Se trata del cuartel general del Grupo Coincoin, el holding conformado por la primera comercializadora de equipos de minería autorizada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y una de las siete casas de cambio venezolanas con licencia para operar en el mercado digital.

La granja, llamada así por apilar -como en un gallinero- procesadores de alta capacidad que extraen día y noche monedas digitales o criptomonedas, está en el sector de San Vicente de Maracay, una ciudad, por cierto, flanqueada por cuarteles e industrias y que desde hace décadas sirve de sede a la Casa de la Moneda.

San Vicente es el barrio donde operó el llamado Tren de Aragua, la megabanda criminal cuya zona de influencia se ha extendido más allá de las fronteras nacionales, tan móvil como el flujo de migrantes venezolanos que recorre el continente. No es gratuito que San Vicente sirviera de caldo de cultivo primordial para una manifestación tan cargada de sevicia y violencia. Castigada por la pobreza y la falta de servicios propias de los barrios populares, la localidad además fue teatro de operaciones de algunas de las razzias policiales más sangrientas. Los esfuerzos del gobierno para animar la economía de la zona, como la instalación de una cría de cerdos y pollo a cargo de los presos del Complejo Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, no consiguen borrar esas cicatrices emocionales.

En sus calles predominan parajes de casas envejecidas, portones solitarios, y una maraña omnipresente de ramificaciones de cables de electricidad que se entrecruzan hasta llegar a los postes. Así luce hasta la entrada principal de la empresa de minería digital, resguardada por su propia seguridad. A partir de allí, la historia es otra, una de la que hace gala en redes sociales, eventos promocionales y a través de influencers invitados. 

Venezuela se reveló desde muy temprano como un territorio propicio para la minería de criptomonedas. Una ventaja es su electricidad, barata hasta ahora y de fuentes no contaminantes. Otra, la informalidad de su economía. El régimen chavista, por lo demás, abrazó con entusiasmo este sector de la innovación, y no precisamente por su imagen contracultural. Se dio cuenta, aún antes de las sanciones internacionales, de que debía echar mano a fórmulas que le permitieran independizarse del sistema bancario internacional y de la esfera del dólar. Con esa convicción creó el Petro, paradójicamente y casi contra natura, una criptomoneda oficial.

Ahora, mientras el sector todo vive un cierto auge -según la firma Chainalysis, que estudia el mercado, Venezuela es uno de los países con mayor adopción de las criptomonedas entre 154 monitoreados-, el propio Estado, a través de algunos de sus jerarcas, incursiona en esta colosal granja, otra asociación estratégica entre gobierno y empresarios con conexiones políticas. Y lo hace con ventaja porque, como se verá a continuación y parafraseando a Orwell, si bien todos los criptonegocios son iguales, algunos son más iguales que otros.

El Samán de Güere y las criptomonedas

El complejo de San Vicente fue, por un tiempo, un secreto a voces. Pero, recientemente, a comienzos de junio, un desliz aparente del influencer, paradeportista y motivador, Maikel Melamed, lo dejó en evidencia. Visitó la planta y publicó un video en Instagram, que no retiró a pesar de la lluvia de comentarios críticos recibidos. Al día siguiente de ese post de Melamed, otra influencer aseguró que las siguientes visitas se realizaron bajo el amparo de acuerdos de confidencialidad.

La revelación despertó la curiosidad sobre el basamento legal y tracto jurídico del consorcio. Una mirada permite comprobar el linaje burocrático-revolucionario que los sustenta.

La empresa Coincoin C.A, que posee licencia por la Sunacrip, está registrada en el estado Aragua desde el 10 de enero de 2018. Sus accionistas son Yobet Alberto Henriquez Ysla y, su señora madre, Carmen Marina Isla de Henriquez, empresarios aragüeños con otras compañías que, en su momento, han mantenido nexos comerciales con el gobierno del estado Aragua. Ese vínculo empieza con la llegada del primer gobernador chavista a la entidad, Rafael Isea, y se extiende con Tarek El Aissami, al menos, hasta la administración de Rodolfo Marco Torres. Tanto Isea como Torres son exoficiales militares.

Al final del año 2007, antes de las elecciones regionales que llevaron a Isea a la gobernación, Isla de Henríquez y Yobet Henríquez -este, sin participación accionaria-, habían constituido la empresa Industria Venezolana de Memorias Technologicas, C.A. [sic]. En el directorio también figuraba Luis Alberto Henríquez Herrera, esposo de la primera y padre del segundo. 

La sociedad mercantil declaró como cometido el desarrollo de proyectos tecnológicos y la elaboración de todo tipo de dispositivos electrónicos para almacenamiento masivo y procesamiento de data. También la comercialización de juguetes, accesorios escolares, deportivos y médicos. 

Pero esa empresa, Industria Venezolana de Memorias Technologicas, incorporó una participación de 45% en su capital de otra compañía, Industria Tecnológica Arawak S.A.. Esta pertenecía a la Gobernación de Aragua, encargada de la producción y ensamblaje de artículos tecnológicos y eléctricos. El restante 55% quedó en manos de la empresa estadal Centro Industrial y de Capacitación Técnica Socialista de Aragua (Cincatesa, S.A.) creada el 5 de abril de 2011, con sede en la ciudad de La Victoria. Así, el gobernador de Aragua de turno, desde Rafael Isea y Tareck El Aissami hasta Rodolfo Marco Torres, se ha sentado en la asamblea de accionistas de Industria Venezolana de Memorias Technologicas, un patrimonio aragüeño como el Samán de Güere, el Ingenio de la familia Bolívar en San Mateo o el Parque Henri Pittier. 

La alianza entre la Industria Venezolana de Memorias Technologicas y la Gobernación de Aragua estuvo vigente y operativa hasta 2021, cuando en la Gaceta Oficial regional aparecieron las actas sobre la aprobación de los estados financieros desde 2014 hasta 2020. En un apuro antes de entregar la gobernación -a la que había renunciado para marchar al gabinete ministerial de Nicolás Maduro- , Marco Torres firmó todas las actas y, finalmente, designó una junta liquidadora para la Industria Tecnológica Arawak, cuyo presidente fue Juan Pablo Mata Cedeño, coronel retirado y alineado al chavismo que ha ocupado cargos en empresas controladas por el Estado venezolano que incluyen al Centro de Almacenes Congelados, C.A. (Cealco) y la antigua fábrica Kimberly Clark, ambas en Aragua. 

Rodolfo Marco Torres, general en retiro, ha tenido una carrera vinculada sobre todo al sector financiero. Fue vicepresidente del Área Económica y Ministro de Banca Pública, entre otros cargos. Su nombre apareció en la llamada Lista Falciani de clientes de la banca privada del banco HSBC en Suiza, donde Marco Torres figuraba con cuentas por miles de millones de dólares a su nombre cuando el militar era presidente del estatal Banco del Tesoro. 

A pesar de ese desenlace, aún restan indicios de la conjunción de intereses entre la familia de empresarios aragüeños y el gobierno local. La casa matriz de la estatal Industria Tecnológica Arawak quedaba en la misma zona industrial donde hoy están los galpones del Grupo Coincoin. Cincatesa producía las piezas y Memorias Technologicas incluía otras innovaciones a esta manufactura industrial. En 2015, Arawak hacía bombillos led como trascendió en notas de prensa.

Henriquez e Islas, hijo y madre, tienen presencia en al menos diez compañías incluidas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). En tres de ellas comparten directorio. La mayoría se encuentran en el mismo sector industrial de San Vicente, en Maracay, entre la calle A y F. Esto, sin contar Coincoin C.A. y un par más que aparecen en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.

Una de ellas es YBT INC C.A., que usuarios en Google Maps identifican en sus reseñas como ubicada en la actual sede de Coincoin. Para 2018, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos recibía “asesoría en materia de implementación de criptoactivos en los procesos financieros” de esta empresa. Esta compañía, o el conjunto de ellas porque la marca arropa a otras tres, se dedicó a la “compra, venta, exportación y comercialización de equipos electrónicos y electrodomésticos, así como todo lo relacionado con informática”, ramo del negocio en los que los empresarios aragüeños y socios de la Gobernación de Aragua se han especializado aunque con distintos frentes. Entre 2004 y 2011, solo YBT INC recibió a través de Cadivi un poco más de 127 millones de dólares preferenciales, un monto apreciable. Además, 24 millones de dólares para la Corporación ALL C.A., otra de sus empresas. 

Si además se tiene en cuenta que el propio superintendente nacional del área, Joselit Ramírez, es ficha de El Aissami, a quien conoció en Mérida y con quien trabajó en la gobernación de Aragua, queda subrayada la importancia de la región en el negocio.

Un mercado que crece sin formalizarse del todo

El video institucional que difunde el grupo empresarial en sus redes sociales, menciona las empresas contenidas por el holding de Maracay. Ellas son Coincoin, Fundación Alegría Coin, CoincoinX, la Academia de Emprendimiento Coincoin, PayCoincoin, NewsCoincoin y Coincoin University.

La página web de Coincoin Venezuela muestra oficinas comerciales en tres capitales: Caracas, Valencia y Ciudad Bolívar. También se encuentran los términos y condiciones a la hora de adquirir productos, y para darle confianza al comprador se enlaza el nombre de la compañía autorizada por la Sunacrip para la venta de equipos de minería digital, repuestos y reparación. En este caso, se trata de Centro Coin Caracas C.A., domiciliada en Chacao, municipio Chacao del estado Miranda. La licencia, por un año, expiró el 17 de noviembre de 2021.

Recientemente, hubo una actualización del sitio web con otra dirección de búsqueda para mostrar el catálogo de los productos. De igual forma, desde allí enlazan la licencia de la Sunacrip que los autoriza para la venta al mayor y detal de equipos de minería digital, así como piezas y repuestos. La compañía registrada que aparece es Coincoin C.A.

La tercera empresa visible en el conglomerado es Venecrip C.A. que tiene como actividad económica el área financiera. Es una de las siete casas de cambio autorizadas por la Sunacrip, según lo confirmó en un tweet el propio superintendente, Joselit Ramírez, sobre el que pesa una acusación por lavado de dinero y evasión de impuestos de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y por quien Washington, bajo la administración Trump, llegó a ofrecer una recompensa. 

A la par del centro de minería digital, la comercializadora de equipos y la casa de cambio, el Grupo Coincoin tiene, además, un medio digital especializado, la academia de emprendimiento, el centro de enseñanza financiera, una fundación y una plataforma que gestiona nóminas para el pago con monedas digitales. El director ejecutivo de la casa de cambio CoincoinX es Leonardo Galíndez, entusiasta de la criptoeconomía desde 2011. Luego se asoció con “un médico venezolano, directivo de una prestigiosa clínica” y con Daniel Sánchez, presidente de la granja piscícola de tilapia El Secreto, ubicada en Yaracuy, que empezó a operar en 2016 con capital del gobierno nacional para la producción y exportación pesquera, según reseñó el medio Opinión y Noticias. En enero de 2018, estuvo impulsando la adopción del Petro en distintos eventos nacionales, invitado como economista.

Otro de los nombres que aparece vinculado con Coincoin es Freddy Boscán Torres, ingeniero zuliano especializado en el área de telecomunicaciones, que ocupa el cargo de director de tecnología. Para 2003 ya tenía constituida Technology Advisory Board, S.A., empresa registrada en Maracaibo que se encargaba del diseño e instalación de sistemas electrónicos, software y hardware. Durante el último año, Galíndez y Boscán han servido de caras visibles del holding en diversos eventos del sistema venezolano de economía digital. El más reciente fue en mayo de 2022, cuando organizaron una rueda de prensa para presentar sus nuevos productos en una estrategia de mercadeo que incluyó la visita de influencers a sus instalaciones. 

Si algo genera dudas en Venezuela es cómo operan las granjas de minería digital en un país con fallas en los servicios de electricidad e internet. Boscán aprovechó la ocasión que le daba un auditorio con periodistas y otros interesados, en mayo pasado, para aclarar que las instalaciones ubicadas en San Vicente usan “un sistema de inteligencia artificial” que detecta cuando el internet va a fallar antes de que ocurra el incidente y lo cambian a otro de sus cuatro proveedores de conectividad. Además, enfatizó que usan los servicios de empresas privadas para garantizar la energía eléctrica en los galpones, entre ellas Turboven Maracay Company INC. 

Galíndez, que hace las veces de presidente ejecutivo, se remontó en ese encuentro con los medios hasta 2014 para pasar revista a los orígenes de la idea. Según su versión, ese año buscó el apoyo de la casa de cambios de criptomonedas Bitt.com, en Barbados. Pero la alianza no cristalizó ante la imposibilidad de operar en medio de las primeras sanciones. 

En 2016, siempre según su relato, Galíndez consiguió en Chile la base del software para que funcionara la plataforma de intercambio y luego se asociaron con la empresa de tecnología de Maracay para darle vida al Grupo Coincoin, en 2018. 

Aunque esté creciendo el sistema venezolano de economía digital, la opacidad predomina en torno a cómo se está manejando el sector, las reglas que rigen sus operaciones y el volumen de transacciones. Es un legado de los tiempos pioneros en los que la minería se hacía de manera informal y bajo condiciones de clandestinidad. 

En 2017, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, publicó en su cuenta de Instagram la detención de cuatro personas por minería digital que fueron acusadas por fraude cibernético y hurto de energía.

El gobierno “empezó a ejercer de manera arbitraria las normas a través de la Sunacrip, violaron el derecho a la defensa y hasta hubo casos que perdió. Fue cuando se inició un proceso regulatorio más favorable para quienes ejercen la minería”, comentó para Armando.info Raymond Orta, abogado con experticia en el área financiera digital.

A finales de 2021, la Sunacrip publicó una providencia para minimizar los riesgos de actividades sospechosas vinculadas con el uso de tecnologías financieras, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que busca prevenir el financiamiento al terrorismo, a la producción de armas de destrucción masiva y a la legitimación de capitales. Aunque constituye un avance, no es suficiente porque no ha sido oficializado. “Todo acto administrativo debe estar en Gaceta Oficial para que entre en vigencia a partir de la fecha de su publicación y sea una norma de obligatorio cumplimiento”, comentó Orta. Se traduce en que toda transacción puede ser considerada “sospechosa” si se realiza por una plataforma no autorizada para operar en Venezuela.

Una advertencia sobre las operaciones de las granjas de minería llegó directamente de Manuel Christopher Figuera, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política), que desertó en 2019 a Estados Unidos. Entre muchas otras revelaciones que por entonces quiso difundir en múltiples entrevistas, mencionó que las autoridades chavistas estaban administrando estos centros digitales de manera secreta en distintas partes del país. “Todas las empresas inoperativas del Estado, u otras que fueron confiscadas y cuyas instalaciones disponen de electricidad e internet, han sido convertidas en granjas de criptomonedas”, explicó el alto funcionario en una entrevista al medio KonZapata.

Orta explicó en una entrevista telefónica que en la actualidad existe un Registro Nacional de Mineros que buscaría la transparencia en el sector, en el que deberían estar tantos entes privados como públicos. Advierte que “al mercado le falta muchísima regulación, hay una gama de grises”. 

De gira

Leonardo Galindez asiste a eventos internacionales para promocionar la marca CoincoinX. Sus redes sociales, no muy activas, dan fe de su conocimiento y entusiasmo por el tema. Elocuentemente, en esos viajes lo suele acompañar Yobet Henriquez, quien se define en su cuenta de Twitter como “apóstol de las criptomonedas”. Desde Dubai hasta Moscú, con paradas en El Cairo, ambos se internan en lo profundo del negocio y expanden su presencia alrededor del sector. Coincoin tiene representación mercantil en el extranjero a través de Inversiones Incoincoin S.A., en Panamá, incorporada el 21 de septiembre de 2017. Otras empresas registradas por Henríquez en Estados Unidos han sido YBT Computer Inc, Coin Coin Store LLC, HP Brothers LLC y Shekina Logistic & Air Cargo Inc, según refleja el sitio de Open Corporates.

Así la cara visible del Grupo Coincoin quedó en manos de Galindez y la financiera, con cercanía política, la tiene Henriquez quien no vive en el país, pero sí mantiene sus negocios.

Al ser consultado por Armando.info sobre las conexiones del Grupo Coincoin, el consultor jurídico de la empresa, Daniel Badell Porras, afirmó que "uno de nuestros socios era socio de esas empresas" (sobre las sociedades YBT INC C.A. que estuvo relacionada con el INAC y Industria Venezolana de Memorias Technologicas C.A., accionista de una empresa junto a la gobernación de Aragua), y que Coincoin es una empresa "de capital 100% privado" que nunca ha recibido recursos por parte del Estado venezolano. "Nuestra relación con el gobierno venezolano es la de empresa regulada", enfatizó.

Si hace una década eran pocos los visionarios de las potencialidades del bitcoin, hasta entonces una utopía libertaria y casi subversiva, hoy se multiplican sus devotos en Venezuela. En 2021, de nuevo según Chainalysis, Venezuela produjo un volumen total de 28.300 millones de dólares en transacciones con criptomonedas y, en comparación con los datos de 2020, la adopción de bitcoin y las criptomonedas en el país creció 52% para finales del año pasado, según publicó el medio especializado Bit2Me.

Todo está en la confianza y transparencia para generar seguridad, aunque no siempre es así. Hasta enero, Sunacrip había revocado dos licencias de exchange; una de las empresas sancionadas ni siquiera consideró necesario explicar al público lo ocurrido, siquiera a través de su sitio web.

Lo cierto es que la adopción temprana del uso de criptomonedas comenzó como una forma de saltar las restricciones económicas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro y, después, estas mismas autoridades la usaron para esquivar las medidas financieras que cercan sus operaciones. Desde la compra de un apartamento hasta el pago de un bien o servicio, el vuelco a la economía digital es una actividad peligrosa y atractiva, con una carga de volatilidad, como un lanzamiento en benji: unas veces estás arriba, otras cae de golpe.

Este artículo fue publicado originalmente el domingo 26 de junio de 2022 y editado el 1 de julio tras añadir la respuesta enviada por el consultor jurídico del Grupo Coincoin al cuestionario enviado antes de la fecha original de publicación.