Ocurrió el sábado 13 de junio de 2021 en uno de los cayos Noronquises, al norte del Archipiélago de Los Roques, y sorprendió a todos por lo irregular. La preocupación se extendió entre los lugareños como pólvora: “Nunca había visto que cerraran una isla y prohibieran la entrada a turistas”, dijo uno de los testigos, oriundo de Los Roques.

El secreto a voces no podía hacer otra cosa que estallar. En tiempos de pandemia, marcados por la escasa actividad turística, la interrupción tan llamativa de ese fin de semana se comentaba en todas partes. El cayo “estaba ocupado para un evento privado”, se oyó en el archipiélago, aunque los últimos en enterarse fueron los mismos roqueños. De nada valieron las restricciones de vuelos, las normas de convivencia y las limitaciones en prestación de servicios. La pandemia era para otra gente, la música inundó la paz del lugar.

El Almirante Eladio Jiménez Rattia, jefe de Gobierno del Territorio Insular Miranda desde el 15 de septiembre de 2020 -también presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea) desde la misma fecha-, fue increpado por los habitantes para que “aclarara” la polémica. Aunque prometió respuesta en tiempo corto, nunca hubo explicación para la excentricidad ocurrida en Los Roques, un parque nacional invaluable por su biodiversidad y extensión.

Aunque no es la primera vez que se cierra un islote del archipiélago, el resguardo armado de la fiesta y el impedimento para circular se vivieron como el inicio de un nuevo significado para la etiqueta de "exclusivo" que el propio Estado venezolano ha querido imponer al turismo en la zona.

Así ocurre con los Noronquises, tres cayos coralinos de los 42 que tiene el archipiélago, incluidos en la oferta de inversión turística promovida desde 2019 por el gobierno de Nicolás Maduro. En papel, de acuerdo con la información sobre la oferta pública del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior de Venezuela, buscan inversionistas para dos hoteles “especiales” en los Noronquises con servicios wellness -una tendencia del mercado con todo tipo de programas para el bienestar y la salud- y observación de fauna marina.

A los Noronquises, unos islotes más remotos y apartados de las rutas turísticas de paquete, se suman los cayos de Francisquí, Crasquí y Prestonquí (o isla Agustín), donde también se ofrecen lotes de terreno para “socios inversionistas”, a través de un contrato de concesión o alianza comercial por tiempo determinado. Estos contratos o alianzas comerciales están a la orden del día para quienes puedan pagarlos y rondan un costo promedio por edificación de seis millones de dólares, según lo muestra el folleto de inversión turística del ministerio a cargo. Es una opción de riesgo en un entorno incierto como el venezolano, pero puede generar para el inversionista la recompensa de su propia utopía de la Laguna Azul.

Para ajustar el circuito en este esquema de captación de inversionistas, el Ejecutivo venezolano aprobó la Ley de Inversión Extranjera Productiva, el 29 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial y sancionada por la írrita Asamblea Nacional Constituyente que impuso el gobierno de Maduro para limitar la actuación del Parlamento de mayoría opositora. Entre los objetivos de la ley está: “Promover la inversión extranjera productiva para favorecer el desarrollo integral de la Nación, la Suprema Felicidad del Pueblo y el fortalecimiento de la economía productiva y diversificada”.

En el Archipiélago de Los Roques, por ser un parque nacional, los residentes no tienen titularidad de la tierra sino un permiso provisional, en principio, otorgado por la Autoridad Única cuando dependía del extinto Ministerio de Ambiente. Algunos roqueños lograron sacar el título supletorio que les da derecho sobre la bienhechuría, aunque no todos lo han conseguido por la cantidad de trámites que exige la ley en la actualidad.

El otorgamiento de estos papeles pasó a manos de la jefatura de Gobierno del Territorio Insular Miranda, del Instituto Nacional de Parques (Inparques), y del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, entes todos coludidos ahora en la promoción de facilidades para inversionistas con divisas interesados en adquirir inmuebles en zonas privilegiadas. Un plan que ha producido una concentración de la propiedad bajo la bandera del ecosocialismo.

Vecinos y pares

Dos empresarios se han revelado como los reyes de los bienes raíces en Los Roques.

Uno es José Ramón Llavaneras Kislinger, de 41 años, que suena desde hace casi una década en Los Roques. Tiene su propio avión y ha prestado servicios particulares, no solo a las autoridades de la isla sino a los mismos roqueños. “Más que ‘apoyo’, yo creo que es un acuerdo forzado para que lo dejen hacer sus cosas”, explica una fuente que coincidió en varias ocasiones con el empresario.

Toby Llavaneras no ha pasado inadvertido ante los ojos de turistas frecuentes y residentes, ante quienes muestra sin tapujos su interés por comprar las bienhechurías en el archipiélago para luego venderlas, como confirman tres fuentes independientes que lo identifican como dueño de distintas propiedades. También ha cultivado fama por sus modos poco ortodoxos para negociar: habla directamente con los roqueños dueños de rancherías, los convence de entregar la propiedad por una bagatela que, sin embargo, abre el apetito de cualquiera que vive sin lujos en un rancho sobre la playa. Les paga en efectivo un adelanto, luego plantea el intercambio de un inmueble por otro. Una vez en la propiedad, la ranchería es remodelada.

Una de las primeras casas que adquirió Llavaneras en su campaña de colonización de las islas está en el cayo Francisquí de Arriba, que luego la vendió a “un desconocido”. Unos y otros mencionan el nombre de un poderoso hombre del gobierno bolivariano como el del afortunado dueño, pero no existe confirmación sobre el tracto jurídico de esa propiedad. Luego, Llavaneras compró otra casa, esta vez en Francisquí de Abajo, detrás del palafito de Víctor Manuel Martins.

Víctor Manuel Martins Alfaiate es el otro gran propietario y promotor inmobiliario de las islas.

Empresario de origen portugués, Martins comenzó su carrera regentando pequeños hoteles en las islas de Margarita y Coche. En la actualidad maneja una empresa camaronera y es el dueño de la Cadena Paradise, que incluye dos importantes hoteles del Estado -anteriormente administrados por la red Venetur, ente adscrito al extinto Ministerio de Turismo- en Puerto La Cruz y Cumaná, ciudades del oriente del país. Ese mismo ministerio además le otorgó por 25 años la concesión de la Posada Tsunami, en Gran Roque, cuya estructura antes sirvió como lujosa casa de veraneo para Claudia Díaz, la millonaria exoficial de la Guardia Nacional que fue enfermera de Hugo Chávez y Tesorera de la Nación. Cuando en 2016 los llamados Panama Papers revelaron sus manejos en paraísos offshore junto a su esposo, Adrián "Guarapiche" Velásquez Figueroa, a las autoridades de la fiscalía chavista en Venezuela no les quedó más remedio que abrir una investigación, allanar su casa y confiscar sus propiedades, que incluían obras de arte, autos de lujo e inmuebles en distintas partes del país, entre ellos, la casona de Los Roques. Actualmente Díaz es solicitada en extradición por Venezuela y Estados Unidos, pero España, país en el que reside, no la ha concedido.

En los cayos Francisquí la oferta de inversión del gobierno -publicada en un folleto publicado por el ministerio que está a cargo- es la construcción de un “establecimiento de alojamiento turístico especial desarrollado sobre los tres cayos, con capacidad para 55 huéspedes”, suites de lujo y un restaurante mirador. La primera concesión de windsurf y kitesurf le fue otorgada a la Cadena Paradise, propiedad de Martins, y el espacio predilecto para la práctica es precisamente Francisquí de Abajo, donde tiene su bungaló.

Por sobre las ruinas

En 2019, Toby Llavaneras adquirió una nueva propiedad en Crasquí, al sur del Gran Roque -este último, el cayo principal del archipiélago y el único con población estable-. En el lote antes existía una ranchería. Otro cobertizo se mantiene allí mientras se concluye la construcción de una inmensa quinta, que destaca en comparación con las bienhechurías vecinas. A propios y extraños les sorprendió que pudiera ingresar material de construcción a la isla durante la pandemia, en 2020, cuando el archipiélago estaba prácticamente aislado. Las autorizaciones de este tipo de trabajos emanan de las autoridades de Inparques y de la misma jefatura de Gobierno. 

Crasquí es uno de los cayos con mayor extensión de costa, tres kilómetros de arena blanca coralina y una bahía que permite el anclaje de embarcaciones. En la zona se localizaron piezas de interés arqueológico. Una vasija hallada allí fue donada por una familia roqueña al Laboratorio de Arqueología del Museo de Arte La Rinconada (rebautizado Museo Alejandro Otero) y, a partir de 2005, permanece resguardada por la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. Tiene áreas exclusivas de desove de tortugas marinas y un escenario natural que era habitado casi exclusivamente por pescadores, quienes administraban los pocos establecimientos turísticos del lugar. En resumen: un lugar único.

La propuesta actual del gobierno para transformar el cayo es ambiciosa. Promueve la operación de tres establecimientos en lotes de tres hectáreas cada uno, para alojar 126 huéspedes. De acuerdo con el folleto de inversión turística publicado por el ministerio a cargo, ninguno de los terrenos cuenta con un proyecto aprobado.

En una de las zonas ofertadas perduran las ruinas de lo que fue el Camping Crasquí de María Eugenia Joya, una pionera en el turismo ecológico de playa. Recibió la primera concesión de Inparques en Los Roques y echó andar en los años 90. Pero pronto sucumbió entre pleitos legales y el derrumbe del Banco Construcción en la crisis financiera de 1994. El camping pasó de manos privadas al Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (Fogade), y luego terminó bajo la administración de Inparques, en cuyas manos se transformó en el monumento a las desdichas que a menudo aguardan cuando la ambición contamina el hábitat natural.

De-construyendo el pasado

En octubre de 2019, los medios de comunicación recogieron una denuncia del exdiputado José Luis Pirela, quien presidía para ese momento la subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, entonces dominada por la oposición. En ella señalaba a José Ramón Llavaneras de “cómplice”, en compañía de otros empresarios de nacionalidad italiana que se desempeñan como concesionarios de posadas y restaurantes en Los Roques. Según el parlamentario, el venezolano mantuvo una “participación directa” en negocios ilegales amparados por Carlos Betancourt y Noel Lugo, primo y hermano de la exjefa del Territorio Insular Miranda y exministra de Turismo, Stella Lugo Betancourt -hoy embajadora del gobierno de Maduro en Argentina y exgobernadora del estado Falcón-.

El diputado explicó que “este personaje [Llavaneras] ofrece sus nexos y vínculos en la intermediación del tráfico de drogas entre Los Roques y Bonaire, y utiliza aviones modelos King 200, supuestamente de su propiedad, para cometer delitos”. Aunque Pirela menciona que Llavaneras fue condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos, la autora de ese reportaje no encontró expediente alguno del caso, y en los años siguientes no hubo acusación pública en ni Venezuela ni en Bonaire, una de las islas de antigua administración holandesa que están frente a las costas, justamente, del estado Falcón.

Desde entonces, el rastro de José Ramón Llavaneras es muy tenue en la red. Hasta 2012 solo hay una fotografía del personaje como asiduo participante de la pesca deportiva de pavón -una especie de los ríos de Venezuela- en varias competencias entre 2007 y 2012. Además de esta afición, es piloto, al igual que su padre, con quien comparte el mismo nombre y registra una empresa en Bahamas, paraíso fiscal por excelencia en el Caribe oriental. La base de datos del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) muestra que es uno de los directores de TMC Latam Corp, registrada el 13 de septiembre de 2012 en esa isla.

Las iniciales de esta empresa apuntan directamente a otra en Venezuela, Técnicas Modernas de Construcción TMC, C.A. cuyo representante legal es Llavaneras y, en la cual, según las fichas de registros de asegurados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) está activa la madre de Toby, la señora Tania Kislinger de Llavaneras. Sin embargo, en una consulta en la base del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, organismo tributario de Venezuela), la empresa no aparece.

Pero hasta abril de 2019 se podía hallar en la web un rastro de Técnicas Modernas de Construcción. Se trata de una historia que se remonta hasta 2012, cuando aparece involucrada en un esquema financiero que se aprovechó de los dólares preferenciales de Cadivi en el marco del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) -creado por los países del Alba-, en complicidad con el Fondo Global de Construcción (FGC), de Ecuador, cuyo representante era el empresario colombiano Alex Saab, hoy detenido en Cabo Verde. La fiscalía ecuatoriana abrió una investigación por posible lavado de dinero. Según la investigación periodística de los diarios El Universo (Ecuador) y El Nuevo Herald (Estados Unidos), en cooperación con Armando.info, FGC “creó una fábrica de paneles ad hoc en Durán (localidad aledaña a Guayaquil, provincia de Guayas) a cargo de la empresa venezolana Técnicas Modernas de Construcción TMC”, a un costo de 6,9 millones de dólares.

En la base de datos aduanera de Import Genius existe un registro de la empresa venezolana TMC, en 2012, que apareció como responsable del envío de México a Guayaquil (Ecuador) de un derivado de poliestireno usado en la construcción.

En la actualidad, pareciera que el negocio de Toby está enfocado en el turismo y en el sector inmobiliario. Armando.info envió solicitud de entrevista a José Ramón Llavaneras, así como al jefe de gobierno del Territorio Insular Miranda, pero no recibió respuesta.

Desembarco pirata y con castigo

Aunque cayo Pirata -también en Los Roques- no se incluye dentro de los planes de oferta turística o de construcción del Gobierno, está en la mira de los intereses de Toby Llavaneras. Fuentes del sector turístico -dentro y fuera de Los Roques- atribuyen al empresario venezolano la compra de “al menos cuatro rancherías” en el lugar, para el cual se tenía proyectado hacer un aeródromo para la práctica de paracaidismo, según explica una fuente del lugar. “Los hijos de la primera dama [Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro] han realizado esa práctica” dentro de la isla, asegura. En cualquier caso, los actuales dueños de los precarios locales de cayo Pirata siguen en sus puestos “por falta de liquidez” del nuevo comprador, quien no ha terminado de honrar su deuda.

El último de los cayos de la oferta de inversión turística es Prestonquí. Se le conoce más como isla Agustín y conserva una ranchería de pescadores en la que funciona actualmente un pequeño restaurante y, en ocasiones, una zona de camping. Como no es muy concurrida, se presta para el anclaje de yates y las “fiestas privadas”, con langostas todo el año -oficialmente, hay una veda de pesca de langosta durante mitad del año-. Entre las más recordadas por los lugareños destaca la fiesta de Jesús Amoroso, mejor conocido como El Duque en la escena reguetonera, el hijo del exdiputado chavista Elvis Amoroso, actual Contralor General de la República, designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente.

“Él trajo el Covid al archipiélago en una rumba que hizo cuando comenzó la pandemia. En lo que va de año ha venido como tres veces, siempre con artistas y hacen sus fiestas, la última fue hace tres meses”, precisó otra fuente que suele pasar temporadas en el archipiélago. Aunque, a diferencia de la ocurrida en los Noronquises a mediados de julio, El Duque no oculta su espíritu fiestero a los roqueños; de hecho, hasta contrató sus servicios. “Dentro de todo, toma en cuenta a los que viven en Los Roques, les da trabajo. La isla la cerraron para el turismo, y solo vienen los enchufados, los que pueden entrar sin problema”, confirmó otra persona.

Entre las razones del anonimato que piden todas las fuentes consultadas, destaca el temor que se ha instalado entre los habitantes del archipiélago luego de varios episodios de castigo y coacción. A principios de año, dos protestas se hicieron eco en el país: la primera ocurrió el 26 de febrero, cuando los habitantes de la isla exigieron reabrir el parque nacional y reactivar la actividad turística. Según trascendió en redes sociales, por esos días llegó a la isla Raúl Gorrín, el empresario de seguros y medios, en un helicóptero color negro. Gorrín fue sorprendido por los roqueños cuando se disponía a tomar una embarcación, y su presencia intensificó el reclamo. “Con el cuento de que hay coronavirus, el Gobierno no quiere permitir el ingreso de visitantes a Los Roques y nosotros vivimos de eso”, se quejaron los manifestantes.

Gorrín está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus vínculos con la administración de Nicolás Maduro.

Luego, el 16 de marzo de 2021, a un año de haberse decretado el estado de alarma nacional por la pandemia, los habitantes volvían a exigir que abrieran el parque y reclamar la llegada de material de construcción a través de embarcaciones.

Tres meses después de estos episodios, 18 manifestantes recibieron una citación para presentarse ante el tribunal penal de Macuto, en el estado Vargas -rebautizado por el chavismo como La Guaira-, y solo 16 pudieron asistir. “Los hicieron ir al tribunal bajo engaño, no les dijeron que esos eran los cargos y una vez allí los dejaron detenidos”, confirmó una fuente. Fueron acusados de conspiración para delinquir, agavillamiento y obstrucción de las vías públicas, y permanecieron detenidos. Ocho mujeres estuvieron casi tres días en el retén preventivo de Caraballeda, en el Litoral Central, y los primeros ocho hombres que acudieron permanecieron entre nueve y trece días antes de ser excarcelados. Luego se les uniría los otros dos manifestantes que habían sido citados.

“Uno de ellos salió con escabiosis y coronavirus, otro tuvo que ser hospitalizado mientras estuvo preso”, explicó una fuente que conoció el caso. A todos les solicitaron dos fiadores que debieron pagar 150 dólares en promedio, les impusieron prohibición de salida del país y régimen de presentación. Lo que salió del patrón fue una medida adicional de declarar a los manifestantes como persona non grata, que lleva implícita la amenaza de expulsarlos del parque nacional por un año y quitarle los beneficios de bolsas CLAP y gasolina.

Mientras las autoridades venezolanas terminan de apaciguar el ánimo de los residentes de la isla, la oferta turística se expande, pero con sello VIP. Los cayos privatizados son parte de esa exclusividad, pensada para un sector con influencias, conexiones, poder y alto nivel adquisitivo. No es difícil pronosticar que pronto se les pudieran sumar oligarcas rusos, debido a la firma de dos convenios turísticos, en marzo pasado, que prometen garantizar el flujo constante de dinero fresco y ducto de buscadores de sol entre Moscú y Los Roques como principal destino.

A esta clásica postal, referencia obligada cuando se habla de los lugares más únicos y atractivos de Venezuela, la afea hoy un conjunto de armazones de concreto revelador de la nueva política de turismo del gobierno venezolano, que hace énfasis en la promoción de un turismo premium en zonas protegidas. Es tal la importancia que le da el gobierno a este destino que el pasado 16 de septiembre autorizó operaciones aéreas nacionales solo en los aeropuertos Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, Aeropuerto Caracas y en el Aeródromo El Gran Roque, tras ocho meses de restricción de operaciones en todo el territorio nacional, debido a las medidas de confinamiento por la Covid-19.

Ocho nuevas estructuras dan la bienvenida a los visitantes cuando estos apenas aterrizan en la corta pista de aterrizaje de la isla de Gran Roque, la única habitada del archipiélago, a 176 kilómetros al norte de Caracas. Las llamativas construcciones son proyectos privados en desarrollo al que la controversia ha marcado desde su inicio, tanto por la exclusividad y lujo de sus instalaciones como por la violación evidente de la normativa ambiental que protege al parque nacional, el único marino del país. 

El presidente del Instituto Nacional de Parques (Inparques) para el momento de inicio del proyecto, Jorge Alejandro Medina Murillo, pasó por alto, para concederle el permiso, una decena de regulaciones ambientales y todas las restricciones para el uso de áreas próximas a aeródromos establecidas en las leyes de aeronáutica civil.

Las edificaciones, de dos pisos y medidas superiores a las dimensiones permitidas en el Plan de Ordenamiento del vedado, fueron autorizadas por Inparques en la cabecera noreste de la pista de despegue, un terreno prohibido y peligroso que, en compensación, otorga a los selectos propietarios el privilegio de un club cerrado, al que solo se accede por vía marítima.

Las obras, ya adelantadas, destruyeron los manglares en el área para construir los puertos privados, única forma de acceso a las viviendas, cercadas al norte por la pista de aterrizaje y al sur con el mar. 

Para vencer las barreras naturales se construyeron espigones o malecones con rellenos de materiales sólidos arrojados al mar tras cortar y destruir los manglares, hacer movimientos de arena y relleno de lagunas. “Construir a orilla del mar, talar y rellenar manglares es un ilícito ambiental”, detalla José Ramón Delgado, oceanógrafo y director de la Fundación Caribe Sur, una iniciativa que promueve la creación del Primer Corredor Ecológico Marino de Venezuela, que abarcaría los archipiélagos de Las Aves, La Orchila y Los Roques. 

Un mapa distorsionado

Entre los inquilinos de la nueva vecindad destaca Anselmo Orlando Alvarado, padre de Orlando Alvarado, vicepresidente de finanzas de Derwick Associates, empresa conocida por obtener contratos millonarios con la estatal Petróleos de Venezuela en medio de la crisis energética del 2009, de la que algunos de sus propietarios están siendo investigados por la justicia estadounidense.

Anselmo Orlando Alvarado y los herederos de su socio, José Sosa Rodríguez, son los propietarios de una concesión de uso y de las bienhechurías de uno de los módulos donde florecen las nuevas construcciones. Era la sede de un antiguo hotel, propiedad de la empresa Aero Hotel Los Roques C.A, que atravesó un largo proceso judicial ante el Juzgado Superior en lo Civil del estado Vargas por las bienhechurías entregadas en comodato a la empresa Aéreo Club Los Roques en la década de los ochenta.

El proceso, que se prolongó por más de 30 años, tomó un giro inesperado para los herederos de José Sosa Rodríguez, dueños de 50% de las acciones. Alvarado presentó en medio de la disputa un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Aero Hotel Los Roques C.A., de fecha 23 de mayo de 1.984, en la que afirmó que había adquirido la totalidad de las acciones. Agotados por años de disputa, en el 2010 los herederos de Sosa Rodríguez abandonaron la acción y Alvarado se coronó como dueño absoluto de la concesión de uso de espacio y de las bienhechurías, en ruinas para ese momento.

El espacio estuvo abandonado hasta que una nueva política turística del gobierno de Nicolás Maduro autorizó la explotación de los parques nacionales con el objetivo de captar divisas en medio de la debacle de la economía venezolana.

El primer registro de ocupación del terreno data de 2017, cuando Alvarado recurrió al estudio OAC Arquitectura para el diseño de su nuevo proyecto: el Boutique Aero Hotel, compuesto por diez habitaciones sencillas, dos habitaciones tipo suite, un área social y de servicios. El proyecto del estudio OAC Arquitectura solo llegó a la etapa de diseño básico. Aún así, de los ocho módulos concesionados para desarrollo habitacional, turístico y privado, Alvarado alcanzó a ocupar el número tres, donde se desarrolla un proyecto turístico: uno de los más controvertidos por su tamaño y ubicación sobre la orilla de playa.  

En el módulo contiguo, los hermanos Tadeo y Bernardo Arosio Hobaica desarrollan el proyecto de una posada de una sola planta que también cuenta con concesión para operar, otorgada por el Ministerio de Turismo.  De 37 y 35 años respectivamente, los Arosio tienen cinco empresas en Venezuela dedicadas a diferentes áreas, con la construcción como su cara más visible. Solo en Caracas, la capital venezolana, a través de ATB Constructores, C.A., ahora ejecutan las obras del Hotel La Castellana 901, las Residencias 906 en Loma Linda y 908 en Las Mercedes, y el Loft 900 en Campo Alegre del municipio Chacao.

La propuesta arquitectónica del grupo ATB Constructores, C.A. es minimalista y cuenta “con los más altos estándares de calidad, innovación y confort”, según reseña su página web. Pero el negocio de los Arosio no se limita a Venezuela, en el estado de Florida, en Estados Unidos, tienen registradas cinco compañías: AMB Enclave Investment Llc, The Enclave Lot 10 Llc, Mia 0011 Investments Corp y Tango Bravo Air Services Corp. En Panamá registraron ATB Holdings Inc, inactiva desde 2019.

En República Dominicana, la sucursal ATB Constructores RD.1, constituida en julio de 2019, así como Arosio Constructing Group y Gold Bean, están también dedicadas al negocio inmobiliario, con la adquisición de inmuebles urbanos o rurales para su posterior urbanización y construcción. En Barbados también registraron más compañías: Financial Engineering Advisors Corp, Financial Engineering Advisors 2, Corp Hoteles El Mirador Limited, BDC Investment Inc, Gold Elephant Corporation y World Fashion Group Ltd.

Al otro extremo de la pista de aterrizaje en el Gran Roque, otro vecino disfruta del único y primer módulo concluido, el número cinco. Se trata del empresario Julio Luis Borges Riquezes, amante del windsurf y miembro de la junta directiva del canal de televisión Televen C.A., además de socio propietario de Stone Fort Finance A.V.V., una empresa offshore constituida en Aruba con un capital de un millón de dólares.  

Borges Riquezes no reside en esta propiedad sino que la usa como enclave de reposo y refugio para amigos “famosos y poderosos”, según reveló a Armando.info un ex empleado del empresario. “A esa casa asisten artistas, muchos invitados extranjeros y también gente poderosa de la política” añadió el entrevistado, que pidió reservar su identidad. 

Esta propiedad destaca del resto por ser la que aparenta más lujo. También por algo no tan evidente: es una vivienda autosustentable. La propiedad “no necesita nada del pueblo, tiene todo para autoabastecerse”, detalla el ex empleado. Borges Riquezes también posee la concesión del módulo número cuatro, ubicado junto a su propiedad, donde desarrolla un proyecto turístico. 

Sabina Blohm de Eraso ocupa el anexo B del módulo cinco, que colinda con la propiedad de Riquezes; Leopoldo Batista posee la concesión del módulo seis y Alberto Villasmil el anexo B del módulo uno. Pobladores de Los Roques afirman que los tres tienen concesiones de vieja data -previas a la entrada en vigencia del plan de ordenamiento y reglamento de uso del parque-, y son los únicos donde actualmente no se desarrolla ningún proyecto de ingeniería. 

Junto a la de Alberto Villasmil se ubica la propiedad de Armando El Pelón Capriles, heredero de la familia de editores e inversionistas, a quien se conoce por sus negocios con el sistema financiero público durante el gobierno de Hugo Chávez.

Contrastes vecinos

La pista de aterrizaje no es lo único que separa las nuevas edificaciones del poblado del Gran Roque. El tamaño de las viviendas, la calidad de los materiales y la inclusión de sistemas de suministro de servicios básicos privados marcan la diferencia, pues estos últimos -electricidad, agua potable- apenas llegan a los habitantes de la isla.

Las propiedades proyectadas contaran con acceso a electricidad por medio de una planta eléctrica privada y acceso ilimitado a agua dulce pues cuentan con su propia planta desalinizadora. El resto de los pobladores del Gran Roque lidian diariamente con el racionamiento y escasez de estos servicios, cuya capacidad llegó a tope para surtir  a sus residentes tradicionales, razón por la cual en Los Roques está prohibido el otorgamiento de nuevas concesiones para actividades comerciales, turísticas, recreacionales y de servicios.

El decreto 174 del extinto Ministerio del Ambiente, ratificado en 2013, así lo estableció: “considerando que el otorgamiento de nuevos contratos de concesión conlleva el asentamiento de un mayor número de residentes, aumento de visitantes y el incremento en la demanda de los servicios básicos (...) se suspende el trámite y otorgamiento de nuevos contratos de concesiones para realizar dentro de la jurisdicción del Parque Nacional actividades de tipo comercial, turísticas, recreacional y de servicios”, dice la normativa.

Desde entonces los pobladores de la isla se las arreglan para sobrevivir y sostienen la infraestructura turística con el limitado suministro de agua dulce que provee la planta desalinizadora, que funciona de seis de la tarde a doce de la noche, para aprovechar los períodos del día con menor demanda sobre la planta eléctrica, también antigua y de escasa capacidad.  La planta desalinizadora solo puede generar 250.000 litros de agua potable por día.

La ausencia de una infraestructura de acueductos y cloacas agrava la situación sanitaria del poblado, que en la actualidad alcanza los 3.000 habitantes. La disposición de aguas domésticas residuales se realiza principalmente a través de pozos sépticos, lo que suele ocasionar problemas de desbordamiento por efecto de saturación del suelo (nivel freático) y en muchos casos en el vertimiento directo y sin tratar en las cristalinas aguas que albergan el extraordinario ecosistema marino.

Tampoco existe un manejo eficiente de los residuos sólidos, que se juntan y queman en un vertedero a cielo abierto. Anteriormente los desechos eran clasificados y transportados a tierra firme por medio de lanchas y gabarras, pero en la actualidad la basura se acumula en la zona de servicio y los alrededores del Gran Roque. Este manejo errático de los desechos sólidos ha aumentado, a su vez, la población de perros callejeros, una situación que ha repercutido en la higiene del pueblo, que aún conserva sus calles de arena.  

Para el experto ambiental, Jesús Morales, resulta incomprensible que “los esfuerzos en Los Roques se concentren en desarrollos habitacionales que privilegian a un sector muy exclusivo, cuando la capacidad de los espacios disponibles y de los servicios públicos está colapsada”.

El colapso de los servicios, aunado a las dificultades para el arribo de gasolina y alimentos, empujó a los pobladores del Gran Roque a protestar con el bloqueo de la pista de aterrizaje el 14 de noviembre del 2019. En una oportunidad, el reclamo logró detener un grupo de cuatro camiones de carga que trasladaba material de construcción para las obras de la lujosa vecindad a orillas de la pista. “Están molestos porque no llega combustible, no llega nada, pero fijo llega un transporte de la Armada lleno de camiones para las obras que se están haciendo al final de la pista” explicó una fuente que pidió reservar su identidad.

La construcción de estas nuevas obras no sólo desafía toda lógica de preservación del parque, también va a contravía de su realidad turística, que presenta una caída sostenida en el número de visitantes de hasta 60%, según fuentes ligadas al sector, que precisan que ya en 2018 se registró una ocupación en las posadas inferior al 15%. Por ello, los habitantes de Los Roques se preguntan sobre la necesidad de estas construcciones cuando el parque ya existe una oferta de 69 posadas con 940 plazas. “La capacidad instalada está siendo subutilizada” declara un posadero. 

Billete mata manglar

En noviembre de 2018, Nicolás Maduro reveló la nueva y agresiva política turística de su gobierno para hacer caja. Durante la edición número XIII de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela en el Parque Simón Bolívar, ubicado en los terrenos de la antigua Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota, en Caracas, el mandatario expresó: “El turismo es un motor de divisas vital para la Agenda Económica Bolivariana, el equipo económico debe tomar el desarrollo del turismo como elemento central del nuevo modelo económico diversificado de Venezuela para la creación de riquezas del país”. 

La nueva orientación reveló una amenaza concreta para los frágiles ecosistemas protegidos bajo la figura de Parque Nacional: “Para el venidero mes de marzo será instalada una rueda de negocios con empresarios internacionales para brindar ofertas de desarrollo turístico integral en Los Roques, Morrocoy, Mochima, Canaima, y La Isla Tortuga”, añadió Maduro.

Esa intención de captar recursos, en el caso de Los Roques, se cristalizó en octubre del 2019, cuando una comisión del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mintur), esa vez bajo la dirección de Félix Plascencia, celebró una mesa de negocios con inversionistas a quienes invitó “a invertir en la construcción y operación de alojamientos turísticos de alto nivel”. El encuentro, celebrado en el Gran Roque, contó con la presencia de funcionarios de Mintur, Inparques, operadores turísticos ya instalados en el archipiélago y los posibles nuevos inversionistas.

En la reunión los representantes de Mintur anunciaron que la intención de la cartera era “otorgar concesiones destinadas a la explotación turística en los cayos Crasquí, Francisquí (arriba, medio y abajo), Noronquí (arriba, medio y abajo) e isla Agustín”. 

Entre las propuestas presentadas por los nuevos inversionistas destacaba el proyecto de una posada boutique de categoría cinco estrellas de la empresa Hotel Kukenan C.A. El boceto, presentado en febrero de 2019, contempla la construcción de un campamento de entre 12 y 16 habitaciones a través de un sistema de módulos independientes de 55 metros cuadrados cada uno, en un área de 2.320 metros cuadrados, que incluye áreas de servicio y de esparcimiento, en el cayo Crasquí.

Hotel Kukenan C.A. es una empresa propiedad de la abogada de 39 años Julinne Ramírez Moreno y de su madre, Ivonne Moreno de Ramírez. Su domicilio fiscal es la zona industrial de Tumeremo en el municipio Sifontes del estado Bolívar. La empresa se constituyó en 2013 con un capital de tres millones de bolívares y no cuenta con experiencia en el ramo turismo a pesar de su nombre; de concretarse, su primer proyecto sería la posada que busca construir en Crasquí. En su cuenta en twitter, Hotel  Kukenan C.A. define la propuesta como un “proyecto turístico (…) apoyado por Mintur, en construcción, fomentando el Turismo en Venezuela, Arco Minero!  Proyecto nacido en revolución!”.

La oferta que “gracias a la iniciativa de los organismos competentes, amplía la posibilidad en el archipiélago para nuevo desarrollo ya no en el Gran Roque sino en otras islas del archipiélago”, fue acompañada de una solicitud de ocupación del terreno dirigida a Noel Lugo, para entonces representante del Ministerio de Turismo y del Territorio Insular Miranda, primo de la ex gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo Betancourt, quien, además, entre 2017 y 2019 ocupó el cargo de jefa de gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.

Otra propuesta no menos llamativa es el proyecto para el desarrollo de un complejo de bungalós en el cayo Francisquí, compuesto por 28 unidades: 26 suites, un restaurante y un espacio para vigilancia privada, algo que fue calificado por uno de los operadores turísticos asentado hace varios años en el parque, y asistente a la reunión, como un “nuevo turismo dirigido a un público exclusivo”.

La propuesta pretende emular la famosa infraestructura de bungalós de la pequeña isla de Bora Bora, en la Polinesia Francesa. Su promotor, Víctor Manuel Martins Alfaiate, ya cuenta en Francisquí con un rancho de palafitos para uso personal, que levantó tras adquirir la vieja infraestructura de una escuela de kite vela.

El empresario de origen portugués, que comenzó hace más de veinte años con dos pequeños hoteles en las islas de Margarita y Coche, hoy opera a través de la Cadena Paradise cuatro hoteles en Margarita, uno en la isla de Coche, una posada en el Archipiélago de Los Roques y dos hoteles de la red Venetur: Puerto La Cruz y Cumaná, todos en el oriente del país. Los negocios de Martins Alfaiate en los Roques incluyen la posada Tsunami, una de las más grandes y lujosas del archipiélago, promocionada en los catálogos de oferta turística distribuidos por el Ministerio de Turismo. Además, es dueño de la escuela de buceo Arrecife Diver's, una de las más reputadas del país. 

El Plan de Ordenamiento del parque ubica los cayos Francisquí y Crasquí -dos de los más frecuentados por turistas en la actualidad- dentro de la zona de servicio y recreación, donde solo permite la instalación de infraestructura de apoyo para actividades recreativas y turísticas, y prohíbe la pernocta y nuevas construcciones. Sin embargo, el Ministerio de Turismo ofreció tres lotes de terrenos para construir alojamientos exclusivos cinco estrellas en ambos cayos.

Aunque el “Bora Bora venezolano” todavía es un proyecto sin ejecutar, ya es publicitado por el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. En la edición de su revista institucional Viajes Venetur, Número 3, de junio de 2020, el ente publicó un amplio reportaje acompañado por una fotografía de fondo del complejo de bungalós.

Ecosocialismo: poco eco, nada de socialismo

“Los técnicos de Inparques que participaron en esa reunión salieron espantados y se negaron a avalar la propuesta de concesionar los cayos. Después de eso, el ingeniero José Duran, el técnico más antiguo en el Parque Nacional Los Roques, con cerca de 18 años de servicio, fue removido de su cargo”, cuenta la presidenta del Sindicato del Instituto Nacional de Parques Nacionales, Marlene Sifontes.

Sifontes relata que el quiebre institucional de Inparques comenzó en 2011 con la designación de Marisabela Godoy Peña y Carlos Cova, como presidenta y director general, respectivamente, de la institución. “Ellos llegaron con la política de construir en los parques nacionales y su primer gran ‘aporte’ fue aprobar la construcción de 80 viviendas en el área de servicio del Parque Nacional Los Médanos de Coro”.

En opinión de la dirigente sindical, la penetración política de la institución tuvo su momento cúspide cuando Godoy Peña incorporó al Frente Francisco de Miranda a la conducción de la política ambiental del ente en 2011. El Frente Francisco de Miranda, una organización política creada en La Habana por Hugo Chávez y Fidel Castro, destinada a “incorporar a la población, actores sociales sólidos y efervescentes necesarios en los procesos profundos de cambios”, es conocido como un brazo político y operativo de la autodenominada Revolución Bolivariana.

“De ahí en adelante la opinión de los técnicos era un estorbo”, dice Sifontes, quien explica que en paralelo ocurrió el desmantelamiento de la institución ambiental con la fusión del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Hábitat en el año 2014; luego, la supresión del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo y la posterior creación de los ministerios de Ecosocialismo y Aguas y el Ministerio para Hábitat y Vivienda en el año 2015.

En noviembre de 2014, Maduro creó el Órgano Superior para el Manejo Integral del Sistema Nacional de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, adscrito directamente a la Presidencia de la República y presidido por el ministro de Turismo. Una de las instituciones integrantes es Inparques, cuya labor quedó a merced del Ministerio de Turismo. 

El entonces ministro de esa cartera, Andrés Izarra, señaló para la fecha que el Órgano Superior era un mecanismo creado “para que nuestros parques nacionales, en el marco del ecosocialismo, sean espacios de aporte para el desarrollo de la vida humana, sean espacios de sustentabilidad económica para el turismo, para las viviendas, para la agricultura, para todas las actividades que sustentan la actividad humana en el marco del socialismo”.

Izarra perfilaba entonces lo que el ex Senador y ambientalista Alexander Luzardo ha calificado como la “nueva geopolítica nacional”, un concepto introducido en el Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación o Plan Nacional Simón Bolívar 2007 – 2013, que impulsa un modelo de ordenación territorial que no cumple con las premisas del desarrollo sustentable.

“La geopolítica del chavismo es de una visión expansiva y desarrollista que mira los parques nacionales no desde su valor biológico e investigativo, sino como estructuras vacías y un obstáculo para el desarrollo. Lo estamos viendo con esta nueva política de desarrollo turístico en los parques nacionales, se trata de una repartición del territorio entre grupos de poder. Los que no entraron en el negocio del oro, del petróleo, van por el turismo”, explica Luzardo, quien fue co-redactor del capítulo sobre derechos ambientales de la vigente Constitución Nacional.

La “nueva geopolítica” que describe Luzardo generó un sismo en Los Roques. El 30 de junio de 2014 el Gobierno ordenó la salida de los científicos e investigadores de la Fundación Científica Los Roques, dedicada desde 1963 a la investigación, conservación, difusión y educación en aspectos vinculados al archipiélago Los Roques, sus recursos, uso sustentable y conservación. Sin ninguna explicación, el gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda y el Ministerio de Agricultura y Tierras emitió una resolución en la Gaceta Oficial 40.443, para revocar la autorización que obtuvo la organización ecológica de manera oficial en el año 1967.

En un comunicado divulgado en 2019, tras la celebración de la rueda de negocios en Los Roques, 162 ambientalistas e investigadores advirtieron sobre el inminente impacto de estas construcciones. “Nos preocupa la indiferencia de los órganos rectores en materia ambiental, como el Ministerio de Ambiente e Inparques ante la actuación de autoridades nacionales y locales que ejecutan proyectos habitacionales y turísticos de alto impacto negativo en las áreas naturales protegidas y/o de alta fragilidad”.

Armando.info envió solicitudes de entrevista e información a las autoridades de estas carteras, incluyendo el Ministerio de Ecosocialismo y Hábitat, pero obtuvo la misma respuesta que los conservacionistas, silencio absoluto.

(*) Este reportaje contó con la contribución de Aníbal Pedrique.