A finales de octubre, a un consultor acostumbrado a rastrear las listas de clientes de los grupos de presión le llamaron poderosamente la atención dos nuevos nombres recién registrados: el de una televisión venezolana, Globovisión, en manos de un empresario cercano al chavismo; y el de la filial de una empresa española que vende lentes de sol por Internet, Hawkers. El consultor resumía su estupor así: “No vas a encontrar a nadie en todo Washington que te pueda explicar eso”.

La idea de contratar los servicios de Ballard no se les ocurrió a los jóvenes emprendedores de Elche que han levantado en tiempo récord la start-up de moda. La estrategia, admiten en Hawkers, proviene del entorno de Alejandro Betancourt, un multimillonario venezolano de 37 años que entró como un vendaval en la alta sociedad española hace poco más de un lustro y cuya fortuna lleva siendo investigada por la justicia estadounidense desde 2014. Su historia ha salpicado durante años las páginas de la prensa venezolana y estadounidense, incluido The Wall Street Journal.

Los creadores de Hawkers lo conocieron a mediados de 2016. Se estaban convirtiendo en los chicos de oro de las start-up españolas y buscaban un socio capitalista a medida. De entre todos los candidatos que se acercaron a ellos, Betancourt era el inversor perfecto. Estaba dispuesto, recuerdan, a meter en torno a 40 millones de euros y gastarlos “en total sintonía con las ideas fundacionales”. Francisco Pérez, fundador y actual director general, dice que el venezolano “fue uno de los pocos ‘players’ que respetaba y le gustaba nuestra cultura y filosofía”.

Como ejemplo, Pérez relata una anécdota reciente. Hawkers acaba de encargar un Tyrannosaurus Rex gigantesco, "igualito al de Parque Jurásico", una mascota que quieren convertir en el símbolo de sus nuevas oficinas de Elche. “Si a cualquier inversor industrial de los que vinieron a vernos le digo que nos queremos gastar decenas de miles de euros en un dinosaurio para ponerlo en la ofi, se piensan que estoy loco. Pero a “Bet” –así le llama–, que es un tío de 37 años, podemos convencerle y acaba más entusiasmado que nosotros”.

Hoy presidente de la sociedad matriz que controla Hawkers (Saldum Ventures SL), Leopoldo Alejandro Betancourt López (Caracas, 1980) no es, efectivamente, un inversor convencional. Su nombre empezó a sonar en España en 2012 cuando su sociedad Derwick Associates compró en subasta por 24 millones de euros una finca de caza de 1.600 hectáreas en Toledo, levantada sobre un castillo andalusí del siglo X y expropiada a Gerardo Díaz-Ferrán. El joven empresario, titular de una fortuna inmensa, se hizo pronto famoso por sus fiestas y logró codearse con buena parte del jet-set español, desde los hermanos Cortina a la familia del torero Palomo Linares. A Hawkers llegó de la mano de los cofundadores de Tuenti, Félix Ruiz y Hugo Arévalo.

Por aquel entonces, su nombre llevaba ya un tiempo sonando en Venezuela. Personas cercanas a su entorno explican que es bisnieto de un expresidente venezolano, Hermógenes López, pero se crió en una familia de la alta sociedad caraqueña venida a menos. Su padre es el violinista Leopoldo Betancourt y su madre la diseñadora de joyas Lilia López, relacionada en las páginas cuché al difunto torero Palomo Linares. “Era una familia de dinero, pero no millonarios. Ni siquiera tenían chofer, algo muy común entre la gente con dinero en Caracas, hasta que entró en tratos con el Gobierno”, resumen.

La sociedad alrededor de la cual gravitan sus negocios y el origen de su fortuna, Derwick Associates, está siendo investigada por varias agencias federales en EEUU, según diversas fuentes. En el contexto de varias pesquisas que se están llevando a cabo en ese país, en octubre pasado se desencadenó el arresto en España de cuatro ex-altos funcionarios venezolanos que esperan a ser extraditados a Houston. Aunque pasa mucho tiempo en España (incluso celebró su boda en Madrid), Betancourt sigue manteniendo su residencia fiscal en Venezuela, estrechas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y lleva a cabo fructíferos negocios en asociación con la petrolera rusa Gazprom.

Bolichico Betancourt

Nervis Villalobos Cárdenas, Luis Carlos de León, César Rincón Godoy y Rafael Reiter fueron arrestados a finales de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Todos ellos habían ocupado cargos públicos en instituciones y compañías estatales de su país vinculadas al sector energético. La orden de arresto tuvo su origen en un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Seguidamente, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Un tribunal de la ciudad tejana de Houston los está investigando por supuesto blanqueo de capitales.

Se han vertido ríos de tinta sobre cómo altos funcionarios y ejecutivos cercanos al chavismo se han enriquecido supuestamente de forma ilícita con los negocios de Pdvsa y otras empresas del sector energético venezolano. Han hecho fortuna dos términos para referirse a esos beneficiados de la revolución bolivariana de Hugo Chávez: los “boliburgueses”, que son los representantes del círculo más cercano de la generación del malogrado presidente; y los “bolichicos”, los hijos de los primeros o simplemente personas más jóvenes que están ahora en la treintena. Alejandro Bentacourt es el paradigma del “bolichico”.

Sobre el método que utilizaron para reunir su fortuna no hay tanta información. Es decir, sobre cómo esos “bolichicos” amasaron ingentes cantidades de dinero gracias a supuestos esquemas de corrupción que están siendo investigados a fondo en Estados Unidos por varios órganos federales, según confirman a este diario fuentes cercanas a las diligencias.

Desde 2013, un par de demandas civiles (que no deben confundirse con las investigaciones criminales) han descrito en sus alegaciones esas tramas de supuesto enriquecimiento ilícito de los “bolichicos”. Fueron interpuestas por Otto Reich, exembajador estadounidense en Caracas, en un tribunal de Nueva York y por Thor Halvorssen, activista y presidente de Human Rights Foundation, en uno de Miami. Ambas iban dirigidas contra Betancourt y la sociedad matriz que consiguió los contratos en Venezuela, Derwick Associates, además de contra otras dos personas asociadas a esa empresa con sede en su país de origen y Barbados, su primo Pedro Trebbau López y el ciudadano hispano-venezolano Francisco D’Agostino.

Procesos desestimados

Los dos procesos judiciales fueron desestimados por falta de competencia jurisdiccional, no porque los hechos planteados fueran inciertos. El de Miami, además, está recurrido. Con todo, fuentes cercanas a Betancourt insisten en que las demandas civiles fueron desestimadas, sin que actualmente Betancourt se encuentre vinculado ni directa ni indirectamente a ningún proceso legal en su contra.

El modelo de negocio que describen las demandas era muy sencillo: desde Estados Unidos, los “bolichicos” estarían ofreciendo sobornos de millones de dólares a los altos ejecutivos de las compañías estatales venezolanas para asegurarse la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía. Así, se estarían beneficiando de un “proceso de contratación directa” que les evitaba tener competidores. Una vez que Derwick Associates recibía el dinero de los contratos en cuentas de Nueva York –siempre según las demandas–, lo transferían a los sobornados en bancos de Estados Unidos. Seguidamente, los empresarios subcontrataban a otras compañías para llevar a cabo las obras en Venezuela, ya que sus firmas eran simples intermediarias y no tenían capacidad técnica para llevarlas a término.

Según fuentes cercanas a las investigaciones en marcha, los beneficiarios de este esquema estarían blanqueando el dinero a través de numerosos bancos en Europa y Estados Unidos. En 2016, el entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara (destituido por Trump), ya había solicitado a las autoridades suizas información sobre las cuentas relacionadas con esa supuesta trama que estaría esquilmando los recursos de Pdvsa y la sociedad estatal eléctrica Corpoelec. Esas fuentes confirman que el exhorto también afectaba a cuentas relacionadas con Derwick Associates y sus directivos. Menciones a dicha investigación han aparecido en los últimos meses en publicaciones como Wall Street Journal y, con más detalle, en la bitácora del periodista y activista Alek Boyd, quien asegura estar sufriendo una campaña de acoso contra su persona desde que empezó a investigar el caso.

Expertos independientes han denunciado el esquema de sobreprecios pagados por las compañías estatales. En agosto de 2013, el consultor experto en el sector energético, José. G. Aguilar, publicó un estudio sobre 40 contratos otorgados. En apenas 14 meses entre 2009 y 2010, 12 de los 14 solicitados por Derwick le fueron adjudicados sin concurso por Pdvsa, Corpoelec y Corporación Venezolana de Guyana. En el análisis de Aguilar se recogen 11 de los 12 que fueron concedidos inicialmente por 2.873 millones de dólares, pero que finalmente Derwick facturó por 5.044 millones, según sus estimaciones. El sobreprecio fue, por tanto, de más de 2.000 millones de dólares.

“No hay ni una sola sombra de duda de que el esquema de malversación de fondos y sobornos denunciado en mi demanda es cierto”, afirma Halvorssen a El Confidencial. Y añade la persona que demandó en Miami a Derwick: “Hay varias investigaciones criminales contra Betancourt y D’Agostino en Texas y Nueva York. Eso es incuestionable. Yo mismo he sido entrevistado por varias agencias federales sobre el tema”.

Una fuente cercana a las pesquisas que se siguen en Estados Unidos subraya que “es un hecho que hay investigaciones en marcha (sobre Betancourt). Las agencias federales son muy rigurosas porque no quieren perder ningún caso en sede judicial y se toman su tiempo para verificar la información pero están en ello”. Desde el entorno de Betancourt, sin embargo, lo niegan rotundamente.

Sobre el proceso que ha provocado las recientes detenciones en España de “bolichicos”, Halvorssen afirma que “la investigación de Houston está relacionada con Betancourt, por supuesto. Los que están bajo arresto en España, como Nervis Villalobos, fueron sobornados por Convit (su socio). Sin duda alguna, Convit sobornó a Villalobos personalmente. Y eso me consta porque he visto la prueba documental”.

Francisco Antonio Convit es codirector junto al presidente de Hawkers de al menos dos sociedades en Barbados, Derwick Oil and Gas Corporation y Diamanven Corp., según se ha podido saber gracias a Paradise Papers, trabajo en la que ha participado El Confidencial junto a La Sexta en España y que ha coordinado Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Por su lado, Nervis Villalobos fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela y viceministro de Energía Eléctrica entre 2001 y2006.

Hawkers en la Casa Blanca

El director general de Hawkers, Francisco Pérez, rehúye comentar el pasado de Betancourt y la procedencia de su dinero. Insiste en que se trata de "un asunto privado del que no sabemos nada y que no tiene nada que ver con Hawkers". Remite a sus asesores: Arcano (fiscalidad) y RCD (servicios legales). "Nos aseguraron que (la inversión) era una operación segura y limpia”.

Como inversor, abunda Pérez, el venezolano es una bendición que les ha permitido profesionalizar su negocio, expandirlo internacionalmente, incrementar la gama de productos en venta y fichar a perfiles técnicos de multinacionales como Twitter, Amazon o Apple. Además, Betancourt está muy implicado en la marcha de la multinacional nacida en Elche: “Es el presidente de la compañía, hablamos todos los días y está de manera activa con nosotros”.

Desde su entrada estelar mediante la ronda de inversión, Betancourt ha ido ganando peso dentro de la empresa. Y algunas decisiones, como el contrato firmado con el lobby de Ballard que se mencionaba al principio, parece haberlas tomado al margen de los fundadores de la compañía. Una fuente cercana a Ballard confirma que “no hay ninguna razón lógica para que una compañía española que vende lentes de sol por Internet necesite los servicios de un poderoso lobby en Washington”.

Entonces, ¿qué está pagando en Hawkers? Según la misma fuente, “muchos boliburgueses y bolichicos trabajan estrechamente con el gobierno de Maduro para asegurar que no se impongan más sanciones a Venezuela. Si rascas un poco, es evidente que esa podría ser la razón por la que Betancourt ha contratado a Ballard. Curiosamente, hay otra empresa que desentona en el listado de clientes y es precisamente Globovisión, la televisión propiedad de Raúl Gorrín, otro de los aliados clave de Maduro”.

Podría haber otra razón más para pagar por susurrar al oído de la Casa Blanca: entre los asesores más prestigiosos del lobby se encuentra nada menos que el embajador Otto Reich, quien durante años fue uno de los peores enemigos de Derwick y de Betancourt.

Preguntados al respecto por El Confidencial en el transcurso de una entrevista, desde Hawkers ofrecieron sucesivas versiones para explicar la presencia de la empresa en la lista de clientes de Ballard. “Estábamos al tanto del registro en el lobby, pero esto toca a Hawkers colateralmente porque ese movimiento está relacionado con la expansión de los negocios de Betancourt en Estados Unidos. Utiliza Hawkers USA como un vehículo porque era una sociedad ya establecida y era más cómodo. Pero está en el proceso de cambio de denominación social”, explicó su abogado, Eduardo Nebot.

Horas después, cambiaron la versión. Se trata, corrigieron, de un contrato de prueba de tres meses “por prestación de servicios de consultoría”, una decisión que sí tiene que ver con la expansión de Hawkers en EEUU. “Lo que se ha firmado con Ballard es un contrato de asesoría con objetivos estratégicos (mercado, financiación, posicionamiento de marca), para la expansión de Hawkers en el mercado de USA. Se trata de un contrato de tres meses de prueba para prestación de servicios de consultoría”, detalla la empresa.

"Dicen que somos una empresa de moda, de tecnología, que parecemos incluso una agencia de creatividad, pero en realidad, Hawkers es una empresa de innovación donde nos estamos especializando en reinventarnos. Las lentes en Hawkers son el vehículo que materializa nuestro propósito", apuntilla Pérez.

El montante del contrato no será público hasta que no se hagan públicos los datos al final del trimestre. Globovisión, por ejemplo, se gasta 150.000 dólares trimestrales desde que efectuó el registro el verano pasado.

Otros negocios

Ante las crecientes trabas que tribunales y autoridades federales estadounidenses han ido poniendo al dinero extraído de Venezuela durante el chavismo, España (y en particular Madrid) se ha convertido en uno de los principales destinos de sus enormes fortunas. Betancourt, y su entorno, no son una excepción. Además de Hawkers y de la finca del castillo del Alamín, adquirió otras viviendas e inmuebles en Madrid a través de Guanabana Real State SL y compró en 2014 el 30 por ciento de la empresa vasca Zigor Corporación SA. Esta última está dedicada a la fabricación de tecnología eléctrica y electrónica y su participación fue obtenida a través de su sociedad de Barbados ZGR International. En estos proyectos casi siempre le acompaña su primo Pedro Trebbau López, quien es, por ejemplo, presidente de la firma vasca.

Betancourt es también uno de los principales accionistas del holding luxemburgués BDK Financial Group, que desde 2015 se está expandiendo en el sector bancario del África francófona por países como Senegal, Mali y Costa de Marfil, entre otros. Como compañeros de viaje tiene a empresarios y ejecutivos como “Los Albertos” –Alberto Cortina y Alberto Alcocer–, César Álvarez (El Corte Inglés) o Alfredo Sáenz, exconsejero delegado del Banco Santander y actual presidente de BDK Financial Group.

El venezolano parece abrir muchas puertas a quienes se sitúan en su entorno. Ahí está José Ramón Blanco Balín, ex-vicepresidente de Repsol, imputado en varias piezas de la trama Gürtel como “blanqueador” de Correa y persona muy cercana a Betancourt en Madrid. El pasado 10 de julio consiguió una autorización del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para explotar parte del yacimiento conocido como Faja Petrolífera del Orinoco junto con una filial de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), con Petrosur S.A.

Pero España es solo un hito más en la aventura transnacional de Betancourt. Fundó y administra 12 sociedades inscritas en Barbados entre 2009 y 2016, en todos los casos junto a uno o los dos habituales socios suyos: su primo Pedro José Trebbau y Francisco Antonio Convit. Una de esas compañías, Derwick Oil & Gas Corp., mantiene relaciones comerciales con la petrolera Gazprom, que a través de la sociedad holandesa Gazprombank Latin America Ventures B.V. lleva a cabo proyectos en el sector energético venezolano.

Además de ser propietario de varios inmuebles en Nueva York y Miami, es accionista y miembro de la junta directiva de la petrolera de origen canadiense Pacific Energy and Exploration Corp., que desarrolla proyectos en varios países latinoamericanos. El fondo de inversión O’Hara Administration, del que es parte Betancourt, compró en 2015 un 19,5 por ciento de la petrolera.

Pablo Sánchez, cofundador de Hawkers, la marca de lentes de sol que patrocina a Los Angeles Lakers, se refiere a Betancourt como “el inversor que pone la gasolina al proyecto”. El “bolichico” dota de combustible a Hawkers y a otros muchos proyectos.

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Documentos entregados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en español) por el diario alemán Süddeutsche Zeitung demuestran que Velásquez Figueroa abrió el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la apretada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales sobrevenidas de aquel año en Venezuela, una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited, por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca (MF), especialista en crear sociedades de maletín, con un capital de 50.000 dólares.

Dicha empresa, como lo reconoce la firma suiza V3 Capital Partners LLC, que administra el patrimonio de Velásquez Figueroa, en un correo electrónico enviado el 2 de diciembre de 2014 a Mossack Fonseca, no tiene actividad comercial alguna. “La empresa administra los activos rentables de Adrián Velásquez Figueroa desde una perspectiva de gestión de la riqueza”. Para el momento de la comunicación, el sueldo mensual promedio de un capitán rondaba los 10.000 bolívares, menos de 170 dólares en el mercado negro, de acuerdo con el tipo de cambio en ese momento: 60 bolívares por cada dólar. Con el tiempo Velásquez Figueroa ha demostrado tener mucho más poder de compra que el de un asalariado.

Se sabe que al menos hasta el 30 de junio de 2015 la pareja Velásquez-Díaz residía en un exclusivo conjunto residencial de Punta Cana, llamado Cap Cana Caribe, muy lejos de la caótica situación de Venezuela, agobiada por una generalizada escasez de bienes de todo tipo. En aquel lugar el costo de una vivienda oscila entre 400.000 y 1,6 millones de dólares. Por alguna razón hasta ahora desconocida, ellos convirtieron ese exclusivo destino turístico del Caribe dominicano en su centro de operaciones. Fue, en todo caso, una decisión que tomaron después de muchas idas y venidas a ese país, como lo demuestran los movimientos migratorios de ambos.

Velásquez, nacido en Maturín, Venezuela el 2 de noviembre de 1979, también conocido entre los militares con el sobrenombre de Guarapiche, por el río que atraviesa su ciudad natal, ubicada en el oriente de Venezuela, viajó a La Romana y a Punta Cana en enero de 2012 y en el mismo mes de 2013. Su esposa se convirtió en una visitante frecuente al menos desde julio de ese año. Llevaba ya tres meses fuera de la tesorería, cargo en el que había sido nombrada en mayo de 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez, cuando comenzaron sus constantes viajes. El cargo público ya no la ataba al país. Había dejado de captar y custodiar los fondos valores e inversiones de la República y de concretar los pagos establecidos en el presupuesto. Todo esto en medio de un largo control cambiario que ha permitido que los allegados al régimen chavista se beneficien con un sistema que les entrega dólares a precios subsidiados por el Estado que luego se revenden en el mercado negro.

Díaz viajó 11 veces desde Venezuela hacia Santo Domingo o Punta Cana y siempre en vuelos chárter entre 19 de julio de 2013 y el 15 de enero de 2015. La extesorera, quien también ocupó el cargo de secretaria del Fondo para el Desarrollo Social, no ha regresado al país desde el 21 de septiembre de 2015, cuando atravesó la frontera venezolana con Colombia, cerrada desde entonces al tránsito de vehículos por órdenes del presidente Maduro, para trasladarse hacia la ciudad de Cúcuta.

Henrique Capriles denuncia

El nombre de ambos era apenas un pie de página en la opinión pública hasta que saltó de pronto a las primeras planas. El 26 de mayo de 2013 el gobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, sugirió que la pareja tenía relación con Raúl Gorrín, uno de los dueños de Globovisión, planta adquirida por capitales chavistas en marzo de aquel año. Capriles hablaba desde la impotencia que suponía comprobar que su presencia en esa pantalla no era bienvenida como hasta principios de aquel año. Globovisión despuntaba entonces como la única televisora con una política editorial que cuestionaba al gobierno. Habían pasado seis semanas desde que el gobernador había perdido por escaso margen con Nicolás Maduro la inesperada elección de abril de 2013, que escogió al sucesor del fallecido Chávez.

Díaz salió de su cargo justo en el mes que Capriles formuló su denuncia. Velásquez Figueroa, mientras tanto, estaba ya empleado en la empresa MJ Box Tool C.A –desde el 9 de julio de 2012, aunque él la había fundado en septiembre de 2009– y aún aparece como empleado activo de esa compañía en su cuenta del Seguro Social. Suena lógico. Es el presidente de la empresa, ubicada en su natal Maturín según el Registro Nacional de Contratistas, y está habilitada para contratar con el Estado venezolano. Su hermano Josmel José Velásquez Figueroa es el vicepresidente y Eulogio Mago aparece como uno de los directores.

Todos ellos eran los responsables de capitanear la empresa al menos hasta el 23 de marzo, en plena Semana Santa. Ese día el autor de esta nota intentó hablar por primera vez con alguno de los hermanos Velásquez Figueroa, sin éxito. La recepcionista informó que el único vocero autorizado de la compañía era Eulogio Mago y que lo llamara al finalizar el asueto. El lunes 28 de marzo atendió un asistente de Mago que nunca se identificó. Después de escuchar el motivo de la llamada, que pretendía buscar comentarios de Velásquez Figueroa sobre la situación actual de las inversiones que maneja en Suiza y la razón por la cual había decidido abrir una cuenta en la República de Seychelles, el hombre informó: “Nosotros no tenemos información que ofrecer y menos vamos a conversar con un periodista. Buenos días”.

El jueves 31 de marzo se había modificado la línea de mando de MJ Box Tool, según los registros electrónicos del Registro Nacional de Contratistas. Ya no aparecen los hermanos Velásquez Figueroa en el directorio ni tampoco Eulogio Mago. También se ha modificado el renglón que refleja la experiencia de la compañía y las áreas de experticia que abarca. MJ Box Tool, que tenía tres años declarados de experiencia en cada faceta de su negocio, aparece ahora como una compañía improvisada y sin recorrido en los servicios que le contratan (construcción y mantenimiento, producción y fabricación industrial y servicio de gestión, profesionales de empresa y administrativos).

También han cambiado el objeto principal de la empresa. Si hasta el 23 de marzo participaba en la remodelación y construcción de obras civiles, competía en el área de servicios y distribuía bienes importados, después de Semana Santa se ha supuestamente concentrado en el sector de la construcción. De su vida anterior, sin embargo, hay algunas evidencias. Los registros de Import Genius, una de las bases de datos de tráfico marítimo más grandes del mundo, revelan que, entre diciembre de 2012 y enero de 2013, cuando todavía Claudia Díaz era la tesorera, llegaron al puerto de Guanta, estado Sucre, dos cargamentos que, sumados, están valorados en 234.890 dólares, ambos importados por MJ Box Tool. Adrián Velásquez y sus socios trajeron al país preparaciones utilizadas en la industria química.

La eterna voluntad de esconderse

Aunque en agosto de 2013 un empleado de Mossack Fonseca en Panamá reportó en un correo electrónico que Adrián Velásquez Figueroa “era responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez”, que “estaba dedicado a los negocios ilegales con comida y minerales” y que consideraba necesario profundizar las investigaciones sobre el origen de su fortuna, ninguno de los destinatarios pareció tomarlo en cuenta. En los correos consultados de ese año apenas hay una referencia al excapitán del Ejército venezolano. V3 Capital Partners le comunica al bufete que el cliente (Velásquez Figueroa) debía abrir una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos y necesitaba “un sello de las acciones”.

En mayo de 2015 reaparecieron esas preocupaciones. El escritorio decidió actualizar sus registros para adaptarse a los extremos de la ley 23, que promulgó Panamá el 27 de abril de 2015 para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La correspondencia interna del bufete evidencia que adelantaron algunas gestiones para “corregir” anomalías, ajustarse a la normativa y así evitar penalizaciones.

V3 Capital Partners recibió el 2 de junio la primera advertencia. Velásquez Figueroa, escriben los especialistas, calificaba como una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés), una denominación que advierte al sistema financiero de la relación de un cliente con una persona que ocupa cargos públicos en un país. Habían hecho una búsqueda superficial en Internet encontrando las referencias dadas por Capriles, su relación con Claudia Díaz y en general todo lo que de la pareja se ha afirmado en las columnas dedicadas a difundir trascendidos en la red.

La suiza V3 Capital Partners, como parte de su trabajo, había llamado al bufete panameño para que dispusiera del nombre de una compañía de papel en un paraíso fiscal que pudiera administrar los activos acumulados por Velásquez Figueroa, de cuya cuantía y procedencia no se dan mayores detalles en los correos electrónicos consultados para escribir esta historia. De entre las muchas opciones que tenían escogieron Bleckner Associates Limited. Mossack Fonseca, como dice su página web, funciona como un agente registrador al que acuden los propietarios de ciertas fortunas para administrar sus bienes. Las compañías por ellos proporcionadas pueden llevar a cabo negocios en cualquier país, efectuar transacciones en la moneda que decida el cliente a través de jurisdicciones que suelen estar exentas de impuestos con relación a cualquier actividad comercial o transacción efectuada fuera de su jurisdicción.

Tres meses después de la solicitud llegaron los documentos. Entre ellos, el exjefe de seguridad de Hugo Chávez mandó una carta que certifica que forma parte de la exclusiva clientela del banco suizo BSI desde noviembre de 2012.  Apenas un mes, antes un moribundo Chávez había ganado las elecciones para un cuarto período presidencial. Y siete meses antes su esposa Claudia había aprobado el aumento de capital del Fondo de Desarrollo Nacional, una entidad creada en 2005 para financiar proyectos de gran calado, con la idea de utilizar ese dinero para pagos y recompra de deuda pública y atender “situaciones extraordinarias”. Durante aquella campaña electoral la oposición denunció, sin demostrarlo, el uso de recursos públicos para financiar la reelección de Hugo Chávez.

La apertura de una cuenta en Suiza se completó luego de participar en la fundación de al menos cinco compañías distintas en Panamá, todas inscritas en el registro público de ese país entre agosto de 2011 y mayo de 2012 y con capitales de 10.000 dólares.

Entre todos los documentos enviados el exoficial de las fuerzas armadas venezolanas también entrega a Mossack Fonseca una dirección en Venezuela nada concreta, como para refrendar la voluntad de mantener su patrimonio a salvo de cualquier escrutinio: avenida Sojo, entre avenida Venezuela y Boyacá. Para localizarla habría que tocar todos los timbres de los edificios y casas hasta dar con su paradero.

Con la colaboración de Tamoa Calzadilla desde Miami
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Ahora, en 2016, Cambio16 está cambiada. Nunca se fue de los quioscos y hasta se encuentra en Internet, pero su trayectoria de 43 años de altibajos –con algunos tramos que no han sido dignos de su pasado glorioso– acaba de encallar en las manos de unos dueños tan nuevos como inesperados: unos hermanos venezolanos que, en su gran mayoría, han obtenido jugosos contratos con instituciones afines a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que en 2010 ayudaron a instalar toldos junto a los centros de votación. También han prestado servicios a las alcaldías de Baruta y Chacao controladas por la oposición.

En realidad este relanzamiento data de casi dos años atrás, en noviembre de 2014. Llegó en lo que algunos llaman la “Segunda Transición” de España, tras la erupción del llamado movimiento de los indignados –formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011 contra las políticas del bipartidismo español– y del ascenso de partidos alternativos como Podemos y Ciudadanos en desmedro de la tradicional mancuerna de populares y socialistas. De hecho, ese, el de la Segunda Transición, fue el título de una de las portadas de esta nueva época de la revista que, por cierto, también coincide con otra posible transición, la que iría del chavismo, tal como se dio a conocer, hacia lo que sea que venga después en Venezuela.

Desde Venezuela desembarcaron en España y en la revista los hermanos Neri Bonilla, Francisco y Jorge, propietarios en la península del Grupo EIG Multimedia, una empresa que, según los informes mercantiles que presenta el portal Empresia, dispone de un capital social de 3.359.812 euros, patrimonio de 1.591.440 millones de euros y el resultado de su último ejercicio en rojo, con un déficit de 513.100 euros. Pero en el bagaje de estos empresarios no son las únicas cifras rojas, el color de identidad de la revolución bolivariana en Venezuela.

A pesar de haberse codeado con los altos círculos de la sociedad española, los Neri no son muy conocidos entre los círculos empresariales venezolanos. Eso sí, sus vínculos con Venezuela no están rotos del todo; por el contrario: la revista mantiene una redacción binacional, con salas paralelas en Madrid y Caracas.

Francisco Neri posee una empresa en el país, Sinergia Total. La sede está en El Rosal, en el municipio Chacao de Caracas, en una quinta entre la Policlínica Americana y la sede de la Oficina Nacional Antidrogas. En ese espacio también se encuentra una sede de Seguros La Constitución –la aseguradora del empresario Omar Farías Luces– y una pequeña galería de arte. No hay cartel o identificación alguna en la puerta, Registro de Información Fiscal (RIF) o seña. Al llamar al intercomunicador sí responden ante el nombre de Sinergia Total. Pero no dejan pasar más allá de la primera puerta, de un pequeño estar con las paredes de concreto y, de nuevo, ninguna identificación con el nombre de la empresa. Si bien confirman que desde allí se trabajaba para Cambio16, advierten que tienen “otros clientes bajo un contrato de confidencialidad”, por lo que no se pueden mostrar las facilidades de Sinergia Total-Cambio16 a terceros. Todo lo que se quiera saber se debe escuchar de la boca de Óscar Abou-Kassem, el director de la revista.

Una agencia de eventos

En la página web de Jorge Neri Bonilla, el otro hermano, aparece un apartado especial de esta empresa, Sinergia Total Eventos, donde ofrecen “la mejor presentación a sus eventos, dando una innovadora y notable presencia a su imagen y productos en los lugares de mayor exposición para los medios, así como el público en general”. También se ofrecen como asesores y productores.

De acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RCN) de Venezuela, Sinergia Total, con Francisco Neri Bonilla como administrador principal, con frecuencia ha prestado servicios a dos clientes principales: al Gobierno del Distrito Capital –un organismo creado a la medida por Hugo Chávez en 2009 para restar atribuciones a la Alcaldía Metropolitana, a cargo del opositor Antonio Ledezma– y la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas, zona correspondiente al centrooeste proletario de la capital venezolana. La actividad, muy intensa en 2010 y 2011, se registró sobre todo cuando en la Alcaldía –como ahora– figuraba como titular el ex presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ex vicepresidente de la República bajo Chávez, Jorge Rodríguez, y en el Gobierno del Distrito Capital su aliada, Jacqueline Farías, también dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Entre los muchos contratos que aparecen como ejecutados está el de la Alcaldía de Libertador para la “organización y adecuación de espacios para las torres publicitarias alucivas” (sic) al Bicentenario del 19 de abril –la ocasión en 1810 del primer grito de Independencia en Venezuela–, para juegos parroquiales en distintas locaciones de Caracas, o para un concierto en el parque Los Caobos en diciembre de 2010.

El Gobierno del Distrito Capital, por su parte, aparece contratando por esa época a Sinergia Total para el acto de juramentación de diputados en la Plaza O’Leary de Caracas el 31 de enero de 2011 y para actividades de los consejos comunales en la parroquia caraqueña del 23 de Enero, así como para organizar el centro de acopio de damnificados en febrero de 2011, es decir, el centro donde atendieron a las víctimas de las lluvias de los meses anteriores.

El Ministerio de Interior y Justicia también aparece como cliente, así como el Ministerio de Educación, que hizo uso de esta empresa para la instalación de toldos en los centros de votación el 24 de septiembre de 2010, dos días antes de las elecciones a la Asamblea Nacional. No precisa qué tipo de toldos son, si bien, los que suelen aparecer en esas jornadas están asociados al Psuv, el partido del Gobierno, y son los llamados “puntos rojos”, tema de controversia en el país porque ejercen influencia sobre los electores el propio día de votación.

La revista española tiene otras publicaciones hermanas como Cambio Financiero, de antigua data, o Energía16, que apareció en noviembre de 2014. En este rubro, el de petróleo y energía, la experiencia de los hermanos Neri también se une a Venezuela. En su web, Jorge Neri se describe como “negociador y empresario, especializado en consultoría estratégica de negocios, fusiones y adquisiciones, negociación y finanzas corporativas, centradas en la industria de la energía y América Latina”. También se dice fundador y director en empresas con “especial énfasis en el sector de la energía en la región”.

El petróleo también es un tema, que al menos de modo transversal, les ha tocado. Entre la cartera de clientes de Sinergia Total aparece la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), la filial de la petrolera estatal, Pdvsa, para eventos como la transmisión de varios juegos deLaVinotinto, la selección de fútbol, conciertos, ruedas de prensa, un evento cultural y deportivo en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela y así hasta los 94 contratos solo hasta 2012.

Venezuela no es el único puerto donde se extiende el legado de la española Cambio16. Según el portal InfoEmpresa, la revista tiene como administrador único a EIG Multimedia S.A.R.L., empresa a su vez afincada en Luxemburgo. Parte de los pagos regulares que se hacen en la revista provienen de ese país. Fuentes cercanas a la redacción cuentan que esto ha causado recelos, pues el Gran Ducado en los Países Bajos es reconocido como un paraíso fiscal.

Los hilos del negocio llevan hasta otro paraíso fiscal, en este caso, Panamá, donde desde enero de 2012 está registrada Sinergia Total S.A., con Daniel Mijic como representante.

La prosapia de la revista

En la España de 1971 las suecas campaban por las playas en topless para horror de muchos y deleite de otros y en los guateques (minitecas) se movía el esqueleto con “Help, ayúdame”, el tema que le dio éxito al cantante Tony Ronald. Pero también fueron los tiempos en los que el director del Diario Madrid era obligado a pagar una multa de 250.000 pesetas (3.623 dólares de entonces) por un artículo titulado “Ni Gobierno, ni oposición”. Eran los últimos coletazos del franquismo, un régimen que, aunque había visto unos años de apertura y desarrollismo económico, no dejaba de ser una dictadura.

El 22 de noviembre de aquel año salieron a la calle 2.000 ejemplares de Cambio16. De ellos solo se vendieron 800, pero su apariencia prometía. La portada era rompedora para la época, un diseño de Michel Malka con una caja fuerte hecha un mazacote de hielo y la leyenda “Inversión congelada”. En el interior, 52 páginas y un editorial que dejaba las intenciones claras, enfoques distintos para las mismas noticias, osadía informativa para dar al traste con el periodismo ramplón que se venía haciendo en el país y, en definitiva, garantizarle a la España del futuro uno de los principios fundamentales de la democracia para entonces ausente, la libertad de expresión.

Su primer director, Juan Tomás de Salas, licenciado en Derecho, venía de diferentes aventuras en el mundo del periodismo. En España fue parte de la clandestina Agencia de Prensa Española Libre. Luego, en los siete años que estuvo en el exilio, fue crítico de cine en El Tiempo de Bogotá y, en París trabajó para France Presse y TheEconomist para América Latina, donde cultivó el estilo anglosajón que imprimiría a Cambio16. Quería una revista “nueva en lenguaje, desarrollo, enfoque, combativa y criticona, que sirviera para analizar lo que pasaba en España”.

La redacción estaba formada en su mayoría por periodistas liberales y socialdemócratas, con alguno del Partido Comunista, férreo enemigo del régimen. Pronto se empezó a decir que la revista estaba financiada por la CIA o por multinacionales, incluso que era el órgano informativo de la banda terrorista ETA. Lo cierto es que hasta nueve ministros de Franco eran accionistas. 

La revista fue la palestra de políticos de oposición y dirigentes en la clandestinidad que de otra manera no podrían haber aparecido en los medios españoles. Esto le daba todas las papeletas para someterse al secuestro preventivo de la publicación, una medida común en el Ministerio de Información de la época. Estas circunstancias no ayudaban en nada a la ya maltrecha economía de la revista, que a duras penas logró reunir los cinco millones de pesetas (72.463 dólares de entonces) necesarios para su lanzamiento. Pero cuanto más roce tenía con la censura franquista, mayor era el prestigio que adquiría como adalid de la libertad de expresión, incluso después de que el Caudillo, Francisco Franco, muriera en 1975. Al año siguiente estuvieron al borde del secuestro preventivo cuando llevaron en portada una caricatura del rey Juan Carlos I quien, como si fuera el actor de Hollywood Fred Astaire, bailaba sobre Manhattan. Fue el mismo monarca el que intervino para evitar el secuestro. En 1978 no se libró del secuestro tras una querella de un empresario cuyo nombre aparecía relacionado con actividades de espionaje.

Pero el hito más sonado fue en 1983. Dos ediciones fueron secuestradas por artículos referidos al caso Almirón, donde se daba cuenta de los crímenes de Eduardo Almirón, jefe de la escolta personal de Manuel Fraga, entonces presidente de Alianza Popular, el germen del actual Partido Popular. Almirón era un conocido dirigente de la Triple A, la Alianza Apostólica Anticomunista, un grupo terrorista de los últimos tiempos de Franco. El entonces director de Cambio16, Pepe Oneto, dijo que la medida era “el atentado más grave contra la libertad de expresión cometido en España desde la aprobación de la Constitución de 1978”.

La situación política se fue normalizando a lo largo de los años 80. Los tiempos exigían un viraje en los contenidos y por eso Cambio16 se avocó al contenido social y general y cada vez menos al político. La competencia se recrudeció con la aparición del diario El País y de Diario16, del mismo grupo. Aparecieron nuevos semanarios como Tiempo o Época. Sumado a los problemas financieros, la revista perdió vuelo, aunque nunca dejó de publicarse, si bien durante algunos años casi de modo residual.

La marca, sin embargo, conservó un halo de prestigio que por mucho tiempo tuvo el poder para traspasar fronteras. En 1993 el periodista de investigación colombiano Daniel Samper Pizano y unos socios españoles intentaron franquiciar la revista para arrancar con una edición para la América de habla hispana. Su intento fue vano. Pero Gabriel García Márquez, junto a un grupo de periodistas, le compró Cambio16 América en 1998.

La revista, bajo el nombre simplificado de Cambio, circuló en Colombia hasta 2006, cuando ya García Márquez se había apartado del negocio por razones de salud y la publicación estaba en manos del Grupo Planeta. En 2002, el escritor había conseguido un acuerdo con el grupo multimedia Televisa para lanzar una edición en México y otros países del hemisferio. El proyecto, que a la postre naufragó, puso en evidencia el interés constante por parte de inversionistas latinoamericanos en sacar provecho a la marca, una intención que cristalizó, quizás con retardo, en 2014 con la llegada de los venezolanos Neri Bonilla.

La Segunda Transición

En conversación por Skype, Óscar Abou-Kassem, actual director de Cambio16, confirma que hay una actividad compartida entre las dos orillas, España y Venezuela. “La revista aún tenía prestigio en América Latina y ellos (los hermanos Neri) lo vieron como una oportunidad de negocio, como empresarios obviamente no quieren perder dinero. Tienen un sentido de la empresa bastante encomiable”, cuenta.

Sobre su trabajo cotidiano y el devenir de la revista, asegura estar encantado con el desempeño de los hermanos, “no influyen en la línea, aunque obviamente tienen interés con Venezuela, pero entienden que la revista tiene más enfoque en lo español. Deben ser cosas relevantes las que pongamos, no podemos seguir al día a día lo que pasa en el país”. Él se incorporó al equipo como redactor en diciembre de 2014 y toma el cargo en septiembre de 2015. Antes estuvo en su puesto el periodista Daniel Lozano, quien además es corresponsal en Venezuela de El Mundo.

Con la salida de Lozano emergió también la polémica sobre los intereses de los nuevos propietarios. Su relación con ellos cambió cuando desde Caracas pretendieron imponerle una portada que sustituyera a la propuesta elaborada para el número de septiembre de 2015, titulada “Los retos del cambio climático”. La redacción escribió una carta apoyando la decisión del director y se respetó la portada, pero desde entonces, cuentan fuentes al tanto de la historia, los propietarios quisieron meterse más en los contenidos de la revista e irse a una línea con “más culos, más autoayuda, más picante”. También se eliminaron algunas noticias sobre Venezuela en la web de Cambio16, concretamente una sobre las marchas estudiantiles contra el presidente Maduro y otra del apoyo del ex presidente Felipe González a los presos políticos.

Pero desde Cambio 16 aportan otra versión. El director general de EIG Multimedia, Javier Ramírez, afirma que los hermanos Neri “no saben lo que va en la revista hasta que se publica”. Y agrega: “A Daniel Lozano le pedimos mayor compromiso con la revista. Él compartía sus labores en la revista con sus labores de corresponsal desde Venezuela para El Mundo (España) y La Nación (Argentina). A partir de entonces cambió todo. Su comportamiento y actitud se tornaron violentos y tuvimos que prescindir de sus servicios. Y con respecto a las notas que se han levantado, debo decir que fue él quien lo hizo porque eran incorrectas”.

Ahora España se enfrenta a un nuevo cruce de caminos y a un panorama inédito. La abdicación de Juan Carlos I, los casos de corrupción dentro de la Casa Real, en los partidos políticos, la irrupción de Ciudadanos y Podemos que vienen a quebrar la hegemonía bipartidista de PP y PSOE, los desahucios, el paro. Todo ha hecho que la política tome las calles, los bares, las charlas de cualquiera. “Desde hace poco más de un año los españoles tienen más interés por la política, como pasaba en los años 80. Hace cinco no se hablaba de eso, ahora lo domina todo. Es un tema de interés y qué mejor que nosotros para contarlo, que lo hacemos de toda la vida”, dice Abou-Kassem. El director explica que precisamente en este contexto es donde nace –la razón por la que nace– la nueva Cambio16, con el objetivo hecho lema de “hazte una opinión” y la premisa, “apostar por el diálogo donde se presente”.

Fue Cambio16 una revista esencial para la transición y el diálogo en tiempos en los que había que unir a dos bandos enfrentados desde la Guerra Civil de 1936-39, aún con las heridas abiertas, y a una población sufridora de casi 40 años de dictadura militar. Ahora, con esta llamada “Segunda Transición” en pleno auge, cuando los debates en España citan con frecuencia la situación venezolana de modo maniqueo, la revista parece no mostrarse ni a favor ni en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Es un tema muy polarizado no sólo allí, también en España. Nosotros tratamos de abordar el tema con periodismo”, explica Abou-Kassem. Pero lo que sí resulta claro, lo que pone el ojo en esta histórica publicación, es que sus nuevos dueños, criticando o no el modelo, lucraron con él.

A Velásquez Rosas le otorgaron 2.000.000 de pesos dominicanos (44.058 dólares) y dos tarjetas de crédito que, al parecer, sirvieron para hacer operaciones fraudulentas que beneficiaron a los banqueros. A esa conclusión ha llegado César Amadeo Peralta, uno de los abogados de las víctimas esquilmadas. El nombre de este joven de 25 años, antiguo presentador de la emisión juvenil del noticiero de Globovisión y actual presidente del Kino Táchira, figura en un listado anexo a la auditoría efectuada por la Fiscalía de Santo Domingo al Banco Peravia. La mayoría, según Peralta, son familiares, amigos o conocidos de Santoro y Jiménez que se trasladaron a República Dominicana para hacer negocios con ellos.

Prófugos de la justicia de ese país, Santoro y Jiménez aparecen en la lista de personas solicitadas por Interpol. El retrato que de ellos elabora Peralta es el de dos personas despreocupadas por seguir los controles que establece el sistema financiero de ese país para sus clientes, que otorgaron tarjetas de crédito de forma indiscriminada y por montos elevados. Muchas de los favorecidos, dice, sobrepasaban el límite de las tarjetas y no pagaban sus deudas. “Fue una manera de desfalcar a otros ahorristas”, afirma Peralta, quien estima que los culpables pudiesen ser enjuiciados por fraude bancario, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, complicidad y asociación de malhechores, entre otros.

Según uno de los informes manejados por la Fiscalía de Santo Domingo, entre sus dos tarjetas de crédito, que vencieron el 1 de noviembre de 2014, Velásquez Rosas tenía un límite de crédito de casi 500 mil pesos dominicanos (un total de 11.011 dólares), con las que efectuó diferentes operaciones que fueron calificadas como “fraudulentas”.

Vida de estrella

Mientras es investigado en ese país, Velásquez Rosas sigue con su cotidianidad en Venezuela. Se retrata en actos públicos, expone fotografías y escribe poemas en Instagram. Como presidente de la Lotería del Táchira, uno de los más prestigiosos negocios en los andes venezolanos, la fortuna parece hacerle guiños.

Al cargo llegó en medio de una polémica. El exdiputado por el estado Táchira, Abelardo Díaz, acusó entonces al gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, de cometer una supuesta estafa de más de 47 millones de bolívares mediante los conciertos “Amo Táchira”, celebrados en enero del 2015 durante la tradicional Feria de San Sebastián. La Gobernación del Táchira contrató a la empresa GM Show Production C.A., cuyos propietarios son el cantante Omar Enrique Gotera y su mamá Zimaray Meléndez.

Según Díaz, esta compañía cobró con sobreprecios. “Luis Aníbal Velásquez, sin ser apoderado o socio formal de GM Show Production, pagó, el 23 de enero de 2015, con un cheque personal en la agencia Banesco de La Castellana (Caracas) unos 450.000 bolívares los impuestos municipales derivados de la contratación de la compañía. El cheque no tenía fondos y posteriormente canceló en dinero efectivo. También se encargó de tramitar los permisos necesarios para la contratación de esta compañía ante la Alcaldía de San Cristóbal. Nos causa suspicacia su vinculación con esta empresa”, denunció.

Tras concluir los conciertos de “Amo Táchira”, Velásquez Rosas fue nombrado por Vielma Mora como el nuevo presidente de la lotería regional. El cargo, codiciado por los tachirenses, requería de ciertas condiciones como ser mayor de 25 años de edad y contar con un título universitario. Pero el Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET), cuya mayoría parlamentaria apoyaba al gobernador y militaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), modificó con premura la legislación de la lotería y así con solo 24 años y sin concluir sus estudios en las carreras de Derecho y Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello, Velásquez Rosas se convertía sin ninguna traba en el nuevo presidente de la estatal de los juegos.

Gustavo Delgado, diputado del CLET, todavía se pregunta por qué fue designado en ese cargo: “Había muchos aspirantes y con amplia trayectoria, por qué nombran a este muchacho que ni siquiera es conocido en la región andina”.

En San Cristóbal, capital de Táchira, es reconocido por ser la figura detrás del gobernador y de su esposa. Los acompaña en sus campañas políticas, divulga mensajes en sus redes sociales a favor de la pareja Vielma y aparece retratado con ellos. Un grupo de periodistas asegura que, incluso, les asesora en sus comunicaciones públicas. “Es como un hijo de Vielma Mora. Se cuida mucho, no habla de los negocios de la lotería en reuniones. Prefiere estar con la novia, que trabajó en la Alcaldía de San Cristóbal, o los amigos en tiempos libres”, indica un conocido en esa entidad.

Sin presentar pruebas que respalden sus denuncias, los concejales del CLET aseguran que los negocios de la Lotería del Táchira no son llevados correctamente desde que Velásquez Rosas asumió la presidencia. Apenas exponen una supuesta baja en la publicidad, en las donaciones y los eventos del Kino, y el cambio de televisora que transmite el popular sorteo.

El niño que leía noticias

Seis años atrás, Velásquez Rosas solo era uno de las anclas de la emisión juvenil del canal de noticias Globovisión. También era uno de los rostros fotografiados en las fiestas nocturnas de Caracas. Su cumpleaños 19 fue celebrado en un conocido local de Las Mercedes, que fue alquilado para sus amigos y familiares. Más delgado y sin barba, con una novia a la que besaba, sosteniendo una copa de vino, abrazando a los amigos y fungiendo de DJ, así quedaría retratado en las fotos del magazine Rumberos.

De su paso por Globovisión son pocos los registros. Es descrito por excompañeros como “carismático”, “presumido” y por ser “elegante” en su forma de vestir. “Saludaba a todos, así como los políticos”, dice una periodista que compartió con él. Velásquez Rosas cambió la emisión juvenil del canal de noticias para desempeñarse como manager del cantante Hany Kauam y director de la disquera Let’s Go Records.

Armando.info intentó conocer la versión de Velásquez Rosas sobre su presunta participación en los préstamos fraudulentos del Banco Peravia y por las denuncias hechas por los legisladores tachirenses, pero no fueron contestadas las peticiones de entrevistas hechas por teléfono y correo electrónico.

Los negocios familiares

El presidente de la Lotería del Táchira es el menor de los tres hermanos Velásquez Rosas. Su semejanza física con los otros dos es notoria: baja estatura, cejas pobladas, piel clara, nariz redondeada y labios gruesos. “Tus hijos parecen trillizos, son muy parecidos entre sí”, comenta una amiga a Zoraida Rosas, madre de los hermanos Velásquez, en su cuenta de Facebook.

Al mayor, Luis Salvador, se le involucró en una red de venta clandestina de cabillas. Por esto estuvo detenido dos años en las celdas de la Dirección de Inteligencia Militar, pero fue puesto en libertad en 2013. De ese episodio adquirió el mote del “Rey de la Cabilla”. Antes de este escándalo había ocupado cargos como gerente de Comercialización de la Siderúrgica de Orinoco (Sidor), presidente de Ferresidor, miembro de las juntas interventoras de Orinoco, Iron, Briqven y Cemex y fungir como coordinador de Finanzas del PSUV y directivo de los equipos de fútbol y baloncesto, de Mineros y Gigantes de Guayana, respectivamente. Se le vincula con el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

Su capital financiero es cuestionado. Según la Gaceta Oficial número 40.550 publicada el 27 de noviembre del 2014, la Contraloría General de la República pide la verificación de la declaración jurada de Luis Salvador y de su esposa, María Assuanda Di Sarli, por presentar inconsistencias.

Es conocido como “El Nenecio” y por ser pareja de la animadora de televisión y actriz Bárbara Sánchez, además es manager de cantantes y exgerente de Recursos Humanos de Venezolana de Cementos.

Pero a esta familia no solo le une la sangre, también dirigen negocios juntos en el exterior. Luis Aníbal es el presidente de la empresa Grupo Roraima S.A., registrada con un capital de 5.000 dólares en Panamá, el 11 de marzo de 2011, mientras que su madre Zoraida Rosas funge como tesorera y su padre, Luis Aníbal Velásquez, como otro accionista. Esta sociedad anónima se encarga de la compra y venta de bienes muebles e inmuebles.

La compañía Finn Investment Group Corp es otro negocio familiar fundado en Panamá. Como directores figuran Carlos Aníbal, otra vez la madre de los hermanos Velásquez Rosas y el brasileño Antonio Carlos de Oliveira. Solo invirtieron 10.00 dólares para poner en marcha esta empresa que fue registrada el 30 de mayo del 2008 y que se dedica a la compra, venta, transferencia, negociación, financiamiento, entre otras actividades, de “toda clase de bienes”, sean muebles o inmuebles.

Dos personas que conocieron a los hermanos Velásquez Rosas durante su niñez coinciden en que no provienen de una familia con grandes fortunas. “Los padres son muy conocidos en el gremio de la educación. Vivieron mucho tiempo en El Tigre (Anzoátegui). No tenían negocios conocidos. Zoraida es hermana del exgobernador (de Anzoátegui) Alexis Rosas”, dijo una fuente que prefirió resguardar su identidad.

Rosas fue empleada de la Dirección General de Supervisión y Formación de Personal Docente Regional 2 del Ministerio de Educación, donde trabajó como coordinadora entre los años 1976 y 2010. Mientras que el padre, Luis Aníbal Velásquez, también destaca en la docencia en planteles privados del oriente del país. Pero fue hace menos de una década que la suerte de esta familia giró en otra dirección: el de las candilejas y la fortuna súbita.

Muchos se enteraron, invitados o no, de aquella fiesta: desde principios de octubre comenzaron a alzarse tres toldos gigantes con techo transparente al lado de la piscina del Hotel Tamanaco Intercontinental de Caracas. Era imposible no preguntarse qué ocurriría allí ante semejante despliegue que llenaba la vista de las ventanas del transporte público, o de los vehículos particulares que circulan por la autopista Prados del Este. Algunos rumores anunciaban un concierto, otros una presentación del Cirque du Soleil. Pero no: el objetivo era festejar los 15 años de la hija de uno de los dueños del hotel, el empresario Salomón Muci, cuya familia comparte el paquete accionario con el Grupo Abilahoud.

La chica bajó las escaleras dejando una estela de humo blanco y caminó hasta situarse sobre una gran rosa negra pintada en el suelo, justo frente a la orquesta, para bailar el tradicional vals, junto a su padre, su hermano y demás seres queridos. Había a su alrededor una multitud de figuras oscuras, con algunos rasgos iluminados por las pantallas, de distintos tamaños, dispuestas al fondo del escenario, que en ese momento proyectaban rosas amarillas sobre un fondo rojizo.

Afuera, algunos adelantaban críticas a través de las redes sociales. ¿Quién ofrecía –se preguntaban– una fiesta de esa magnitud en medio de políticas nacionales de racionamiento de productos básicos, de escasez de medicamentos y hospitales sin insumos? Las interrogantes y críticas contrastaban la gran celebración con la crisis económica generalizada, atribuida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro a un plan que llama “guerra económica”, dirigido por el sector privado para derrocarlo mediante acaparamiento y especulación. Esta semana el Fondo Monetario Internacional estimó que Venezuela cerrará 2015 con la mayor inflación del mundo, alrededor de 160%, mientras el Banco Central de Venezuela cumple 10 meses sin publicar cifras oficiales al respecto.

“¿Quién tuvo la dicha de celebrar ante tanta desgracia?”, preguntó alguien en Instagram, donde las imágenes y comentarios sobre el evento del año despolitizaron por algunas horas a la sociedad. El columnista Domingo Alberto Rangel publicó un texto titulado “A propósito de unos Mega 15 años en tiempos de súper crisis”, donde comparó la celebración con la conmemoración de los 100 años del Libertador organizada por el ex presidente Antonio Guzmán Blanco en el siglo XIX. La exposición de los Muci los condenó en un contexto en que los magnates venezolanos celebran en espacios cerrados, o con mucha mayor opulencia en el exterior.

Una semana después, no se dijo más. Los escándalos eran otros: familiares de la primera dama detenidos en Haití por narcotráfico, regulación en los precios de los huevos, desaparición de los huevos de los anaqueles, etcétera.

¿El show debe continuar?

En la oficina del diseñador Richard Febles –alta costura, de renombre en Venezuela y el exterior, con piezas desfiladas en el Miss Venezuela entre 1996 y 2007– hay un gran cuadro de la quinceañera. En ese lugar, ella y él, cercanos desde hace años –pues la conoce desde que nació–, bromearon después de la fiesta sobre las críticas y rumores. “Dijeron que había llegado en helicóptero también. Y le dije: Gorda, ¿o sea que llegamos juntos? ¿Llegamos los dos en helicóptero? Y ella me dice: Sí, voy a decirle a todo el mundo que llegamos en helicóptero”, cuenta Febles entre risas, y afirma que los insultos no la afectaron. “Gracias a Dios, es una niña muy centrada”, asegura.

Nadie niega que haya sido la fiesta del año, pero no hubo helicóptero, ni Shakira, ni Chino y Nacho, ni demás invitados especiales del mundo artístico mencionados por varios usuarios de Twitter e Instagram. No hubo, pues la madre, Andreína Arocha de Muci, quiso evitar que el evento terminara en un concierto. “Fue una fiesta bien pensada”, recalca Febles, un profesional que conoce de primera mano el mundo de las bodas y 15 años de la sociedad venezolana. Son eventos sociales que se desarrollan con la misma frecuencia de siempre, con los mismos lujos, aunque quizá más discreto que lo ocurrido en el Tamanaco.

“Mi agenda está llena. Tengo trabajo hasta mayo del año que viene, y no estoy recibiendo vestidos desde octubre, aunque la gente sigue llamando y les digo que no y no”. Tanto él –vinculado a la elegancia y al mundo de la moda criolla– como el columnista Domingo Alberto Rangel –dirigente político liberal y uno de los primeros en rechazar los excesos de los Muci– también destacan las lujosas celebraciones en la Quinta Esmeralda, ubicada en el municipio Chacao, en el este de Caracas. Las grandes fiestas no paran en Venezuela, pero La Esmeralda es un salón cerrado y solo caben 1.000 personas, la mitad de los que asistieron a la rumba del Tamanaco.

Las grandes fiestas tampoco pararon antes: “La crisis tiene sus excepciones”, expuso un antetítulo de El Diario de Caracas en febrero de 1989, ocho días antes del mayor estallido social de la historia contemporánea venezolana –protestas, disturbios, saqueos– en contra de un “paquete económico” que afectaba a los más pobres –con medidas como el aumento de la gasolina y el transporte público–, impulsado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez para la liberación de la economía en tiempos de gran endeudamiento, devaluación de la moneda, dependencia económica y alimentaria, escasez de productos básicos.

Nueve páginas de El Diario de Caracas estuvieron dedicadas ese mismo mes a la boda entre Gonzalo Fernández Tinoco y Mariela Cisneros Fontanels –hija de Oswaldo Cisneros, accionista de medios y cadenas de supermercados–, con fotos y detalles de los lujos. “La boda del siglo”, tituló aquel periódico, y los diarios El País, de España, y Los Angeles Times, de Estados Unidos, se sumaron a la difusión. “Contrajeron nupcias en la capilla de las Siervas del Santísimo. De allí el cortejo partió en 20 pullmans y un Rolls Royce hasta el Alto Hatillo, donde un bufé rebosante de caviar, langosta y salmón fumée, regado por champaña La Grand Dame –de la cosecha más apetecida–, esperaban a 5.000 invitados, de los cuales 200 habían llegado desde el extranjero, con pasaje pagado desde Caracas”, expuso la prensa nacional.

El país apenas se despertaba del folclórico quinquenio de Jaime Lusinchi, que también utilizó el control de cambios como un arma de retaliación política, y tenía en sus reservas internacionales 300 millones de dólares. Hoy Venezuela, otra vez, vive una situación similar aunque por distintos motivos. El barril de petróleo apenas se cotiza sobre los 30 dólares –después de marcar 100 dólares en promedio entre 2006 y 2011– y sufre las consecuencias del desfalco de la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi). Pero los más pudientes aún tienen muchos ánimos para celebrar.

Esa otra realidad

Al menos ocho meses antes, muchos jóvenes pedían ser incluidos en los fabulosos 15 años. “¿Quiénes van de tu colegio?”, preguntó alguien a la cumpleañera por el portal digital Ask.fm. “La pregunta es quiénes no van de mi colegio”, contestó ella. La joven, quien no será identificada en esta historia por ser menor de edad, estudia en un centro de educación bilingüe, de los más prestigiosos de la capital. La página web está en inglés y expone su historia, calendarios, actividades, planes de estudio, prácticas deportivas, premios, listas de promociones, así como las ofertas diarias y semanales de la cafetería, menús ajenos a la intermitencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) –mecanismo estatal para la alimentación y nutrición infantil en las escuelas– del que dependen alumnos de la educación pública y sobre el cual la Contraloría General de la República ha reportado fallas de planificación, supervisión y control interno.

En ese colegio no se habla de eso. Los martes hay parrilla de carne con bollo o pizza, y los jueves ofrecen nuggets con yuca, o parrilla de pollo, con sus respectivas bebidas y postres. El hermano mayor de la quinceañera, Salomón Muci Arocha, también pasó por ese colegio, se graduó el año pasado y hoy estudia en Estados Unidos, en Drexel University, donde trabaja como DJ. La quinceañera planea seguir sus pasos hacia el exterior para formarse en Diseño de Modas.

Por eso, ella misma llevó a la oficina de Febles, en enero, una revista con la colección del año pasado de la marca francesa Dior, que incluía un vestido con estampado de letras: quería algo así para sus 15. Febles, quien también diseñó el traje de novia de la madre, creó para la niña un vestido largo y blanco, con tela de tul y gazar, en cuya falda había 200 nombres en distintos formatos, de familiares y amigos, bordados con lentejuelas, mostacillas, canutillos, perlas, cristales, todos de color negro. También hay flores rojas bordadas con diversos materiales en el tul, y otras debajo de él con un efecto visual más claro, como si estuviesen borrosas. La parte de arriba del vestido presenta drapeado y más flores.

Así, entre brillantes nombres y con el pelo recogido con una gran rosa roja del tamaño de su rostro, bailó el vals con su padre, Salomón Eduardo Muci Castillo, quien ha figurado como presidente del Comité Ejecutivo del Hotel Tamanaco tras la alianza en 2006 del Grupo Muci y el Grupo Abilahoud “para una serie de planes y acciones de corto, mediano y largo plazo, en el marco de un 'Plan de Transformación Estratégica del Hotel Tamanaco'”.

Muci Castillo también se ha desempeñado como administrador de la Corporación de Casinos Nacionales CCN –domiciliada en Tucacas, estado Falcón, al noroeste del país, en las instalaciones del Hotel SunWay–, que ha sido demandada sin éxito por cobro de bolívares y daños morales, según el rastro de los expedientes del Tribunal Supremo de Justicia. En 2009 un ciudadano reclamó intereses por retrasos en el pago de una factura, pero el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo de la Circunscripción Judicial de Falcón determinó que “la cuantía estimada por el actor fue realizada de manera caprichosa, por no llenar los requisitos de Ley”.

La Gaceta Oficial amplía el panorama empresarial de Muci: en 2004, según la Resolución N° 147-2004 del Ministerio de Finanzas, la Comisión Nacional de Valores concedió un recurso de reconsideración respecto a una multa por 25.806.000 bolívares contra la empresa Interactivos Servicios Financieros ISF Casa de Bolsa C. A., que estaba entonces presidida por el propio Muci, por “consignar extemporáneamente y/o de manera incompleta los estados financiero desde agosto de 2003 hasta enero de 2004”, en violación a las Normas sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa, y las Normas Relativas a la Información Periódica u Ocasional que deben suministrar las Personas Sometidas al Control de la Comisión Nacional de Valores. El recurso de reconsideración redujo el monto a pagar a 10.670.000 bolívares. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales expone que Muci cotizó en aquella compañía hasta diciembre de 1989.

Figura, además, en cuatro empresas registradas en Panamá entre 2006 y 2008: presidente de Eficient Commercial, Inc. y de True Financial, Corp., y director de Cedar Group S.A. y de Interactivos Servicios Financieros S.A. Fue presidente hasta 2012 de la compañía Rosvat Overseas Limited Inc, registrada en Florida, Estados Unidos. En Venezuela, no solo ha participado en hoteles, casinos y el mercado bursátil, sino también integra la Federación Venezolana de Deportes Ecuestres –como propietario, y su hija como jinete– y la organización Profesionales de Golf Asociados de Venezuela.

Su esposa es vicepresidenta de la Fundación Andrea, dedicada a brindar apoyo económico a menores de edad “que requieran exámenes médicos especializados que sean determinantes en el diagnóstico preciso y a tiempo de cualquier patología infantil, así como colaborar en los tratamientos médicos especiales para mejorar su salud”, indica la página web de la organización.

Para todos los gustos

No hubo, a diferencia del 89, grandes crónicas sociales sobre los 15 años en el Tamanaco en los medios tradicionales. La restricción en el acceso al papel periódico en los últimos años devino en la disminución y supresión de algunas secciones en los diarios, entre ellas las reseñas de eventos sociales.

Lo que no dijeron los medios, sin embargo, lo difundieron –en fotos, videos y comentarios– las redes sociales, con etiquetas como #RumbaEnElTamanaco, #LaRumbaDelAño, #ElEventoDelAño. Muchos fueron, muchos quedaron por fuera. La invitación estaba en un sobre completamente negro con excepción de un pequeño cuadro de rosas rojas, e indicaba la obligatoriedad de asistir con traje de etiqueta de color rojo o negro. También había una tarjeta que cada joven debía escanear con su celular, mediante una aplicación específica, para conocer la entrada del hotel por la cual le correspondía ingresar a la fiesta: un mecanismo de seguridad para evitar a los “arroceros”.

Adentro había distintos pisos, cada uno con bar, mesas, muebles, aperitivos y dulces. El lugar estaba acondicionado para todos los gustos: unos espacios eran para los jóvenes y otros para personas de mayor edad. Allí se podía conversar y apreciar la totalidad del salón. Las paredes, las columnas, el techo, todo tenía rosas rojas, algunas de papel tapiz y otras reales. Del techo colgaban bolas enormes formadas por puras rosas, que de acuerdo a una reseña publicada en Facebook y firmada por la periodista de Sociales Ángela Oráa, fueron traídas de Colombia en un contenedor. Las mesas también tenían grandes floreros, junto a múltiples tortas de varios colores y millones de dulces. El suelo estaba pintado de blanco y negro, con dibujos de rosas rojas y negras.

Luces de flores de todos colores salían del interior de ese castillo instalado en el hotel y se reflejaban en toda su fachada. Desde la tarima también surgían rayos láser, azules, verdes, que arropaban y atravesaban a la gente que bailaba el repertorio de los DJs Oscar Leal, Víctor Porfidio y el propio hermano de la cumpleañera, Salomón Muci Arocha. La música electrónica se impuso.

Los invitados, además, sostenían barras rojas luminosas. Sobre sus cabezas había trapecistas y acróbatas de tela, guindados del techo. En los andamios laterales, también colgaban bailarines disfrazados. Un grupo de hombres vestidos con sombreros y trajes dorados ofrecieron un espectáculo con botellas y fuegos artificiales.

Los mejores condumios corrieron aquella noche entre los invitados: lomito y langosta para los paladares más exigentes, pero también hamburguesas y sushi para quienes querían algo más informal. La organización del evento estuvo a cargo de Edwuard Sitzer, junto a la producción gráfica de César Donís, quien reafirma que no hubo fiesta este año con mayor estructura y montaje. “Ni un concierto en Venezuela había estado en una estructura tan grande (…) No estamos en momentos para estarle restregando a la gente de Caracas esos montajes grotescos”, opina de su propio trabajo, y aclara que en el contexto actual sigue prestando sus servicios para grandes fiestas, aunque con menor frecuencia: afirma que antes tenía, en promedio, una fiesta por día; ahora tiene, con suerte, cerca de 20 en un mes.

La rumba cerró al amanecer, con un desayuno criollo.

De la primera dama –primera combatiente en la jerga revolucionaria– se dicen verdades y mentiras. Pero un costado de su personalidad parece no admitir discusión: es una mujer que ayuda, protege y defiende a los suyos en cualquier circunstancia.

Poco importó que en 2008 la prensa encontrara en la nómina de la Asamblea Nacional, que entonces dirigía con puño de hierro, a 47 familiares suyos con cargos en el organigrama. Tampoco parece haberle importado que el pasado miércoles 11 de noviembre de 2015 a un sobrino y un hijo de crianza los dejaran presos en Nueva York acusados de conspirar para introducir un cargamento de cocaína en Estados Unidos, en lo que ha sido, sin duda, un escándalo sin precedentes en la historia política venezolana. Antes de desmarcarse, Cilia Flores ha optado, en cambio, por guardarse en casa y esperar. Ciertas familias tienen un pacto de silencio y los Flores son una de ellas.

No son, sin embargo, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, los involucrados en el escándalo de drogas en Estados Unidos, sus sobrinos preferidos. Sí lo es, en cambio, el hijo de su hermana Eloísa, Carlos Erik Malpica Flores: tiene mucho más poder, consolidado a la vera de la familia presidencial tras su astronómico ascenso por los caminos de la administración pública. La Vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa, cargo al que llegó a finales de 2014, luce como el pináculo de una carrera que inició hace algunos años, el 28 de septiembre de 2005, con el cargo de director General de Gestión Administrativa y Servicios en la AN, mientras su tío político Nicolás Maduro presidía el Parlamento.

De allí pasó a un cargo similar un año después en la Cancillería, cuando el entonces presidente Hugo Chávez nombró a Maduro ministro de Relaciones Exteriores. Luego, a finales de 2012, con Chávez ya desahuciado y Maduro como el número dos, Malpica Flores ingresó a la Vicepresidencia de la República como director General encargado de esa dependencia. Finalmente, con su tío en la máxima magistratura, consolidó su posición como administrador de las finanzas del país: ha sido subtesorero, director general del Bandes y Tesorero de la Nación, en ese mismo orden. Hoy en día maneja el presupuesto nacional, los créditos adicionales y muchos fondos financieros que los economistas califican de inauditables por la ausencia de informes y balances públicos.

Al comparar la cantidad de cargos que ejerció y ejerce Malpica Flores con los que ha tenido el resto de la familia que participa en la burocracia chavista, queda más que claro que es la persona de mayor confianza de la pareja presidencial venezolana. Él ha querido retribuirla evitando la estridencia y los escándalos asociados a la exposición del poder. A la vez que impide que le fotografíen en público, se ha asegurado de que no haya rastro suyo en medios de comunicación privados y estatales, incluyendo las publicaciones internas o las páginas web de las instituciones donde ha laborado.

Además, como muchos de la familia presidencial, no posee cuentas en redes sociales. La táctica le ha funcionado, pues algunos medios lo confunden con Temir Porras, ex presidente del Bandes y ex funcionario de la Cancillería, y en otros tiempos uno de los favoritos del presidente Maduro.

Pero todo ese empeño en mantener su perfil en las sombras se vino abajo con la detención de sus dos parientes en Haití. Una sesión de fotos tomadas en diciembre de 2014 en una discoteca en Saint Barth, una isla localizada en el Caribe oriental, acabó con esa voluntad de ocultarse.

Un “emprendimiento” familiar en Panamá

Nadie se refiere a él por su nombre. Es “El sobrino de Cilia”, concuerdan voces de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Pdvsa y medios empresariales de Valencia, ciudad donde están radicados los Malpica y algunos Flores. Después de sus tíos, del presidente del parlamento y del presidente de la estatal petrolera debe ser el civil más poderoso de Venezuela.

Su entorno ha tomado nota de esta situación y comienza a sacar provecho. A nueve meses de instalado en la directiva de Pdvsa, el administrador coincidió en Panamá con sus padres -Carlos Malpica Torrealba y Eloísa Flores- en el mismo período en que en esa ciudad se registraban 10 empresas familiares, del 2 al 10 de septiembre. Su tía, Evelyn Malpica Torrealba, viajó a Panamá en días previos, mientras su hermana entró a Venezuela proveniente de ese país días después de la iniciativa empresarial. La información se desprende del análisis de los movimientos migratorios de la familia y consultas hechas en el Registro Público de la capital del país centroamericano. Asimismo, antes de esa curiosa semana de septiembre, se pudo establecer que los Malpica habían creado dos empresas en 2014 y tres en 2015 (entre marzo y agosto). En octubre de 2015 agregaron una más a su abultado inventario.

Cada empresa abierta en Panamá fue registrada con un capital inicial de 10.000 dólares. Los nombres de las compañías sugieren un holding dedicado al transporte marítimo, uno de los ramos de Pdvsa: Seaside Services, Maritime Crews Inc., Oceanos Investors Corp, Marine Administration Panamá. Sin embargo, ese es solo uno de los al menos 30 objetivos que tiene cada compañía. Todas, en su documento constitutivo, establecen, entre otras, las siguientes metas: compra de muebles e inmuebles, contratación de servicios de personal y transporte, investigaciones de propiedades, avalúos, comprar, vender, hipotecar, gravar muebles e inmuebles, demolición, transporte aéreo y terrestre, exportaciones, importación, reexportación, contratar y participar en licitaciones públicas y privadas.

En todas esas empresas participan la hermana de Carlos Erik, Iriamni; la tía paterna, Evelyn Milagros Malpica; y el padre, Carlos Evelio, con cargos de presidente, director, suscriptor y tesorero. Evelyn, quien preside 11 compañías y dirige 16, despunta como la más atareada; Iriamni y su padre optaron por menor responsabilidad.

Cada uno de ellos está al mando de una empresa. En el resto del conglomerado son directores, tesoreros o suscriptores de acciones. Otra coincidencia en la semana de apertura empresarial (del 2 al 10 de septiembre pasado) es que el tesorero, su padre y madre utilizaron el mismo avión privado para sus traslados a Panamá, aunque no los mismos vuelos. Solo los esposos Eloísa y Carlos viajaron juntos en el jet modelo Gulfstream, de siglas N896AC, perteneciente a una compañía de alquiler de aeronaves con sede en Fort Lauderdale, Estados Unidos.  Es el mismo jet que ha usado Malpica Flores entre julio y septiembre para trasladarse también a Panamá, así como a Fort Lauderdale, Aruba y Barbados. Contrariamente, tía y hermana se cuidan de volar con sus parientes. Ambas se trasladan en líneas comerciales y en vuelos charters.

Panamá lucha desde hace muchos años con la imagen de paraíso fiscal que oculta dinero mal habido. Su gobierno aspira a que la nación sea eliminada de la lista gris de países con deficiencias en el combate contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo que elabora la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE). Despierta sospecha la gran cantidad de empresas abiertas en tan poco tiempo por los familiares de una persona políticamente expuesta (PEP), como Malpica Flores, en un territorio considerado centro financiero offshore.

Fuentes consultadas en Panamá indican que la profusión de compañías podría tener una finalidad operativa: la apertura de cuentas bancarias. El objeto declarado de las empresas hace suponer que la familia valenciana quiere aprovechar las ventajas que ofrece una economía de vocación importadora como Venezuela para hacer negocios.

Tal vez sea esa la razón por la cual a partir de 2014 la familia valenciana, algunos de cuyos miembros ya tenían experiencia como importadores, comenzaron a renunciar a los empleos que tenían, con la única excepción de la hermana de Cilia Flores, Eloísa. El padre aparece cesante en la ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) desde agosto de ese año. Evelyn e Iriamni, tía y hermana, renunciaron a sus trabajos con apenas quince días de diferencia un mes después.

El tesorero no aparece con cargo alguno en la estructura gerencial de las empresas panameñas, lo cual parece una decisión cónsona con la voluntad de guardar las formas. En el pasado, cuando no mediaban los impedimentos de la actualidad, Malpica Flores figuraba al lado de los suyos en la directiva de las compañías Inlasa y Redilama, registradas en Valencia y dedicadas ambas “a la explotación mercantil de la representación de productos nacionales y extranjeros”.  Las dos se incorporaron al Registro Nacional de Contratistas (RNC) en 2006 y en la actualidad no están habilitadas para hacer negocios con el Estado.

Entre La Viña y la avenida Urdaneta

Carlos Erik tiene 43 años y nació el 17 de septiembre de 1972. En la fotografía de su pasaporte luce como un hombre de piel morena clara y de nariz gruesa, que suele peinarse de lado, sin raya evidente, el cabello ondulado y una mirada desconfiada. El amargo trance que atraviesan sus primos en Estados Unidos lo ha obligado a tomar precauciones. Esta semana el entorno de su residencia de la urbanización La Viña de Valencia, estado Carabobo, la cual comparte con su esposa Carmen Hurtado, ha registrado cambios, según comentan ampliamente los vecinos. Se observaba el movimiento propio de quien ha tomado decisiones, como mover cosas de su lugar y trasladarse en horas nocturnas. Hasta hace una semana había siempre 8 carros, 10 escoltas y 4 motos frente a la quinta. También cajas de basura que revelaban un lujoso consumo de comestibles –champaña Moet & Chandon, entre otros– y vestimenta. Ahora permanece como el resto, sola y vigilada por un guardia privado desde una caseta a unos cuantos metros.

Se recibió como administrador en diciembre de 1999 en la Universidad de Carabobo. En 2001, obtuvo un título de especialista en Mercadeo. Diez años después, en febrero de 2011, devengaba un salario básico mensual de 13.327 bolívares, más una prima por hijo y cesta ticket, por su desempeño en el cargo de Administrador III. Más que el sueldo quizá lo que llama la atención en la Cancillería, donde el valenciano trabajó como el hombre más cercano a Nicolás Maduro, es que el patrón de vida de la familia cambió mucho con el ascenso de tu tío político. “Todo el mundo sabe que Carlos Erik sacó a su familia de Venezuela para Panamá, y que tiene muchas empresas allá”, afirma una fuente del ministerio que lo conoció bien durante sus años de servicio.

En la Casa Amarilla también lo conocían con el largo mote de “el sobrino de Cilia”. Jamás llegaba temprano a la oficina, sino más bien hacia el final de la jornada, y en su escritorio le esperaba un vaso con whisky. Permanecía en su oficina hasta la medianoche. Se vestía con guayaberas, blue jeans y botas tipo Timberland.

Su obra más visible, según algunos consultados, fue la extensa remodelación de la torre de la Cancillería en la avenida Urdaneta y de la Casa Amarilla, tal como lo hiciera en la Asamblea Nacional. Por su afán de reestructurar, muchas voces lo acusan de destruir el patrimonio. Parte del extenso piso de mármol negro, característico del gran hall de la torre del ministerio, antigua sede del Banco Nacional de Descuento, fue roto y removido. En todo caso fue un trabajo que tuvo vida breve. Luego de las lluvias torrenciales de 2010, el impacto de la mudanza de damnificados a ambas edificaciones, ordenada por Hugo Chávez, deterioró lo renovado.

En aquellos días, los sobrinos e hijos de Cilia Flores, el hijo de Nicolás Maduro, regresaban con su uniforme del colegio, se paseaban por pasillos y oficinas y colocaban los pies sobre las viejas mesas de caoba del mobiliario, aseguró un testigo de aquellas tremenduras. Los chicos ordenaban comida al chef de la Casa Amarilla como si fuera un servicio de delivery. También se les vio saliendo del estacionamiento del ministerio manejando camionetas de último modelo, como Hummers, que habían sido confiscadas por el gobierno a los bancos durante la mini crisis financiera de 2009, según reportaron fuentes.

Mientras sus primos corrían por los pasillos, Malpica Flores, por sus atribuciones administrativas, debía lidiar con las exigencias del sindicato de la Cancillería, enfrentado a su gestión. A pesar de que el entonces ministro Maduro había firmado el contrato colectivo en 2007, los empleados de Relaciones Exteriores esperaron casi seis años para recibir el 25% de incremento salarial que les habían prometido cada 12 meses.

El administrador desembolsó los recursos acordados con los trabajadores poco antes de culminar su gestión. En esas reuniones de reclamo, afirman dos fuentes que conocieron de las negociaciones, el funcionario no aceptaba que nadie le llevara la contraria. “Era muy prepotente. Nos escuchaba, con respeto, pero no pagaba los aumentos contemplados. Eso sí, vestía de marca. Siempre Impecable”, indicó una exfuncionaria.

Entre los trabajadores siempre hubo dudas acerca de esos recursos. “No sabíamos si fueron aprobados, si llegaron o no llegaron. En qué se utilizaron y por qué no nos pagaban los aumentos salariales”, dijo un funcionario activo del servicio exterior que recuerda a Malpica Flores como “el hombre que casi acaba con la Cancillería”.

Saint Barth, la isla del tesorero

La prisión de sus primos Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas ha descorrido el velo misterioso que rodeaba a Malpica Flores. Sin traje, vestido casualmente como cuando conversaba con el sindicato, apareció en una foto tomada en diciembre de 2014 en la mejor discoteca de Saint Barth (o San Bartolomé), territorio francés de ultramar ubicado en el Caribe oriental al norte de Guadalupe. Compartía junto a un grupo de amigos y familiares. Justo ese mes fue publicada en Gaceta Oficial su designación como miembro de la junta directiva de Pdvsa. Curioso que al hacerlo, en transmisión televisiva, Maduro se abstuvo de pronunciar su apellido materno.

La foto fue colgada en una cuenta falsa de Twitter a principios de 2015, pero cobra especial importancia el contexto del actual escándalo presidencial. Runrunes, Armando.info, El Pitazo y Poderopedia han podido comprobar con dos fuentes independientes que el hombre vestido de camisa blanca a la extrema izquierda es Malpica Flores. Le acompañan justo detrás el abogado José Simón Elarba, miembro de la Junta Directiva de El Nacional, el yerno de este, Henry Camino Muñoz, y su esposa Mariana.

Elarba es uno de los accionistas que públicamente ha criticado que El Nacional haya publicado una nota, basada en informaciones recogidas en los diarios ABC y The Wall Street Journal, que asegura que el presidente de la Asamblea Nacional está siendo investigado por Estados Unidos por su presunta relación con el tráfico de drogas. El empresario también está vinculado a negocios petroleros en el oriente del país.

Malpica Flores no respondió a varios llamados realizados esta semana que pedían precisar la expansión de sus negocios familiares en Panamá y otros destinos. En la Oficina Nacional del Tesoro, ubicada en el estacionamiento del edificio anexo al Ministerio de Finanzas, a donde se llega sorteando una pila de aires acondicionados y atravesando el umbral una puerta trasera, no hubo respuestas. Al llamar al día siguiente la secretaria agregó: “Hoy no vino, ayer tampoco”. La oficina de la Vicepresidencia Financiera de Pdvsa, donde se entregó otra misiva, tampoco ha contestado.

Su casa en la urbanización La Viña, en Valencia, fue el tercer lugar visitado: una empleada confirmó que residía allí y amablemente recibió la correspondencia. Frente a la quinta solo había dos carros estacionados, una calle poco transitada y de seguro, una comunidad de vecinos que de ahora en adelante no serán los únicos en reconocer el rostro de quien guarda la caja fuerte de las finanzas del país.

(*) Este trabajo es un proyecto colectivo de los medios ArmandoInfo, El Pitazo, Poderopedia y Runrunes, coordinado por Fabiola Zerpa. Fue reporteado por los periodistas César Bátiz, Lisseth Boon, Cristina González, Alfredo Meza, Katherine Pennacchio, Joseph Poliszuk, Ronna Rísquez y Ewald Scharfenberg; con la colaboración de Tibisay Romero (Valencia) y Grisel Bethancourt (Panamá). El diseño fue ejecutado por Carmen Riera y Daniela Dávila.