en funcionamiento porque no hay acero líquido”, que es uno de los materiales que alimenta la máquina para la producción de los tubos. Ramírez explica que el acero líquido era uno de los productos primordiales de Sidor, que fabricaba en sus dos plantas principales, Palanquillas y Planchones, ambas prácticamente clausuradas y abandonadas. Justo en el medio, estratégicamente, brilla detenida la MCC.

Otros trabajadores confirman que, con los hornos apagados, el hampa ha hecho de las suyas contribuyendo al marasmo, que podría tocar a la máquina en construcción.

“Cuando regresemos (del asueto decembrino) seguramente que van a faltar válvulas, manómetros, cualquier cosa. Los malandros se meten y se roban las cosas, quien sabe si con personal de seguridad involucrado”, comentó en diciembre de 2019 uno de los técnicos que trabaja directamente en la construcción. Esa falta y robo de piezas, en el resto de Sidor, generó en los últimos años una “canibalización” de las máquinas existentes, donde se sacaban las piezas de algunas para ponerlas en otras y entonces tratar de hacerlas funcionar.

El desmantelamiento y crisis del sistema eléctrico venezolano es el otro gran escollo que enfrenta la obra, pues poner en funcionamiento la MCC requiere de un flujo eléctrico estable y a toda capacidad. Los apagones nacionales ocurridos en marzo de 2019 fueron el peor presagio. “Asumiendo que hagan una revisión profunda de la acería y compren todos los repuestos y equipos y que sean instalados, para encender los hornos y operar, se necesitaría el suministro de energía eléctrica que dejaría a varios estados del país sin electricidad,  ya que no han concluido los trabajos en las salas de máquinas I y II de la planta generadora Raúl Leoni ‘El Guri’ y el resto de las generadoras hidroeléctricas de Guayana, así como las generadoras de  electricidad cuya fuente es gasoil, gas y vapor”, explica uno de los expertos del proyecto de la MCC que pidió no ser identificado.

Mientras languidece la MCC y cada vez se hace más evidente la dificultad para ponerla en marcha, entre septiembre y octubre de 2019 se registró la visita de técnicos rusos en las instalaciones de Sidor y advierten de los intentos -con piezas de máquinas viejas, paralizadas- de relanzar una máquina capaz de fabricar tubos. ¿Otra operación de rescate?

En su mano izquierda sostenía un maletín negro, toda una ironía para alguien perseguido por la sombra de las “empresas de maletín” mediante las cuales fueron malversados cientos de millones de dólares durante los siete años que presidió la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el ente que centralizó y gestionó durante más de diez años la entrega de dólares en territorio venezolano.

Semanas antes de esa estampa, el 16 de agosto, se difería una vez más la audiencia por el juicio que hace tres años se abrió contra el teniente coronel del Ejército y ex gerente de importaciones de Cadivi, Francisco Mariano Navas Lugo, y su primo José Daniel Stekman, acusados de favorecer a compañías fantasmas con dólares preferenciales.

Ambos quedaron detenidos desde agosto de 2013 por esa investigación. Navas Lugo es el único exfuncionario de alto rango de Cadivi acusado en un proceso que nunca pareció interesar a las autoridades y que recuerda la historia del “chino de Recadi”, un ciudadano asiático, el único detenido y que simbolizó la corrupción de la oficina que entre 1983 y 1989 otorgó divisas baratas en medio de otro control de cambio mientras los personajes de peso se cubrieron en el manto de la impunidad.

Ahora como entonces, el método siempre es el mismo. “Empresas de maletín” o “fantasmas”, así llamadas por no tener domicilio fiscal, empleados o una verdadera estructura empresarial, solicitaban dólares para realizar importaciones. A veces sobrefacturaban la mercancía, lo que de antemano garantizaba quedarse con una porción de las divisas en cuentas bancarias del exterior, pero otras veces ni siquiera compraban la mercancía y se quedaban con la totalidad de lo pedido ante Cadivi.  

Justicia suspendida

Y como ocurrió con el “chino de Recadi”, la historia del caso MP-301151-2013, que sigue la detención de Navas Lugo y Stekman es una secuencia interminable de incumplimientos y de episodios kafkianos. Ni que la ex presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Edmée Betancourt, reconociera en mayo de 2013 que al menos 20 mil millones se adjudicaron a “empresas de maletín” o que el hoy detenido ex ministro de Interior y Justicia -ex jefe de inteligencia en el gobierno de Hugo Chávez- el general Miguel Rodríguez Torres, dijera en diciembre de 2013 que 40% de las compañías que acudieron ese año a Cadivi eran de “maletín”, ha servido para impulsar una investigación real.

La que existe es como un espectro que ha desfilado por los despachos de tres jueces. Desde el 15 de septiembre de 2015 comenzó la siguiente secuencia: ese día comenzó el juicio, pero una interrupción por más de quince días obligó a un reinicio que ocurrió justo un año después. Fue la única vez que Navas Lugo habló ante el juez y expuso el salto abrupto que en 2012 hubo en las peticiones de dólares de Inversora Caejer. En realidad, se trataba de la Caja de Ahorros del Ejército, que desde 2008 hasta 2014 había obtenido liquidaciones por parte de Cadivi de 21 millones de dólares, como reveló Armando.info.

A partir de allí cada tanto se programan las audiencias pero estas nunca ocurren por falta de testigos, porque no trasladan a los acusados desde sus centros de reclusión al palacio de justicia, en el centro de Caracas, o como el 16 de agosto de este año, porque no asistieron los representantes del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), organismo que reemplazó a Cadivi en noviembre de 2013 por decreto del recién investido presidente Nicolás Maduro.

“Le voy a exponer al país la verdad de lo que sucedió ahí porque fue una vulgaridad, hay responsabilidad de funcionarios sin lugar a dudas”, prometió Maduro días después en una entrevista televisiva al referirse a Cadivi, el acrónimo asociado al férreo control de cambio que Hugo Chávez instauró en febrero de 2003 y que aún rige la economía venezolana.

Meses antes y aún en condición de “presidente encargado” tras la muerte Chávez, el tono de Maduro era otro. Despidió a Manuel Barroso del cargo argumentando que lo hacía para cuidar su salud tras “siete años sin descanso”, pero alabando su gestión. “Sale como entró, con su honestidad, con su transparencia. Un aplauso al (entonces) coronel Barroso, hijo de nuestro comandante Chávez”.

Espiral de silencio

Francisco Navas Lugo llegó el 24 de octubre de 2006 de la mano del propio Manuel Barroso al organismo del que dependió la suerte de empresas y personas que necesitaban adquirir dólares. Fue su asistente, jefe de despacho, gerente de seguridad y gerente de aduanas antes de asumir como gerente de importaciones en 2009. Pero los caminos de ambos militares se separaron en ese 2013, cuando la corrupción en Cadivi se convirtió en una realidad aceptada por la cúpula del chavismo y hasta Maduro planteaba la necesidad de una “comisión presidencial” para investigar las irregularidades.

Semanas después de perder el mando de Cadivi, Manuel Barroso pasó a la presidencia de La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La Casa), un holding estatal adscrito al Ministerio de Alimentación que controlaba las importaciones públicas de alimentos así como la materia prima para la agroindustria privada. En 2015 voló a Brasil para convertirse en agregado militar de la Embajada de Venezuela en ese país y desde entonces sus apariciones públicas son esporádicas, como la del pasado 11 de septiembre.  

Para Navas Lugo, en cambio, empezó un calvario que va por los 2 mil días. Fue detenido en agosto de 2013 como consecuencia de una denuncia que interpuso en su contra ante la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) el 25 de julio de ese año quien fuera Vicepresidente de Cadivi, el coronel Víctor Armando Flores Correa. Dicha acusación, identificada con el número DGCIM 024-2013, señalaba a Navas Lugo de “presuntos cobros” de hasta dos bolívares fuertes por cada dólar “a empresas para proceder a la liquidación de divisas”. Flores Correa también estuvo retenido en la sede de la Dgcim, pero a los pocos días quedó en libertad sin cargos y nunca más se supo de él.

Navas Lugo pasó varios meses en la sede de la Dgcim en Caracas hasta que fue movido al penal militar de “Ramo Verde”, en el estado Miranda, conocido internacionalmente por ser el centro de reclusión en el que el dirigente opositor Leopoldo López permaneció varios años. Desde ese recinto trasladan a Navas Lugo hasta el palacio de justicia en Caracas, pero el viaje siempre termina con la suspensión de la audiencia. “Hoy tampoco podrán hablar, les temen. Ya uno se acostumbra”, suelta en la puerta del tribunal Brigcir García, esposa de José Daniel Stekman, el primo de Navas Lugo. Es mediodía del 16 de agosto y los familiares han esperado casi un año para esa presentación.

A las 3:07 PM aparece Navas Lugo en la puerta del tribunal. Esta vez viene vestido de civil, pero esposado como siempre. Apenas un sargento libera sus manos, saca varias leyes de su bolsillo y entra. 43 minutos después, y casi en la hora de cierre del tribunal, anuncian que la audiencia número 33 es diferida porque no llegaron los representantes del Cencoex. “¡Cinco años!”, exclamó minutos antes la esposa de Stekman.

“El tiempo ha demostrado que no ha habido mayor interés en que realmente se sepa qué pasó en Cadivi”, resume el abogado de los acusados Alonso Medina Roa. Los hechos parecen darle la razón. Tres meses después, el 8 de noviembre, se repetirá la escena en la puerta del tribunal séptimo de juicio de primera instancia penal de Caracas. Antes de entrar a la sede del palacio de justicia, Brigcir García presentía que ese día tampoco se avanzaría en la presentación. Ya en el piso cinco desfilan hombres y mujeres esposados, abogados con fajos de papeles.

A diferencia de la audiencia del 16 de agosto, frente a la puerta del tribunal esperan sentados los representantes de la Fiscalía y los del Cencoex. Ahora el que no acudió a la cita fue el propio Navas Lugo, a quien las autoridades debieron llevar desde la cárcel de “Ramo Verde”. A la 1:20 PM el abogado Medina Roa confirmó una nueva prórroga de la audiencia sin saber las razones por las que su defendido no llegó. “Son cinco años de diferimiento por cualquier cosa”, se queja la esposa de Stekman, a quien sí trajeron ese día desde el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, su tercer centro de reclusión desde que fue arrestado en ese lejano agosto de 2013.

La papa caliente

Ni los acusados, ni el abogado o los familiares saben cuándo será la próxima audiencia. Entre tanto, el ex zar petrolero y económico de Chávez, Rafael Ramírez, denunció recientemente haber entregado toda la información relacionada al desfalco vía Cadivi al Presidente de la República.

“Le entregué personalmente a Maduro las grandes carpetas que logramos obtener de las divisas entregadas por Cadivi a las empresas internacionales y nacionales. Con un grupo de expertos de PDVSA, le analizamos la información: identificamos y clasificamos por montos y sector a quien se le habían entregado las divisas de la República, a qué empresas, por cuál concepto, hicimos una búsqueda de los socios de esas empresas y surgieron los mismos nombres, los mismos apoderados, los mismos mecanismos de ocultar capitales”, escribió en Medium el pasado 26 de agosto. “Maduro nunca hizo pública esta información”, sentenció en su escrito.

El 23 de noviembre de 2013 Maduro informó que se reunió con Ramírez, entonces Vicepresidente de economía, y otros funcionarios de su gabinete para abordar lo que ya lucía como una crisis en gestación.  “Tengo, no lo traje, lo dejé allá adentro, un informe de este calibre (con las manos dibuja el ancho) con la inversión de los últimos 51 mil millones de dólares que se entregaron en Cadivi, empresa por empresa, y lo voy a publicar, voy a publicar el listado completo porque vamos a iniciar un proceso de auditoría hasta el último dólar que se entregó por lo menos este último año”, expresó desde el palacio de Miraflores.

No está claro si ese informe al que aludió es el mismo al que se refirió Ramírez en su artículo, pero sí es cierto que el mandatario nunca reveló la lista de Cadivi correspondiente a ese 2013.

Pese a su omisión, Maduro culpó el año pasado a la Fiscal General destituida, Luisa Ortega Díaz, por el fracaso de la investigación contra el organismo que asignó dólares preferenciales en tiempos de una bonanza que para los venezolanos hoy luce remota. “Yo en el año 2014 nombré una comisión ¿Ustedes no se acuerdan? Una comisión para investigar lo de Cadivi (…) ¿Ustedes se acuerdan quién presidía esa comisión? Persona en la cual yo confiaba entonces, metía la coba pues, se ponía la pintica, la blusita y uno creía que de verdad trabajaba. Es Luisa Marvelia Ortega Díaz, Fiscal General prófuga internacional de la justicia”, disparó Maduro el 7 de septiembre del año pasado ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instaurada hacía poco más de un mes atrás. Allí mismo le pidió a Tarek William Saab, sustituto de Ortega Díaz designado por esa ANC, que retomara la averiguación. De poco o nada ha servido.

Apenas asumió el cargo, William Saab también enfiló el discurso contra su antecesora. La culpó de no hacer “absolutamente nada” en lo que denomina como “fraude importador” o la “trama Cadivi-Cencoex”. Aunque el funcionario ha asegurado que el origen de la escasez de recursos que sufre hoy el Gobierno puede estar relacionada a lo malversado a través de Cadivi y prometido que investigará hasta las “últimas consecuencias”, sus actuaciones no han pasado más allá de las detenciones de una veintena de empresarios. 

“¿Ahí no había un control? ¿Ahí no había verificación? Obviamente que eso nos obliga a investigar también a quienes en esa junta administradora dieron estas divisas de la manera como lo describí. Cuando ocurra una conclusión sobre ello, anunciaremos ya en concreto lo que deba anunciarse”, manifestó en septiembre del año pasado al ser cuestionado sobre una posible citación al expresidente de Cadivi.

Manuel Barroso no ha sido requerido por las autoridades. Tampoco el ex vicepresidente de Cadivi, el coronel Víctor Flores, o alguno de los ex funcionarios que denunció el desfalco como Edmée Betanocurt, Miguel Rodríguez Torres o Jorge Giordani, el mentor económico de Hugo Chávez. El teniente coronel Navas Lugo espera en la cárcel de “Ramo Verde” por el reinicio de un juicio que debería servir para entender cómo cientos de millones de dólares fueron tragados sin que nadie reparara en ello y anticipando quizás la que sería la peor crisis económica del país. “Pareciera que no hay interés en que se sepan muchas cosas”, insiste el abogado Medina Roa.