Los antecedentes de esta historia se remontan 13 años y llevan al acuerdo de cooperación sellado en ese momento por Chávez y Néstor Kirchner, que posteriormente desembocó en un fideicomiso bilateral. Gracias a esa alianza las tres modestas compañías de Levy (Laboratorios Esme, Corporación Gulfos y Bleu Tel) sacaron un oneroso negocio que hoy se descubre ruinoso para los venezolanos. La tuerca que atornillaría a Laboratorios Esme, por ejemplo, como uno de los principales proveedores de insumos de aseo a la estatal Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca) fue la firma de una “carta de intención” entre ambas partes.

Ocurrió el 20 de abril de 2010 y se trató de un gesto seguido con celo oficialista, pues días previos y hasta posteriores al pacto una comitiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, conformada por el embajador argentino en Caracas, Carlos Alberto Cheppi y José María Olazagasti (mano derecha de Julio De Vido, el polémico ministro de Planificación de los Kirchner), había compartido unas cuantas horas de vuelo con Levy entre Caracas y Buenos Aires. No fue el único. Una veintena de viajes compartidos entre el empresario y varios funcionarios de la Casa Rosada, entre ellos el propio De Vido, y otras evidencias expuestas en el expediente judicial muestran que en este caso no existen casualidades.

Allanado el camino por altos jerarcas de los K, Levy aprendió a navegar sin naufragar en los negocios gestados entre Buenos Aires y Caracas. Sin capacidad económica para soportar los convenios acordados, sus empresas gozaron del privilegio de un adelanto del 60% de los pagos nada más firmar contratos con Suvinca y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), pero también incurrieron en sobrefacturación de mercancías, fletes y hasta los seguros de los embarques, en incumplimientos en los despachos, así como en el desvío de los fondos a bancos privados que después se giraron a cuentas aún desconocidas y hasta el forjamiento de la firma de uno de los socios de las compañías de Levy: su hermano Alejandro. Es un cóctel que explica el porqué es visto por la justicia argentina como sospechoso de lavado de activos, evasión y contrabando agravado en estas operaciones comerciales con Venezuela y que unos 300 millones de pesos en sus cuentas bancarias estén embargados.

Esos negocios con Levy no sólo involucran a varias compañías estatales, sino que también alcanzan la gestión de unos cuantos funcionarios de Venezuela como Manuel Fernández Meléndez (presidente de Cantv y exministro de Ciencia y Tecnología), Richard Canán y Edmeé Betancourt (exministros de Comercio) y Eddie Betancourt (expresidente de Suvinca), entre otros.

Licencia para engañar

Para la Fiscalía de Argentina resulta “llamativo” que en el primero de los tres contratos firmados por Suvinca con Laboratorios Esme –incluyendo sus “adendas”, entre el 22 de febrero de 2011 y el 21 de marzo de 2012–, estaba previsto el suministro de 6.325.440 unidades de productos por un valor de 22.3 millones de dólares, un monto que se incrementó “significativamente” hasta 65,5 millones de dólares y finalmente a 119,7 millones de dólares, pero sin “indicarse de modo explícito el aumento” de la mercancía a comprar por la estatal venezolana.

Casi lo mismo sucedió con las otras firmas de Levy. Corporación Gulfos y Bleu Tel suscribieron contratos con CANTV por más de 126 millones de dólares entre 2012 y 2013 para el suministro de decodificadores, antenas exteriores de televisión y repuestos. La telefónica venezolana incurrió, en el menor de los casos, en un acto de fe. Ninguna de las sociedades de la familia Levy tenía reputación y fueron, más bien, recién constituidas al momento de los acuerdos. Hasta diciembre de 2014 la Corporación Gulfos había pertenecido a Frolem Corporation LC, radicada en Nevada (Estados Unidos) y controlada por Plascot Limited, en Seychelles (ambas creadas por el ya célebre bufete panameño Mossack Fonseca, cuyos documentos filtrados a la prensa dieron origen a la investigación global publicada en 2016 y conocida como Panamá Papers).

Pero Frolem Corporation LC es un sigilo. “Según el formulario de alta de datos generales y/o comerciales de la Dirección de Personas Jurídicas (Argentina) registra domicilio en la calle Quinquela Martín número 19, manzana 11 “c” de Ciudad Evita, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires (…). En relación a este domicilio, el acta de constatación de fecha 17 de marzo de 2014, volcada en la escritura pública 19, de la escribana Alicia Folco da cuenta que la casa allí ubicada aparentaba estar desocupada, y que el medidor de luz no marcaba el uso de corriente eléctrica”, explica otro expediente judicial.

A la postre, el desaguadero de plata y los incumplimientos de los contratos fueron la constante. Con la venta de productos de cuidado personal, tan escasos en el mercado venezolano desde hace años, y que Levy debió realizar a través de Laboratorios Esme, el desaguisado es tal que aún en 2016 no había cumplido con los suministros acordados y previamente pagados por Suvinca. “Entre enero de 2011 y el 19/07/2016 el valor CIF (incluye flete y seguro) de las exportaciones de Laboratorios Esme a la empresa Suvinca fue de US$ 49.281.502, 65, mientras que las liquidaciones de divisas en ese mismo periodo alcanzaron un total de US$ 88.269.655. Entonces las exportaciones realizadas representan solo un 55,83% del total de divisas liquidadas”, refiere el expediente elaborado por la fiscal María Luz Rivas Diez.

El documento revela casi la misma irregularidad en los contratos para el suministro de decodificadores y antenas de televisión. De una cuenta del BBVA Banco Francés de la Corporación Gulfos se desprende que la empresa tenía un patrimonio de 5,7 millones de dólares, pero no había “registrado ventas” durante 2012 y 2013. Sin embargo, entre agosto y diciembre de ese último año había registrado un aumento inusual en depósitos a plazo fijo por la suma de 52 millones de dólares. “No hemos podido obtener constancia real de la existencia de la mercadería descrita en las constancias aportadas –adquiridas de la firma Chai Wang Digital Limited de Hong Kong–, de su real envío como así tampoco de su efectiva entrega en Venezuela a la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela –propiedad de PDVSA– como así tampoco de la causa o justificación de la triangulación operada”, indica el “reportante” de este grupo bancario a la fiscalía.

La sobrefacturación en la mercancía, los fletes y hasta los seguros fueron práctica común, de acuerdo a la investigación judical. “Las mercaderías exportadas por Laboratorios Esme a Suvinca habrían sido declaradas a un precio que superaría ampliamente el verdadero, es decir, se sobrevaluó el precio de los bienes enviados a Venezuela”. Comparado con los precios de exportación desde Argentina de compañías multinacionales como Johnson & Johnson o Kimberly Clark, los productos despachos por Levy al Gobierno venezolano reflejan un sobreprecio que osciló entre 145% y 339% en artículos como pañales y toallas sanitarias. Incluso, hay un diferencial de precios enorme entre lo que exportó Levy a países como Chile, Cuba o Uruguay, y lo que vendió a Venezuela. “A modo de ejemplo, para el producto Top Win Suavizante para ropa de 4 litros, en la factura 111 del 11/06/2012 a favor de Suvinca de Venezuela, se expresó un valor por unidad de US$ 6,700; mientras que en la factura 118 del 26/06/2012 el mismo producto fue venido a Chile a un precio unitario de US$ 2,640. Es decir, la diferencia de precio ronda el orden del 154%”.

Esa práctica de abultar las facturas no se redujo a los productos. Se repitió a la hora de tasar el costo de los fletes y seguros. “Se observa que los valores de flete cobrados por Laboratorios Esme a Suvinca son desproporcionados con relación al costo que Esme pagó por tales conceptos a Juwald”, expone la fiscal argentina tras comparar facturas de varios embarques.

“Ello conlleva a advertir que además de un contrato millonario interrumpido, buena parte del dinero adelantado y/o girado por Suvinca a Laboratorios ESME no fue destinado a pagar mercaderías, sino que habría sido imputado a solventar gastos de logística aumentados de manera escandalosa por ESME”, añade el expediente.

Con la estatal Cantv esa maniobra de sobreprecio en el valor de los envíos resulta más escandalosa. Para la fiscalía argentina resulta “inexplicable e irrazonable” desde una mirada comercial que el costo del flete en los traslados aéreos fuera igual o superior al precio de la mercadería. Las facturas de venta de Bleu Tel muestran que las antenas tenían un costo de 38 dólares por unidad, mientras que el costo del flete aéreo osciló entre 38 y 48 dólares por pieza. “En cuanto al flete marítimo, tuvo un costo de US$ 13,12 por unidad. No cabe perder de vista que no se trata de productos de primera necesidad ni perecederos que requieran arribar a destino de manera urgente”, sentencia el expediente.

Catalogo Laboratorios Esme 2010-2011 by ArmandoInfo on Scribd

Los documentos recabados por las autoridades judiciales de Argentina revelan, además, que esa maniobra de abultar el precio de los fletes contó con la connivencia de la telefónica venezolana. En un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de CANTV con los hermanos y socios Levy se detalla el consentimiento. “Te escribo para solicitarte que por favor me envíes una cotización formal por el flete y seguro de los decodificadores y las antenas que faltan por llegar. Te pido que presentes dos cotizaciones, una aérea y una marítima, esto con el fin de ajustar el costo del flete a lo presupuestado en el contrato. Puede ser una solución mixta, es decir, enviar, por ejemplo, 75.000 STB por avión y 75.000 por barco. Y todas las antenas por barco, que es lo que cuesta más y disparó los precios. Debo presentar esa cotización al Ingeniero (Manuel) Fernández por el aumento lo ante posible” escribió un empleado, Rafael Belisario, a Alejandro Levy, el 4 de diciembre de 2012.

Ríos de dinero a paraísos fiscales

Para las autoridades argentinas los manejos sospechosos de Levy no se limitaron a esos incumplimientos o recargas injustificadas en los precios de venta a las estatales venezolanas. Las fugas de dinero se produjeron por varios flancos. Cuando se hicieron estas negociaciones había un estricto control cambiario de divisas en Argentina y Venezuela. De ahí que Corporación Gulfos y Bleu Tel recibieron entonces dólares a precios preferenciales para pagar mercancía a las empresas Sichuan en China y Chai Wan Digital Limited en Hong Kong, y luego revenderla a Cantv.

Obedece a una estrategia bien fraguada, de acuerdo a los informes judiciales. De este modo el dinero no entraba a Argentina, sino a cuentas bancarias controladas o con la cooperación de empresas internacionales: Chai Wan Digital LTD y Sichuan Changhong. Por las relaciones de Levy con otros empresarios vinculados a estas compañías se sospecha además que estos dólares hayan circulado o sido girados a las arcas de Frolem Corporation.

“Chai Wan Digital Limited se encuentra registrada bajo el número 1909266, en fecha 20 de mayo del año 2013 como una Private Company Limited By Shares. Es decir, que esta sociedad fue registrada 25 días después de la firma del contrato entre Corporación Gulfos y Cantv de Venezuela, hecho que ocurrió el 25 de abril de 2013. Sin embargo, los precios del contrato entre Cantv y Corporación Gulfos se fijaron cuando el proveedor elegido por esta última ni siquiera existía”, observa la fiscal de la causa contra Levy.

Junto a las operaciones vía Hong Kong, considerado uno de los lugares de “mayor secreto bancario y financiero del mundo”, la fiscal también detectó extraños desvíos de dinero en el contrato de Levy con Suvinca que también conducen a paraísos fiscales. La Fiscalía comprobó que Laboratorios Esme realizó pagos en dólares a Importadora Asiria, una empresa venezolana dedicada a la comercialización de bienes, con una oficina en el centro de Caracas y de apenas dos trabajadores, según el Registro Nacional de Contratistas.

Se trató de tres transferencias realizadas entre el 14 de diciembre de 2011 y el 18 de enero de 2012 por un total de 224.371 dólares a una cuenta en el Venecredit Bank & Trust de las Islas Caimán. “Todos estos aspectos llevan a sospechar que se trató de una operatoria armada con el fin de girar divisas al exterior aduciendo para justificarlos, supuestos servicios de traslado de contenedores”, concluye la fiscal.

En los papeles de constitución de la empresa en Caracas tampoco hay constancia de que el “objeto” de la compañía sea el de prestar servicios portuarios o logísticos. Uno de sus accionistas, Daniel Cabrices, respondió vía telefónica: “No sé de qué me estás hablando, ninguna de las dos compañías las conozco”, al ser consultado sobre los pagos en dólares que la empresa de Levy le giró a su favor. Cabrices se comprometió a verificar la información y contestar nuevamente, pero eso nunca ocurrió.

En el escrito de unas 120 páginas elaborado por la fiscalía argentina no hay constancia de que ninguna autoridad venezolana haya reparado en lo ruinoso de los negocios con Levy. Al contrario, hay documentos con decisiones incomprensibles para la fiscal, como la carta que el 7 de marzo de 2014 envió a Levy el entonces presidente encargado de Suvinca, el General de División, Vinicio Eusebio Micotti Lanz. En esa misiva el funcionario venezolano planteó la necesidad de “modificar el cronograma de despacho de la mercancía”, “establecer una mesa de trabajo” para verificar los “pedidos y despachos acordados por las partes” y hasta una “suspensión temporal” de los envíos “hasta el mes de junio aproximadamente”.

Esos argumentos llevan a la fiscal a sentenciar que “bajo el ropaje comercial de un contrato de suministro se habría girado millonarias sumas en dólares que en gran medida no serían destinadas al cumplimiento de ese contrato”. Para el momento de la carta otros dos ministros habían pasado a dirigir la cartera de Comercio: Alejandro Fleming y Dante Rivas. Nadie detuvo la sangría. Al contrario, a Levy las autoridades venezolanas lo incluyeron en nuevos negocios, hasta el punto de designarlo como proveedor de medicamentos en otro convenio millonario.

Los medicamentos debieron llegar al mercado venezolano en 2015, pero ni los anaqueles de las farmacias –desde hace meses Venezuela padece un desabastecimiento generalizado de medicinas-, ni los empresarios ligados al sector farmacéutico venezolano tienen constancia de los resultados de ese convenio. “A esa empresa (Laboratorios Esme) la metieron en el sector de la mano de Cheppi (el ex embajador argentino en Caracas)”, sostiene un empresario venezolano que prefirió el anonimato y que no descarta que la inclusión de Laboratorios Esme como proveedor de medicamentos sea a través de una “triangulación” desde Cuba.

En Argentina señalan que ni Laboratorios Esme, ni Farmamed forman parte de la industria farmacéutica del país sureño. “Ninguna de esas empresas actúan en el ámbito de la producción de medicamentos y en todo caso se trata de Pymes, es decir, de tamaño y escala reducida”, apuntó un empresario sureño.

De la bonanza petrolera de los tiempos de Chávez y los sueños de una gran unión suramericana con aliados ideológicos poco queda. En ese tránsito se fueron unos millones de dólares a las cuentas bancarias de empresarios argentinos como Levy y que hoy son anhelados en la época de “vacas flacas” y escasez del heredero de Chávez. En febrero de 2013 Levy llegó a declarar, incluso, a Telam, la agencia de noticias argentina, que su empresa Laboratorios Esme se “encuentra en el tramo final” de un acuerdo para la “instalación de una planta en Venezuela para la producción de champú, cremas, detergentes y otras manufacturas de higiene y aseo que serán comercializadas en el país y en otras naciones que componen el acuerdo del ALBA” como Cuba y Bolivia. Nada de eso se materializó. En el mismo origen de los acuerdos de cooperación sellados entre los fallecidos Chávez y Néstor Kirchner se alertaron irregularidades, como las que formuló el exembajador argentino en Caracas Eduardo Sadous y que le costaron el cargo. Fue una alianza que nació condenada a los escándalos de corrupción-

Del brazo armado de la autodenominada Revolución Bolivariana a benéficas fundaciones. Así muchos colectivos han transitado de forma silenciosa de la clandestinidad a la legalidad jurídica durante la última década. Hace seis años empezó la metamorfosis de Alexis Vive, la organización que se hizo célebre en 2007 por sus ataques armados contra la televisora privada Globovisión y el edificio sede de la patronal Fedecámaras, ambas en Caracas. Tras reuniones en su baluarte de la parroquia caraqueña 23 de Enero –un barrio proletario conocido por el activismo de sus habitantes, en el oeste de la ciudad- con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el actual parlamentario oficialista Elías Jaua –como aseguran miembros del colectivo–, el grupo decidió incursionar en una faceta empresarial.

En Caracas, la conversión de colectivos a fundaciones también fue acatada por colectivos como Montaraz, Tres Raíces, Yumare, Fuerzas Comunales 4-F, entre otras agrupaciones. “Se hablaba de los medios de producción, así surgió la idea de convertirnos en fundaciones. Algunos aceptamos la propuesta, mientras otros se negaron por considerar que perderían su identidad”, agrega Bolívar.

Los ‘panas’ del panal

Con el control entre los bloques 22 y 28, los barrios Camboya y Santa Rosa, de la parroquia 23 de enero, Alexis Vive se encargó de la gerencia de una panadería local que, posteriormente, bautizaron con la marca El Panal 2021. Solo sería una de las propiedades administradas por Alexis Vive; en poco menos que un santiamén llegarían a controlar una televisora comunitaria llamada Arsenal, una empacadora de azúcar, un matadero, una minúscula fábrica de bloques, una textilera, una carnicería, viveros y otros negocios como un restaurante llamado Russport. La mayoría con el sello de El Panal 2021. Actúan en Caracas y los estados de Anzoátegui, Carabobo y Aragua.

Robert Longa, el líder del colectivo, había resuelto dar un salto adelante con estos dominios para emprender la conquista económica, política y hasta ideológica de comunidades, mediante la creación de la figura de los panalitos, una manera de organización social del colectivo. “Cuando hablamos del panal hablamos de las abejas, como las abejas construyen esos panales y esa miel que se hace en colectivo, donde no hay privilegiados ni élites”, reiteró en una entrevista concedida a la televisora Russia Today (RT) en mayo de 2015.

Pero las mieles del Abasto y Panadería El Panal 2021, por ejemplo y contra lo que se podría creer, no se vierten sobre un anónimo colectivo. Según consta en los registros mercantiles, la propiedad jurídica corresponde a los directivos del grupo, con nombre y apellido. En el caso de la panadería, revela el expediente mercantil, los propietarios son el hermano menor de Longa, Robinson Longa Rodríguez, y sus amigos Jimmy Javier Durán Suárez y Shahil Jordán Ochoa Rivas. Los mismos nombres –a excepción de Ochoa–, sumados a los de Luis Urbina Guerra y Douglas Álvarez Suárez, figuran en otra propiedad del líder de Alexis Vive: la asociación cooperativa Servicios Múltiples de Calidad 2008 RL. Esta última empresa, localizada en el bloque 24 del 23 de Enero, fue fundada con un capital de 200.000 bolívares o unos 46.512 dólares (calculados según la tasa cambiaria oficial de entonces) hace siete años. La compañía se encarga de construcciones de viviendas, la importación y exportación de equipos, la pavimentación asfáltica y otros ramos. Otros negocios son administrados por las comunas controladas por el colectivo en sus diferentes núcleos del país caribeño.

En la ciudad de Valencia, a unos 167 kilómetros de distancia del bastión original de Alexis Vive en Caracas, recuerdan los precarios comienzos del colectivo. “Hasta llegamos a vender productos (cosméticos) de Stanhome, así también reunimos dinero. Pero después llegó el apoyo del Gobierno”, afirma Bolívar. Con el paso del tiempo, el colectivo ha afinado su olfato empresarial. Sus miembros no se han conformado con adoptar la figura de fundación, sino que se han apoyado en la dirección de las comunas para recibir recursos que expandan sus proyectos.

El financiamiento de las 14 empresas que ahora ostenta este colectivo ha procedido, en muchos casos, del Gobierno del Distrito Capital, Ministerio para las Comunas y otras entidades dependientes del erario público. Los militantes del colectivo dicen que las alianzas con instituciones regentadas por el Estado venezolano también han permitido un respiro económico, destacando algunos convenios hechos con la Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal) y Lácteos Los Andes, ambas empresas que la Revolución nacionalizó.

El capital depositado por el Gobierno ha llegado por diversas vías. Hace dos años, el Ministerio para el Turismo invirtió más de tres millones de bolívares (60.000 dólares, aproximadamente) para la construcción de una posada, una diminuta arena de espectáculos, una cancha y la reparación de una piscina dentro de los dominios del colectivo en Caracas. La Comuna El Panal 2021 –controlada por Alexis Vive– fue encomendada para la edificación del complejo turístico en el 23 de Enero.

Relación carnal

La relación entre el Gobierno y los colectivos es íntima. En un oficio de la Armada Nacional de Venezuela del 3 de abril de 2014, la entonces ministra para la Defensa, Carmen Meléndez (almirante de esa fuerza, actualmente ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno), fue informada de reuniones entre el alto gobierno y un colectivo llamado Fuerzas Revolucionarias José Félix Ribas para dominar a la población. El informante es un teniente –se omite la identidad– que solicita ser excluido de la comisión Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el sector Ocumare del Tuy, en el estado de Miranda, porque en la dirigencia de este programa social se coordinaba con este colectivo que, supuestamente, estaba armado.

En el comunicado, un vicealmirante expone que este teniente ha conversado con él para denunciar “la existencia de grupos paramilitares en áreas de Caracas presuntamente bajo el amparo y conocimiento de órganos e instituciones del Estado y autoridades competentes, y quienes de facto, ejercen plena autoridad en dichas áreas tanto en los ámbitos económico, político, social y de orden interno”.

En el expediente también destaca el poder económico de los grupos armados sobre las comunidades. “Los colectivos no solo ejercen un control absoluto del territorio de su sector, sino que también poseen el monopolio de los recursos que el Estado entrega a las comunidades lo cual les da un poder de influencia que le permite dominar a todos los miembros de la comunidad”, denuncia.

Los colectivos son calificados como el brazo armado del Gobierno en Venezuela. En 2010, Control Ciudadano y otras organizaciones no gubernamentales de este país introdujeron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra algunos de esos grupos por estar armados, entre ellos La Piedrita, la Coordinadora Simón Bolívar, Carapaica, Tupamaros, Montaraz y Alexis Vive, la mayoría de ellos con base en el 23 de enero.

Chávez, el hombre de verbo enardecido, vio en los grupos insurgentes del 23 de Enero un aliado para defender mediante el uso de la fuerza al proceso político, y un modelo para diseminar por todo el territorio nacional. La historia de algunos de esos grupos nace antes del régimen chavista, cuando llevaban una existencia semiclandestina para burlar la presión que sobre ellos ejercía la policía política.

Pero los colectivos proliferaron con una velocidad meteórica en el Gobierno de Chávez. Su número no se conoce y resulta difícil de calcular. Están diseminados en Venezuela y defienden a la revolución ante las amenazas de la oposición. Unos niegan estar armados, alegando que se concentran más en el trabajo cultural y comunitario; mientras, otros exhiben sin rubor sus arsenales. La semana pasada la policía judicial del Gobierno chavista intentó practicar una operación de seguridad en el 23 de enero pero fue repelida por combatientes de uno de los colectivos locales.

“El 23 de Enero siempre ha sido y seguirá siendo una parroquia combativa y revolucionaria al servicio de los verdaderos intereses del pueblo en la construcción del socialismo y estas armas que tanta ‘preocupación’ han generado en este pequeño sector han estado históricamente al servicio del pueblo venezolano en los momentos de mayor contradicción de clases, tales como el 27 de febrero de 1989 (Día de la Insurrección Popular ), el 4 de Febrero y el 27 de Noviembre de 1992 (Rebelión Cívico Militar Bolivariana); los días 11, 12 y 13 de abril de 2002 (Jornada de Resistencia Popular en defensa de la revolución y democracia participativa y protagónica), el mes de diciembre de 2002 y los meses de enero y febrero de 2003 (sabotaje Petrolero), el 24 de mayo de 2003 (El Catiazo), el 27 y el 28 de febrero de 2004 (Las Guarimbas Fascistas). Estas armas no están al servicio del paramilitarismo de derecha”, dice un comunicado enviado por 20 colectivos capitalinos hace nueve años a medios de comunicación.

El rótulo original de Alexis Vive es Alexis González Vive, Carajo. La denominación recuerda al dirigente comunitario del 23 de enero, Alexis González Revette, muerto en las escaramuzas posteriores al golpe de abril de 2002. Se fundó en 2005 y su salto al reconocimiento público se produjo dos años después, cuando, en mayo de 2007, en medio de las tensiones que precedieron el cierre de la televisora RCTV, tomaron las instalaciones de Fedecámaras y sitiaron al canal 24 horas de noticias Globovisión, en ese entonces, bestia negra del chavismo.

Se reivindican como organización leninista y cultora del poder comunal. Sin embargo, en su corta historia, las etapas se van quemando con rapidez. Si en 2007 aseguraban sostenerse con las cotizaciones de sus miembros individuales, en 2016 van en camino a transformarse en un conglomerado empresarial.

En una entrevista con Longa colgada en el website del Ministerio para las Comunas, que tuvo lugar en 2014, poco después de la eclosión de las guarimbas, el líder de Alexis Vive refuta la demonización de los colectivos, con la que se les ha querido pintar como grupos de choque. “Nosotros no tenemos nada que discutir sobre ley de desarme porque no estamos armados, no somos una banda armada”, declaraba entonces. Sin embargo, al desmarcarse de la violencia, no dejaba de asomar una amenaza: “De la defensa sí podemos hablar los movimientos sociales, está establecido en la Constitución, todo venezolano debe defender la patria en un momento determinado de una amenaza interna y externa”.

El Grupo Tak S.A, tal el nombre de esa empresa, fue creado el 30 de marzo de 2010 en Buenos Aires, pero su acta fundacional recién apareció publicada en el Boletín Oficial argentino del 22 de abril del mismo año. Unas 48 horas antes de ese día, en una reunión entre los presidentes Chávez y Cristina Kirchner realizada en Caracas, se anunció que la firma había sido escogida por el Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias para levantar en Venezuela una fábrica de materiales de construcción. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2011, el Grupo Tak apareció nuevamente mencionado en los acuerdos firmados por ambos gobiernos en una ceremonia que incluyó el obsequio, por parte del presidente Chávez, de una pintura hecha por el propio mandatario donde aparecen él y el difunto Néstor Kirchner. En ese caso se anunció que la firma trabajaría en la “instalación de líneas para la producción masiva de insumos para la construcción de material de concreto”.

Un equipo de periodistas de ambos países detectó llamativas inconsistencias en la breve historia de esta constructora beneficiada por contratos en Venezuela. Por caso, que nació con un escaso capital de menos de 3.000 dólares (12.000 pesos argentinos) y declaró un domicilio legal en Buenos Aires, en la calle Lavalle al número 1.700, un departamento donde en realidad funciona una agencia de viajes y turismo.

Más curiosos aún resultan ser sus dos socios, que declararon ser “comerciantes”. La mencionada pintora Bessouet, una mujer argentina nacida en 1939, figura como su presidente. Y César Ramón Bogadi, un venezolano de 1956, aparece como vicepresidente de la compañía. Una y otro viven la mayor parte del tiempo en Nueva York; el venezolano, desde hace 17 años al menos. Sin embargo, la artista declaró como domicilio legal un departamento de su propiedad ubicado en Buenos Aires. Mientras, el venezolano aseguró residir en Arenales 855, dirección que corresponde a la cadena de hoteles LoiSuites.

Acuerdo de amistad

De acuerdo a una profusa cantidad de correspondencia mantenida entre ambas y difundida en Internet por el sitio “Leakymails.com”, Bessouet, y la embajadora Castro, se conocen desde hace muchos años y son amigas íntimas, al punto que entre ellas se saludan llamándose sister (hermana en inglés). Un amigo común confirmó ese viejo lazo, cultivado sobre todo a la distancia. En su currículum público, la pintora -que no es muy reconocida en el medio artístico argentino- reconoce haber vivido desde los años setenta fuera de la Argentina. En aquella década emigró a Europa, donde obtuvo la nacionalidad española. Y desde 1981 se radicó en Nueva York. Antes de 2011, Bessouet ya había expuesto al menos una vez en Venezuela; en 1978, también en el Museo de Bellas Artes. En 1981 la entrevistó para El Diario de Caracas el periodista Rubén Wisotzki, hoy mismo director del Museo o, vale decir: su anfitrión en la reciente muestra en Caracas.

De su socio venezolano, Bogadi, se sabe que trabajó hasta 1982 en la constructora caraqueña Atamani, pero luego también se radicó en los Estados Unidos. Ya en Nueva York, Bogadi patentó en 1991 una marca de cajas reusables para embalaje. Y con su empresa CB Construction Inc., entre 1995 y 1998 se encargó de la remodelación del Consulado de Venezuela en Nueva York. Ese trabajo generó un conflicto con las autoridades venezolanas, a las que les reclamó una deuda de 16.000 dólares. Bogadi fue el arquitecto de los espacios destinados a la Galería de Arte Nuestra América en la sede del Consulado sobre la calle 51 Este neoyorquino.

La relación de Castro, que en enero pasado dejó su puesto en Caracas para mudarse a Gran Bretaña, y los negocios del Grupo Tak, no se limita a su amistad con la artista plástica. En febrero de 2011, varios meses después de la firma del primer acuerdo, Alicia Castro viajó junto a Bogadi y el agregado comercial de la embajada, Alejandro Piñeiro, al estado Aragua (a una hora al oeste de Caracas), donde se reunió con el gobernador Rafael Isea, exministro de Finanzas y exoficial del ejército. Tras esa reunión, la diplomática declaró a la prensa local que el empresario estaba “interesado en fabricar en el país tejas y materiales de construcción”. Hasta el momento, sin embargo, oficialmente no pudo confirmarse si ese proyecto -u otros semejantes- registran algún tipo de avance en suelo venezolano.

 “Yo no tengo nada que hablar con ustedes”, fue la respuesta de Bessouet a los periodistas que intentaron consultarla por teléfono, en Buenos Aires, sobre su participación en el Grupo Tak. Bogadi, por su parte, confirmó la existencia de un proyecto para crear una empresa mixta, aunque eludió brindar detalles. “No hay mucho que pueda informar en este momento”, escribió al ser interrogado por correo electrónico. “Debido a que el acuerdo es parte de los acuerdos bi-laterales entre Venezuela y Argentina”, refirió, “te sugiero que le preguntes al Embajador Argentino en Venezuela o a la Empresa Mixta” (del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, N. de R.)

La actual embajadora argentina en Gran Bretaña también evitó las declaraciones sobre este asunto. Pero no hizo lo mismo al inaugurar en Caracas, unos meses atrás, la muestra de su buena amiga, la pintora y presidenta del Grupo Tak SA. Frente a varios funcionarios venezolanos, entre ellos el entonces ministro de Energía Eléctrica (antes presidente de la petrolera Pdvsa y exembajador de Caracas ante el gobierno cubano, actual Secretario General de Unasur), Alí Rodríguez Araque, Castro definió los cuadros de Bessouet como un “viaje y relato que nos llevan al corazón de la poesía”. Una poesía hecha de la realidad. Pero también de sus sombras. 

Con reportes desde Caracas de Emilia Díaz-Struck (arman-do.info) y César Batiz (Últimas Noticias)

Minutos después, en el marco de la firma de 35 convenios de cooperación, la locutora del acto leyó el punto 6 de la minuta de la reunión binacional, que contenía un “acuerdo marco de cooperación en materia de vivienda y hábitat”, el primero en este rubro firmado por ambos países. Lo firmaron el canciller argentino, Héctor Timerman, y el ministro de Vivienda y Hábitat venezolano, Ricardo Molina, y en los hechos significaba la llave de ingreso de las empresas argentinas a la Gran Misión Vivienda Venezuela, el colosal programa de construcción que impulsa el gobierno venezolano en este año electoral. La locutora agregó que como “acuerdo complementario” se suscribiría también un convenio “para la construcción de 10.000 viviendas en el estado Carabobo con la empresa Conlat”.

Detrás de las declaraciones rimbombantes del protocolo, sin embargo, yacía una realidad más cruda. Pues, como demuestra esta investigación de un equipo argentino-venezolano de reporteros, la denominación “Conlat” describe a un extraño consorcio, que incluye como pares a una experta empresa de ingeniería y a una compañía de inversores de Santa Cruz -la provincia patagónica que es el terruño de la dinastía Kirchner- que pusieron plata para la campaña presidencial de la Cristina de Kirchner, pero que no había sido constituida todavía para el momento del anuncio y la firma oficial en Caracas.

Negocios por adelantado

En realidad, Conlat solo llega a constituirse el 26 de diciembre de 2011, 25 días después del acto en Miraflores. El 1 de diciembre, mientras en el palacio de la avenida Urdaneta se celebraba la lacrimógena ceremonia, Conlat no existía. O, mejor dicho: ya debía existir en la mente de unas pocas y bien avisadas personas, entre ellas sin duda el ministro argentino de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, quien -como siempre- intervino directamente en la negociación de esa tanda de acuerdos con Venezuela.

De Vido, originario de Santa Cruz, ha estado junto a los Kirchner desde la época en que Néstor, el patriarca, estuvo en la gobernación de la provincia, y los acompañó ya desde su entrada a la presidencia de Argentina en 2003. En sus gestiones como funcionario público, De Vido fue señalado por Guido Antonini Wilson durante el escándalo del maletín de 2007, y en 2011 su nombre salió a relucir en el caso Schoklender, relacionado con la Fundación “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo. También se le conoce como una suerte de Embajador de facto ante el gobierno de Venezuela, a cargo por vía de los hechos de los negocios entre ambas naciones. En la reciente nacionalización de las acciones de la española Repsol en la petrolera YPF, De Vido fue nombrado Interventor, y son tan amplias sus facultades y áreas de influencia, que viene a ser una especie de superministro del gabinete Kirchner.

Luego de aquella mención prenatal delante de los dos presidentes, Conlat apareció documentada por primera vez en un acta de la empresa publicada en el Boletín Oficial (equivalente en Argentina de la Gaceta Oficial o la Gaceta Mercantil) del 26 de diciembre. “Bajo la denominación CONLAT Construcciones Latinoamericanas SA seguirá funcionando la sociedad anónima que fuera inscripta el 18 de abril de 2007, como Consular Latinoconsult SA”, se informa allí. La publicación refiere a una asamblea que, realizada el 15 de diciembre, había sido convocada por los accionistas el 5 de diciembre, es decir, cuatro días después del acto en Caracas.

La situación, irregular sin dudas, solo puede deberse o a una capacidad premonitoria de los redactores de los convenios o, con más probabilidad, a que en las cúpulas del poder existía un acuerdo previo de palabra para beneficiar a una empresa cuya denominación todavía no se había formalizado en el papel. Hoy, cuando se acaban de cumplir los primeros seis meses de la firma del “acuerdo complementario”, Conlat sigue siendo nada más que verbo y papel para la parte venezolana. De las 10.000 viviendas anunciadas, en Carabobo no hay ni movimiento de tierras ni vallas que den rastro de ellas. En la Cámara de la Construcción del estado Carabobo no conocen de Conlat.

Los paisanos

Entonces, ¿cómo pudo Conlat disponer de una venia semejante? La sospecha cobra cuerpo cuando se sabe quiénes integran la firma argentina beneficiada en el acuerdo binacional.

Tres de sus socios provienen de Consular (Consultores Argentinos Asociados SA), una firma especializada en la mensura, el diseño y dirección de obras públicas que fue creada en 1972, pero que registró un impresionante crecimiento desde que en 2005 fue vendida por sus creadores, un grupo de viejos arquitectos porteños, a tres profesionales recién llegados de Santa Cruz.

Casualidad o no, esa venta ocurre apenas unos meses después del arribo de De Vido al ministerio. Consular S.A. tiene oficinas en la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros de la sede del organismo que encabeza De Vido, en la cuadra del número 600 de la avenida Julio A. Roca.

Uno de esos empresarios pingüinos (un mote ganado por las latitudes australes de Santa Cruz), Jorge Luis Pinto, aparece como presidente tanto de la flamante Conlat como de Consular. Y según varios testimonios recogidos para este reporte, suele acompañar al ministro De Vido en sus rutinarios viajes a Venezuela. Otro de los accionistas es Jorge Osvaldo Donnini, quien ya había estado en sociedad con Pinto compartiendo un estudio de agrimensura y un servicio de catering en Río Gallegos, la capital provincial. El trío lo completa Guido José Ambrosi, viejo compañero de colegio del gobernador santacruceño Daniel Peralta y exempleado de varias empresas constructoras santacruceñas. Los tres figuran como aportantes a la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner en Argentina. Pinto y Donnini pusieron 26.666 pesos cada uno (alrededor de 8.574 dólares al cambio de entonces). Ambrosi fue apenas más generoso: aportó 26.902,50 pesos (alrededor de 8.650 dólares al cambio de entonces). Juan Franco Donnini, hijo de uno de ellos y asesor del gobierno argentino y el Congreso en temas energéticos, figura como director suplente de la sociedad.

Para su desembarco en el prometedor negocio de la construcción en Venezuela, los santacruceños de Consular decidieron reflotar su alianza con Latinoconsult SA, pues en noviembre de 2011 (días antes del anuncio en Caracas) rehabilitaron, mediante una segunda inscripción ante la autoridad tributaria, una vieja unión transitoria de empresas nacida en 2007. Latinoconsult es una tradicional empresa de ingeniería con sede en Buenos Aires, que acumula una rica historia desde 1958, incluso en varios países latinoamericanos. En Venezuela, sin embargo, no registra mayores antecedentes que tareas de asesoría en planes de desarrollo ganadero, de acuerdo a su website.

El redactor Matías Longoni contactó desde Buenos Aires tanto a la embajada argentina en Venezuela como a Conlat, para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

La buena estrella y el mal rastro

En Argentina, ambas sociedades (Consular y Latinoconsult, los socios en Conlat) integraron además uno de los tres consorcios que este año compitieron en la Licitación Pública Internacional 1/2010, para concretar la construcción de la represa binacional de Garabí, sobre el río Uruguay y en la frontera entre Brasil y Argentina. A la postre, fueron los ganadores de este proyecto de 4.600 millones de dólares.

Fue el 8 de marzo de 2012 cuando se dio a conocer el veredicto del proceso, que favorecía al Consorcio Energético del Río Uruguay, al que, además de Consular y Latinoconsult, lo conformaron Engevix Engenharia SA, Grupo Consultor Mesopotámico SRL, IATASA e Intertechne Consultores S.A. Pero entonces no fue sorpresa para sus competidores, al decir de uno de los empresarios de los consorcios rivales: “Nosotros ya sabíamos desde bastante antes el resultado del concurso”, admitió a condición de mantener el anonimato.

Esta adjudicación puede considerarse la guinda del postre entre las obras obtenidas en racha por Consular, S.A. En su propia página web, la firma creada en 1972 admite que su buena estrella comenzó en mayo de 2005, con la llegada de los inversionistas santacruceños, ya que, según su relato, “se fusionó con Topografía y Agrimensura SA, una empresa de 30 años de trayectoria en el área de servicios de la ingeniería y quienes han incorporado una nueva gestión de negocios, incorporando personal, renovando el equipamiento, y fundamentalmente reposicionando a Consular como consultora líder del mercado”.

El Plan de Terminación de la represa Yaciretá, sobre el río Paraguay; el mejoramiento de la ruta 40 en la provincia de Jujuy; trabajos en las rutas nacionales 12 (Entre Ríos) o la 205 (Buenos Aires); el camino de acceso al parque nacional Monte León; los puentes Reconquista-Goya y Encarnación-Posadas. Todas esas obras públicas fueron adjudicadas en su oportunidad a Consular S.A.

En su controvertida foja también aparece un conjunto de obras en Santa Cruz y Córdoba. Entre ellas, una que ahora es investigada por la justicia federal. Se trata de la construcción de La Barrancosa – Cóndor Cliff, dos represas sobre el Río Santa Cruz que tendrían un costo de 16.000 millones de pesos (alrededor de 3.600 millones de dólares al cambio actual) y que han sido cuestionadas por dirigentes opositores al kirchnerismo, pues sospechan que se pagarán elevados sobreprecios.

En febrero de 2010, además, diputados de la Coalición Cívica denunciaron que el empresario local de afiliación kirchnerista, Lázaro Báez, había comprado grandes extensiones de tierras aledañas a ese río sabiendo que allí se realizaría la construcción del complejo hidroeléctrico. La especulación de los denunciantes era que por esa obra, los terrenos iban a ser inundados, y su nuevo dueño debía recibir una millonaria indemnización del Estado. “Consideramos que Lázaro Báez ha adquirido los terrenos a sabiendas de ello y bajo las indicaciones de Néstor Kirchner", sostuvieron entonces los diputados Adrián Pérez y Juan Carlos Morán.

En esta historia también metió la cola la consultora designada ahora para operar en Venezuela. Y es que el 27 de noviembre de 2007, el exministro de Economía de Santa Cruz, Juan Bontempo, firmó el decreto 3110 donde aprobó la licitación para llevar adelante “levantamientos topográficos del área necesaria para el diseño de las obras correspondientes a la Central Hidroeléctrica de Cóndor Cliff”. Aquel contrato, que hubiera permitido saber al dedillo qué tierras debían luego ser inundadas, recayó en “la Empresa CONSULAR SA, representada por su apoderado señor Jorge Donnini”.

* Con reportes de Emilia Díaz-Struck y César Batiz (Caracas)

Un cable de septiembre de 2009 reseña una reunión entre García, sus colegas Juan José Molina y Ricardo Gutiérrez, del partido Podemos, y el diplomático estadounidense.

El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.

El 15 de enero de 2009, un mes antes del referéndum que decidiría una enmienda a la Constitución venezolana, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Caufield, escribió: "Aunque Chávez ha estado aceitando su maquinaria electoral desde hace más de un mes, la oposición finalmente parece que ha regresado de sus vacaciones y está empezando a fortalecer la campaña del 'No'. Queda por ver, sin embargo, si están a tiempo de encontrar una estrategia unitaria y de movilizar a los electores a los centros de votación el 15 de febrero".

El irónico comentario daba cuenta de la forma cómo operaban los adversarios de Chávez en vísperas de la consulta sobre la reelección continua. Sin articularse, sin un mensaje unitario y solo con un punto de coincidencia: que Chávez no pueda nuevamente presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de diciembre de 2012. "La oposición se rompió después de la larga campaña de las elecciones regionales de noviembre de 2008", explicó Alejandro Vivas, asistente del secretario general de Copei, al consejero político estadounidense.

Los estudiantes universitarios de oposición eran la cara más visible del rechazo a la enmienda y buscaban repetir la victoria de diciembre 2007, cuando salieron a la calle para encabezar un movimiento de masas que derrotó la propuesta del jefe de Estado venezolano de reformar la carta magna. "Cada partido está tratando de proteger los espacios conquistados en las elecciones regionales antes que unificarse detrás de la campaña del "No", explicó en la misión gringa el exembajador de Venezuela en la ONU, Diego Arria.

A la oposición, de acuerdo con los cables, parecía haberla tomado por sorpresa la propuesta de Chávez. El encuestador Alfredo Keller también fue irónico. Delante de la representación diplomática "se burló" de la falta de preparación de la oposición señalando que después de la Navidad de 2009 "pasó dos semanas tratando de encontrar a alguno de sus integrantes dispuestos a renunciar a sus vacaciones para discutir los resultados de una encuesta sin encontrar a nadie".

Era una situación crítica, porque el entusiasmo del chavismo contrastaba con la opaca campaña de sus adversarios. A principios de enero de 2009, el hoy diputado Enrique Mendoza, que se encargaba entonces de movilizar a la maquinaria opositora, confesó tanto al consejero político como al encargado de negocios que su mensaje "no conectaba con las clases bajas" y que la base del antichavismo "es más propensa al cansancio que los chavistas".

Derrota y desbandada

La derrota de la oposición por casi nueve puntos, 54,85% a 45,14%, hizo más visibles las fracturas entre los partidos y entre las diferentes generaciones de políticos opositores. Jaqueline Núñez, una joven activista del partido socialdemócrata Un Nuevo Tiempo, afirmó a la embajada que ella esperaba que el resultado adverso presionara a la oposición para renovarse.

Algunos cables, escritos entre enero de 2009 y febrero de 2010, exploraron estas contradicciones, y dieron cuenta de los diversos intereses y agendas de cada una de esas individualidades. Surgieron así conflictos internos en Un Nuevo Tiempo entre el liderazgo histórico de Manuel Rosales y el emergente de Leopoldo López, que terminó con la salida de López de la tolda para fundar una nueva organización; diferencias entre el entonces presidente de Acción Democrática, Víctor Bolívar, y el secretario general Henry Ramos Allup, quien se negaba, según Bolívar, a sacrificarse para promover nuevos liderazgos; o las quejas del entonces diputado de Podemos, Juan José Molina, por el tiempo que pasaba el líder de la tolda Ismael García hablando a través del canal Globovisión. La visión de Caufield era contundente: "La oposición continúa reaccionando a la agenda impuesta por Chávez en vez de crear y comunicar la suya".

La embajada mantenía esas percepciones con discreción absoluta, y propuso al Departamento de Estado que Washington se esforzara en subvencionar a aquellas organizaciones apolíticas que trabajaran "por unos comicios libres y limpios". Mientras tanto seguían llevándole el pulso a la situación interna de los adversarios de Chávez en su afán de alcanzar el santo grial de la unidad. Por varios meses reseñaron los desencuentros entre los diversos factores, e incluso la resignación con la que cierta parte de la población opuesta al gobierno mostraba por la ausencia de una esperanza de cambio. "Muchos venezolanos se la están arreglando para acomodarse a la Revolución Bolivariana", escribió Caufield transcurridos cuatro meses de la victoria del chavismo.

El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.