-¡Vamos a tener que meternos a traer esa vaina! – gritó un agente canoso en la entrada de la casa.

-Pero, ¿qué pasó? ¡No sabemos qué pasa! –respondía el vicealmirante desde el interior de la vivienda.

-¡Guarde el teléfono, por favor! – ordenó uno de los agentes a la esposa de Pérez que grababa ese momento.

Horas después Maduro confirmaría el arresto de un militar retirado por ser el cabecilla de un complot para derrocar al régimen. Su proceso judicial se había gestado un día antes del encarcelamiento, pero el vicealmirante solo supo de qué había sido acusado cuando estaba en la Dirección de Contrainteligencia Militar: rebelión, instigación a la rebelión y traición a la patria.

Solo en la audiencia de presentación el vicealmirante retirado tuvo claridad de las razones por las que estaba detenido. La Fiscalía Militar comenzó a enumerar los principales motivos que conllevaron a la captura: “Se tuvo conocimiento de que el vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, titular de la cédula de identidad 6.482.294, desde el 11 de agosto de 2016, cuando participó en la comisión permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional ha venido asesorando a dicha institución, planteando el tema del ‘restablecimiento de la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)’. En el año 2014, el oficial denunció un posible nexo entre la acción de ‘grupos irregulares’ (colectivos) y los órganos de seguridad del Estado en materia de orden interno. Asimismo, en ese mismo año, antes de que se le destinara relevo para el cargo de Infantería de Marina, se tuvo conocimiento que manifestó públicamente: ‘Que hasta cuándo los cubanos mandarían en Venezuela y que los colectivos eran unos delincuentes, que mantenían el Gobierno, razón por la cual pediría la baja e informaría de todo eso mediante denuncia y por todos los medios de comunicación que pudiera, tanto nacionales como internacionales”.

Pérez, un hombre de 52 años, con la doble ciudadanía venezolana y española, apenas es conocido en la vida política del país. Son contadas sus apariciones en medios de comunicación social y en general sus intervenciones públicas. Tuvo que hacerlo ante la comisión permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde diciembre de 2015, para denunciar las irregularidades en la FANB. A un mes del estallido de las protestas contra Maduro, que han provocado 37 muertes, cientos de heridos y más de 770 detenciones en Venezuela, el proceso contra este vicealmirante retirado ha quedado casi sepultado entre los escandalosos acontecimientos que convirtieron a un gobierno electo en una dictadura.

Tamara Bechar, abogada de Pérez, ha advertido que se trata de un enturbiado proceso judicial contra este exmilitar, una práctica que se ha hecho común desde que, en febrero de 2014, comenzaron las primeras protestas contra el régimen de Maduro. “Él es un preso político”, dice.

En la audiencia de presentación se dijo que el 7 de mayo de 2014 unos militares conversaron por teléfono con el vicealmirante, entonces en funciones, para pedir explicación de su ausencia en la transmisión de mando de la FANB, hecha un día antes en Venezuela. Él había respondido que “no estaba de acuerdo con las gestiones políticas llevadas a cabo por el alto mando militar”. Solo esta respuesta provocó que se solicitara una investigación penal militar contra Pérez en ese momento. Pérez, entonces comandante de Infantería de Marina, había advertido con preocupación una serie de acusaciones sobre una mancomunidad entre colectivos y el gobierno para subyugar a la población. El teniente de navío Wilmer Aguirre Antequera, jefe de la sección de operaciones e inteligencia y segundo comandante accidental del batallón de comunicaciones de la Infantería Marina “Felipe Baptista”, había sido una pieza medular en las investigaciones del vicealmirante.

Basado en las informaciones suministradas por este subordinado, quien decía haber estado en citas entre dirigentes gubernamentales y un colectivo identificado como “Fuerzas Revolucionarias José Félix Ribas”, que opera en la carretera vieja Caracas-La Guaira (en la frontera entre el estado Vargas y la capital de Venezuela), Pérez envió las primeras alertas al alto mando militar. “Los colectivos manifiestan en las reuniones que tienen planes de contingencia para bloquear todas las entradas a Caracas e impedir una movilización por parte de la FANB. Con esto los colectivos mantienen no solo un control absoluto del territorio de su sector, sino que también poseen el monopolio de los recursos que el Estado entrega a las comunidades, lo cual les da un poder de influencia que le permite dominar a todos los miembros de la comunidad”, indica un comunicado enviado al alto mando castrense.

El expediente se había fortalecido con otros testimonios. Hasta ese momento el asunto había sido manejado con discreción en la FANB. Pérez había pedido en varias ocasiones a Carmen Meléndez, entonces ministra de Defensa, y a Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional, y el resto del alto mando militar poner fin a lo que calificaba como una irregularidad. La reacción inmediata fue una sanción contra Aguirre.

Conversaciones en la Asamblea Nacional

La comparecencia de Pérez en la Asamblea Nacional, el 10 de agosto de 2016, solo había sido un acto simbólico con alto impacto en la moral de la FANB, pues el vicealmirante retirado ha confirmado un secreto a voces: la presunta injerencia cubana en las operaciones castrenses de Venezuela y el uso de los colectivos –grupos parapoliciales chavistas– en actividades de represión de opositores. Entonces, el exmilitar había entregado a diputados documentos que respaldaban sus denuncias. “La FANB está instalada sobre valores y tradiciones, por lo tanto, eso es difícil de derribar. Si hay una institución que puede sobrevivir ante lo que ha ocurrido en este tiempo, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a pesar de que en apariencia, está supuestamente destruida” dijo a los parlamentarios durante la comparecencia transmitida por algunos medios de comunicación.

Pérez había sido un hombre clave en la FANB. Meléndez había ascendido a varios militares y designado a este vicealmirante como el responsable de la Infantería de Marina, el 4 de julio de 2013. Solo una semana después recibió una felicitación pública del propio Maduro por comandar el desfile aeronaval a propósito de las celebraciones de la Batalla de Maracaibo.

Pero el giro en la relación con el gobierno ocurrió durante las protestas opositoras de 2014. En una misiva enviada a otro militar de alta jerarquía, el 14 de abril de ese año, Pérez se opuso a sacar a los hombres que dirigía en la Infantería de Marina para reprimir a los manifestantes. “Se recuerda que, en atención al entrenamiento, equipamiento y doctrina de empleo de nuestra organización, está absolutamente prohibida la participación de nuestras tropas en operaciones de orden público, salvo caso de fuerza mayor, previa orden de operaciones por escrito de la autoridad competente, debiéndose exigir reglas de enganche claras y precisas”, explica.

El vicealmirante había apelado a un discurso institucional en un comunicado enviado a altos mandos de la FANB. “En todo caso es importante tener presente que, ante cualquier circunstancia, resulta prácticamente imposible que en una manifestación civil se den las condiciones que justifiquen el empleo de las armas, motivado a la enorme desproporcionalidad de la fuerza y de los medios. Asimismo, se recuerda que, como administradores de la fuerza del Estado, el uso y el empleo de la violencia contra nuestros conciudadanos debe ser evitado a todo trance y de producirse una situación de fuerza mayor que justifique su uso, debe ser el mínimo necesario y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en caso de conflicto armado”, agrega el documento.

El 3 de abril de 2014, el vicealmirante había denunciado la participación de los colectivos como bandas de choque para controlar a la población. Se había respaldado en testimonios del teniente Aguirre. “Mi indignación se incrementa cuando por razones circunstanciales fui testigo presencial del ataque por parte de colectivos armados el día 6 de marzo de 2014 en el lugar donde residen unos familiares (se omite el sitio por seguridad del denunciante), donde presencié cómo la Policía Nacional Bolivariana forzaba los portones del edificio conjuntamente con los colectivos y penetraban a los edificios piso por piso, amenazando a todas las personas y efectuando disparos indiscriminadamente, cercano al lugar donde fallece un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana”, explicaba el teniente de navío entonces.

Los reclamos de vicealmirante duraron menos de un mes. La ministra de Defensa aprobó repentinamente su baja el 5 de mayo de 2014 después de 29 años de servicios. Hasta hace unos días se encontraba con su familia en su casa. Antes de ser detenido, la esposa de este exmilitar solo le decía: “¡Pedro, cálmate!”.

Del brazo armado de la autodenominada Revolución Bolivariana a benéficas fundaciones. Así muchos colectivos han transitado de forma silenciosa de la clandestinidad a la legalidad jurídica durante la última década. Hace seis años empezó la metamorfosis de Alexis Vive, la organización que se hizo célebre en 2007 por sus ataques armados contra la televisora privada Globovisión y el edificio sede de la patronal Fedecámaras, ambas en Caracas. Tras reuniones en su baluarte de la parroquia caraqueña 23 de Enero –un barrio proletario conocido por el activismo de sus habitantes, en el oeste de la ciudad- con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el actual parlamentario oficialista Elías Jaua –como aseguran miembros del colectivo–, el grupo decidió incursionar en una faceta empresarial.

En Caracas, la conversión de colectivos a fundaciones también fue acatada por colectivos como Montaraz, Tres Raíces, Yumare, Fuerzas Comunales 4-F, entre otras agrupaciones. “Se hablaba de los medios de producción, así surgió la idea de convertirnos en fundaciones. Algunos aceptamos la propuesta, mientras otros se negaron por considerar que perderían su identidad”, agrega Bolívar.

Los ‘panas’ del panal

Con el control entre los bloques 22 y 28, los barrios Camboya y Santa Rosa, de la parroquia 23 de enero, Alexis Vive se encargó de la gerencia de una panadería local que, posteriormente, bautizaron con la marca El Panal 2021. Solo sería una de las propiedades administradas por Alexis Vive; en poco menos que un santiamén llegarían a controlar una televisora comunitaria llamada Arsenal, una empacadora de azúcar, un matadero, una minúscula fábrica de bloques, una textilera, una carnicería, viveros y otros negocios como un restaurante llamado Russport. La mayoría con el sello de El Panal 2021. Actúan en Caracas y los estados de Anzoátegui, Carabobo y Aragua.

Robert Longa, el líder del colectivo, había resuelto dar un salto adelante con estos dominios para emprender la conquista económica, política y hasta ideológica de comunidades, mediante la creación de la figura de los panalitos, una manera de organización social del colectivo. “Cuando hablamos del panal hablamos de las abejas, como las abejas construyen esos panales y esa miel que se hace en colectivo, donde no hay privilegiados ni élites”, reiteró en una entrevista concedida a la televisora Russia Today (RT) en mayo de 2015.

Pero las mieles del Abasto y Panadería El Panal 2021, por ejemplo y contra lo que se podría creer, no se vierten sobre un anónimo colectivo. Según consta en los registros mercantiles, la propiedad jurídica corresponde a los directivos del grupo, con nombre y apellido. En el caso de la panadería, revela el expediente mercantil, los propietarios son el hermano menor de Longa, Robinson Longa Rodríguez, y sus amigos Jimmy Javier Durán Suárez y Shahil Jordán Ochoa Rivas. Los mismos nombres –a excepción de Ochoa–, sumados a los de Luis Urbina Guerra y Douglas Álvarez Suárez, figuran en otra propiedad del líder de Alexis Vive: la asociación cooperativa Servicios Múltiples de Calidad 2008 RL. Esta última empresa, localizada en el bloque 24 del 23 de Enero, fue fundada con un capital de 200.000 bolívares o unos 46.512 dólares (calculados según la tasa cambiaria oficial de entonces) hace siete años. La compañía se encarga de construcciones de viviendas, la importación y exportación de equipos, la pavimentación asfáltica y otros ramos. Otros negocios son administrados por las comunas controladas por el colectivo en sus diferentes núcleos del país caribeño.

En la ciudad de Valencia, a unos 167 kilómetros de distancia del bastión original de Alexis Vive en Caracas, recuerdan los precarios comienzos del colectivo. “Hasta llegamos a vender productos (cosméticos) de Stanhome, así también reunimos dinero. Pero después llegó el apoyo del Gobierno”, afirma Bolívar. Con el paso del tiempo, el colectivo ha afinado su olfato empresarial. Sus miembros no se han conformado con adoptar la figura de fundación, sino que se han apoyado en la dirección de las comunas para recibir recursos que expandan sus proyectos.

El financiamiento de las 14 empresas que ahora ostenta este colectivo ha procedido, en muchos casos, del Gobierno del Distrito Capital, Ministerio para las Comunas y otras entidades dependientes del erario público. Los militantes del colectivo dicen que las alianzas con instituciones regentadas por el Estado venezolano también han permitido un respiro económico, destacando algunos convenios hechos con la Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal) y Lácteos Los Andes, ambas empresas que la Revolución nacionalizó.

El capital depositado por el Gobierno ha llegado por diversas vías. Hace dos años, el Ministerio para el Turismo invirtió más de tres millones de bolívares (60.000 dólares, aproximadamente) para la construcción de una posada, una diminuta arena de espectáculos, una cancha y la reparación de una piscina dentro de los dominios del colectivo en Caracas. La Comuna El Panal 2021 –controlada por Alexis Vive– fue encomendada para la edificación del complejo turístico en el 23 de Enero.

Relación carnal

La relación entre el Gobierno y los colectivos es íntima. En un oficio de la Armada Nacional de Venezuela del 3 de abril de 2014, la entonces ministra para la Defensa, Carmen Meléndez (almirante de esa fuerza, actualmente ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno), fue informada de reuniones entre el alto gobierno y un colectivo llamado Fuerzas Revolucionarias José Félix Ribas para dominar a la población. El informante es un teniente –se omite la identidad– que solicita ser excluido de la comisión Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el sector Ocumare del Tuy, en el estado de Miranda, porque en la dirigencia de este programa social se coordinaba con este colectivo que, supuestamente, estaba armado.

En el comunicado, un vicealmirante expone que este teniente ha conversado con él para denunciar “la existencia de grupos paramilitares en áreas de Caracas presuntamente bajo el amparo y conocimiento de órganos e instituciones del Estado y autoridades competentes, y quienes de facto, ejercen plena autoridad en dichas áreas tanto en los ámbitos económico, político, social y de orden interno”.

En el expediente también destaca el poder económico de los grupos armados sobre las comunidades. “Los colectivos no solo ejercen un control absoluto del territorio de su sector, sino que también poseen el monopolio de los recursos que el Estado entrega a las comunidades lo cual les da un poder de influencia que le permite dominar a todos los miembros de la comunidad”, denuncia.

Los colectivos son calificados como el brazo armado del Gobierno en Venezuela. En 2010, Control Ciudadano y otras organizaciones no gubernamentales de este país introdujeron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra algunos de esos grupos por estar armados, entre ellos La Piedrita, la Coordinadora Simón Bolívar, Carapaica, Tupamaros, Montaraz y Alexis Vive, la mayoría de ellos con base en el 23 de enero.

Chávez, el hombre de verbo enardecido, vio en los grupos insurgentes del 23 de Enero un aliado para defender mediante el uso de la fuerza al proceso político, y un modelo para diseminar por todo el territorio nacional. La historia de algunos de esos grupos nace antes del régimen chavista, cuando llevaban una existencia semiclandestina para burlar la presión que sobre ellos ejercía la policía política.

Pero los colectivos proliferaron con una velocidad meteórica en el Gobierno de Chávez. Su número no se conoce y resulta difícil de calcular. Están diseminados en Venezuela y defienden a la revolución ante las amenazas de la oposición. Unos niegan estar armados, alegando que se concentran más en el trabajo cultural y comunitario; mientras, otros exhiben sin rubor sus arsenales. La semana pasada la policía judicial del Gobierno chavista intentó practicar una operación de seguridad en el 23 de enero pero fue repelida por combatientes de uno de los colectivos locales.

“El 23 de Enero siempre ha sido y seguirá siendo una parroquia combativa y revolucionaria al servicio de los verdaderos intereses del pueblo en la construcción del socialismo y estas armas que tanta ‘preocupación’ han generado en este pequeño sector han estado históricamente al servicio del pueblo venezolano en los momentos de mayor contradicción de clases, tales como el 27 de febrero de 1989 (Día de la Insurrección Popular ), el 4 de Febrero y el 27 de Noviembre de 1992 (Rebelión Cívico Militar Bolivariana); los días 11, 12 y 13 de abril de 2002 (Jornada de Resistencia Popular en defensa de la revolución y democracia participativa y protagónica), el mes de diciembre de 2002 y los meses de enero y febrero de 2003 (sabotaje Petrolero), el 24 de mayo de 2003 (El Catiazo), el 27 y el 28 de febrero de 2004 (Las Guarimbas Fascistas). Estas armas no están al servicio del paramilitarismo de derecha”, dice un comunicado enviado por 20 colectivos capitalinos hace nueve años a medios de comunicación.

El rótulo original de Alexis Vive es Alexis González Vive, Carajo. La denominación recuerda al dirigente comunitario del 23 de enero, Alexis González Revette, muerto en las escaramuzas posteriores al golpe de abril de 2002. Se fundó en 2005 y su salto al reconocimiento público se produjo dos años después, cuando, en mayo de 2007, en medio de las tensiones que precedieron el cierre de la televisora RCTV, tomaron las instalaciones de Fedecámaras y sitiaron al canal 24 horas de noticias Globovisión, en ese entonces, bestia negra del chavismo.

Se reivindican como organización leninista y cultora del poder comunal. Sin embargo, en su corta historia, las etapas se van quemando con rapidez. Si en 2007 aseguraban sostenerse con las cotizaciones de sus miembros individuales, en 2016 van en camino a transformarse en un conglomerado empresarial.

En una entrevista con Longa colgada en el website del Ministerio para las Comunas, que tuvo lugar en 2014, poco después de la eclosión de las guarimbas, el líder de Alexis Vive refuta la demonización de los colectivos, con la que se les ha querido pintar como grupos de choque. “Nosotros no tenemos nada que discutir sobre ley de desarme porque no estamos armados, no somos una banda armada”, declaraba entonces. Sin embargo, al desmarcarse de la violencia, no dejaba de asomar una amenaza: “De la defensa sí podemos hablar los movimientos sociales, está establecido en la Constitución, todo venezolano debe defender la patria en un momento determinado de una amenaza interna y externa”.

Gustavo relata cómo su hijo, del mismo nombre y estudiante de 23 años, estuvo desaparecido junto con su amigo Jhonny. Mientras sus familiares los buscaban en el Destacamento 47 de la Guardia Nacional en Barquisimeto –la adyacente capital del estado Lara-, en el Fuerte Terepaima y en la 14ta Brigada de Infantería Mecanizada, a los muchachos los ruletearon por Cabudare –capital del municipio Palavecino- y cuando llegaban a barricadas con brasas aún encendidas, los obligaban a apartarlas con las manos. “Presentan quemaduras en las manos. Los golpearon durante todo el trayecto y al amigo de mi hijo le metieron el cañón de un fusil o de un arma larga en la boca. Poco antes de la medianoche los soltaron a la salida de Cabudare  y los muchachos regresaron a pie hasta la casa. Sin teléfonos y sin el poco dinero que pueden cargar unos estudiantes”, resume Gustavo, el padre.

Sobre las riberas del río Turbio, Cabudare –y el rosario de urbanizaciones de clase media que se suceden a las orillas de la vía que la conectan con Barquisimeto- sirve de dormitorio para la capital larense. Se dice que su nombre aborigen significa “árbol grande”, una imagen perfecta para un reclamo publicitario. Pero Cabudare dejó de ser desde febrero un ensueño inmobiliario para convertirse en una sucursal del infierno. El 9 de marzo, a pesar de ser domingo, fue el lugar de un saldo alarmante: dos estudiantes detenidos –además de los dos jóvenes obligados a limpiar con las manos los escombros todavía ardientes de las barricadas-, una docena de heridos con perdigones, vecinos asfixiados por los gases lacrimógenos, niños aterrorizados por la presencia de efectivos militares, dos tanquetas que patrullaban en las urbanizaciones, rejas destrozadas y vecinos que se miran con recelo ante la posibilidad de que el otro sea un soplón de los policías.

Este 9 de marzo ocurrió una verdadera batalla de 12 horas entre jóvenes vecinos del lugar, en un bando, y efectivos de la Guardia Nacional y motorizados de los colectivos oficialistas, en el otro. Fue en Valle Hondo, una de las urbanizaciones de este cantón de clase media. La tranquilidad dominical quedó interrumpida como las vías en las inmediaciones del supermercado Central Madeirense, ubicado justo en la intersección de la avenida que comunica a Cabudare con Barquisimeto. Poco después de las nueve de la mañana, un grupo de personas decidió protestar y quemar cauchos.

La Guardia Nacional se hizo presente. Con la idea, también dominguera, de que los desórdenes se acabarían rápidamente, los soldados prodigaron bombas lacrimógenas a granel. También entraron a algunas viviendas para arrastrar consigo a los jóvenes que encontraran a su paso. Lograron llevarse a Carlos Alberto Siegert y Elio Durán como presas. Este hecho enardeció a los vecinos, quienes se organizaron y, desde las siete etapas que integran el sector, se lanzaron a una refriega que duraría hasta entrada las nueve de la noche.

Dos tanquetas, además de 20 motorizados con capuchas, jeeps y maquinaria pesada para levantar los escombros, hicieron el elenco de la película que vieron ese día en Valle Hondo. Los militares estuvieron casi todo el día quitando barricadas y enfrentando a los manifestantes, quienes además de incendiar parcialmente una tanqueta, armaban las barricadas con la misma rapidez con las que se las quitaban.

Durante el sitio se registraron ataques contra otras urbanizaciones aledañas a Valle Hondo, entre las que destacaron por su violencia Tarabana Plaza y La Hacienda.

El alcalde del municipio Palavecino José Barreras, en rueda de prensa manifestó su extrañeza de que después de cinco días de calma en el municipio, aparecieran barricadas un domingo y que se presentara “presunto enfrentamiento con la Guardia que da origen a las detenciones y a que la Guardia se metiera a las urbanizaciones”.

Este lunes, mientras los abogados de la Asociación Civil Fundación Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) –una organización de vecinos víctimas de ataques durante las protestas contra el resultado electoral del 14 de abril de 2013- apoyaban a los dos estudiantes en su presentación ante los tribunales, el padre de Gustavo realizaba las gestiones para llevar el caso de su hijo ante la Fiscalía. Por su parte, los comerciantes de Valle Hondo miraban con tristeza los vidrios rotos y las calles aun interrumpidas por trincheras.

Estado de sitio

Por comodidad y usanza, en Lara resumen en un solo nombre, Cabudare, a las tres parroquias que integran el municipio Palavecino. Se trata, en realidad, de casi 200 urbanizaciones, barrios y caseríos rurales. Palavecino forma parte de lo que se conoce como el Área Metropolitana de Barquisimeto, y apenas se separa de la capital larense por dos vías comunes: una avenida intercomunal y una vía rápida, La Ribereña. 

Cabudare es una zona tranquila. Por eso, el 12 de febrero -fecha en la que se iniciaron las protestas juveniles en todo el país- los larenses se asombraron ante la movilización que lograron los estudiantes de las dos universidades  privadas que tienen su sede en el municipio.

-Yo, la verdad, nunca había hecho eso de trancar las calles, nunca había hecho una guarimba…Y es que yo no me gradúe de guarimbera. Toda la vida he sido educadora y violenta, la verdad, es que no soy…

Marlene es una de vecinas que salió a protestar a las calles del municipio Palavecino ese día. Su historia bien puede ser la de cualquiera de las 15 urbanizaciones que desde entonces, y por una semana, soportaron el asedio de grupos armados que llegaban al inicio de la noche o al filo de la madrugada.

Las barricadas internas, los cierres de vías entre urbanizaciones y la quema de cauchos, trastocaron la cotidianidad de casi 200.000 habitantes del municipio, en su mayoría, parte de una población flotante que todos los días debe trasladarse entre Cabudare y Barquisimeto. Pero el asombro de tanta energía para protestar contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, dio paso al terror que vivieron los habitantes de las urbanizaciones, cuando comenzaron las incursiones de la Guardia Nacional y sus aliados, los grupos armados que se desplazan en motocicletas.

En la urbanización  Los Samanes –conformada por viviendas unifamiliares y muy cerca de la avenida Ribereña-  sus habitantes debieron organizarse en turnos para detectar el momento preciso en el que llegarían los motorizados y la Guardia. “Tengo cuatro días sin dormir. En la noche armamos barricadas con colchones y colocamos pipotes en la entrada, de tal forma que sonaran si alguien intenta entrar a nuestras casas”, dijo un vecino que prefirió no dar su nombre.

Dos días después de esta declaración, los diarios regionales reseñaban la incursión más intensa en Los Samanes. Esa madrugada del 24 de febrero, dicen los reportes, los atacantes incendiaron el portón de acceso a la urbanización. Desde una tanqueta de la Guardia Nacional cantaban el himno chavista –antes, de los batallones blindados- “Patria, patria, patria querida…”. Mientras, los motorizados de los grupos de choque disparaban contra las viviendas desde la reja perimetral que delimita la urbanización.

-Esa noche llegué a tener 30 llamadas en mi celular de gente que pedía ayuda desde las urbanizaciones para enfrentar a los motorizados que los asediaban- comentó el alcalde del municipio, José Barreras, en una reunión sostenida con un grupo de vecinos.

Terror en dos ruedas

Los colectivos se han ganado con toda propiedad el puesto como azotes de la vecindad. Habitantes de Tierra del Sol –otro urbanismo integrado por tres etapas de viviendas unifamiliares- colgaron en la red un video denominado "Colectivo Armado entra a Tierra de sol 2". El video fue grabado de las cámaras de seguridad de la urbanización, “luego un vecino  lo grabó de su celular para poder llevarlo a las redes sociales colocando la narración”, según explica Zulay Lopez, una lugareña. La trama del video es simple pero aterradora: el 21 de febrero los vecinos de Tierra del Sol se manifestaron. Al concluir la concentración, ya en horas de la noche, motorizados armados llegaron al lugar. Dispararon contra la garita de vigilancia y las viviendas.

Ese mismo día, pero un poco más temprano, en la cercana Valle Hondo, un escuadrón antimotines de la Guardia Nacional irrumpió en algunos hogares de la quinta etapa. Resulta que algunos estudiantes que protestaban en las cercanías de Valle Hondo y otras dos urbanizaciones, Hondo, La Hacienda y Altamira, fueron perseguidos y acorralados dentro de las calles de los tres complejos habitacionales.

Al día siguiente, desde las cinco de la madrugada, los vecinos que viven en las adyacencias cerraron el  distribuidor Valle Hondo, acceso que comunica a Barquisimeto con Cabudare. Cauchos, palos y toda clase de desechos se juntaron para construir las barricadas. Durante el día, unos 20 agentes contra disturbios de la Guardia Nacional se encargaron de despejar la vía una y otra vez, mientras contenían a los protestantes con perdigones y gases. El saldo fue de cinco heridos con perdigones, además de numerosos vecinos con síntomas de asfixia. Pero en horas de la noche, los grupos de motorizados rondaron por casi todas las urbanizaciones de Palavecino.

- Yo prefiero denominar como bandas paramilitares a quienes actuaron contra las comunidades. Estas bandas son muy agresivas, tienen entrenamiento militar, van vestidos de militares o encapuchados, se desplazan en motos o camionetas y portan armas modernas, como pistolas 9 mm- explica el sociólogo Nelson Freitez, docente y coordinador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado (UCLA).

La historia de violencia grupal se repite con ligeros matices en las urbanizaciones del municipio, donde los motorizados incursionan en grupo de hasta 60 personas en noche o en la madrugada. Entre las zonas afectadas destacan El Palmar, Atapaima, Almariera, Tierra del Sol, Villa Park y Villa Granada. “Dijeron que vendrían por nosotros y lo cumplieron”, comentan dos jóvenes en Almariera, urbanización integrada por lotes de edificios de cuatro pisos y unas 500 viviendas. En sus casas sufrieron las cargas de perdigones y la invasión del humo. A las cinco de la mañana del sábado los motorizados acudieron a su labor de intimidación por las dos únicas calles que no están cerradas con portones. Luego, Almariera resistió días de cierre y amenazas de los grupos armados.

- Los “valientes muchachos”-  como los llama María Dolores Pereira, vecina que tiene más de 20 años en Almariera-  que se enfrentaron a estas arremetidas fueron dejando la lucha  al pasar los días y los vecinos salían más bien a curiosear. Fue a estos vecinos a quienes asaltaron los grupos paramilitares.

Marlene Hernández vive en El Trigal, muy cerca de Almariera. Ella es profesora jubilada y activa organizadora en su comunidad. Cuenta que vio que los jóvenes organizaron la protesta en la calle y que entonces ella, junto a otros vecinos, decidió unirse a sus reclamos. Era una protesta pacífica hasta que se enteraron de que en el oeste de Barquisimeto a un familiar le habían incendiado su carro dentro del edificio donde vivía. “Nos pusimos alerta y fortalecimos las barricadas. Ya antes habían venido los uniformados y en una ocasión estuvieron frente a nuestras casas durante una hora con la sirena encendida”.

Una de las noches, cuando ya la manifestación de los lugareños había finalizado, el grito de su hija cimbró a la comunidad: “Ahí vienen los colectivos”.

- Esa noche fue impresionante. Motorizados encapuchados con franelas rojas y armas hicieron  rondas por las calles de la urbanización. Los vecinos apagamos las luces de nuestras viviendas y nos comunicamos mediante silbatos. Al día siguiente volvieron y agarraron botellas de una licorería y se dedicaron a lanzar botellazos y sabotear un cumpleaños en una casa.

Nelson Freitez, por su parte, se esfuerza en hacer definiciones sobre la violencia que ha presenciado todos estos días en la otrora apacible zona. “Es cierto que hubo excesos en algunas barricadas, pero si eso es violencia, ¿cómo podemos calificar cuando un militar dispara con una 9 mm a un estudiante, o cuando tienes situaciones como la de Valle Hondo, donde dispararon bombas contras las viviendas, hubo tanquetas,  helicópteros y más de 100 efectivos disparándole a las viviendas?”.

A todas estas angustias se suma en Cabudare la creciente sospecha fratricida. En Las Mercedes, una de las urbanizaciones de la zona, una tanqueta logró entrar porque un vecino les abrió el paso. En Tierra del Sol, las mujeres de la insurgencia comentan con tristeza que sus vecinas de toda la vida les tomaron fotografías para difundirlas por Twitter, señalando con nombres y apellidos quiénes eran las supuestas jefas de las protestas. “Tenemos los mensajes y allí nos señalan y les informan a los motorizados quiénes somos y les dicen que venga por nosotras. Es muy triste”, dice Zulay.

Por su parte, Marlene Hernández, la educadora que no se graduó de guarimbera, señaló que un amigo que trabaja con las autoridades policiales le comentó que una denominada Operación Sapo se había activado. Dijo saber que una vecina la fotografió y le hizo llegar la foto a los colectivos motorizados.

-Fuimos a hablar con ella pero por supuesto lo negó. Me tomó foto al lado de los muchachos y la pasó a las autoridades para que supieran quién estaba al frente de las guarimbas…De esta violencia  creo que hemos aprendido que no ganamos nada con quemar e incendiar las calles. Eso sí, lo aprendimos rápido- comenta, mientras se prepara para asistir a una cadena humana por la paz.

El comandante Murachí había hecho algo hasta entonces impensable: al frente de una veintena de miembros del Movimiento Revolucionario de Liberación Carapaica se le vio en un video en el que exigía al "comandante-presidente" Hugo Chávez la destitución de su tren ejecutivo.

Semejante actitud crítica levantó sospechas. Y más por el hecho de que la grabación fue difundida, en enero de este año, por la cadena colombiana RCN. ¿Eran los verdaderos carapaicas esos que aparecían allí armados y encapuchados o se trataba de un montaje?

El 5 de mayo Murachí tenía una cita con dos periodistas. Pero el encuentro resultó frustrado: nunca pudieron reunirse con ese líder del misterioso grupo que opera en el 23 de Enero. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, agentes de la División de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, detuvieron a uno de los presuntos responsables del atentado con explosivos que se cometió -el 24 de febrero de 2008- contra la sede de Fedecámaras en la urbanización El Bosque, en Caracas.

A Juan Crisóstomo Montoya González lo tenían identificado desde hacía tiempo. Las cámaras de seguridad instaladas en el edificio de la central empresarial registraron el momento en el que dos personas colocaban un artefacto explosivo a sus puertas. El responsable de activar el dispositivo perdió la vida en el intento: Héctor Amado Serrano, de 44 años de edad, y "presunto" agente de la Policía Metropolitana. Las labores de "inteligencia" permitieron establecer que Montoya, conocido como Juancho, fue su cómplice en la acción.

Un panfleto encontrado en el lugar atribuía la autoría del atentado al Frente Guerrillero Venceremos que justificaba la acción porque Fedecámaras "forma parte de un plan conspirativo y su único objetivo estratégico es desestabilizar la cadena de producción y distribución de alimentos". A eso, agregaron, "se le suma la corrupción dentro de Mercal".

Durante los días posteriores a la explosión, el Cicpc realizó allanamientos en búsqueda de Juancho. Y el entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, declaró que los implicados ya estaban plenamente identificados y que se trataba de "un grupito". El caso, sin embargo, no iba a ser tan fácil de cerrar: el "grupito" tenía buenos amigos. El 3 de abril de 2008, bandas armadas del 23 de Enero, actuando con absoluta impunidad, bloquearon los accesos y salidas de la zona en una protesta para exigir el cese de los allanamientos y el fin de la persecución contra Juancho Montoya a la que calificaron de "política".

Carapaica no es un invento reciente. Se supone que surgió en 1989 y que debe su nombre a un indígena que luchó contra la conquista española junto al cacique Guaicaipuro. Alias "Enrique", uno de sus miembros, declaró que no era cierto, como se dice, que estén vinculados con las FARC: "Carapaica es de Venezuela y surge por los atropellos a los derechos y apoyando las luchas sociales". Hoy cuestionan a ciertos líderes del proceso que "están regidos por una doble moral". Alias "Martín", otro del grupo, explicó la posición: "Nuestro problema es cuando el Gobierno no respeta al pueblo que lo eligió".

Y en ese espíritu sería que se animaron -en ese video de enero- a exigirle al presidente que investigara irregularidades en la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA; y en la red Mercal, planteamientos que coincidieron con el panfleto dejado a las puertas de Fedecámaras tras el atentado en 2008.

El 5 de mayo, las reporteras que esperaban entrevistarse con Murachí recibieron una llamada de su contacto con Carapaica: "A Murachí lo agarró la policía, lo metieron preso".

El jefe

El 15 de octubre de 2009, los abogados Doris Coromoto González y Andrés Alfredo Puga, presentaron ante el juzgado Undécimo de Caracas, una denuncia contra el comisario Renny Villaverde, director del cuerpo policial del municipio Libertador, por "difamación agravada e injuria". En su escrito, los denunciantes afirman que en agosto de 2009 el jefe de PoliCaracas reunió en su despacho a integrantes de algunos de los colectivos políticos y sociales que actúan en el 23 de Enero y que en ese encuentro les habría mostrado fotos de los propios González y Puga y de los ex funcionarios de ese cuerpo policial Pedro Miguel Revilla y Jhonny Montoya. De acuerdo a la abogada, el comisario les habría señalado como "corruptos y delincuentes" y como "objetivos militares", al tiempo que habría ordenado para ellos "que les dieran plomo".

Eso no es todo. Doris González, quien también es magistrada suplente de la Sala Constitucional del TSJ, asegura que el comisario Villaverde entregó credenciales, armas y motos a varios de los allí reunidos, tal como -según ella- lo confirmaron dos miembros de esos colectivos, Rafael Indriago y Jesús Viloria Ramos.

El Tribunal 11 de Caracas citó a Villaverde para conocer la acusación en su contra y el delito imputado, pero el jefe policial no se dio por enterado. Tampoco atendió los carteles de citación publicados en la prensa, de modo que la jueza Tibisay Sánchez de Abreu -siguiendo el procedimiento establecido del COPP- emitió una orden a la Guardia Nacional, el sábado 22 de mayo de 2010, para localizar y trasladar a Renny Villaverde ante el tribunal. Hasta la fecha, ese requerimiento no ha sido atendido por la GN.

Ese no es el único ítem en el expediente de Villaverde. Se supone que hay denuncias en los despachos de Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, Alcaldía de Caracas, el Ministerio del Interior y hasta de la presidencia de la República. El diputado Tulio Jiménez confirmó que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investiga esta presunta entrega de armas, además de al menos otras 10 denuncias contra el comisario -aunque pasarían de 30 según el diputado Reinaldo García-, casi todas hechas por subalternos de este jefe policial que llegó a tan importante cargo, aunque había sido dado de baja en la Efofac (3 de noviembre de 1994) y haber sido destituido de PoliSucre (1 de noviembre de 1995).

Joha González es uno de los ex policías que ha denunciado a Villaverde y que es representado por la abogada González. Jhonny Montoya es otro de los pocos que se atreve a airear el pasado de su ex jefe y que ha recurrido hasta a la Asamblea Nacional en su afán. Además tiene una teoría interesante: asegura que la detención de Juancho Montoya es parte de una retaliación política en su contra, justamente por sus denuncias contra Villaverde. Juancho, el preso por cuya liberación protestan los colectivos del 23 de Enero y el partido UPV, es su hermano.

El policía revolucionario

Se puede decir que Juancho Montoya es una suerte de carapaica con "chapa". Nació el 4 de noviembre de 1962 y desde muy joven reside en el bloque 5 del 23 de Enero. Los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales revelan que ingresó en mayo del año 2000 al Instituto Autónomo de Policía de Caracas y que, hasta la fecha, aparece como funcionario activo. Por si quedan dudas, su hermano Jhonny confirmó que sí es inspector de PoliCaracas: "Cuando lo detienen, venía de la Cota 905 de cobrar sus cestatickets en la policía". Al momento de la detención, el comisario jefe del Cicpc, Wilmer Flores Trossel, también lo aclaró: "Se trata de un funcionario activo de la Policía de Caracas".

Lo más extraño es que en el Registro Electoral, Juan Montoya aparece como fallecido en 2007. En todo caso, Juancho recibe apoyo contundente por parte de los grupos del 23 de Enero -en algunas protestas de calle hasta se ven encapuchados- y del partido UPV. Su abogado y pariente, Ernesto Montoya, afirma que la única "militancia" de Juancho es pertenecer al colectivo "Cine Popular Venezuela". Pero un funcionario de la División contra el terrorismo del Cicpc aseguró, a grabador apagado, que Montoya es figura central de Carapaica y que le siguen la pista desde 2008. Lo vinculan, además, con otros atentados con explosivos ocurridos ese mismo año en la plaza George Washington y en la Nunciatura Apostólica. Los fiscales 20 y 74 de Caracas, conducen el proceso y le imputan los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, uso indebido de arma de fuego y uso de documento falso. Al ser consultados sobre esto evitaron dar detalles por tratarse de "un proceso judicial en curso".

La primera orden del tribunal 34 de control, de Caracas, fue recluirlo en el Internado Judicial de La Planta. Pero su abogado logró que lo mudaran a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar "por su condición de funcionario policial y líder social histórico del 23 de Enero".

Alias "Enrique" y alias "Martín" confirmaron la veracidad del video difundido por RCN, pero sobre la detención de Murachí prefirieron dejar la duda en el aire: ni sí ni no.