Alex Saab Morán es otro hombre de negocios de Colombia de bajo perfil que también se ha hecho millonario como proveedor de materiales de vivienda popular para la Revolución Bolivariana.

Ambos son amigos y asociados, y los dos comparten su rechazo a la figuración pública pero no necesariamente por timidez.

Pulido y Saab tienen un pasado oscuro y polémico relacionado con el narcotráfico que están tratando de superar mientras desafían señalamientos de exportaciones ficticias en Ecuador y favoritismo en Venezuela.

De acuerdo con documentos obtenidos por Univision en archivos oficiales de Colombia, Pulido utilizó durante varios años una cédula de identidad que había sido cancelada por cuanto correspondía a una persona que murió en Miami en 2005.

Según fuentes de Univision allegadas al Gobierno de Estados Unidos, Pulido acudió a esta nueva identidad para sepultar en el pasado un escándalo internacional de narcotráfico al cual fue vinculado.

Richard Díaz, abogado de Saab en Miami, confirmó que Pulido cambió de identidad pero en forma legal por un caso de narcotráfico.

"[Pulido] explicó recientemente que sí tuvo ese problema pero que fue hace mucho tiempo y que pagó su condena y deuda por eso y que para poder rehacer su vida cambió su nombre legalmente", explicó Díaz a Univision en un correo electrónico.

Saab también tiene un pasado sombrío. El empresario no cuenta con visado para ingresar a Estados Unidos por sospechas de actividades ilícitas, según un documento conocido por Univision. El documento cita una disposición legal que le permite al gobierno federal negar una visa a la persona "si obtuvo un beneficio financiero o de otro tipo proveniente de actividad ilícita" y sabía que tal beneficio no era legal. Estas disposiciones generalmente afectan a los familiares. 

Una fuente cercana a la DEA (agencia antinarcóticos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) explicó a Univision que ese organismo está investigando negocios de Saab y Pulido en Estados Unidos relacionados con el lavado de dinero. La misma versión obtuvieron los periodistas de la agencia Reuters, Alexandra Ulmer y Girish Gupta. Según la publicación no fue posible obtener detalles de la investigación y es posible que no sean procesados.

Los problemas de Saab en Estados Unidos no fueron un obstáculo para que el empresario participara en la firma de un convenio entre los gobiernos de Colombia y Venezuela que derivó en contrato de 685 millones de dólares para la construcción de viviendas prefabricadas en Venezuela.

A la ceremonia de firma del convenio en noviembre de 2011 asistieron los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez y el entonces canciller, hoy presidente, Nicolás Maduro. 

Cuestionado por las sospechas alrededor de Saab, Díaz respondió que no hay una decisión definitiva al respecto.

"Lo cierto es que el señor Saab no tiene ninguna acusación en los Estados Unidos. En el momento que él quiera y pueda viajar a los Estados Unidos, haremos el trámite normal para su visa".

Díaz explicó que el antecedente de Pulido en el narcotráfico "obvio que causa motivo para pausar y pensar" a su cliente pero agregó que "el negocio entre ambos [Pulido y Saab] ha sido 100 por ciento legal y exitoso y aunque preferiríamos que el señor no tuviera ese antecedente, reconocemos que todos los acusados y condenados tienen el derecho de rehacer su vida bajo las normas de la sociedad en un esquema comercial".

Díaz negó rotundamente que Saab y Pulido sean socios. La relación entre ambos es de comprador y vendedor de materias primas.

Pulido respondió a Univision que su identidad ha sido siempre la misma, pero no envió ninguna de las pruebas que prometió.

De acuerdo con documentos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, obtenidos por Univision Investiga, la cédula que utiliza Pulido ha sido cancelada dos veces por muerte del titular. Pulido mantuvo el documento cancelado durante cinco años, hasta junio del año pasado que lo restableció después de que Univision llamó al empresario para conocer su verdadera identidad.

La manera como logró restablecer la cédula que había sido cancelada dos veces es un misterio. Basándose en normas de protección de la privacidad, la oficina del gobierno colombiano declinó entregar a Univision el cotejo dactiloscópico en el que se basó para reactivar la identificación de Pulido. Pero una persona familiarizada con el proceso comentó que hay "cosas rarísimas" en el trámite.

En Colombia, la cédula de ciudadanía es indispensable para votar, suscribir contratos, crear sociedades y para numerosos trámites notariales.

El documento de identidad 79.324.956 a nombre de Álvaro Enrique Pulido Vargas, fue inhabilitado por fallecimiento de su titular desde abril de 2006, según resolución de ese año, firmada por el director nacional de identificación de la Registraduría, Luis Bernardo Maldonado Bernarte.

De acuerdo con el registro civil de defunción radicado en el consulado colombiano en Miami, la persona que aparece con el nombre de Alvaro Enrique Pulido, murió el 18 de septiembre de 2005. Sus padres son Ángel Alberto Pulido y María del Carmen Brand. Su cuerpo fue cremado en Abco Crematory en Fort Lauderdale.

En marzo de 2014, la Registraduría aceptó restablecer la cédula a solicitud de Pulido pero en septiembre del mismo año volvió a cancelarla. La cédula fue cancelada por segunda vez luego de que los padres del fallecido se presentaron ante un juez colombiano para corregir el apellido materno de su hijo.

El verdadero nombre, según ellos, era Álvaro Enrique Pulido Brand. El juez lo confirmó y la Registraduría debió revocar la cédula del empresario por segunda vez. Pero Pulido, a través de un proceso de reseña de plena identidad, cuyos detalles son secretos, logró de nuevo restablecer la vigencia del documento.

En abril de 2012, cuando su cédula estaba cancelada, el empresario obtuvo el pasaporte colombiano. Las oficinas del Ministerio de Relaciones de Colombia están obligadas a verificar la validez de las cédulas de quienes solicitan ese documento de viaje.

Pulido se explica

En una entrevista con Univision, Pulido reconoció que el número y el nombre de la cédula que ha sido cancelada dos veces por muerte del titular corresponde al documento que él usa actualmente.

"A mí me robaron el pasaporte, yo fui a la Registraduría y en este momento está vigente. El nombre mío es Álvaro Enrique Pulido Vargas, me cedulé en el año 83 y siempre esa es mi identidad", explicó Pulido.

Ante la insistencia de Univision para que esclareciera su explicación, ya de por sí confusa, Pulido respondió que al día siguiente visitaría las oficinas de la Registraduría con un abogado para aclarar el asunto y le informaría a Univision de los resultados.

"Yo mañana voy a la Registraduría y pido una certificación que digan quién es y si es realmente mi identidad o no es realmente mi identidad. Es así de sencillo", dijo en una entrevista telefónica que aceptó que fuese grabada.

La entrevista se realizó a principios de julio del año pasado y hasta ahora Pulido no ha enviado la explicación formal prometida ni ha devuelto llamadas para responder a los comentarios del abogado de Saab.

Dos jóvenes que se identifican socialmente en Estados Unidos y en Colombia como hijos de Pulido, usan como apellido Rubio. Pulido explicó que no son sus hijos biológicos. Según él, los adoptó luego de que uno de ellos, "en una borrachera en Venezuela", le dijo que quería que fuera su papá y no le vio ningún problema en aceptarlo.

"Si quiere le hago una prueba de paternidad en un laboratorio mañana mismo me la haré con uno de ellos", le dijo Pulido a Univision. La prueba tampoco ha sido recibida por Univision. Pulido insistió en que su cédula fue restablecida, lo cual confirmó la Registraduría pero sin aclarar cómo se hizo el procedimiento por cuanto es reservado.

En la entrevista con Univision, Pulido dijo que nunca ha vivido en Estados Unidos. De acuerdo con fuentes del gobierno federal de Estados Unidos, Pulido no puede ingresar a este país porque su visa fue cancelada.

Tanto Pulido como Saab están vinculados a empresas que resultaron favorecidas con el contrato del gobierno de Venezuela para la construcción de viviendas prefabricadas.

Algunos medios de Venezuela denunciaron el contrato por cuanto la empresa escogida, sin previa licitación, no tenía ninguna experiencia en la construcción y había sido creada en Colombia pocos días antes de la ceremonia presidencial. Otros blogs de internet publicaron que los empresarios lograron el contrato por la amistad con Maduro.

"Se lo juro por lo más sagrado, por mi vida, que sería lo más sagrado, que yo ni conozco al señor Maduro, ni conozco a ningún político venezolano, ni he ido a ningún ministerio", aseguró Pulido. "Yo nada más me encargo de tener los materiales y llevarlos a las obras". agregó.

Pese a su propósito de mantener un perfil bajo, Pulido se vio envuelto en un escándalo en 2013 cuando afrontó una orden de captura de las autoridades de Ecuador por un supuesto delito de exportaciones ficticias a Venezuela a través de la empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador (Fodocons S.A.) de la cual aparecía como socio. Las exportaciones cuestionadas sumaban 159 millones de dólares. El caso fue sobreseído.

Pulido responsabilizó de las denuncias de las que ha sido objeto a ex banqueros venezolanos que intentaron estafarlo.

"Los banqueros venezolanos que estaban en ese momento de socios de la compañía que habíamos creado, nos dimos cuenta que ellos querían coger el anticipo e irse y no construir", explicó Pulido. "Entonces nos tocó decir que nosotros no recibíamos anticipo del gobierno venezolano".

Las buenas relaciones

Saab inició su carrera en Barranquilla (capital y principal puerto comercial del Departamento del Atlántico, sobre la costa norte de Colombia) vendiendo llaveros de promoción empresarial y posteriormente uniformes de trabajo. Unos amigos de Barranquilla le presentaron a Pulido quien lo invitó a trabajar en Venezuela.

Saab se unió a un amplio grupo de empresarios colombianos que se dedicó a exportar mercancías a ese país utilizando el polémico sistema de cambio preferencial de divisas Cadivi. Según una fuente consultada por Univision, Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de las divisas por parte del gobierno de Venezuela que alegaba que Cadivi había sido objeto de un fraude multimillonario por parte de empresarios colombianos. Saab no fue acusado de dicho fraude.

De acuerdo con la misma fuente, Saab forjó una buena relación con la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien ha mantenido conexiones estrechas con Chávez y Maduro. El patrimonio de ambos empresarios se incrementó ostensiblemente a raíz de los primeros desembolsos del gobierno venezolano.

Saab adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París. En esta ciudad el empresario alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo. La senadora Córdoba fue visitante de la casa en viajes de compras a las mejores tiendas de la ciudad, agregó la fuente. El gobierno de Estados Unidos le negó la visa a Córdoba cuando se presentó a renovarla en abril del año pasado. Córdoba no respondió mensajes de Univision.

Saab utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca, centro del escándalo de los llamados Panama Papers, para crear compañías en el exterior. Entre ellas Seafire Foundation, Lintel Overseas y P I Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc.

Uno de los empleados de Mossack Fonseca explicó en un correo electrónico interno de la firma que Saab "está requiriendo constituir sociedades en diferentes jurisdicciones como fundaciones y fideicomisos".

Díaz, asesor legal de Saab, dijo a Univision que esas empresas nunca llegaron a realizar actividad alguna. "Ninguna cuenta bancaria se abrió en ninguna parte del mundo a nombre de ninguna de esas compañías", explicó Díaz.

El abogado dijo que luego de enterarse de que Pulido tenía antecedentes criminales, Saab lo nombró a él y al abogado colombiano Abelardo de la Espriella, para examinar sus negocios de cerca.

“Nuestra responsabilidad y compromiso es monitorear todos sus negocios actuales y prospectivos (sic) para en ese due diligence (revisión de antecedentes) no caiga bajo una nube de sospecha indebida’’, escribió Díaz en un mensaje a Univision.

“Eso debía estar manejado en Venezuela, por venezolanos”, dice Anthony Daquin, ingeniero de computación venezolano, que hasta 2009 fue asesor del ministerio en materia de documentos electrónicos. “Los cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad, cómo se abre la caja criptográfica (mecanismo de cifrado de la información en el chip electrónico), cuántas veces, cuándo se destruye el chip”, explica el exasesor.

Daquin advierte que para Cuba será ahora muy fácil emitir cédulas y pasaportes venezolanos para sus ciudadanos y funcionarios o incluso para otros extranjeros. Son pocos los que se atreven a cuestionar el acuerdo, agrega. “A todo el que ha estado cerca del contrato de la cédula electrónica, que lo ha objetado, lo han amenazado”.

La cédula electrónica incluirá en el chip el nombre y apellido, fecha de nacimiento, fecha de expiración, las huellas dactilares, el registro de información fiscal (datos sobre el pago de impuestos al Seniat), firma y foto. También se ha hablado de incluir el tipo de sangre y la historia médica.

La empresa cubana favorecida con el contrato de más de 170 millones de dólares es Albet Ingeniería y Sistemas. Ante sus limitaciones operativas y de material, la firma debió subcontratar a la multinacional Gemalto, con sede en México. Representantes de ambas firmas se negaron a hablar con El Nacional.

Si el proceso de cedulación culmina, los venezolanos acudirán a votar en 2012 con un sistema de identidad que, en la práctica, está manejado y controlado por el gobierno de Cuba.

Aunque la contratista sea extranjera porque en el país no hay la tecnología para desarrollar los proyectos, por un tema de seguridad de los datos y hasta de nacionalismo, debe haber un grupo de personas del país que maneje los programas”, analiza Miguel Torrealba, profesor del departamento de computación de la USB y experto en seguridad de la información. “Hay que conocer la data y protegerla de los intereses que puedan surgir, aunque se trate de compañías de naciones amigas”, añade.

El servicio de identificación, que ahora está en manos extranjeras, históricamente ha sido vulnerable. El año pasado, por ejemplo, detuvieron en Caracas a un grupo de colombianos que cobraba entre 5.000 y 10.000 bolívares por cada cédula falsificada. La policía determinó que 2 funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, eran cómplices. En 2007, el narcotraficante Farid Faris denunció que el entonces director de la Onidex (actual Saime), Hugo Cabezas, le facilitó identificaciones venezolanas falsas. El año pasado, el organismo comenzó un plan anticorrupción por el que ya lleva cerca de 300 funcionarios detenidos.

Decisión binacional

En Cuba se planificó el cambio de la cédula de identificación tradicional a una electrónica, un proyecto cuya ejecución lleva dos años de retraso. Documentos a los que accedió El Nacional señalan que en la isla se realizó la licitación para determinar qué empresas proveerían las tarjetas de policarbonato para hacer las identificaciones; los cubanos tienen facultades para subcontratar los bienes y servicios a nombre de Venezuela; sus técnicos trabajan en los programas informáticos que regirán el proceso de identificación y tienen garantizado el acceso a la data.

El Ministerio de Interior, uno de los principales clientes de Albet, le encomendó a esta compañía el proceso de modernización del Saime. La Agencia Bolivariana de Noticias reseñó que el proyecto para cambiar el sistema de identificación a uno electrónico formó parte de la VII Comisión Mixta Cuba-Venezuela, celebrada en 2007, que incluyó más de 350 planes.

Durante la gestión de Jesse Chacón, como titular del despacho de Interior y Justicia, se desarrolló la primera fase del proyecto de transformación y modernización del Saime, con el lanzamiento del pasaporte electrónico, cuya contratación y puesta en marcha se hizo a través de Albet. La segunda fase, la de la cédula electrónica, también le fue adjudicada a la firma cubana. En marzo de 2008, con Pedro Carreño a la cabeza, Albet y el ministerio suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos Integrales para la Transformación y Modernización del Sistema de Identificación, Migración y Extranjería (Fase 2), por 172,2 millones de dólares. Se le encomendó a los cubanos desde el suministro de las cédulas hasta el software para manejarlas. También se le asignó la emisión de documentos en sedes consulares y misiones de Venezuela en el exterior; el manejo de los puntos de control migratorio y la instalación de sistemas de seguridad en la Torre Aco, la nueva sede del Saime en Las Mercedes, así como de sus otras oficinas en todo el país.

Secreto

El convenio ha estado rodeado del más absoluto hermetismo. Sobre las 30 páginas de este acuerdo comercial pesan cláusulas de confidencialidad que se advierten desde el encabezado. “No más de 20 venezolanos tuvieron acceso a este contrato. A las reuniones siempre acudían cubanos y fue en La Habana donde se hizo la licitación para comprar la cédula electrónica”, señala Daquin. Es la primera vez que conversa –desde un lugar en Estados Unidos– sobre la información a la que tuvo acceso. “Sus correos y su teléfono deben estar intervenidos, al igual que los míos”, le dice a su interlocutora. Pide no revelar la ciudad en la que vive desde noviembre de 2009, cuando solicitó asilo político porque –asegura– fue amenazado debido a la información que manejaba sobre la intervención cubana en asuntos como la cedulación.

El contrato suscrito entre el ministerio y Albet autoriza el acceso a las instalaciones y sistemas del Saime para los trabajos asociados a la implementación de la cédula electrónica. Una de las cláusulas establece: “Los originales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento del software y permiten introducirle cambios) de las aplicaciones informáticas desarrolladas serán conservadas por la parte cubana mientras permanezca vigente el período de soporte técnico”.

“La parte venezolana no podrá acceder a los códigos fuente para realizarle modificaciones o ajustes a las aplicaciones informáticas desarrolladas, mientras esté vigente el contrato o el período de soporte técnico, excepto que la parte cubana manifieste de forma expresa su conformidad con esta acción”, aclara otra cláusula.

Caro y tardío

Además del secreto y las irregularidades en su adjudicación, el convenio ha resultado altamente costoso y ha estado plagado de demoras. La transferencia tecnológica que Albet prevé tardará 10 años en completarse. “Otras empresas, como una china, la ofrecían en 3 años”, añade Daquin.

La cédula electrónica venezolana, además, es una de las más caras entre los países del continente que han adquirido la tecnología de identificación biométrica. Ecuador decidió en 2010 emplear 93,5 millones de dólares para la modernización de su sistema de registro civil, identificación y cedulación. En 2009, después de una licitación pública en la que fue favorecido un consorcio con participación nacional, México otorgó el contrato para cedular a los casi 107 millones de mexicanos por 51 millones de dólares, menos de un tercio de lo que le costó a Venezuela, que tiene 28 millones de habitantes.

El acuerdo comercial entre el Gobierno y Albet, que tenía originalmente vigencia de un año, ha sido prorrogado consecutivamente. A finales de 2009, el proyecto debía estar en marcha, pero las autoridades venezolanas han aplazado la fecha. Dante Rivas, director general del Saime, la prometió para el primer trimestre de 2011, pero todavía no está en ejecución.

Empleados públicos advierten que dentro de las instituciones es difícil cuestionar el papel de los antillanos. “Creen que estás contra ellos y no comprenden que el hecho de que los cubanos subcontraten los desarrollos de software hace que al final Venezuela pague más por los proyectos”, dice un programador de Cantv que solicita no ser identificado. “Estamos pagando doble por esos proyectos, para eso el Estado le paga directamente a Microsoft. Siempre tenemos al intermediario cubano. Terminamos peor que antes, tenemos doble dependencia tecnológica”, señalan desde las oficinas públicas.

Licitación antillana

Albet no produce las láminas de policarbonato para hacer las cédulas ni el software para introducir la información en los chips y manejar el sistema, por lo que tuvo que subcontratar estos bienes y servicios.

Daquin muestra una comunicación que la empresa cubana envió, en 2008, a compañías transnacionales dedicadas a producir sistemas de identificación. La firma las invitaba a participar en “la licitación para el suministro de 6 millones de cédulas electrónicas” del proyecto que el ministerio venezolano le asignó. De acuerdo con el cronograma, el contrato debía firmarse en junio de ese año y el lote completo de cédulas debía ser entregado en marzo de 2009, en el puerto de La Guaira o en el aeropuerto de Maiquetía.

Los representantes de las empresas debían ir a Cuba para la revisión de la propuesta técnica y económica. Al final de la misiva, Albet adjuntó un mapa del sector del municipio Playa, en Ciudad de La Habana, donde se encontraba la casa en la que se haría la reunión. Clasificaron las empresas Iris Corporation Berhad, de Malasia; Hightech, de Venezuela, con representación de una firma china; Bundesdruckerei, de Alemania; Sagem, de Francia, y Gemalto, cuya casa matriz está en Holanda.

Bundesdruckerei y Sagem confirmaron a este diario su participación en la licitación de la cédula electrónica, pero no dieron detalles sobre dónde y cuándo se hizo. En los registros venezolanos no aparece ningún llamado a licitación para esta contratación en los últimos cuatro años. “La Onidex (actual Saime) estará saliendo al mercado internacional para buscar los mejores proveedores del servicio de impresión de documentos electrónicos, mediante el correspondiente proceso de licitación conjunta con Cuba”, declaró el 13 de febrero de 2008, a la Agencia Bolivariana de Noticias José Javier Morales, entonces director de Identificación y Extranjería.

Gemalto, en su filial de México, salió favorecida y se convirtió en la proveedora de las tarjetas de policarbonato y el software. La multinacional maneja 30% del mercado mundial de sistemas de identificación y, por ejemplo, elabora el pasaporte electrónico para Estados Unidos. En Venezuela trabaja para la banca en su migración a tarjetas de débito y crédito con tecnología de chip.

Daquin trabajó para la rama de proyectos gubernamentales de Gemalto en América Latina. Asegura que esta fue la única empresa que aceptó las condiciones de los cubanos en la contratación. “La oferta de los chinos era mejor, pero ellos están acostumbrados a hacer negociaciones de Estado a Estado y no aceptaron la intermediación de Cuba”, asegura. Representantes de la empresa china declinaron dar detalles sobre su participación.

"Cliente final”

El contrato entre Albet y Gemalto, por 40,5 millones de dólares, está fechado en La Habana, en agosto de 2008. En el documento se refieren al Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela como el “cliente final”, el que usará los bienes y servicios transados. Lo suscribieron Antonio Romillo Tarke, director general de Albet, y dos representantes legales de la filial de Gemalto en México. El objeto era suministrar 6 millones de tarjetas de policarbonato con chip; desarrollar las aplicaciones informáticas relacionadas con la seguridad de los datos en las tarjetas; diseñar e instalar un laboratorio para probar las tarjetas y el software, tanto en las instalaciones de la empresa cubana como en Venezuela; capacitar y hacer la transferencia tecnológica tanto a Albet, como al cliente final.

El contrato especifica que las aplicaciones informáticas desarrolladas para cumplir con este proyecto serán propiedad de Albet y Gemalto. “Debiendo dictar de común acuerdo los lineamientos bajo los cuales podrán ser utilizados por el cliente final”, aclaran. Extrabajadores del Saime, que piden no revelar sus nombres por temor a represalias, afirman que cada vez que Venezuela necesite ajustar el software o renovarlo, tendrá que recurrir a ambas empresas y hacer desembolsos nuevamente.

En el Saime, la revisión de este contrato entre Albet y Gemalto generó problemas. Los extrabajadores de la institución señalan que, cuando presentaron sus observaciones sobre las desventajas de esta contratación, fueron removidos de sus puestos. “Se hizo una reunión con la gente de Albet y del Saime en la que se habló de la necesidad de que la infraestructura de clave pública (aplicaciones para asegurar la información en los chips de la cédula) se contratara con otras empresas que sí nos dieran acceso a los códigos fuente para que nosotros mismos, los venezolanos, pudiéramos saber qué hay en el chip y desarrollar programas para hacer cambios en él o almacenar nuevos datos. Pero a los cubanos no les gustó y nos botaron a todos”, relató uno de ellos.

En Aporrealos.com, la página de foros del portal oficialista Aporrea.org, en la que seguidores de Hugo Chávez vierten sus opiniones, quejas y denuncias, se habla de un incidente en el que se desmanteló, en el último trimestre de 2010, la Dirección de Tecnología de Información del Saime. Unos advierten que los funcionarios salieron bajo coacción por sus denuncias sobre la intervención cubana en el proyecto de la nueva cédula electrónica. Otros señalan que el grupo fue destituido por supuestas prácticas corruptas.

El punto de cuenta número 139 (memorando interno), que circuló en el Saime en octubre de 2010, revela que se buscaron otras opciones para proveer los programas informáticos que controlarán la cédula electrónica. En la comunicación, la Dirección de Tecnología de Información del organismo analiza las leyes que obligan a los organismos públicos a utilizar software libre, algo que no establecen los contratos firmados con Albet. Sugirieron contratar una empresa que les proveyera programas para los que no se requiera pagar licencias de uso, que les transfiriera la tecnología y les dejara a los venezolanos el control de los códigos fuente, que permiten ajustar el software para el manejo de la cédula. “Con un proyecto que cumpla esta normativa, (…) el Saime estará garantizando la operatividad soberana”, concluyeron. Evaluaron ofertas de la Fundación Instituto de Ingeniería (ente público en el que cooperan el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Simón Bolívar) y la empresa española Realsec. Pese a lo expuesto en ese punto de cuenta, las contrataciones no se concretaron y Albet continúa ejecutando el proyecto.

“¿Por qué los funcionarios venezolanos no tienen acceso a ciertas áreas de la sede del Saime y solo pueden entrar cubanos?”, se pregunta Daquin. Ni el Saime ni el Ministerio de Interior y Justicia atendieron las solicitudes de entrevista para darle respuesta a esta interrogante.