Corría el año 2012 y Venezuela se preparaba para unas elecciones presidenciales en octubre, con el presidente y candidato Hugo Chávez aquejado por un cáncer terminal tan potente como sus aspiraciones de vencer y ocupar la silla del Palacio de Miraflores para el período 2013-2019.

El Ejecutivo pisaba entonces el acelerador sobre proyectos pendientes que le permitieran mostrar los resultados de una gestión exitosa y eficiente. Y convocó especialmente su atención el letargo en que había caído una de sus promesas insignia, el ferrocarril que conectaría a la capital, Caracas, con las ciudades satélites de Guarenas y Guatire, una gran obra que beneficiaría a sectores de clase media caraqueña como La Urbina y El Marqués. Pero para efectos electorales se propuso rescatar un tramo más pequeño y espectacular: la construcción del subsistema Cabletren Bolivariano para la zona de Petare. La improvisación quedó a medio camino y le costó al país 450 millones de dólares.

El proyecto formaba parte del contrato MC-3753, suscrito para la construcción del Metro Guarenas - Guatire. No fue contemplado en la propuesta original presentada por la empresa brasileña de  Norberto Odebrecht a la Compañía Metro de Caracas cuando el 21 de diciembre de 2006 acordaron la construcción de un sistema urbano para el este de la capital de aproximadamente siete kilómetros entre Parque del Este y La Urbina y que sería como el sistema tradicional subterráneo del Metro de Caracas, más otro tramo suburbano de aproximadamente 35 kilómetros que sería construido como un sistema ferrocarril para la conexión con las ciudades satélite.

El Cabletren Bolivariano fue incorporado al contrato dos años después, el 5 de agosto de 2008. Fue propuesto por la empresa austríaca Doppelmayr Cable Car a la empresa Metro de Caracas y su ejecución fue aprobada ese mismo año. El consorcio Doppelmayr Seilbahnen GMBH ampliaba así su agenda de trabajo en Venezuela donde ejecutaba, también junto a la brasileña Odebrecht, la obra del Metrocable de San Agustín y se perfilaba a dar inicio a la construcción de otro Metrocable en la localidad de Mariches.

Días previos a la modificación del contrato, el entonces presidente del Metro de Caracas, Gustavo Enrique González López, justificó la incorporación del Cabletren asegurando que la realización no implicaría un desembolso adicional, porque sería una modificación del proyecto del Metro Caracas-Guarenas.

Sin embargo, al Cabletren Bolivariano le fue asignado un presupuesto inicial de 230 millones de dólares en el año 2010. Tres modificaciones posteriores doblaron el estimado para terminar costando 450 millones de dólares. El sistema, que cubre un kilómetro de distancia, consumió 1.700% más dinero que el invertido por la ciudad de Venecia, Italia, para la construcción de los 857 metros de longitud del “People Mover”, un sistema similar al Cabletren venezolano, construído por Doppelmayr e inaugurado el 19 de abril de 2010. La incorporación de esta obra terminó generando un incremento en el costo total del contrato MC-3753, que para el año de inauguración del Cabletren ya registraba un aumento del 274%.

Con la incorporación del Cabletren, el contrato MC-3753 se abultó a la construcción de tres sistemas, uno urbano compuesto por cinco estaciones de Metro -Horizonte, Urbina Norte, Urbina Sur, Boleita y Montecristo- , uno suburbano que conectaría Guarenas Guatire con un ferrocarril y el Cabletren Bolivariano; sin embargo con el paso del tiempo el Metro y Odebrecht decidieron excluir el sistema urbano del proyecto e incorporarlo al contrato de la Línea 5 del Metro de Caracas, también a cargo de la brasilera.

Odebrecht quedó encargada de las obras civiles para un sistema de transporte no convencional que viaja sobre monorriel a cable de 2,4 kilómetros de longitud y cinco estaciones, además del tramo del ferrocarril. La austríaca estaría a cargo del suministro e instalación del sistema.

El proyecto fue separado para ejecutarse en dos fases. La primera contempló la construcción de tres estaciones: Petare II, 19 de Abril y 5 de Julio, inauguradas en el 2013. La segunda fase, prometía las estaciones 24 de Julio y Waraira Repano, esta última, unidad de transferencia para el ferrocarril Guarenas y Guatire.

Así Petare, la barriada más grande de Latinoamérica, podría entonces enorgullecerse de contar con un sistema de transporte similar al que ostentan destinos turísticos como Las Vegas, El Cairo y Venecia. Se trata de sistemas que sirven en áreas pequeñas y de uso esporádico como aeropuertos o parques de atracción de forma automática, al estilo de un ascensor horizontal.

De todo el sistema planificado, seis años después el único tramo en funcionamiento es de apenas 1,2 kilómetros que se recorren en dos minutos pertenecientes al Cabletren Bolivariano. Dos trenes de cuatro vagones que movilizan a 16 personas sentadas circula entre tres estaciones, las únicas en funcionamiento. La promesa de culminación de las otras dos estaciones y el sistema Guarenas - Guatire, quedaron en el papel.

De presupuestos gordos y algo más

El 29 de septiembre del 2012 Hugo Chávez, visiblemente afectado por su enfermedad, asistió a la primera prueba del sistema Cabletren Bolivariano en Petare como parte del calendario de actividades que le imponía la campaña electoral para su reelección por tercera vez como Presidente de la República. El evento, transmitido en vivo por la señal de la estación estatal Venezolana de Televisión (VTV), sirvió para que el candidato-presidente diera también inicio a la fase de prueba de la Línea 2 del Metro de Los Teques y el segundo Metrocable de Caracas en Mariches.

Para esa elección, 440.408 personas estaban inscritas en el Registro Electoral del municipio Sucre -donde su ubica Petare- y el oficialismo necesitaba recuperarse luego de la derrota del candidato Jesse Chacón en las elecciones municipales del 2008. “Obras para Petare”, prometía el candidato mientras esperaba que se resolviera un problema técnico que impedía la puesta en funcionamiento del tren bautizado como El Petareño. Había que rescatar no sólo un antiguo bastión del chavismo, sino uno de los centros que más concentra el voto popular en Venezuela.

A pesar de los esfuerzos, el primer recorrido del Cabletren fue aparatoso. Al iniciar operaciones el sistema eléctrico colapsó y dejó sin electricidad al sector conocido como "Fechas Patrias", en esa zona. Un plano abierto de la obra, que tomaban las cámaras de VTV, mostraba la enorme barriada en penumbras.

Chávez prometió finalizar e inaugurar el Cabletren el 10 de diciembre de 2012. 

Pero se tomaría un poco más de tiempo y no sería Chávez el encargado de inaugurarlo. Su muerte, anunciada el 5 de marzo de 2013, propició un nuevo proceso electoral que resultó en la elección de Nicolás Maduro. Sería este, investido como nuevo Presidente de la República quien inauguró oficialmente el Sistema Cabletren Bolivariano el 14 de agosto del 2013 durante un acto oficial en el que estuvo acompañado, entre otras personalidades, por el entonces Ministro de Transporte Haiman El Troudi, dos representantes de la empresa Odebrecht y Martin Shoffel, presidente de Doppelmayr en Venezuela.

Tras recorrer las instalaciones de la estación Petare II -un edificio anexo a la estación Petare de la Línea 1 del Metro de Caracas y que funciona como estación terminal del Cabletren-, El Troudi anunció públicamente que la inversión total de la obra ascendía a los 440 millones de dólares, a lo que Maduro añadió que los fondos provenían “de la recuperación de la industria petrolera”. Pero las Memorias y Cuentas de la cartera ministerial representada por El Troudi entre el 2011 y el 2015 revelan que el origen de los fondos provino de múltiples fuentes: Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN, S. A), Fondo Conjunto Chino-Venezolano, transferencias y donaciones de la república, Fondo Siembra, Fondo Ref. Alemania, recursos propios y otros.

Aún cuando Gustavo Enrique González López, entonces presidente del Metro había asegurado que el presupuesto del proyecto ferrocarril Guarenas-Guatire no sería modificado, el Cabletren se hizo espacio entre los presupuestos de este modo: El 1 de noviembre de 2011, mediante decisión de la Junta Directiva de la C.A. Metro de Caracas N° 1.339, se aprobó la suscripción de un documento complementario del contrato MC-3753 con la empresa Odebrecht S.A, con el objeto de incrementar el presupuesto para la ejecución de la primera fase del Sistema Cabletren Bolivariano, añadiendo un monto de 131.593.228 de dólares. Meses después, apremiados por dar inicio al periodo de pruebas el 24 de agosto de 2012, se aprobó un Programa Acelerado de las obras civiles del Cabletren que sumó otros 72.984.292 de dólares.

El 26 de diciembre de 2013 se registró otro incremento del presupuesto con la inclusión de una partida denominada Plan Estratégico Operacional de la C.A Metro de Caracas para el Sistema Integral Cabletren Bolivariano y la contratación de la empresa Doppelmayr Cable Car GMBH, por 4.680.576 de dólares y 1.842.271 de euros. Como dato curioso, la partida para Doppelmayr quedó acordada en el contrato un mes después de inaugurado el sistema.

El día de la inauguración del Cabletren, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, integraba la comitiva oficial que acompañaba a Nicolás Maduro. Cuatro años después, en octubre de 2017, Ortega divulgaría un video en el que Euzenando Prazeres de Azevedo, exdirector de Odebrecht en Venezuela, declaraba a la Procuraduría General de Brasil que Maduro recibió 35 millones de dólares para financiar su campaña presidencial en 2013.

Unos meses antes, en mayo de 2017, en el marco de las investigaciones del escándalo Lava Jato se había difundido la delación de la publicista brasileña Mónica Moura, quien aseguró ante el Supremo Tribunal Federal que ella y su esposo João Santana acordaron con Nicolás Maduro, cuando era canciller de Venezuela, el pago de 35 millones de dólares por sus servicios de marketing durante la campaña de reelección de Hugo Chávez en 2012.

Vagones en la nada

En octubre de 2011 el Metro de Caracas citó a los habitantes de las zonas que serían beneficiadas por el Cabletren. El proyecto había sido firmado, el presupuesto aprobado y los anticipos entregados. Ahora solo quedaba acordar con la comunidad el pago de indemnizaciones y la firma de acuerdos que ofrecían la dignificación de un sector marcado por el caos y el hacinamiento.

La ejecución de la obra requirió de 632 indemnizaciones sobre 110 casas y 232 comercios. En el contrato original la empresa Norberto Odebrecht -responsable de la ejecución de otras grandes obras como la línea 2 del Metro de Los Teques-, pidió al Metro de Caracas modificar el presupuesto para incorporar la partida “Plan de Justicia Social” y agilizar las expropiaciones. Aún cuando en marzo del 2009, el Ejecutivo a través de punto de cuenta N° 0101-2009 autorizó recursos por el orden de 100 millones de dólares para tal fin, Odebrecht lo consideró insuficiente y alegó retrasos en la obra para justificar la solicitud de otros 15.901.395,34 de dólares a través del Documento Complementaria S.05 firmado el 7 de diciembre del 2009.

Odebrecht sustituyó jurídicamente al Metro de Caracas en todo lo referente al pago de los inmuebles afectados por la totalidad de la obra. Se conformó un “Equipo de Apoyo Comunitario del Proyecto Cabletren Bolivariano” con participación de voceros comunales de los sectores La Alcabala, San José, El Torres, 24 de Julio, 5 de Julio, 12 de Octubre, Barrio Sucre, comerciantes de los Mercados “La Cuchilla” y “El Esfuerzo”, y cooperativas de mototaxistas de los sectores 24 de julio, 5 de julio y Barrio Sucre. 

Durante los encuentros entregaron folletos que anunciaban las soluciones de vialidad y transporte que traería la obra a la comunidad, así como las próximas intervenciones para contribuir al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los habitantes del sector Fechas Patrias. Petare cambiaría con el Cabletren, al menos esa fue la promesa.

La oferta incluía la implementación del proyecto para la adecuación y renovación de la red principal del sistema integral de aductores para agua potable y colectores para aguas servidas y de lluvia, a ejecutarse a lo largo de los 2,5 kilómetros y la reubicación de una escuela y espacios deportivos. También la construcción de un mini centro comercial con feria de comida, una sede del Banco Bicentenario, un establecimiento de la red estatal Farmapatria, una sede de la Oficina Nacional Antidrogas y una unidad de producción textil. Un total de 168 fondos de comercio serían reubicados en condiciones “dignas” a la nueva sede del mercado “La Cuchilla” y el terminal “El Esfuerzo”. Pero prácticamente nada llegó a concretarse.

Leandro Rangel, propietario que aún atiende una peluquería en el mini centro comercial, detalló que la desidia llegó tan pronto como la propuesta. “Un día vino Haiman El Troudi (entonces presidente del Metro) y nos presentó un acta de entrega, nos dijeron que ya podíamos ocupar pero para entonces el sistema eléctrico no estaba listo, aún hoy no ha sido concluido, tenemos electricidad por una toma ilegal”.

Alfredo Gómez, otro vendedor que mantiene su negocio de venta de quesos y algunos víveres desde hace 20 años cuenta que vieron desvanecerse la propuesta de contar con un lugar que ofreciera servicios de calidad y diera vida a un espacio diferente para desconcentrar las calles del populoso sector.

La nueva disposición de los locales y las deficiencias de servicios del mini centro comercial propició el abandono del recinto. El espacio, que al principio solo contaba con conexiones de agua directa, ya no tiene suministro porque las bombas se dañaron. No hay seguridad ni sistema de mantenimiento. A la fecha, el espacio no cuenta siquiera con una figura legal que permita a los ocupantes gestionar las solicitudes de servicios a empresas nacionales de servicios públicos como Corpoelec (electricidad) e Hidrocapital (agua).

Aida Castro figura como representante de la “Unión Sindical de Vendedores Independientes de Productos y Mercancía Seca del Estado Miranda” (URVIP-MIER-SEC) en los Convenios firmados con el Metro de Caracas, sobre la reubicación de los 168 trabajadores del Mercado La Cuchilla. Da fe del compromiso asumido por la empresa y el cumplimiento de indemnizaciones por concepto de cese temporal de actividades a todos aquellos propietarios, poseedores e inquilinos de los fondos de comercio.

La compañía se comprometió a hacer un pago único y por adelantado por el cese de actividades comerciales por un período de seis meses, hasta la fecha que la empresa realizara la entrega definitiva de las nuevas instalaciones. El retraso en el avance de la construcción justificado como “causas de fuerza mayor”, ocasionó el pago de una segunda indemnización por otros cuatro meses.

El mini centro comercial hoy apenas cuenta con una ocupación de 35 por ciento de sus propietarios. Los locales permanecen cerrados, especialmente los ubicados en el segundo piso. Sus antiguos habitantes migraron sus tarantines y sombrillas a un callejón que Odebrecht cercó para instalar uno de sus campamentos.

Castro reflexiona sobre los acontecimientos y asegura que la responsabilidad en algún sentido la tiene el Metro de Caracas, ya que no tomó las riendas de la construcción y se fueron olvidando los acuerdos, “la realidad es que la mayoría de los locales están solos y abandonados, nadie quiere entrar al centro comercial porque el abandono trajo consigo el aumento de la criminalidad”.

Por su parte, Jazmín Jiménez miembro del consejo comunal “Vamos con Todo”, y quien participó en las reuniones convocadas entre comerciantes, habitantes del sector y representantes de las empresas Metro de Caracas y Odebrecht, reconoce que muchos de los espacios prometidos quedaron inconclusos y mal diseñados.

Calixta Isturiz, vecina del sector 5 de Julio, aseguró que “para todo eso hubo mucho dinero, aquí todos los que participaron, bien a través de indemnizaciones o como empresas de producción social, recibieron mucho más dinero de lo que realmente costaban sus propiedades, la compañía quería terminar y muchas discusiones se zanjaron con pagos”.

De aquel empujón financiero que implicó un incremento del presupuesto inicial del proyecto Guarenas - Guatire solo funciona un sistema de transporte de un kilómetro, no se hicieron las estaciones de metro, el ferrocarril no fue concluido. El resto del trayecto hacia los demás sectores se debe hacer caminando porque las líneas de transporte público fueron suprimidas pues ya no serían necesarias con la puesta en funcionamiento del Cabletren.

La transformación prometida para las zonas cercanas al proyecto solo dejó un panorama ruinoso y convulso. Las instalaciones de las estaciones están deterioradas, la losa de los pisos desprendida, las escaleras automáticas paralizadas. El mini centro comercial que reemplazó al mercado “La Cuchilla” fue abandonado, las calles se llenaron de puestos improvisados, mientras el parque infantil y las instalaciones recreativas ubicadas en el exterior están desmanteladas.

En el campamento 24 de Julio, espacio ofrecido para reubicar el terminal de autobuses, rieles y material de construcción fueron abandonados a merced de los elementos. En las alturas, la estación 5 de Julio, una estructura de rieles desnudos que quedó a la mitad, sirve de refugio para una familia de cinco miembros y parte del campamento ahora fue ocupado por consejos comunales para actividades político - organizativas. Un techo improvisado que, paradójicamente, es uno de los más caros de Caracas.

El 6 de marzo de 2018 llegó al puerto de La Guaira, cercano a Caracas, el buque Maersk Wismar. Cargaba 766 toneladas de alimentos en 30 contenedores despachados por Lido Internacional desde el puerto de Manzanillo, en Panamá, de acuerdo a documentos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Entre los productos había mayonesa, arroz y harina de maíz, tres de los once rubros normalmente incluidos en los combos CLAP que reparte el Gobierno en zonas populares. El 23 de abril, un mes antes de que Gassan Salama apareciera en Caracas con su chaleco de observador internacional, su compañía envió otras 620 toneladas de alimentos en el buque San Alessio, según la autoridad aduanera.

El consignatario de ambos cargamentos fue la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación, aunque fueron contratados por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), holding encargado de centralizar las importaciones públicas. Aunque para esta entrega no se pudo consultar el contrato correspondiente, Lido Internacional sí aparece en un listado de contratistas de Corpovex al que tuvo acceso Armando.info y en el que destacan varios de los proveedores de alimentos para el programa que Nicolás Maduro oficializó en marzo de 2016 como respuesta a lo que denomina “guerra económica” por parte del empresariado nacional y factores internacionales.

La compañía de Gassan Salama también ha relucido en la información intercambiada en las reuniones que desde el año pasado realizan funcionarios de unidades de inteligencia financiera de varios países de la región para investigar posibles prácticas corruptas en los negocios del Gobierno venezolano. De acuerdo a esos datos, entre enero y agosto del año pasado las exportaciones de Lido Internacional a Venezuela sumaban casi 3.500 toneladas.

Sólo el 17 de noviembre de 2017 la compañía de Gassan Salama recibió pagos del Gobierno por casi dos millones de euros relacionados a la “adquisición de combos de alimentos”. En enero de 2018 hubo otro giro por 1,8 millones de euros, de acuerdo a fuentes en Corpovex. El del suministro para los Clap no era el primer negocio de Lido Internacional con Maduro. En octubre de 2018 las autoridades pagaron a la empresa panameña otros 9,7 millones de euros como pago del contrato 0135 suscrito con Corpovex inicialmente en 2016 para la venta de azúcar cruda. “La verdad no tengo información al respecto, tendría que conversar directamente con el dueño, pero no se encuentra en el país”, responden en las oficinas de Lido Internacional en Panamá al ser consultados sobre el tema.

Observador con una sola mirada

En las redes sociales de este empresario de origen árabe, nacido en Colombia y naturalizado panameño en 2001, no hay pistas de sus negocios con el chavismo. Abundan, en cambio, mensajes de apoyo a Hugo Chávez, Adán Chávez -hermano del mandatario fallecido-. Nicolás Maduro o Fidel Castro, así como fotos en lugares emblemáticos para la revolución cubana y la bolivariana, de las que se declara ferviente defensor. También está la prueba de su participación como observador internacional en el proceso electoral del 20 de mayo.

“Ser invitado como observador internacional a Venezuela es un placer. Pero más placer es ser invitado como palestino ante tan importante acto democrático”, escribió en Twitter ese día. El mensaje está acompañado de una foto en la que se le ve con un polo rojo y el chaleco marrón del CNE junto al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Publicó además un video tomado desde la tarima en el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo en Caracas- en la que Nicolás Maduro celebró su cuestionada victoria.

“Felicidades al pueblo venezolano por sus elecciones. Ojalá los países de la región entiendan que en diez meses se han hecho en Venezuela cuatro elecciones. El pueblo es soberano y decidió”, elogió al colgar en la red el video. No queda claro si fue tomado por Gassan Salama a apenas unos metros del propio Maduro y confundido entre ministros y jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Pero de su cercanía con figuras del chavismo hay más pruebas. En diciembre de 2016 fue homenajeado por el entonces gobernador del Táchira -Andes suroccidentales venezolanos-, José Gregorio Vielma Mora, también oficial retirado del Ejército y ex jefe del organismo tributario bajo la presidencia de Hugo Chávez. En la misma jornada en la que le concedió la “orden superior y de la excelencia del estado Táchira” a su esposa y reconoció a los integrantes de la Coral de la entidad en su cuadragésimo aniversario, Vielma Mora otorgó a Gassan Salama la Orden Mérito al Trabajo.

“En reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, destacándose en sus actividades profesionales, laborales, gremiales, empresariales, académicas, culturales y sociales enfocadas al servicio y en beneficio de la administración pública y privada, del municipio, y también del estado Táchira y de la República Bolivariana de Venezuela”, refiere la distinción. En los registros venezolanos apenas hay evidencia de su actividad empresarial. Se trata de una compañía homónima a la que usa para vender los alimentos para los Clap registrada en Caracas en 2005. Apenas tiene dos empleados y no hay constancia de que haya firmado convenios con el Estado, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), o tramitado divisas preferenciales en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). La oficina está ubicada en un pequeño edificio en Las Mercedes, zona comercial al este de la capital venezolana, en la que nadie responde el timbre.

Sin embargo, el reconocimiento de Vielma Mora, quien en su juventud participó en la intentona golpista de 1992 comandada por Hugo Chávez y quien hasta hace meses fue ministro de Nicolás Maduro, no parece casual. Vielma Mora fue una pieza clave en el nacimiento de los Clap como programa masivo. Fue a finales de 2016 que Cobiserta, empresa adscrita a la gobernación de Táchira, firmó un primer contrato con Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong y manejada por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, para la compra de diez millones de combos Clap. A la postre, el dúo de empresarios colombianos, hoy investigados en países como Colombia y México, se convirtió en el principal importador para el programa estatal logrando al menos dos contratos por casi 800 millones de dólares.  

Fueron los inicios de un programa que, concebido para producir alimentos en la base a modo de pequeñas células partidistas, derivó en importaciones masivas a través de intermediarios seleccionados a dedo por el Gobierno. Hasta 2017 estos compraban los combos de alimentos fundamentalmente en México para luego revendérselos a Venezuela a precios que oscilan entre 34 y 39 dólares por cada despensa Clap. Pero desde el año pasado empresas de Turquía empezaron a ganar terreno a través de estos intermediarios, al tiempo que las autoridades de Caracas estrechaban su relación política y comercial con el régimen de Recep Tayyip Erdogan, que se ha convertido en uno de sus principales aliados globales. La propia Lido Internacional ha comprado los alimentos a fabricantes mexicanos y turcos, según panjiva.com, base de datos especializada en comercio internacional.

Las pocas cifras oficiales indican que el de los Clap es un negocio que no ha parado de crecer. En 2018 el Gobierno distribuyó 114 millones de cajas Clap, que se suman a las 91 millones repartidas en 2017 y que equivaldrían a un gasto que oscila entre los 6.000 millones a 8.000 millones de dólares en solo dos años. “114 millones de combos Clap se distribuyeron a nivel nacional, el mercado a la casa, ¡Llegó el Clap! debería ser la consigna. ¡La revolución lleva el mercado a la casa!”, manifestó recientemente Maduro.

Ahora se sabe que a Lido internacional, la compañía de Gassan Salama, le tocó una porción de ese jugoso pastel. Su empresa, al igual que FB Foods LLC y Wellsford Trading Corp, otras dos compañías panameñas proveedoras de los Clap, escapó al veto comercial que impuso en abril del año pasado el Gobierno venezolano contra casi un centenar de personas jurídicas del istmo, luego de que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, sancionara a 55 funcionarios venezolanos. “Recordando momentos en que Panamá en el año 2016 estimulaba la venta de alimentos a la hermana República de Venezuela. Ahora de manera extraña hasta se quiere desprestigiar el suministro de alimentos que empresas panameñas están desarrollando”, tuiteó Salama a modo de crítica el 14 de julio de 2018 con una foto en la que el ex ministro Miguel Pérez Aabd y el ex presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda, pactaron la compra de alimentos para los Clap con autoridades panameñas.

El cazatesoros

Si en Venezuela Gassan Salama es prácticamente un desconocido para la opinión pública, no ocurre lo mismo en Panamá. Durante años se ha movido entre la política y el mundo de los negocios. Tras ser presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Colón -el puerto caribeño de Panamá que aloja una próspera zona franca- entre el año 2000 y 2002, se convirtió en gobernador de esa provincia en 2003. “Como ex Gobernador de la provincia de Colón, Panamá, y como hijo de la Revolución palestina le reitero nuestro más profundo afecto a usted Comandante Fidel y al pueblo cubano”, escribió en 2004 Salama en el Granma, diario oficial cubano.

Además de Lido Internacional, Gassan Salama está relacionado a otras ocho empresas, casi todas registradas en Colón. La “causa palestina” es otra de sus banderas y aúpa varias organizaciones que promueven los lazos de Palestina con América Latina. Además de Venezuela, ha llevado sus negocios a Cuba y Bolivia. “Sus vínculos con estos países son tan políticos como comerciales”, explican fuentes panameñas.

Su rol como emprendedor no escapa a controversias. Gassan Salama está relacionado a la empresa Investigaciones Marinas del Istmo (IMDI), creada hace 19 años en la provincia de Colón y señalada de expoliar el pecio del galeón San José, una embarcación española hundida en 1631 en el Golfo de Panamá. Entre 2013 y 2014 la compañía rescató un botín de monedas de plata que a la postre fueron decomisadas por el Servicio Nacional de Aduanas. El 5 de julio de 2012, el diario La Prensa se refirió a las labores de IMDI como la de unos “cazatesoros sin fiscalización” y advertía que “IMDI pudo haber sacado oro, plata u objetos de embarcaciones que allí naufragaron (aguas próximas a Contadora), sin haberlo declarado y sin que el Instituto Nacional de Cultura (Inac) pudiera determinar su conservación en museos, en caso de tener valor histórico”. En esa nota se aseguraba que Gassan Salama como vicepresidente de IMDI manifestó que “hasta la fecha no han hecho ningún tipo de rescate que reportar”.

Años después, un informe de la Unesco del 7 de diciembre de 2015 señaló la responsabilidad de la empresa IMDI en el caso del San José. De acuerdo a la reseña que realizó el diario La Prensa sobre ese reporte, las actuaciones de la empresa fueron una “simple operación de extracción de objetos enmascarada en un proyecto supuestamente arqueológico” y que “las actividades realizadas por IMDI podrían haber afectado a más de un pecio hundido en la zona del archipiélago de las Perlas”.

En la sala tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia panameña reposan dos expedientes relacionados con las labores de IMDI. Hasta ahora eso no parece haber sido freno para que Gassan Salama continué con sus negocios dentro y fuera de Panamá. El 21 de junio de 2018, justo un mes después de que participara como observador internacional en las elecciones venezolanas, el empresario panameño se reunió con el Ministro para Políticas de Integración Regional de República Dominicana como uno de los representantes de la constructora China State Construction Engineering Corporation Ltd (Cscec) para evaluar posibles inversiones en el país caribeño. “El grupo estuvo compuesto por Zhihe Zhang, Sui Man, Kevin Zhao, Zaid Yaafar y Gassan Salama”, reseñó el boletín de presidencia de la República Dominicana.

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Esa búsqueda de nuevos negocios no le impide seguir con atención la crisis político-institucional que se vive en Venezuela. El 25 de enero, dos días después de que la oposición venezolana proclamara presidente interino de la República a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, Gassan Salama expresó su crítica en Twitter. “Las democracias es para los que la entiendan, no para los que pierden en elecciones y siguen cocinando golpes de Estado. Viva la democracia y viva Venezuela. Sólo el pueblo venezolano resolverá a lo interno sus diferencias”.

En su ampliación de indagatoria completa como arrepentido ante la justicia argentina, Uberti reveló detalles increíbles de cómo Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, aceptó el pedido de su colega argentino, Néstor Kirchner, de mandarle "11 de los 25 millones de dólares" en un vuelo privado y que la operación fue realizada por "bancos amigos", que no identificó. El acuerdo eran 25 millones de dólares para Kirchner y 25 millones de dólares para Chávez, mientras que los bancos intermediarios se llevaron otros 50 millones.

McLaughlin había asesorado a Kirchner sobre cómo invertir en el exterior los 630 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz -provincia patagónica de la que Kirchner fue Gobernador antes de conquistar la presidencia argentina- y luego fue nombrado secretario de Finanzas de la Nación.

En 2003, Kirchner tenía una cuenta con 1,7 millones de dólares en el Deutsche Bank de Nueva York.

Por su parte, Ramírez Carreño fue embajador de Venezuela ante la ONU y Merentes, presidente del Banco Central hasta diciembre del año pasado cuando el presidente Nicolás Maduro hizo cambios en su Gabinete.

En su declaración, a la que accedió Clarín de fuentes judiciales, Uberti recordó que en agosto de 2005 escuchó a Kirchner que le dijo al entonces ministro de Economía Roberto Lavagna: “Explicale a Chávez cómo es el tema de la ayuda financiera que necesitamos”.

Entonces, Lavagna le respondió: “Necesitamos que compre unos 500 millones de dólares de bonos argentinos”.

Uberti, que era además titular del Occovi (el organismo de control de los peajes en Argentina), se había ganado la simpatía de Chávez el año anterior cuando le había pedido que le autografiara una versión de bolsillo de la Constitución bolivariana.

Luego, en diciembre de ese año, viajó a Caracas con el subsecretario (viceministro) de Combustibles, Cristian Folgar. Sorpresivamente, Chávez los invitó al palacio de Miraflores. sede del gobierno venezolano, y durante una charla de tres horas les preguntó si aún Argentina necesitaba los 500 millones. Uberti, entonces, le pidió permiso a Chávez para salir y llamar a Kirchner. Finalmente lo ubicó, a través del secretario privado Daniel Muñoz y, al trasladarle la pregunta, el presidente le contestó: “Pedazo de pelotudo, decile a ese que los mande inmediatamente”. Volvió a la reunión y le comunicó a Chávez el mensaje sobre los denominados bonos Boden 2012. Cuando regresó a Buenos Aires, la operación ya se había realizado.

En julio de 2006, Uberti estaba en una reunión con el entonces gobernador de Córdoba -provincia del oeste de Argentina-, Juan Manuel de la Sota, y su equipo, en la capital cordobesa, cuando recibió una llamada urgente de Ana Carelli, secretaria privada del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, quien le ordenó “volver urgente a Buenos Aires porque estaba el ministro de Economía de Venezuela, Nelson Merentes”. Pidió disculpas y regresó ese mismo día a Buenos Aires.

Apenas arribó, secundó a Merentes y lo acompañó en un auto oficial hacia el aeropuerto de Ezeiza -el mayor de los que sirven a Buenos Aires-, donde le dio explicaciones técnicas -que no entendió- sobre “lo bien que les estaba yendo con los bonos argentinos”. Sacó una tira de impresión de una cuenta bancaria y le señaló que “acá están las ganancias, pregúntale a tus superiores cómo les hacemos llegar su parte”.

Uberti recordó que Merentes le mostró “muchísimas cuentas y por montos elevados” y le explicó cómo era la maniobra. “Ellos buscaban bancos de inversión 'amigos' y le entregaban los bonos argentinos; con esos bonos los bancos iban al mercado financiero venezolano y conseguían, gracias a las gestiones del gobierno chavista, dijo, dólares al cambio oficial. Luego esos dólares los vendían en el mercado informal. La diferencia, según me explicó, se la quedaban mitad los bancos y mitad los gobiernos”.

Entonces, Merentes le indicó que “le avisara a mis superiores que tenían la plata que les correspondía a ellos, que me dijo que eran algo así como 25 millones de dólares y que necesitaba instrucciones de qué hacer con ella”.

Inmediatamente, se comunicó con De Vido para transmitirle el mensaje de Merentes y este le contestó: ”Hablá con el malo”, en alusión al presidente Kirchner. Al día siguiente, Uberti le trasladó la pregunta de Merentes al propio Kirchner, quien lo instruyó así: “Te vas con Alfredo urgente a Venezuela y que Merentes le explique bien a él cómo es la operación”.

A los dos días, viajó con el secretario de Finanzas y ex banquero, McLaughlin, a Caracas “en un avión chico contratado por el gobierno”. En la capital venezolana los recibió Merentes. “Yo era la cara 'conocida' pero no tenía ningún tipo de injerencia en la conversación (y la verdad, no entendía mucho). Merentes le explicó a McLaughlin qué hacían con los Boden 2012”.

“No tengo conocimiento si el presidente Kirchner y McLaughlin se reunieron, pero lo que puedo afirmar es que a los dos o tres días de regresar de aquella visita me llamó Néstor Kirchner y me dijo: 'Decile a tus amigos venezolanos que quiero la mitad de lo recaudado en billetes físicos en Buenos Aires'”, agregó Uberti en su ampliación de indagatoria.

A fines de julio del 2006, Chávez arribó al Aeroparque Metropolitano -otro aeropuerto que sirve a la ciudad de Buenos Aires- y Uberti le transmitió cara a cara el pedido de Kirchner. Con naturalidad, el presidente venezolano, entre una multitud de funcionarios, llamó a Merentes y le dijo que se reuniera con Uberti para arreglar “el asunto”. Se encontraron en el Sheraton y le solicitó enviar los “billetes a Buenos Aires”. Sorprendido, Merentes contestó que le parecía “imposible” y que él no sabía cómo instrumentar una operación de ese tipo.

Al transmitirle a Kirchner esa respuesta, recibió como contestación un insulto: “Pedazo de pelotudo, yo me encargo”.

Días después, Kirchner le ordenó que volviera a Caracas, donde se reunió con el ministro de Energía y titular de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, quien le dijo que tenía instrucciones de instrumentar el “envío de 25 millones de dólares al sur”, a través de la petrolera estatal. Ramírez Carreño precisó que la gestión la iba a realizar Diego Uzcátegui -presidente de la sucursal argentina de Pdvsa- y que por teléfono iban a hablar de la coima como "la refinería”. Días después el titular de Pdvsa lo llamó para avisarle que iba un avión de su empresa con “once técnicos de la refinería” en alusión a la coima.

Junto con el secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, fue al sector militar del Aeroparque Metropolitano a recibir a los funcionarios venezolanos que venían en el avión. Olazagasti “se encargó de los trámites y el control”. En el hall, Uzcátegui “separa tres o cuatro valijas” del resto y le dijo a Uberti: “Estas son tuyas”. Desde el aeroparque se trasladó hasta el departamento de los Kirchner entre las calles Juncal y Uruguay donde le entregó las valijas con el dinero al secretario privado, Daniel Muñoz.

En abril de 2007, durante la Cumbre Energética de presidentes sudamericanos realizada en la isla de Margarita -destino turístico en el Caribe venezolano-, Kirchner llamó a Uberti a su habitación y le ordenó que les exigiera a los venezolanos que “carguen en el avión presidencial el resto del dinero por la operación”.

Le trasladó el pedido a Ramírez Carreño y éste le contestó que “era imposible, puesto que había en la isla más de quince presidentes con sus delegaciones y su correspondiente personal de seguridad”.

Ante esta situación, Kirchner le ordenó que transmitiera a los venezolanos un mensaje sin vueltas: “Si no me cargan la guita en el avión, mañana no voy a la ceremonia de cierre de la cumbre”. Sin embargo, Ramírez Carrero insistió en que era “imposible”.

En el vuelo de regreso a Buenos Aires, el secretario Muñoz advirtió a Uberti que no se durmiera, pues Kirchner iba a llamarlo en cualquier momento. Viajaban en un Jumbo alquilado a Aerolíneas Argentinas. A mitad del viaje, el presidente lo convocó y le lanzó todo tipo de insultos por su “inoperancia”.

“Pedazo de pelotudo, inútil, nos volvemos con las manos vacías. Al final sos más empleado de los venezolanos que mío. Los venezolanos te agarraron de forro”, le lanzó. Y lo mandó a la parte de abajo del avión -el Jumbo tiene dos cubiertas-, como escarmiento. Al llegar a Buenos Aires, renunció a su cargo en medio del escándalo por el maletín de Antonini Wilson, del que afirmó no haber conocido su contenido.

El maletín de Antonini Wilson fue descubierto el 4 de agosto del 2007 por María Luján Telpuk, agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En su interior se encontraron casi 800.000 dólares en billetes. La causa de la valija de Antonini se había cerrado y la reabrió el mes pasado el juez en lo penal económico Pablo Yadarola.

Esta confesión de Uberti está relacionada con una operación financiera de agosto del 2007. Ese mes Argentina concretó la colocación de deuda más cara desde el default del 2002: le pagó a Venezuela una tasa en torno al 10,6% por la compra de 500 millones de dólares en Boden 2015, en medio de un extraño contexto. Con la llegada del presidente venezolano Hugo Chávez a Buenos Aires, se avanzó en la negociación para la colocación de estos títulos. En principio, había trascendido que Venezuela compraría Boden 2015 por 1.000 millones de dólares. Pero la operación se hizo, finalmente, por solo 500 millones.

Este fue el aporte argentino a la tercera emisión del llamado Bono del Sur que se completó con un título propio del gobierno de Hugo Chávez. En aquella visita, el mismo Chávez había detallado que su país compró en dos años en total 4.572 millones de dólares en títulos argentinos.

La compra de bonos argentinos no fue la única relación financiera entre Néstor Kirchner y Hugo Chavez. En el 2004 se había creado un fideicomiso argentino-venezolano para el intercambio de fuel oil por productos industriales en el banco suizo UBS. El fideicomiso lo administraban la petrolera estatal Pdvsa y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), y su cuenta en Argentina la manejaba el Banco Nación.

Pero en el 2010, luego de la denuncia pública del ex embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, el UBS le pidió datos al Bandes para investigar si había habido operaciones de lavado de dinero, tal como reveló Clarín en el 2013.

Como consecuencia de la negativa del Bandes a dar “información detallada” de las operaciones, el UBS cerró la cuenta del fideicomiso. Según las fuentes, el banco suizo pedía datos sobre los movimientos financieros de las cuentas de la venezolana Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo S.A., y la argentina Madero del Plata S.A. (ex Madero Trading) para investigar si hubo lavado de dinero. Este aspecto de la relación con Venezuela lo investiga el juez federal Julián Ercolini.

En un cable secreto enviado por el entonces embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, a la Cancillería, y fechado el 28 de mayo del 2004, saltó la punta de la turbia relación financiera de los Kirchner con Chávez.

El informe relata que ese 3 de junio iba a llegar a Caracas una delegación oficial presidida por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, e integrada por el presidente del Occovi, Claudio Uberti; el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), Carlos Cheppi; el jefe de ceremonial de Planificación Federal, José María Olazagasti; y la asistente de ese ministerio, la rubia Victoria Bereziuk.

Agrega, en potencial, que el objetivo de esa comitiva sería tomar contacto con la petrolera Pdvsa, el Banco de Comercio Exterior (Bancoex), el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Agricultura.

Sadous cerró su cable secreto con un ruego diplomático: “Por lo expuesto, y debido al total desconocimiento de esta sede sobre ese particular, se agradecerá poder recibir confirmación de la misma así como programa de actividades y vuelos respectivos”. Era el primer indicio de la “embajada paralela” que manejaba De Vido, a través de Uberti.

Como antecedente de las maniobras con los acuerdos bilaterales con la Venezuela chavista, Sadous informó además a la Cancillería que habían desaparecido “90 millones de dólares de la cuenta del fideicomiso que estaba en un banco en Nueva York (una sucursal del UBS) cuando lo trajeron a Caracas, lo vendieron en el mercado negro de dólares y luego pusieron esa plata en el mercado oficial, donde se hicieron de una diferencia de 14 millones de dólares. Esto fue en enero de 2005 y fue lo que motivó mi reemplazo por Nilda Garré”.

Sadous fue embajador en Caracas entre 2002 y 2005 cuando fue removido por Kirchner y luego en el 2010, cuando la diputada del ARI (Coalición Cívica Afirmación para una República Igualitaria, opositora a los Kirchner), Elisa Carrió, hizo trascender su cable secreto, De Vido le hizo un juicio y logró procesarlo por falso testimonio con el apoyo de jueces adictos a los Kirchner.

En ese cable Sadous alertó al entonces canciller, Rafael Bielsa, sobre la existencia de una “embajada paralela” a la suya, y también sobre las irregularidades en el fideicomiso binacional investigado ahora por la justicia. La “arquitecta” de ese fondo fiduciario fue Marta Cascales, pareja del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, entonces al mando de la secretaría de Comunicaciones.

El 25 de noviembre del 2004, el diplomático en otro cable secreto se explaya sobre el malestar que había entre empresarios que no podían acceder al registro de proveedores de Pdvsa para participar de las ventas a Venezuela debido a que existía “falta de transparencia en la gran central de compras de esa firma en Houston, Texas”.

Tras otras consideraciones, concluye: “Tal vez, la reciente creación del grupo informal de seguimiento del fideicomiso -con la coordinación venezolana del lic. Franklin Méndez y del Ing. Claudio Uberti por la parte argentina- genere un nuevo ámbito de debate donde este tema pueda reverse”.

El diplomático cierra su escrito con una frase ambigua sobre cómo se realizaban los negocios en Caracas: “A criterio de esta representación no deben generarse muchas esperanzas en lograr un acceso amplio de las empresas Gapp sin existir socios locales que conozcan los mecanismos, códigos y canales informales usuales en el ámbito petrolero en esta” (sic).

Este reportaje se publicó originalmente el 1 de octubre de 2018 en el diario ‘Clarín’ de Buenos Aires bajo el título “Uberti reveló más detalles de las coimas entre Kirchner y Chávez con los bonos argentino”. Se reproduce con autorización expresa del autor.

Ese día acudió puntual a la cita en el juzgado 16 en función de Control del Área Metropolitana de Caracas. En un acto de imputación que se celebró a puerta cerrada y con dos horas de retraso porque el expediente estaba incompleto –y, de hecho, hasta esa mañana era desconocido por la defensa de María Gabriela–le dictaron, como medidas cautelares, prohibición de salida del país, prohibición de declarar a la prensa y, peor, prohibición de publicar en las redes sociales, tanto para ella como a terceros

De lo que sucedió en aquel recinto ese mediodía, del contenido del expediente y de lo que ha pasado después, no se pueden conocer los detalles. Ni María Gabriela, ni su defensa en nombre de ella, pueden revelarlos. Pero de cualquier manera trascendió por fuentes tribunalicias que le fueron imputados los delitos de violencia privada e instigación, en apariencia por un conflicto vecinal que arrancó en 2013, pero que la acusada ha denunciado como un nuevo episodio de un conflicto familiar con ramificaciones políticas que se inició mucho antes, en 2002, y que tuvo su punto de quiebre en 2007.

Un día de ese año 2007, Daniel Andrés, el hijo menor de María Gabriela, no regresó al apartamento en el que vivía con su madre y hermano en la urbanización Bello Monte, un barrio de clase media acomodada en el sureste de la capital venezolana. El joven –que recién había cumplido los 18 años de edad– se montó en un avión privado de su único tío materno y padrino de bautizo, Gustavo Adolfo Mirabal Castro, con destino a Florida, en Estados Unidos. Fue Gustavo Enrique, el hijo mayor de María Gabriela, el que le dio la noticia. Esa separación marcó también para María Gabriela el punto de ruptura definitiva con su hermano y, a la postre, con el resto de su familia.

Los Mirabal Castro eran una familia unida. Con sus problemas, pero unida. Así que cuando se divorció a los 27 años del padre de sus dos únicos hijos, María Gabriela no dudó en convertir al tío Gustavo Adolfo en la figura paterna de los niños. Él cumplió con su rol sin pretensiones: siempre les tenía algún regalito en diciembre y a veces los llevaba a comer en McDonald’s. Pero cuando comenzó a trabajar en el ahora disuelto Banco Industrial de Venezuela (BIV, una institución financiera del Estado), en 2002, junto a su presidente, Leonardo González Dellán, y a los seis meses dejó de vivir alquilado en el modesto Centro Polo, en Bello Monte, y compró aquella casa grande en la urbanización Cumbres de Curumo, en Caracas, y otra en La Romana, en República Dominicana, y otra más en Londres, Inglaterra, y aquel avión para volar hasta esas y otras propiedades, y aquel Maserati para movilizarse por tierra, el tío Gustavo Adolfo se volvió más espléndido.

Empezó por regalarle a su ahijado Daniel Andrés el pasaje para el viaje de graduación del colegio a Cancún, en México, al que su madre no quería que fuera por no haber aprobado el último año de bachillerato, y continuó con aquel traslado a Miami, donde le daría la misma vida de lujos que él y otros miembros de la familia ya vivían, y a la que se incorporaría, cuatro años después, Gustavo Enrique, el hijo mayor de María Gabriela, el más cercano a ella.

A través de González Dellán, Gustavo Adolfo había conocido al extesorero chavista Alejandro El Tuerto Andrade, también ex oficial del ejército y ex escolta personal de Hugo Chávez, sentenciado esta semana en Florida a diez años de cárcel, tras haber admitido que recibió en su momento más de mil millones -un millardo francés, o un billón anglosajón- de dólares en sobornos durante su gestión. Desde el principio a Andrade y a Gustavo Adolfo los unió una pasión: los caballos. Y, quizás, algo más. María Gabriela ha asegurado en entrevistas que se han difundido por las redes sociales que su hermano Gustavo Adolfo se convirtió en “el perfecto testaferro” de Andrade, gracias a su buena posición social de cuna y a sus relaciones.

Ambas cosas -su posición social y el conjunto de sus relaciones- cambiaron casi de la noche a la mañana. María Gabriela, que se percató de ello, no quiso que sus hijos gozaran de los beneficios de una fortuna de cuyos orígenes sospechaba. Ella se habría conformado con que sus hijos pasaran sus vacaciones en la isla de Margarita, una meca turística sobre el Caribe venezolano, o, con suerte, llevarlos alguna vez a Miami. Pero Gustavo Adolfo y el nuevo séquito al que se incorporó tenían otros planes.

Un par de semanas después de que Daniel Andrés abordara aquel avión privado que lo llevó a Florida, siempre según lo que ha contado María Gabriela Mirabal en diversas oportunidades previas, recibió una llamada de su cuñada Carolina Mirabal, la segunda esposa de Gustavo Adolfo, en la que esta le propuso que se fuera para allá y que se quedara con ellos, que hiciera las paces con su hermano, que recuperara a sus hijos.

Se negó, con una tozudez que se supone heredada de sus abuelos paternos, y que le ha costado caro.

Rechazó otros acercamientos, rechazó bienes, rechazó dinero. A ella, insistía, nada ni nadie la iba a callar. ¡Ni su propia sangre! De hecho, habló más alto: en programas de radio. Y en las redes sociales comenzó a mostrarse, en cuentas que algunos atribuyeron a su hermana, el nombre de Gustavo Adolfo Mirabal Castro, hasta entonces un desconocido para la opinión pública, junto a fotos de lujos excesivos. Pero, en 2013, las cosas se enredaron cuando el problema familiar se mezcló con el vecinal y, finalmente, lograron callarla. Al menos temporalmente.

En su laberinto

Podría decirse que fue casualidad que el acto de imputación de María Gabriela Mirabal se celebrara un día antes del juicio de Andrade en la corte del sur de Florida. Seguramente lo fue. Debía celebrarse en diciembre de 2017, pero fue diferido en varias oportunidades, hasta este lunes.

Pero María Gabriela insiste en que ambos casos están muy relacionados. Ella ha denunciado varios vínculos, entre ellos que el bufete Mirabal y Asociados, del que su hermano Gustavo Adolfo es miembro, habría gestionado la incorporación de una empresa en Panamá, Rickard INC, de la que José Jesús Di Mase Carvallo, su denunciante por segunda vez, fue socio.

Di Mase, sin embargo, niega tal vínculo: “No conozco, no tengo, ni he tenido contacto, y mucho menos relación alguna, con los señores (Raúl) Gorrín (el dueño del canal de noticias Globovisión, acusado por la justicia estadounidense de ser testaferro de Andrade), Andrade, (Gustavo) Mirabal o cualesquiera personajes relacionados al espectro de su entorno (el de María Gabriela)”, reiteró en una declaración a este medio, a través de un correo electrónico.

De acuerdo con documentos de los denominados Panama Papers -una filtración recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) en Washington DC-, Di Mase recurrió al bufete panameño Mossack Fonseca, a través del abogado venezolano Carlos Siso Olavarría, para registrar varias empresas. Una de ellas es Rickard Inc, constituida en octubre de 2011, y que tenía como accionistas, además, a Nelson Olmedillo, Arie Davidescu Guelrud y Camilo Menasche.

Según explica Di Mase, quien ha denunciado a María Gabriela en dos oportunidades, la última de ellas con las consecuencias que se conocieron esta semana, esa  empresa fue constituida para llevar a cabo un proyecto de un restaurante en Panamá. Sin embargo, siempre según su relato, dicho proyecto no se habría llevado a cabo por la muerte de uno de los socios, Olmedillo, en un accidente. Él asegura que la compañía “jamás fue utilizada” y que fue cerrada a finales de 2013.

Sin embargo, de acuerdo con información del registro público panameño, publicada en el portal Open Corporates con actualización al 15 de junio de 2018, Rickard Inc  seguía vigente este año, aunque sin los nombres de los socios iniciales.

Lo que sucedió en 2013, fuera de cualquier duda, fue el inicio de los problemas de Di Mase con María Gabriela, quien era su vecina en el edificio ubicado en Bello Monte en el que la habían abandonado sus hijos. El 17 de octubre de ese año, María Gabriela denunció a Di Mase ante la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del municipio caraqueño de Baruta, por pretender construir una tercera planta en su pent house.  

Casi cuatro años después, el 31 de mayo de 2017, mediante resolución 376, la referida dirección de ingeniería municipal sancionó con multa y orden de demolición a Di Mase y a su esposa. Pero el problema no quedó ahí. En el interín, en 2014, Di Mase denunció a María Gabriela por primera vez, por hurto agravado de cámaras y bienes de la comunidad.

El 10 de octubre de 2014 una subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del poder judicial) de otra jurisdicción se presentó, sin orden de aprehensión ni otros recaudos, en la residencia de María Gabriela Mirabal. Así consta en la decisión Juez 19º de Control del Área Metropolitana de Caracas, al desestimar la denuncia de Di Mase. En ese documento, el juez llega a afirmar que se trató de un caso de  “terrorismo judicial”.

En esa ocasión, cuando tocaron a su puerta y ella vio lo que parecían ser funcionarios del Cicpc, no dudó un segundo en abrir. Inmediatamente los hombres la tomaron por las manos, la esposaron, le cubrieron el rostro y la montaron en una camioneta.

La presentaron en el tribunal 19 de control, donde le hicieron la imputación de hurto agravado y le dieron régimen de presentación cada quince días. “El secuestro”, como ella ha insistido en llamarlo, fue el primero de una serie de eventos más que desafortunados, detrás de los que María Gabriela –insiste– está Di Mase en complicidad con el hermano que ha denunciado por tantos años.

Unos días después, el 5 de noviembre de 2014, la fiscalía 135 del área metropolitana de Caracas prohibió a Di Mase el acercamiento a María Gabriela. “Por considerar que la integridad física y psicológica de la ciudadana denunciante podría verse afectada ante los hechos denunciados por la misma, y vista la verosimilitud de los mismo (sic), resulta idónea esta Medida (sic) a los fines de proteger su integridad física y salud mental, esto con la finalidad de evitar futuros actos de violencia”, reza el documento.

En un texto que circuló por esas fechas, y cuya autoría confirmó a este medio Di Mase, el empresario de 35 años de edad relató una sucesión de presuntos actos vandálicos que atribuye a María Gabriela Mirabal. Aseguró que los objetos robados se habían recuperado por medio de un allanamiento, “en el cual resultó detenida (María Gabriela) por varios días por las autoridades”. Aquel allanamiento al inmueble de María Gabriela sí se hizo con una orden, en enero de 2015, pocos días antes de la desestimación de la denuncia de Di Mase.

Pero, después de este hecho, la directora general de la oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, Aracelis Zapata, emitió una comunicación dirigida a la fiscalía 135, en la que solicita “se tomen consideraciones del caso” de María Gabriela, y asegura que “la situación (la) perjudica emocional, física y psicológicamente por sentir miedo al enfrentarse al ciudadano (Di Mase) que la agrede en las escaleras”.

En el texto que divulgó por aquellas fechas, Di Mase aseguró que su vecina, Mirabal era la que tenía una “actitud violenta”. Cosa que reafirmó en septiembre de 2017, pocos meses antes de abandonar el inmueble en el que María Gabriela aún permanece, cuando la denunció por segunda vez, alegando que ella presuntamente le había sacado una pistola y que le había roto la cabeza a su escolta.

Flashback

Alguna vez María Gabriela, la mayor de los cuatro hermanos Mirabal Castro y la contestataria de la familia, defendió a Gustavo Adolfo, el único varón y segundo más joven. Fue el día en el que el padre de ambos, el ex ministro y ex gobernador del Distrito Federal, Gustavo Mirabal Bustillos, actual presidente del Instituto de Previsión Social del Parlamentario en la opositora Asamblea Nacional, descubrió que, como muchos adolescentes, Gustavo Adolfo se llevaba su carro sin pedirle permiso para salir de casa. En medio de la acalorada discusión, el entonces joven Gustavo Adolfo arrojó una pecera al piso.

—¡Dejalo, papá! —le gritaba María Gabriela a su padre, mientras recogía a los peces del suelo.

El matrimonio, conformado por una notario convertida en registradora y el prominente político del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), solía ser más estricto con sus tres hijas mujeres. Ellas sobresalieron en sus estudios mientras a Gustavo Adolfo lo expulsaron de los Institutos Educacionales Asociados (IEA), mejor conocido como El Peñón, el colegio privado donde estudiaron los hermanos Mirabal Castro y otros miembros de la familia Mirabal. Dicen que tampoco le fue bien en el colegio militar al que lo mandaron después, en los Estados Unidos, ni en la Universidad Santa María, en Caracas, donde estudió Derecho.

—Tú no le estás haciendo bien a Gustavo Adolfo —le reclamaba María Gabriela a su padre.  

Con el mismo tesón, algunos años después lo confrontaría con las pruebas que iba recopilando del súbito y exagerado enriquecimiento de su hermano, que el padre insistía en negar. María Gabriela consideraba innecesario lo que hacía su hermano. Y es que  los Mirabal Castro vivían bien. En 1968, cuando el tío adeco –como llaman en Venezuela a los militantes de AD– Gonzalo Barrios Bustillos –quien fuera gobernador, secretario general de la Presidencia, ministro y presidente del Congreso– perdió las elecciones presidenciales contra el expresidente venezolano Rafael Caldera, la familia Mirabal Castro se fue a vivir por cinco años a los Estados Unidos. Los padres estudiaron con becas del Estado y los hijos aprendieron inglés. En Venezuela la familia disfrutaba en clubes exclusivos, como Los Cortijos, en Caracas, o Playa Azul, en el estado de Vargas. En el primero, Gustavo Adolfo practicaba equitación desde pequeño, una pasión que llevaría a otro nivel al convertirse en propietario del extravagante centro de entrenamiento ecuestre G&C Farm, en Estados Unidos.

Pero para eso aún faltaba algo de tiempo. Faltaba que,  según la denuncia que ha repetido su hermana, Gustavo Adolfo aprovechara sus relaciones con la alta sociedad venezolana y sus habilidades para expresarse y se convirtiera en ese “peaje” para la obtención de dólares preferenciales.

Los Mirabal Castro pasaban todas las navidades juntos. Compartían en todos los cumpleaños. Pero a medida que Gustavo Adolfo se enriquecía más y se relacionaba con las altas esferas del poder, las reuniones familiares eran más conflictivas.

—¡El pueblo está sufriendo! —le reclamaba María Gabriela a su hermano.

Las celebraciones en fechas especiales comenzaron a ser cada vez más excéntricas y los invitados más pintorescos. Ella dejó de ir a esos eventos y ellos dejaron de invitarla. Por eso se perdió, entre otras cosas, la oportunidad de pasar una Navidad en la ciudad canadiense de Whistler, de esquiar con sus hijos y luego relajarse en el lujoso hotel que su hermano reservó exclusivamente para la familia.

Y entonces María Gabriela quedó excluida de toda una familia que, ha dicho, está extasiada con las “ayudas” millonarias de Gustavo Adolfo: viajes, apartamentos, camionetas y otras que no se pueden rechazar con facilidad, como tratamientos médicos. Entonces María Gabriela se quedó sola, y fue acusada por su familia más cercana de estar loca.

En un blog que lleva su nombre, y cuyo contenido lo enaltece como un “hombre de admirar”, hay un texto en el que se busca desacreditar con esa línea argumental a María Gabriela: “Entre los obstáculos que ha tenido que vencer Gustavo, podemos mencionar que recibió injustas acusaciones de su propia hermana. Sin embargo, es conveniente aclarar, que este familiar sufre de inestabilidad emocional. Padecimiento que fue diagnosticado en el año 2009. (…) Vale reconocer el esfuerzo de Gustavo Mirabal para evitar un enfrentamiento directo con su hermana, para evitar lastimarla, aun siendo agredido públicamente”.

Audios que circularon por las redes sociales poco antes del acto de imputación de María Gabriela y después de la confesión de Andrade, supuestamente grabados por sus hijos, respaldan esa posición. Ella, sin embargo, insiste en que nunca ha estado internada en una institución psiquiátrica y que pretenden anularla como testigo en el juicio de Andrade en los Estados Unidos, en el que ha servido como colaboradora directa del senador estadounidense Marco Rubio, en calidad de testigo. 

Este 20 de noviembre, cuando finalmente Andrade se declaró culpable por lavado de dinero, María Gabriela no celebró como se imaginó tantos años que celebraría. De hecho, lloró. Aún resiente el haber quedado excluida de su familia. Y aunque seguramente esta semana ha soñado con  refugiarse en Cunaviche, la casa de sus abuelos paternos –que en vida visitó, entre otros, el considerado padre de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt–, María Gabriela se mantiene firme en sus convicciones en aquel apartamento en el que ya no están ni sus hijos ni el vecino con el que contiende, pero sí un perro maltés llamado Dalí, el único ser que la acompaña desde hace dos años. 

Fue el 16 de diciembre de 2016. Aunque buena parte de sus palabras ya habían sido citadas en esta plataforma, los videos permanecieron durante año y medio bajo llave en los tribunales de Brasil. Pero el secreto se acaba se romper y hoy es posible conocerlos en un esfuerzo de la Red de Periodistas Estructurados, que une a periodistas de IDL en Perú, La Nación de Argentina, La Prensa de Panamá, Sudestada en Uruguay y Quinto Elemento Lab en México.

“Los pagos se hicieron con contratos ficticios”

Los sobornos de Odebrecht también llegaron a Pdvsa Agrícola y entre los beneficiarios destaca Egly Ramírez, fundador de Pdval y tío del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. Eso confesó Marcio Faria, uno de los máximos responsables de la constructora brasileña, el 14 de diciembre en un interrogatorio que rindió en los tribunales del estado de Paraíba, ubicado al nordeste de Brasil.

Según el testimonio de Faría, la filial de Petróleos de Venezuela encargó unas plantas de etanol en la que –como ya se había anunciado en esta plataforma– además de sobornos y comisiones ni siquiera terminaron construyéndolas.

Las obras quedaron a medio hacer en los estados Barinas, Cojedes, Portuguesa y Trujillo. Pero no así los desembolsos a un intermediario brasileño llamado Osvaldo Basteri, que luego repartió a toda la junta directiva de Pdvsa Agrícola. “Los pagos para ese señor se hicieron a través de esas empresas y para eso fueron utilizados contratos ficticios de prestación de servicios entre nosotros y las empresas del señor Osvaldo”, dijo. “Los pagos se hicieron a través de Hilberto Silva [jefe del Sector de Operaciones Estructuradas]; supe que el monto del soborno fue alrededor del 6% sobre los montos recibidos, no los valores contratados.

“Pudimos influir y cambiar Puntos de cuenta”

El director superintendente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, señaló a un intermediario como pieza clave en el andamiaje de la corrupción venezolana. Su nombre era Luis Delgado y coincide con su número dos, Alessandro Dias Gomes, a la hora de señalarlo como un intermediario que permitió hasta forjar documentos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro: “Puedo decir que él fue eficiente porque nosotros tuvimos acceso, pasamos a tener acceso privilegiado a minutas de Puntos de cuenta, y pudimos influir y cambiar inclusive la redacción”.

Si bien Azevedo tenía línea directa con Chávez, las puertas del gobierno se le cerraron cuando el mandatario enfermó. Fue entonces cuando apareció el intermediario. “Me contactó y me dijo: “Yo sé que ustedes están teniendo dificultades con las obras del Metro, yo tengo libre acceso y puedo ayudarlos a que sean liberadas las facturas que están pendientes”.

“El intermediario recibía 2% de los pagos”

Con Hugo Chávez enfermo, los brasileños perdieron contacto con el Gobierno nacional. Los representantes de la empresa tardaron en que les pagaran varias partidas, hasta que encontraron un intermediario que procesaba los pagos a cambio de 2% del monto de las facturas.

“Hacía seis meses que no recibían las facturas de las obras del Metro; por lo tanto había una lista grande de facturas atrasadas. Yo establecí con él que recibiría el 2 por ciento de cada una de las facturas que nos ayudara a cobrar”, confesó otro directivo de la empresa en Caracas, Alessandro Días Gómes, en un interrogatorio que rindió en los tribunales del brasileño de Sergipe, donde tocó la justicia de ese país citó a los testigos del caso venezolano.

Su testimonio muestra que además de sobreprecios y favores políticos, la maquinaria de Odebrecht incluía comisiones a intermediarios y lobistas que agilizaran sus pagos.

“Me trajo esos Puntos de cuenta”

Odebrecht logró obtener los borradores de más de un Punto de cuenta antes de que fueron enviados al expresidente Hugo Chávez, para acomodar presupuestos y cambiar montos a su favor.

Lo hicieron gracias a un funcionario llamado Luis Delgado, que en Suiza relacionan con más de 40 millones que aterrizaron en cuentas de la esposa y la suegra del exministro de Transporte Terrestre y expresidente del Metro, Haiman El Troudi, de acuerdo con otra investigación publicada en esta misma plataforma.

“Me trajo algunas veces esos Puntos de cuenta en forma de borrador”, contó el directivo de la empresa, Alessandro Dias Gomes, quien primero se encargó de las obras del Metro de Caracas y luego heredó el cargo de director superintendente en Venezuela, que durante casi 10 años ocupó Euzenando Azevedo. “Él me traía los borradores de los documentos. Eso me permitió influenciar, indicando que necesitábamos más recursos en una obra A o en una obra B”.

“Recibió 100 millones de dólares”

Luis Delgado fue una especie de caballo de Troya que Odebrecht encontró en Caracas para agilizar los pagos a lo interno del gobierno venezolano e, incluso, para que filtrara información y documentos que luego sirvieran en favor de la empresa. No en vano, entre los años 2011 y 2015 recibió y canalizó 100 millones de dólares en comisiones que le depositaban en una cuenta del Meinl Bank de Antigua y Barbuda.

“Él recibió en total alrededor de 100 millones de dólares a lo largo de esos cuatro años”, apuntó el directivo Alessandro Dias Gomes. Pero lejos de ser para él, esa suma se repartía más arriba: “Cuando estábamos atrasados en los pagos, él decía: “Presione para que me paguen porque eso no es para mí, yo tengo un grupo de personas esperando y va a ser muy perjudicial para los intereses de usted si esas personas quedan molestas”.

“Esas obras eran pagadas con fondos parafiscales”

En Venezuela, Odebrecht tuvo suerte de tener acceso directo al expresidente Hugo Chávez. No en vano, solo en la República Bolivariana un mandatario tiene el poder de disponer de los excedentes petroleros sin necesidad de esperar por la aprobación del Poder legislativo.

Así lo contó el llamado virrey de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, que entre los otros 78 “delatores premiados”, que decidieron colaborar con la justicia, se ha constituido como el testigo clave de la trama venezolana. “Esas grandes obras eran pagadas o son atendidas a través de fondos parafiscales que existen en Venezuela, de una forma distinta a otros países”, dijo. “En Venezuela existen unos fondos parafiscales que son administrados directamente por el Presidente de la República, y es a través de esos fondos que el Gobierno central destina recursos para la inversión en obras”.

“Esas obras suman 20 mil millones de dólares”

Las más de 30 obras que el chavismo encargó a Odebrecht suman 20 mil millones de dólares que, en el caso venezolano, muchas ni siquiera fueron concluidas.

La mayoría, además, fueron asignadas a dedo. “Licitadas unos 7 mil millones de dólares y contratadas directamente unos 13 mil millones de dólares”. Eso dijo el representante de la empresa, Euzenando Azevedo, en el interrogatorio al que se sometió en diciembre de 2016 ante la justicia brasileña, a cambio de beneficios procesales.

La primera licitación que los brasileños ganaron fue para construir la Línea 4 del Metro de Caracas, luego la extensión de la Línea 3 y el Metro de Los Teques, pero a partir de allí, se llevaron las obras más emblemáticas del Estado por adjudicación directa: “El presidente Chávez nos contrató directamente para hacer el segundo puente sobre el río Orinoco. Nos contrató después, cuando terminamos el segundo puente, para hacer el tercer puente. Nos contrató para hacer el puente Nigale y nos contrató para hacer algunos teleféricos”.

“Pediré a Caldera que yo contrate”

El llamado virrey de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, se coleó en el Hotel Nacional de Brasilia para que –en su primera visita como presidente electo– Hugo Chávez echara para atrás los contratos que previamente había conseguido un consorcio español para construir la Línea 4 del Metro de Caracas. “Yo me comprometo con usted que llegando a Venezuela, conversaré con el presidente Caldera para pedirle que por lo menos suspenda el proceso de contratación para que yo contrate”, le prometió el mandatario.

Ese fue el primer gran acierto de Azevedo que, de apoco, logró entrada libre al Palacio de Miraflores. Llegó en 1994 a Caracas y desde entonces logró que el Odebrecht pasara de levantar el centro comercial Lago Mall de Maracaibo a convertirse en la más consentida de las contratistas de la revolución bolivariana.

No en vano, su cargo como director superintendente no tenía a nadie por encima.  La jurisdicción del vicepresidente de Odebrecht para América Latina y África, Luiz Mamery, iba desde Angola y Mozambique, hasta Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Pero Venezuela era un caso aparte, allí Azevedo se encargaba de Chávez.

“Contribuí dos veces con Rangel Gómez”

Odebrecht colaboró en dos oportunidades con el exgobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. “Contribuí dos veces”, declaró Azevedo ante la justicia brasileña. “Él siempre se comprometió a que cuando tuviese reuniones de alto nivel con el Gobierno, pediría priorizar el desarrollo de nuestras obras”.

Lo mismo ocurrió con varios alcaldes del estado Miranda, por tratarse de la región donde aún prometen el Metro Caracas-Guarenas-Guatire. En su testimonio, el “virrey” de Odebrecht menciona aportes a las campañas del exmandatario de Los Teques, Francisco Garcés, así como a la de su homólogo del municipio Sucre, el opositor Carlos Ocariz. También al alcalde Farith Fraija, que conquistó la Alcaldía de Carrizal el año pasado tras ser derrotado en el período anterior aun con el apoyo económico de los brasileños.

“Ayudamos al señor Diosdado Cabello”

Aun cuando no hubiera elecciones presidenciales, Odebrecht se gastaba 3 millones de dólares para apoyar campañas regionales en Venezuela, y entre ellas destaca la del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. “Ayudamos, por ejemplo, en el municipio Los Teques, al candidato a gobernador, el señor Diosdado Cabello”, confirmó Azevedo.

También destacan dirigentes opositores como los exgobernadores del estado Zulia, Manuel Rosales y Pablo Pérez, así como el ex alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, hoy en el exilio. Al otro extremo, en el chavismo financiaron al exalcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino, el ex gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y el hoy ministro de Educación, Elías Jaua.

Especial mención la del exdirigente del partido Un Nuevo Tiempo, William Ojeda, a quien dieron dinero para que no enfilara sus baterías en el diario Últimas Noticias. “Ayudamos a un periodista que fue siempre candidato, William Ojeda, que tenía una columna muy importante en el periódico más importante de Venezuela. ¿Y cuál era el objetivo? Ayudarlo para que él no nos atacase en el periódico”.

“Necesitaba que me presentase al candidato”

Odebrecht colaboró con 17 millones de dólares para las campañas presidenciales de la oposición, que abanderaba el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles. En 2012 dio los primeros 2 millones de dólares y en abril del año siguiente aportó otros 15 millones.

El acercamiento empezó –como ya se había filtrado en julio de 2017 en esta plataforma– gracias a un subcontratista de Odebrecht, cercano a Capriles, llamado Benito Rodríguez. En su casa se dieron los primeros encuentros. Allí, los brasileños solo pedían no rescindir los contratos firmados en tiempos de Hugo Chávez. 

“Yo le dije que necesitaba que me presentase al candidato”, contó el director superintendente de la compañía, Euzenando Azevendo, en el testimonio que dio ante la justicia brasileña. “Después de una semana o semana y media, él me llamó y fui a su casa nuevamente, donde estaba el candidato”.

“Negocié dar una contribución de $2 millones”

El representante de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, se reunió tres veces con el exgobernador, Henrique Capriles, según el testimonio que rindió a los fiscales brasileños que tomaron su declaración en los tribunales del estado nororiental de Sergipe.

Con Capriles jamás habló de dinero pero luego de conocerlo, convino con su representante, Benito Rodríguez, hacer un primer aporte en la campaña de 2012: “Yo acepté y negocié dar una contribución de 2 millones de dólares divididos en varias partes”.

El segundo encuentro, de acuerdo con Azevedo, fue en una habitación del Hotel Pestana de Caracas, para evitar que el chavismo supiera que los brasileños empezaban a colaborar con la oposición. “Yo llegué un poco antes, dos horas antes, fui al apartamento, después ellos llegaron y allí él ratificó su compromiso de que si ganaba, no se vengaría”.

“El gobernador quiere hablar con usted en su casa”

El encuentro más colorido entre Azevedo y Capriles fue en el propio apartamento del exgobernador de Miranda. Eso declaró en Brasil el cónsul de Odebrecht ante los fiscales del caso. “Muy cerca de la elección, faltaba una semana, él me llamó para invitarme a su casa”, dijo. “Recibí una llamada de uno de sus asesores diciendo: “El gobernador Henrique Capriles quiere hablar con usted en su casa y fijó una hora, en la noche”.

Ya Odebrecht había depositado 15 millones para la campaña de 2013 en cuentas bancarias en el exterior, según los lineamientos que había pasado el entonces representante de Capriles, Benito Rodríguez. Como gesto de agradecimiento, el candidato invitó a Azevedo a su casa. “De manera muy cariñosa él me agradeció todo lo que había hecho y enfatizó que si ganase no tomaría ninguna actitud contra nuestros contratos”, narró. “Para mí es un honor haber recibido esto del Presidente de la República”, añadió luego de que el propio Capriles le trajera un vaso de agua.

“Chávez murió en Cuba”

Sentado en el banquillo de los acusados, el testigo clave de Odebrecht en Venezuela, su director superintendente en el país, Euzenando Azevedo, narró en diciembre de 2016 los detalles de cómo el gigante de la construcción brasileña financió la primera campaña electoral de Nicolás Maduro.

Entonces anunció la historia de cómo gestionó 35 millones de dólares para un emisario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero, en el interín, formalizó en un tribunal de Brasil lo que algunos ya murmuraban en Venezuela: “Chávez murió en Cuba”.

“Un poco antes él sintió que iba a morir”, narró ante los fiscales que lo escuchaban en la ciudad de Bahía. “Él anunció al entonces vicepresidente de la República como su sustituto diciendo en cadena de radio nacional y de televisión que si le pasaba algo en su último viaje a Cuba, del cual él no regresó”.

“Tenía que contribuir para mantener los contratos”

Fue en Caracas, en Café Gourmet de Las Mercedes, donde Euzenando Azevedo, el procónsul de Odebrecht en Venezuela, cerró el trato con el funcionario del gobierno venezolano, Américo Mata, una ficha transversal en el andamiaje chavista que fue subiendo peldaños a la vera del ministro de Educación, Elías Jaua, y que hace tres meses salió del anonimato cuando Estados Unidos lo incluyó en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro.

Allí, en ese café, –como ya se había filtrado en julio de 2017 en esta plataforma– el representante de la empresa aceptó pagar los 35 millones de dólares a cambio de que se garantizara la continuidad de sus obras. “Tenía que contribuir para mantener los contratos”. De otra forma era cuesta arriba, respondió a los fiscales brasileños que lo interrogaron, en los tribunales del estado brasileño de Sergipe, sobre el financiamiento de la primera campaña electoral de Maduro.

“Él indicaba y nosotros hacíamos las transferencias”

Las transferencias a la campaña de Nicolás fueron hechas a empresas registradas fuera de Venezuela. El emisario del mandatario venezolano dio los lineamientos e inmediatamente Odebrecht activó su llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, un eufemismo que la empresa brasileña empleó para evitar presentarla como su unidad de sobornos y comisiones.

El emisario de Maduro, Américo Mata –que luego fue nombrado como “protector del estado Miranda”– proporcionó los nombres de las empresas y el resto del trabajo correspondía a los brasileños. “Sistemáticamente él indicaba y nosotros hacíamos las transferencias”, resumió Azevedo.

No precisó, sin embargo, los nombres o datos de las empresas. A diferencia de los testigos de otros países, en el caso de Venezuela hubo pocos testigos en los interrogatorios y Azevedo, el principal de ellos, dijo que no tenía detalles sobre buena parte de las empresas y transferencias bancarias…

(*) Este es un trabajo investigado y publicado por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, que comprende a periodistas de IDL-Reporteros en Perú, La Prensa de Panamá, La Nación de Argentina, Sudestada de Uruguay, Quinto Elemento Lab en México y Armando.info en Venezuela.

Fue un proceso que llevó ocho meses con reuniones de lobby que se convocaban desde las altas esferas del ya célebre gigante de la construcción brasileña. Tan altas como Marcelo Odebrecht. Ya en marzo de 2009, el Presidente Ejecutivo de la corporación y cúspide de la familia reunió a su plana mayor para planear una acción que garantizara la entrada de Venezuela a la cancha natural de la economía brasileña, una movida de carácter geopolítico que contaba con serias resistencias en los parlamentos de Brasil y Paraguay.

Para vencer las reticencias en el Senado brasileño, Odebrecht reclutó como arietes a tres senadores clave del entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el partido de los expresidentes Inacio Lula da Silva y Dilma Rouseff: Aloizio Mercadante, Antonio Palocci y Tião Viana. Así se desprende de las comunicaciones de correo electrónico encontradas en la computadora de Marcelo Odebrecht y que se recogen en los folios de los expedientes que se han armado en la fiscalía y el poder judicial brasileño, en el marco de la Operación Lava Jato.

El taladro de Odebrecht se activa

El gobierno de Chávez, con su proclamada vocación bolivariana, abrazó una pretensión de integración hemisférica que cristalizaría en distintas iniciativas: Alba, Celac, Petrocaribe, Unasur, fueron algunas de ellas, de cuyas génesis cabe asignar responsabilidad al chavismo. Pero uno de los acomodos a los que esa doctrina dio lugar se transformó en una pirueta audaz: Caracas optó por romper con el antiguo Pacto Andino y, sobre todo, con un denso intercambio comercial con Colombia, para enrolarse en Mercosur.

En un momento dado, gobiernos de izquierda coincidieron en las cuatro capitales de Mercosur: Brasilia, Buenos Aires, Montevideo y Asunción. El panorama pintaba atractivo para Chávez, aliado –y en muchos casos, financista– de esos gobiernos. Pero el canto de las sirenas progresistas condujo al caudillo venezolano a encallar en un punto muerto. A pesar de todos los auspicios, después de tres años de gestiones Venezuela no había pasado a ser más que un actor con voz, pero sin voto, en Mercosur. El canal expreso hacia la membresía que tal vez el líder venezolano había imaginado, estaba obstruido. Tardaría seis años en ser admitido.

Chávez dijo que se trataba de un hecho "histórico", refiriéndose a la adhesión de Venezuela al Mercosur, y que el "camino para la liberación de Venezuela" se encontraba en el bloque austral. Pero al cabo de tres años, el estatus del país se encontraba en un limbo. Si bien todos los presidentes ya habían dado el sí, faltaba la aprobación de los parlamentos de Paraguay y Brasil.

Aún con mayoría en el Senado, ni siquiera la maquinaria política de Lula consiguió sacar los apoyos suficientes para que la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la cámara alta en Brasilia accediera a elevar el caso a la plenaria. Pero entonces intervino Odebrecht.

El poderío de la empresa consiguió que Eduardo Azeredo, presidente de esa comisión, y quien públicamente se había erigido como uno de los más tenaces adversarios de Chávez en Brasilia, se sentara con ellos para revisar y eventualmente cambiar su posición frente a Caracas.

Azeredo se había posicionado en 2007 como un vocero antichavista, al promover desde la misma comisión una resolución en rechazo del silenciamiento, decretado por Chávez, de la principal cadena de televisión privada de Venezuela, RCTV. Vehemente, Chávez hizo poco por quitar hierro al contencioso. Por el contrario: dedicó dardos retóricos a Azeredo y al congreso brasileño, a quienes llamó “loros que repiten todo lo que dice Estados Unidos”. En general, no parecía dispuesto a ganarse voluntades entre los parlamentarios. La persuasión quedaría a cargo de Odebrecht.

A Azeredo le pidieron comprensión. Venezuela entonces se erigía como el destino de una quinta parte de las ventas de la más importante constructora de Brasil y uno de los mayores clientes del país obligado a buscar afuera lo que en casa no producía. A puerta cerrada, el mismo senador que enfrentó públicamente a Chávez dijo a los de Odebrecht que si bien frente a los medios sostendría la negativa de su partido contra el mandatario venezolano, durante el debate no opondría especial resistencia al ingreso de Venezuela al bloque regional.

Así lo reportó Rubio Fernal e Sousa, uno de los directivos de Odebrecht, en un correo dirigido a su jefe, Marcelo Odebrecht, y a otros cuatro miembros de la junta directiva interesados en la misión de abrirle la puerta a Venezuela para su ingreso en Mercosur.

“Estuve hoy largamente con el senador Eduardo Azeredo (PSDB MG), recién establecido en la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado donde el proyecto está llegando”, apuntó Fernal, el ejecutivo de la empresa, en un correo electrónico enviado a las 3:12 de la tarde del miércoles 11 de marzo de 2009. “Intentará ser muy equilibrado sin permitir ninguna exageración y evitar las protecciones y está seguro de que el ingreso será aprobado si así el Gobierno lo desea (en la comisión hay 19 votos siendo sólo 7 de la oposición liderada por el PSDB)”.

Azeredo, sin embargo, pone en tela de juicio esos acuerdos. Si bien no desconoció la reunión con la empresa, ya lejos del Congreso y apartado de la política en general, esta semana respondió vía correo electrónico que nada afectó su posición. “Mi voto fue contrario como consta en los anales del Senado”, dijo. “En cuanto a las conversaciones con representantes de Odebrecht no hubo ninguna interferencia. La aprobación acabó ocurriendo por la mayoría de los senadores partidarios del Gobierno de entonces”.

El lobby empresarial

La Comisión de Relaciones Exteriores al final elevó el 29 de octubre de 2009 la discusión del protocolo de adhesión, en la que la moción obtuvo doce votos a favor y cinco en contra. No pasaron más de dos meses para que la plenaria del Senado terminara de darle la aprobación a la incorporación de Venezuela al bloque regional. Pero lejos de ser una decisión política, tras bastidores quedó una bitácora de negociaciones que se leen en el intercambio de correos de la gerencia de Odebrecht.

Como si se tratara del diario de debates del Senado de Brasil, pero con dos semanas de antelación, en el intercambio de correos electrónicos de los ejecutivos de Odebrecht se hacía el vaticinio de cómo quedaría la votación: “20 votos a favor, 14 en contra mas el presidente Eduardo Azeredo que solo vota en desempate, y 3 indecisos”.

El juego había salido bien para Marcelo Odebrecht. El empresario alcanzó el objetivo que siete meses antes se había trazado con los suyos para contactar a figuras significativas de la oposición brasileña –como el exembajador de Brasil en Estados Unidos, Rubens Barbosa– con el objetivo de que se manifestaran a favor del ingreso de Venezuela al momento de que fueran consultados en audiencia pública.

 “Acompañen este asunto apoyando a EA (Euzenando Azevedo, el director de Odebrecht en Venezuela). Si precisan alguna acción mía me hablan. Tenemos varios a quienes podemos influenciar. No sé si es por esto pero el embajador Rubens Barbosa me está buscando”, apuntó Marcelo Odebrecht en un mensaje a las 5:13 pm del 11 de marzo de 2009. Nada era demasiado en esta campaña de cabildeo: dos días más tarde sugirió contactar al expresidente Fernando Henrique Cardoso. “Rubio: converse directo conmigo para conectar con FHC”.

 A la hora de rendir cuentas, Marcelo Odebrecht terminó por reconocer su papel en todo este tinglado. “Con respecto a Venezuela, me involucré, junto con Claudio Melo Filho y João Carlos Nogueira, con el tema de la admisión del país en el Mercosur”. Eso dijo frente a los dos fiscales que el 14 de diciembre de 2016 tomaron su declaración en la ciudad de Curitiba, Paraná, al sur de Brasil, cuando finalmente había entendido que no le quedaba opción distinta a la de aceptar un acuerdo de colaboración premiada a cambio de reducir su inevitable condena. “Buscamos, en la época, varios políticos para apoyar en esta aprobación, que terminó ocurriendo”.

La sorpresa de Ledezma

En el ajedrez político que Odebrecht jugó fueron decisivos –según un reporte que en Odebrecht presentó su ejecutivo, João Carlos Mariz Nogueira– los senadores del Partido de los Trabajadores (PT), Aloizio Mercadante, Tião Viana y Antonio Palocci, cuyos nombres posteriormente salieron implicados en la trama de Lava Jato como piezas de la constructora que recibieron dinero a cambio de favores políticos.

Mercadante pasó del Senado a ministro de Educación del gobierno de Dilma Rousseff, para cuya campaña electoral se le ha señalado de haber recibido un millón de reales –unos 300.000 dólares– en el año 2010. Viana recibió el doble: dos millones de reales, es decir, unos 600.000 dólares, de los que solo reportó oficialmente una cuarta parte para su campaña como candidato a gobernador del estado de Acre. Palocci, por su parte, ex senador y ex ministro de Hacienda, hombre fuerte de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, se encuentra en la cárcel tras ser condenado a poco más de doce años por participar en el pago ilegal y posterior lavado de más de diez millones de dólares también para campañas políticas.

Pero si no resultaba precisamente sorprendente que Odebrecht consiguiera corresponsales en la política brasileña a través de quienes operar, consiguió un respaldo inesperado desde Venezuela. El dirigente opositor Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas y hoy exiliado político, sorpresivamente empujó la barca en la misma dirección de Odebrecht.

Para tomar la decisión definitiva y votar sobre el espinoso asunto, los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de Brasil optaron por conseguir el testimonio de un conocedor del asunto. Llamaron a Ledezma a testimoniar.

Si bien Ledezma había enviado en mayo de 2009 una carta al Senado brasileño en la que advertía que "sería un precedente muy grave admitir en el Mercosur a un presidente cuyas acciones demuestran una escalada autoritaria y que no cree en los principios del mercado y los procesos de integración", cinco meses después, a la hora de prestar declaración ante el Senado brasileño, mudó de posición.

Probablemente, los más sorprendidos con la rectificación de Ledezma fueron los representantes del Gobierno de Chávez, quienes se habían apresurado en descalificar de antemano sus declaraciones. El dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) pidió a los senadores de Brasil aprobar la integración de Venezuela al Mercosur, aún por encima de sus propias reservas acerca de la deriva autoritaria del régimen de Caracas. “La votación final será hoy y, según senadores, los tropiezos puestos por Chávez los despejó su más grande crítico, Antonio Ledezma”, reseñó el diario El Espectador de Colombia en su edición del 28 de octubre de 2009.

"Una cosa es la integración y otra cosa es la política de expansión que lleva adelante el Gobierno del presidente Chávez, y para las democracias de nuestro continente es necesario que Venezuela respete las reglas técnicas, se adhiera a los protocolos que son las columnas que sostienen a Mercosur", apuntó entonces Ledezma en Brasilia.

Como se informó en este portal en julio de 2017, Ledezma aparece mencionado -junto a otros dirigentes tanto del chavismo como de la oposición, como Diosdado Cabello o Carlos Ocariz- entre los presuntos beneficiarios de aportes realizados por Odebrecht a distintas campañas electorales de alcance local, y a los que se alude en las delaciones premiadas de los ejecutivos de la compañía. En el caso de Ledezma, siempre según esos testimonios registrados por la justicia brasileña, el aporte se habría producido en abril de 2008, poco más de un año antes del testimonio del exalcalde ante el Senado de Brasil, y justamente en ocasión de las elecciones locales para la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

A pesar de los esfuerzos por contactar al exalcalde, incluyendo gestiones ante cinco de sus familiares y colaboradores cercanos, no fue posible contar con la versión de Ledezma para este reportaje. Durante la semana más reciente, según difundieron las agencias noticiosas, Ledezma acompaño a los también líderes de oposición Carlos Vecchio y Julio Borges en una gira que los llevó por Francia y España, donde fueron recibidos por los presidentes Maurice Macron y Mariano Rajoy, respectivamente.

En todo caso, y sin que importaran la comparecencia de Ledezma ante el parlamento brasileño o los denuedos de Odebrecht por sortear los escollos políticos, las gestiones, aunque exitosas en Brasilia, resultarían insuficientes. Las pretensiones de Venezuela para entrar a Mercosur se atascaron en Paraguay, un país de siete millones de habitantes, miembro liliputiense, junto a Uruguay, de la alianza comercial. El congreso de ese país nunca terminó de dar el visto bueno a la Venezuela de Chávez, y fue necesario que los otros miembros del bloque suspendieran a los guaraníes en junio de 2012, a raíz de la destitución parlamentaria del presidente Fernando Lugo, para que entonces Caracas se uniera al club.

Ya en ese momento Hugo Chávez padecía del cáncer que lo mató apenas nueve meses después. Su sucesor, Nicolás Maduro, fue echado del grupo en 2017. Y ya no estaban ni el Príncipe de Brasil ni Odebrecht, el gigante de la construcción que dispuso hasta del equilibrio político de América latina, para evitarlo.