Vive junto a las fotogénicas salinas de Araya, en una de las dos penínsulas que se proyectan al oeste -es su caso- y este -la de Paria- del tronco continental del estado Sucre, nororiente de Venezuela. La locación sirvió de escenario al filme de la directora Margot Benacerraf que ganó el Gran Premio de la Crítica del Festival de Cannes en 1958. Alguna vez al lugar se le otorgó la responsabilidad de convertirse también en polo de desarrollo para una de las regiones más pobres del país, el municipio Cruz Salmerón Acosta. Pero, ya adentrada en el siglo XXI, la zona parece devolverse en la historia a su áspera eternidad de sol, arena y sal, como cuando en el siglo XVII la corona española ordenó levantar un baluarte fortificado para defender las salinas de las acechanzas de los mercaderes holandeses.

Por eso, Cruz José y muchos otros pasan los días extrayendo el mineral de forma ilegal -aunque quizás consentida- e insalubre en medio de las aguas rosadas de la Laguna Madre, donde se explaya la fuente natural de la sal. El depósito es propiedad del Estado y de Enasal, la empresa encargada por ley de su explotación. Sin embargo, ahora apenas da lo suficiente para recordarle a Cruz José y a otros como él por qué la palabra “salario” viene de “sal”.

El tráfico de sal desde la península de Araya es un negocio relativamente nuevo: desde 2018, según cuenta Tadeo Patiño, un comerciante que se dedica a ser cronista aficionado del pueblo. Entonces era un negocio de pocos, recuerda. Algunos contaban con el apoyo de unos cuantos funcionarios de la Guardia Nacional, el cuerpo policial militarizado, metidos de lleno en el negocio falsificando documentos y las guías de distribución de alimentos necesarias para trasladar mercancía en territorio nacional. Luego se llegaría a traficar irregularmente con sal en grandes cantidades transportadas en camiones, tal como dan cuenta las investigaciones de la Fiscalía general venezolana que dieron lugar al arresto de algunos uniformados.

Pero pasado ese trago y la mala publicidad y empujados por la búsqueda de alguna forma de subsistencia, ahora los traficantes “artesanales” no ponen mucho empeño en mantenerse de bajo perfil. La clandestinidad es un lujo del pasado. Como Cruz José, cada día centenares de personas entre hombres, mujeres y niños acuden a la laguna a excavar sal en el sitio que sirvió como fuente de materia prima para Enasal, otrora principal empresa en la producción de sal para consumo humano, animal e industrial. Administrada por la Gobernación del estado Sucre, Enasal exhibe hoy una estructura devastada, con maquinaria obsoleta y destruida y trabajadores adelgazados por el hambre.

La Laguna Madre es escenario de esa devastación. Como parte del complejo salinero fue designada como la “unidad uno” de producción. A pesar de ser una reserva inagotable del mineral, la maquinaria que tiene alrededor, propiedad de Enasal, está en la ruina en medio de lotes de arena, un agua rosada y espumosa, y cerros de tierra arcillosa en la que están asentadas algunas estructuras de concreto lesionadas por el tiempo y la desidia.

La faena del microtráfico

Un par de vigilantes, sentados en sillas de plástico bajo unas láminas de zinc, están allí en horario laboral. Pero no para evitar que los traficantes acudan en lote, que de hecho así van llegando. Lo hacen para cumplir con la formalidad de un trabajo que, según dicen, no les sirve ni para comprar un desayuno. No tienen por lo tanto  ni la capacidad ni la intención de impedir que los pobladores lleguen en grupos a extraer el mineral.

La faena de Cruz José comienza a las seis de la mañana. Él y sus compañeros caminan entre cuatro y cinco kilómetros hasta la Laguna Madre sorteando la presencia de algunos funcionarios de la Guardia Nacional. El temor ahora no es a ser arrestados, ni siquiera repelidos. Evitan que los extorsionen para dejarlos tomar la sal. A veces se pasa ileso la alcabala, a veces hay que pagar; cuando no hay dinero para ese peaje, no se va a trabajar.

En la Laguna Madre realiza un proceso rudimentario de excavación, directo en las piedras de sal, hasta apilar unos ocho o diez sacos del mineral en bruto (de unos diez kilogramos cada uno). Luego los lleva lentamente a casa, donde vive -o sobrevive- en pobreza extrema junto con su mujer y dos hijos y en la que no cuentan ni con agua potable ni gas doméstico.

Un pequeño molino manual, que usualmente utilizaban para moler maíz, fue transformado con un motor de lavadora y un embudo para que tuviera más potencia y pudiera acelerar el proceso de trituración; es lo que usan para desgranar finamente la sal.

Una lona en el patio de la casa sirve para poner a secar el mineral al sol, y estos son los dos únicos procesos que pasa esta sal antes de ir al mercado: molienda y sol.

Ocho horas después la empaca en sacos y morrales pequeños, de esos tricolores y con los ojos de Hugo Chávez. Como Cruz, decenas de estos extractores acuden temprano en la mañana a los terminales en los poblados de Araya y Manicuare, desde donde zarpan los botes que trasladan a Cumaná, la capital del estado. Si no hay Guardias Nacionales que les revisen el contenido de los morrales, tardan unos veinte minutos en llegar a la capital de Sucre y acudir al mercado municipal de la ciudad.

De esa forma trasladan la sal hacia Cumaná y desde allí por tierra a otros mercados municipales en Maturín y otros pueblos de Monagas, o a Puerto la Cruz, Barcelona y El Tigre, en el estado Anzoátegui.

Otra de las rutas regulares de la sal traficada es hacia los pueblos de la península, en los cuales se practica la pesca y no hay salinas naturales. Allí se ha puesto a valer la sal por la crisis del sistema eléctrico. Por falta de refrigeración, la salazón es el método predilecto de conservación del pescado. “Allí la gente compra muchísima sal, se vende bastante”, comentó un microtraficante que solicitó omitir su nombre.

El mismo testimoniante detalló que el mineral va dirigido a poblados como El Guamache, Manicuare, Caimancito, Taguapire, Salazar, Merito y Chacopata. Este último es el enlace terrestre hacia otros destinos del estado Sucre como Cariaco, lugar en el que el producto se vende en el mercado municipal, y los poblados pesqueros de Guaca y Guatapanare en las cercanías de Carúpano, sitios en los que están asentadas varias empresas picadoras y enlatadoras de sardinas y otras conservas de pescado.

Cascarón de contrabando

Entrar a las antiguas instalaciones de Enasal es una experiencia triste y aterradora. Parece un campo de guerra en el que decenas de misiles dejaron todo reducido a escombros y chatarra.  Pero aquí la única guerra fue la librada por la corrupción y la ineficacia. Como las instalaciones, la gente parece estar a su suerte. Se hace evidente el malestar de los obreros por los sueldos exiguos que perciben y que no les permiten comer, asearse o comprar algo de ropa para cambiar los harapos con los que acuden a su sitio de trabajo.

En la década de los 90, en manos de la Gobernación de Sucre, la antigua Sacosal pasó a tener un esquema interno con seis unidades de producción, según indican los documentos de la empresa: la Laguna Madre pasó a ser la unidad uno y la más importante, seguida por la unidad dos en las que se crearon lagunas artificiales. Las unidades siguientes: refinación, molienda, mantenimiento y muelle, completaban el proceso cuyo fin último era obtener sal para consumo humano, animal e industrial, así como obtener productos de calidad para exportación.

Maquinarias envejecidas, oxidadas y apiladas, galpones destruidos, locaciones oscuras y malolientes, vehículos arrumados sin cauchos: la devastación hecha estatuas de sal.  Los trabajadores que quedan se dicen dispuestos a prolongar de manera indefinida una huelga declarada el pasado enero hasta saber a dónde fue a parar la sal que hasta hace poco se producía y a la que le ponía precio la  Corporación de Desarrollo del estado Sucre (Cosdesu), ente adscrito a la Gobernación, designado por el mandatario regional Edwin Rojas como administrador de la empresa.

La ruina de la empresa se refleja en sus empleados. Ropas sucias y viejas, calzado roto o chancletas en el peor de los casos, son la vestimenta de trabajadores que no cuentan ya ni con el suministro de uniformes. “La mayoría ha adelgazado mucho, hasta veinte kilos. ¿Cómo no se van a poner flacos si el sueldo no les da ni para comer”, comentó una trabajadora administrativa que solicitó omitir su nombre.

Un empaque engañoso

En el mercado municipal de Cumaná la sal es vendida a los consumidores en empaques de un kilogramo, con el logo de Enasal. Un vendedor, quien solicitó omitir su nombre, explicó que los traficantes traen la sal en morrales o sacos, pero que ellos se encargan de ponerla en pequeñas bolsas plásticas que compran de forma clandestina a otros revendedores, y las venden entre siete u ocho mil bolívares, apenas unos céntimos de dólar, por empaque. “Sabemos que sacan los empaques de la empresa, pero no podemos decir quién nos los vende. La sal que vendemos es de los bachaqueros que la traen de Araya, pero las bolsitas plásticas hacen que se vea como de fábrica”, comentó.

Entre 2018 y 2019 el tráfico de sal significó un delito mayor en la península. En agosto de 2018 Jonni Acosta, alcalde de la localidad y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), anunció la incautación de 20 toneladas de sal en Araya, extraídas de forma ilegal de la Laguna Madre. Tres hombres fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía.

El 22 de mayo de 2019 dos tenientes de la Guardia Nacional pertenecientes al Comando en Araya, fueron arrestados por falsificar guías de distribución y pasar camiones de sal bajo el amparo de una falsa cooperativa y el apoyo de una empresa. La documentación ilegal les permitía burlar los controles militares y pasar las toneladas de mineral a través de las terminales de ferrys de Araya y Cumaná.

“La teniente tenía un gran negocio, falsificaba las guías para que pasaran los camiones, algunos eran del Gobierno y otros de empresas privadas. Y también extorsionaba a los pequeños traficantes, nadie salía del pueblo sin haberle dado una cuota de dinero. Después que la detuvieron, ella delató a todos los que estaban en el negocio”, aseveró un trabajador de las salinas que solicitó el anonimato.

Pero el tráfico no cesó con las detenciones. Por el contrario, cada vez más personas se sumaron a esta actividad. Alguien como Cruz José, por ejemplo, cobra 50.000 bolívares, o 70 céntimos de dólar, por un saco de diez kilos, pero solo acepta dinero en efectivo. “No es nada, pero hay muchos que hacen lo mismo y hay competencia”, explicó.

Hasta hace unos cuatro meses Cruz se dedicaba a la albañilería, pero la falta de trabajo y ver a sus dos hijos pasar días sin comer fue razón suficiente para dedicarse al tráfico. “Los guardias nacionales vienen y uno se esconde, porque nos piden plata. Es lo mismo cuando vamos a llevarla a Cumaná, te ven con el saco o los bolsitos y te piden hasta 200.000 bolívares para dejarte pasar”.

El tráfico de sal también hace mella en la producción de Enasal. La Laguna Madre era la fuente principal del mineral y ahora es el proveedor de quienes bachaquean. Una sola persona puede extraer diariamente hasta 80 kilogramos de sal, lo que equivaldría a 560 kilos por semana y 2.240 kilos por mes, o lo que equivale a 2,24 toneladas mensuales por persona. En la actualidad alrededor de un centenar de personas se dedican a esa actividad. Una hazaña física escasamente remunerada.

Desde que iniciaron el último conflicto laboral, a mediados de enero de 2019, muchos trabajadores optaron por firmar la asistencia a la planta y salir de las instalaciones antes de las nueve de la mañana, para buscar formas de obtener dinero haciendo labores informales.

Luis José Núñez trabaja en Enasal desde hace más de dos décadas. Desde hace unos meses solo firma la asistencia y se va a la calle a vender maní tostado en bolsitas de papel. “Vivo mantenido por mi esposa porque esto es a lo que ella se dedica y ahora yo la ayudo, me rebusco a ver si consigo dinero para comer”, se lamentó.

Rafael García, quien fue gerente general de la empresa entre los años 2000 y 2007, explicó que la planta, denominada Sacosal para ese entonces (Servicio Autónomo Complejo Salinero de Araya), alcanzó entonces la cima de su producción: 220.000 toneladas de sal en bruto al año.

“Era un producto con mercado seguro”, comentó García. Para ese entonces la sal se exportaba a países como Estados Unidos, China, Finlandia y Trinidad y Tobago. En el año 2008, tras un conflicto laboral con la gerencia de la empresa, un sindicato autodenominado bolivariano, exigió que las salinas pasaran a ser una Empresa de Propiedad Social (EPS), administrada por Pdvsa Industrial, filial de la petrolera estatal.

Desde 2008 hasta 2019, el complejo salinero pasó por diversas administraciones. De Pdvsa Industrial pasó a manos del Ministerio de Ecosocialismo y luego al Ministerio de Industrias Básicas y Ligeras, hasta que en febrero de 2018 la Gobernación de Sucre tomó las riendas por completo y actualmente lo administra a través de la Corporación de Desarrollo del estado Sucre.

 “Antes sabíamos quiénes eran los compradores y en cuánto se vendía la sal. Ahora todo se maneja por Cumaná, hasta la gerencia de la empresa, y no sabemos a dónde va destinada la sal ni cuánto cuesta. Lo que sí es cierto es que todas las últimas cuatro gerencias vienen a llevarse la producción y aquí no nos dejan nada, sino deudas a los trabajadores”, asevera Gregorio Rivero, presidente del Consejo de Trabajadores de la planta.

Ya no llegan embarcaciones extranjeras para exportar el mineral. Desde hace unos tres años tampoco se produce internamente para consumo humano de la marca Enasal y las historias sobre robo de materiales y equipos en la planta abarca desde máquinas empaquetadoras hasta rollos de paquetes de sal por kilo, valorados hasta en mil dólares. Hasta ahora no hay denuncias formales ante autoridades policiales.

Sin yodo ni control

La sal bachaqueada desde la península en los pequeños morrales tricolor o con los ojos de Hugo Chávez -emblemas ambos de la autodenominada Revolución Bolivariana- es vendida por comerciantes informales en el mercado municipal de Cumaná en bolsas plásticas con el logo de Enasal. “Le decimos a la gente que tenga cuidado, esa sal no la procesa la empresa sino los que trafican. No tiene controles sanitarios, no tiene yodo ni ningún otro aditivo”, alertó Rivero.

Los consumidores no están al tanto de la calidad que tiene (o dejó de tener) el producto que adquieren. “Esta es la sal de Araya, ¿no?”, exclama una de las clientas en el mercado municipal de Cumaná al ser consultada sobre la procedencia de la sal que compró a vendedores informales.

El consumo de un producto que carece de ingredientes como yodo y flúor no generará consecuencias inmediatas, pero sí tiene el potencial de causar daños severos a la salud en un mediano plazo, según explicó el presidente del Colegio de Médicos del estado Sucre, Rafael Peroza.

El médico detalló que consumir sal bruta incide directamente en el crecimiento de la glándula tiroidea, un agrandamiento anormal que en términos médicos se denomina bocio. También puede causar hipotiroidismo.

“Los pacientes, en un mediano plazo presentarán arritmias cardíacas, cansancio, depresión y apatía, disminución de la memoria, capacidad de la concentración y aletargamiento. Tendrán una tendencia a engordar y esto también se reflejará en el estado de la piel y la resequedad de sus cabellos. Hay un síntoma físico que aparecerá, que será una especie de bulto en el cuello”.

Peroza indicó que esta enfermedad era común en los pobladores de la península de Sucre y que existen normativas legales que obligan a las empresas y a los vendedores de sal comestible a añadir flúor y yodo al producto. “Cuando las normativas empezaron a cumplirse, la incidencia de pacientes con hipotiroidismo disminuyó en Araya”, recordó.

Así como esa vieja anécdota, los pobladores de Araya habitan un pueblo arruinado que, paradójicamente, posee una fuente inagotable del mineral que durante los últimos 40 años suministró de materia prima a una de las principales empresas salineras de Venezuela, industria que entre los años 70 y 90 contribuyó al desarrollo de la península invirtiendo dinero en el sistema sanitario, educación y servicios públicos.

Pobladores que prefieren el anonimato cuentan que entre esas décadas la producción de la empresa era suficiente para pagar buenos sueldos a sus trabajadores, que llegaron a contar con contratos colectivos equiparados a los de la estatal petrolera del país, Pdvsa. No solo los trabajadores resultaban altamente remunerados; desde la empresa se asignaban recursos económicos para la dotación de liceos y escuelas, suministros médicos y medicinas para el Hospital Virgen del Valle, principal centro sanitario del municipio, así como ambulatorios de los poblados cercanos.

Estos aportes cesaron en la década de los 90, con consecuencias tangibles e inmediatas.

Sin embargo, nada preparó a los lugareños para que en 2020 sus condiciones de vida se asemejaran a las de sus antepasados que Margot Benacerraf filmó en 1959. De un municipio en vías de industrialización pasaron a recolectar de forma manual la sal, para venderla de forma ilegal.

 “Hay hasta profesores que dejaron sus trabajos en el liceo para dedicarse a traficar sal, aquí lo hace todo el mundo, porque nos estamos muriendo de hambre”, comenta Tadeo Patiño, el cronista aficionado que aprovecha el precario acceso a Internet para documentar en línea la decadencia del lugar.

La vida se diluye, como la sal, en la búsqueda de formas para subsistir. La falta de gas doméstico, que se prolonga hasta por cuatro meses continuos, los obliga a peregrinar en búsqueda de madera para armar fogones y cocinar la poca comida que pueden conseguir. La escasez de agua potable les hace caminar kilómetros, con baldes en mano, para poder llevar diariamente el líquido y cocinar o bañarse.

Esa es la faena diaria de Litán, apodo por el que es conocido José Frontado en la zona donde habita, el sector Guanta de Araya. Este hombre, de 45 años de edad, pasa sus días trasladando una carretilla con bidones de agua potable para llevar a su casa, en la que el agua por tuberías está negada desde hace tres meses. Su trabajo, no remunerado, incluye cargar leña desde una zona conocida como Punta de Guate, para que su mujer e hijas puedan cocinar en fogones improvisados. En este hogar, unas dos familias más usan los fogones. Los camiones que venden gas doméstico no aparecen desde noviembre de 2019.

“Los corotos (sic) que usamos para comer los lavamos en agua reciclada, porque pasamos dos o tres meses sin agua en las casas”, detalló Carmen Díaz, otra vecina de Guanta, mientras sumergía envases añejados de plástico en un agua llena de residuos de comida y grasa.

Comprar alimentos tampoco es fácil. Los comerciantes se enfrentan a la tarea titánica de vender la comida a través de transacciones electrónicas, a causa de la falta de dinero en efectivo. Pero, la falta de electricidad que puede prolongarse hasta por dos días, limita las conexiones a Internet y el funcionamiento de puntos de venta.

 “Si me preguntas cuánto bajaron mis ventas, podría decirte que hasta un ochenta por ciento. Pero no solo es eso sino que tenía cuatro empleados en la tienda y ahorita solo tengo dos”, relató el comerciante Richard Salazar mientras enseñaba una foto, guardada en su teléfono celular. “Mira esto, hasta hace un año había tanta mercancía que tenía que almacenarla en la entrada”, dice. De una veintena de comercios en el pueblo, solo nueve abren sus puertas hoy día.

Pero la depauperación hizo de las suyas. “La última quincena que nos pagaron, que fue de 70.000 bolívares [alrededor de un dólar], tuve que completar 10.000 bolívares más para poder comprar una harina de maíz”, ilustra Aníbal Núñez, un ex trabajador presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Enasal.

Esa escena contrasta con la peregrinación de personas que van del estado Bolívar, al sur del país, a la población brasileña de Pacaraima en busca de productos de la cesta básica. Ni hablar de la muchedumbre que hace una semana esperaba ansiosa en San Antonio y Ureña, estado Táchira (frontera suroeste con Colombia), para cruzar hacia la ciudad de Cúcuta (departamento colombiano de Norte de Santander) y llenar sus despensas con los alimentos y medicinas que no consiguen del lado venezolano. Táchira y Zulia comparten una extensa frontera con Colombia que está cerrada desde hace casi un año por decisión de Nicolás Maduro. Pero el Gobernador zuliano, Francisco Arias Cárdenas, parece haber obrado el “milagro” de la multiplicación de los panes y ha logrado surtir el comercio de Maracaibo con productos colombianos.

El 11 de marzo Arias Cárdenas emitió el decreto 1.035 dirigido a implementar durante 120 días “medidas para colocar bienes esenciales, servicios, medicamentos, repuestos, autopartes, productos de limpieza e higiene personal en el mercado interno del estado Zulia, a fin de garantizar el abastecimiento, distribución equitativa y justa de alimentos y productos”. El artículo 3 permite al gobernador “en concordancia con los organismos nacionales y municipales” tomar “medidas necesarias para agilizar el tránsito de mercancías por el puerto y aeropuertos del estado Zulia, pudiendo desaplicar temporalmente procesos regulares que se requieran para hacer posible la agilización, previa autorización del Ministerio con competencia. Salvo a lo concerniente a seguridad y defensa de la nación”.

Pero la mercancía que manosea la señora en el Super Market de Maracaibo no entró por el puerto, ni por los aeropuertos, sino por tierra pese al cierre de Paraguachón, el puesto de frontera que Maduro clausuró en septiembre de 2015, unas semanas después de haber trancado las salidas por San Antonio y Ureña. En Maracaibo es un secreto a voces que las trochas por las que durante años hubo extracción de gasolina y de los productos subsidiados en el mercado venezolano, y que en parte motivaron el bloqueo fronterizo, ahora sirven para un nuevo tipo de contrabando avalado por la Gobernación del Zulia y las autoridades militares de la región.

Las mismas vías en las que hasta meses las autoridades jugaban al gato y al ratón con los contrabandistas, ahora son un corredor para abastecer de emergencia a esa entidad con productos de la industria colombiana. Contrabandistas y autoridades forman hoy un mismo equipo hasta el punto de que cuando las caravanas de camiones numerados parten de Paraguachón hacia Maracaibo van escoltadas por la Guardia Nacional para evitar incidentes en la carretera

Una frontera que siempre está abierta

El puesto fronterizo de Paraguachón, en el municipio La Guajira, está cerrado. Justo antes de “La raya”, el espacio que separa a Venezuela y Colombia, y bajo un sol que abrasa, permanecen alineados decenas de conductores en sus camiones cargados con los productos colombianos. Las lonas verdes y naranjas cubren los vehículos 350 y alguna que otra vieja pick-up. Es el punto en el que las autoridades de la Gobernación y la Guardia Nacional realizan un primer chequeo a la mercancía. Provienen de Maicao, el centro comercial de La Guajira colombiana, y para llegar allí los transportistas entraron por una trocha que altera la línea recta entre esa ciudad del noreste colombiano y Paraguachón, y que permite cruzar los escasos metros que separan ambos territorios.

En ese lugar también se realizan algunos trasbordos de carga a camiones más grandes. La mercancía viene en vehículos más pequeños porque son los que pueden pasar por las improvisadas arterias que conectan a las dos naciones. En algunos casos son los mismos vehículos que hasta hace poco se usaban para contrabandear gasolina o los propios productos venezolanos con precios regulados. “Si en algún momento las autoridades podían tener una radiografía de quiénes eran los contrabandistas es ahora”, advierte irónicamente un empresario, en cuyo comercio se expenden los productos colombianos desde hace meses.

Las autoridades no niegan el uso de las trochas. “Nosotros tenemos al menos 900 kilómetros de frontera en Zulia, imagínate todas las entradas que hay hacia Colombia. Es inviable que nosotros podamos cerrar eso. Tenemos un acceso informal, llamado trocha, y ese acceso es custodiado militarmente para que no haya desbarajuste o que nos vayan a asaltar una gandola, porque es alimento para la gente”, declaró el 27 de junio al diario La Verdad el secretario de la Gobernación, Giovanny Villalobos.

Al menos otras dos trochas se están empleando para abastecer la capital zuliana, de acuerdo al relato de los transportistas y empresarios que conocen el negocio. Se trata de los puntos de Carretal y Tibú, más hacia el sur de la línea fronteriza entre Zulia y territorio colombiano.

El transporte desde Maicao hasta Maracaibo oscila entre 400.000 y 700.000 bolívares (de 400 a 700 dólares, de acuerdo al cambio imperante en el mercado negro), dependiendo de la cantidad de mercancía y de los días que deba permanecer el conductor hasta tener el permiso de las autoridades para entrar a Maracaibo con esa suerte de contrabando oficial. “Aquí ya me revisaron, ahora me voy para la Zodi”, explica un conductor en el puesto fronterizo de Paraguachón. Se refiere a la Zona Operativa de Defensa Integral del Zulia (Zodi), ubicada en la zona norte de Maracaibo. Ese es el último punto de control y allí finalmente se dará el visto bueno a la distribución de la mercancía para los comercios de la capital zuliana. “Es un contrabando, pero legal”, explica un joven transportista que espera en la instalación militar tras recoger mercancía en Paraguachón.

El viaje desde el puesto fronterizo hasta allí cubre cerca de 110 kilómetros. Los conductores pasan otro punto de control a la altura del río El Limón, entre el sector La Paila Negra y el peaje de La Guajira. El trayecto permite comprobar que aún continúa el trasiego de gasolina. Las seis o siete alcabalas de la Guardia Nacional no impiden el tránsito hasta de motos cargadas con pimpinas de combustible, ni disuaden a las mujeres y hombres que a orillas de la carretera ofrecen compra y venta de gasolina, como tampoco impiden que viejos automóviles reposten en esos puntos tras probablemente haber vendido del lado colombiano 50 o 60 litros del combustible que llevaba en su tanque. Por 12.000 bolívares un ciudadano común también puede franquear el paso por las trochas en uno de esos carros hasta Maicao.

A lo “Pancho” Arias…

En los supermercados no dudan al afirmar que se trata de un contrabando. “¿Cómo entra el producto? De la misma manera en que salían la gasolina y los productos venezolanos. Así es que entra la mercancía, la novedad es que el Gobierno se está haciendo la vista gorda (…) Está pasando a la inversa de lo que fue el bachaqueo”, reconoce un directivo de una de las principales cadenas de Maracaibo. Para evitar pisar en ese terreno movedizo del contrabando, la mayoría de los supermercados se limitan a recibir y pagar en bolívares la mercancía. “El Gobernador está resolviendo, se la está jugando (…) Es una solución a lo ‘Pancho’ Arias”, agrega a modo de broma el empresario.

El proceso ad hoc de “importación” y transporte corresponde a las empresas autorizadas previamente por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación. En una oficina, ubicada en la antigua sede del escritorio jurídico ARD de Maracaibo, las autoridades regionales comprueban unos requisitos establecidos para filtrar a quienes vayan a participar en el “Plan de abastecimiento de la Gobernación Bolivariana del estado Zulia”. La copia del registro de la “empresa o cooperativa”, la copia del Registro de Información Fiscal (RIF), copia de la cédula de los representantes legales, copia de facturas de la “empresa o cooperativa”, una carta “dirigida al gobernador donde manifieste su intención de ser incorporado al plan de abastecimiento” y la “hoja de vida de la empresa” son los recaudos que deben presentar. La aprobación de la oficina de gobierno le llega a las empresas en un correo electrónico.

Muchas de las empresas que traen los productos desde Maicao son las denominadas Cooperativas Wayúu. “Los únicos que pueden pasar por allí (las trochas) son los Wayúu (…) Una cooperativa me llega aquí y me hace la factura, yo les pago en bolívares por el precio de la mercancía, los Wayúu pagan allá (Maicao)”, relata otro empresario. En septiembre del año pasado cuando Nicolás Maduro ordenó el cierre de Paraguachón dijo que “el paso será sólo para los hermanos Wayúu, que ya están coordinados”.

La Cooperativa Export Import Wayúu, R.S y Mis Dos Majayuras, C.A son apenas dos de esas organizaciones que transportan y facturan la mercancía a los supermercados. La primera de ellas fue objeto en 2012 de una suerte de proceso administrativo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), por estar relacionada en un posible contrabando de pailas de aluminio desde Venezuela hacia la zona franca de Barranquilla, en la costa colombiana.

También hay empresas importadoras que con el cierre fronterizo sufrieron una contracción en su actividad y están realizando la travesía hasta Colombia. “Por la trocha no te va a parar la Guardia Nacional, esa mercancía no la para nadie, te puede parar la guardia colombiana”, señala un importador.

Mercado gris

Los empresarios consultados aseguran que han trabajado con Arias Cárdenas para tratar de que los productos terminen en el comercio formal. “Si las calles de Maicao están llenas de nuestros productos, ¿por qué no llenamos las nuestras de esos productos colombianos?”, plantea el propietario de un supermercado. Así resume la lógica detrás del decreto del gobernador, que en principio apuntaba a realizar las importaciones vía marítima.

“La idea era entrar por el puerto, pero pagaría impuestos y el problema serían los permisos sanitarios, los comercios querían hacerlo por los puertos (…) Quizás podría ser más barato si se toma en cuenta que en las trochas hay pagos de vacuna a la policía colombiana, la guerrilla, etc”, detalla uno de los empresarios.

Los productos que se están comercializando no cuentan con el permiso sanitario y otras disposiciones establecidas por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer). La Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol) advirtió que el negocio surgido a partir del decreto de Arias Cárdenas “vulnera lo previsto en diversas leyes, tales como la Orgánica de Aduanas, la de Régimen Cambiario y sus ilícitos, la del Banco Central de Venezuela, la Ley General de Puertos, la Ley de Aeronáutica Civil y otras disposiciones que regulan esas materias”.

El presidente de la junta directiva de esa institución, incluso, denunció esta semana la discrecionalidad que hay detrás de la medida. “Allí hay una aplicación absolutamente discrecional, hay un alto riesgo de que el beneficiado por esa autorización sea el amigo, el compadre, el socio de quien está dando la autorización porque no hay normas, no se conocen cuáles son los criterios con los cuales se están dando esas autorizaciones, esa no es la forma como se debe abrir el comercio”, declaró Gonzalo Capriles a Televen.

Los comerciantes zulianos, en cambio, insisten en los beneficios que ha traído el negocio de los productos colombianos. “Si no hubieran puesto esta medida, aquí no habría nada que comer”, sentencia un empresario del sector de las panaderías. “La materia prima para llegar a Maracaibo desde el centro del país debía pasar un calvario”, agrega a propósito de las trabas y limitaciones impuestas por el Gobierno a través de las “guías de movilización” con las que el Ministerio de Alimentación dirige el comercio nacional.

Los cálculos de los empresarios apuntan a que entre 10% y 15% del volumen de mercancía que venden mensualmente corresponde a los productos colombianos y que diariamente entran por las trochas entre 80 y 100 camiones. Aseguran que el suministro de productos ha permitido competir y reducir el mercado negro de los bachaqueros, en un estado que fue el primero en el país que instaló las máquinas captahuellas para comprar alimentos hace dos años. “Los supermercados estaban secuestrados por los bachaqueros”, recuerda un gerente de una cadena de establecimientos comerciales.

“No es la solución definitiva, pero tiene elementos positivos: bajar la presión, servirá para que en otras instancias se le pierda el miedo al aumento de precio”, resalta otro empresario. El acuerdo con la Gobernación es que los márgenes de ganancia sean lo más bajo posible para vender los productos a precios inferiores a los del bachaqueo, pero muy superiores a los regulados por las autoridades en el resto del país, una especie de “mercado gris”.

“Es un contrabando que a la larga va a favorecer a nuestra industria porque va a bajar los precios (…) Esto va a llevar a cambios nacionales, es la prueba de que se pueden liberar precios, si había un temor esta fue la prueba”, insiste un propietario de supermercado.

A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) permite la venta a precios por encima de los regulados. “Nadie de la Fuerza Armada ni de ningún organismo nos molesta”, reconocen en los supermercados.

Adiós al control de precios

Entre los consumidores las posiciones están dividas: unos celebran la presencia de productos en los anaqueles que pueden comprarse sin colas y otros se quejan por los elevados precios, si se compara con respecto a los regulados. En Cadenas como De Cándido, Centro 99, Nasa y Mercasa los artículos colombianos conviven con los nacionales, mientras que en establecimientos como Super Market e Inveramerica prácticamente se consiguen sólo los productos importados.

"Qué chévere encontrar todo aquí, pero a precios por las nubes", se lamenta un joven al salir del Super Market de la avenida Las Delicias, de Maracaibo. Adentro el kilo de la harina marca P.A.N fabricada en Colombia, que hasta hace unas semanas se vendía en 1.390 bolívares por kilo, ya cuesta 1.895 bolívares. “Los precios han ido subiendo en Colombia, no se sabe si por el transporte”, suelta uno de los empleados del establecimiento. Un empaque de leche en polvo Colechera de sólo 380 gramos está marcado en 2.585 bolívares y el kilo de azúcar de la marca Providencia se expende en 1.760 bolívares.

En supermercados como el Nasa, al sur de Maracaibo, puede ocurrir que un mismo día se vendan las dos presentaciones de la harina P.A.N, la venezolana a 190 bolívares por kilo y la colombiana en un precio que ronda los 1.500 bolívares por kilogramo. Algunas cadenas han acordado destinar parte de los productos regulados para que sean vendidos en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

"Aquí ya no llega eso", asegura una empleada de un local De Cándido, ubicado en la zona de Indio Mara, a propósito de los artículos regulados. En cambio, en ese establecimiento hay varios productos terminados de industria colombiana: detergente en polvo de 500 gramos marca Tenax en 890 bolívares, pasta dental Fortident entre 990 y 1.050 bolívares, salsa tomate marca Bary, que oscila entre 1.050 y 3.790 bolívares dependiendo del tamaño y papel higiénico de seis rollos marca Elite en 3.090 bolívares.

En la avenida La Limpia la aglomeración a las afueras de un local Centro 99 muestra que no toda la población puede comprar los productos colombianos y tiene que aguardar horas en largas filas bajo el fuerte sol para comprar los productos subsidiados por el Gobierno nacional, si alcanzan. Sin embargo, el plan de Arias Cárdenas es continuar trayendo los productos de Colombia, ya que esta semana se renovó por 120 días más el decreto con el que todo comenzó.

“Allá (en Caracas) cierran la frontera pero los problemas del cierre nos los calamos acá. Obviamente no es la solución al problema, pero al menos hasta que en Caracas se destranque la rueda”, opina un empresario.

Hasta de Taiwán importaron máquinas captahuellas para regular el consumo de los venezolanos. “Una bendición contra el fraude”, dijo Nicolás Maduro el 22 de agosto de 2014 la primera vez que habló de un sistema biométrico para adquirir los productos regulados que tanto escasean en Venezuela. El mandatario auguraba que sería un sistema perfecto. “No busca racionar las compras, sino liberar la actividad comercial de los contrabandistas”.

El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, añadió en esos mismos días que las compras se harían de modo rápido y detendrían el contrabando de comida. Más de un año después, la realidad en los mercados de Venezuela es bien distinta.

El gobierno venezolano primero compró 40 mil máquinas, según declaró Méndez en agosto del año pasado. Cada una de ellas a un costo de 15 mil bolívares; se trataba entonces de unos 600 millones de bolívares destinados al control del consumo.

Luego vinieron otras 20 mil máquinas. Tal vez en ese lote estaban los digitalizadores de imagen que la misma empresa “Hisoft Panama Sucursal Venezuela S.A.” recibió desde Taiwán el 1 de junio de este año en el puerto de La Guaira. A bordo de un buque llamado Kingston llegaban más captahuellas a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con la información almacenada en Import Genius, una de las bases de datos de tráfico portuario más grandes del mundo.

Al frente de HiSoft Panamá figura el mismo Chandler Molina, que representó a Smartmatic –tanto en Venezuela como en otra de sus subsidiarias del Reino Unido– y que este año abrió una oficina de la misma empresa en Argentina, de acuerdo con un edicto público del 18 de febrero de 2015 de ese país.

La página web de HiSoft parece hecha ad hoc. Se hizo en 2015 y todo el material que presenta, la información y los casos de estudio se refieren a Venezuela. Hay un apartado, “Casos de estudio”, donde recogen lo que parecen los hitos de la marca: aparece la digitalización del Archivo Histórico del Registro Civil venezolano, la automatización del sistema de Registro Civil venezolano y una mención especial a una “Gestión Biométrica de Identidad”, con un único caso, otra vez de Venezuela. A pesar de ese hincapié en el país, en la web no aparece más que un domicilio en Panamá.

A diferencia de Smartmatic, HiSoft está registrada en el istmo. Tiene igual una oficina en Venezuela, pero no está debidamente inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Ni siquiera han actualizado sus datos en ese organismo desde el 24 de octubre del año pasado; tampoco responden cuando alguien los llama a precisar su papel en el proceso de instalación de los dispositivos.

Aunque atienden llamados telefónicos en su sucursal de Caracas, no dan declaraciones. Cuando alguien les pregunta por un encargado, un responsable de comunicaciones o cualquiera que pueda servir como vocero, se suceden los “no hay nadie”, “no tenemos de eso”, “están reunidos en este momento”. La llamada pasa de persona a persona hasta que alguien –que nunca se identifica– termina por trancar luego de advertir la situación: “Estamos en un momento delicado y especial para hablar”.

Todos esconden la mano

HiSoft no habla, no es el momento. Es el mismo argumento que dan en la mayoría de los supermercados del país: en Venezuela es obligatorio poner el dedo para comprar en las grandes cadenas de supermercados, pero el tema es tabú para los gerentes de esos mismos supermercados. Incluso en el estado Zulia –en la frontera noroccidental– donde el gobierno venezolano estrenó las captahuellas como una respuesta al contrabando de productos hacia Colombia.

Ajenos desde Caracas, el invento de aplicar un sistema de captahuellas –que en la jerga del Gobierno se llamó Sistema Biométrico para la Seguridad Alimentaria– aterrizó en junio de 2014 en forma de programa piloto en ocho supermercados del Zulia.

El registro de los datos y la huella dactilar era voluntario, pretendía controlar 23 productos “esenciales que presentan mayor irregularidad en su distribución nacional”, según declaró el superintendente de Precios Justos el 27 de agosto de 2014. El sistema había sido adquirido y pagado por cada establecimiento: primero sería para las cadenas del Estado –Bicentenario, Mercal y Pdval– y para 14 grandes supermercados del Zulia.

William Chacín, de supermercados ENNE, explica desde Maracaibo, la capital zuliana, que la idea “nació en conjunto entre la Gobernación del Estado Zulia y los comerciantes ante el problema de las colas y el contrabando, pero quien cuadró y coordinó todo es el ente estadal”. Agrega que el costo de las primeras máquinas fue asumido por cada supermercado, pero advierte que el número de artículos bajo control luego aumentó a 30. Desde entonces en la República Bolivariana de Venezuela no solo hay que poner la huella dactilar en una máquina para votar, también para comprar productos como arroz, harina de maíz, jabón de tocador, pollo y carne. Incluso desodorantes...

Uno de los primeros en estrenar las captahuellas en el Zulia fue la cadena de supermercados De Cándido. Su propietario y presidente de la Asociación de Supermercados del Zulia y Afines (Asuza), Andrés Eloy De Cándido, evita hablar sobre el tema: cuando atiende el teléfono, dice que mejor la entrevista sea en Maracaibo, en persona, con grabadora, pero cuando se trató de cuadrar dicha entrevista, simplemente no contestó.

El año pasado, de cualquier modo, invitó al público a aceptar el sistema de manera voluntaria. “Al estar registrado ya sabes que semanalmente tienes un cupo a disposición”, declaró en la edición del 26 de agosto de 2014 del diario El Universal. “Puedes ir todos los días, pero si se agota el cupo debe esperar hasta la siguiente semana para comprar el mismo producto".

Lo del captahuellas, para entonces, era una novedad. En un primer momento Nicolás Maduro dijo que el sistema sería para aplicar en todos los establecimientos. Las críticas y protestas empezaron y días después, el 28 de agosto de 2014, rectificó: “será voluntario e instalado de manera progresiva”. Pero luego igual se cubrió las espaldas. “Cuando dije que era voluntario, el compañero Andrés Eloy Méndez le dijo a los empresarios de los supermercados privados, y todos dijeron que querían estar”. Y así fue.

También vacilaron en el tipo de sistema. Primero sería un registro de captahuellas sumado a una tarjeta de abastecimiento por familia. La idea de la tarjeta se mantuvo meses después, pero hasta ahora solo se ha llevado a la práctica la máquina, una suerte de libreta de racionamiento digital en palabras del ex gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez. Algo así como un racionamiento 2.0, dijo en junio del año pasado.

Una huella para controlarlos a todos

Las primeras captahuellas que se instalaron en Zulia funcionaban con un mecanismo más sencillo, que sólo daba espacio para estampar el dedo. Estaban conectadas a una computadora que registra los datos, pero no iban unidas a la caja registradora. Aunque se anunció que las máquinas estarían instaladas en todo el país en diciembre de 2014, todavía este año los caraqueños ignoraban lo que es mostrar su cédula y presionar los pulgares de cada mano para comprar hasta un chocolate.

Además de los estatales Bicentenario, Pdval y Mercal, las nuevas máquinas empezaron a verse en las redes de Farmatodo y Makro. Más grandes, con un mecanismo para detectar la huella, una pantalla y teclado, el experimento del Zulia se expandió hasta las grandes cadenas de Caracas. Ya era agosto de 2015.

“Cuando empezó la regulación, se armó una mesa técnica que es liderada por ‘Seguridad Alimentaria’, con el ministro Carlos Osorio a la cabeza, personal técnico de Cantv y del Ministerio de Alimentación”, cuentan desde una de las gerencias de las cadenas involucradas describiendo la negociación tras bastidores. Todas las empresas privadas aceptaron el sistema. No querían problemas, explican, pero hay algo que no esperaban.

A pesar de que Méndez volvió a decir en marzo de este año que “quienes compren un producto cuyo precio no esté controlado, no deberán colocar su huella dactilar en el captahuellas al momento de pagar”, la realidad, meses después fue otra. El sistema se fue develando poco a poco en las mesas técnicas. “No sabíamos que era un sistema que interconectaba a todos los mercados públicos y privados”, dicen en la misma cadena de establecimientos.

Tampoco se esperaban el cambio de rumbo con las máquinas. “En principio iba a ser sólo para los productos regulados, pero cuando llegaron las nuevas máquinas nos dimos cuenta que la caja registradora se activa al poner la huella, así que hay que ponerla para todo. No sabemos por qué es con todos los productos”.

Así, ahora, aun para comprar un refresco, hay que poner el dedo. En el momento de hacer esta nota aún no se había implementado el nuevo sistema en Zulia. “No tiene sentido poner la huella si vamos a comprar un refresco, ralentizaría todo”, decía desde Maracaibo William Chacín, de la cadena ENNE.

Otro de los cambios en el camino fue la compra por terminal de cédula. En junio de este año, el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, dijo que desaparecería la venta mediante este sistema “porque está funcionando el captahuella”. Criticó que “hay irresponsables que han establecido el sistema para productos que no son regulados”. En agosto, sin embargo, anunció a través de su cuenta en Twitter que echaban marcha atrás en esa decisión: “Cumpliendo con el mandato del Pueblo reactivamos el acceso a los productos prioritarios por terminal de cédula”. También explicó en la red social que se reactivó como “resultado de muchas reuniones y exigencias de nuestros consejos comunales, CPAP, Poder Popular”.

El listado de artículos que sólo se pueden comprar en una cantidad determinada una vez por semana viene determinado por una lista que sale del equipo del ministro Osorio. “En las mesas técnicas determinan las cantidades para cada cosa”, explican en una de las cadenas de establecimientos involucrados. Para validar la huella se compara con la base de datos del Gobierno y con la información de venta. “Se bloquea si ya se hizo una compra de un determinado rubro”.

Un sistema imperfecto

Desde que se implantó en Zulia, 20 mil personas han sido bloqueadas en el sistema. No pueden comprar ningún producto regulado sin acudir al mercado negro. La razón que dan desde el Gobierno es que hicieron compras superiores a las cuotas establecidas para una familia, por lo que las máquinas los han excomulgado a una categoría de revendedores. Es decir, han engrosado las filas de los ya célebres “bachaqueros”, un término que el gobierno venezolano ha tomado de la jerga zuliana para denunciar a los oportunistas que se valen del control de precios para hacer dinero rápido.

En Caracas aún no se ha bloqueado de modo oficial a nadie. Pero sí se ha sometido a los usuarios a la discrecionalidad. La máquina está conectada con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) por lo que, automáticamente, quien esté registrado en el ente gubernamental debería aparecer al dar su número de cédula, sea venezolano, residente o transeúnte en posesión de identidad laminada. Pero en los dos últimos casos no siempre aparece el registro. La máquina dice que el usuario no existe. En esos casos, el comprador debe registrar sus datos cada vez que adquiera un producto. “Como no apareces, no puedo dejar que te lleves productos regulados, pero no tienes pinta de bachaquera, así que te lo paso”, explica un cajero de Excelsior Gama tras pasar por la lectura del código de barras un pote de margarina. Quien hizo la compra es quien escribe: nariz parada, pelo liso, rubia. Española. 

Maduro dijo el 26 de agosto de 2014 que el funcionamiento sería “como las captahuellas del sistema electoral para evitar el fraude. Por eso, nadie puede votar dos veces”. Pero parece que el sistema es falible para extranjeros con cédula de transeúnte laboral. “Es él quien ‘bachaquea’ en la oficina”, explica Carla Campos, mientras señala a un compañero de trabajo de nacionalidad portuguesa.  “Él nos trae de todo porque, como no está en el sistema, puede comprar lo que quiera y cuando quiera sin el límite semanal”.

Suma y sigue. “En todos los establecimientos tenemos ordenes discrecionales de diferentes organismos, dependiendo de la zona que toque”, explica una fuente vinculada a una gran cadena de establecimientos. “Un fiscal decidió que tres de nuestros locales van a pedir partida de nacimiento para poder vender pañales. Eso no pasa en todos”.

Incluso se han dado casos de embarazadas, que obviamente no tienen la partida de nacimiento en la mano, por lo que se les ha negado la venta de pañales. La misma fuente añade que incluso piden informes médicos para la venta de pañales de incontinencia, pero matiza de nuevo que solo en algunos sitios. “En Zulia es el único estado donde no funciona el terminal de cédula. Hay gente que radicalmente está bloqueada. A quienes van a desbloquear tenían como justificación que son dueños de restaurantes y los volverán a activar. Pero hay muchas diferencias a nivel nacional. Hay que cumplir con las mesas técnicas, con la Sundee y con los diferentes fiscales y lo que se les antoje pedir”.

Escasez y contrabando no resueltos

Los comercios que se afiliaron a este sistema no asumieron el costo de las máquinas, pero sí el de la logística que conlleva. “Tuvimos que cambiar en el despacho, en la gente que tienes que tener en los camiones, la gente que tienes que activar en las cajas al instante porque se tiene que vender todo al momento. No sabes cuándo habrá un pico de venta y tienes que tener capacidad para activar las cajas al mismo tiempo”, cuentan en una de las grandes cadenas de establecimientos de Venezuela.

También ha cambiado el clima laboral. Los empleados no pueden comprar el producto que llegue si no es el día del terminal de su cédula. “Es muy doloroso, a veces llegan pañales y no los puedo comprar”, dice Yomerly, cajera en un Farmatodo. “Entre nosotros hay mal ambiente. Estamos claros que es un delito la reventa y se nos vende a nosotros como a los clientes, pero eso no quita el enfado”.

El entonces ministro de Alimentación, Iván Bello, dijo el 20 de noviembre de 2014 que “la implementación en Zulia ha sido un éxito, donde han bajado las colas”. Casi un año después, Gilberto Gudiño, presidente de la Asociación de Comerciantes del Zulia, critica que “se ha tratado de vender la idea de que a través del racionamiento se puede impedir el ‘bachaqueo’, pero es consecuencia de la falta de producción. Sigue habiendo largas colas y distorsión del mercado”.

Apunta que, según declaraciones del Gobierno, se han inscrito en el sistema 1 millón 200 mil habitantes del Zulia, que tiene una población de 4 millones 150 mil. “Sólo está 28,9% y se han bloqueado a 20 mil”. Denuncia que se hizo un redireccionamiento de alimentos desde 2013 a las grandes superficies, “para llenar supermercados y que se viera que había suficiente producto, pero las bodegas y mercados populares, que son más de 70% de los establecimientos que hacen vida en el Zulia y en el país, no tienen nada. Si les quitas la posibilidad de recibir productos, afectas a una parte importante, porque la bodega es el establecimiento más cercano a la población”.

“El ‘bachaquerismo’ picó y se extendió”, concluyen en una gerencia de las grandes cadenas de establecimientos. “En Los Palos Grandes (al este de Caracas) ves que la gente que está haciendo compras no es de la zona. Pero el problema lo tienes en todos los estratos en todo el país”. Reconocen, a pesar de todo, que se está logrando una distribución mayor, aunque con muchas deficiencias: “Llega a más gente, pero hace falta producto; se está haciendo una redistribución de la pobreza”.