Pero Venezuela no es solo una víctima colateral del conflicto interno colombiano; en realidad, participa en él, quiéralo o no. Algunos de sus actores y causas echaron raíces a ambos lados de la frontera binacional.

Reportes oficiales de autoridades colombianas llevan tiempo advirtiendo que, desde hace cinco años al menos, el territorio limítrofe venezolano ya no es tan solo un aliviadero o buffer donde los grupos guerrilleros de ese país, en especial el ELN, se retiran a descansar o consiguen un burladero para esquivar la persecución militar. No: de hecho, sirve, por un lado, de teatro de operaciones y lugar de acuartelamiento, y del otro, de paso para las rutas de tráficos ilícitos -cocaína, armas, oro- cuyo control se disputan los grupos subversivos y del crimen organizado. 

Con esos fenómenos en la zona se interseca además la voluntad de control político que anima tanto a la propia guerrilla colombiana como a la autodenominada Revolución Bolivariana de Venezuela. Ambas conservan vestigios de una antigua base ideológica compartida, y sus intereses suelen coincidir -pero no siempre- hasta conformar una alianza de facto que a menudo prefieren no proclamar. 

Un defensor de derechos humanos venezolano, que se mueve con frecuencia entre los estados de Zulia y Táchira y pidió a Armando.info mantener la reserva de su identidad, confirma que la presencia del ELN del lado venezolano es permanente desde hace años “en todo el límite fronterizo”.

Como consecuencia, la seguridad y las libertades individuales de los pobladores de la zona limítrofe se mantienen en vilo. La violencia desatada en el Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander representa el afloramiento de pugnas que soterradamente se gestaban en la zona de frontera a pesar de la vigencia del Acuerdo de Paz con las FARC de 2016. El trasiego bidireccional de negocios ilícitos permitía augurar un nuevo estallido de hostilidades. Mientras los movimientos de actores armados de un lado a otro de la frontera representaban una realidad tangible para los habitantes de la zona, a veces se colaban apenas como un secreto a voces en medios de prensa. Diversos testimonios perfilaban un hecho del que no se tenían dudas pero sí escasas pruebas. Aunque podía darse por conocida, la situación no parecía estar debidamente documentada. 

Lo cierto era que los organismos de seguridad y justicia en Bogotá sí venían haciéndole seguimiento efectivo a esa reorganización geográfica de los futuros frentes de combate y, en particular, del ELN. Y lo reflejaron en documentos.

Ahora un lote de esos documentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía General de Colombia, al que tuvo acceso el Proyecto de Reportería sobre Corrupción y Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés) y fue compartido con Armando.info, muestra que por lo menos desde 2020 el Ejército Nacional de Colombia conocía el desplazamiento sostenido de tropas del ELN hacia territorio venezolano. 

“El ELN mantiene su estrategia delictiva resguardando sus principales cabecillas en territorio venezolano, con el propósito de incrementar el Trabajo Político Organizativo (TPO) para desestabilizar la zona fronteriza y continuar sus planes”, se lee en un informe del ejército colombiano preparado bajo el título de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza.

En ese documento, fechado en diciembre de 2021 y que se presentó ante el Comando Sur de Estados Unidos, el ejército colombiano contabilizaba la presencia de 1.408 guerrilleros del ELN en Venezuela, correspondientes a 26% de su fuerza total (cifrada entonces en unos 5.397 combatientes). 

Muchas respuestas de este lado

Una bomba de tiempo explotó el 16 de enero de 2025 y dio inicio a una reacción en cadena de violencia que todavía nadie consigue sofocar. Ese día arrancaron los combates en el Tibú colombiano, sector aledaño al río homónimo -parte de la cuenca del río Catatumbo, de cauce binacional- y próximo a la frontera de Norte de Santander con el estado venezolano de Zulia. Los reportes iniciales indicaron que los enfrentamientos se iniciaron tras el asesinato de Miguel Ángel López, su esposa y su hijo de nueve meses. Según fuentes locales, el joven era muy conocido en la zona pues trabajaba en una funeraria y recogía cadáveres en lugares a los que nadie más llegaba. Pero por popular que fuera López, su muerte junto a la de su familia no bastaban para explicar la vuelta a las armas de los grupos irregulares. Solamente funcionaron como la pita que detonó el polvorín que se venía formando en esa región remota, selvática y montañosa.

Aquella masacre dejó al descubierto las cuentas pendientes entre dos grupos armados que se disputan la zona. Por un lado, el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y, por el otro, un grupo disidente de las casi extintas FARC, conocido como la Estructura 33 o E-33, que no se acogió al proceso de paz. 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro solo se pronunció días después de que empezaron los combates, anunciando el decreto de un estado de conmoción interior, el primero en 17 años. También paralizó las conversaciones de paz que ya estaban en estado comatoso entre el gobierno de su país y el ELN.

“¿Cómo una organización puede saltar en fortaleza técnica y militar en el corto plazo?”, dijo Petro mientras se mostraba sorprendido, durante una alocución del 21 de enero de 2025 en la que se refería al ELN, grupo con el que adelantaba entonces unas conversaciones de paz que, tras la violencia de enero, terminaron por naufragar. “Algún tipo de información debimos tener y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron, anduvieron o se transportaron?”, prosiguió en sus dudas. Y eso que eran preguntas que ya tenían respuesta en los archivos de los organismos de inteligencia militar colombianos.

Muy pronto todos los ojos se posaron en la frontera con Venezuela. La estrecha vecindad del Norte de Santander colombiano con los estados venezolanos de Zulia y Táchira -entre los siglos XIX y XX, el río Catatumbo fue la vía natural para llevar el café de esas estribaciones binacionales de Los Andes al Lago de Maracaibo y, de allí, a mercados de exportación- motivó a Bogotá a pedir al régimen de Nicolás Maduro su apoyo en la zona. El entonces ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, pidió “acciones de contención” a su homólogo venezolano, el general Vladimir Padrino, en una reunión de urgencia,“de manera que las acciones que desarrolla el ELN sean repelidas igualmente desde Venezuela, evitando el ingreso y generando la gran posibilidad de actuar contra estos delincuentes”.

El reclamo llegaba tarde. El gobierno de izquierda colombiano disponía desde hace tiempo de pistas suficientes para prevenir esa infiltración guerrillera que al régimen venezolano solicitaba reprimir.

Por ejemplo, en junio de 2021, todavía con el presidente Iván Duque gobernando desde el Palacio de Nariño, otro informe militar detallaba en sus primeras páginas que 56% de los cabecillas de esa guerrilla, 13 en total, vivían en Venezuela, mientras que solo seis permanecían en Colombia y cuatro se refugiaban en Cuba. Para entonces en Venezuela se encontraban, según el mismo documento, dos jerarcas del Comando Central (COCE) del ELN: Eliécer Herlinto Chamorro, (a) Antonio García, en Zulia, y Gustavo Anibal Giraldo Quinchia, (a) Pablito, en el estado Apure de los Llanos Occidentales de Venezuela. Se trataba de los considerados número uno y número tres, respectivamente, del organismo colegiado que coordina a la federación descentralizada de grupos de base que se ampara bajo el paraguas del ELN.

El reporte del ejército colombiano aseguraba que cinco líderes del ELN estaban apostados en el estado Zulia, tres en Apure, y uno en el estado Bolívar, en el sureste de Venezuela.  De los restantes cuatro no ofrecía ubicación.

Según el documento, en 2022 el ELN se desplegaba en 14 grupos o frentes en Venezuela. También detectaba otros siete frentes de grupos disidentes de las FARC que han penetrado, viven y controlan varias actividades ilícitas en territorio venezolano.

Otro informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de 2022 muestra que el número de cabecillas del ELN en territorio venezolano había aumentado a 19 (79%), con solo tres en Colombia y dos en Cuba. 

Para ese año, las autoridades colombianas habían detectado que el Frente Internacional del ELN estaba apostado en Los Teques, capital del estado Miranda, cerca de Caracas, con la sospecha de que “estaría realizando actividades de coordinación y diplomacia paralela con personalidades políticas afines en la región”. Sin dar nombres, menciona que el ELN tenía contactos con miembros del partido venezolano Patria Para Todos (PPT).

Entre los frentes del ELN y de las disidencias de las FARC que entonces tenían presencia en Venezuela, según los informes, se encontraban el Frente Juan Fernando Porras Martínez y la Estructura 33, los bandos que en 2025 iniciarían hostilidades en la zona del Catatumbo. 

Los informes de 2021 y 2022 identificaban que el ELN había reforzado su presencia especialmente en los estados Zulia, Táchira y Apure. Por su parte, las disidencias de las FARC habían penetrado los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar, con el Frente Acacio Medina y el Comando Frontera como puntas de lanza de su penetración en Venezuela. De todos los referidos, Bolívar es el único estado venezolano que no colinda con Colombia.

Por cierto, Nicolás Maduro respondió con presteza a los requerimientos de Bogotá. Al menos, en apariencia. Ordenó a finales de enero la puesta en marcha de la operación Relámpago del Catatumbo, en el marco presunto de los ejercicios militares denominados como Escudo Bolivariano. Entonces el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, expresó con énfasis: "Hemos decidido lanzar la operación para evitar el acceso de grupos armados al territorio venezolano, llámense como se llamen”. 

De la operación se conoce un balance magro: decomisos de unas 31 toneladas de cocaína, el desmantelamiento de 17 campamentos de procesamiento de hoja de coca, y el apresamiento de cuatro alcaldes venezolanos presuntamente involucrados con el narcotráfico y con la propia guerrilla en la frontera. Pero no ha informado de ninguna captura de un miembro activo del ELN o de las disidencias de las FARC en territorio venezolano. 

En cualquier caso, hasta el inicio de la operación Relámpago del Catatumbo, la consigna de contener al ELN no había sido la predominante entre la jerarquía político-militar chavista. Por el contrario: había claras evidencias de cierta tolerancia de Caracas ante las incursiones de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, cuando no de beneplácito.

El ELN tuvo de 2017 a 2018 “una lógica expansiva en toda la frontera que se hace muy evidente en 2019”, apunta María Victoria Llorente, científica política directora del instituto colombiano Ideas para la Paz. Según Llorente, ese grupo guerrillero se apresuró a llenar el vacío que las menguantes FARC dejaban, debilitadas tanto por los golpes militares sufridos en Colombia como por la desmovilización parcial tras el acuerdo de paz, y por los efectos del retiro del apoyo que en algún momento Hugo Chávez les otorgó, pero que cesó poco antes de que el comandante venezolano falleciera en 2013.  

Sin embargo, todavía en 2021, el citado reporte de inteligencia militar colombiana para el Comando Sur de Estados Unidos aseguraba que el propósito de la presencia del ELN en Venezuela seguía siendo el de “desestabilizar la seguridad y defensa colombiana facilitando la expansión de la Revolución Bolivariana”. Afirmaba también que el ELN había establecido “Zonas Operativas Temporales Especiales” para “controlar los pasos ilegales en la frontera y dar tareas de inteligencia a estos grupos en territorio colombiano”. 

¿Qué había alentado esa evolución? Que, como explica Llorente, experta en temas de paz y seguridad, Nicolás Maduro se reveló mucho más permisivo con el ELN de lo que Chávez propugnaba.

“El ELN tiene conexiones mucho más profundas, ya tiene combatientes venezolanos reclutados por ellos y, en ese sentido, sí tiene características de una guerrilla binacional”, subraya la académica en entrevista con la reportera de Armando.info. “Esto es un problema mucho más complejo, creo yo, que lo que fueron las FARC en su momento. Queda claro que para un Estado como Colombia prácticamente no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva si el grupo tiene un santuario político del otro lado de la frontera. (…) A Maduro hoy le sirve mucho tener este tipo de amenaza para Colombia”.

Los documentos revisados no precisan cuántos venezolanos figuraban entre las filas del ELN y de las disidencias de las FARC. Pero no dudaban en alertar que desde la vertiente venezolana de la frontera los grupos guerrilleros planificaban delitos por los que no pocas veces se confrontaban de manera intestina. El control de los pasos binacionales era uno de sus objetivos estratégicos. 

Un informe de la Policía Judicial colombiana de 2021, pero que pasa revista a eventos acaecidos desde 2019, describe que “de acuerdo a labores de inteligencia se tiene conocimiento que el Frente Juan Fernando Porras Martínez (GAO-ELN) despliega sus actividades ilícitas y accionar terrorista sobre el municipio de Tibú”.

Al municipio José María Semprún del estado Zulia, en la ladera venezolana de la Sierra de los Motilones, fueron a dar decenas de desplazados tras los ataques en la zona del Catatumbo colombiano en enero de este año. “Este municipio es el más cercano a Tibú. Entraron por el [poblado de] El Cruce y primero los acomodaron en el colegio Esminda de Núñez, pero luego abrieron el estadio, entraron muchos niños y adultos mayores”, explicó a Armando.info un periodista radicado en la zona.

A ese flujo de desplazados lo antecede otro flujo, constante y de larga data, de cocaína por el Catatumbo. El ejército colombiano dejaba constancia de ello en otro de sus informes de 2022, asegurando que dicha zona es “epicentro del tráfico internacional de estupefacientes hacia Venezuela”. Y continuaba: “Los grupos armados organizado, GAO ELN,  GAO-r E33 y el GAO-EPL han promovido la expansión de los cultivos de hoja de coca en la región del Catatumbo como una de sus principales fuentes de finanzas, estos grupos armados obtienen aproximadamente 25,10 billones de pesos anuales”.

La actuación del ELN en Venezuela incluía, al menos desde 2020 y según este informe, la formación de redes de apoyo en retaguardia, con actividades de entrenamiento en fabricación, uso y activación de explosivos y uso de armas de fuego “con fin de atentar contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública”. En 2022, las fuerzas militares colombianas ya aseguraban que el ELN había incrementado su trabajo político en la frontera “priorizando comunidades en condiciones precarias, se evidencia construcción de vías y viviendas para fortalecer un acumulado social que respalde su presencia en estas áreas. (Venezuela: Zulia, Táchira y Apure - Ecuador: Esmeraldas)”.

El trofeo de las trochas

Con una frontera terrestre común de 2.219 kilómetros, Colombia y Venezuela se conectan por siete puntos de entrada oficiales y, según otro informe de inteligencia del Ejército de 2022, también a través de unos 270 pasos ilegales conocidos como veredas o trochas, por las que transitan personas de un lado a otro junto a todo tipo de contrabando, incluyendo tráfico de drogas, armas y minerales. 

Este último informe mencionaba los pasos terrestres hacia Venezuela como un elemento esencial del control que guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC procuran en Norte de Santander, “pues desde allí parten un sinnúmero de vías que intercomunican toda la Región del Catatumbo, al occidente, con el Departamento de Cesar, así como también al oriente hacia Venezuela, lugar en donde la dinámica fronteriza es neurálgica”. 

Otro informe del ejército colombiano en 2022 hacía referencia a la celebración de una reunión del “movimiento continental bolivariano” con miembros del ELN en el estado venezolano de Apure. Detallaba además el establecimiento de campamentos del ELN en los municipios venezolanos de José María Semprún, Machiques de Perijá, Catatumbo y Rafael Urdaneta, en el estado Zulia; y municipios del estado Táchira.

Todos estos niveles de alerta quedaron condensados en un análisis de inteligencia del Ministerio de Defensa, de octubre de 2022, que, visto en retrospectiva, acertó en su profecía. La cartera colombiana de Defensa enumeraba entonces al menos 10 incidentes que le llevaban a concluir que la dinámica entre los dos principales grupos armados ubicados en el Catatumbo, el ELN y el grupo E-33 (la Estructura 33) disidente de las FARC, propiciaría una “crisis de orden público en la región (…) para mantener la cadena del narcotráfico”.

Hasta el día de hoy y después de la violencia desatada en la zona del Catatumbo a comienzos de este año, los combates entre las disidencias de las FARC, el ELN y ahora la fuerza pública de Colombia han disminuido en intensidad, pero continúan. El gobierno del presidente Petro llegó a anunciar una recompensa de casi 700.000 dólares para quien diera información sobre el paradero de cuatro de los cabecillas principales del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, Eliecer Herlinto Chamorro, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía e Israel Ramírez Pineda. Hasta 2022, según las autoridades militares de su país, todos menos uno (Ramírez Pineda (a) Pablo Beltrán), tenían al menos dos años viviendo en Venezuela.

Como una sombra que aparece y desaparece, su concuñado, Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, es otro pariente problemático que lo ha obligado varias veces a dar explicaciones.

Nacido en Zipaquirá, un municipio del altiplano a las afueras de Bogotá, hijo del llamado Zar de la papa y veterinario de profesión, Carlos Gutiérrez es un empresario de la ganadería casado con María Teresa Alcocer García, hermana de la Primera Dama de Colombia, Verónica Alcocer García. Del apetito por el poder político de esta última se especula mucho en la prensa colombiana.

El de Gutiérrez Robayo no es un nombre nuevo para la prensa venezolana. En su parábola empresarial destaca un punto tangente, ya dado a conocer, con los negocios en Venezuela de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro durante más de una década, investigados en varias jurisdicciones por lavado de dinero y, en el caso de Saab, aún espera juicio en un tribunal de Florida, en Estados Unidos. 

“A Carlos [Gutiérrez] lo conocí hace un par de años: una persona muy inteligente. Me planteó una sociedad que finalmente no pudimos hacer”, reconoció Alex Saab al diario El Tiempo de Bogotá en agosto de 2017, cuando todavía el barranquillero negaba su participación en los millonarios contratos del suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Negaba, incluso, conocer al propio Maduro, su principal benefactor y quien sorpresivamente lo empezó a reclamar como su “diplomático” tras su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, de donde fue extraditado en octubre de 2021.

Aquel negocio al que se refería Saab en una de las pocas veces que declaró a medios de comunicación fue el de Trenaco, la desconocida petrolera registrada en Suiza y Colombia que recibió en 2015 un contrato de la estatal Pdvsa por 4.500 millones de dólares, y en la que Carlos Gutiérrez Robayo figuraba como Presidente, tal y como demostraron documentos de la filtración Panama Papers.

“Yo no tenía la capacidad financiera para hacer esa inversión”, detalló Saab en esa misma entrevista para justificar el fallido negocio petrolero y del cual Pdvsa nunca ofreció explicaciones. Aunque la relación entre Gutiérrez y Saab también se creía disuelta con el fracaso de Trenaco, ahora nuevos documentos confirman que no hubo un deslinde y que aquella no fue la única sociedad con la que intentaron sacar provecho de una Venezuela en pleno derrumbe económico.

Cazando rebajas en Venezuela

En 2018, año en el que Gustavo Petro perdió contra Iván Duque su primer intento por alcanzar la Casa de Nariño, y el mismo en que Maduro cedió a Saab el control de commodities venezolanos como el oro, el carbón o la madera bajo la fachada de compañías turcas, Carlos Gutiérrez participó en esa compleja estructura societaria tejida en diversas jurisdicciones representando los intereses de Saab y Pulido, pero también intentando él mismo quedarse con algunas de esas materias primas a precios favorables a través de sus empresas.

Como una secuencia previamente calculada, entre julio y agosto de 2018, Alex Saab a través de Glenmore Proje Insaat y Marilyns Proje Yatirim, compañías registradas en Turquía pero controladas por varios de sus operadores, se aseguró el control de las estatales Maderas del Orinoco, Carbones del Zulia y la Compañía General de Minería de Venezuela bajo la figura de tres “empresas mixtas” Mavetur, Carboturven y Mibiturven, respectivamente.

Pocas semanas después, el 17 de septiembre de 2018, a Maderas del Orinoco, ya bajo la égida de Alex Saab, y Mavetur, llegó una “carta de intención” de la compañía colombiana C.I Global Multi Commodities (Glomco) para comprar la madera de Uverito, la extensa explanada al sur del estado Monagas, colindante con las riberas del Orinoco, donde durante décadas se sembró un bosque de casi 600.000 hectáreas de pino caribe pero que hoy no sobrepasa las 200.000 hectáreas, según estimaciones de ambientalistas y de trabajadores de Maderas del Orinoco. 

Glomco no era un comprador cualquiera. Desde su nacimiento en diciembre de 2017, pocos meses antes de la negociación con Maderas del Orinoco, y al menos hasta finales de 2019, el único accionista de Glomco era Fema Reforestaciones, una compañía que desde su creación en 2008 ha intercambiado como accionistas a Carlos Gutiérrez Robayo, su esposa y sus hijos menores de edad. O, a la luz actual de sus parentescos: el concuñado, la cuñada y los sobrinos del presidente de Colombia.

En su objeto social inicial, Glomco apuntaba en su razón de ser al comercio de “metales ferrosos y no ferrosos en formas primarias”, la “comercialización y distribución al por mayor y al por menor de metales en general”, así como también el “desarrollo de la industria de la minería” para comercializar oro y plata. En su página web sí destacan los productos “maderables” como otra de las materias primas de su portafolio. 

Por su parte, Fema Reforestaciones está ubicada en la hacienda La Primorosa de Zipaquirá, un municipio a las afueras de Bogotá, y que es la misma sede de CGR Biotecnología Reproductiva, la principal empresa ganadera de Carlos Gutiérrez. Zipaquirá es también la región donde Gustavo Petro se crió, terminó su primaria e hizo carrera política como concejal de ese municipio en la década de los 80 del siglo pasado. Y también allí Petro hizo amistad con el padre de Carlos Gutiérrez Robayo, como reconoció en julio de 2020, una de las veces que salió a desmarcarse de su concuñado. 

Parte del ventajismo con que contó Carlos Gutiérrez Robayo se confirma no sólo porque la negociación ocurrió meses antes de que se formalizara en Gaceta Oficial la constitución de Mavetur, lo que ocurrió el 18 de febrero de 2019, sino que el propio Gutiérrez, amparado bajo el seudónimo de un tal Alberto Fernández, según relatan trabajadores de Maderas del Orinoco, visitó en septiembre de ese 2018 los complejos madereros al oriente del país en representación de los supuestos “inversionistas turcos” que, en realidad, eran operadores de Alex Saab y Álvaro Pulido.

De acuerdo a los documentos, Glomco envió varias órdenes de compra a las oficinas de Madera del Orinoco, el 1 de octubre de 2018, con la firma de Francisco Sierra Carreño como director de marketing de la compañía o CMO, por sus siglas en inglés. Allí la compañía ofertó 146 dólares por metro cúbico de madera de pino de Uverito, un precio por debajo de la cotización internacional, según la respuesta del entonces presidente de Maderas del Orinoco, José Pérez Guevara.

“Mi deber es informarle que su oferta comercial, [sic] está muy por debajo de los precios esperados en función a nuestra estructura de costo y estimación de precios del mercado mundial de los commodities forestales de la especie pino”, se lee en la carta enviada a Glomco. En el texto se invitaba a la compañía controlada por Carlos Gutiérrez a “presentar su mejor oferta”, algo que nunca ocurrió. 

“Cuando los colombianos llegaron querían que la madera se le vendiera a Glomco por debajo del precio de mercado”, relata una de las fuentes que prefiere el anonimato.

David Lascano Correa, directivo de la compañía desde su creación y uno de los propietarios desde finales de 2019, se mostró desconcertado ante las consultas para este reportaje. Pese a las evidencias, Lascano sostiene que Carlos Gutiérrez “no tiene nada que ver con Glomco”, que las ofertas de compra enviadas a Mavetur se iniciaron a “mediados de 2019” y que la adquisición de la compañía se negoció con María Alcocer, la esposa de Carlos Gutiérrez y cuñada de Gustavo Petro. 

“María Teresa (Alcocer) no quería la compañía porque no daba lo que esperaba, por eso la quería vender y entramos a comprarla”, respondió Lascano vía WhatsApp. Admitió “estar alarmado” y no descartó acciones legales contra “quienes se hayan hecho pasar por Glomco”.

La representante legal de Fema Reforestaciones, Claudia Zambrano, no contestó a la solicitud de una versión para este reportaje, así como tampoco a la petición de entrevista con Carlos Gutiérrez Robayo.

De lejitos con el concuñado 

Pese a que el comercio de la madera no se concretó, Carlos Gutiérrez siguió tras otros commodities venezolanos, especialmente los de la minería. 

Los papeles obtenidos para este reportaje, así como el testimonio de las fuentes, coinciden en que aún en 2019 Gutiérrez despachaba desde las oficinas del tándem colombiano en el Centro Galipán, un edificio de oficinas del este de Caracas, y que ordenaba negociaciones con varias de las sociedades que Alex Saab y Álvaro Pulido registraron en Turquía y Emiratos Árabes Unidos, entre otras jurisdicciones. 

“Además de Mavetur, él estuvo con las actividades del oro en Mibiturven, compras de fertilizantes, chatarra y hasta producciones agropecuarias en Venezuela”, detalla otra de las fuentes consultadas, que también confirma que en muchas ocasiones Gutiérrez usaba el seudónimo de Alberto Fernández y mantenía contactos con funcionarios del alto gobierno, como Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo. 

El presidente colombiano, Gustavo Petro, siempre se ha desligado de los negocios de su concuñado. “Si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar, concuñado no es ningún parentesco registrado en la ley colombiana”, expresó el 22 de julio de 2020, siendo aún senador y en respuesta a una publicación del medio digital Cuestión Pública, en el que mostraban que Carlos Gutiérrez Robayo y varias de sus empresas aportaron dinero a algunas de las campañas electorales de Petro al Senado y a la Alcaldía de Bogotá.

Pocos días después, el 30 de julio de 2020, cuando las repercusiones de la detención de Alex Saab también se sentían en Colombia, Petro publicó un tuit en el que reconocía haber sido amigo del padre de Carlos Gutiérrez Robayo desde su juventud en Zipaquirá. Allí mostraba, además, a Gutiérrez en un video en el que se le veía manifestado su apoyo por Iván Duque en la campaña presidencial de 2018. 

“Este es Carlos Gutierrez Robayo, con quien me sindican falsamente de vínculos con [Alex] Saab y otros. Esta es su militancia política. Con Carlos Gutiérrez no tengo vínculo de parentesco. Fui amigo de su papá, concejal conservador de Zipaquirá y gran agricultor de la papa”, tuiteó Petro.

Pero seis años antes, y cuando Petro era el alcalde de Bogotá, revelaciones periodísticas mostraron que Carlos Gutiérrez Robayo, su esposa -la cuñada de Petro-, María Alcocer, y Juan Carlos Alcocer García, también cuñado, se beneficiaron en la construcción de unos desarrollos inmobiliarios en una zona que requería licencias ambientales de la Alcaldía de Bogotá. 

En esa oportunidad, Petro también se desmarcó y manifestó su impedimento ante el Procurador General de Colombia para resolver la situación en vista del evidente conflicto de interés. “Con dicha actuación el mandatario distrital pretende, en aras de la transparencia, separarse de cualquier injerencia en las competencias de las autoridades distritales a las que les corresponde efectuar el control urbanístico”, declaró el entonces alcalde de la capital colombiana en un comunicado.

Fue también con un comunicado del pasado 2 de marzo cuando el ahora presidente de Colombia se desmarcó del escándalo reciente provocado por las actuaciones de uno de sus hijos. “Le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”. 

Pero con Carlos Gutiérrez Robayo el asunto todavía no llega a la Fiscalía de Colombia.   

Pero ahora que el gobierno de Gustavo Petro ha restablecido relaciones diplomáticas y comerciales con Nicolás Maduro, el ducto parece tener otra conexión decisiva a unos 700 kilómetros al oeste, en Caracas, en las oficinas de la hasta ahora desconocida empresa Prodata Energy.

En noviembre de 2022, la agencia Bloomberg informó que Prodata Energy había obtenido un contrato de Pdvsa por 30 años para enviar a un distribuidor colombiano, de nombre Energy Transitions, 25 millones de pies cúbicos de gas natural diarios a través del gasoducto Antonio Ricaurte. 

El trascendido, a través de una agencia internacional de noticias, no sacó de su habitual opacidad al régimen venezolano. Hoy, tres meses después, no explica todavía ni el alcance del negocio, ni las razones que le llevaron a escoger a Prodata Energy, en Venezuela, y Energy Transitions, en Colombia, como partes del mismo. 

La iniciativa rompe años de ostracismo entre Venezuela y Colombia y se alinea con el interés que la administración Petro expresa sin ambages por figurar como líder global en el uso de energías limpias y en la denuncia de los combustibles fósiles tradicionales, aunque ello signifique sacrificar inversiones y proyectos de la pujante industria petrolera colombiana. Por ello, y sin reparar en la polémica que causaría, la propia ministra de Energía y Minas del gobierno de Petro, Irene Vélez, anunció que consideraba a Venezuela como proveedor de gas.

La, en apariencia, debutante Prodata Energy es, en realidad, la identidad con la que se rebautizó a Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971 en el estado Zulia. Production Data Acquisition Wire Line empezó el cambio de denominación, propietarios y directivos justo cuando se preparaba para obtener la nueva licencia de Pdvsa para exportar el gas venezolano a Colombia. 

Como si imitaran una fuga de gas, con su consabida dificultad para ser detectada hasta que ya es muy tarde, los nuevos dueños de la rebautizada Prodata Energy buscaron invisibilizarse. Se trata de los empresarios Bernardo Arosio Hobaica, ligado inicialmente al sector de la construcción con ATB Constructores, y Jorge Jara Salas, un ingeniero peruano-venezolano con un pasado petrolero en Venezuela de la mano de Petroalianza, una contratista de Pdvsa registrada en jurisdicciones como Barbados y Chipre, además de la propia Venezuela.

Los documentos obtenidos para este reportaje no solo comprueban que Arosio y Jara se convirtieron en flamantes propietarios de Prodata Energy, casi en simultáneo al ascenso de Gustavo Petro como presidente de Colombia y el anunciado restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen chavista. Revelan, además, que los mismos empresarios tienen presencia en su contraparte en la vertiente colombiana del negocio, ya que también tienen lazos societarios con Energy Transitions, la compañía colombiana que distribuirá el gas natural venezolano en Colombia.  

Campaña paralela en los registros

Entre la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta de la elección presidencial, ocurrida el 19 de junio de 2022, y su toma de posesión en la Casa de Nariño, celebrada el 7 de agosto de 2022, Bernardo Arosio y Jorge Jara dieron los pasos definitivos para quedarse con Prodata Energy.

El 8 de julio de 2022, ambos empresarios inscribieron en Caracas a Investment Holding Corp, una sociedad cuyo único fin es la “tenencia, gestión y administración de toda clase de acciones o participaciones en sociedades mercantiles”, según el documento de constitución. El 5 de agosto de 2022, apenas un mes después de constituida y dos días antes de la investidura de Gustavo Petro, Investment Holding Corp adquirió la totalidad de acciones de Prodata Energy, antigua Production Data Acquisition Wire Line. Ese traspaso de acciones fue el último tramo de una transición que comenzó meses antes y se aceleró cuando ya el triunfo de Petro parecía inevitable. 

Aunque su página web fija el nacimiento de la empresa en 2020, formalmente fue en febrero de 2022 cuando se materializó el cambio de nombre de Production Data Acquisition Wire Line a Prodata Energy, según los documentos del registro mercantil. Un mes después, en marzo de 2022, se trasladó el domicilio de la compañía del estado Zulia a una oficina en el Centro Lido de Caracas, la misma de Investment Holding Corp, la sociedad creada por Bernardo Arosio y Jorge Jara para, precisamente, comprar a Prodata Energy, una vez consumada la victoria de Gustavo Petro.

Ni Bernardo Arosio, ni Jorge Jara, aparecen en la fotografía de la compra de Prodata Energy, ya que la misma se ejecutó a través de unos apoderados de los empresarios. Uno de ellos fue Roberto Villalba Rincón, un ingeniero que ocupó cargos estratégicos en Pdvsa hasta julio de 2021, para luego convertirse en directivo, primero y, después, presidente de Prodata Energy, puesto que aún ostenta. Aunque ya con un puesto resaltante en la empresa privada, en sus redes sociales Villalba no deja de ventilar sus simpatías por la autodenominada Revolución Bolivariana. “Una cosa es opinar sin memoria histórica y otra es construir un país en socialismo y sobre todo en Revolución”, afirmó el 2 de febrero de 2022 en su cuenta de Twitter.

Otra prueba de que el negocio se venía cocinando de manera deliberada y en simultáneo al nuevo panorama político que se asomaba en Colombia, es una declaración del propio Jorge Jara a un no muy conocido medio digital en febrero del año pasado. “Las condiciones están dadas para que un privado entre en el acuerdo de manera que Pdvsa sólo facilitaría la infraestructura que tiene, no manejada por ellos sino por el privado, y se pueda exportar el gas de Venezuela a Colombia”, planteó Jara con una anticipación sorprendente para quien no supiera que este trabajaba junto a Bernardo Arosio para quedarse con el negocio.

“Si exportáramos gas, estaríamos logrando un hito histórico en los más de 100 años que tiene Venezuela en el área de hidrocarburos”, sentenció el empresario en esa nota periodística. 

Jara rechazó la petición de entrevista para este reportaje, alegando que “el proyecto está bajo un marco de acuerdo de confidencialidad”, pero en el escueto correo electrónico de respuesta aseguró que “el proyecto está en total cumplimiento de las leyes aplicables por los gobiernos de Venezuela, Colombia y los Estados Unidos”.

Bernardo Arosio tampoco atendió a la solicitud de entrevista para este reportaje. De él no se encuentran declaraciones como las de Jara, de tono profético, con respecto al proyecto de exportación de gas. Pero en sus redes sociales, en especial su perfil de Twitter, aparece concentrado desde hace meses en reproducir contenidos asociados a las energías limpias. 

Aunque dedicado al negocio de la construcción con ATB Constructores en el desarrollo de complejos turísticos en Los Roques o en San Isidro de Galipán, así como conjuntos residenciales y hoteleros en Caracas, Armando.Info reveló recientemente el vínculo de Arosio Hobaica con Walker International Dw-Llc, una intermediaria de Pdvsa en la comercialización del crudo venezolano en mercados internacionales.

Esa, apenas, era una arista de la incursión de Bernardo Arosio en el negocio energético. Estaba por llegar la exportación de gas a Colombia gracias al acuerdo con Pdvsa. Ya en octubre pasado, la columnista de la revista Semana de Bogotá, Salud Hernández, informó que los Arosio Hobaica “habían aterrizado en Bogotá” gracias al “vuelco de las relaciones de la Casa de Nariño con la dictadura chavista” y aseguró que eran cercanos al Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

Desde las oficinas de Prodata Energy en Caracas también rechazaron la petición de entrevista. “Siguiendo lineamientos de nuestro departamento de asuntos corporativos, le invitamos a visitar nuestra página web”, respondió la empresa el 8 de febrero vía email.

Ello no impidió que, dos días después, el presidente de la compañía, Roberto Villalba Rincón, enviara un correo electrónico a los “aliados estratégicos” de la compañía para informar sobre una “situación incómoda” en referencia a esta publicación.  

“Recibimos la información de que este fin de semana será publicada una nota en Armando.Info que de manera imprecisa, inadecuada, poco profesional y sin consulta, hace cuestionamientos sobre nuestra empresa Prodata Energy y el Proyecto Binacional de Exportación de Gas Natural a través del Gasoducto Antonio Ricaurte”. En la misiva, el presidente de la compañía también alegó que, debido a los “acuerdos de confidencialidad”, le resulta “imposible ofrecer declaraciones públicas sobre el proyecto”. 

Desde ambas riberas 

En Colombia han surgido voces que advierten de los riesgos de depender del suministro de gas de un régimen autocrático y volátil como el de Caracas, aún a sabiendas del compromiso existente desde la construcción del gasoducto Antonio Ricaurte entre Pdvsa y Ecopetrol, la petrolera colombiana. Este establecía despachos de gas de ida y vuelta por un período de varios años, pero fue interrumpido en los últimos tiempos por la crisis venezolana, primero, y luego por la ruptura de relaciones entre Maduro y el gobierno de Iván Duque (2018-22).

Funcionarios del gobierno de Petro, en cambio, han asomado la posibilidad de importar el gas venezolano, pero sin referirse en específico al acuerdo que involucra a Pdvsa, Prodata Energy y Energy Transitions. 

Sin embargo, poco después de que Bloomberg revelara el negocio en noviembre pasado, Armando Benedetti, embajador de Colombia en Caracas, declaró que del lado colombiano “cualquier cosa” relacionada con “transportación de gas” iba a ser con Ecopetrol o la empresa mixta Transportadora de Gas Internacional (TGI). “Aquí ninguna privada puede hacer (...) Los colombianos tienen que tener en cuenta que todo lo va a hacer siempre una empresa del Estado”, manifestó a la W Radio de Colombia.

Fuentes conocedoras de las negociaciones entre ambos países aseguran que Tareck El Aissami es quien más ha insistido en el negocio de la exportación de gas a Colombia y, pese a lo dicho por Benedetti, del lado colombiano el negocio también se está moviendo entre actores privados. 

Desde Energy Transitions, la compañía privada colombiana que distribuirá el gas enviado desde Venezuela, no niegan la participación en el proyecto aunque señalan “acuerdos de confidencialidad en vigencia” como obstáculo para responder a la petición de entrevista solicitada para este reportaje. “Apenas tengamos la posibilidad de explicar el proyecto con gusto lo contactaremos nuevamente”, respondió, vía correo electrónico, la gerencia de relaciones públicas de la empresa. 

Energy Transitions no tiene mucha historia en el sector de la energía de Colombia. Los documentos de registro muestran que la compañía nació en marzo de 2019 y su principal objetivo es la “comercialización de energía eléctrica y gas natural”. 

En principio, parece una empresa que nada tiene que ver con los beneficiarios de Prodata Energy, pero algunos indicios muestran un punto de conexión de Jorge Jara con los accionistas de Energy Transitions. De acuerdo con su perfil de Linkedin, uno de los socios de la compañía, David Ángel Becerra, forma parte de la junta directiva de Integral Plus Energy, creada en 2021 también para la “comercialización de energía eléctrica y gas natural”, y, más importante aún, propiedad de Jorge Jara. 

En algún momento, 5% de las acciones de Integral Plus Energy fueron propiedad de Energy Transitions, representada por Alejandro Navas Ramírez, el otro socio fundador de Energy Transitions, tal y como muestran los registros de ambas compañías. Por si fuera poco, Integral Plus Energy también destaca en el website de Prodata Energy en la sección de “nuestros aliados”.

El pasado 3 de febrero el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza, firmó en el Palacio de Miraflores en Caracas el “Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones” con Venezuela. Si el Congreso de Colombia lo aprueba, ese seguramente será el mecanismo que proteja la exportación de gas venezolano a Colombia, comprendiendo negocios como el de Prodata Energy y Energy Transitions.   

El señor Jorge Jara Salas manifestó que por “acuerdos legales de confidencialidad” no contestó en su momento a la petición de entrevista. Aseguró que el proyecto para la exportación de gas comenzó a mediados de 2020 “sin que mediara ningún favor o acuerdo político”. También manifestó que su participación en el proyecto fue técnica, que “nunca hubo nada que yo hubiera hecho incorrectamente” y que “nunca se recibió ninguna compensación, ni beneficios durante los más de tres años que le dedicamos a este proyecto”. El señor Jara aportó algunos documentos para respaldar su versión, tales como las comunicaciones intercambiadas con la Supersociedades de Colombia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Nota añadida en abril de 2025.

No avisó a nadie. Hizo la travesía solo y no es el único. Los niños, niñas y adolescentes venezolanos que se desplazan sin acompañamiento por el sur de América como consecuencia de la crisis socioeconómica del país ya no son un fenómeno aislado. Lo que fue una excepción hoy es una situación alarmante que se registra con frecuencia.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que desde el año 2015 más de 25.000 menores de edad han migrado de Venezuela no acompañados y/o separados y podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con las evaluaciones realizadas por el Sistema de Naciones Unidas en 2019. Un número que, en proporción, es como si todos los habitantes de Ortiz, en el estado llanero de Guárico, hubiesen abandonado el pueblo. Una especie de reedición de Casas Muertas, la obra de Miguel Otero Silva que narra la huida de un mísero lugar debido al boom petrolero. Solo que este boom no tiene nada de desarrollo en su concepto, solo la onda expansiva del hambre y la pobreza.

Los datos de ACNUR contabilizaban para finales de 2019 la migración de 1,1 millones de menores de edad salidos de Venezuela con necesidades de protección, en situación de riesgo y bajo amenazas durante todo el ciclo de desplazamiento. De ese número, 2,3% son niños y niñas no acompañados y/o separados, unos 25.000. En España se les conoce por las siglas de “Mena”: “Menores de edad no acompañados”.

Esta es una fracción del total de refugiados y migrantes que sobrepasa los 4,7 millones de venezolanos, según la actualización más reciente de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), publicada el 5 de diciembre de 2019, una iniciativa de Naciones Unidas en la que participan 41 organizaciones. La información de los reportes de gobiernos anfitriones, sin embargo, no consideran a los ciudadanos sin estatus migratorio regular, con lo cual, el número es probablemente más alto.

A buscar trabajo

Aunque el porcentaje luce reducido, basta imaginarse las circunstancias que empujan a un menor de edad a tomar camino solo para que el fenómeno se convierta en un reflejo ineludible de fracaso y abandono.

Como Jesús, los menores de edad que viajan solos y comienzan a contabilizarse al otro lado de la frontera cuentan que él y su familia están pasando hambre y que “deben trabajar” para ayudar en la casa. Provienen de hogares empobrecidos y no tan conscientes de sus capacidades y derechos parecen dispuestos a trabajar incluso en condiciones de esclavitud y maltrato infantil, dentro y fuera del territorio venezolano.

Son también parte del fenómeno de “niños dejados atrás”, cuyos padres -uno o ambos- han emigrado para garantizar algún ingreso que puedan enviar mientras los hijos quedan al cuidado de algún familiar, en el mejor de los casos. Otros son atendidos por terceros sin vínculos filiatorios y los más grandes han quedado solos.

El psicólogo y coordinador adjunto del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Abel Saraiba, señala que en Venezuela esta movilidad forzada supone que en 2019 al menos “1 de cada 5 migrantes dejó un niño atrás”, lo que incrementó la cifra de niños dejados atrás a 930.020. Específicamente 81.000 niños, niñas y adolescentes más que en 2018.

Al respecto, Acnur apunta como uno de los motivos para que los niños migren solos el deseo de “reunirse con sus padres o familiares que salieron de Venezuela anteriormente”, según Olga Sarrado, oficial de comunicaciones de la agencia. Hace referencia expresa que “trabajan de forma conjunta con las autoridades nacionales de los distintos países para facilitar la reunificación familiar de una forma segura y evitar la exposición del menor a riesgos de protección”.

Un apoyo que la institucionalidad venezolana no otorga. “Los niños y adolescentes requieren una atención especializada y no reciben ningún tipo de apoyo psicosocial para enfrentar esta situación”, señaló Saraiba.

Jesús, contra todo pronóstico, llegó a su destino. La fundadora y presidenta de la organización Nueva Ilusión, Nelsy Patricia Salguero, una colombiana que vivió en Venezuela hasta el 2015, narró que se hicieron las gestiones para contactar a su papá. El niño fue enviado al Albergue Avivamiento, en Los Vados, muy cerca del primer refugio y allí pasó la noche. Por intermedio del pastor del pueblo, el papá envió el dinero para un ticket de pasaje y el menor siguió su viaje en bus.

Los refugios de la ruta entre Los Patios y Tunja, a 115 kilómetros al noreste de Bogotá, se han organizado en una red humanitaria que se mantienen en constante comunicación y levantan las “alertas” de casos en un grupo de WhatsApp.

Salguero levanta su celular uno de los días de enero de este año y lee que en el refugio del páramo de Berlín -una meseta a 3.200 metros de altura en el camino hacia el departamento Santander- una madre venezolana embarazada dejó abandonados a sus dos hijos de 1 y 3 años. Advierte que cada vez es más frecuente encontrarse con estos casos.

Hasta diciembre de 2019 funcionaban 14 albergues pero, sin recursos para operar en enero de 2020 cerraron cinco, entre ellos, el de Los Vados que disponía de pernocta. En estos lugares es obligatorio mostrar un documento para poder recibir alimentos, un kit humanitario (primeros auxilios y aseo personal) y pasar la noche. Es en ese momento cuando los menores de edad no acompañados son identificados por los voluntarios de los refugios. Algunos adultos expresamente admiten que no existe ninguna relación con los niños que los acompañan en el trayecto.

Uno pasivo, otro rebasado

El Estado venezolano ha sido testigo pasivo ante migración de sus pobladores, especialmente frente a la niñez que se le escapa. El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) es el organismo al que le toca velar por los derechos de los menores de edad, creado en el 2007 después de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna).

Desde su fundación hasta el 2013, el Idenna ha sido responsabilidad burocrática de cinco ministerios hasta que aterrizó en el Despacho de la Presidencia, adscrito al Viceministerio de la Suprema Felicidad del Pueblo, una estructura estatal que se encarga de coordinar los programas sociales gubernamentales y que bajo la administración de Nicolás Maduro cuenta más fracasos que aciertos.

Cuando se visitó la sede del Idenna para este reportaje, no había vocero presente ni autorizado para dar declaraciones. La institución no cuenta con material informativo sobre las competencias actuales, programas activos o centros de atención especializada para la infancia que ha quedado sola, que está en crisis, o que quiera regresar.

“No existe programa de localización familiar”, explica Saraiba referente a los niños, niñas y adolescentes que migran solos. En el Idenna, a lo sumo, señalan que cualquier deportación de menores desde otros países pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Siendo Colombia el principal receptor de la migración venezolana, es visible una mayor y mejor organización para detectar y atenderla, aunque con las limitaciones y decisiones improvisadas que sobrevienen ante un fenómeno que se hizo masivo en muy poco tiempo. En Nueva Ilusión, aunque detectan a los menores no acompañados, no pueden retenerlos contra su voluntad. Los responsables de los refugios que quedan en la ruta de los migrantes apenas advierten la presencia de estos menores.

“No estamos preparados para afrontar este tipo de situaciones”, reconoce la abogada venezolana Vanessa Apitz, colaboradora de Nueva Ilusión. “Debido a los casos que nos han llegado ahora contamos con los contactos en Colombia de la Comisaría de Familia y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que tiene enlace directo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”. Comenta que la recomendación que le han hecho algunos funcionarios colombianos es que “los deje ir”. La cantidad de NNA venezolanos migrantes ha rebasado las capacidades de atención del Estado colombiano.

El ICBF es el organismo homónimo del Idenna, pero en Colombia. El coordinador del Grupo Especial de Niñez Migrante, Felipe Cortés Cleves, declaró a Armando.Info que “el Estado colombiano definió como prioritario el caso de los niños, niñas y adolescentes venezolanos” que se han desplazado hasta su país. Expuso que es una situación sin precedentes en la región y que la tendencia es que se duplique el próximo año.

Hasta octubre de 2019, el ICBF registró 212 menores de edad no acompañados, actualmente bajo protección y restablecimiento de derechos. El 35% de ellos viajó con documentos y el restante sin papeles, lo que suma complejidad al problema. “En 2018 fueron aproximadamente unos 50 niños y adolescentes que se desplazaban no acompañados”, puntualizó.

Cuando los menores de edad no acompañados y/o separados son detectados por alguna institución colombiana, agencias de cooperación u organizaciones que trabajan con migrantes, se  identifica si han sufrido la vulneración de algún derecho (violencia, maltrato, esclavitud laboral, trata de personas, explotación sexual comercial, reclutamiento) y se trabaja en las medidas de protección. Esto incluye la búsqueda familiar o cualquier otra contemplada en la Convención de Derechos del Niño.

En cuanto a la atención de niños, niñas y adolescentes venezolanos, el ICBF registra un incremento significativo en los últimos ocho años. En 2012 era de 501 beneficiarios y para el corte de octubre de 2019, la cifra era de 98.473 atendidos entre cero y 17 años, de los cuales, 8.121 eran mujeres gestantes.

Para este año se estima que ingresen a Colombia 400.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos y para el 2021 el pronóstico es de 800.000. “La gran mayoría son menores de cinco años, con necesidades de cuidado y educación inicial”, indicó Cortés, abogado que trabajó anteriormente con la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y lideró en Sri Lanka el establecimiento de la unidad de víctimas.

Un cálculo de la inversión hecha por el Estado colombiano en los programas de prevención a menores de edad provenientes de Venezuela es de 105.302.257.929,78 pesos colombianos (casi 32 millones de dólares). Este monto corresponde al cierre del 30 de octubre de 2019, calculado a tasa oficial del momento.

Los números ocultos

A principios de 2019, la Fundación Nueva Ilusión recién se había instalado en el local de Los Patios, a 10 kilómetros de La Parada en el departamento Norte de Santander, e iniciaba las modificaciones en su infraestructura. Sus trabajadores no esperaban que se prolongara tanto la crisis migratoria venezolana, así que empezaron a sistematizar su capacidad de atención y recalcular sus insumos. Algunos caminantes se quedaron y se convirtieron en voluntarios. Priorizaron la atención a menores de edad y mujeres.

“Empezamos a visualizar la situación, se acercaban muchos pidiendo comida y alojamiento, pero cada vez había más presencia de menores de edad”, explica Apitz.

A finales del primer trimestre del año pasado les llegó un grupo de cuatro jóvenes entre 12 y 17 años, tres varones y una adolescente.

“Nos impactó verlos solos. Eran las siete de la noche. Nosotros los sentamos y les preguntamos. Uno de los varones dijo que se iban a trabajar, porque la mamá se había quedado en Venezuela y el papá se había ido, desentendiéndose de ellos. Eran familias, unos hermanos y otros primos”, narró.

A pesar de las advertencias -“ustedes están a tiempo, no pueden estar solos, no pueden caminar a esta hora”- los menores le explicaron que su destino era Ecuador donde estaba el papá del mayor de los jóvenes. Le pidieron el número de teléfono y la responsable de Nueva Ilusión hizo contacto. Ninguno de los padres del adolescente de 17 años sabía de la travesía.

“La mamá en Venezuela estaba incomunicada por los problemas de luz”. El asombro arropaba a los trabajadores del refugio. “Nosotros no sabíamos cómo tratar el caso. Pedimos apoyo a un cura que nos dijo que lastimosamente ‘él hacía la vista gorda’, los albergaba, les daba comida y al día siguiente que se fueran. Había tenido mala experiencia con Bienestar Familiar porque no había condiciones para los niños colombianos, menos para los venezolanos”, recordó.

Desde Nueva Ilusión se insistió en llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en Colombia, quienes asistieron el caso, levantaron el acta pero los dejaron ir. Admitían que no contaban con las herramientas para atender la situación.

Los jóvenes siguieron su camino y a los siete meses Apitz volvió a ver a dos de ellos, el de 12 y el de 15 años. En el mismo refugio.

El caso de los menores de edad que viajan solos representa un número difícil de precisar en el largo listado que llevan las agencias, instituciones gubernamentales y organizaciones que trabajan con el tema de niñez y adolescencia pues suelen pasar desapercibidos. Algunas fuentes consultadas para este reportaje confirmaron que manejan un subregistro de menores no acompañados y no se consolida como único.

Otras organizaciones como la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), que están trabajando en la situación de los NNA refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, indicaron que los datos que corresponden al desplazamiento de infantes y adolescentes no acompañados son “cifras oscuras identificadas” que se pierden en la marea de venezolanos que se desplazan hacia Colombia.

Desde 2015 hasta el 31 de octubre de 2019, el cálculo de migrantes venezolanos en Colombia fue de 1.630.903, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en ese país. Este fue creado a finales de 2016 y está liderado por la ACNUR en conjunto con la OIM. Las organizaciones no gubernamentales han alertado de una Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela desde 2014 aunque ha habido un tardío reconocimiento internacional.

El GIFMM atienden en promedio 10.000 NNA migrantes venezolanos mensuales concentrados en 7 municipios de frontera. Mientras que el ICBF atiende la misma cantidad, principalmente en 20 municipios de frontera.

Save the Children es otra organización de atención a la infancia, especializada en los derechos de la niñez y que mantiene activos programas de educación y atención a los NNA migrantes venezolanos en situación pendular. Esto es, que viven en Venezuela y pasan a Colombia a estudiar o trabajar y regresan a territorio venezolano. Tiene presencia en dos puntos fronterizos, uno en La Guajira colombiana, al norte del país y, también en el departamento de Arauca, al sur de los llanos venezolanos.

Ellos también tienen un subregistro que supera la cifra arrojada por el ICBF en el Arauca y que es compartida por el GIFMM. Desde noviembre de 2018 a octubre de 2019, identificaron 136 niños casos de NNA no acompañados: 4 menores de un año, 5 niños entre 2 y 5 años, 13 niños hasta 11 años y el resto adolescente de 12 a 17 años. La mayoría eran varones. El mes en que se identificó más fue octubre. De estos 136 casos, el ICBF solo identificó a 66.

Jasec Moreno, coordinadora de Incidencia Política y Campañas Humanitarias de Save the Children, advierte la necesidad de hacer seguimiento al recorrido de estos menores de edad que se desplazan solos para tratar de garantizar sus derechos, sobre todo el de la reunificación familiar. Aunque un niño podría solicitar en los campamentos de la Cruz Roja y ACNUR estar con sus padres o abuelos, es difícil la ejecución de un protocolo de protección cuando los protagonistas no son conscientes de sus derechos. En eso han venido trabajando las organizaciones desde mediados de 2019.

“Han sido niños dejados atrás que se han encargado de sus hermanos menores. Incluso, a los 12 años ya están a cargo de los más pequeños y de sus primos”, comentó la vocera de Save the Children, que para este año elabora unas cartillas destinada a la población migrante, no para persuadirlos de emprender el viaje, sino para que sepan a lo que se enfrentan.

Destino Sur

-Viajo con dos niños que no son mis hijos, uno de 3 y otro de 7 años. No tienen pasaporte.

-Si los niños no tienen pasaporte aplica el combo refugio. Este consta de traslado en vehículo particular hasta Pacaraima. Allí debe aguardar dos noches de hospedaje por el trámite del refugio de la frontera. Una vez cumplido ese paso, los trasladamos a Boa Vista donde pasarán otra noche mientras aguardan el vuelo hasta Foz de Iguazú (frontera con Argentina). De allí continúa el viaje en bus hasta Buenos Aires durante 20 horas.

- ¿Combo Refugio?

- Es un documento de identidad con foto que se tramita en la frontera con Brasil. Esto le permite al pasajero venezolano tomar vuelos dentro del territorio brasileño que viajan con niños que no poseen pasaportes, solo partida de nacimiento. Si viaja sin los padres, necesita un permiso emitidos por ellos, la Policía Federal no se complica si el documento no está apostillado, solo los ven. 

Esta fue una conversación telefónica con una agente de viajes que ofrecía alternativas para salir del Venezuela con niños que no tienen pasaportes.

A principios de diciembre de 2019, la organización Human Rights Watch (HRW) emitió un informe sobre el estado de los derechos en la frontera entre Venezuela y Brasil arrojando un dato revelador: en seis meses de ese año contabilizaron 529 niñas y niños venezolanos no acompañados que se desplazaron hacia el estado brasileño de Roraima, según la Defensoría Pública Federal de Brasil.

Entre el 1 de mayo y el 21 de noviembre de 2019 los menores fueron detectados y entrevistados, casi el 90% de ellos tenían a la fecha entre 13 y 17 años. Cerca del 60% eran niñas, una cifra que incluye a las menores no acompañadas que llegaron al país con hombres con quienes mantienen una relación.

En el mismo período contabilizaron a 2.133 niños y niñas “separados” que viajaban con un familiar adulto que no es su tutor legal. El 43% llegó con su abuela, 19% con una tía y el resto con otros familiares, cita el informe. Nuevamente, cerca del 50% eran niñas. Aunque Armando.Info intentó contactar a voceros de Unicef, HRW y otras organizaciones de derechos humanos radicadas en Brasil para ampliar la información, a la fecha de la publicación no se obtuvo respuesta.

La ACNUR contestó sobre la situación de los menores de edad venezolanos que se desplazan a Brasil e indicó que desde julio de 2019, el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil aplicó “la definición ampliada de asilo recogida en la Declaración de Cartagena para analizar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de ciudadanos venezolanos”, que contemplen la violación grave y generalizada de los derechos humanos.

La mayoría de las solicitudes reconocidas correspondían a mujeres, niños y niñas. Si se encuentra no acompañados o separados, les será asignado un tutor mientras realizan los trámites. Sobre aquellos menores de edad que viajan sin identificación, ACNUR advierte que “los menores de edad solicitantes de refugio tienen derecho a no ser investigados o multado por entrada irregular en territorio brasileño”.

Existe un protocolo provisional sobre las solicitudes de asilo de la niñez venezolana. “En Brasil nadie puede ver sus derechos restringidos por causa de ser menor de edad, ser mujer o por la orientación sexual ni por la religión”, comenta la vocera de ACNUR.

En el informe de Monitoreo del Flujo Migratorio Venezolano N° 2, emitido por la OIM en el 2018, se levantó la alerta de de “menores de edad (mayores de 15 años) sin acompañamiento de un adulto”. De las 3.785 personas entrevistadas 726 eran menores de edad, 27 de ellos se encontraban sin acompañamiento y 224 relataron que acompañaban niños y adolescentes que no eran sus hijos.

Sin vuelta a la patria

El programa de retorno al país ideado por las autoridades venezolanas y que llamaron “Vuelta a la Patria”, también incluía a NNA migrantes. Poco se conoce sobre el protocolo venezolano de repatriación en estos casos y la Cancillería venezolana se abstuvo de dar explicaciones para este reportaje.

Sin embargo, Felipe Cortés del ICBF explicó que en diciembre de 2018 se empezaron las conversaciones con Venezuela para ejecutar la repatriación de 44 niñas, niños y adolescentes no acompañados que se encontraban bajo resguardo de Colombia. La vía fue consular y también se estableció contacto con el Idenna.

“Desarrollamos un protocolo en conjunto con la Unicef: niño que manifestara su interés en irse, identificación del NNA, restablecimiento del contacto familiar, garantía del derecho de protección que la institución homóloga en Venezuela (Idenna) debía comprobar”, explicó.

Todo se paralizó tras el 23 de febrero de 2019, cuando Venezuela rompió relaciones consulares con Colombia en la pulseada política generada por la presidencia interina de Juan Guaidó, después de que el régimen de Nicolás Maduro acusara de “fascista” al gobierno colombiano y expulsara a los diplomáticos de ese país en 24 horas. Cualquier intento para que los menores regresaran a su país no llegó a concretarse y “hoy por hoy no existe ningún proceso de reunificación familiar que se haya dado con Venezuela”, indicó Cortés.

El proceso de reunificación familiar, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) -suscrito por 194 países, entre ellos Venezuela- está expuesto en el artículo 10: “A los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva”.

Se han continuado con los intentos por atajar la situación de los infantes y adolescentes migrantes, incluso después de la asunción de Guaidó. El gobierno del presidente colombiano Iván Duque reconoció el mandato interino del venezolano -al igual que otros 50 países- y los nuevos representantes diplomáticos restablecieron los diálogos parciales sobre el tema, aunque sin mucho éxito para lograr los mecanismos de búsqueda y reunificación familiar.

De acuerdo con lo descrito por el vocero del ICBF, se concilió un equipo con los designados por Guaidó y se acordaron algunas rutas. Sobre este particular, las agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales han sumado esfuerzos para lograr el restablecimiento de derechos de los menores de edad migrantes venezolanos que se esparcen por la región.

Pero el tema escala sin condescendencia. En promedio 45.000 personas cruzan la frontera desde Venezuela todos los días, unos para quedarse en Colombia, otros para seguir. Van y vienen con morrales, cobijas y almohadas. Se amontonan sobre el Puente Internacional Simón Bolívar cada madrugada esperando cruzar el corredor donde los oficiales migratorios de Colombia observan y a discreción piden documentos. Unos llevan en las manos las hojas desgastadas y las Tarjetas de Migración Fronteriza (TMF).

Son miles de rostros que se acompañan pero no tienen ninguna relación. Ese río humano es imperceptible para distinguir quién es quién. Cruzan niños en brazos, tapados hasta la cabeza y llevados en cochecitos. Algunos más grandes van arrastrados por la velocidad del adulto que los lleva. Los adolescentes parecen suficientemente mayores para cruzar solos y, al final, queda en manos del azar el destino de estos caminantes.

Alans Peralta es periodista venezolano y se fue a Colombia a trabajar. Allá ha desarrollado distintas actividades de ayuda a los migrantes venezolanos. Su iniciativa es la organización Caminante Tricolor y centraliza las donaciones a los albergues de la ruta humanitaria. Estima que el tope de caminantes venezolanos ha llegado a las 1.200 personas diarias.

En estos momentos, la migración venezolana no tiene comparación alguna en la región. Es el desplazamiento de personas vulnerables más rápido y numeroso del mundo, después de la crisis de Siria. Cada día el flujo migratorio aumenta y la acción gubernamental de los países del continente y de las agencias de cooperación es limitado a las proporciones.

Al cierre de 2019, Migración Colombia enciende la alarma cuando señala en sus estadísticas que casi el 50% de los venezolanos que ingresan al país son irregulares.

De la misma forma, el ICBF expone que 2.411 menores de edad venezolanos se encuentran bajo protección y responsabilidad del Estado colombiano. No todos estaban solos pero sí con alguna vulneración de derechos. De estos, el 65% está indocumentado. El ICBF distingue a 533 que están en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y 1.878 ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por motivo de maltrato. El 50% de los PARD se abren por violencia sexual y omisión o negligencia, niñez no acompañada, y trabajo infantil.

Nelson Villasmil, consejero de Derechos del Niño, Niña y Adolescente del municipio Sucre del estado Miranda, comentó que ha recibido casos de familiares interesados en conocer el proceso de repatriación de un menor de edad. “Les han pedido hasta 250 dólares por enviarle a su nieto que está en Perú”, le contó una señora que había recibido un mensaje de un policía local que había identificado al joven adolescente no acompañado.

Cada paso del camino

Daniel Pérez era el “representante” del grupo de seis jóvenes que decidieron salir de Venezuela. Es alto, delgado y moreno. Uno de sus antebrazos está tatuado y su cabello teñido de amarillo, al igual que un pequeño mostacho que se le asoma. Dice que tiene 21 años.

El destino era Barranquilla, o “un poco más allá”. Esta es la segunda vez que emprendía el viaje, al igual que una de sus acompañantes que trabajó en Medellín y Cúcuta, que tiene 19 años y a quien la asaltan los recuerdos de su bebé que murió. El resto, tres adolescentes de 17 años y uno de 16. Salieron por la noche del terminal de Valencia, estado Carabobo, en el centro norte de Venezuela.

Dos de ellos tienen familia en Barranquilla y Bogotá, pero no los esperan y ellos lo saben. Si llegan a sus casas, apenas esperan apoyo por unos días mientras encuentran trabajo. Todos asentaban cuando Daniel hablaba de lo difícil que es conseguir dinero “para ganarse la vida”. Si el silencio se prolongaba, él respondía.

“Nos vinimos con los pasajes. Conseguimos cinco dólares cada uno y pagamos 30 dólares por todos. Nos bajaron de una camioneta para montarnos en otra porque no teníamos el dinero completo”, dijo uno de ellos. Bajaron en el terminal de San Antonio del Táchira y allí empezaron su ruta de los caminantes. El mayor sabía por cuál trocha cruzar, había trabajado comprando y vendiendo productos en La Parada, un desorganizado y peligroso sector colombiano que se encuentra justo luego de pasar el Puente Internacional Simón Bolívar.

Todos acordaron que Daniel era quien hablaría cuando fuese necesario y se hizo indispensable en el momento en que le cobraron cinco mil pesos (1,5 dólares) a cada uno por dejarlos pasar la frontera. Él salía al paso cuando alguien se le acercaba a sus acompañantes femeninas.

El menor hablaba poco. En realidad aparentaba menos de los 16 años que dijo tener y, aunque aseguró que estudiaba, no precisó el nivel educativo. Acompañaba a su hermana de 17 que también estaba en ese grupo. Otra de las jóvenes, dejó de estudiar cuando salió embarazada a los 16 años, ahora su mamá cuida a su hijo de un año que quedó en Venezuela.

“Todos somos del mismo barrio, de La Florida”, dijo Daniel. Son vecinos de este sector que se encuentra en el sur oeste de la capital carabobeña y fue uno de los que recibió ayuda de la Cruz Roja cuando permitieron el ingreso humanitario, en 2018.

Viajaban con cédula, menos Daniel que solo tenía la copia. Una persona “que sabe meterse en esos sistemas” le gestionó a todos la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), documento que otorga el gobierno colombiano en línea para formalizar el ingreso de movilidad pendular. No recuerdan cuánto les costó el trámite ni haber entregado los requisitos exigidos.

Migración Colombia registra para septiembre de 2019, la entrega de 4.315.103 TMF y, en promedio, 32.000 entradas diarias de venezolanos con esta credencial.

-Nosotros viajamos para ayudar a nuestra familia. Cada uno somos la cabeza de cada familia-, comentó una de las jóvenes.

-Nosotros somos hermanos, salimos para ayudar a mi papá.

-Yo tengo una hermana. Esto es para ayudarla.

-¡Por mi hijo! Yo me regreso a Venezuela.

Dicen que no piensan quedarse en Colombia, solo “conseguir un capital para trabajar por su cuenta” cuando regresen, así sea “viajando para Cúcuta por mercancía y luego vendiendo, como trabajan muchas personas”.

No saben qué harán cuando lleguen, pero se dejan convencer por las palabras de Daniel quien le contó su experiencia como “charlero” en el transporte público, vendiendo productos de manera ambulante. Eso fue lo que hizo la vez pasada.

La mayoría de los jóvenes del grupo había escuchado que debían cuidarse en la frontera, pero más temían a la xenofobia. Comenta Daniel que en los alrededores de Bucaramanga opera un grupo llamado “los hinchas”, que asaltan a los caminantes venezolanos con machetes, palos y cuchillos.

A principios de enero de 2020, dos adolescentes de 15 años del estado andino de Mérida fueron reportadas como desaparecidas. A los pocos días, enviaron un video desde Bogotá, en el que admitían que se habían ido “por voluntad propia”. La frontera más cercana del estado está a cuatro horas, Puerto Santander, y su cruce es menos transitado que el Puente Internacional Simón Bolívar y Ureña.

La vulnerabilidad de los menores venezolanos se hace cada vez más visible conforme aumenta la migración. En 2018 el descontrol fue tan visible y la migración venezolana hasta tal punto indetenible que el Tribunal Supremo de Justicia instaló una mesa técnica de trabajo continuo para “intercambiar información en cuanto a la forma en que son otorgados los permisos de viajes al exterior de niñas, niños y adolescentes, y así evitar irregularidades en este procedimiento”, según nota de prensa. Los niveles de control fueron más estrictos, igual que las formas de esquivarlos.

“Diariamente atendíamos entre 15 y 20 personas que solicitaron autorizaciones de viajes para NNA”, comentó Nelson Villasmil, consejero de derechos del NNA del municipio Sucre, del estado Miranda. A su juicio, el punto más álgido fue en el año 2016, sin embargo, el impacto regional de semejante movimiento poblacional no fue estimado ni vaticinado correctamente. Son cientos las historias de los caminantes, algunos niños y adolescentes que persiguen la ilusión del padre o de la madre que se fue. Otros siguen su camino.

Mientras tanto, activistas como Alans Peralta relatan sus recuerdos más impresionantes, como la historia de unos padres separados de sus hijos cuando hubo el cierre de frontera entre Ecuador y Colombia, “unos quedaron de un lado y otros, del otro” en el Puente Internacional de Rumichaca.

Este venezolano ahora residenciado en Cúcuta tampoco olvida a unas hermanas tachirenses de 5 y 7 años que cruzaron a Colombia junto a su madre, quien las “alquilaba” a un hombre mayor que las inducía en la mendicidad hasta que un día la madre no las buscó más. El hombre fue detenido y las niñas fueron atendidas por el ICBF. Meses después, la abuela hizo las gestiones con un cura para saber de ellas y poder reclamarlas, así llevarlas de regreso a casa.

En la ruta humanitaria supo de eventos desafortunados en que “olvidaban a uno de los niños o adolescentes en la vía” para poder correr detrás de un transporte público o camión de carga pesada que les ofrecía un aventón. A pesar de las tragedias, reconoce: “No hay duda que el Estado colombiano ha hecho un enorme esfuerzo por atender la situación”.

El esfuerzo siguiente, más allá de lo que ha hecho Colombia y Brasil para la atención de los menores no acompañados, apunta a que debe ser multilateral. La vocera de Acnur comentó que las acciones de la agencia están enfocadas en la identificación y respuesta temprana de NNA no acompañados, coordinado con las autoridades estatales para evitar mayor exposición a factores de riesgo.

“Se han asignado recursos y acciones concretas para la creación y el fortalecimiento de redes comunitarias de protección, compuestas de comunidad local y refugiados/migrantes de Venezuela, dirigidas a la prevención y protección de los niños y niñas no acompañados, y el fortalecimiento de los sistemas de protección de la niñez a nivel nacional y local”, expresó Sarrado.

Entre otras actividades, Acnur está trabajando en el terreno. Fortalece las rutas de referencias de casos para garantizar el principio de Interés Superior del NNA y facilita la integración local.

Su presencia es visible en algunos puntos de la frontera lo que busca limitar los posibles riesgos y la identificación de las personas que pueden requerir protección y servicios dedicados, como niños no acompañados y separados y mujeres embarazadas.

Por su parte, algunas iniciativas privadas que atienden el primer frente de atención humanitaria en la ruta de los caminantes, como el refugio Nueva Ilusión y los otros que conforman la red entre Los Patios y Tunja, han señalado que se está socializando la ruta que siguen para garantizar la mínima vulneración y máxima protección de los derechos, especialmente de NNA no acompañados.

Si tiene que hacerse alguna radiografía sobre cómo avanza la atención de estos menores que viajan solos, por ahora solo despuntan las dificultades que crecen al mismo tiempo que las políticas restrictivas de algunos gobiernos de la región. Estas dispersaron los escasos esfuerzos que se adelantaban mientras las acciones de los Estados siguen luciendo sido insuficientes para atajar el fenómeno, que a su vez y resulta sumamente costoso para las agencias de cooperación.

A finales de 2019, durante la reunión en Bogotá de los delegados de los 14 países que participan en el Proceso de Quito -iniciativa para evaluar los impactos de la migración venezolana-, Colombia presentó una propuesta para elaborar un Protocolo de Cooperación Regional para la protección de la niñez y adolescencia. Lo que busca es consolidar el compromiso de los Estados para articular acciones en pro de la atención de NNA. Ninguna de las representaciones existentes de Venezuela (ni la de Maduro ni la de Guaidó) aparecen firmando el documento.

Reprocha en voz alta que su padre le sacó cédula venezolana cuando él apenas tenía nueve años, sin haber nacido en Venezuela. Un guardia bolivariano, a quien su papá le pintó una fachada, le hizo el favorcito.

Gracias a ese documento, Quintero vivió tranquilamente por diez años del lado venezolano de la frontera. Pero desde que retornó a Colombia en 2017, ese favorcito informal le ha salido muy caro. Los funcionarios de la Registraduría le han dicho, en tres ocasiones distintas, que mientras no demuestre cómo adquirió esa cédula venezolana - la que utilizó para registrar a Sharoll cuando nació- no puede hacer el trámite.

Como la cédula de Quintero es fraudulenta, no aparece en la Gaceta Oficial, el periódico del Estado venezolano donde se publican las nacionalizaciones de extranjeros, entre otros decretos, designaciones gubernamentales y leyes. Ese es el documento que los registradores le han pedido para comprobar que el venezolano que aparece en la partida de nacimiento de su hija, es en realidad un colombiano nacionalizado.

Las opciones para remediar esta situación son igual o peor de complicadas y riesgosas: viajar a Venezuela y anular su cédula venezolana chimba implica admitir ante las autoridades que ha utilizado un documento falso, por años, lo que constituye un delito. Otra opción: registrar a Sharoll en un pueblo remoto de Colombia como si hubiera nacido allí. Pero sería incurrir en un nuevo delito. Así que, de momento, ella continuará siendo una extranjera con estatus migratorio irregular en Colombia.

El caso de Quintero es solo uno entre cientos de miles de retornados que al llegar a Colombia se encuentran con un panorama desolador. Entre la incapacidad de las instituciones colombianas -que no tienen presupuesto, personal, ni infraestructura adecuada para atender la demanda inusitada-, la falta de entendimiento de lo que ha sido la realidad migratoria entre ambos países -preponderantemente informal- y el surgimiento de mafias que se aprovechan de su situación crítica, su derecho a ser colombianos se está quedando en veremos.  

La demanda que no para

En los últimos años, según Naciones Unidas, 4,2 millones de personas han salido de Venezuela. Colombia, el país con el que comparte la frontera más extensa, ha recibido la mayoría de esa migración: casi millón y medio.

Sin embargo, no todos los que llegan son enteramente extranjeros. Miles son hijos de colombianos, como Sharoll Quintero, que tendrían derecho a la nacionalidad, según el artículo 96 de la constitución. Pero hacerse colombiano nunca ha sido tan difícil para un venezolano.

El trámite que deben hacer se llama ‘Inscripción extemporánea en el registro civil’. Antes de 2015 bastaba con acercarse a un consulado colombiano en Venezuela o a una registraduría en Colombia, llevar la partida de nacimiento venezolana apostillada y presentar la copia de la cédula colombiana del padre o la madre. En un día la persona obtenía su registro civil colombiano y podía tramitar la cédula o la tarjeta de identidad (en el caso de los menores de edad).

Pero en los últimos años, conseguir la partida de nacimiento apostillada en Venezuela fue haciéndose más difícil. Por la burocracia y lentitud estatal, tomaba meses. Surgieron gestores que por conseguirla cobraban cifras impagables para un venezolano: hoy el trámite cuesta aproximadamente 120 dólares y el salario mínimo en ese país ronda los cuatro dólares al mes.

La situación se volvió tan crítica que el 12 de agosto de 2016, mediante la circular No. 121 de ese año, la Registraduría Nacional colombiana resolvió exonerar a los solicitantes del requisito de la apostilla y lo sustituyó por el testimonio de dos testigos que, bajo la gravedad de juramento, debían dar fe del nacimiento del hijo o hija con el mayor detalle posible.

La medida era provisional y solo aplicaba para menores de edad. Pero el aumento del flujo migratorio de venezolanos a Colombia -en 2010 entraron 5.304 con intención de permanencia y en 2016, 39.311- y la persistencia de las limitaciones para acceder a los documentos antecedentes en Venezuela, obligó a que la medida  se extendiera y cobijara también a los hijos que ya son mayores de edad.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países en febrero de 2019 complicó aún más las cosas. Según la Dirección de Asuntos Consulares, mientras en 2014 se expidieron 16.029 registros civiles, a finales de 2018 se habían expedido 34.055. El pico fue en 2017 cuando, a lo largo de sus doce meses, los consulados expidieron 41.832 registros. Se estima que muchos de estos colombo-venezolanos migraron hacia Colombia con la intención de quedarse en el país definitivamente, pues en un año la cifra de inmigrantes provenientes de Venezuela pasó de de 39.311 a 184.087.

Esa cifra siguió aumentando tras el cierre de los consulados colombianos en Venezuela. Los que todavía no tenían la intención de emigrar a Colombia, pero querían sacar su documento colombiano por precaución, acabaron teniendo que cruzar la frontera, aunque fuera solo para hacer el trámite en las registradurías.

La bendita cita

Uno de los mayores obstáculos para estas personas es conseguir la cita. La misma Registraduría Nacional lo reconoció en la circular No. 087 de 2018: “se solicita adelantar las gestiones necesarias en las diferentes oficinas registrales a fin de garantizar el acceso al agendamiento, toda vez que en la actualidad, la mayoría de acciones de tutela presentadas en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se fundan en la imposibilidad de acceder a una cita para la obtención del registro civil de nacimiento de esta población retornada”.

Bianca Parra, una venezolana hija de un colombiano que llegó en agosto de 2017 a Colombia, duró un año y ocho meses tratando de conseguirla. Iba todos los días a un café internet de un barrio popular de Bogotá y en vista de que pasaban los meses y no lo lograba, la dueña de este establecimiento se solidarizó con su lucha y durante cuatro meses entró cada media hora a la página web de la Registraduría para agendar la cita. Jamás lo logró.

Finalmente, el pasado 31 de julio, con ayuda de la Fundación Karol Wojtyla, que apoya a venezolanos y colombianos retornados, Bianca consiguió concertar la cita sin saber que ahí apenas comenzaba su tortura.

En Cúcuta, la ciudad que recibe gran parte de estas solicitudes, tuvieron que montar todo un operativo y cancelar el sistema de citas por Internet desde hace un año, porque colapsaba todo el tiempo. Ahora se hace a través de “jornadas de agendamiento” en los dos primeros días de cada mes.

Durante esos dos días, quince funcionarios de la Registraduría, ACNUR y Cancillería se instalan en un recinto deportivo. Revisan los documentos de, en promedio, 2.000 solicitantes que días antes acampan afuera para garantizarse una de las 1.200 citas que se asignan ese fin de semana. 

Según cifras de la Registraduría colombiana, en los últimos tres años esta entidad ha expedido 200.000 registros civiles a ciudadanos venezolanos con derecho a nacionalidad. Bogotá, Norte de Santander, Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira, son los departamentos con mayor número de solicitudes. “Por cada registro que se hacía antes de agosto de 2015 -cuando el gobierno de Maduro cerró la frontera por primera vez- pasamos a hacer diez”, cuenta Alfredo Posada, registrador delegado de Identificación y Registro.

La demanda, no obstante, supera el número de registros expedidos y de citas asignadas. Así lo reconoce Víctor Bautista, director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería: “No sabemos cuánto es el público total. Solo sabemos que la presión por ese proceso de documentación es altísima”.

La falta de recursos

“El primer problema estructural de esta organización es la insuficiencia de personal al punto que, de las 1.200 oficinas que tenemos, entre 600 y 700 tienen solo un funcionario: el registrador”, cuenta Alfredo Posada. 

En Manatí, Atlántico, un pueblo al que se estima han llegado 2.000 venezolanos y colombianos retornados, por ejemplo, la registraduría solo cuenta con dos funcionarios.

En los últimos tres años, se han abierto nuevas registradurías en zonas donde la demanda del trámite de inscripción extemporánea al registro civil está desbordada (Norte de Santander, Atlántico, Cesar y La Guajira).

Las Unidades Móviles de Atención a Población Vulnerable (UDAPV) de la Registraduría, que desde hace dos décadas se dedicaban a expedir registros civiles, cédulas y tarjetas de identidad para desplazados de la guerra en zonas de difícil acceso, ahora están destinadas mayoritariamente (en un 80 por ciento) a atender las necesidades de los migrantes.

La Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) reporta haber invertido 894.000 dólares entre 2018 y 2019 para estas unidades móviles. Actualmente hay por lo menos nueve de ellas en zonas de frontera o con alto número de retornados y han prestado 51.021 atenciones a esta población. Pero el funcionamiento de una sola unidad móvil por seis meses puede llegar a costar 100.000 dólares lo que, a la velocidad con que aumenta el flujo migratorio, es como coser un punto en una herida que amerita varias suturas.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y los mismos gobiernos locales, que prestan funcionarios y espacios para realizar jornadas de registro organizadas por la Registraduría, también han sumado esfuerzos. Pero a pesar del apoyo de las agencias internacionales y los malabarismos de las otras instituciones locales, el presupuesto para atender este tema específico sigue siendo insuficiente y esta entidad no tiene partidas exclusivas para ello. “Lo que hacemos es tratar de distribuir los recursos propios a los departamentos donde está más fuerte la problemática y eventualmente justificar una solicitud de incremento en los recursos en virtud de esta situación”, señala Posada.

El déficit es grande. El 22 de mayo reciente el canciller colombiano, Carlos Holmes, reveló que de los 315 millones de dólares previstos para Colombia en el llamamiento de Naciones Unidas para atender esta crisis, solo se habían recibido 66,03 millones de dólares. El 14 de agosto, esos recursos aumentaron a 96 millones de dólares, pero en esos tres meses Colombia recibió más de 111.000 migrantes y retornados nuevos.

Si esos 96 millones de dólares se dividieran en el total de migrantes y retornados provenientes de Venezuela en las estadísticas oficiales, por cada uno de ellos Colombia apenas ha recibido 68,18 dólares este año. Quizás parte del problema está en la categoría que esos migrantes reciben ante las instituciones, pues como en Venezuela no hay un conflicto armado declarado y los motivos principales por los que su población emigra se consideran económicos, para los Estados a los que llegan estos migrantes es difícil reconocerlos a todos como refugiados (entre el 1° de enero de 2017 y el 2 de septiembre de 2019, 7.590 venezolanos le habían pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano ser reconocidos como refugiados; 745 desistieron del proceso y hasta esa última fecha solo 182 habían sido reconocidos como tal).

En tanto sean migrantes y no refugiados, los recursos que llegan de la cooperación internacional seguirán siendo muy inferiores a los que tienen otros países que albergan a refugiados de Siria, por ejemplo. Esos países recibieron este año 2.660 millones de dólares para atenderlos: unos 500 dólares por persona.

La OEA proyecta que en 2020 la cifra de venezolanos en la región podría alcanzar los 8,2 millones de personas, lo que significa que Colombia llegaría al difícil escenario de 2,8 millones de migrantes y retornados con intención de permanencia.

Una encuesta del Observatorio Migración Venezuela, realizada en febrero de 2019,  preguntó a 1.500 venezolanos en varias ciudades colombianas si planeaban volver a Venezuela. El 55 por ciento dijo que sí y el 37 por ciento, que no. Pero al preguntarles a estos cuándo volverían, el 81 por ciento respondió: "Cuando la situación mejore".

Y si bien no hay estadísticas sobre qué tanto regresan los retornados al país donde vivieron (en este caso a Venezuela), la información que hay sobre el porcentaje de refugiados que vuelven a sus territorios, sirve de referencia. Según ACNUR, mientras que en 2002 el 23 por ciento de los refugiados retornaron a sus países de origen, en 2018 sólo el 3 por ciento lo hizo.

El mayor problema está en que el gobierno colombiano todavía no ha podido calcular cuántos retornados de Venezuela hay en suelo nacional y cuántos podrían volver en los próximos años.

Migración Colombia afirma que han llegado 500.000 en los últimos dos años; el Departamento Nacional de Estadística colombiano calcula que son 449.000 y Colombia Nos Une, el programa diseñado en 2012 para atender a la población retornada del exterior, apenas ha procesado 13.648 solicitudes, cifra que no representa la totalidad del retorno, pues corresponde únicamente al número de personas que han llenado el formulario para acogerse a esta política (ninguno de los retornados consultados en este reportaje la conocía).

De ser así, los 500.000 retornados que han llegado podrían ser un poco más del 15 por ciento de los tres millones de colombianos que el gobierno estima emigraron a Venezuela en años anteriores (el gobierno de Nicolás Maduro ha llegado a decir que son cinco millones de personas). En cualquiera de los casos, si las condiciones en Venezuela empeoran, muy probablemente los descendientes de esos millones de colombianos querrán nacionalizarse.

Y no saben lo que les espera.

Una vez se logra conseguir una cita, empieza un proceso que no necesariamente  termina bien. Aunque ninguna registraduría del país lleva un cálculo de cuántas solicitudes de citas hay y qué porcentaje de ellas culminan el trámite, la estadística de la oficina de Cúcuta arroja algunas pistas tristes.

De 17.200 citas que aproximadamente se entregaron entre enero y abril en Norte de Santander (4.300 al mes), se expidieron 6.238 registros; es decir que solo la tercera parte de los venezolanos a los que se les asignó una cita consiguió el documento que certifica que son colombianos.

¿Por qué?

El calvario comienza desde las primeras averiguaciones sobre el trámite.

Cada vez que una persona intenta comunicarse telefónicamente con una registraduría ocurre esto:

Si “va a la fija” e intenta hacerlo con las registradurías de la ciudad con mayor capacidad de atención (Bogotá, con 10 registradurías autorizadas para el trámite), encontrará esto:

Llamando a la sede de la Registraduría Nacional puede que pase lo mismo:

(Armando.Info realizó este ejercicio una vez al mes durante cuatro meses. En la línea telefónica de la Registraduría Nacional, cada vez que se marcaba la opción 3, regresaba al menú principal. Después de tres intentos seguidos, siempre se cortaba. En las líneas de las diez registradurías de Bogotá que atienden este trámite, nunca fue posible hablar con un asesor).

Si la persona decide ir personalmente a las sedes de la Registraduría, la historia puede complicarse aún más. En el caso de Bogotá, con excepción de la de Chapinero, los vigilantes son las únicas personas que brindan información del trámite y suelen dar versiones distintas sobre los requisitos, como lo evidencian estos audios.

La información escrita sobre este trámite debería ser clara y consistente en las distintas carteleras que hay afuera de todas las Registradurías, para quienes se acercan a consultarlas. Pero al recorrer ocho de estas oficinas en Bogotá y Norte de Santander resulta que los requisitos para la inscripción extemporánea al registro civil cambian entre una y otra. En cinco de ellas había variaciones, y exigían condiciones que no aparecen en ninguna de las quince circulares que desde agosto de 2016 la Registraduría ha emitido y que rigen todo el procedimiento.

Los dos requisitos básicos para que un venezolano con derecho a nacionalidad obtenga registro civil colombiano son: 1. el solicitante debe presentar su partida de nacimiento venezolana legalizada (un procedimiento mucho más simple y común que tenerla apostillada). 2. deben venir dos testigos que, bajo la gravedad del juramento, den fe del nacimiento de esa persona.

Por eso resulta extraño que en las carteleras informativas algunas registradurías pidan que los testigos sean familiares, con grado 1 o 2 de consanguinidad, que sean entre cinco y diez años mayores que el solicitante y/o que sean colombianos.

Al ver estos requisitos, muchos de los venezolanos que aspiran a la nacionalidad colombiana desisten. “En una ocasión atendí a un colombiano que creció en el Instituto de Bienestar Familiar, nunca lo adoptaron, y no tiene familia porque lo abandonaron. Se fue para Venezuela y tuvo un hijo allá; ahora le quiere dar la nacionalidad y le piden los dos testigos familiares. Otra vez vino un señor de 50 años que al pedir su nacionalidad -porque su padre había sido colombiano- se encontró con el requisito de que los testigos debían ser familiares y mayores que él, y él solo tenía unos primos contemporáneos”, dice una abogada del Centro de Atención Integral al Migrante en Bogotá.

Ante este tipo de obstáculos, otros están recurriendo a los caminos verdes.

Hecha la ley, hecha la trampa

Aunque la Registraduría eliminó el requisito de la apostilla para este trámite, la solución que se inventó la institución ha generado nuevos y graves problemas.

El pasado 27 de agosto, el registrador nacional de Colombia, Juan Carlos Galindo, denunció la existencia de una red de corrupción dentro de esta institución que expedía registros civiles, cédulas y pasaportes colombianos a extranjeros por montos entre los 150 y 300 dólares. Funcionaba en tres de los seis departamentos con mayor número de solicitudes de inscripción extemporánea al registro civil desde que aumentó la migración de venezolanos a Colombia: Atlántico, Norte de Santander y Magdalena. La mayoría de los clientes eran venezolanos.

Según Alfredo Posada, la excepción de aceptar dos testigos en reemplazo de la partida de nacimiento apostillada se ha prestado para que surjan fábricas de testigos que han llegado a presentarse hasta 75 veces en la misma registraduría. También hay quienes se dedican, dentro de estas oficinas, a buscar colombianos homónimos a los padres de venezolanos que no tienen ascendencia colombiana, para presentarlos como hijos de ellos y venderles la nacionalidad.

Así funcionan:

Las mafias son una consecuencia de la dificultad que implica hacer el trámite por vías legales. Pero esto a su vez, ha hecho que la Registraduría eleve el nivel de exigencia y prevención.

“Como una reacción a todas las investigaciones que se están llevando a cabo por fraude, los registradores piden más pruebas. Ninguno quiere otorgarle una nacionalidad a alguien que no tiene derecho a ella y ser destituido”, dice Posada. 

Es un círculo pernicioso. Ante la dificultad de cumplir todos los requisitos, las personas buscan otras opciones, aunque sean ilegales. Y ante el surgimiento de las mafias, se aumenta la exigencia y así la dificultad para que estas personas puedan hacer el trámite con éxito. “Por el afán de securitizar el tema, las autoridades terminaron negándole y violándole los derechos a un ciudadano colombiano”, dice Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá.

La realidad migratoria versus la realidad burocrática

La normativa parece desconocer la historia de lo que ha sido la emigración de los padres colombianos de estos venezolanos. Los primeros se fueron hace más de tres décadas a la Venezuela Saudita que ofrecía una calidad de vida y mejores empleos que los que alguna vez podrían tener en Colombia. Muchos perdieron contacto con sus familiares colombianos, por lo que conseguir un testigo no es tan fácil como se lee en el papel. Nacionalizarse como venezolanos legalmente o nacionalizar a sus hijos como colombianos jamás fue una preocupación para estas personas, ni para las que se fueron a finales de los años noventa y comienzos de la década pasada huyendo de la guerra, porque dentro de sus planes no estaba regresar.

El “destino”, como la mayoría de estos venezolanos-colombianos dicen, les jugó una mala pasada y ahora están enfrentándose a la realidad de los documentos, de los requisitos, de la legalidad. La Gaceta Oficial que tanto ha hecho sufrir a Zamir Quintero, también se ha convertido en el coco de muchos otros descendientes de colombianos que no aparecen en ella. Y aunque otros sí fueron nacionalizados legalmente, conseguirla no es fácil. Si ocurrió hace décadas y si, en ese momento, ellos no guardaron una copia de la Gaceta que lo certifica, ahora sus descendientes- muchos de los cuales han caminado más de 1.000 kilómetros para salir de Venezuela- deben regresar hasta la Imprenta Nacional a solicitarla.

Hasta 2011 hubo libre movilidad en los 2.219 kilómetros de frontera que comparten Colombia y Venezuela. No había puestos de control migratorios y la gente podía cruzar por donde fuera; con o sin documento de identificación. En medio de esa informalidad, los padres solían registrar a sus hijos a lado y lado de la frontera, para que gozaran de los beneficios que tiene ser ciudadano en ambos países.

Así le pasó a Norma Ortiz, una mujer que lleva tres años tratando de anular su partida de nacimiento venezolana pues en 2016, cuando intentaba adquirir la nacionalidad colombiana, se enteró de que realmente había nacido en Colombia y que su madre, para facilitarle la vida en Venezuela (el país al que emigraron cuando tenía tres años), también la registró como nacida allá.

“Jamás nos imaginamos la situación en que Venezuela estaría en el futuro y ahora estamos pagando por decisiones que nuestros padres tomaron y que estaban dentro de lo habitual”, dice Ortiz. Por esa decisión de su madre, en el tiempo que lleva en Bogotá y a pesar de que Norma es una profesional con trabajo y capacidad adquisitiva, ha tenido que vivir con las limitaciones de un inmigrante indocumentado. La situación no solo la afecta a ella, sino también a sus hijos, que sufren igualmente las consecuencias de su doble registro.

El caso de Óscar Villalba, un hombre de 45 años que quedó huérfano a los cinco, con cuatro hermanos más, es similar. Llegó a Colombia hace doce meses con sus hijos y el único documento que le quedó de Mariana, su madre colombiana, fue la partida de defunción. Pretendía nacionalizarse y luego hacer el trámite con sus hijos, pero cuando fue a una de las registradurías en Bogotá le exigieron la cédula de su difunta madre para completar los requisitos.

Tardó ocho meses en encontrar unos familiares en Colombia que le ayudaran a averiguar en qué pueblo había nacido su mamá y conseguir, al menos, la partida de bautismo. En la primera llamada sus parientes mostraron interés en ayudarlo, después nunca volvieron a contestarle.

Como si eso fuera poco, las inconsistencias ortográficas entre los nombres que aparecen en las partidas de nacimiento venezolanas (todavía hechas a mano) y las cédulas de los solicitantes o de sus padres, o el hecho de que los padres del solicitante tengan cédulas que hoy en día no son válidas en Colombia (pues nunca pensaron retornar y llegar a necesitar este documento de identidad), son otros de los obstáculos comunes que estos venezolanos enfrentan cuando se presentan ante las registradurías colombianas.

Es tal la frustración ante el trámite, sus requisitos, la congestión, y la imposibilidad de regularizarse -sin tener que incurrir en nuevo delito- que algunos de estos colombo-venezolanos llegan a pensar en la última de todas las opciones: volver a emigrar.

Zamir Quintero decidió no volver a la registraduría de Cúcuta. Planea irse con su familia al Perú.

Los afectados

Manatí es uno de los pueblos del sur del Atlántico de donde emigraron muchos colombianos hace treinta y cuarenta años hacia Venezuela, cuando este país era la nación más próspera de Suramérica y ofrecía amplias oportunidades de trabajo. La mayoría encontró empleo en las haciendas agrícolas y en algunos campos petroleros del Zulia, el estado que concentra el ochenta por ciento de la producción.

No se sabe cuántos emigraron, pero en los últimos cuatro años, a raíz de la crisis de aquel lado de la frontera, muchos manatieros han vuelto. Basta con recorrer las calles del pueblo para notarlo. Son 20.000 personas las que allí viven y, en el centro, es común que en cada cuadra haya por lo menos dos familias de retornados.

A las afueras, sin embargo, hay más.

Villa Felicidad es la urbanización donde la mayoría de ellos se ha ido ubicando. Queda a tres minutos en moto del centro y la componen 300 viviendas de interés social que quedaron a medio construir por un desastre natural ocurrido en 2010.

En diciembre de ese año, un canal de 115 kilómetros ubicado a 80 kilómetros de Manatí, se desbordó y cubrió el pueblo entero en agua. En las fotografías aéreas que registraron la emergencia, los techos de las casas parecían tablas flotando en un inmenso lago. La gente duró meses desplazándose en canoa, cientos de reses murieron ahogadas y los cultivos de yuca -el producto por excelencia de la región- se echaron a perder.

Sin buscarlo, esta tragedia acabó beneficiando a muchos de los manatieros que llevaban décadas en Venezuela y que decidieron regresar desde 2015, luego de que 22.000 colombianos fueran expulsados por el gobierno de Nicolás Maduro y este cerrara la frontera por primera vez. La mayoría había vendido su casa en el pueblo y cuando volvieron -con familia y amigos a bordo- vieron en esa urbanización una opción para sobrevivir.

Desde entonces, las casas de Villa Felicidad han sido invadidas por retornados y venezolanos. Muchas no tienen techo porque sus antiguos dueños se los llevaron cuando ocurrió la inundación y los trasladaron a otra urbanización. Lo mismo pasó con los baños; los que dejaron, están puestos a modo de decoración pues ni una gota de agua corre por las tuberías. Y las puertas, esa garantía de privacidad y seguridad a la que los seres humanos se aferran, se convirtieron en un lujo del que pocos gozan.

Según lo que ha podido establecer la alcaldía de Manatí, se estima que en el pueblo hay 2.000 personas provenientes de Venezuela, entre colombianos retornados y venezolanos. Pero no existe un censo oficial de cada una de estas poblaciones.

La única cifra que hay corresponde al Registro Único de Retornados, un formulario que diligencian los colombianos retornados del exterior que quieren acogerse a la Ley 1565 de 2012, diseñada para facilitar su regreso al país. Sin embargo, la información que el registro contiene no representa la totalidad de retornados que han vuelto, pues muchos de ellos ni siquiera saben que esa ley existe o no tienen acceso a internet para diligenciar el formulario.

Así, mientras el Departamento Nacional de Estadística ha calculado que hay 449.000 retornados de Venezuela a través de una encuesta que realiza periódicamente en los hogares colombianos, el Registro Único de Retornados cuenta 13.648.

En Manatí pasa algo similar. Solo 429 retornados se han inscrito al registro.

Cuando se les pregunta por qué no lo han hecho, generalmente responden: “no tengo para vivir, mucho menos para quince minutos de internet”; “no sabía que era un retornado (dice un venezolano hijo de colombiano)”; o “¿Registro de retornados? no sé de qué me habla”. La campaña de información de este programa se limita a un papel pegado sobre una pared blanca en la alcaldía que dice:

Desde hace un año, la registraduría municipal de Manatí está desbordada: los dos funcionarios que la atienden, pasaron de expedir dos o tres registros civiles al día, a hacer veinte. Por eso, la Registraduría nacional ha venido realizando jornadas de identificación y registro en las que 387 retornados consiguieron su documento de identidad colombiano.

No obstante, con cédula o registro en mano, para estos retornados la vida todavía es difícil. Parte de ellos ya son ciudadanos y tienen acceso a salud y educación pública, pero muchos no tienen empleo. Un estudio de Fedesarrollo, basado en cifras del Departamento Nacional de Estadística de Colombia, encontró que la tasa de desempleo de los retornados duplica los niveles de colombianos residentes (19,1 % vs. 9,9%).

Y cuando consiguen empleo, sus salarios son mucho menores que los de los locales: “el ingreso promedio de un colombiano residente es 1,7 veces más alto que el de un retornado de Venezuela”. En Atlántico, la proporción es del doble: mientras que un residente gana 310 dólares al mes, un retornado solo recibe 162 dólares.

La alcaldía no tiene cómo responder. Manatí es un municipio de sexta categoría y tiene el mismo presupuesto que hace tres años, cuando los retornados apenas empezaban a llegar. El mismo Banco Mundial, en el informe que presentó a finales de 2018 sobre la migración de Venezuela hacia Colombia, advirtió que hay una clara desproporción entre lo que afrontan los municipios más afectados por este fenómeno y su capacidad presupuestal e institucional.

Hasta el momento, estos retornados han podido quedarse en Villa Felicidad. Nadie ha intentado sacarlos. Pero todos los días viven con miedo de que les digan ‘váyanse de aquí’.

Ellos son los retornados de Manatí:

*FOTOGRAFÍAS: ESTEBAN VEGA

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Instagram de Esteban Vega:  @EstebanVegalr
Instagram de Laura Campos: @LauraCamposEncinales

Pero el desastre fue político y llevaba el nombre de Nicolás Maduro.

El régimen venezolano deportó formal y abruptamente a más de 1.000 colombianos que hasta entonces moraban en el lado del estado Táchira en la frontera colombovenezolana durante la crisis que se inició el 19 de agosto de 2015: esa misma noche Maduro alegó que paramilitares colombianos, vinculados al tránsito de contrabando característico de la zona, habían cruzado la frontera y emboscado a tres militares venezolanos. 

“La frontera se nos pudrió. Somos víctimas del modelo capitalista paramilitar de la derecha colombiana”, dijo entonces Maduro en cadena nacional. Luego amenazó y cumplió: “Allí vamos a tumbar todas las casas, para que lo sepan, allí no quedará ni una sola casa”.

Ante el temor de las represalias y la amenaza de tierra arrasada, otros miles de colombianos prefirieron huir por su cuenta con algunas pertenencias.

Fueron los precursores de un éxodo que luego continuarían miles de venezolanos que atravesaron el río Táchira, bien por los puentes que controlan las autoridades de migración, o por las trochas informales, en busca de una mejor vida. Ahora esta es la zona cero en un nuevo conflicto entre los Gobiernos de Caracas y Bogotá en lo que parece una escalada definitiva y muy peligrosa.

Cuatro años después no quedan las casas y tampoco la esperanza de ser indemnizados, pero desde Cúcuta, la capital del departamento colombiano de Norte de Santander, se mantienen atentos a las noticias sobre la crisis venezolana. Esperan que al otro lado de la frontera sus verdugos se desmoronen.

María Angélica Morales, de 52 años, ya no recuerda el día que no pudo entrar más a Venezuela. No sabe de fecha ni de hora. Pero enumera cada una de los bienes que tenía: carro, camioneta, sala, comedor, línea blanca, edredones, empresa de diseño y costura y dos camiones para trasladar mercancía en una frontera próspera. Hoy resume sus bienes en tan solo tres, verdaderos tesoros si se comparan con las posesiones de los venezolanos que ahora cruzan la frontera enfermos, desnutridos y caminando sin rumbo: “Solo tengo techo alquilado, comida y estamos vivos”.

Siente alivio tras cuatro años de vivir en el lado colombiano. Presta sus habitaciones a los venezolanos que vienen recomendados de algún conocido que le quedó en Venezuela. Le da abrigo unos días para ayudarles a sanar y a través de ellos, sanar también tanta pérdida.

Morales recuerda que su vida se vino a menos en 2013. La Guardia Nacional extorsionaba a su esposo, dueño de dos camiones que trasladaban mercancía por toda Venezuela. Muchas veces llegaba sin ganancia a su casa en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira.

En agosto de 2015 viajó con su esposo Jorge Ardila, de 58 años, hasta Cúcuta, en el vecino  Norte de Santander, como todos los meses. Necesitaba comprar telas para su empresa de diseño de modas y él buscaba la mercancía que transportaba por Venezuela. Ese día dejaron el camión en Ureña, una población sobre la línea limítrofe binacional, y cruzaron el puente para legalizar la mercancía.

A las horas la frontera se cerró y los colombianos comenzaron a huir por las trochas  para salvar sus vidas, mientras que funcionarios militares de la Guardia Nacional marcaban las paredes de sus residencias con una gran letra “D”, en pintura roja o azul, que significaba la orden de demoler esas propiedades y que, en realidad, dejaría marcadas sus vidas.

No se quedó solo en la amenaza. Las casas las destruyeron con tractores. Golpeaban a sus habitantes, rompían sus documentos y les recalcaban: “Esto es porque eres un maldito colombiano”, según recuerdan. La pareja se quedó impactada viendo cómo llegaba la gente huyendo por las trochas y ellos quedaban aislados, solo con la ropa que llevaban puesta.

Ardila no creyó que el cierre de frontera sería definitivo y que el país en donde tenía su residencia desde hacía 25 años le estaba arrebatando su vida. Por  tres meses se mantuvo sentado junto al puente de Ureña, esperando que alguien lo dejara pasar a Venezuela. Se mantenía día y noche pidiendo respuesta a la Guardia Nacional sobre un camión 750 que quedó del lado venezolano. Cuando pudo saber de él,  lo habían desvalijado. Consiguió finalmente pasar al lado venezolano, buscando contactos para trasladar las ruinas de su negocio, pero no lo logró.

Con 17 kilos menos y un luto que no termina, decidió ser taxista de un carro alquilado. Los primeros 50.000 pesos que hace en el día son para pagar el arriendo del vehículo y el resto de la producción es su ganancia.

Aún la madre y tres hermanos de Morales permanecen en Venezuela y siente alivio porque al menos ella puede ayudarlos a soportar la crisis desde Cúcuta. “Yo soy de aquí y soy de allá. Quiero mucho a los dos países. Esta es mi tierra de nacimiento, pero Venezuela me dio muchas cosas. Venezuela es hermosa y allá está mi familia. He orado por ese país como nadie se imagina”, dice.

Ambos añoran. Desde hace año y medio las ruinas de su camión están en un estacionamiento de Cúcuta, pero debe tres millones de pesos que no ha podido pagar. Ardila maneja y traslada clientes cada día con la radio prendida esperando escuchar noticias sobre Venezuela, que cada día abarcan más el espectro. “Mi esposo aún tiene esperanzas de recuperar sus carros”, dice Morales.

“Esto es cambiar de vida totalmente. Es como quitarte algo de tu cuerpo. ¿Estarías contenta si te quitaran una pierna? Es toda una vida. Es pasar de una zona, no de abundancia extrema, pero si teníamos algo”, rememora Morales.

La pareja cuenta los días para que el gobierno de Nicolás Maduro pague por los daños causados. Perdieron la fe. No esperan ser indemnizados por los bienes materiales. Quieren que la ayuda humanitaria entre y dicen que ayudarán a empujar los contenedores con suministros por el puente Simón Bolívar, pero no volverán. Solo esperan ver en las noticias que se haga algún tipo de justicia. 

La familia Ardila Morales es solo una de 1.500 personas censadas entre los expulsados por la Fundación Colombo Venezolana Nueva Ilusión, que fundó Patricia Salguero, de 48 años de edad, quien también tuvo un retorno abrupto a su país el 14 de agosto de 2015.

Apenas una semana antes del 23 de febrero, el Día D en el que se esperaba ingresar que se intentara ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Salguero tomó el micrófono durante un cabildo abierto que se hizo en el sector La Parada, Norte de Santander, con miembros de la oposición venezolana. 

Despertando la xenofobia

Detrás de la asamblea popular aparecían muchos venezolanos rebuscándose con carretillas para ayudar a quienes cruzan el puente a buscar comida y medicina. Por momentos la algarabía de los venezolanos a la caza de clientela no dejaba escuchar las palabras de los activistas de derechos humanos y los diputados que se dieron cita en una acera, a pesar de que estos se valían de un amplificador y un micrófono improvisados.

Frente a escasas 30 personas que se acercaron con sus banderas en mano, Salguero contó que se mudó a Venezuela en el año 2004 y fue una entre los millones de beneficiados de la decisión de Hugo Chávez para legalizar a todos los extranjeros que estuvieran viviendo en el país. Vivió en Puerto la Cruz, la ciudad gemela de Barcelona, sobre la costa del estado Anzoátegui, y su último lugar de residencia fue en El Junquito, un pueblo de montaña a las afueras de Caracas.

En efecto, en 2005 se legalizó a cerca de dos millones de colombianos residentes en Venezuela, una medida que tenía tanto de justicia social como de dádiva clientelar- Pero con Maduro llegaron a partir de 2013 la escasez y un brote de xenofobia.

Entre discursos cada vez más agresivos contra los colombianos, el hijo de Salguero, que hoy tiene 19 años de edad, fue agredido verbalmente por su acento y nacionalidad. Un compañero fue golpeado en su liceo por intentar defenderlo. La familia Salguero no podía comprar comida porque su cédula de identidad desapareció del sistema de identificación.

“Estábamos llenos de miedo. No nos vendían comida y en los lugares donde podía comprar no me dejaban. Ya había muchísima escasez”, cuenta la activista de derechos humanos. El 14 de agosto tomaron maletas llenas de ropa, una computadora y celulares para irse a San Antonio del Táchira y cruzar la frontera, pero con su familia fue detenida en una alcabala de la Guardia Nacional. Estuvo dos días en el comando. Para poder irse tuvo que dar su computadora y celulares. Le picaron su cédula, ya sin validez, por la mitad para que recordaran que no podían volver.

Salguero llegó a Cúcuta y ayudó a crear tres refugios para los colombianos que llegaban sin tener dónde vivir. Fue el origen de la fundación que ahora cambió de misión. Ahora son los venezolanos los que llegan con un solo bolso y se desploman al cruzar el Puente Simón Bolívar. Salguero quiere su vida de vuelta, pero mientras tanto ayuda a quienes puede.

“Uno no puede caerse a mentiras. Uno vivía mejor en Venezuela, antes de la crisis. Yo perdí dos carros y cuando volvimos a tratar de recuperar algo, estaban desvalijados, vueltos nada. El apartamento, como estaba a mi nombre lo perdimos porque mi cedula desapareció. Acá vivo en arriendo y no tengo carros”, lamenta.

Las historias de declive económico se repiten entre los retornados. Charles Chico, de 40 años de edad, tenía una tapicería en Táriba, otra localidad del estado Táchira,y un restaurante que logró levantar luego de estar trabajando en Venezuela desde 1997.

En agosto de 2015 tuvo que empacar deprisa al ver que la Guardia Nacional y la policía científica venezolanas estaban entrando a la comunidad para deportar a los colombianos. Lanzaban gases lacrimógenos. Solo le dio oportunidad de hacer una maleta y recoger todo el efectivo que dejó el restaurante ese día. Se fue con sus tres hijos, que hoy tienen once, diez y cinco años de edad. En ese momento, la menor solo tenía un año de nacida. Con su esposa cruzó por primera y única vez la temida trocha a las siete de la noche pagando “una vacuna” para que no les robaran la única maleta con ropa que llevaban.

“Mi hijo mayor me preguntaba qué pasaba y yo le decía que íbamos a visitar a su abuela, pero él sabía que algo estaba mal. Fue traumático salir así. Yo pensé que a los días podría volver pero mis vecinos me mandaron las fotos de mis negocios destruidos”, cuenta.

“Extraño mi vida en Venezuela. Allá tenía una estabilidad económica y la echo de menos. Uno está por acá de fábrica en fábrica para que te dejen tapizar aunque sea tres sillas o va a un restaurante a lavar un plato, cuando yo allá era el dueño del restaurante. No es fácil, pero en estos momentos no quiero volver”, dice.

Charles es uno de los 1.500 colombianos censados por la ONG de Patricia Salguero. No tiene rencor con el pueblo. Trata de sanar su corazón recomendando para trabajos a los venezolanos que ve migrando en Cúcuta y dice que está dispuesto a apoyar el 23 de febrero el intento de entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela.