Al menos desde 2016, cuando el colapso de la economía se hizo inocultable, se asignan contratos con el Estado y se otorgan bienes públicos en concesión sin mayores protocolos. La usanza se hizo fuerte en el sector agropecuario, particularmente. En un derroche de pragmatismo que devino campaña privatizadora, el otro comandante de la intentona golpista bolivariana del 4 de febrero de 1992, Wilmar Castro Soteldo, quien se incorporó ese 2016 al equipo de gobierno de Nicolás Maduro como encargado de la cartera de Agricultura tras dejar la gobernación del estado Portuguesa, la implantó como una manera expedita para aumentar la productividad que, a la postre, resultó en verdad un empujón para la carrera empresarial de un selecto grupo de hombres de negocios allegados al ex oficial de la Fuerza Aérea.

Raúl Antonorsi Marshall es uno de ellos. Se trata de un productor caprino de 56 años que encontró apoyo en Castro Soteldo para sus emprendimientos, como el fundo Agroinversiones Los Isleños, ubicado en el municipio Zamora del estado Aragua, a escasos 25 minutos de Maracay y muy cerca del Centro Penitenciario Tocorón, una de las cárceles más peligrosas del país, aledaña al pueblo homónimo.

El 18 de marzo de 2017, Castro Soteldo y Antonorsi Marshall se daban la bienvenida mutua en la pantalla de televisión, entre abrazos y apretones de manos que pronto se disiparon para mantener algo de formalidad. Era la edición 40 del programa Cultivando Patria, el espacio semanal del comandante, quien le dio inicio con la evocación de los tiempos en los que se desempeñaba como piloto de combate, el permanente leitmotiv de su lealtad política. En el programa, Castro Soteldo era el anfitrión; en la locación, Antonorsi era quien recibía la visita. Ambos recorrerían ante las cámaras el “aprisco más grande de América Latina y el mundo”, como se refirió el ministro al centro de cría de cabras regentado por Antonorsi y que, siempre según Castro Soteldo, no tiene parangón en ningún otro lado del hemisferio excepto en México.

En el recorrido con el ministro y los televidentes por las instalaciones, a las que tildó de “hotel cinco estrellas” para cabras, Antonorsi mostró que los animales no carecían de ningún insumo, con toda la tecnología a su orden. Un oasis dentro de la depauperada realidad campesina de Venezuela. Antonorsi siguió comentando que tenía 1.100 animales en dos hectáreas de terreno, pero el proyecto estaba concebido para 4.400 animales en cuatro hectáreas. “¡Y todavía nos quedan cinco hectáreas, papá!”, se entusiasmó.

Una fuente cercana a la familia asegura -con mucho temor y lejos de un grabador, eso sí- que Antonorsi Marshall alude al ministro como su “primo”, aún cuando no compartan los mismos apellidos. Si la filiación no es cierta, al nombrarla Antonorsi expresa su certeza de saberse cercano al poder. Esa proximidad la ha extendido a su hija, Kristina Antonorsi Quintero, y a su socio, Jean Carlos Paredes Marshall, ellos sin duda parientes.

Se multiplican y no 'se esnucan'

Kristina Antonorsi y Paredes Marshall no tardaron en construir un verdadero holding corporativo, el Grupo Orinoco 2021 C.A., donde figuran como socios a partes iguales. Esa empresa matriz ampara operaciones en tantos ramos productivos que cuesta saber cuál es su especialidad: cubren desde categorías del mercado de alimentos, al automovilístico, los servicios técnicos y profesionales, la publicidad y las comunicaciones. A pesar de su variedad no tienen página web o alguna otra seña que explique su naturaleza.

El grupo familiar ha podido abrir y mantener al menos 27 empresas en Venezuela y 17 en Estados Unidos, con Kristina Antonorsi operando desde una oficina en el Centro Comercial Banaven -conocido como el Cubo Negro, en el sector Chuao del sureste de Caracas- y Jean Carlos Paredes instalado en Weston, Florida.

Durante la Expo Venezuela Potencia 2018, celebrada entre el 26 y 29 de abril de ese año en el Poliedro de Caracas, Raúl Antonorsi Marshall y Kristina Antonorsi Quintero, padre e hija, asistieron como parte de los inversionistas invitados por el gobierno para que mostraran “las potencialidades productivas del país”. Ese día se firmaron 734 convenios entre Estado y empresarios, y varios de ellos beneficiaron a los Antonorsi detrás de distintas fachadas empresariales.

En el caso del padre, su Agroinversiones Los Isleños fue una de las catorce empresas que firmaron alianzas con la Corporación de Desarrollo Agrícola, adscrita al Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras.

Por su parte, la joven Kristina negoció en la Expo Venezuela Potencia 2018 un memorando de entendimiento con la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa), adscrita al Ministerio de Industrias y Producción Nacional. A las pocas semanas, el 14 de mayo de 2018, estaba concretando la alianza estratégica entre el Estado y su empresa Procome C.A., dedicada a hacer prácticamente cualquier trabajo solicitado, si se atiene a lo que dice su expediente mercantil.

Además de esos convenios, los Antonorsi fueron buscados como proveedores de maquinarias y servicios especializados para la puesta en marcha de la empresa socialista LimpiHogar, proyectada como un enclave estatal para fabricar productos para limpieza y mantenimiento de casas y oficinas, que se propuso una meta de producción de 300.000 litros mensuales de desinfectantes. La fábrica se encuentra en el sector San Vicente de Maracay, capital del estado Aragua, que fue una conocida zona de paz -llamada así por el gobierno en uno de sus planes de seguridad ciudadana- y que retornó bruscamente al control del Estado en 2015.

Procome fue creada en 2016 con Kristina Antonorsi como accionista minoritaria. Su socio con mayor participación era su primo, Jean Carlos Paredes Marshall, aunque él no figuraba en ningún evento público de la empresa. De hecho, solo la empresaria Antonorsi fue quien apareció retratada junto a los representantes gubernamentales para dar inicio formal al convenio suscrito dos años más tarde con Corpivensa.

Kristina Antonorsi Quintero explicó que Procome disponía de “capital y tecnología necesaria para garantizar la operación”, y que el Estado le pagaría en petros, lo que suponía una ventaja para la administración de Maduro, que comenzaba a verse arrinconado por las sanciones internacionales. Hasta agosto de 2020, la estatal LimpiHogar se mantenía productiva de la mano de Procome, y había ampliado su red de comercialización a los estados Aragua, Distrito Capital, Carabobo, Guárico y Lara. Kristina Antonorsi, en entrevista telefónica con Armando.info,  enfatizó que este “es el único convenio” que ha suscrito con el Estado y que de los petros "no he visto nada”.

Ordeñando las alianzas

Dejar operativa LimpiHogar no fue todo lo que pactó Kristina Antonorsi en la Expo Venezuela Potencia 2018. Las declaraciones oficiales dan fe de que el mismo día, en simultáneo con la firma del convenio con Procome, se suscribieron dos alianzas adicionales entre unas plantas adscritas al Ministerio de Industrias y Producción Nacional y la empresa española Lactomilk Internacional, con quince años de experiencia en la fabricación y distribución de tanques de enfriamiento de leche, así como material para plantas lácteas, según describe su página web.

Lo que pasó inadvertido es que la marca Lactomilk era administrada en Venezuela por los mismos dueños de Procome, es decir, por los jóvenes primos Antonorsi Quintero y Paredes Marshall. El patriarca, Raúl Antonorsi Marshall, dejó todo en familia al ser quien apareció como representante del Grupo Empresarial Lactomilk. Al respecto, su hija señaló que “la sociedad de Lactomilk nunca se ejecutó y fue firmado por los representantes de la empresa española, pero como no pudieron hacer la inspección tuvieron que rescindir de la alianza estratégica”.

Aunque la inversión en esos sueños industriales no llegó a cristalizarse en realidades productivas, de todas maneras la marca Lactomilk consiguió hacerse presente en los anaqueles de los supermercados de Caracas. Fue registrada ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) en julio de 2018 por el Grupo Orinoco 2021 C.A., “porque le prestaron el servicio de creación de la empresa y representación legal, y como nunca hicieron la inversión nosotros nos quedamos con las sociedades creadas. Le estamos cambiando el objeto y el nombre para hacer otras actividades”, confirma Kristina Antonorsi. La oficina de Lactomilk en Caracas, para más señas, está ubicada en el Centro Comercial Banaven, desde donde opera gran parte del holding de los primos Antonorsi.

Mientras, Raúl Antonorsi Marshall se ha consolidado como el principal productor caprino y directivo de la Asociación Nacional de Criadores de Cabras Lecheras de Venezuela (Asocabra). Su éxito en la especialidad lo ha conseguido tanto como comercializador de leche de cabra, fresca y pasteurizada, así como de machos y hembras de reemplazo. Según una publicación en las Actas Iberoamericanas de Conservación Animal de 2019, para ese año, Agroinversiones Los Isleños disponía de 124 cabras en ordeño con una producción total aproximada de 580 litros de leche por día.

El empresario siguió apareciendo junto a otros productores en los programas del ministro Castro Soteldo, y en la edición 100, grabada en septiembre de 2018, habló de sus logros como “ejemplo” de la industria agropecuaria venezolana. El apoyo gubernamental le ha servido para el desarrollo del principal centro genético caprino privado, con el que insiste en mejorar las razas para la producción y exportación de leche. Es precisamente en el estado Aragua donde se inició el año pasado el segundo centro genético entre la Gobernación de esa región y la empresa Genética Española.

El gobierno central aligeró la carga burocrática a los productores caprinos cuando, el 17 de abril de 2019, salió publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.450 la decisión de conferirle un estatus preferencial y estratégico a la cría de ovinos y caprinos, lo que significa promover activamente la actividad.

Kristina Antonorsi desmiente que exista una relación de parentesco entre el ministro Castro Soteldo y su familia, aunque reconoce un conocimiento de antaño en vista de que el “otro” comandante ha sido ministro encargado del sector agropecuario. “Mi papá lo conoce porque es un criador de cabras y lo poco que produce lo hace de las cabras. No somos una familia con contactos”, puntualiza.

Se lleva en la sangre

La joven Kristina Antonorsi Quintero tenía solo ocho años y una vida acomodada en Caracas cuando Hugo Chávez ascendió al poder en 1998. Curiosamente el entorno del chavismo, letal para buena parte de la industria y la empresa privada en Venezuela, estimuló sus emprendimientos.

A los 16 años fue reconocida con un diploma en el Colegio Los Campitos, un plantel del Opus Dei en el sureste de Caracas. En 2012 egresó de la privada Universidad Metropolitana como Licenciada en Administración y Economía Empresarial, entonces con 22 años. Pero su carrera gerencial comenzó a los 21, según afirma en su currículo en LinkedIn, la red social para la búsqueda de contactos profesionales. En junio de 2011 trabajó como gerente de proyectos de Yogen Früz, la marca estadounidense de yogures helados, al menos por un año. La franquicia maestra del negocio en Venezuela le pertenece a un amigo de su padre, Juan Carlos Acevedo Roa, quien luego sería el socio de Kristina en su primera compañía en Venezuela.

En febrero de 2012 creó Biotecnología 3000. Seguía en la categoría de alimentos, pero con la diferencia de que esta vez la compañía era suya y ocupaba la gerencia general. Su objetivo principal era la importación y exportación de materias primas para alimentos, así como la compra y venta de complejos vitamínicos y productos probióticos.

La emprendedora Antonorsi, con 22 años, una empresa recién creada y escasa experiencia, alcanzó un acuerdo de distribución exclusiva con Ganeden Biotech para introducir en el mercado venezolano el primer probiótico aprobado para consumo masivo en el país, el Bacillus Coagulans. Esto permitiría que los principales fabricantes de alimentos y bebidas en el mercado local usaran el probiótico como aditamento y así les “proporcionaba acceso a productos alimenticios y bebidas innovadoras”, declaró Antonorsi en 2013, fecha en que se logró el acuerdo.

De acuerdo al registro mercantil del estado de Florida, Estados Unidos, Raúl Antonorsi y su hija Kristina compartieron funciones como vicepresidentes en una empresa del ramo petrolero: Quim Chemical & Petroleum Investment Corp, incorporada el 11 de mayo de 2011. Ambos registran la misma dirección en Prados del Este, una zona de clase media-alta del sureste de Caracas. La empresa se encuentra inactiva desde el 26 de septiembre de 2014, al igual que otras tres en cuyas directivas aparece mencionado el empresario venezolano en Florida. A pesar de este hallazgo que consta en los documentos, Kristina Antonorsi asegura que no ha tenido "ninguna compañía con mi papá dedicada al sector petrolero. Para nada”.

Susana, la otra hija de Raúl Antonorsi, apenas se asomó en la edición 40 del programa Cultivando Patria del ministro Castro Soteldo. Presentó entonces Dekapra, la marca de quesos de cabra que comercializa Agroinversiones Los Isleños pero que, bajo el paraguas de un Grupo Global Dekapra, formó parte de la muestra de productos "para exportación" en la Expo Feria Canadá-Venezuela Ottawa 2017.

Negocios que pican y se extienden

La mayoría de las compañías en las que aparece Kristina Antonorsi como directora fueron constituidas durante los últimos cuatro años, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC). Desde 2016, y con 26 años de edad para esa fecha, figuraba como socia en Procome, TNW Group, Empacadora Amazonía, Inversiones Jhose 21 y Grupo Orinoco 2021.

La joven suele tener un puesto en el directorio de cada una de esas empresas junto con su primo, Jean Carlos Paredes Marshall, doce años mayor, quien parece haber logrado la fórmula para acelerar todo tipo de negocios en los más diversos sectores: servicios, seguros, publicidad, medios de comunicación, cauchos, agropecuario y exportaciones, y con empresas en Venezuela y Estados Unidos. Parte del éxito se lo deben a una línea de crédito que recibieron de la banca privada nacional con el que potenciaron los negocios. “Tuvimos una buena racha porque el bolívar iba bajando. Lo que hemos hecho hasta ahora es aguantar”, dice. Agrega que tienen muchas sociedades americanas, “me cuido mucho de lo que se hace y el tema de las sanciones es muy fuerte”, precisa.

De todas las compañías que tienen los primos, juntos o cada uno por su cuenta, Orinoco 2021 es la que tiene más tiempo y con un amplio objeto para la prestación de todo tipo de servicios profesionales. Fue registrada en Caracas en noviembre de 2008 y sus socios eran Jean Carlos Paredes Marshall junto a otro familiar, Edward Marshall, con un 95% de las acciones. Esta misma persona, Edward, y Carlos Eduardo Antonorsi Marshall, hermano de Raúl, aparecen en la sociedad Havan Chang Holding LLC, una empresa petrolera registrada en Hong Kong por Manuel Chinchilla Da Silva, en abril de 2011 y cerrada en enero de 2014. Esta sociedad en su momento fue señalada de recibir jugosos contratos de CITGO Petroleum con sobreprecio.

Tanto Raúl como Carlos Eduardo Antonorsi Marshall, hermanos entre sí pero cada uno por su lado y con participación distinta, incorporaron y cerraron en el mismo año empresas petroleras en Estados Unidos. Por cierto una de ellas, la petroquímica SPS de Chinchilla Da Silva, tuvo sus oficinas en el penthouse del mismo Cubo Negro de Chuao del que el Grupo Oronoco 2021 ha hecho su baluarte.

Jean Carlos Paredes Marshall es conocido en el medio por ser dueño de una empresa de seguros llamada Asegúrate, cuyas oficinas están también en el Cubo Negro. Entre 2015 y 2017 tuvo una breve sociedad con su primo petrolero, Carlos Eduardo Antonorsi Marshall en Asegúrate Inc, registrada en Estados Unidos.

En el mundo del emprendimiento tiene el perfil de un financista ángel: un ejecutivo que maneja un capital para invertir en startups, prometedoras pero incipientes. Ese rol tal vez explique la multiplicidad de empresas que aparecen en sus manos.

Abogado de profesión, formado en la Universidad Santa María de Caracas, se presenta en su página de LinkedIn como presidente del Grupo Caraota Digital, desde 2015; en Credinstante LLC, de Perú y Estados Unidos; y como editor de la revista Somos Seguros Latinoamérica. Como presidente del Grupo Orinoco 2021 señala que ha impulsado “proyectos en el sector agropecuario, servicios, automovilístico, licorero” desde 2010.

Es socio de una maraña de empresas, algunas activas, habilitadas para contratar con el Estado y de alto perfil, pero otras sin tan siquiera un sitio en la web. En Estados Unidos mantiene activa la empresa Granos Digitales 2016 LLC, incorporada el 25 de agosto de 2017, que es la figura jurídica del website informativo Caraota Digital. En Florida aparece en otros diez registros comerciales.

Al igual que su primo abogado, Kristina Antonorsi ha logrado ampliar su gama de negocios e incursionar en otros que no se asocian al sector alimenticio o manejo de plantas de desinfectantes. En plena pandemia del Covid 19, registró en Estados Unidos el Centro Clínico Sanarox LLC, con fecha 24 de agosto de 2020. Un laboratorio clínico privado con el mismo nombre funciona desde 2019 en el Centro Comercial El Hatillo, un suburbio de clase pudiente sobre las colinas al sureste de la capital venezolana. “La inversión en total fue de 15.000 dólares, eso no cuesta ni una camioneta”, indica al otro lado de la conexión telefónica.

Otra compañía que vió la luz a principios de 2020 es Global Factoring Service Sociedad Anónima Inc, en la que Kristina Antonorsi es vicepresidenta y comparte funciones con Alejandro Manrique Gimón, quien representa a GO Group Holding -la empresa que Kristina tiene con Jean Carlos Caredes Marshall desde julio de 2019-. Ese año, tres nuevas sociedades fueron incorporadas a las actividades mercantiles de Estados Unidos, se encuentran activas y tienen a Kristina Antonorsi como directora.

Antes de 2016 era poco lo que el público conocía de los negocios agropecuarios de Raúl Antonorsi Marshall, un empresario que todavía conserva un cierto bajo perfil, si se exceptúan sus apariciones en el programa de televisión de su mentor, Wilmar Castro Soteldo; pero a partir de esa fecha su historia se ha convertido en una prodigiosa saga familiar de éxito.

A esta clásica postal, referencia obligada cuando se habla de los lugares más únicos y atractivos de Venezuela, la afea hoy un conjunto de armazones de concreto revelador de la nueva política de turismo del gobierno venezolano, que hace énfasis en la promoción de un turismo premium en zonas protegidas. Es tal la importancia que le da el gobierno a este destino que el pasado 16 de septiembre autorizó operaciones aéreas nacionales solo en los aeropuertos Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, Aeropuerto Caracas y en el Aeródromo El Gran Roque, tras ocho meses de restricción de operaciones en todo el territorio nacional, debido a las medidas de confinamiento por la Covid-19.

Ocho nuevas estructuras dan la bienvenida a los visitantes cuando estos apenas aterrizan en la corta pista de aterrizaje de la isla de Gran Roque, la única habitada del archipiélago, a 176 kilómetros al norte de Caracas. Las llamativas construcciones son proyectos privados en desarrollo al que la controversia ha marcado desde su inicio, tanto por la exclusividad y lujo de sus instalaciones como por la violación evidente de la normativa ambiental que protege al parque nacional, el único marino del país. 

El presidente del Instituto Nacional de Parques (Inparques) para el momento de inicio del proyecto, Jorge Alejandro Medina Murillo, pasó por alto, para concederle el permiso, una decena de regulaciones ambientales y todas las restricciones para el uso de áreas próximas a aeródromos establecidas en las leyes de aeronáutica civil.

Las edificaciones, de dos pisos y medidas superiores a las dimensiones permitidas en el Plan de Ordenamiento del vedado, fueron autorizadas por Inparques en la cabecera noreste de la pista de despegue, un terreno prohibido y peligroso que, en compensación, otorga a los selectos propietarios el privilegio de un club cerrado, al que solo se accede por vía marítima.

Las obras, ya adelantadas, destruyeron los manglares en el área para construir los puertos privados, única forma de acceso a las viviendas, cercadas al norte por la pista de aterrizaje y al sur con el mar. 

Para vencer las barreras naturales se construyeron espigones o malecones con rellenos de materiales sólidos arrojados al mar tras cortar y destruir los manglares, hacer movimientos de arena y relleno de lagunas. “Construir a orilla del mar, talar y rellenar manglares es un ilícito ambiental”, detalla José Ramón Delgado, oceanógrafo y director de la Fundación Caribe Sur, una iniciativa que promueve la creación del Primer Corredor Ecológico Marino de Venezuela, que abarcaría los archipiélagos de Las Aves, La Orchila y Los Roques. 

Un mapa distorsionado

Entre los inquilinos de la nueva vecindad destaca Anselmo Orlando Alvarado, padre de Orlando Alvarado, vicepresidente de finanzas de Derwick Associates, empresa conocida por obtener contratos millonarios con la estatal Petróleos de Venezuela en medio de la crisis energética del 2009, de la que algunos de sus propietarios están siendo investigados por la justicia estadounidense.

Anselmo Orlando Alvarado y los herederos de su socio, José Sosa Rodríguez, son los propietarios de una concesión de uso y de las bienhechurías de uno de los módulos donde florecen las nuevas construcciones. Era la sede de un antiguo hotel, propiedad de la empresa Aero Hotel Los Roques C.A, que atravesó un largo proceso judicial ante el Juzgado Superior en lo Civil del estado Vargas por las bienhechurías entregadas en comodato a la empresa Aéreo Club Los Roques en la década de los ochenta.

El proceso, que se prolongó por más de 30 años, tomó un giro inesperado para los herederos de José Sosa Rodríguez, dueños de 50% de las acciones. Alvarado presentó en medio de la disputa un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Aero Hotel Los Roques C.A., de fecha 23 de mayo de 1.984, en la que afirmó que había adquirido la totalidad de las acciones. Agotados por años de disputa, en el 2010 los herederos de Sosa Rodríguez abandonaron la acción y Alvarado se coronó como dueño absoluto de la concesión de uso de espacio y de las bienhechurías, en ruinas para ese momento.

El espacio estuvo abandonado hasta que una nueva política turística del gobierno de Nicolás Maduro autorizó la explotación de los parques nacionales con el objetivo de captar divisas en medio de la debacle de la economía venezolana.

El primer registro de ocupación del terreno data de 2017, cuando Alvarado recurrió al estudio OAC Arquitectura para el diseño de su nuevo proyecto: el Boutique Aero Hotel, compuesto por diez habitaciones sencillas, dos habitaciones tipo suite, un área social y de servicios. El proyecto del estudio OAC Arquitectura solo llegó a la etapa de diseño básico. Aún así, de los ocho módulos concesionados para desarrollo habitacional, turístico y privado, Alvarado alcanzó a ocupar el número tres, donde se desarrolla un proyecto turístico: uno de los más controvertidos por su tamaño y ubicación sobre la orilla de playa.  

En el módulo contiguo, los hermanos Tadeo y Bernardo Arosio Hobaica desarrollan el proyecto de una posada de una sola planta que también cuenta con concesión para operar, otorgada por el Ministerio de Turismo.  De 37 y 35 años respectivamente, los Arosio tienen cinco empresas en Venezuela dedicadas a diferentes áreas, con la construcción como su cara más visible. Solo en Caracas, la capital venezolana, a través de ATB Constructores, C.A., ahora ejecutan las obras del Hotel La Castellana 901, las Residencias 906 en Loma Linda y 908 en Las Mercedes, y el Loft 900 en Campo Alegre del municipio Chacao.

La propuesta arquitectónica del grupo ATB Constructores, C.A. es minimalista y cuenta “con los más altos estándares de calidad, innovación y confort”, según reseña su página web. Pero el negocio de los Arosio no se limita a Venezuela, en el estado de Florida, en Estados Unidos, tienen registradas cinco compañías: AMB Enclave Investment Llc, The Enclave Lot 10 Llc, Mia 0011 Investments Corp y Tango Bravo Air Services Corp. En Panamá registraron ATB Holdings Inc, inactiva desde 2019.

En República Dominicana, la sucursal ATB Constructores RD.1, constituida en julio de 2019, así como Arosio Constructing Group y Gold Bean, están también dedicadas al negocio inmobiliario, con la adquisición de inmuebles urbanos o rurales para su posterior urbanización y construcción. En Barbados también registraron más compañías: Financial Engineering Advisors Corp, Financial Engineering Advisors 2, Corp Hoteles El Mirador Limited, BDC Investment Inc, Gold Elephant Corporation y World Fashion Group Ltd.

Al otro extremo de la pista de aterrizaje en el Gran Roque, otro vecino disfruta del único y primer módulo concluido, el número cinco. Se trata del empresario Julio Luis Borges Riquezes, amante del windsurf y miembro de la junta directiva del canal de televisión Televen C.A., además de socio propietario de Stone Fort Finance A.V.V., una empresa offshore constituida en Aruba con un capital de un millón de dólares.  

Borges Riquezes no reside en esta propiedad sino que la usa como enclave de reposo y refugio para amigos “famosos y poderosos”, según reveló a Armando.info un ex empleado del empresario. “A esa casa asisten artistas, muchos invitados extranjeros y también gente poderosa de la política” añadió el entrevistado, que pidió reservar su identidad. 

Esta propiedad destaca del resto por ser la que aparenta más lujo. También por algo no tan evidente: es una vivienda autosustentable. La propiedad “no necesita nada del pueblo, tiene todo para autoabastecerse”, detalla el ex empleado. Borges Riquezes también posee la concesión del módulo número cuatro, ubicado junto a su propiedad, donde desarrolla un proyecto turístico. 

Sabina Blohm de Eraso ocupa el anexo B del módulo cinco, que colinda con la propiedad de Riquezes; Leopoldo Batista posee la concesión del módulo seis y Alberto Villasmil el anexo B del módulo uno. Pobladores de Los Roques afirman que los tres tienen concesiones de vieja data -previas a la entrada en vigencia del plan de ordenamiento y reglamento de uso del parque-, y son los únicos donde actualmente no se desarrolla ningún proyecto de ingeniería. 

Junto a la de Alberto Villasmil se ubica la propiedad de Armando El Pelón Capriles, heredero de la familia de editores e inversionistas, a quien se conoce por sus negocios con el sistema financiero público durante el gobierno de Hugo Chávez.

Contrastes vecinos

La pista de aterrizaje no es lo único que separa las nuevas edificaciones del poblado del Gran Roque. El tamaño de las viviendas, la calidad de los materiales y la inclusión de sistemas de suministro de servicios básicos privados marcan la diferencia, pues estos últimos -electricidad, agua potable- apenas llegan a los habitantes de la isla.

Las propiedades proyectadas contaran con acceso a electricidad por medio de una planta eléctrica privada y acceso ilimitado a agua dulce pues cuentan con su propia planta desalinizadora. El resto de los pobladores del Gran Roque lidian diariamente con el racionamiento y escasez de estos servicios, cuya capacidad llegó a tope para surtir  a sus residentes tradicionales, razón por la cual en Los Roques está prohibido el otorgamiento de nuevas concesiones para actividades comerciales, turísticas, recreacionales y de servicios.

El decreto 174 del extinto Ministerio del Ambiente, ratificado en 2013, así lo estableció: “considerando que el otorgamiento de nuevos contratos de concesión conlleva el asentamiento de un mayor número de residentes, aumento de visitantes y el incremento en la demanda de los servicios básicos (...) se suspende el trámite y otorgamiento de nuevos contratos de concesiones para realizar dentro de la jurisdicción del Parque Nacional actividades de tipo comercial, turísticas, recreacional y de servicios”, dice la normativa.

Desde entonces los pobladores de la isla se las arreglan para sobrevivir y sostienen la infraestructura turística con el limitado suministro de agua dulce que provee la planta desalinizadora, que funciona de seis de la tarde a doce de la noche, para aprovechar los períodos del día con menor demanda sobre la planta eléctrica, también antigua y de escasa capacidad.  La planta desalinizadora solo puede generar 250.000 litros de agua potable por día.

La ausencia de una infraestructura de acueductos y cloacas agrava la situación sanitaria del poblado, que en la actualidad alcanza los 3.000 habitantes. La disposición de aguas domésticas residuales se realiza principalmente a través de pozos sépticos, lo que suele ocasionar problemas de desbordamiento por efecto de saturación del suelo (nivel freático) y en muchos casos en el vertimiento directo y sin tratar en las cristalinas aguas que albergan el extraordinario ecosistema marino.

Tampoco existe un manejo eficiente de los residuos sólidos, que se juntan y queman en un vertedero a cielo abierto. Anteriormente los desechos eran clasificados y transportados a tierra firme por medio de lanchas y gabarras, pero en la actualidad la basura se acumula en la zona de servicio y los alrededores del Gran Roque. Este manejo errático de los desechos sólidos ha aumentado, a su vez, la población de perros callejeros, una situación que ha repercutido en la higiene del pueblo, que aún conserva sus calles de arena.  

Para el experto ambiental, Jesús Morales, resulta incomprensible que “los esfuerzos en Los Roques se concentren en desarrollos habitacionales que privilegian a un sector muy exclusivo, cuando la capacidad de los espacios disponibles y de los servicios públicos está colapsada”.

El colapso de los servicios, aunado a las dificultades para el arribo de gasolina y alimentos, empujó a los pobladores del Gran Roque a protestar con el bloqueo de la pista de aterrizaje el 14 de noviembre del 2019. En una oportunidad, el reclamo logró detener un grupo de cuatro camiones de carga que trasladaba material de construcción para las obras de la lujosa vecindad a orillas de la pista. “Están molestos porque no llega combustible, no llega nada, pero fijo llega un transporte de la Armada lleno de camiones para las obras que se están haciendo al final de la pista” explicó una fuente que pidió reservar su identidad.

La construcción de estas nuevas obras no sólo desafía toda lógica de preservación del parque, también va a contravía de su realidad turística, que presenta una caída sostenida en el número de visitantes de hasta 60%, según fuentes ligadas al sector, que precisan que ya en 2018 se registró una ocupación en las posadas inferior al 15%. Por ello, los habitantes de Los Roques se preguntan sobre la necesidad de estas construcciones cuando el parque ya existe una oferta de 69 posadas con 940 plazas. “La capacidad instalada está siendo subutilizada” declara un posadero. 

Billete mata manglar

En noviembre de 2018, Nicolás Maduro reveló la nueva y agresiva política turística de su gobierno para hacer caja. Durante la edición número XIII de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela en el Parque Simón Bolívar, ubicado en los terrenos de la antigua Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota, en Caracas, el mandatario expresó: “El turismo es un motor de divisas vital para la Agenda Económica Bolivariana, el equipo económico debe tomar el desarrollo del turismo como elemento central del nuevo modelo económico diversificado de Venezuela para la creación de riquezas del país”. 

La nueva orientación reveló una amenaza concreta para los frágiles ecosistemas protegidos bajo la figura de Parque Nacional: “Para el venidero mes de marzo será instalada una rueda de negocios con empresarios internacionales para brindar ofertas de desarrollo turístico integral en Los Roques, Morrocoy, Mochima, Canaima, y La Isla Tortuga”, añadió Maduro.

Esa intención de captar recursos, en el caso de Los Roques, se cristalizó en octubre del 2019, cuando una comisión del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mintur), esa vez bajo la dirección de Félix Plascencia, celebró una mesa de negocios con inversionistas a quienes invitó “a invertir en la construcción y operación de alojamientos turísticos de alto nivel”. El encuentro, celebrado en el Gran Roque, contó con la presencia de funcionarios de Mintur, Inparques, operadores turísticos ya instalados en el archipiélago y los posibles nuevos inversionistas.

En la reunión los representantes de Mintur anunciaron que la intención de la cartera era “otorgar concesiones destinadas a la explotación turística en los cayos Crasquí, Francisquí (arriba, medio y abajo), Noronquí (arriba, medio y abajo) e isla Agustín”. 

Entre las propuestas presentadas por los nuevos inversionistas destacaba el proyecto de una posada boutique de categoría cinco estrellas de la empresa Hotel Kukenan C.A. El boceto, presentado en febrero de 2019, contempla la construcción de un campamento de entre 12 y 16 habitaciones a través de un sistema de módulos independientes de 55 metros cuadrados cada uno, en un área de 2.320 metros cuadrados, que incluye áreas de servicio y de esparcimiento, en el cayo Crasquí.

Hotel Kukenan C.A. es una empresa propiedad de la abogada de 39 años Julinne Ramírez Moreno y de su madre, Ivonne Moreno de Ramírez. Su domicilio fiscal es la zona industrial de Tumeremo en el municipio Sifontes del estado Bolívar. La empresa se constituyó en 2013 con un capital de tres millones de bolívares y no cuenta con experiencia en el ramo turismo a pesar de su nombre; de concretarse, su primer proyecto sería la posada que busca construir en Crasquí. En su cuenta en twitter, Hotel  Kukenan C.A. define la propuesta como un “proyecto turístico (…) apoyado por Mintur, en construcción, fomentando el Turismo en Venezuela, Arco Minero!  Proyecto nacido en revolución!”.

La oferta que “gracias a la iniciativa de los organismos competentes, amplía la posibilidad en el archipiélago para nuevo desarrollo ya no en el Gran Roque sino en otras islas del archipiélago”, fue acompañada de una solicitud de ocupación del terreno dirigida a Noel Lugo, para entonces representante del Ministerio de Turismo y del Territorio Insular Miranda, primo de la ex gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo Betancourt, quien, además, entre 2017 y 2019 ocupó el cargo de jefa de gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.

Otra propuesta no menos llamativa es el proyecto para el desarrollo de un complejo de bungalós en el cayo Francisquí, compuesto por 28 unidades: 26 suites, un restaurante y un espacio para vigilancia privada, algo que fue calificado por uno de los operadores turísticos asentado hace varios años en el parque, y asistente a la reunión, como un “nuevo turismo dirigido a un público exclusivo”.

La propuesta pretende emular la famosa infraestructura de bungalós de la pequeña isla de Bora Bora, en la Polinesia Francesa. Su promotor, Víctor Manuel Martins Alfaiate, ya cuenta en Francisquí con un rancho de palafitos para uso personal, que levantó tras adquirir la vieja infraestructura de una escuela de kite vela.

El empresario de origen portugués, que comenzó hace más de veinte años con dos pequeños hoteles en las islas de Margarita y Coche, hoy opera a través de la Cadena Paradise cuatro hoteles en Margarita, uno en la isla de Coche, una posada en el Archipiélago de Los Roques y dos hoteles de la red Venetur: Puerto La Cruz y Cumaná, todos en el oriente del país. Los negocios de Martins Alfaiate en los Roques incluyen la posada Tsunami, una de las más grandes y lujosas del archipiélago, promocionada en los catálogos de oferta turística distribuidos por el Ministerio de Turismo. Además, es dueño de la escuela de buceo Arrecife Diver's, una de las más reputadas del país. 

El Plan de Ordenamiento del parque ubica los cayos Francisquí y Crasquí -dos de los más frecuentados por turistas en la actualidad- dentro de la zona de servicio y recreación, donde solo permite la instalación de infraestructura de apoyo para actividades recreativas y turísticas, y prohíbe la pernocta y nuevas construcciones. Sin embargo, el Ministerio de Turismo ofreció tres lotes de terrenos para construir alojamientos exclusivos cinco estrellas en ambos cayos.

Aunque el “Bora Bora venezolano” todavía es un proyecto sin ejecutar, ya es publicitado por el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. En la edición de su revista institucional Viajes Venetur, Número 3, de junio de 2020, el ente publicó un amplio reportaje acompañado por una fotografía de fondo del complejo de bungalós.

Ecosocialismo: poco eco, nada de socialismo

“Los técnicos de Inparques que participaron en esa reunión salieron espantados y se negaron a avalar la propuesta de concesionar los cayos. Después de eso, el ingeniero José Duran, el técnico más antiguo en el Parque Nacional Los Roques, con cerca de 18 años de servicio, fue removido de su cargo”, cuenta la presidenta del Sindicato del Instituto Nacional de Parques Nacionales, Marlene Sifontes.

Sifontes relata que el quiebre institucional de Inparques comenzó en 2011 con la designación de Marisabela Godoy Peña y Carlos Cova, como presidenta y director general, respectivamente, de la institución. “Ellos llegaron con la política de construir en los parques nacionales y su primer gran ‘aporte’ fue aprobar la construcción de 80 viviendas en el área de servicio del Parque Nacional Los Médanos de Coro”.

En opinión de la dirigente sindical, la penetración política de la institución tuvo su momento cúspide cuando Godoy Peña incorporó al Frente Francisco de Miranda a la conducción de la política ambiental del ente en 2011. El Frente Francisco de Miranda, una organización política creada en La Habana por Hugo Chávez y Fidel Castro, destinada a “incorporar a la población, actores sociales sólidos y efervescentes necesarios en los procesos profundos de cambios”, es conocido como un brazo político y operativo de la autodenominada Revolución Bolivariana.

“De ahí en adelante la opinión de los técnicos era un estorbo”, dice Sifontes, quien explica que en paralelo ocurrió el desmantelamiento de la institución ambiental con la fusión del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Hábitat en el año 2014; luego, la supresión del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo y la posterior creación de los ministerios de Ecosocialismo y Aguas y el Ministerio para Hábitat y Vivienda en el año 2015.

En noviembre de 2014, Maduro creó el Órgano Superior para el Manejo Integral del Sistema Nacional de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, adscrito directamente a la Presidencia de la República y presidido por el ministro de Turismo. Una de las instituciones integrantes es Inparques, cuya labor quedó a merced del Ministerio de Turismo. 

El entonces ministro de esa cartera, Andrés Izarra, señaló para la fecha que el Órgano Superior era un mecanismo creado “para que nuestros parques nacionales, en el marco del ecosocialismo, sean espacios de aporte para el desarrollo de la vida humana, sean espacios de sustentabilidad económica para el turismo, para las viviendas, para la agricultura, para todas las actividades que sustentan la actividad humana en el marco del socialismo”.

Izarra perfilaba entonces lo que el ex Senador y ambientalista Alexander Luzardo ha calificado como la “nueva geopolítica nacional”, un concepto introducido en el Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación o Plan Nacional Simón Bolívar 2007 – 2013, que impulsa un modelo de ordenación territorial que no cumple con las premisas del desarrollo sustentable.

“La geopolítica del chavismo es de una visión expansiva y desarrollista que mira los parques nacionales no desde su valor biológico e investigativo, sino como estructuras vacías y un obstáculo para el desarrollo. Lo estamos viendo con esta nueva política de desarrollo turístico en los parques nacionales, se trata de una repartición del territorio entre grupos de poder. Los que no entraron en el negocio del oro, del petróleo, van por el turismo”, explica Luzardo, quien fue co-redactor del capítulo sobre derechos ambientales de la vigente Constitución Nacional.

La “nueva geopolítica” que describe Luzardo generó un sismo en Los Roques. El 30 de junio de 2014 el Gobierno ordenó la salida de los científicos e investigadores de la Fundación Científica Los Roques, dedicada desde 1963 a la investigación, conservación, difusión y educación en aspectos vinculados al archipiélago Los Roques, sus recursos, uso sustentable y conservación. Sin ninguna explicación, el gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda y el Ministerio de Agricultura y Tierras emitió una resolución en la Gaceta Oficial 40.443, para revocar la autorización que obtuvo la organización ecológica de manera oficial en el año 1967.

En un comunicado divulgado en 2019, tras la celebración de la rueda de negocios en Los Roques, 162 ambientalistas e investigadores advirtieron sobre el inminente impacto de estas construcciones. “Nos preocupa la indiferencia de los órganos rectores en materia ambiental, como el Ministerio de Ambiente e Inparques ante la actuación de autoridades nacionales y locales que ejecutan proyectos habitacionales y turísticos de alto impacto negativo en las áreas naturales protegidas y/o de alta fragilidad”.

Armando.info envió solicitudes de entrevista e información a las autoridades de estas carteras, incluyendo el Ministerio de Ecosocialismo y Hábitat, pero obtuvo la misma respuesta que los conservacionistas, silencio absoluto.

(*) Este reportaje contó con la contribución de Aníbal Pedrique.

Literalmente, es en ese urbanismo donde reside el acervo histórico del pueblo, que le ha permitido ser un lugar conocido en todo el país y llegar hasta la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los cultores de los Diablos Danzantes de Yare -la colorida ceremonia del jueves de Corpus Christi- fueron beneficiados con apartamentos en Colinas de San Francisco de Yare, un proyecto aprobado en tiempos de Hugo Chávez y culminado durante el gobierno de Nicolás Maduro, como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Para llegar allí hay que sortear la escasa oferta de transporte público que cubre la ruta entre la capital venezolana y el pueblo. El trayecto, que normalmente tomaría apenas una hora, llega a durar hasta tres. Desde la plaza Bolívar, donde danzan los Diablos de Yare en junio, se sigue hasta tomar la carretera nacional Yare-Santa Teresa y allí, en una explanada, se deja ver con enormes letras blancas el nombre de Colinas de San Francisco de Yare.

El anuncio corpóreo, con caracteres tridimensionales, no podría pasar inadvertido. Aunque se puede apostar a que sus diseñadores nunca pensaron que esa notoriedad sería para tanto, hasta el punto que el nombre del complejo habitacional pasó a formar parte de un intercambio de información entre oficiales de cumplimiento de bancos en Estados Unidos y personal de la unidad de inteligencia financiera (FinCEN, por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro en Washington DC.

Algunos Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) contenidos en una filtración de 2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, Armando.info y otros 107 medios de 88 países, y que dieron origen a la investigación internacional de los FinCEN Files, permiten hacer la conexión entre ese desarrollo de viviendas populares, inaugurado por Maduro en 2015, y cuantiosas transferencias de divisas a y desde cuentas bancarias en el extranjero de una empresa en el Reino Unido y parientes de una familia de constructores venezolana, los Ceballos Jiménez. Los montos de las transacciones llamarían la atención de los supervisores bancarios y, a la postre, de la prensa internacional.

También ofrecerían pistas sobre probables dispendios y sobreprecios: con un presupuesto por unidad para apartamentos de mucho mejor acabado, se levantaron unos edificios de colores hoy lavados por el sol y la lluvia, de cinco pisos y estructura metálica, sin ascensores pero con ropa tendida en las ventanas y contenedores de basura desbordados de desperdicios. La infaltable mirada fija de Chávez está estampada a lo alto, en la fachada de cada una de las 40 torres. Adentro, los apartamentos están escasamente amoblados, el techo es de plástico o cielo raso. El servicio de agua y electricidad es intermitente, el transporte público no está garantizado, ni tienen estación de ferrocarril cerca. En fin, los lugares comunes del deterioro y el descarte en una urbanización aislada, donde incluso se puede ver a un lugareño que pone a sus vacas a pastar en el monte seco que crece entre los edificios.

Las vueltas de Pdvsa

Los edificios de Colinas de San Francisco de Yare quedaron al alcance del radar del Departamento del Tesoro por una jugada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que buscaba burlar las trabas que ya para entonces le imponía su creciente falta de liquidez. En 2012 la producción petrolera se acercaba al precipicio y la estatal no tenía cómo pagar a proveedores viejos u honrar contrataciones nuevas.

Tenía, en cambio, algo para transar a manera de trueque con alguna obra o servicio recibido: coque, un combustible sólido que es producto residual del procesamiento de petróleo pesado.

Para ese momento el coque se acumulaba inservible, en colinas de más de 30 metros de altura, en los patios del Complejo Criogénico de Jose, en la costa de Anzoátegui, en el oriente venezolano. Y había una empresa italiana, Energy Coal SpA, dispuesta a recibir el coque como moneda de pago. Es así como en marzo de 2012, Pdvsa firma un convenio con esa compañía de suministro de coque para el pago de la construcción de viviendas, y encarga a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco la gestión del proyecto de los 1.540 apartamentos (40 edificios), en Yare, en el estado Miranda. La obra se debía ejecutar en un año.

Pero el contratista, la italiana Energy Coal, no tenía capacidad técnica ni experiencia en construcción. Así que para la ejecución de la obra subcontrata a Sarleaf Limited Company, sociedad registrada en Londres. Y esta, a su vez, subcontrata a Inversiones Alfamaq, empresa con sede en Caracas, que construya el urbanismo. La cadena de subcontrataciones pasa por alto un dato: tanto Sarleaf como Alfamaq son compañías controladas por Alejandro Ceballos Jiménez y sus familiares.

La explicación sobre ese intercambio de coque por vivienda la expone la propia Energy Coal en voz de Paolo Ascheri -hijo del dueño-, tras ser consultado para este reportaje por el ICIJ, socio de Armando.info en esta investigación. “La razón por la que fuimos contratados por Pdvsa para construir casas (...) es que estábamos dispuestos a aceptar un pago en especies (coque de petróleo) y no en dinero. Es cierto que carecemos de toda capacidad y experiencia tanto en la construcción como en la ingeniería, sin embargo nuestro papel era totalmente diferente: fuimos contratados para vender el coque de petróleo en el mercado internacional (tenemos más de 30 años de experiencia en esta industria). Básicamente, nuestro papel era convertir el coque de petróleo en servicios o monetizar el coque de petróleo y, por lo tanto, suministrar lo que Pdvsa requiriera”.

En ese entonces, millones de toneladas de coque yacían en los espacios de la refinería porque no tenían cómo cargarlos hasta los buques, así que Energy Coal se ofreció a renovar las instalaciones de carga a cambio de recibir el pago con coque. La garantía estaba en las montañas de este combustible sólido en el terreno. Sabían que podían pagarles así, sin correr con la suerte de otros proveedores con los que la petrolera acumulaba deudas. Luego hubo otra oportunidad para seguir con los contratos y estos fueron los proyectos de viviendas. “En ambos casos, el concepto era el mismo: convertir el coque en dinero”, insistió Ascheri en su respuesta enviada por escrito, y detalló algo más: “Energy Coal simplemente contrató a especialistas para cada sector específico. La mayoría de las veces estos especialistas fueron elegidos por Pdvsa y no por nosotros, como ocurrió también en el caso del contrato de Sarleaf”.

Así se firmó el contrato. El dinero empezó a fluir y a dejar sus trazas de sospecha. A las autoridades de la sucursal en Miami del Banco Espirito Santo (BES) les pareció sospechoso que Sarleaf, empresa offshore creada con por “motivos de seguridad” para proteger a la familia Ceballos de la exposición pública en Venezuela y evitar el riesgo de una expropiación, recibiera fondos de Pdvsa y otras agencias del gobierno venezolano distintas a las declaradas al momento de abrir la cuenta, pues esta tendría como propósito recibir fondos de la Fundación Misión Che Guevara, realizar pagos a proveedores y servir también para algún tipo de inversión, como explican en el SAR que forma parte de los FinCEN Files.

La Fundación Misión Che Guevara, adscrita al Ministerio para las Comunas y Protección Social, tiene su origen en el programa social ideado por Chávez en 2007 para enseñar oficios y emplear a brigadistas, y que se apoyó en la Gran Misión Vivienda para insertar personal obrero en las construcciones. Según la Memoria y Cuenta de 2014 de este despacho, la fundación tuvo la responsabilidad de apoyar el “Programa de Transformación Integral del Hábitat” de la Misión Vivienda, con la compra de materiales de construcción para culminar la construcción de 3.384 viviendas en 24 estados del país. Según lo recopilado por los oficiales del BES, Sarleaf vendía “tubos estructurales” para las obras de Misión Vivienda y su principal cliente era la Fundación Misión Che Guevara.

Por eso, al recibir cuantiosas sumas de dinero provenientes de Pdvsa sospecharon. Solicitaron documentación a Sarleaf para verificar el origen de esas transacciones y se extrañaron aún más, pues de acuerdo con el contrato revisado -correspondiente al proyecto de Colinas de San Francisco de Yare- debía ser Energy Coal, el ente contratante, quien les pagara, no Pdvsa. Poco a poco fueron hallando inconsistencias.

La oficina del BES en Miami comenzó a revisar las transacciones entrantes y salientes y notaron la “alta velocidad” de los movimientos en poco tiempo. Parte del dinero era enviado a países de alto riesgo como Suiza, un país con severas previsiones de secreto bancario, y grandes cantidades de dólares eran enviadas a contrapartes desconocidas.

En total, un poco más de 262 millones de dólares fueron calificados como “sospechosos”. El chequeo se hizo desde el día que se abrió la cuenta corriente, el 26 de septiembre de 2012, hasta que fue cerrada en enero de 2014. Las operaciones “sospechosas” comenzaron a registrarse seis meses después de haber sido contratada por Pdvsa para construir los edificios en Yare, en abril de 2013, y continuaron hasta enero de 2014. En este período Sarleaf recibió más de 146 millones de dólares de entes del gobierno venezolano vinculados con el mismo proyecto de Yare. Fueron “cantidades muy grandes de dólares”, detalla el SAR.

Casi inmediatamente, Sarleaf comenzó a transferir millones de dólares a varios beneficiarios, incluidas empresas y cuentas bancarias que pertenecían a los Ceballos. De esa cantidad, más de seis millones de dólares fueron enviados a cuentas personales de integrantes de la familia, y 44 millones de dólares a dos empresas de Alejandro Andrés Ceballos, hijo de Alejandro Ceballos Jiménez: 22 millones tuvieron como destino Sidon Enterprise, una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y el resto a una entidad panameña con cuenta bancaria en Suiza, Wexford Services, dedicada a la importación y exportación de productos para el sector construcción. 

Vasos comunicantes con el “dinero K”

Sarleaf Limited fue creada en mayo de 2007. Al frente de la compañía seleccionada por Pdvsa para construir los 1.540 apartamentos en Yare, solían mostrarse unos abogados suizos como propietarios. Entre ellos, un nombre en particular resaltaba: Néstor Marcelo Ramos.

Ramos es un abogado argentino que reside en Suiza desde hace 20 años, conocido en su país por ser el dueño de Helvetic Services Group, una compañía suiza usada por el empresario del kirchnerismo Lázaro Báez para comprar una de las empresas financieras involucradas en “la ruta del dinero K”, con la que pudo blanquear 33 millones de dólares. Por esta maniobra, Báez fue procesado y enfrenta actualmente un juicio en Argentina (aunque recientemente resultó excarcelado, medida que fue recibida entre protestas). 

Néstor Ramos, sobre quien desde 2016 pesa una petición de la justicia argentina para ser extraditado, fue director y accionista nominal de Sarleaf entre 2011 y 2013, y luego dejó paso a su sobrino, Javier Vanella, como directivo hasta 2016. En el reporte enviado por el Banco Espirito Santo al Departamento del Tesoro, se indica que los abogados suizos sirvieron como testaferros de Sarleaf para encubrir a sus verdaderos dueños, la familia Ceballos. Además, notaron que desde la cuenta de Sarleaf se envió un pago a Helvetic Services Group, en Suiza, por 75.000 dólares.

Quien daba la cara por Sarleaf en Venezuela era Ramón Mariño Lorenzo, esposo de una de las hermanas de Alejandro Ceballos, es decir, su cuñado. Aún sigue siendo la persona con mayor control de la compañía, como detalla el registro de Reino Unido. En abril de 2015 Sarleaf cambió su nombre a Steeleaf Trading International Limited. Una modificación nominal que no afectó el control de la familia Ceballos sobre ella.

Los funcionarios del banco portugués —finalmente disuelto en 2014 al colapsar sus balances y ser intervenido por los reguladores lusitanos, un derrumbe que abrió varias investigaciones penales sobre irregularidades administrativas y operaciones de sobornos y lavado de dinero relacionadas, en muchos casos, con Venezuela— detectaron una serie de movimientos bancarios en las cuentas de Sarleaf que, en su conjunto, parecían responder a un patrón típico de blanqueo de dinero. Identificaron 29 transferencias salientes por un poco más de 63 millones de dólares a entidades e individuos de la familia Ceballos, compañías de inversión y compañías e individuos desconocidos, así como 37 transferencias internas —sin precisar los destinatarios— por más de 52 millones de dólares.

Las operaciones fueron calificadas por los ejecutivos del BES como “cuestionables” por numerosas “inconsistencias” y algunas de ellas “de naturaleza artificial”. Los ejecutivos que redactaron el reporte para la FinCEN concluyeron que los fondos recibidos en la cuenta de Sarleaf “estaban potencialmente vinculados a la corrupción pública y a la apropiación indebida de fondos gubernamentales o malversación de fondos públicos”. El patrón de pagos y la porción o margen de las transferencias enviadas a miembros de la familia Ceballos parecía “ser excesivo”, agregaron. Sobre esto último el informe detalla que, dos días después de haber llegado una suma considerable a la cuenta, comenzaron las transferencias a individuos de la familia por montos que oscilaban entre los 129.000 y 400.000 dólares, totalizando 6,2 millones de dólares. “El propósito de estas transferencias era indeterminado”, señalaron.

Ceballos Jiménez no respondió a las preguntas específicas del ICIJ enviadas por escrito en agosto, ni atendió las solicitudes de entrevistas que le fueron propuestas tras confirmar la recepción de las preguntas. En un correo electrónico a un reportero del ICIJ citó dificultades para acceder a los documentos debido a la cuarentena por la Covid-19 en Venezuela, y no respondió a los correos electrónicos posteriores que ofrecían extender el plazo de respuesta.

"A la luz de lo que sigue, confirmo la imposibilidad de cumplir con sus peticiones en el tiempo especificado, y confirmo la consideración que se le debe a los periodistas por su coraje, valentía y ética, siempre y cuando su trabajo tenga el respeto a la verdad como su verdadero norte", escribió Ceballos Jiménez. Su hijo, Alejandro Andrés, tampoco respondió a las preguntas enviadas tanto a su empresa, Proyectos y Construcciones 1128, como a Inversiones Alfamaq.

Cuéntame uno de pitufos

El exfiscal del Ministerio Público venezolano, que hoy vive en el exilio en Colombia, Zair Mundaray, quien dirigió entre 2016 y 2017 las investigaciones sobre casos de corrupción, tiene un calificativo para nombrar ese tipo de movimientos que el BES reportó a la Red de Control de Delitos Financieros, cuando a una gran transacción le siguen inmediatamente envíos por montos pequeños a varias cuentas.

“Eso se denomina pitufeo en materia de lavado de activos”, explica. “Todos los Estados tienen una cantidad de alertas por ingresos de fondos grandes, por eso el aprovechamiento del dinero requiere convertir lo grande en pequeño”, precisa Mundaray.

El exfiscal, que huyó de Venezuela cuando la Asamblea Constituyente destituyó a su entonces superior, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en 2017, agrega que cuando los montos de las transacciones son pequeños no se activan las alertas bancarias, por eso cuando llega un monto millonario se pueden ir enviando —por ejemplo— decenas de transferencias de 20.000 dólares o 50.000 dólares a una red inmensa de cuentas y, una vez se reciben esos fondos, se hacen otras transferencias o se compran varios bienes (carros, inmuebles) que, con el tiempo, se venden o registran a nombre de una empresa.

“Eso es lo que hacen los lavadores para dificultar la traza financiera: convertir el monto grande en muchos montos pequeños que al final son de la misma persona, del mismo conglomerado, del mismo grupo económico. El pitufeo es convertir lo grande en pequeño, y lo hacen para que el seguimiento sea mucho más tedioso para las autoridades”.

Aunque la agencia de Miami del hoy desaparecido Banco Espirito Santo hizo el reporte, las verificaciones sobre el origen de los fondos se hicieron tarde y no pudieron evitar que el dinero terminara en países como Suiza y Holanda.

En las sospechas sobre este proyecto de vivienda se cruzaron, sin saber, dos instituciones diametralmente opuestas. Las alarmas llegaron hasta la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero también al cuerpo de “inspectores socialistas”, un ente de seguimiento de gestión que Nicolás Maduro Moros creó para que su hijo, Nicolás Maduro Guerra, lo dirigiera. El grupo pasó revista a una serie de contratos que dependían de la Faja Petrolífera del Orinoco, entre ellos el que se firmó para levantar Colinas de San Francisco. 

Un informe confidencial de los inspectores, fechado en julio de 2015 y suscrito por Jorge Arreaza —yerno del difunto comandante Chávez, y vicepresidente de la República en ese momento— fue enviado al ministro de Petróleo y Minería de ese entonces, Asdrúbal Chávez, primo del caudillo revolucionario.

En el informe se señalaba como una irregularidad  —ajena al desembolso que ya había ocurrido— que Pdvsa hiciera una contratación en dólares cuando los edificios estaban siendo construidos por una empresa venezolana con personal venezolano desde el inicio, Inversiones Alfamaq, también de los Ceballos. Concluyeron que se habían pagado “montos elevados” en la obra, sobre todo por los servicios profesionales de ingeniería.

Ceballos ya había sido señalado de participar en hechos de corrupción tras la ejecución de varias obras. En 2010 su nombre apareció vinculado con el desvío, si no desaparición, de 500 millones de dólares que llegaron a una cuenta bancaria que se abrió en octubre de 2009, a nombre de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en una sucursal del ruso Gazprombank en Líbano. La denuncia, presentada por el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de Venalum —una procesadora de aluminio dependiente de CVG— ante la Fiscalía Superior del estado Bolívar, precisaba que la cuenta “era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de este, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”. No fue posible saber el estatus de esta investigación. 

En 2018 la Asamblea Nacional venezolana —controlada por la oposición desde enero de 2016— también lo investigó por su presunta participación en varios esquemas diseñados para robar recursos públicos, incluida una venta fraudulenta de terrenos públicos en la zona turística de Lechería, en el oriente del país, pero pronto las averiguaciones fueron abandonadas y el caso fue cerrado. En su momento Ceballos calificó los señalamientos como “acusaciones infundadas” promovidas por “intereses malsanos”. 

Orgullo familiar

Los Ceballos, antes de la llegada de Hugo Chávez a Miraflores y después, se han dedicado a las obras civiles en contrataciones con el Estado. Desde finales de la década de los años 70 se adjudicaron asignaciones siempre con empresas constructoras de la familia y ahora con Inversiones Alfamaq, que desde su creación en el año 2000 las concentra a todas y despunta como la columna vertebral del Grupo 7C. La marca tiene su origen en el grupo de seis hermanos Ceballos y su madre, Maura Betty Jiménez de Ceballos. En cuatro décadas, han construido carreteras y autopistas pero, sobre todo, planteles educativos.

En los registros de Alfamaq, con la que han ejecutado la mayoría de las obras en los últimos 20 años, no cuesta mucho notar que lo de ellos era construir escuelas y liceos al menos hasta 2007, cuando la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), era el principal ente gubernamental para el que trabajaban. Tampoco arroja dudas sobre el carácter familiar de la compañía, pues todos los hermanos han rotado por la junta directiva. 

Desde su constitución fue dirigida por Nelson Ceballos, quien poseía la mayoría accionaria. En noviembre de 2007 vendió sus acciones a sus hermanos Alejandro y Maura, dos años más tarde ingresan Zoraida y Luz Marina (esta última como apoderada de Alejandro), y en 2010 se incorporan como accionistas Luz Marina, Javier y Maura Betty, la madre de los seis hermanos. Nelson Ceballos falleció en febrero de 2008 en un accidente aéreo. La avioneta en la que viajaba desde Valencia hasta Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, se precipitó a mitad de camino.

Pasado el luto, a los tres meses la familia abrió una sucursal de Alfamaq en Puerto Ordaz. Probablemente eran planes ya avanzados de Nelson, quien por esos años había establecido una relación comercial con una poderosa empresa minera, la canadiense Gold Reserve, que para entonces tenía más de 15 años con concesiones mineras al sur de Bolívar. Este vínculo de Nelson sería aprovechado por la familia Ceballos años después.  

Tras la muerte de su hermano, Alejandro Jesús Ceballos Jiménez asumió el liderazgo de las empresas del grupo económico familiar, que comenzó a mostrar vínculos evidentes con el gobierno chavista.

Aquellos que conocen a Alejandro Ceballos Jiménez, economista de 62 años de edad, lo describen como un hombre supremamente hábil. Un encantador al que le place invitar a sus allegados a paseos en sus yates, en la aeronave privada, a celebraciones familiares siempre fastuosas —sea un cumpleaños o una boda— en su mansión del Alto Hatillo o en un terreno privilegiado en la zona de Caicaguana, a las afueras de Caracas, con helipuerto incluido.

En las pocas entrevistas que se consiguen sobre él, y en los distintos blogs personales y empresariales que tiene para blindar su reputación digital, se muestra como un hombre orgulloso de servirle al país junto a toda su familia, con las construcciones públicas y privadas que han decidido hacer y que no son pocas.

Alfamaq ha hecho importantes obras como la rehabilitación del Poliedro de Caracas para el preolímpico de Baloncesto, en 2012; la remodelación —dos años más tarde— del Hipódromo de La Rinconada, también en la capital, lugar que suele frecuentar con su familia para ver correr a sus caballos.

El 8 de marzo, justo antes de la cuarentena, estuvo viendo el Clásico Socopó 2020, donde compitieron tan solo tres ejemplares y ganó el suyo, Sun Cap. En febrero había ganado otra prueba, el Clásico Juan Vicente Torrealba, con el caballo Speed Shot, así como la Copa El Gran Sol 2020 también con Sun Cap. Ceballos es un apasionado del hipismo y de la cría de purasangres. En 2016 dijo haber cumplido un sueño de niño al ver a uno de sus más portentosos caballos, Majesto, en el derby de Kentucky, una de las competencias de la Triple Corona estadounidense, aunque en esta ocasión el animal quedó entre los últimos. Ceballos no solo tiene el Haras Urama en el estado Yaracuy, en el centrooccidente de Venezuela, sino la compañía Grupo 7C Racing Stable en Florida, donde también tiene una lujosa mansión valorada en 1,3 millones de dólares cerca del hipódromo de Gulfstream Park.

Con 17 años, uno de los hijos de Ceballos inició una carrera artística como cantante de reguetón, el género pop de moda. Esa incursión fue fugaz, pese a los patrocinios familiares. El dúo Jesús & Yorky, por Jesús Ceballos y Yorky Tovar, despegó con un sencillo promocional en 2016 producido por el dominicado Jessy Terrero, quien ha hecho videos para Ricky Martin, Maluma y Jennifer López. El video se grabó entre Puerto La Cruz y Caracas. Grabaron la película Desafío urbano y se separaron dos años después. Yorky siguió en la música, Jesús no. Ahora, el hijo de Ceballos, con 22 años, lidera un equipo de fútbol de nivel universitario que lleva por nombre, por supuesto, Alfamaq FC. 

En 2016 el periodista Carlos Luis Giardinella, quien también es el gerente general del Haras Urama, le hizo una entrevista a su jefe para el canal deportivo Meridiano Televisión. En la grabación, Ceballos conduce un paneo por las distintas obras que ha ejecutado con Alfamaq y otras constructoras familiares, que serían motivo del orgullo familiar. Entre ellas incluye, además de las ya mencionadas, los 1.540 apartamentos de Colinas de San Francisco de Yare pero con una precisión particular: no se refiere a ellos como un proyecto aprobado por Hugo Chávez y ejecutado para el gobierno de Nicolás Maduro y la Gran Misión Vivienda, sino que los incluye en el listado de obras ejecutadas para “privados”. Solo que en este caso —algo que no menciona— el privado fue Sarleaf, que también es de su propiedad.

Por el desembolso que hizo el Estado en la construcción de Colinas de San Francisco los apartamentos terminaron costando 86.000 dólares cada uno, el precio que hoy tiene un inmueble en un municipio de clase media en Caracas. El cálculo del precio del metro cuadrado y el notable sobreprecio fue subrayado por los “inspectores socialistas” de Maduro en su informe, pero se quedaron cortos. La propia empresa Alfamaq, en catálogos de obras publicados en su página web, indica que la inversión en este proyecto de viviendas se acercó a los 500 millones de dólares, por lo que el precio de los apartamentos superaría los 300.000 dólares. Pese al precio de construcción, correspondiente hoy a un segmento superior de mercado, en Yare, la vida transcurre con carencias, precariedades y limitaciones. Varios de sus habitantes, golpeados por la hiperinflación y la emergencia humanitaria, han decidido dejar sus viviendas para emigrar. Para irse, han vendido sus apartamentos en 3.000 dólares.

“Aquí hay muchos apartamentos vacíos. Es gente que se ha ido. Algunos los han desvalijado, les han sacado todo. Dicen que unos los han vendido en dólares. ¿De dónde saca uno dólares?”, dice Selena Ramírez con un dejo de sorpresa y genuina incomprensión, mientras va caminando de regreso a su casa con el equipo de Armando.info que la visitó en marzo, antes de que el país se paralizara por la llegada de la Covid-19. 

Los edificios que conforman el conjunto habitacional fueron asignados por el gobierno a distintos perfiles grupales, siguiendo un criterio más o menos reconocible.  El apartamento de Selena queda en planta baja porque su nieto de 11 años tiene discapacidad motora: no puede moverse ni hablar y depende de una silla de ruedas. Necesariamente requerían un apartamento allí, pues los edificios de cinco pisos no tienen ascensor. Las torres están identificadas según la ocupación de sus habitantes. Así como en un edificio viven los cultores de los Diablos de Yare, en otro lo hacen los trabajadores de la empresa china de electrodomésticos Haier, cuya planta cercana debería estar productiva. Pero no prosperó.

Los guetos siguen para los policías del municipio, los trabajadores de la fábrica de cemento de la zona; los que prestan servicio en los autobuses Sitssa, los bomberos y los trabajadores de Alfamaq, la empresa que construyó el complejo.

Apuestas grandes

La compañía principal de la familia Ceballos, que según la información obtenida por el BES también se dedica a la importación de estructuras de acero para viviendas, no ha dejado de ganar contratos con el Estado. Uno de los más grandes es la construcción de las obras civiles del teleférico entre Caracas al pico El Ávila y de allí a La Guaira. La asignación guarda ciertas similitudes con el manejo de dinero hecho en Colinas de San Francisco de Yare.

De acuerdo con documentos vistos por Armando.info, el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) también giró pagos por esta obra a Sarleaf Limited, la empresa familiar radicada en Londres: casi 27 millones de euros se enviaron entre noviembre y diciembre de 2014. No se pudo precisar la entidad bancaria que recibió estos fondos en el exterior, pues para la fecha el Banco Espirito Santo había sido intervenido y sus activos sanos se habían destinado a una nueva entidad controlada por el Estado portugués, el Novo Banco. En medio del desmembramiento del negocio, su sucursal en Miami pasaría a llevar otra marca, Brickell Bank y, tras ser objeto de varios pretendientes, en 2019 fue adquirido por Banesco USA, del banquero venezolano Juan Carlos Escotet.

Sarleaf mantenía cuentas con otra entidad que también fue cuestionada, el Banco del Orinoco NV (BDO), propiedad del venezolano Víctor Vargas en Curazao, un paraíso fiscal del Caribe ex neerlandés.

Tras ser intervenido por las autoridades de Curazao en septiembre de 2019 y revocada su licencia para seguir operando, por insolvencia y manejos irregulares, quedaron en evidencia varios señalamientos sobre ese cuentahabiente. En el extracto dedicado a Sarleaf en un informe preparado por el Banco Central de Curazao y San Martín, las autoridades curazoleñas indican que “debido a las sustanciosas transacciones entrantes y salientes en las cuentas de Sarleaf, se requería que el BDO investigara más sobre la naturaleza de esas transacciones”, hecho que no ocurrió. Más allá de este antecedente, Armando.info no pudo precisar si esos millones de euros que recibieron por la obra del teleférico llegaron hasta Curazao.

La construcción del teleférico no es el único frente abierto de Inversiones Alfamaq. En el  Sistema Nacional de Contrataciones figura la asignación de obras en tres acueductos del país. Con Hidrocapital ejecuta un plan para recuperar las estaciones de bombeo de los sistemas Tuy I, II y III, cuya falta de mantenimiento por años somete a un severo racionamiento del servicio a los habitantes del Distrito Capital, Vargas y Miranda. Con Hidrocaribe ejecuta el mantenimientos de los sistemas de agua potable y saneamiento del estado Anzoátegui, y con Hidrolago, en el estado Zulia, ejecuta la rehabilitación del sistema Tule-Manuelote-Tres Ríos y las estaciones de bombeo de Maracaibo, la capital de esta entidad. Las tres estaban en fase de ejecución en 2018 y la más avanzada, la de Hidrolago, alcanzaba el 86%; las otras dos estaban en fase inicial.

En 2018 Alfamaq también culminó la rehabilitación y construcción de cinco planteles educativos, varias canchas deportivas, una iglesia y un centro de salud en el estado Bolívar, para la canadiense Gold Reserve, que se había restablecido en el sector de Las Claritas, una de las poblaciones mineras del sur del estado.

Dos años atrás, Nicolás Maduro había decretado la creación del llamado Arco Minero del Orinoco y empezó a entregar concesiones a diestra y siniestra. Gold Reserve vio allí una oportunidad de volver al terreno, luego de que Hugo Chávez la expulsara en 2009, cuando dio por finalizada la concesión en medio de su cruzada por la estatización y control de todos los sectores de la economía. Lo consiguió.

En el ínterin, los Ceballos habían conseguido una posición en Gold Reserve como accionistas. "Tras el anuncio del acuerdo de conciliación y asociación con Venezuela en febrero de 2016 (...) Alejandro Ceballos se acercó a Gold Reserve deseando hacer una inversión en la empresa”, dijo Doug Belanger, presidente de Gold Reserve, en un comunicado enviado al equipo de McClatchy-Nuevo Herald, socios del ICIJ y Armando.info en esta investigación conjunta de los FinCEN Files.

Así, los Ceballos y sus familiares adquirieron 10% de las acciones de Gold Reserve en mayo de ese año, lo que significó una inversión de 34 millones de dólares. Meses después, en agosto, la empresa minera firmaría un acuerdo con el Gobierno venezolano para la explotación aurífera al sur de Bolívar, una zona conocida por ellos, donde estuvieron desde 1992 hasta que Chávez los botó. 

Esta firma estratégica con el gobierno de Nicolás Maduro, a pocos meses de haber creado el Arco Minero del Orinoco, fue motivo de celebración tanto para Gold Reserve como para Alejandro Ceballos, quien organizó una fiesta a todo dar, en su lujosa mansión de cuatro pisos ubicada en Alto Hatillo, en las colinas al sureste de Caracas, con decenas de invitados -entre ellos los socios canadienses-, buena champaña y habanos.

Las obras que Gold Reserve solicitó a Alfamaq en el estado Bolívar fueron concluidas en 2018, aseguró el presidente de la minera canadiense, Doug Belanger, quien defendió el trabajo de sus accionistas y deslizó que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro al gobierno venezolano le han impedido seguir tratando con sus socios. “Con las sanciones internacionales en vigor, la empresa no ha llevado a cabo ningún otro proyecto de construcción en la comunidad local cercana al proyecto minero, pero si se levantan las sanciones y se reanudan los programas sociales, consideraríamos la posibilidad de utilizar de nuevo a Alfamaq como contratista local para este trabajo".

(*) Este reportaje contó con la reportería y apoyo de: Sasha Chavkin (ICIJ), Mariel Fitz Patrick (Infobae), Kevin Hall (McClatchy), Antonio María Delgado (Nuevo Herald), Leo Sisti (L’Espresso).