Eso cambió por completo hace un año. Una revelación periodística mostró que ese bajo perfil público no se correspondía con el papel salidor que Parra cumplía entre un grupo de diputados del interior del país, todos de partidos de oposición y la mayoría de ellos enquistados en la Comisión de Contraloría, que se habían coordinado para favorecer a Alex Saab, el empresario favorito de Nicolás Maduro y principal beneficiario del negocio detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Fue una tormenta que golpeó a la oposición venezolana y obligó al presidente interino Juan Guaidó, en su rol de presidente de la Asamblea Nacional (AN), a ordenar una investigación. Doce meses después, el informe definitivo sobre lo sucedido en la Comisión de Contraloría del parlamento todavía no se conoce. Pero ese retraso en las diligencias y los resultados oficiales no ha impedido que saliera a relucir un cúmulo de irregularidades en la comisión, que van más allá del caso Saab.

El 1 de diciembre de 2019 Armando.info publicó un primer reportaje sobre el tema. Horas después, Guaidó anunció la “intervención” de la Comisión de Contraloría, donde se gestaron los polémicos documentos para lavar la reputación de Saab, especialmente ante organismos del extranjero, y la creación de una “comisión especial” para revisar la actuación de los legisladores. Esa instancia empezó a funcionar el 3 de diciembre y durante dos semanas entrevistó a los parlamentarios involucrados en el escándalo, al secretario y a los trabajadores de la Comisión de Contraloría. Pero el asunto cayó en el olvido.

Ni el viraje político que a partir de ese momento encabezó Parra y siguió el resto de involucrados que, con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), intentaron tomar la Presidencia de la AN el 5 de enero del 2020; y ni siquiera el reparto entre los parlamentarios coludidos del control de algunos partidos políticos opositores, con sus siglas y colores, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, han empujado el finiquito y publicación del informe oficial sobre el caso.   

Las pesquisas iniciales se centraron en las gestiones que en favor de Alex Saab realizaron esos diputados, adscritos entonces a partidos opositores como Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. En abril de 2019 hasta siete de ellos (Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Adolfo Superlano, Richard Arteaga y José Luis Pirela, este último de la Fracción Parlamentaria 16 de julio) visitaron en secreto Portugal, Bulgaria y el principado de Liechtenstein, jurisdicciones todas europeas donde marchaban averiguaciones judiciales contra Saab. Poco después, en octubre, Brito y Superlano fueron a Colombia para abogar en la Fiscalía de ese país por socios y compañías vinculadas a Saab tras consignar un documento en el que aparecían las  firmas de seis de esos parlamentarios junto a las de otros tres: Guillermo Luces, William Barrientos y Héctor Vargas.

Las entrevistas realizadas por la “comisión especial” y otros documentos ventilados durante la investigación confirman las gestiones en favor del empresario consentido de Nicolás Maduro, detenido desde el pasado 12 de junio en Cabo Verde por pedido de Estados Unidos y todavía en espera de su posible extradición a este último país. Pero esa misma indagación empezó a poner en evidencia una larga lista de anomalías que prueban la informalidad que llegó a reinar en la Comisión de Contraloría del parlamento venezolano: inconsistencias en los expedientes, tachaduras en esos documentos, folios y oficios desaparecidos, subcomisiones fantasmas, emisión previa de cartas de “buena conducta” a otros empresarios distintos a Saab, alteraciones en el archivo y dudas sobre el debido uso de los sellos, entre otras desviaciones.

“¿Alguna irregularidad anexa que conozca y nos la pueda expresar, en el procedimiento, en la forma, en el fondo?”, preguntó el diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática y presidente de la “comisión especial” nombrada por Guaidó, a la jefa de Correspondencia de la Comisión de Contraloría. “Irregularidades, unas cuantas”, resumió la funcionaria, Angilibel Santiago, en una entrevista realizada en el parlamento el 5 de diciembre de 2019, sólo cuatro días después de la publicación del reportaje que revelaba el intento de blanqueo por parte de los legisladores a las empresas de Alex Saab.

Sello invisible

Una fecha resulta clave en ese desastre administrativo. El 10 de julio de 2019 el diputado Conrado Pérez, del partido Primero Justicia (PJ), envió una comunicación a la “unidad de Correspondencia” de la Comisión de Contraloría en la que se proclamaba “presidente encargado” y solicitaba “una relación completa de la Unidad de Correspondencia y el manejo de la misma (libros, sistemas, sellos y equipos), ya que en mi gestión deseo mejorar el funcionamiento de la comisión”.

Pérez acababa de reemplazar a Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP), quien hasta entonces presidía de manera oficial la Comisión de Contraloría, pero que en mayo de 2019 salió del país luego de que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo, allanara su inmunidad parlamentaria con miras a procesarlo judicialmente. Sin registros, ni actas que avalen ese nombramiento, Conrado Pérez asumió el control al pasar de vicepresidente a presidente encargado.

“Cuando a nosotros nos hicieron la auditoría en el mes de julio, tanto a la dirección de Secretaría como a Correspondencia les quitaron las atribuciones, todo tenía que pasar por las manos de Conrado Pérez, todo. (…) Entonces allí se generó una confusión, porque se decía que lo pedía el vicepresidente, pero salía como presidencia”, explicó Santiago, la jefa de Correspondencia, el 5 de diciembre de 2019. Además de Edgar Zambrano, la comisión investigadora designada por Guaidó estaba formada por Stalin González y Marialbert Barrios, de Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, respectivamente.

Para el momento en que Conrado Pérez asumió la dirección de la Comisión de Contraloría, el diputado ya había viajado a Europa junto a los otros seis parlamentarios para consignar ante autoridades los papeles en defensa de los negocios de Alex Saab con el chavismo. Él aparece en una foto junto a Luis Parra y Richard Arteaga en Sofía, la capital de Bulgaria. Incluso, a finales de 2018, ya había firmado cartas absolviendo a Alex Saab y sus empresas. “¿Cómo compruebo yo que el señor Saab es o no es testaferro de Maduro? ¿Que esas tiendas [las tiendas Clap] son tiendas de maletín? Comprobamos que no son tiendas de maletín y así sucesivamente”, se defendió Pérez ante la comisión investigadora el 9 de diciembre de 2019. 

Algunos de los documentos llevados a Europa en favor del empresario colombiano tenían la firma de los viajeros, mientras que otros aparecían suscritos por Freddy Superlano, quien no participó de esas expediciones y siempre ha negado haber avalado los papeles. En las entrevistas posteriores con el personal de la comisión saldría a relucir un uso indebido del sello presidencial que se había hecho consuetudinario.

“El Presidente [de la Comisión de Contraloría] era Freddy Superlano, pero no había presidente en la comisión, porque para ese entonces él ya se encontraba en el exilio y se había llevado el sello, entonces no hay sello de Presidencia aquí”, relató la jefa de Correspondencia. En su interpelación el propio Superlano reconoció que él mantuvo el sello presidencial aún luego de su salida del país. “Yo tengo la representación de la comisión (…) Cuando me allanan la inmunidad parlamentaria, era un sello que yo tenía”, admitió Superlano ante la comisión investigadora el 11 de diciembre de 2019. 

La jefa de Correspondencia relató, además, que desde 2017, cuando Juan Guaidó estuvo al frente de esa instancia, el sello de la presidencia la Comisión de Contraloría no reposaba en la oficina. “En el año 2017, con Juan Guaidó, se llevaron el sello de presidencia, no supimos más (...) Sí supimos del sello porque si se necesitaba sellar algo venía su asistente y sellaba. En el 2018, cuando se hace el cambio de la presidencia de la comisión, en vez de él entregarle el sello a la comisión, o en este caso a nosotras que fuimos quienes se lo entregamos, se lo entregó a Freddy Superlano. Entonces, supongo que el diputado asumió que el deber de él era cargar el sello, pero no era el deber ser. El deber ser es que el sello permanezca en correspondencia”.

Premonición cumplida

Si las respuestas del personal de la comisión resultan reveladoras del desorden administrativo, las de los diputados involucrados en el escándalo de Alex Saab dan una idea de la poca importancia que sus colegas investigadores le dieron al caso. 

Los parlamentarios apenas explicaron las motivaciones de la gira europea, obviaron haber pisado el principado de Liechtenstein, y ni siquiera detallaron a la comisión investigadora cómo se costearon un viaje en abril, primero, y otro en mayo de 2019 a Italia y España. “El viaje tampoco fue en temporada alta, sino más bien fue un viaje en temporada baja, todo el mundo sabe cuánto cuesta un pasaje ida y vuelta para eso, como 160 dólares, creo”, soltó el diputado Richard Arteaga en su entrevista ante la comisión del 9 de diciembre de 2019.

Luis Parra, que ni siquiera era miembro de la Comisión de Contraloría, pero que encabezó las gestiones para blanquear los negocios de Alex Saab, aseguró que hizo “milagros” para poder viajar y que lo logró gracias a “familiares, amigos, vecinos y conocidos”. Recientemente se filtraron a través de las redes sociales dos videos de esa gira europea de 2019, en los que se ve a Parra contando un fajo de euros y bromeando mientras acarrea numerosas bolsas de marcas de lujo. 

Los pasajes de los diputados se compraron en Eurocontinente Agencia de Viajes, un negocio turístico en Bogotá, cuyo dueño es Iván Darío Caballero Ferreira, también ligado a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas.

José Luis Pirela, quien tampoco formaba parte de la Comisión de Contraloría y es miembro de la fracción parlamentaria que sigue a la líder opositora María Corina Machado, explicó que fue invitado de forma “conversada” por el resto de los colegas.  “Si lo que me estás preguntando es que si hay alguna correspondencia, no, no existe. No existe ninguna correspondencia en la que ellos me hayan invitado por escrito, formalmente no. No existe”, declaró el diputado ante la comisión investigadora el 10 de diciembre de 2019. 

De las entrevistas a los parlamentarios tampoco queda claro las razones por las que Carlos Herrera, editor del portal Primicias24, participó en ese viaje junto a los siete legisladores. Richard Artega dijo que lo conoció “el día del viaje”, mientras que Pirela explicó “vi una declaración pública de él [de Carlos Herrera] donde dice que fue invitado por la comisión. No me consta si esa invitación fue por escrito, él señaló allí que invitaron a varios medios y que a cada medio correspondía pagar, pero en todo caso será él quien pueda explicar todo eso, no yo”. Ni Herrera ni el diputado Adolfo Superlano atendieron el llamado de la comisión investigadora.

Durante el trabajo de la comisión salieron a relucir otras actuaciones en favor de empresarios que confirman que la práctica de emisión de cartas de “buena conducta” venía dándose desde antes del caso de Alex Saab. Se ventilaron episodios ya reseñados por algunos medios de comunicación como el del empresario Mauro Libi, investigado en su momento por supuestas irregularidades en el manejo de divisas, o el del constructor Alejandro Ceballos, investigado por algunas de sus contrataciones con el Estado. Ceballos, por ejemplo, presumía de una de esas cartas salidas de la Comisión de Contraloría, colgada en un lugar prominente del website de una de sus empresas.

También afloraron detalles sobre el caso de Seguros Universitas: apenas haberse iniciado la investigación, fue cerrada repentinamente por Conrado Pérez. “Sobre este expediente debo señalar que se formuló una denuncia sobre la precitada aseguradora sin que existiera ningún fundamento por escrito o pruebas que permitieran la realización formal de una investigación de acuerdo al procedimiento metodológico a cuyos efectos realiza la Comisión de Contraloría llevado a la Plenaria se acuerda su archivo”, se defendió el diputado durante su interpelación del 9 de diciembre de 2019. 

La denuncia contra Seguros Universitas la había formulado el parlamentario Ismael Léon, del partido Voluntad Popular, que asistía a la Comisión de Contraloría pero no tenía voto. En su entrevista ante la comisión investigadora, celebrada el 4 de diciembre de 2019, León lamentó que Conrado Pérez archivara el caso y aseguró que esa fue una práctica repetida. “No hay la menor duda de que el archivo se alteró y tengan la plena seguridad de que ahí habrá muchas cosas por buscar y no se van a conseguir”.

Esa frase del diputado León, a un año de distancia, hoy suena premonitoria. El informe final de la investigación no se ha publicado y esa omisión lleva a pensar con fundamentos que, si algo se buscó, o no se consiguió o se consiguió y no se quiso difundir. Las dudas sobre el funcionamiento de la Comisión de Contraloría desde que la oposición venezolana obtuvo el control del parlamento en 2015 no dejan de crecer. Mientras tanto, los protagonistas del escándalo, con Luis Parra a la cabeza, intentan reelegirse hoy, 6 de diciembre, como diputados bajo la marca de “Primero Venezuela”, en un proceso electoral diseñado a la medida por el chavismo para recuperar el control de la Asamblea Nacional.