Esos documentos completan una historia cuyo primer capítulo se escenificó en febrero de 2019. En ese momento las autoridades búlgaras anunciaron la congelación de dineros provenientes de la estatal venezolana Pdvsa que terminaban en cuentas del Investbank, un banco con fama de “manzana podrida” en el sistema financiero búlgaro por manejar dinero proveniente del crimen organizado. Las cuentas, además, estaban manejadas por el abogado Tsvetan Georgiev Tsanev, también con un historial turbio involucrado en varios escándalos y por su cercanía al llamado Círculo Bankya, formado por funcionarios de la Bulgaria comunista y poscomunista que tras bambalinas mantienen el poder político y económico en la nación balcánica.

Los escritos judiciales obtenidos para esta investigación conjunta entre Armando.info y el sitio búlgaro Bivol.bg confirman que se trata de 158 millones de dólares que fueron bloqueados por el tribunal búlgaro a instancias de la Agencia de Seguridad Nacional (DANS), y no los 60 millones que se dijeron inicialmente. En ellos aparece Tsanev como responsable de numerosas cuentas en el Investbank en las que, también como se dijo entonces, llegaban fondos vinculados a la estatal petrolera venezolana. Pero la novedad estriba en que, según establece el expediente, buena parte de esos recursos están vinculados a algunas sociedades instrumentales con las que Saab y su socio Álvaro Pulido manejaron cientos de millones de dólares tras obtener varios contratos para el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Al menos en siete fallos judiciales, fechados entre marzo y julio de 2019, se establece la sospecha de que se trata de una operación de lavado de dinero y, con ella, la decisión de congelar las cuentas administradas por Tsvetan Georgiev Tsanev, identificado en los papeles con las siglas Ts. G. Ts. 

“A la luz de la prueba presentada, este panel de jueces considera que existen fundamentos suficientes para sospechar actos de lavado de activos y actos de origen delictivo (…) El origen y el movimiento del dinero deben verificarse en el curso del proceso penal previsto”, refiere un texto del Tribunal de Apelación de Sofía, del 18 de junio de 2019.

Sospechosos habituales

Del amplio entramado societario de Alex Saab y Álvaro Pulido, en los documentos destacan Asasi Food Fzc, registrada en Emiratos Árabes Unidos, así como Mulberry Proje Yatirim, la sociedad turca que usaron para reemplazar a Group Grand Limited, inscrita esta en Hong Kong y la primera involucrada desde finales de 2016 en el negocio de los Clap. Además de estar manejadas por la dupla colombiana y de haber sido sancionadas por el Tesoro norteamericano en julio de 2019, el denominador común de esas compañías es el movimiento de cientos de millones de dólares ligados a la venta de alimentos de baja calidad para los Clap, el programa de asistencia social y clientelismo político por el que el régimen de Nicolás Maduro provee de alimentos y productos de consumo básico subsidiados a sectores de bajos recursos.

Un documento del 17 de junio de 2019 emitido por la Corte Suprema de Casación de Sofía menciona también a Adon Trading FZE, otra pieza más del puzzle creado por Saab y Pulido para sus contratos con el chavismo, pero con cuentas en el Investbank manejadas por Tsvetan Georgiev Tsanev. “El señor Alex Saab Morán no es mi cliente y no tengo el honor de conocerlo”, afirmó el abogado en entrevista para este reportaje, al tiempo que negó tener a Pdvsa como cliente.

Sí reconoció, en cambio, que mantiene como cliente a Lorenzo Antonelli, un joven italiano, cuñado de Camila Fabbri, la esposa de Alex Saab, y a la postre pieza del colombiano en el manejo de Adon Trading FZE, registrada en Emiratos Árabes Unidos, y de una empresa homónima domiciliada en Hong Kong. Admitió que la empresa “con cuentas corresponsales en el Investbank” tiene fondos bloqueados, pese a haber cumplido con los controles financieros previos. “Antes de la apertura de las cuentas corresponsales la empresa administrada por él (Lorenzo Antonelli) estaba sujeta a una inspección KYC (Know Your Client) en profundidad de acuerdo con los requisitos de la legislación búlgara e internacional y se comprobó que los cumplía plenamente”, aseveró Tsanev.

Para ese momento Armando.info había publicado varios reportajes que demostraban la presencia de Lorenzo Antonelli en sociedades británicas como Marylins Capital Limited y Glenmore Solutions Limited, que se desempeñaban como propietarias finales de las empresas turcas con las que Alex Saab también logró participar en los negocios del oro y el carbón venezolanos desde 2018. En noviembre de 2019, además, y en el marco de una investigación contra el colombiano, la Guardia Di Finanza italiana congeló activos en Roma a Lorenzo Antonelli y a la esposa de Saab, manejados también a través de una firma británica de nombre Kinloch Investments Limited, en el marco de una investigación contra el colombiano.

Ni Lorenzo Antonelli, ni Adon Trading FZE contestaron la solicitud de entrevista para este reportaje. 

Full Day en Sofía

Cuando las autoridades búlgaras empezaron a seguir el rastro de esas operaciones financieras ligadas a las compañías controladas por Saab y Pulido, hasta siete diputados venezolanos, encabezados por Luis Parra, hicieron en abril de 2019 y en secreto una gira por varios países europeos con una escala en Sofía que ahora, a la luz de las nuevas revelaciones, resulta estratégica. El objetivo de los viajeros en la capital búlgara, igual que en cada parada, fue siempre el mismo: pedir a las autoridades locales el desbloqueo de fondos a las empresas ligadas a los empresarios colombianos, quienes para ese momento tenían encima los ojos de varias unidades de inteligencia financiera del mundo.

Además de Luis Parra -hoy presidente de la versión paralela de la Asamblea Nacional aupada por el régimen de Maduro-, en Sofía estuvieron los parlamentarios Richard Arteaga y Conrado Pérez. Una primera foto filtrada a la prensa a finales del año pasado sólo mostraba a Arteaga y Pérez bajando de un carro, justo al frente de una agencia bancaria en la capital búlgara. Con la ayuda de Bellingcat, medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense, se logró entonces precisar el punto exacto en la capital búlgara. Una nueva foto obtenida para este reportaje ya muestra a Luis Parra como parte del grupo.

Los parlamentarios consignaron ante un funcionario de la Cancillería escritos dirigidos al primer ministro Boyko Borisov, alegando haber investigado las empresas de Saab y Pulido sin encontrar irregularidades. Junto a papeles firmados por los siete parlamentarios que estuvieron en el viaje, habrían entregado una carta con la rúbrica de Freddy Superlano, quien no participó en la gira y ha denunciado la falsificación de su firma. Para ese momento Superlano presidía la estratégica Comisión de Contraloría del parlamento venezolano.

Todos los diputados involucrados en el viaje para blanquear los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido, a excepción de José Luis Pirela, integrante del llamado Bloque Parlamentario del 16 de Julio, pasaron a formar parte de la oposición a Juan Guaidó desde el pasado 5 de enero de 2020, cuando con los votos del chavismo impusieron a Luis Parra como presidente de una Asamblea Nacional paralela. Más recientemente algunos de ellos, como José Brito con Primero Justicia, se han abrogado la jefatura de los partidos políticos de oposición donde venían militando, gracias a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo.

Carambola rusa

Pese a que Adon Trading FZE se identifica en su web como una “comercializadora de productos farmacéuticos y fertilizantes”, una factura del 17 de septiembre de 2019 revela que la compañía también participó en el negocio de los alimentos al venderle al Ministerio de Alimentación venezolano casi 80.000 kilos de lentejas por algo más de 235.000 dólares.  De ese documento destacan otros elementos: la cuenta bancaria final para el pago conduce hasta el Investbank búlgaro, mientras que el banco intermediario es el Aktif Yatirim Bankasi de Turquía; el negocio está ligado al contrato 0045-2018 que en realidad firmó por 345 millones de euros Asasi Food FZC con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas.

La operación se asemeja a la que hicieron Saab y Pulido con Group Grand Limited y Mulberry Proje Yatirim. La primera firmó dos contratos por casi 800 millones de dólares con Corpovex, pero la segunda recibió parte de los pagos.

Aunque la factura emitida por Adon Trading FZE al Ministerio de Alimentación lleva el nombre de Lorenzo Antonelli, ese no es el único vínculo de la compañía con Alex Saab. En Venezuela Adon Trading FZE fue representada por Ronald Alexander Ramírez Mendoza, otra ficha del entramado de colaboradores y operadores para manejar la extensa red de negocios levantada con el chavismo.

Ejerciendo como representante de la empresa, Ramírez Mendoza ofreció semillas y fertilizantes a los productores agrícolas venezolanos. Pero el nombre de Ronald Alexander Ramírez Mendoza se hizo público en diciembre de 2018, cuando Nicolás Maduro lo nombró presidente de Monómeros Colombo Venezolanos, el complejo petroquímico que Venezuela posee en Barranquilla, Colombia.

Ramírez Mendoza nunca pudo asumir el cargo ya que el 30 de enero de 2019, cuando llegó en un vuelo privado a la ciudad del atlántico colombiano, fue “inadmitido” y obligado a regresar a Caracas por las autoridades migratorias colombianas por sus vínculos con el régimen de Maduro. Ramírez Mendoza tampoco atendió la petición de entrevista para este reportaje.

En Venezuela Ronald Alexander Ramírez Mendoza también es directivo de Borets, una empresa petrolera de origen ruso que en los últimos años ha obtenido contratos de Pdvsa y Bariven, la encargada de las compras en el extranjero para la industria petrolera venezolana. Borets fabrica sistemas de bombeo y tiene presencia en varios países como Colombia y Estados Unidos, así como figura jurídica en paraísos fiscales como el de las Islas Vírgenes Británicas.

En 2007 la compañía norteamericana Weatherford International compró el 30% de los activos de Borets, pero siete años después la gigante petrolera rusa Rosneft compró los activos americanos y venezolanos de Weatherford.

Durante años, Igor Sechin, figura cercana a Vladimir Putin, ha sido la mente detrás de la expansión de Rosneft en el mundo, especialmente en América Latina y Venezuela. Fue el propio Sechin quien anunció en marzo de este año que, debido a las amenazas de sanciones estadounidenses, cesaban sus operaciones en Venezuela. Previamente, en febrero, el Departamento del Tesoro estadounidense, había sancionado a Rosneft Trading S.A, filial de Rosneft registrada en Rusia, por su participación en la venta de crudo venezolano en mercados internacionales.

(*) Este reportaje es producto de una cobertura conjunta con el reportero Nikolay Marchenko de la plataforma Bivol.bg de Sofía, Bulgaria.

Las autoridades mexicanas investigan las operaciones de Saab y Pulido desde 2018, al final de la administración del presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Aunque entonces hicieron señalamientos contra la red tejida por los empresarios colombianos, todo se diluyó en un limbo burocrático. Pero el sacudón causado por la captura de Alex Saab permite ahora revelar los puntos débiles de aquella investigación, que absolvió en la práctica no sólo a las compañías de Saab y Pulido, sino también a los proveedores mexicanos que despacharon a Venezuela productos de muy baja calidad nutricional.

El detrás de cámara de ese proceso es una historia de omisiones y silencios que muestra cómo durante meses las autoridades mexicanas y venezolanas supieron de la pésima calidad de la mercancía, pero no hicieron nada para frenar ese cuestionable comercio y relevaron a los responsables de cualquier castigo. 

El 18 de octubre de 2018 la Procuraduría General de México, en boca de Israel Lira, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un “esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.

El funcionario apuntó directamente contra Group Grand Limited, la fantasmal sociedad registrada en Hong Kong que Saab y Pulido controlan, y una firma homónima en México, manejada por familiares y operadores del tándem colombiano, así como la red de proveedores con la que contrataban. Pese a la gravedad de los señalamientos y a algunas medidas iniciales, como la congelación de cuentas bancarias, el propio funcionario abrió la puerta de un “acuerdo reparatorio” con los involucrados, a manera de compensación.

“Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de la cantidad de tres millones de dólares americanos, esto equivale aproximadamente a 56 millones de pesos, los cuales serán destinados para mantener el mandato de la Acnur en América Latina y el Caribe”, expresó entonces Lira.

La sombra de la irregularidad siempre rondó ese “acuerdo reparatorio” y el monto de la sanción lucía irrisorio para un negocio en el que se habían movido cientos de millones de dólares. Hoy Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana lo califica como un “hecho insólito”.

“Los empresarios y personas físicas denunciadas, establecieron un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República que es ilegal, porque a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una  donación  de sólo tres millones de dólares (…) En lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como sucede en este tipo de casos, se fue a la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Nosotros ya denunciamos esto ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía”, explicó Nieto a la reportera del diario Excélsior de Ciudad de México, Claudia Solera, coautora de este reportaje.

Otros documentos permiten comprobar la ilegalidad y los vicios del pacto con las compañías operadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, así como por sus proveedores mexicanos.

Sospechas confirmadas

Ya para cuando la Procuraduría General mexicana hizo públicas tanto la denuncia como el correspondiente “acuerdo reparatorio”, sobraban las evidencias sobre las anomalías y los actores en torno al entramado de exportaciones. Armando.Info había revelado la participación de Saab y Pulido en Group Grand Limited y documentado, en febrero de 2018, la pésima calidad nutricional de la leche en polvo mexicana que llegaba con las cajas CLAP, mediante un estudio de laboratorio practicado a muestras de las diferentes marcas de leche por el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Poco después la estatal venezolana Corpovex, encargada de centralizar las importaciones públicas, pidió a las compañías mexicanas cumplir con registros sanitarios. La fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había dicho en agosto de 2017, que Group Grand Limited “se presume es del presidente de la República”, refiriéndose a Maduro. 

Ahora se sabe que la investigación que provocó aquel pronunciamiento de las autoridades mexicanas en octubre de 2018 tuvo inicio en junio de ese año. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia DEN-UIF-40-2018 ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública mexicanas.

Además de Group Grand Limited, la firma controlada por Alex Saab y Álvaro Pulido, en el escrito aparecían señaladas compañías mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), Empresas Bonobox, Jaifar Comercial, Grupo Brandon, Rice & Beans y Productos Serel. Figuraban también Asasi Food FZC, sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos e igualmente usada por Saab y Pulido, así como 4PL Industrial, empresa colombiana de logística y empaquetado de productos para los Clap, ligada también a la dupla Saab-Pulido. La denuncia incluía, además, los nombres de los empresarios mexicanos Jaime García García y Raphael Jihad El Khoury Karam.

En abril de 2018, apenas días antes de la celebración de la cuestionada elección presidencial en la que Maduro se aseguró la reelección, dueños y ejecutivos de estas empresas se habían reunido con Álvaro Pulido Vargas en el lujoso Hotel Villa Magna de Madrid para apurar el negocio. Las sospechas contra Group Grand Limited obligaron a los empresarios colombianos a sustituir esa firma por Asasi Food FZC, registrada en Emiratos Árabes Unidos y con la que obtuvieron en ese 2018 un contrato por 345 millones de euros, y Mulberry Proje Yatirim, una sociedad turca.

De abril de 2018 es, precisamente, una carta en la que Group Grand Limited plantea a Corpovex, la estatal que firmó los contratos con los intermediarios de los Clap, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de la turca Mulberry Proje Yatirim. Dicho convenio ascendía a casi 426 millones de dólares y fue el segundo que obtuvo Group Grand Limited para los Clap, tras uno inicial suscrito a finales de 2016 por 340 millones de dólares a través de la Gobernación del Táchira, cuando estaba encabezada por José Vielma Mora.

Tanto Group Grand Limited como Asasi Food FZC y Mulberry Proje Yatirim, además de los propios Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense en julio de 2019. “Varias de las sociedades que son de propiedad o están bajo el control de Saab y Pulido fueron usadas en la estratagema de corrupción alimentaria de Saab y Pulido”, aseguró el Tesoro en un comunicado. 

Casi en simultáneo, un tribunal del estado de la Florida los acusó por lavado de dinero, asociado al primer negocio que lograron con el chavismo en 2011 para la construcción de casas prefabricadas..

Pero en México, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, las autoridades no criminalizaron el entramado de Saab y Pulido. Se limitaron a abrir la puerta a unos “acuerdos reparatorios” que parecen hechos a la medida de los infractores.

Durante meses, la empresa El Sardinero fue el principal proveedor de las cajas Clap que salían del puerto de Veracruz, en México, al de La Guaira, en los buques CNP Paita y Viking Merlin. Rice & Beans y Productos Serel también surtían sus productos, como arroz y lentejas, mientras que Grupo Brandon, una empresa de rastro muy difuso en el estado de Nuevo León, prácticamente monopolizaba los envíos de leche en polvo con distintas marcas de pobrísima calidad nutricional.

Cuatro palmaditas en la espalda

El primer acuerdo reparatorio se consumó el 12 de octubre de 2018. Los representantes de El Sardinero, Delmar Logística, Almacenes Vaca y Rice & Beans, cancelaron cada uno 750.000 dólares para sumar los tres millones de dólares que irían a Acnur, anunciados por la Procuraduría General de México pocos días después. Además, se comprometieron a entregar a las autoridades 1.300 contenedores con alrededor de dos millones de combos Clap.

Santiago Nieto, el jefe actual de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, destaca varios vicios en esa resolución. “Primero, no se debió haber depositado a la Acnur estos tres millones de dólares, como sanción, sino a la Tesofe, como lo establece el Código de Procedimientos Penales, cuando existe un acuerdo reparatorio. Está por ley que debe de ser así. También es ilegal que se haya acordado el decomiso de 1.300 contenedores, que después fueron enviados a Venezuela, cuando, precisamente, una de las irregularidades había sido la adquisición de estos alimentos de baja calidad calórica”.

Los empresarios, por su parte, aseguran haber cumplido con lo exigido por las autoridades en ese momento. Desde El Sardinero, por ejemplo, insisten en que cumplieron al pie de la letra el “acuerdo reparatorio” tras pagar la donación, que paralizaron su negocio con Venezuela y que entregaron los dos millones de cajas Clap a la Cancillería mexicana.

Pero ese no fue el único “acuerdo reparatorio”. El 16 de octubre de 2018, la Procuraduría General de México acordó con representantes del grupo Kosmos, cuyos Productos Serel y La Cosmopolitana también se incluyeron en los Clap, la imposición de una multa de sólo 120.000 dólares, que también debieron abonar a Acnur. De Productos Serel era, por ejemplo, la leche en polvo Kosland, una de las que peores valores nutricionales tenía. La sanción es ínfima, si se toma en cuenta que, según la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, Productos Serel vendió mercancía por varios millones de dólares a Wellsford Trading Corp, otro de los intermediarios contratados por el Gobierno de Maduro.

Wellsford Trading Corp, inscrita en Panamá, firmó el 30 de marzo de 2017 el contrato 0032 con la estatal Corpovex por casi 70 millones de dólares. 

Un tercer “acuerdo reparatorio” se selló el 26 de octubre de 2018. Fue con la empresa Almacenes Vaca, a la que se impuso una multa de poco más de 14 millones de pesos, equivalente a unos 700.000 dólares, también destinados a la Acnur. Al propietario de esta compañía también pertenece Rice & Beans, otra de las principales proveedoras de los Clap entre 2017 y 2018. Apenas una factura de julio de 2018 muestra que Rice & Beans cobró a Mulberry Proje Yatirim, la sociedad turca con la que Alex Saab y Álvaro Pulido reemplazaron a Group Grand Limited, productos por 220.000 dólares.

El cuarto “acuerdo reparatorio” se firmó el 21 de noviembre de 2018. En este caso las autoridades pactaron con el representante de las compañías Jaifar Comercial, Delmar Logística y Empresas Bonobox, que en algún momento participaron en la logística desde México para los Clap, una multa de 110.000 dólares.

Pero si los criterios de los “acuerdos reparatorios” son ahora cuestionados por el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, más extraño aún resulta que Group Grand Limited, la sociedad usada en México por Alex Saab y Álvaro Pulido, haya logrado recuperar sus cuentas bancarias luego de que las autoridades ordenaran congelarlas. 

A dos años de la investigación iniciada en México, sólo tres empresas continúan bloqueadas en el sistema financiero de ese país: Grupo Brandon y Group Grand Limited; en el caso de la última, se refiere tanto a la registrada en Hong Kong como a la mexicana. Sin embargo, la compañía manejada por Saab y Pulido ganó en noviembre de 2019 un amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera, con lo que pudo descongelar dos cuentas bancarias en el Scotiabank Inverlat.

El documento que justificó la decisión refiere que según “el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el bloqueo sólo procede en acuerdos comerciales representados por el Estado mexicano y en el caso de las despensas fueron negociaciones entre empresas particulares”. Paradójicamente, ahora el Gobierno venezolano califica a Alex Saab como un “agente del Gobierno” para la compra de alimentos y medicinas, y hasta reclama para él “inmunidad diplomática”. 

“Los principales problemas que hemos enfrentado en México, en este caso de las despensas Clap, son el acuerdo reparatorio ilegal que estableció la PGR de la administración anterior,  encabezada por Alberto Elías Beltrán, con los empresarios y, el segundo, la jurisprudencia que impulsó el exministro Eduardo Medina Mora para evitar que hubiera un congelamiento de cuentas por parte de la UIF, en la que se establece, que si no hay una solicitud de carácter internacional, existe la posibilidad de desbloquear. Y aunque aquí sí existe la solicitud internacional, los jueces otorgaron el amparo”, reprocha el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Las cuentas de Group Grand Limited quedaron bloqueadas inicialmente el 5 de octubre de 2018 tras la sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno de los apoderados de la empresa en México, Andrés León Rodríguez, demandó un amparo contra la medida. Tras una batalla legal entre la empresa y las autoridades, finalmente las cuentas fueron desbloqueadas en noviembre de 2019. 

Otras empresas que fueron denunciadas por las autoridades mexicanas por su participación en la trama de los Clap, como Ilas México, B-Eminet, Digrava y Evaporadora y Secadora de Leches están a punto de lograr una medida similar a la que favoreció a Group Grand Limited. Otra prueba más de que en México la investigación cayó en el olvido y apenas hubo responsables por las acusaciones formuladas en octubre de 2018. Con la captura de Alex Saab, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana parece dispuesta a retomar lo que inició hace dos años y ahondar en el sospechoso rastro que el millonario negocio de los Clap dejó en ese país.

Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.Info y el diario Excélsior de México.

Sea porque la sede de la compañía está ubicada en Barranquilla, ciudad natal de Alex Saab, o porque este se convirtió en el principal contratista de Maduro desde 2013, el colombiano estuvo a punto de obtener el control de Monómeros, que desde 2006 pertenece en su totalidad a Venezuela y es la principal productora de fertilizantes del mercado colombiano. Aunque el plan no funcionó, su solo propósito pone de nuevo de relieve la interminable influencia de Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas en la estructura financiera del régimen chavista, así como la compleja trama societaria desperdigada por el mundo con numerosos colaboradores para tal fin.

Todo marchó como preveía el plan para tomar Monómeros, hasta el 30 de enero de 2019. Ese día, en plena pista del aeropuerto de Barranquilla, funcionarios de Migración Colombia comunicaron al ciudadano venezolano Ronald Alexander Ramírez Mendoza, quien había llegado en un vuelo privado proveniente desde Panamá, que sería “inadmitido” y debía regresar a su país de origen.

Un mes antes, el 20 de diciembre de 2018, el mismo Ronald Ramírez había sido designado por Nicolás Maduro para ocupar la presidencia de Monómeros. El nombramiento quizás buscaba anticipar una posible maniobra contra ese activo venezolano en el exterior, que todavía no era objeto ni de sanción ni de acción judicial alguna. Si ese era el cálculo de Maduro, sus temores se verían conformados. El 5 de enero de 2019 el diputado de Voluntad Popular (VP), Juan Guaidó, era electo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y días después, el 23 de enero de 2019, se proclamó como presidente encargado de la República, con el apoyo de las principales potencias occidentales. Esto último se consumó siete días antes del desafortunado desembarco de Ramírez en Barranquilla.

Ronald Ramírez es un funcionario público de recorrido discreto, pero su valía se la otorga su condición de miembro, otro más, de la compleja red de Alex Saab. Semanas antes de su intento por tomar posesión física de la presidencia de Monómeros, Ramírez había representado en Caracas a Adon Trading FZE, una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos y ligada al portafolio de compañías que el empresario colombiano usa para sus negocios con el chavismo.

Como representante de Adon Trading FZE, Ramírez ofreció semillas e insumos a los productores agrícolas. Según las fuentes que conocieron del negocio, Adon Trading FZE compraría esos productos a algunas transnacionales temerosas de negociar directamente con el gobierno de Maduro tras las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump desde 2018, o por los consabidos incumplimientos de pago que lastran de riesgos financieros las transacciones con el régimen bolivariano. Luego la compañía los revendería a sus clientes finales en el mercado venezolano.

Aunque el negocio al final no se materializó, dejó el rastro de otro tinglado societario con el que Saab y Pulido intentaban ampliar sus nexos comerciales con Venezuela.

Ya es un 'modus operandi'

Esa manera de capturar una empresa del Estado para su propio beneficio y a través de un interpuesto no era extraña para Saab y Pulido. De hecho, ya la habían llevado a cabo con éxito.

Apenas unos meses antes, en julio de 2018, Maduro nombró presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), la estatal encargada de explotar y comercializar el oro venezolano, a Adrián Antonio Perdomo Mata, un exempleado de Saab y Pulido tanto en la fantasmal petrolera suizo-colombiana Trenaco, como en Vram Holding y la propia Fondo Global de Construcción, la compañía con la que el tándem colombiano inició sus negocios con el chavismo en 2011.

Además, en agosto de 2018, Minerven y la estatal Carbones del Zulia llegaron a formalizar “empresas mixtas” con sendas sociedades con razones jurídicas turcas, pero detrás de las cuales está realmente la dupla colombiana representada por Lorenzo Antonelli.

Antonelli es un joven italiano al que la Guardia Di Finanza confiscó bienes y activos -entre ellos un apartamento en la céntrica y exclusiva Vía Condotti de Roma- en noviembre de 2019, como parte de una redada contra Alex Saab, a quien se investigaba bajo cargos de presunto lavado de dinero.

Así que para ese 30 de enero de 2019, cuando Ronald Ramírez aterrizó en Barranquilla, Saab y Pulido parecían a punto de coronar su control sobre Monómeros, el segundo activo más importante de Venezuela en exterior detrás de la filial petrolera Citgo en Estados Unidos, cuando ya habían puesto sus manos sobre las operaciones estatales de extracción de mineral de oro y carbón.

Sólo la medida migratoria de Colombia contra Ronald Ramírez y la posterior designación de una junta administradora en abril de 2019, por parte de la administración de Juan Guaidó, consiguieron bloquear ese hecho que parecía inminente.

‘Il giovane’

Como el frustrado presidente de Monómeros, Ronald Ramírez, quien había dado la cara en Caracas por Adon Trading FZE, el joven Lorenzo Antonelli cumple un papel similar de representación del emporio de Saab y Pulido tanto en esa misma empresa, con sede en Emiratos Árabes Unidos, como en otra con sede en Hong Kong, pero que hacen negocios con Venezuela.

El nombre de Antonelli está, por ejemplo, en una factura emitida por Adon Trading FZE en septiembre de 2019 a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios de Venezuela (Cuspal), por la venta de casi 80.000 kilogramos de lentejas por 235.618 dólares, a tres dólares por kilo, para el programa estatal de los CLAP. Aunque en su web Adon Trading FZE se define como una “comercializadora de productos farmacéuticos y fertilizantes”, en esa ocasión no tuvo dudas para comerciar con otro tipo de productos.

La factura corresponde a un contrato más amplio suscrito con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), que centraliza las importaciones públicas. Se trata del convenio CPVX-CJ-CONT-0045-2018 por poco más de 345 millones de euros por “combos de alimentos”, firmado con Asasi Food FZC, también registrada en Emiratos Árabes Unidos y ligada al tándem colombiano. Asasi Food FZC, de hecho, aparece entre las listadas por el Departamento del Tesoro en julio de 2019, cuando sancionó a los empresarios colombianos y los incluyó en la lista de la OFAC, junto con Group Grand Limited, con la que obtuvieron otros dos contratos para el suministro de los CLAP por casi 800 millones de dólares entre 2016 y 2017.

La empresa no contestó la solicitud de entrevista, pero fuentes explican que con el uso sustitutivo de Adon Trading FZE se intentaba borrar el rastro de la ya marcada Asasi Food FZC, con la que Corpovex firmó originalmente esos y otros convenios antes de las sanciones del Tesoro norteamericano, una maniobra similar a la que idearon cuando Mulberry Proje Yatirim suplantó a Group Grand Limited. El nombre de Asasi Food FZC también apareció en los oficios que el diputado Luis Parra, junto a otros parlamentarios por entonces opositores, entregaron en países europeos buscando blanquear los negocios de los empresarios colombianos, en abril de 2019, cuando ya la lupa de autoridades de distintos países seguía la pista de estas compañías.

Al igual que a Group Grand Limited, la primera sociedad que usaron Saab y Pulido para el negocio de los CLAP, pero que en 2017 también obtuvo contratos para la venta de medicinas, a Asasi Food FZC le asignaron contratos por otros 200 millones de euros para el suministro de provisiones tan disímiles como medicamentos, “garbanzos y uvas pasas”, “parte y repuestos para minibuses” y hasta juguetes entre 2017 y 2018, de acuerdo con documentos vistos por Armando.Info. Todos esos acuerdos se suman, además, a los que obtuvieron previamente con la firma panameña Global Foods Trading para el despacho de materia prima a granel. 

Pero la factura por la venta de lentejas arroja más datos sobre el andamiaje societario y financiero diseñado por los empresarios colombianos para sostener sus negocios con el régimen de Maduro, a pesar del seguimiento que sobre ellos mantienen la justicia norteamericana y autoridades de Colombia, México e Italia. De acuerdo al documento, la cuenta bancaria beneficiaria de Adon Trading FZE está en el Investbank de Bulgaria, jurisdicción que Saab y Pulido empezaron a usar para movimientos financieros a raíz de la presión norteamericana. El banco intermediario fue Aktif Yatirim Bankasi A.S de Turquía, otro país al que han direccionado sus movimientos empresariales y bancarios, especialmente a partir de 2018.

Las coordenadas de la mercancía fueron otras. Las lentejas fueron transportadas desde Cartagena, Colombia, por 4PL Industrial, una compañía logística y empaquetadora manejada por Jorge Andrés Saavedra Bedoya, otra pieza más en los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido.

Los muchos sombreros de Ronald

De la forma como Ronald Ramírez, el fallido presidente de Monómeros, terminó en la red de los empresarios colombianos no hay muchas pistas. Tampoco atendió la petición de entrevista para este reportaje. Su pasado como funcionario público mantuvo un perfil bajo pero constante desde los inicios del chavismo, un hilo que, no obstante, parece nunca haberle disuadido a la hora de cambiar de sombrero y pasar a representar al sector privado.

En su hoja de vida destacan cargos en el Ministerio de Industria, a comienzos de la década del 2000, así como su posterior ascenso a viceministro de esa cartera en 2003. Años después, en 2007, fue designado como gerente de regímenes aduaneros en el Seniat, el organismo recaudador de impuestos. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), también fue directivo de la Empresa de Producción Social Recuperadora de Materias Primas (Rempaca). “Técnicamente fue un buen funcionario, pero su problema siempre fue la ambición”, apunta un ex-compañero que coincidió con Ramírez en el Ministerio de Industrias.

El RNC revela también pruebas sobre su actividad empresarial en el ámbito privado. Ronald Ramírez se ha desempeñado como directivo de Borets Venezuela, una empresa petrolera de origen ruso con filiales en varios países. Borets Venezuela acumula varios contratos con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Venezolana de Petróleo o Bariven, la encargada de las compras en el extranjero de suministros para la industria petrolera, para la venta de “bombas electrosumergibles” y “sistemas de bombeo”.

Poco se ha sabido de Ronald Ramírez desde que las autoridades migratorias colombianas le negaron su entrada al país y con ello el salto a la cabeza de Monómeros. El mismo 30 de enero de 2019 debió regresar al aeropuerto de Maiquetía. Pese a ello, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) muestra que desde el 2 de enero del año pasado Ramírez ingresó como trabajador de Pequiven, quizás como prueba de que aún ostenta un cargo en la compañía estatal venezolana propietaria de Monómeros en Colombia.

Uno de esos bancos es el North International Bank (NIB), con sede en Antigua pero controlado por ejecutivos venezolanos. En agosto de 2016 la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) venezolana otorgó la autorización para que el banco designara un representante en Caracas. “Promover e informar a residentes venezolanos de los productos y servicios” que el banco “puede ofrecer” fue una de las justificaciones del ente regulador de la banca venezolana para otorgar la licencia, contenida en la Gaceta Oficial 40.970 del 19 de agosto de 2016.

Para el momento de esa autorización, desde Estados Unidos no habían aplicado sanciones económicas contra el régimen chavista. Sin embargo, la administración de Maduro se apresuró a usar los servicios del North International Bank como banco corresponsal de entidades financieras estatales como el Banco del Tesoro o el Banco del Desarrollo Social (Bandes) y para los millonarios pagos a los intermediarios contratados para el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Antigua es una de las jurisdicciones con mayor secreto bancario, según el índice de la ONG Tax Justice Network.

Por ejemplo, apenas once meses después de la aprobación de la Sudeban, 425 millones de dólares de un pago del Gobierno de Nicolás Maduro en favor de Group Grand Limited, comenzaron a pasar por una cuenta bancaria del North International Bank. Group Grand Limited es la firma registrada en Hong Kong tras la cual se escondieron los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas para controlar con productos mexicanos las importaciones para los Clap desde el mismo inicio del plan estatal ideado por Maduro.  

Los detalles de esa transacción están en el contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017 entre la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), encargada de centralizar las importaciones públicas, y la compañía de Hong Kong. El documento muestra al North International Bank junto al Rabobank holandés como canales de la transacción destinada a las arcas de Group Grand Limited y de la que 50% se pagó de forma anticipada.

Del contrato se desprende también que la dupla colombiana, favorecida ampliamente con millonarios negocios por Nicolás Maduro desde 2013, cobró 37 dólares por cada caja Clap, tres dólares más que por cada combo de un contrato previo. Un año después, en octubre de 2018, la Procuraduría General de México denunció irregularidades como sobrefacturación o mala calidad en los envíos de Group Grand Limited para el Gobierno venezolano.

Para el momento del convenio, firmado por el mayor general de la Fuerza Aérea Giuseppe Yoffreda, representando a Corpovex, ni Saab ni Pulido habían sido incluidos en la lista Ofac de sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense, ni tampoco habían sido acusados de lavado de dinero en un tribunal del sur del estado de Florida, eventos que ocurrieron a mediados de 2019. Tampoco la Guardia Di Finanza italiana les había congelado activos, como hizo en noviembre del año pasado.

Sin embargo, ya para entonces Armando.info había revelado que detrás de Group Grand Limited se camuflaban los empresarios colombianos, quienes pocos años antes enfrentaron a una acusación de la Fiscalía ecuatoriana por varios delitos presuntamente cometidos con la compañía Fondo Global de Construcción. Con esta misma empresa la dupla de empresarios había firmado un contrato multimillonario en 2011 con el Gobierno de Hugo Chávez para levantar viviendas prefabricadas en zonas populares, lo que marcó el inicio de la era dorada de sus negocios con la autodenominada Revolución Bolivariana y, de paso, condujo al propio Alex Saab al palacio de Miraflores, en una de sus escasas apariciones públicas.

La de Group Grand Limited no es la única transacción financiera ligada a los Clap que ha pasado por jurisdicciones destacadas por su opacidad financiera. Los propios Saab y Pulido han usado empresas de Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros intermediarios han recibido pagos millonarios en bancos de Hong Kong y Suiza.

Banco corresponsal, gobierno aliado

Quizás en la preferencia del gobierno de Caracas por el North International Bank haya influido que sus socios sean inversionistas venezolanos. O quizás, pese la experiencia de Saab y Pulido en la jurisdicción de Antigua y Barbuda, que el tándem colombiano conoce de sobra. Tanto, que Alex Saab llegó a tener un pasaporte como “representante económico” de la isla, emitido en 2014, cuando el primer ministro Gaston Browne llevaba pocos meses en el cargo. Browne tuvo que dar explicaciones públicas por la emisión de ese documento, justo cuando las investigaciones contra Saab y Pulido arreciaban. “Todo lo que puedo decir a la gente de Antigua y Barbuda es que si en algún momento se le acusa al señor Saab por cualquier irregularidad, pueden estar seguros que revocaremos su nombramiento”, declaró a una emisora local en octubre de 2018.

Browne es aliado cercano de Maduro, condición que no queda claro si precedió o acompañó a la conversión de Antigua y Barbuda en un hub financiero del chavismo. La relación empezó en el marco del programa Petrocaribe con el que Hugo Chávez logró seducir a muchos de los países del Caribe anglófono, titulares de una importante cantidad de votos en la OEA y otros foros internacionales. Pero Browne y Antigua y Barbuda despuntaron, hasta el punto de hacerse en 2019 miembros plenos del Alba, la alianza de regímenes bolivarianos que, hoy menguada, también creó Chávez.

Del rol del North International Bank en las maromas financieras de la administración de Maduro hay otras evidencias. El 24 de diciembre de 2017 el estatal Banco del Tesoro deseó una “feliz navidad” a quienes llamó “nuestros bancos corresponsales”. Entre los cumplimentados figuraban la entidad de Antigua y Barbuda junto con el ruso Gazprobank, el Italbank International Inc y el Commonwealth Bank & Trust, domiciliado en la también caribeña isla de Dominica.

El diputado Carlos Paparoni, quien desde 2017 investiga el negocio detrás de las importaciones para los Clap y el año pasado fue designado por el Gobierno interino de Juan Guaidó como “comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado”, también ha señalado al North International Bank como “banco intermediario” en operaciones financieras irregulares o ilegales del régimen de Maduro y en las que hay participación del Bandes. Hasta 2016, cuando llegó la aprobación de la Sudeban y tras ocho años de creado, el rastro del North International Bank en Venezuela era, más bien, discreto.

Con acento venezolano

El primer representante en Caracas de North International Bank, avalado por Sudeban, fue Fidel Antonio Gómez Barrios, de quien no se conoce mayor experiencia en instituciones financieras, salvo por su presencia en una firma registrada en Panamá en 2008 denominada Optivalores Servicios Financieros S.A. Fidel Gómez no será el único venezolano detrás de North International Bank. En realidad, sus socios y buena parte de sus empleados son también venezolanos.

Los actuales socios del banco son Jordán Alberto Silva Tugues y Carlos Eduardo Sandoval Arocha, quienes son los dueños en Caracas de la empresa NIB Asesores de Negocios. Con esa compañía tramitaron en 2013 ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) los derechos de la marca del North International Bank en Venezuela, que les fueron concedidos al año siguiente. Tanto el banco como la caraqueña NIB Asesores de Negocios nacieron en 2008 y poseen oficinas en la Torre La Castellana, al este de Caracas. Fidel Gómez, Jordán Silva y Carlos Sandoval también pasaron en Caracas por la firma Econoconsult Consultores Asociados.

Del North International Bank fue socio también Carlos Vicente Croes Hernández entre 2015 y 2016. “Jamás he sido directivo del banco, sólo he sido accionista”, afirma Croes. En su perfil de Linkedin subraya que no tiene “ningún tipo de responsabilidad administrativa, gerencial o directiva” al referirse a su paso por el banco.

La cara visible del North International Bank como presidente de la junta directiva es Jordán Silva. Él fue quien apareció en la firma de un acuerdo de patrocinio con el club de fútbol de la primera división española Atlético de Madrid. “El acuerdo, cuya duración es de cuatro años, quiere ofrecer cada vez más y mejores opciones de mecanismos de pago a los seguidores de nuestro equipo en Sudamérica y en el Caribe, reforzando su identidad atlética y pasión por el fútbol”, destacó el equipo español en un comunicado, donde describe al North International Bank como “un reconocido banco” con sede también en República Dominicana, además de Antigua y Barbuda.

Sin embargo, sobre la posible operación del North International Bank en República Dominicana no hay rastro siquiera en la web del banco o en sus canales de promoción. En la hoja de vida Jordán Silva también destaca haber sido presidente del estatal Banco Solidario C.A entre 2006 y 2008, así como director ejecutivo de la Gobernación del Distrito Federal entre 1995 y 1998. Contactado para este reportaje Silva pidió por escrito las preguntas, pero al cierre de esta edición no había contestado.

Fuentes ligadas al mundo financiero explican que fue a partir 2014, cuando el Sapi autorizó los usos de la marca North International Bank en el país, que empezaron a captar clientes con la oferta de tarjetas de débito prepagadas en dólares en un momento en que todavía el rígido control cambiario aplicado por el chavismo limitaba a los ciudadanos hasta la posibilidad de tener dólares en caso de un viaje al exterior. En efecto, además del uso de la marca, el Sapi les aprobó la denominación “travel card” para la promoción de tarjetas de débito y crédito “pre y post pago”.

En la nota de prensa que difundió el North International Bank semanas después de su alianza con el Atlético de Madrid, se aseguraba que “ha emitido más de un millón de instrumentos físicos de pago en la última década, desde tarjetas prepagadas, de crédito, de nómina hasta tarjetas de regalo (gift cards) y otras opciones”.

En 2014 también se vio al North International Bank como mecenas y coeditor de folletos de artistas plásticos venezolanos. “Para Nibank constituye un honor contribuir con la sociedad latinoamericana como patrocinante internacional de diversas causas sociales, dentro de nuestro compromiso con el desarrollo del ser humano en lo ético, social, deportivo, cultural”, se lee en uno de esos catálogos. Era una ambiciosa presentación para una realidad que por entonces seguía siendo, más bien, difusa.

Hoy, en cambio, el banco parece estar en expansión. A los fondos relacionados con los intermediarios de los Clap, las actividades de intermediación o corresponsalía de bancos estatales venezolanos, así como al acuerdo de patrocinio con el Atlético de Madrid se suma que la institución está en busca de personal para su oficina en Caracas. En febrero de este año el banco publicó en sus redes sociales vacantes para administradores, abogados corporativos y especialistas en tecnología de la informática, de medios de pagos y de desarrollos web, entre otros cargos. Otra señal de que el North International Bank vive un auge desde que Sudeban autorizó su operación en Venezuela en 2016, a contracorriente del prolongado desplome económico que sufre el país.

Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del opositor partido Primero Justicia (PJ), avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la Operación Maletín Verde para comprar a algunos de sus colegas. La especie cobró fuerza unos días más tarde cuando, también por Twitter, circularon otros documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría -hubo quien los calificó de apócrifos y la propia Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, uno de presuntos destinatarios, negó haberlos recibido- para descargar de culpas a Saab.

Eso fue así hasta ahora.

Porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante.

De acuerdo a los documentos disponibles, dos nombres resultan claves para entender esta historia.

Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de Primero Justicia por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de Medio Ambiente.

Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique. Lizcano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papeles como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas luego de una suerte de privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, que tuvo lugar entre 2016 y 2017 con la bendición de Nicolás Maduro.

Las negociaciones entre Luis Parra y Carlos Lizcano han sido constantes y dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos y su vasta red de negocios con el chavismo, siempre en expansión desde 2013.

Invocan a Guaidó para ganar indulgencias

Una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos -sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la novel organización dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab. El año pasado la Fiscalía colombiana acusó formalmente a Saab por evasión de impuestos y mantiene bajo su mira los negocios del clan con el Gobierno de Maduro.

“Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A”, refiere la carta fechada el 20 de septiembre de 2019. Además de las firmas de Adolfo Superlano y José Brito, también aparecen las de sus colegas diputados Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT). En la misiva el apellido de este último diputado, por cierto, está mal escrito.

Lizcano no solo aparece en el complejo organigrama de empresas creado por Saab y Pulido como dueño de las Tiendas CLAP en Venezuela, a través de Salva Foods, sino también como directivo de Mezedes Holding Ltd, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, también involucrada en el esquema comercial detrás de los CLAP.

La presunta certificación de buena conducta en favor del empresario nacionalizado venezolano, pero nacido hace 48 años en Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, Colombia, habría sido aprobada en “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio Lizcano en una comunicación del 25 de julio del mismo año, siempre según el texto. Sin embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: las dos últimas ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la otra, la semana pasada, el 20 de noviembre.

En el escrito, consignado ante la Subdirección de Gestión Documental de la Fiscalía colombiana con el número 20196110908052, los signatarios se permiten hablar a nombre del cuerpo legislativo entero y hasta de su presidente, Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como Presidente Encargado de la República el 23 de enero de 2019. “El señor presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y nosotros, desde este máximo organismo de control del Poder Ejecutivo, sorteamos infinidad de obstáculos, pero conscientes y garantes porque se produzcan cambios sustantivos y se restituya la ética en la acción funcionarial que debemos poner al servicio de la sociedad venezolana”, se jactan.

Acumulando millas

La de Colombia no es la única gestión reciente de los diputados para clarear en el extranjero el historial de Carlos Lizcano.

A pedido del empresario, una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro en Washington a finales de septiembre. Para el momento del cierre de este reportaje no se pudo confirmar la recepción del documento en las oficinas de ese equivalente estadounidense a un ministerio de finanzas. Parece lógico el propósito de persuadir también a ese ente sobre la inocencia de Lizcano: fue el Departamento del Tesoro el que impuso sanciones financieras a Alex Saab y Álvaro Pulido el pasado mes de julio; Lizcano pretendería vacunarse contra futuras medidas en su contra. Los documentos revisados por Armando.Info solo permiten afirmar que el envío postal del escrito -no se entregó en persona al organismo- se realizó el 26 de septiembre de 2019 desde una oficina de correos en la capital de Estados Unidos.

También según esos archivos, algunas de las reuniones de coordinación entre el empresario Carlos Lizcano y el diputado Luis Parra han tenido lugar en una casa en la parroquia El Valle, al suroeste de Caracas, en apartamentos en el este de la capital venezolana, así como en varios locales de la cadena de las Tiendas CLAP. El empresario no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje.

Por su parte, el diputado Luis Parra negó conocer al empresario colombiano o haber participado en conversaciones para que la Comisión de Contraloría lo terminara favoreciendo. “Los invito, a ti, al que sea, a que, si tienen alguna prueba de que Luis Parra está relacionado con estos casos, la pongan allí”, expresó al ser consultado para este reportaje. De hecho, sobre Carlos Lizcano solo pudo afirmar que “me han dicho que es el supuesto testaferro del señor ese que tú nombraste (N.d.R.: Alex Saab) y que nombró el otro ladrón que está allá afuera (N. d. R.: Rafael Ramírez)”.

Ramal dorado

Entre los documentos obtenidos para este reportaje destacan facturas de la empresa Agroleón Molinos de San Felipe, capital del estado Yaracuy, para Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano. El propietario de Agroleón Molinos de San Felipe es Roger León, conocido empresario de esa entidad y amigo del diputado Parra, este último, representante de Yaracuy en el parlamento. A ambos se les ha visto en actividades políticas en esa región del centroccidente venezolano.

Una de las facturas, emitida el 12 de marzo de 2019, muestra a Agroleón Molinos de San Felipe, en principio dedicada a la venta de todo tipo de granos, despachando a Salva Foods un cargamento de 30 toneladas de “carne en canal, puesta en el sitio” por un total de 120 millones de bolívares. Meses antes, el 17 de diciembre de 2018, Agroleón Molinos de San Felipe había emitido otra factura proforma por casi 500.000 euros a nombre de Salva Foods Fze, ésta, registrada en los Emiratos Árabes Unidos y también parte de la trama del negocio de los CLAP. El concepto de la factura es por la compra de un “terreno céntrico de 1.340 metros cuadrados”, y el pago debió efectuarse a una cuenta en Banesco Panamá. Ni la compañía ni su propietario contestaron la petición de entrevista sobre esas transacciones.

El acercamiento entre Luis Parra y Carlos Lizcano podría resultar todavía más desconcertante si se considera que, casi en simultáneo a esas gestiones, otro diputado del mismo partido, Primero Justicia, y miembro de la Comisión de Medio Ambiente al igual que Parra, Emilio Fajardo, anunció mediante una nota de prensa en junio pasado que abriría una investigación sobre Lizcano por la “ilegal explotación y comercialización del oro” del denominado Arco Minero. “Hay que ejercer acciones contra aquellos que de manera ilegal explotan y comercializan nuestros recursos naturales por encima de la devastación ambiental de nuestro país”.

Fajardo no atendió la solicitud de entrevista para este reportaje.

Sobre ese anuncio de su colega de comisión y compañero de partido, Luis Parra indicó que “llegó fue una nota de prensa que decía que ese tal Carlos Lizcano tiene minas y una mafia de oro, y nosotros estamos abiertos a que entreguen las pruebas”. Sin embargo, replicó al ser consultado sobre los avances de esa eventual investigación, “tú no puedes investigar lo que no existe”.

Desde el año pasado Alex Saab y su red también aparecen relacionados a la comercialización y extracción de oro venezolano. La incursión en este negocio tendría propósito doble: por una parte, ofrecer a Nicolás Maduro una vía para sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de Caracas; pero también para asegurarse los empresarios una forma de pago, difícil de rastrear, por las importaciones efectuadas para los CLAP. Fuentes que hasta hace poco conocieron de cerca la estructura de los empresarios colombianos, aseguran que el propio Carlos Lizcano suele viajar a la zona minera del sur de Venezuela.

El origen de un ‘modus operandi’

La factura proforma por casi 500.000 euros de Agroleón Molinos de San Felipe para Salva Foods Fze arroja una pista adicional acerca de la trama tejida entre el grupo de Alex Saab y los diputados de oposición. Desde la compañía, la factura fue enviada por correo electrónico al diputado Luis Parra y a Carlos Herrera, ex concejal del Distrito Metropolitano de Caracas, director del website Primicias24.com y promotor del autodenominado Bloque de Prensa Digital Venezolano. El asunto no parece casual.

Luis Parra y Carlos Herrera son amigos y viajaron en abril de este año a Europa junto con otros dos diputados: Conrado Pérez y Richard Arteaga. El 17 de abril los cuatro debieron regresar desde Madrid, España, a Caracas en un vuelo de Air Europa, con escala en República Dominicana. Los pasajes fueron comprados en una agencia de viajes en Bogotá. “Es como que yo te pregunte de dónde sacas el dinero para mantenerte, para viajar y para hacer las cosas que estás haciendo, quién te paga para andar investigando, yo creo que estás cruzando unas líneas”, respondió Parra al ser interrogado sobre ese viaje. Ni el editor de Primicias24, ni los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga, atendieron la petición de entrevista.

En abril Conrado Pérez y Richard Arteaga también estuvieron en París, Francia, con unos pasajes comprados en la misma agencia de viajes en Bogotá para volar por la línea Air France. Sobre ninguna de estas giras hubo información pública de parte de los parlamentarios. Fuentes cercanas a los diputados agregan, además, que por esos días habrían viajado a Bulgaria, Portugal y hasta el enclave alpino de Liechtenstein, para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra el entramado de Alex Saab. En algunas de esas jurisdicciones, precisamente, hay indagatorias contra los movimientos financieros de los empresarios colombianos y sus empresas. El diario búlgaro Dnevnik, a partir de una minuta enviada desde la cancillería búlgara a un diputado del partido socialista de ese país, reseñó en junio la visita hecha por parlamentarios el 12 de abril, aunque sin detalles de las peticiones de los funcionarios venezolanos a autoridades de ese país.

Días después del viaje inicial a España los tres diputados -Parra, Pérez y Arteaga- aparecieron nuevamente en Europa. Estuvieron acompañados por los colegas José Brito, Chaim Bucaram y Adolfo Superlano, firmantes todos de la carta que el 9 de octubre de 2019 llegó a la Fiscalía de Colombia en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods.

Los diputados estuvieron el 10 de mayo en Roma y el 14 de mayo en Madrid, para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a Rafael Ramírez, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de la petrolera estatal Pdvsa durante el Gobierno de Hugo Chávez, así como ex Vicepresidente del Área Económica con Nicolás Maduro, entre otros cargos. De esta gira por España e Italia sí hubo fotos, declaraciones a medios de esos países y hasta explicaciones a la vuelta a Venezuela. “Vive como un príncipe en un castillo que cuesta entre seis y siete millones de euros (…) Yo emplazo al Fiscal Tarek William Saab a que haga la solicitud a Interpol”, declaró el 22 de mayo el diputado Chaim Bucaram sobre la acusación contra Rafael Ramírez, una vez reincorporado a la Comisión de Contraloría.

En Madrid y Roma estuvo también el diputado José Luis Pirela, representante del estado Zulia y actual miembro de la llamada fracción parlamentaria del 16 de julio, disidente de la oposición mayoritaria, encabezada por María Corina Machado y Antonio Ledezma. No obstante, Pirela se apura a aclarar que su participación fue para acompañar en esa denuncia específica contra Ramírez y otra por el caso Derwick, asociado a corrupción en inversiones eléctricas en Venezuela. “No acepto que se mezcle mi nombre en un tema en el que no tengo nada que ver. No he hecho nada distinto con los miembros de esa comisión de contraloría”, repitió quien hace parte de la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN.

Ese viaje de los integrantes de la Comisión de Contraloría, precisamente, llamó la atención de los jefes de los partidos políticos y en particular del presidente de esa instancia, Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP). “No era una gira de acción de la comisión; si es algo oficial, primero se aprueba en plenaria o el presidente la autoriza. De no ser así, se trata de una acción individual y no institucional”, aclara Superlano, a quien no hay que confundir con el también diputado Adolfo Superlano, con quien aquel asegura no tener parentesco.

Ese 22 de mayo, día de las declaraciones del diputado Bucaram contra Rafael Ramírez, Freddy Superlano ya estaba fuera del país en un exilio autoimpuesto desde abril pasado. Así que Conrado Pérez, hasta ese momento vicepresidente de la comisión, declaró a los medios de comunicación que asumía la “voz de los compañeros de la Comisión de Contraloría”. Desde entonces, Conrado Pérez ha fungido en la práctica como presidente de facto de esa instancia del parlamento.

Hay que hacer notar que el mismo Conrado Pérez y el diputado Richard Arteaga suscriben las cartas de autenticidad incierta, fechadas en 2018 y filtradas a la prensa y por redes sociales la semana pasada, en las que los parlamentarios absuelven de cualquier irregularidad ya no a Lizcano, sino al mismísimo Alex Saab. Uno de esos papeles también contiene la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano. Tanto en su cuenta de Twitter como al ser consultado para este reportaje, Superlano negó “enfáticamente” haber firmado ese documento.

La gira oficiosa por Europa del grupo de diputados despertó todo tipo de especulaciones en el Hemiciclo, incluidas las de quienes afirmaban que en su financiación había estado la chequera de Alex Saab. La comidilla no era solo entre diputados. En un encuentro digital con corresponsales extranjeros destacados en Venezuela en septiembre de este año, el propio Rafael Ramírez, caído en desgracia frente al Gobierno de Maduro y hablando desde un lugar indeterminado por vía remota, así lo dijo. “Estuvieron en Europa, muy cómico, bueno, muy trágico, acusándome con unas pancartas horribles en mi contra, pero después me dijo gente de la oposición que ese viaje fue pagado por Alex Saab, es el señor de las cajas CLAP y que la Comisión de Contraloría no investiga”.

Semanas después y durante meses empezaron a publicarse en Primicias24.com, el portal de Carlos Herrera, artículos en defensa de Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano y propietaria de las Tiendas CLAP. Las publicaciones llegaban a comparar la supuesta robustez de Salva Foods con Empresas Polar, la principal corporación privada de Venezuela en categorías de productos alimentarios y bebidas. “Salva Foods es una empresa que se creó en el año 2015 con el objetivo de poder comercializar alimentos a gran escala. No es una empresa de maletín, cuenta con alrededor de 6.500 empleados y está entre las empresas más grandes del país debido a que también cuenta con una gran administración logística”, insistía una de las notas de prensa.

Las fechas de esas publicaciones coinciden con la data de las cartas de la Comisión de Contraloría filtradas a redes sociales con firmas presuntas de Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y hasta del secretario de dicha comisión. Solo el diputado Superlano insiste en que no firmó esas comunicaciones en defensa de Alex Saab, Carlos Lizcano o las compañías del grupo. La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, también niega haber recibido comunicación alguna de la Comisión de Contraloría con esa finalidad.

Ninguna de las cartas está tampoco en el expediente número 1714 que la Comisión de Contraloría creó en 2017 cuando el diputado de Primero Justicia, Carlos Paparoni, abrió formalmente el caso. Según esos indicios, se trataría de documentos apócrifos, forjados como parte de una estrategia de desinformación. “Nunca pasaron por el registro de la comisión, aunque hablen a nombre de la comisión”, sentencia una fuente que prefirió el anonimato.

En esos escritos, todos fechados en 2018, se refiere que la investigación en torno a Alex Saab y su participación en el negocio de los CLAP, se habría iniciado gracias a una denuncia del ciudadano Ramsés Reyes, obviando que la investigación en realidad tuvo su punto de partida oficial un año antes.

Ramsés Reyes es un personaje familiar en el portal Primicias24. Con frecuencia, el sitio recoge denuncias de supuestos hechos de corrupción por parte de ese individuo, al que suele identificar como “abogado y contador público” e integrante del partido Corrientes Revolucionarias Venezolanas.

El abogado de Salva Foods, Pedro Aranguren, aseveró vía Twitter que “emplazará” a la Asamblea Nacional “con documentos en la mano” para que “reconozca las resoluciones de la Comisión de Contraloría a favor del empresario Alex Saab, que demuestran no forjó nada y que los documentos fueron firmados de puño y letra por los integrantes de esa comisión”. Sus palabras son, en el fondo, el reconocimiento de que Alex Saab es el dueño en la sombra de las Tiendas CLAP, cosa que siempre ha querido desmentir el empresario colombiano a propósito de los reportajes de Armando.Info que han revelado esas conexiones a través de Carlos Lizcano. Pedro Aranguren es también un personaje familiar de en Primicias24 y es identificado como “penalista, ex juez y experto en materia criminalística”.

Entre las filtraciones y el vértigo de las revelaciones que se suceden una tras otra, y al cierre de esta historia, Freddy Superlano, aún presidente desde la distancia de la Comisión de Contraloría, divulgó una carta en la que pide al presidente interino, Juan Guaidó, abrir una investigación con “diputados, periodistas y sociedad civil” en la “plenaria de la Asamblea Nacional” para descubrir cómo es que en esa instancia se cocinó una estrategia para defender a quienes son calificados en algunos países como testaferros del propio Nicolás Maduro y probables artífices de la Operación Maletín Verde, según la bautizó el diputado José Guerra.