Al visitante que llegue a este pueblo sevillano lo recibe un cartel en el margen derecho de la vía con el escudo del pueblo, una paloma de la paz sobre el campo andaluz y el lema “Marinaleda, una utopía para la paz”. La vía principal es la Avenida de la Libertad, y en ella confluyen calles con nombres tan señalados como Salvador Allende o Ernesto Che Guevara. El guerrillero argentino también da nombre al polideportivo del pueblo, decorado en su pared principal con una pintura enorme, calco de la famosa foto que Alberto Díaz, fotógrafo cubano, le tomó durante el entierro de las víctimas del atentado al buque francés La Coubre, y que ahora copa cualquier cantidad de productos de mercadeo.

Hay murales con mensajes en griego, catalán, vasco, asturiano, francés. Algunos tan repetidos como “El pueblo unido jamás será vencido” o “Paz con justicia social”, y otros tan simbólicos como el “Andaluces, levantaos”, la letra del himno de Andalucía que Blas Infante escribió, un llamado a la movilización, a pedir “tierra y libertad” por medio de la reforma agraria y el estatuto de autonomía para la región que se escuchó por primera vez a una semana de la Guerra Civil española y que no volvió a sonar hasta llegada la transición.

Fue precisamente Marinaleda el escenario de movimientos campesinos tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Allí se fundó el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y en 1979, con las primeras elecciones municipales democráticas, llega al poder el Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), con José Manuel Sánchez Gordillo al frente. De esa época es el cambio de nombre en las calles y la lucha por el principal sustento del pueblo.

“Esos fueron días fuertes. Los hombres estaban en las tierras, día y noche para que no los echaran y nos las dieran. Mi marido estaba allí y yo cocinaba. Así nos repartimos, ellos en el campo y nosotras ayudando con lo que necesitaran. Que si un día hacía un cocido, unas lentejas… Ollas grandes para llevar al cortijo y ayudar”. La señora Rosa tiene el cuerpo de una mujer de campo que ya crió a varios hijos y nietos. Aunque tiene achaques por el azúcar y, dice, le pesan los años, habla lúcida. También con nostalgia, al recordar los años “en la lucha”.

Durante 13 días de 1980 alrededor de 700 personas se declararon en huelga de hambre para reivindicar mejoras laborales. El éxito los lleva a ocupar grandes fincas de terratenientes, enormes terrenos que minan Andalucía, apenas explotados o sin uso, en manos de personajes casi siempre ausentes de la aristocracia española, como la ya fallecida Duquesa de Alba. Ocuparon el pantano de Coronilla, propiedad del duque del Infantado, durante 30 días. La premisa era “la tierra para el que la trabaja”. Crecen la ocupaciones en días y en terreno y se suceden los juicios hasta que en 1991, tras la compra de las tierras por parte de la Junta de Andalucía (el gobierno estadal), a Marinaleda se le cede en concesión el cortijo El Humoso, 1.200 hectáreas de tierra para ser explotados por el pueblo.

El sueño del pleno empleo

En la fachada de El Humoso lo ponen en claro y en rojo: “Este cortijo es para los jornaleros en paro de Marinaleda”. La cooperativa Marinaleda S.C.A. se creó en 1997 con una base de alrededor de 100 cooperativistas del pueblo. Entre decesos y retiradas, ahora son casi la mitad. Los cooperativistas tienen un sueldo fijo de 1.100 euros mensuales, casi dos veces el salario mínimo de España, y los jornaleros de 47 euros por día, cerca de 1.410 euros por 30 días trabajados. Estos montos se decidieron en su día con la aprobación en la asamblea del pueblo. También es en la asamblea donde se organizan las cuadrillas que, por turnos, irán al campo a trabajar. De este modo se asegura que todos hagan las mismas peonadas. “En la asamblea participa todo el pueblo, no importa la edad. Es un sistema que no nos ha dado problemas, al revés, al pueblo lo que siempre lo ha movido ha sido la asamblea”, dice Juan Prieto, jefe de campo de El Humoso y uno de los cooperativistas.

Marinaleda es el pueblo con la menor tasa de desempleo de la provincia de Sevilla, 7,78%. Una cifra nada desdeñable si se compara con la de España, del 20,8% en el mes de enero, o con la vecina localidad de Utrera, con más del 30%. En los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria era un ejemplo al que los medios de comunicación recurrían, era el pueblo del “pleno empleo”. Pero aunque los datos son halagüeños, la realidad ya es otra.

Con el boom del ladrillo, fueron muchos los vecinos que marcharon a Málaga y Sevilla a trabajar en la construcción. “No sabían ni coger el palaustre, pero se iban y ganaban dinero a espuertas. Aquí se quedaban las mujeres y con el dineral que entraba a la casa no querían trabajar en el campo”, explica un lugareño. “Antes venía gente de fuera, había tres turnos en la fábrica y dos o tres cuadrillas en el campo. Entre eso y otras labores, había trabajando un mínimo de 600 personas al día. Al estallar la burbuja, no se puede dar trabajo a todos. Ahora los del pueblo tenemos que hacer cola para trabajar”, cuenta Prieto.

Es jueves y en el campo apenas una quincena de personas trabajan la tierra. La conservera, donde se procesan las alcachofas, pimientos del piquillo y habitas baby, está vacía. Ni una máquina en funcionamiento.

El día anterior, una furgoneta con altavoces recorría el pueblo: “Mañana trabajan las cuadrillas tres y cuatro, tres y cuatro”. Pero el día amaneció con lluvia y una integrante de una de esas cuadrillas, que prefirió no dar su nombre, miró al cielo y con las mismas se metió en la cama. “Esos días se sabe que una no va a trabajar, el campo está malo. Sólo van los cooperativistas”. La escena se da en un pequeño abasto del pueblo. Uno de los tenderos masculla entre dientes: “El mejor trabajo se lo quedan para ellos. No son listos ni ná”

La chica, joven, que ni roza la treintena, viste chándal y zapatillas deportivas de imitación. Lleva el pelo en una coleta que se hizo o rápido o con desgana. “Esto está muy mal. No sé qué te han dicho otros, porque según a quién preguntes, te dirán”. Dice que hace más de una semana que no va a trabajar. Entre frases, pide un cartón de leche y una bolsa de patatas fritas. “Una va un día, se agacha, hace los esfuerzos, las agujetas y, cuando se ha hecho el cuerpo, pasa una semana hasta que vuelve a ir a trabajar”, dice. Tiene el trabajo justo para juntar las 35 peonadas que se precisan para poder solicitar ante el Estado la ayuda económica por desempleo por unos meses, un sistema muy extendido en el campo andaluz, especialmente en época de crisis.

Los días de ocio impuesto los pasa en casa de su madre, con la que vive. “Qué voy a hacer, de qué voy a trabajar si en esta zona no hay nada más que eso, la tierra. Me tendría que haber ido y haber estudiado, pero no da”. También se queja del sistema de cuadrillas y explica que si no va a las asambleas, no la llaman para trabajar. “Eso no es justo, o estás de acuerdo con el sistema y acudes, aunque no quieras, o te quedas en casa”.

El alcalde invicto

José Manuel Sánchez Gordillo fue el primer alcalde de Marinada tras la muerte de Franco. Y desde esas primeras elecciones municipales de 1979, el único. Con su sempiterna kufiyya palestina al cuello, no es alguien desconocido en España. Fue diputado por Izquierda Unida (IU) en el parlamento andaluz de 1994 a 2000 y luego entre 2008 y 2014, momento en que decidió renunciar a su escaño por incompatibilidad con su cargo como alcalde; pero ni siquiera cuando ocupó un escaño dejó de ser la cabeza política de su pueblo. En 2012 encabezó la lista de IU para ser presidente de Andalucía. Pero no sólo se le conoce por su faceta más institucional.

En agosto de 2012 integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), del que es dirigente, entraron a dos conocidos supermercados para llevarse productos de primera necesidad como arroz, leche, huevos y harina. Sánchez Gordillo no participó directamente en el episodio, pero sí lo justificó. “En este momento de crisis, cuando están expropiado al pueblo, queremos expropiar a los expropiadores, esto es, terratenientes, bancos y grandes superficies, que están ganando dinero en plena crisis económica”, dijo tal y como se puede leer en el diario español El País.

En el pueblo, según a quién se pregunte, se quiere o se le ve con recelo, aunque de esta última opinión son menos. Y los últimos resultados electorales así parecen reflejarlo. Al frente del reconvertido Candidatura Unitaria de los Trabajadores, partido inscrito dentro de Izquierda Unida (IU) hasta 2015, ha ganado comicio tras comicio con mayoría absoluta. En las últimas elecciones de 2015 obtuvo 1.194 votos (nueve concejales), por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, 316 votos, dos concejales) y del Partido Popular (PP), que sólo obtuvo 81 votos y ninguna curul.

Mari Carmen, al frente del abasto donde la jornalera se quejaba de la falta de trabajo, es de las que lo ven con recelo, aunque no lo diga de modo abierto. Hace unos años fue presidenta de una mesa electoral y no guarda un buen recuerdo de la experiencia. “¿Has ganado? Pues bueno, muy bien, pero la gente no tiene por qué atacar y avasallar a la gente contraria. Eso era un follón, que casi teníamos que salir escoltados de ahí. Todo estaba mal, te arrinconaban”. Eso, cuenta, fue hace unos años. “Ahora la cosa está más calmada, pero antes era un sinvivir”.

De Andalucía al Caribe

Sánchez Gordillo tampoco es alguien ajeno a Venezuela; por el contrario. La última ocasión en que visitó Caracas de manera abierta coincidió con la campaña del Gobierno Bolivariano para pedir firmas contra el decreto de Barack Obama. Incluso fue entrevistado en Venezolana de Televisión (VTV), el principal canal del Estado. No es el único medio donde lo han entrevistado. Hace unos años fueron varias las televisiones que se acercaron para ver “el milagro de Marinaleda”.

Pero algo ha cambiado. El hombre que atendía sonriente y animoso a los medios, que lanzaba arengas en las manifestaciones, apenas reacciona siquiera ante la idea de que se le está entrevistando para un medio venezolano. En su despacho –sencillo, con distintas repisas donde descansan, además de papeles, una pequeña bandera, una medalla y una caja, todos con los colores de la bandera de Venezuela; la tricolor de la Segunda República de España a un lado de su mesa, una fotografía del Che Guevara y los presupuestos del pueblo plasmados en pesetas y a mano en un papel grande sobre un atril–, se sumerge en la silla de la mesa de reuniones, las manos juntas sobre las piernas, la espalda hundida en el respaldo. Apenas musita un “muy bien” en toda la conversación.

La promesa era un encuentro al día siguiente para ver la cooperativa, la conservera, el pueblo, las casas a precios de alquiler solidarios (15 euros mensuales). Pero el alcalde no llegó. En la puerta del Ayuntamiento lo espera Alí, quien es del Sahara Occidental, saharaui, de pelo corto, vestir sencillo, piel tostada. Tiene 32 años y lleva tres en Marinaleda. Con el tiempo que lleva en la localidad ya tiene derecho a que le ayuden con la vivienda. “Aquí me tratan como a uno más, amistoso, nadie te mira feo. El alcalde es muy cercano. Todo lo que te cuenten del pueblo es verdad, aquí hay mucha igualdad”.

Vino del campamento de refugiados de Tinduf. Allí formaba parte del Frente Polisario, el movimiento independentista del Sáhara Occidental, un territorio que permanece bajo ocupación marroquí desde que en 1975 las fuerzas coloniales de España lo abandonaron. “Allí la situación es muy mala. El desierto es bonito, pero si se tiene luz, agua, dinero. Si no, es difícil vivir allí”. Aunque dice que no le gusta hablar de política, tras un rato de conversación explica todos los problemas de su tierra, que no tiene pasaporte español y tuvo que conseguir uno de Argelia y que participa en todas las asambleas del pueblo. “Me gusta mucho eso, es como en Sáhara. Es un sistema comunista, como lo es Venezuela o China. Aquí me gusta ir y participar”. Se formó como peluquero, “pero aquí apenas la gente pide eso”, así que, como muchos en el pueblo, se dedica al campo. “Hasta ayer estuve recogiendo aceituna. A partir de la semana que viene haré otras labores, como cortar olivos. Ya veré”. Quiere quedarse allí, tener hijos, “pero no ahora, por ahora sólo amigas”, y hace un guiño. Se despide. Probará suerte al día siguiente para que le expliquen cómo conseguir su casa.

El negocio del oro líquido

Este pequeño pueblo sevillano saltó a los medios venezolanos en 2015. Pero no por su alcalde, ni por los asaltos a los supermercados para dar de comer al pueblo. Tampoco por su sistema de cooperativas, los domingos rojos donde todo el pueblo colabora en la limpieza o la ausencia de policía municipal. El gran salto a la atención pública venezolana se dio cuando la revista española Interviú sacó un reportaje con la historia del contrato por 81 millones de euros por el que el Gobierno de Nicolás Maduro adquiría más de 12.000 toneladas métricas de aceite de oliva, a 6.504 euros la tonelada.

“Nosotros llevamos nuestra propuesta de precio, ellos la aceptaron. Si yo llego con un precio y me dicen que no lo pueden pagar, pues bien. El caso es que la gente habló mucho del aceite, pero el Gobierno de España negocia todos los días con el de Venezuela la venta de armas y nadie dice nada, no hay problema. Pero tú vendes aceite y es un problema. Pero claro, los medios de comunicación ya se sabe con quién están”, explica Juan Prieto, quien acompañó al alcalde en su última visita a Venezuela.

No era un secreto esta venta, “todo el pueblo tenía conocimiento, todo se lleva a la asamblea. Todo el mundo debería alegrarse de que un pueblo esté abriendo el mercado, porque es un producto de calidad y, si piden más, eso se puede extender a la zona. ¿Vendérselo a los italianos para que paguen menos? Si puede ser a alguien que pague más, pues mejor”.

Dependientes de las subvenciones de la Junta de Andalucía, de la Unión Europea –por los cultivos de olivos–, y de la Diputación de Sevilla, el dinero no vino mal. Además, llegó en un momento de horas bajas para la cooperativa. Según cuenta el jefe de campo, trajeron a alguien del pueblo que iba a gestionar todo, “cultivos nuevos, a dar mucho trabajo, pero le dimos la confianza al hombre y ni entendía ni de campo ni de organización ni de nada”. El resultado fueron varios negocios ruinosos y una trampa de 1.500.000 euros. “Levantar eso cuesta mucho, hay pagos que se están retrasando, la cooperativa va ras con ras, como ha ido siempre, que esto no es para generar dinero, sino trabajo, pero vamos con apurillos”, confiesa.

¿El fin de la utopía?

La señora Rosa no es cualquier señora del pueblo. Es la suegra del alcalde, la que ha vivido de cerca las luchas del pueblo, los cambios en la cooperativa, en la gente, en el alcalde. Y ve con recelo a las nuevas generaciones. “Fueron muchas las penurias que se pasaron para lograr lo que ellos tienen. Ahora se va a ir todo por la borda, porque la juventud no valora nada, lo tienen todo y no ven lo que nos ha costado conseguirlo”. En sus palabras, el temor de que la cooperativa se divida.

El miedo viene de la propuesta de la Junta de Andalucía para que Marinada S.C.A. compre las tierras de El Humoso. Prieto aclara que ellos no quieren comprarlas, pero de hacerse, quieren entonces constituir una fundación que sea la encargada de gestionar el campo, para que no se divida y se pierda en pequeñas propiedades. Y también, en su queja, la juventud. “Es el problema de todas las luchas. Es lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela, en los países del Este de Europa. No es lo mismo que el que ha luchado, se creen que todo es suyo. En Cuba la gente ahora piensa que si el móvil, el ordenador. Igual en Venezuela. Unos lucharon y ahora a otros se lo dan todo hecho, casa, estudios, no pagan ni un duro… Esos no comprenden nada”.

Detrás del mostrador, Mari Carmen suelta la retahíla de cosas que buena parte de los españoles reseñan de Venezuela: la inseguridad, la escasez. “Yo Venezuela lo veo como esto, como el pueblo, como nuestro sistema. Así, que está mal. El pueblo ahora está mal”. A sus espaldas, las latas de conserva de alcachofas y pimientos del piquillo hechas en el pueblo, el aceite, un bulto de papel higiénico, leche, servilletas, desodorantes, pasta de dientes, harina.

Este trabajo se viene preparando desde hace tres meses e incluye pesquisas en Bolivia. En la sede del grupo Corimón informaron que Gill no vivía en el país. Proporcionaron un email equivocado y sugirieron, por último, que era más fácil ubicarlo a través de Proa Comunicaciones, la agencia de comunicaciones capitaneada por su esposa Chepita Gómez. En un correo enviado a Vivianne Agudelo, vicepresidenta de esa compañía, se reiteró la solicitud. Nunca hubo respuesta.

Gill dice que toda su vida ha sido un hombre de trabajo: que ha participado en la reestructuración de ocho bancos, que hace 20 años rescató a Corimón de la crisis y la convirtió en un negocio rentable que se internacionalizó, que fue director-presidente de Mercedes Benz, que recientemente compró la cadena de comida rápida Wendy’s y que ha visto la posibilidad de invertir en medios de comunicación por varias razones. Una de ellas: su esposa, hija del editor de El Informador de Barquisimeto, es, además, periodista.

“A mí se me presentó hace ocho años la posibilidad de adquirir dos diarios en Bolivia, La Razón y Extra, directamente al grupo Prisa. Yo conozco directamente a Manuel Polanco. Yo participé en una de las reestructuraciones de esa empresa española. Ellos estaban buscando salir de unos activos en América Latina y llegamos a un acuerdo que se anunció en la prensa”.

Con ello Gill pretende echar por tierra la versión expresada tanto en el reportaje como en el libro A control remoto, del periodista boliviano Raúl Peñaranda. Que La Razón y Extra, junto a una televisora llamada ATB fueron adquiridas en 2008 por una empresa creada especialmente para la transacción llamada Akaishi para ocultar la identidad de los nuevos propietarios. Un esquema que calca al utilizado para la venta de las marcas de la Cadena Capriles (hoy Grupo Últimas Noticias) y del periódico El Universal. “Yo negocié directamente con ellos y el acuerdo se hizo público de inmediato. No tengo nada que ver con Akaishi”.

El equipo de Gill envió una información publicada en el medio español Cinco Días para darle credibilidad a su versión. En la edicióndel 22 de octubre de 2009, en efecto, se anuncia el acuerdo del empresario con Prisa, que consistió en “la permuta de unos activos en Bolivia a cambio del 12% de la participación que Gill tenía en la cadena de televisión estadounidense V-me Media Inc”. Esta explicación, sin embargo, contrasta con lo expresado por el periodista Raúl Peñaranda en su libro. Once meses antes, en noviembre de 2008, el reportero recibió una llamada de un colega que trabajaba en una oficina gubernamental de prensa. “Me dijo que los empresarios venezolanos Carlos Gill y Jordán Silva, que ya habían concretado el proceso de compra de La Razón, deseaban hablar conmigo para ofrecerme la dirección del periódico”. Son once meses al menos en los cuales nadie reclama la propiedad del medio.

Carlos Gill no le da credibilidad a la versión manejada por Peñaranda en su libro y ratifica que no encubre sus transacciones. “Yo soy accionista del diario El Nacional. Por eso mi esposa está en la junta directiva de ese diario, así que nada tengo que ver con el diario El Universal ni con el señor Jesús Abreu Anselmi. Conmigo sí trabaja desde hace 20 años su hermano Rafael Enrique, quien también está en Bolivia como presidente de la junta directiva de Ferroviaria Oriental, cuya sede está en Bolivia y en Venezuela preside la compañía de pinturas Sherwin Williams.

Gill dice que ha decidido expandir sus intereses en el sur, específicamente en Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, por el potencial de estos países para hacer negocios. “¿Por qué los periodistas no hablan de las cosas buenas que hace uno? ¿Tú sabes lo que cuesta mantener en Venezuela a una nómina de más de 10 mil empleados en Venezuela y 7 mil fuera del país? ¿Tú tienes idea de eso?”, pregunta.

Gill también niega que la línea editorial de La Razón sea impuesta o se acuerde con el gobierno del presidente Evo Morales. “Es un medio sin sesgo político”, advierte, como para terminar de despachar las versiones que señalan que se ha puesto su dinero al servicio del gobierno de Bolivia como una manera de agradecer el aumento exponencial de su patrimonio durante los tres lustros de gobierno chavista.

En Bolivia también se especula que Gill es uno de los empresarios que financió la construcción del teleférico entre la capital de Bolivia, La Paz, y la vecina ciudad de El Alto, un enclave donde el presidente Evo Morales se ha hecho muy fuerte. “A mí me interesa la logística”, respondió. “Me parece que esa obra es un ejemplo para el mundo. No he puesto dinero allí”. Fue la última pregunta que permitió: “Te dejo porque voy a volar”.

La realidad ha demostrado ser menos uniforme que ese seriado. Bolivia sí tiene algo que enseñarle a Venezuela. El modelo de compra de medios de comunicación privados en Venezuela se inspira en un plan orquestado por el presidente Morales y su gabinete hace ya algunos años y con gran éxito. El periodista Raúl Peñaranda, en su imprescindible libro Control remoto, que ya lleva seis ediciones, cuenta cómo en aquel país se creó una red de medios paraestatales y se acosó, mediante empresarios amigos, a la prensa independiente. En toda esa trama sobresale el nombre de Carlos Gill Ramírez, ex banquero venezolano de origen paraguayo, y presidente de la Junta Directiva del Grupo Corimón, líder en el área de pinturas, como protagonista principal. Gill está casado con Chepita Gómez, una reputada Spin Doctor venezolana, fundadora de la empresa de Relaciones Públicas Proa, y hermana del diputado opositor a la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez Sigala.

Este empresario tiene que ver, y mucho, con la importación de esta estrategia hacia Venezuela. Fue una respuesta directa a una certeza que asumió el chavismo con la muerte de su líder: cerrar medios o impedir sus transmisiones a través del espectro radioeléctrico estatal no implica el traspaso automático de la audiencia. Poco antes de enfermar de gravedad, el propio presidente lo reconocía en un insólito mea culpa. Por esa razón, a partir de 2013 empezaron a aparecer empresarios interesados en adquirir medios por cantidades que en muchas ocasiones sobrepasan el valor del negocio en el mercado.

Modus operandi

En enero de 2007, cuando Evo Morales tenía un año en el poder, La Razón era el diario más prestigioso de La Paz, la capital de Bolivia. Fuerte, consolidado y financieramente saneado, el periódico, propiedad del grupo español Prisa –holding de, entre otras marcas, el diario El País de Madrid–, tenía impacto en la opinión pública.

Peñaranda relata en su investigación que desde ese año el gobierno boliviano intentó presionar a los empresarios españoles para comprar el medio. Prisa tenía entonces –todavía tiene– algunas urgencias económicas y quería deshacerse de algunos activos para encararlas. Las negociaciones, sin embargo, no cristalizaron a pesar de las presiones indirectas que inició Morales a través de su gabinete: una inspección encabezada por el entonces ministro del trabajo de Bolivia, Alex Gálvez, para constatar condiciones laborales, o el envío de un grupo de técnicos de la oficina de tributos de ese país para efectuar una auditoría.

Solo la llegada de Gill a Bolivia, en 2008, destrabó esas negociaciones. El empresario llegó para coordinar, según Peñaranda, la compra de medios, aunque no era un propósito declarado. Gill se escudó tras fachada de una fundación que creó, llamada Siglo XXI, que se encargaría de fomentar la exportación de textiles bolivianos a Venezuela, mientras concretaba la compra del diario para ponerlo al servicio del gobierno boliviano. El entonces embajador venezolano en La Paz, Julio Montes –ex ministro de Vivienda del gabinete de Hugo Chávez–, lo presentó con el número dos, el vicepresidente Álvaro García Linera, quien estaba encargado de concretar el plan. A través de Gill, el gobierno boliviano también controló otros dos medios: ATB, un canal de televisión, y Extra, un periódico popular.

Como era una misión encubierta se creó una empresa en España, llamada Akaishi, que negoció directamente con Prisa por los tres activos. Todo esto con el fin de evitar que se supiera que un venezolano había adquirido tres medios de comunicación. Dos años después no solo se supo que Gill era el dueño, sino que la propia vicepresidencia de Bolivia ofrecía los cargos directivos en la redacción de La Razón.

Sea que no pudo o no quiso seguir ocultando sus propiedades, Gill decidió romper con el bajo perfil que cultiva en Venezuela para ofrecer entrevistas a medios bolivianos y comentar sobre sus inversiones. A mediados de 2014 le dijo al diario El Deber que había escogido a ese país y a su natal Paraguay para invertir “porque vieron un enorme potencial”. Además de los diarios La Razón y Extra, Gill confirmó que era el propietario de la empresa llamada Ferroviaria Oriental. Y allí también aparece en su junta directiva el nombre de Rafael Enrique Abreu Anselmi, cuyo hermano gemelo, Jesús, fue designado como el presidente del diario El Universal de Caracas apenas se concretó la venta.

Rafael Enrique Abreu Anselmi representa, como presidente del directorio de Ferroviaria Oriental, los intereses de Gill, de acuerdo con datos oficiales recolectados de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) de Bolivia. Como su hermano Jesús, Rafael Enrique, o Enrique, como le conocen sus amigos, ha sabido moverse muy bien entre los poderes fácticos desde mucho antes de la llegada del comandante Hugo Chávez al palacio de Miraflores. Las buenas relaciones que ha hecho en todos estos años quedan en evidencia cuando se comprueba que ha participado en varias juntas directivas de empresa. Fue director principal de la desaparecida Seguros Carabobo. Y también forma parte de Corimón con el mismo cargo, como lo prueba la asamblea de accionistas del 22 de mayo de 2013.

Jesús Abreu Anselmi no ha sido menos afortunado, quizás porque también tiene una idea muy clara de cómo funciona la sociedad venezolana. A principios de los años noventa acariciaba la idea de crear, junto a su hermano Enrique, un gran emporio que compitiera con Empresas Polar. Se llamaba Agrícola La Castellana y tenía vínculos comerciales con el desaparecido Banco Latino. El hoy presidente de El Universal fue introducido en los círculos sociales de Caracas por el presidente de aquel grupo, Gustavo Gómez López. En 1998, cuatro años después de la quiebra del Banco Latino, El Fondo de Garantías de Depósitos (Fogade) demandó a Agrícola La Castellana para cobrarse dos pagarés en bolívares. En enero de 2003, justo después del golpe de Estado contra Hugo Chávez, esa acción judicial quedó sin efecto.

Los ecos de la venta de la antigua Cadena Capriles –hoy Grupo Últimas Noticias– y del diario El Universal resuenan en estas líneas. Para cerrar ambas operaciones se crearon dos empresas –Latam Media Holding (Inglaterra) y Epalisticia (España), respectivamente– como vehículo especial de inversión, que oculta la verdadera identidad de los dueños. Es ese uno de los mejores secretos guardados del Caribe e infructuosos han sido los intentos por despejarlos.

Hay, sin embargo, una pista que conduce a Gill. Una fuente vinculada con la nueva dirección del diario aseguró a Armando.info que uno de los propietarios de El Universal es Carlos Gill. A pesar de los correos electrónicos enviados a direcciones registradas a su nombre y las llamadas hechas a Corimón para contrastar esta información, Gill nunca respondió a la solicitud de una entrevista.

Gill, según esa versión, forma parte de ese pool de inversores que se hicieron con el centenario medio de la esquina de Ánimas, en Caracas, y uno de los artífices del brusco cambio de línea editorial sufrida por el medio. Su relación con el actual presidente del diario, Jesús Abreu Anselmi, trasciende lo profesional. Fue uno de los requisitos que pusieron los desconocidos accionistas del periódico para contratar a la persona que diera la cara en la empresa, de acuerdo con una entrevista concedida al periodista Jesús Yajure por el representante de Epalisticia, José Luis Basanta, y publicada en el portal Politikom.