En tan solo siete meses, entre agosto del año 2013 y marzo de 2014, logró adjudicarse tres contratos, uno de los cuales resalta sobre los demás: el estadio de béisbol Hugo Chávez, que se levantará en los espacios de La Rinconada, al suroeste de Caracas, en los predios del nuevo parque que también llevará el nombre del desaparecido caudillo bolivariano.

Con toda probabilidad se trata del proyecto público de más envergadura en la ciudad de Caracas, y uno de los más importantes de la administración del presidente Nicolás Maduro, quien, consciente del impacto que en términos de propaganda pudiera tener la culminación del sitio deportivo, encomendó la obra personalmente al vicepresidente Tareck El Aissami. “Le dije a Tareck que se convierta en el padrino ejecutor del estadio de béisbol más completo, moderno y más grande que tendrá Venezuela, y que estamos construyendo en el Parque Hugo Chávez en La Rinconada”, dijo el mandatario venezolano el 14 de marzo durante una alocución televisada desde el palacio presidencial de Miraflores, donde abanderaba a la delegación que marchaba a competir en los Juegos Juveniles Parapanamericanos de Brasil. “Va bastante bien, será monumental, bellísimo y es el regalo que le haremos a nuestro béisbol y a nuestra Caracas, y podrá ser utilizado más allá de este deporte, en muchas otras actividades”.

El anuncio ha despertado enormes expectativas en la capital de un país en el que -como en otras naciones de la cuenca del Caribe- el béisbol es el deporte rey. Casi 400 venezolanos han jugado en las Grandes Ligas de este deporte en Estados Unidos. Pero, a pesar de su importancia como pasatiempo, el béisbol profesional del invierno austral -cuando la temporada en Estados Unidos entra en receso hasta la primavera- se juega en Caracas en un estadio venerable pero vetusto y poco funcional, construido para los Juegos Panamericanos de 1959 y gestionado desde entonces por la Universidad Central de Venezuela (UCV), archirrival del régimen chavista y un socio incómodo para los equipos de la liga profesional.

En medio de la crisis económica más severa que Venezuela haya sufrido desde su guerra de Independencia, el Gobierno de Maduro se ha esforzado en garantizar el acceso a divisas preferenciales para que los organizadores del campeonato profesional puedan importar insumos y jugadores. Si para el próximo mes de octubre consigue tener lista una nueva sede para la pelota, como los venezolanos conocen coloquialmente el juego, estaría así ganando puntos en el favor de los electores.

Al frente del esfuerzo ha quedado El Aissami, quien acaba de recibir una sanción del Departamento del Tesoro estadounidense por su presunta vinculación con el crimen organizado. Pero, junto al funcionario, destaca una empresa panameña con sucursal en Caracas, Landscape Vision Corporation, encargada de la obra.

De tres, tres

La idea de construir un nuevo estadio de béisbol en Caracas no llegó como promesa aislada. Forma parte de un proyecto macro denominado Parque Hugo Chávez, propuesta ambiciosa surgida en días de campaña electoral, cuando Nicolás Maduro se preparaba para medirse, tras la muerte de Chávez, frente al candidato opositor Henrique Capriles Radonski en las presidenciales de abril de 2013. Maduro ganó finalmente los comicios con una ventaja de poco más de un punto porcentual, según las cifras oficiales.

Además de este campo de béisbol (con capacidad para 36.711 personas), el parque incluye la construcción de un estadio de fútbol para 55.000 espectadores, un campo de béisbol infantil, gimnasio cubierto, la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Sistema de Orquestas Infantiles y del Movimiento de Artes Escénicas César Rengifo; una estación intermodal de transporte (subterráneo, superficial y ferrocarril), cuatro parques comunales, una plaza, un mirador y 200 hectáreas de jardines y áreas recreativas que se conectarán con las 630 hectáreas de área montañosa que en Caracas conocen como Parque metropolitano.

Todo lo anterior en un espacio donde ya existen desde hace décadas el hipódromo La Rinconada, el campo de softbol, la estación terminal de la Línea 3 del Metro de Caracas, la estación Simón Bolívar del ferrocarril Caracas-Cúa, el Museo Alejandro Otero y el Poliedro de Caracas, recinto que ha servido de sede para buena parte de los eventos culturales, deportivos y feriales de la ciudad desde su inauguración, en 1973, aunque en tiempos de Hugo Chávez comenzó a usarse también para eventos políticos.

Las obras del parque comenzaron en agosto de 2013, tras un acto oficial encabezado por Nicolás Maduro y el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, por ser esta alcaldía la encargada de desarrollar el proyecto; mientras que los movimientos de tierra que dieron inicio a los trabajos del estadio de béisbol ocurrieron dos meses después.

A cuatro años de aquellas acciones, hay varias certezas: se han invertido al menos 400 millones de bolívares y 30 millones de dólares aprobados por Maduro en agosto de 2013, además de 100 millones de bolívares aprobados por la Asamblea Nacional en junio de 2015; se han inaugurado cinco hectáreas del parque aunque con retrasos (el Jardín de los Primeros Pasos –en dos etapas–, un mirador y la Plaza de las Fuentes), el estadio de fútbol -con diseño de Sir Richard Rogers, premio Pritzker de arquitectura y creador del Centro Pompidou de París- apenas está en la fase inicial de movimientos de tierra y la Fundación Parque Hugo Chávez –creada por la Alcaldía de Libertador para ser el ente ejecutor de las obras– se encarga de todas estructuras proyectadas menos del estadio de béisbol Hugo Chávez, la que exhibe mayor avance.

A pesar de la visibilidad que el alcalde Jorge Rodríguez -ex vicepresidente de la República y, además de El Aissami, uno de los dos astros ascendentes del chavismo gobernante- ha mantenido en torno a la obra, el destino del estadio no lo maneja el gobierno capitalino. Es la Fundación Propatria 2000 (Fundapropatria 2000), dependiente del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con el apoyo de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), la que contrata los trabajos a Landscape Vision Corporation S.A (Lanvicorp) para que ejecute el proyecto. Se trata de una empresa registrada en agosto de 2013 en Caracas como la sucursal venezolana de una compañía del mismo nombre creada en Ciudad de Panamá en abril de 2006.

El acta constitutiva presentada en el Registro Público panameño, cuya copia puede leerse entre los documentos del expediente mercantil consignado en Caracas, detalla sus amplios fines e intereses: “Establecer gestionar y llevar a cabo, en general, el negocio de financiamiento, inversiones y correduría en todos sus ramos, y organizar o llevar a cabo y emprender cualquier negocio, transacción u operación que comúnmente se lleve a cabo por financistas, capitalistas, promotores, suscriptores de la emisión de acciones u otros valores u obligaciones de personas, compañías, sociedades anónimas, sociedades colectivas o asociaciones, o por corredores en bienes raíces, comerciantes, fabricantes y mercaderes”.

Los trabajos que esta compañía suscribió con el gobierno panameño entre 2013 y 2014 tuvieron como instituciones beneficiarias al Ministerio de Vivienda de ese país y su puerta de salida, el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En el caso de la sucursal venezolana, la razón social es un poco más precisa: “Desarrollo de operaciones de obras y servicios, propias de la industria de la construcción en general, tanto públicas como privadas, energía, comunicaciones, instalaciones y sistemas”, aunque también incluye el negocio del financiamiento, préstamos, hipotecas, inversiones, correduría, compra y venta”.

La decisión de abrir una filial en Caracas se discutió en una asamblea extraordinaria de accionistas el 8 de julio de 2013 en Panamá; la propuesta fue autorizada y firmada por el presidente de la empresa, Ramón Carretero, y el secretario, su hermano Vicente Carretero. Al mes ya estaban haciendo los trámites en Caracas y a los 20 días de formalizar la nueva sede, Lanvicorp-Venezuela suscribió su primer contrato en el país, precisamente con Fundapropatria 2000, para construir “20 CDC de Paz”, los centros deportivos, culturales y de paz ideados como parte del Movimiento por la Paz y la Vida, también creado por Maduro durante su campaña presidencial en 2013. Desde entonces estos gimnasios verticales con fachadas multicolores han proliferado en varios estados, como parte de un proyecto prohijado directamente por el presidente Maduro y su entorno. La primera dama, Cilia Flores de Maduro -conocida como La primera combatiente en la jerga del oficialismo-, fue la jefa fundadora en 2013 del Movimiento por la Paz y la Vida, en cuyo tren directivo también se ha reportado la participación de dos hijos de Flores y del hijo del presidente Nicolás Maduro.

El segundo contrato firmado por Lanvicorp (FPP-CO-2014-01-003) fue para la remodelación y reacondicionamiento de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe junto a la construcción de un centro de convenciones, todos en Caraballeda (estado costero de Vargas), de fecha 11 de febrero de 2014.

Y el tercero (FPP-CO-2014-02-005), del 20 de marzo de 2014, le asignó la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez en La Rinconada, Caracas. En los tres casos ha sido contratista de Fundación Propatria 2000 y así puede leerse en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Beneficiados por Martinelli

En la empresa Lanvicorp todo quedó en familia: los hermanos Ramón y Vicente Carretero Napolitano comparten la junta directiva con otro pariente, Félix Fallabella Napolitano, quien ocupa el puesto de tesorero. Hasta el 25 de marzo de 2013, Roberto, otro de los hermanos Carretero Napolitano se mantuvo al frente de la Presidencia, pero ese día se realizó una reunión extraordinaria para designar a los nuevos integrantes de la directiva, según precisa uno de los documentos contenidos en el expediente que formalizó la creación de la sucursal en Caracas.

Reconocido en su país, Roberto destacaba por figurar a cargo de una retahíla de grandes empresas, pero desde 2015 su nombre ha resonado más por los contratos que gozó durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), hoy prófugo de la justicia panameña.

Roberto Carretero se presentó el 24 de febrero de 2015 en la Fiscalía Anticorrupción para rendir declaraciones, por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra-venta de bolsas de comida a través de los fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social, adscrita al Ministerio de la Presidencia de Panamá.

Tras culminar su declaración de indagatoria, la fiscalía le ordenó la medida cautelar de detención preventiva que duró hasta el 8 de mayo de ese mismo año, cuando el despacho fiscal, a cargo de Ruth Morcillo, cambiara la medida por un arresto domiciliario.

Según una auditoría de la Contraloría General de la República de Panamá, Roberto Carretero Napolitano junto a otros dos comerciantes, y con la colaboración del exdirector ejecutivo del PAN, Rafael Guardia Jaén –actualmente detenido– obtuvieron más de 16 millones de dólares en órdenes para la compra de estas mercancías, monto que equivale casi a la mitad de la posible lesión patrimonial causada al Estado en este caso, que asciende a 32 millones de dólares.

El informe indica que el destino final de las bolsas de comida era incierto. Las empresas de Carretero Napolitano y de los comerciantes Carlos Araúz y Juan Carlos Marciaga, no consignaron elementos suficientes que acrediten que las bolsas fueron entregadas al PAN o a los beneficiarios finales, toda vez que la documentación que reposa en los expedientes no contiene información íntegra ni confiable.

En la declaración de indagatoria del caso, efectuada por el exdirector del PAN, Guardia Jaén relató a la fiscalía que los tres empresarios tenían más de 16 sociedades distintas inscritas en el PAN y que entre ellos (Araúz, Marciaga y Carretero Napolitano) “se intercambiaban las empresas”.

Sobre estos actos irregulares los auditores de la Contraloría panameña determinaron que los empresarios crearon compañías y que las alternaban para participar en el proceso de compra y contrataciones con el Estado, a fin de desviar los controles existentes. Otra de las anomalías identificadas por los auditores está vinculada al pago que hacían a los empresarios; en la institución este tipo de trámites tomaba, como proceso regular, dos semanas, pero en indagatoria Massiel Heurtemate –del departamento de adquisiciones del PAN– indicó que el pago para los tres empresarios tenían que salir máximo en dos días laborales.

No solo de PAN viven los negociados

En sus confesiones a la fiscalía, los empresarios Carretero Napolitano, Araúz y Marciaga manifestaron que parte de las comisiones que les pedía el exdirector del PAN iban supuestamente destinadas para la campaña presidencial de los candidatos de Cambio Democrático (CD), partido al que pertenece Ricardo Martinelli, presidente de Panamá en ese entonces.

Roberto Carretero Napolitano informó que entregó cheques a la cuenta de Guardia Jaén para la campaña política, pero no especificó cantidades ni nombres de las personas a las que iban dirigidos los desembolsos.

Por estas investigaciones el Ministerio Público panameño, a través de la Fiscalía Anticorrupción, mantiene confiscado un monto de un millón de dólares de Carretero Napolitano, quien tiene una medida cautelar de casa por cárcel.

No se trata de cualquier modo, del único caso que le imputan: el 13 de julio del 2015, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, tras noticias de supuestas irregularidades en la compra de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación del país centroamericano con fondos del PAN. En ese expediente se acusa a Roberto Carretero Napolitano como posible infractor de la comisión del delito de peculado, en su calidad de dueño firmante y beneficiario real de las 13 empresas y sociedades ligadas a las irregularidades suscitadas en la adquisición de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación, gestionada a través del PAN, y que ocasionó desembolsos totales de 11,7 millones de dólares.

Por este caso la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el llamado a juicio para los dos exjefes del PAN entre 2009 y 2014, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén, así como a la exministra de Educación, Lucy Molinar.

También se formularon cargos a los representantes legales de las sociedades que obtuvieron los contratos entre 2012 y 2013, pero “en el transcurso de la investigación se evidenció que dichas personas ejercían en función de un denominador común, es decir, el comerciante Carretero Napolitano”, indican los documentos oficiales de Fiscalía.

Lo anterior fue corroborado con documentos bancarios de dichas sociedades, en las que Roberto Carretero Napolitano figuraba como firmantes de las cuentas, y además el propio Carretero Napolitano aceptó, en su declaración de indagatoria, que dichas sociedades le pertenecían. Sobre las acusaciones en su contra, Roberto Carreteo Napolitano ha manifestado ante la fiscalía que es inocente de los cargos que se le imputan. En su defensa dijo que es un comerciante de trayectoria y reconocido en su país, y que participa en muchos actos de licitación con el Estado. Reconoció que las empresas que se investigan en este expediente en efecto le pertenecen, aunque aclaró que el representante legal de ellas es otra persona y que, debido a un manejo administrativo interno, él estaba frente a las mismas.

El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, también está siendo investigado por el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y las bolsas de comida, junto a otros hechos de corrupción, pero ha evadido a la justicia refugiándose en Estados Unidos. A los seis meses de haber entregado la presidencia abandonó Panamá (en enero de 2015) y desde entonces vive en Miami.

Negocios familiares

Roberto Carretero Napolitano es hasta ahora el único integrante de esta familia de empresarios que está siendo investigado por hechos de corrupción. Ramón Carretero no tiene señalamientos similares en su contra, pero en Panamá, tras lo ocurrido con su hermano, una sombra de dudas cubre al grupo empresarial.

En su país Ramón Carretero forma parte de 46 sociedades anónimas y dos fundaciones, con 63 personas en calidad de socio. Se maneja de bajo perfil, evita asistir a eventos que lo expongan ante los medios de comunicación, pero no ha dejado de ser una persona conocida, al igual que su familia, no solo por el tema empresarial sino también por sus vinculaciones con el deporte. Además de ser dueños de tiendas de bicicletas, tanto Ramón como Roberto y Vicente Carretero han practicado ciclismo; actualmente el hijo de Ramón, llamado igual pero de apellidos Carretero Marciacq, es un ciclista profesional laureado y reconocido en competencias internacionales.

En la sucursal venezolana de Lanvicorp, donde Ramón oficia como presidente, constituida en 2013, decidieron en 2015 hacer modificaciones sobre el tipo de empresa. En enero de ese año, en una asamblea realizada en Panamá, la junta directiva acordó “su voluntad de asumir las condiciones establecidas en la normativa interna de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a las Empresas de Producción Social, destinando las ganancias de la sucursal a un reparto igualitario”.

Esto significa, y así se detalla en el expediente constitutivo, que la sucursal venezolana podría participar en los proyectos de las comunidades a través de aportes al Fondo Social de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o mediante la prestación de bienes y servicios; contribuir al desarrollo de empresas de producción, distribución y servicio comunal; presentar ofertas sociales en procesos licitatorios; consorciarse con empresas medianas y empresas de propiedad social con el fin de fortalecerlas tecnológicamente, así como desarrollar y acompañar a empresas pequeñas y de producción social a través del desarrollo de sistemas, tecnologías y establecimiento de programas que permitan la inserción de estas empresas en el sistema productivo.

Uno de los sectores que ha apoyado a las empresas de producción social (EPS) en Venezuela es Pdvsa, la petrolera estatal. En su portal web explican que las “empresas promotoras de EPS” son “aquellas entidades económicas dedicadas a la producción de bienes, obras y servicios relacionadas con el sector petrolero, alineadas a las políticas del Estado, que participan voluntariamente en el programa EPS”, y describen cinco aspectos que deben cumplir quienes deseen sumarse al programa de empresas de promotoras de EPS. Justamente esos cinco puntos son los que Lanvicorp cita entre las actividades que puede hacer su sucursal venezolana al asumir esa modalidad.

Para conocer detalles sobre esta faceta, de los antecedentes de la empresa y la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez, la autora de ese reportaje solicitó formalmente una entrevista en las oficinas de Lanvicorp en Caracas, pero no obtuvo respuesta. Previamente, en una primera visita donde se requirió información sobre las obras y conversar con algún ingeniero encargado, un representante del departamento de Comunicaciones Corporativas advirtió que esa información era considerada “sensible” y que quizás no podían proporcionarla, pero haría las gestiones y avisaría. No ocurrió.

Hasta ahora lo que sí está claro y es de dominio público es que los contratos logrados por Lanvicorp llegaron de la mano de Fundapropatria 2000, fundación del Estado venezolano creada en febrero de 2001 por la procuradora general de la República de ese momento, Marisol Plaza Irigoyen.

Nació como un ente adscrito al Ministerio de la Defensa. Luego fue transferido al Ministerio de Infraestructura (en septiembre de 2003), siete años después pasa a la Vicepresidencia de la República (en octubre de 2010) y en la Gaceta Oficial del 1º de abril de 2013 Fundapropatria 2000 pasa al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, donde continúa.

El acta constitutiva de la fundación explica que su objeto es la organización, planificación, promoción, administración, financiamiento y ejecución de proyectos especiales de carácter social, cultural, asistencial, habitacional, vial, alimentación y agroindustrial. De ahí la vasta cantidad de obras en la que ha estado involucrada, resonando primero en infraestructuras viales, pasando por hospitales, viviendas y ahora estadios y hoteles. Cuenta con la figura de un presidente y con un consejo directivo conformado por cuatro directores y sus suplentes.

Mientras Fundapropatria 2000 estuvo adscrita al Ministerio de Infraestructura y luego a la Vicepresidencia, Reyna Vilma Rodríguez Salazar se mantuvo como presidenta. Fue removida el 20 de diciembre de 2012 por Nicolás Maduro, vicepresidente en ese momento, y sustituida por Daniel Tascón Gutiérrez (hermano del fallecido diputado oficialista Luis Tascón), quien estuvo hasta octubre de 2013. Fue durante su gestión que Lanvicorp, la empresa panameña, se agenció el primer contrato con el Estado venezolano para construir los llamados CDC de paz.

Luego, entre octubre de 2013 y mayo de 2014, Ilich Vladimir Lárez Brito se encarga de la presidencia. Entonces adjudicó a Lanvicorp la remodelación de los hoteles en Vargas (en la costa central venezolana) y la construcción del estadio de béisbol en Caracas.

Lárez Brito es destituido el 6 de mayo de 2014 y por él es designado Walter Jacob Gavidia Flores (hijo de Cilia Flores, primera dama de Venezuela), quien se mantiene en el cargo hasta diciembre de 2015. Entonces Lárez Brito regresó a la presidencia. En la actualidad, y desde el 30 de enero pasado, Juan Francisco Escalona Camargo se desempeña como director encargado.

En los últimos cuatro años, varios nombres han repetido –incluso alternado– en los cargos de presidente y director del consejo directivo de Fundapropatria 2000. Es el caso de Lárez Brito, quien desde febrero de 2013 participaba como directivo y regresa a ese cargo durante la presidencia del hijo de Cilia Flores. También Otto Mollegas y Carlos Erik Malpica Flores, este último sobrino de la primera dama y del presidente Maduro.

Malpica Flores, quien ha ocupado diversos e importantes cargos en la administración pública, incluyendo el de tesorero de la nación, llega a Fundapropatria 2000 de la mano de sus tíos, como en otras oportunidades. Maduro asume la vicepresidencia de la República en octubre de 2012 y el 2 de noviembre, en una de sus primeras actuaciones, designa a los integrantes del consejo directivo de Fundapropatria 2000, incluyendo a Malpica Flores como uno de los cuatro directores principales. Se mantuvo en ese cargo hasta mediados de 2015, lo que significa que figuraba en esa posición cuando su primo, Walter Jacob Gavidia Flores, detentó la presidencia.

Refuerzo chino

La inversión destinada para la construcción del estadio Hugo Chávez –bautizado con ese nombre desde sus bocetos– no se ha precisado públicamente. El dinero asignado ha formado parte de montos generales para la construcción del Parque Hugo Chávez: en agosto de 2013 Nicolás Maduro aprobó 300 millones de bolívares y 30 millones de dólares, e informó de otros 101,2 millones de bolívares para el pago de anteproyectos y obras preliminares. Dos años después, la Asamblea Nacional aprobó 100 millones de bolívares para el parque.

En todo caso, su construcción no se ha detenido y los trabajos no se paralizan ni los fines de semana: un contingente de obreros chinos labora de lunes a lunes. El personal chino llegó a La Rinconada con la empresa Zhejiang Southeast Space Frame Company (ZSSF) el año pasado, tras ser contactada para desarrollar la estructura metálica del estadio y su instalación.

Con ellos es que ha podido levantarse el esqueleto de acero, en forma ovalada, que desde hace varios meses sobresale de la montaña y que será el soporte de las gradas del estadio; visible desde lejos e imponente de cerca.

ZSSF es una empresa reconocida en China, especializada en estructuras de acero, con experiencia en la construcción de grandes estructuras deportivas, museos, estaciones de ferrocarril, aeropuertos, y ganadora del premio Luban de Ingeniería de la Construcción en su país. Cuenta, esta sí, con experiencia acreditada en los trabajos que está ejecutando en La Rinconada.

En un documento del 14 de marzo de 2016, suscrito por ZSSF con otra empresa china intermediaria (Jiuqi Import & Export), encargada de conectar a vendedores y compradores, se dan detalles sobre su participación en las obras del estadio Hugo Chávez y la adquisición de la estructura de acero para su montaje en suelo venezolano.

El costo de la estructura –según los datos del documento, pero que ningunma autoridad venezolana corrobora– es de 71,6 millones de dólares, y el de su instalación, otros 23,75 millones de dólares.

En septiembre del año pasado, el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia, adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia, realizó una inspección a esas obras. El reporte, publicado en su portal web, señala que los trabajos desarrollados por la Fundación Propatria 2000 y la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, presentaban un avance físico de 17% con respecto al movimiento de tierra, fundaciones y estructura; que el 80% de la estructura correspondiente a las gradas ya se encontraba en el país y en proceso de colocación, y que las estructuras metálicas fueron prefabricadas en China y traídas a Venezuela para su ensamblaje e instalación.

Aunque el documento no revela la cuantía de la inversión realizada por el Estado para concretar la obra, sí indica que su conclusión se proyecta en 2018 y que su diseño cuenta con todas las características y normas que debe cumplir un estadio de las grandes ligas, por lo que contaba para ese momento, septiembre de 2016, con la certificación de la Major League Baseball.

(*) Con información de Olmedo Rodríguez desde Ciudad de Panamá.

Pero para cuando hacía el anuncio, ya Sammy Sosa había vendido un primer embarque de inyectadoras en Venezuela, no en Estados Unidos. Los dispositivos llegaron a Venezuela a finales de 2012 tras la compra que hizo una empresa recolectora de basura del municipio San Francisco –sur de Maracaibo, capital del estado de Zulia, extremo occidental del país–. Sí, recolectora de basura.

Un grupo de empresarios y funcionarios radicados en el municipio aprovechó la importación de esta novedad para conseguir acceso a las ventajas que ofrece el diferencial del régimen de múltiples tasas de cambio, que entonces controlaba la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

En 2012 se vieron las caras en un aeropuerto los empresarios Julius Jessurun Arenas y Pablo Ledezma. Jessurun, un empresario marabino acostumbrado a importar equipos médicos a través de la empresa Inmeoca, le contó a su viejo conocido que estaba sorprendido por la presentación que le había hecho su amigo José Sosa, el hermano del ex beisbolista dominicano, en Miami, Florida, de la nueva tecnología que se proponía comercializar en todo el continente.

Poco antes, el 17 de julio de ese año, Sosa había registrado Riverhead Florida, LLC y pronto registraría también Injex21, una combinación de las iniciales del sistema de inyección y el número que usó durante muchos años en las Grandes Ligas del béisbol y sobre todo durante esa extraordinaria temporada de 1998, cuando, con el uniforme de los Chicago Cubs, disputó cabeza a cabeza con Mark McGwire no solo el título de jonroneros de la Liga Nacional sino el longevo récord de todos los tiempos para una campaña, impuesto en 1961 por el legendario Roger Maris de los New York Yankees, que ambos rompieron. Desde entonces Julius Jessurun se convirtió en el distribuidor exclusivo de ese producto en Venezuela a través de un documento firmado por Robert Miller, director de la compañía.

Para octubre de 2012, cuando Julius Jessurun hizo la primera compra de las inyectadoras, el precio del dólar en Venezuela era de 4,30 bolívares mientras que en el mercado paralelo se cotizaba en 14 bolívares. Con una brecha de tres veces el precio del controlado en el mercado abierto, resultaba un negocio sencillo y de alta rentabilidad el de conseguir acceso a las divisas a precio preferencial y venderlas en el mercado negro.

Jessurun tenía la autorización de comercialización exclusiva, y ahora necesitaba el dinero para comprar en grandes cantidades. Cada una de las inyectadoras tiene precios de 650 dólares, pero es necesario comprar accesorios que aumentan la suma a 1.000 dólares por unidad. Comprar el producto al mayor implicaba hacer una gran inversión cuyos montos Jessurun no tenía. Pero sabía cómo conseguirlos.

Pablo Ledezma Naranjo, el hombre que coincidió con Jessurun en el aeropuerto, es el Presidente de una contratista llamada Ingeniería, Proyectos y Vialidad C.A. (Inprovial), cuya sede está ubicada en el piso cuatro del edificio General de Seguros, avenida Bella Vista de Maracaibo, estado de Zulia. Su empresa se fundó en 2002 y tiene, en promedio, tres empleados, además de un capital pagado de un millón de bolívares. Llevó contratos con varios organismos del Estado de 2006 a 2012. En San Francisco se encargó de la construcción de cloacas y de aplicación de contenedores. Tiene contratos con la alcaldía de Lagunillas, también en Zulia, y con la Gobernación de ese estado. Hizo obras por petición de la alcaldía del municipio Baralt y también hizo unos trabajos de asfaltado por orden del Metro de Maracaibo. Hizo además más de 200 viviendas en el municipio Baralt gracias a un contrato que tuvo en 2009 con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda.

Entre 2004 y 2012, Cadivi otorgó a esta empresa 1.327.951 dólares. De acuerdo a la data de Importgenius.com, la empresa venezolana importa productos desde Estados Unidos por transporte aéreo. Además de eso, Pablo Ledezma, para 2012, tenía contacto directo con la Empresa Socialista Sanitaria del Sur. Siendo un empresario privado y sin tener ningún cargo público, actuaba como un funcionario. Así que Ledezma y Jessurun acordaron que, para comprar las inyectadoras sin aguja, pedirían dólares preferenciales al Gobierno a través de esa empresa municipal.

Triple play

Maracaibo es la segunda ciudad más poblada del país y está administrada entre dos municipios: Maracaibo y San Francisco. La primera es coto de Eveling Trejo de Rosales –esposa del ex candidato presidencial opositor, exgobernador del estado de Zulia y exalcalde, Manuel Rosales– y la segunda por Omar Prieto, una ficha importante en las filas del chavismo regional que hoy aspira a ser diputado a la Asamblea Nacional.

El 20 de julio de 2010, el alcalde Prieto publicó un decreto en la Gaceta Municipal número 269 en la que anunciaba la creación de la Empresa Socialista Sanitaria del Sur Compañía Anónima (Esosasur) con la colaboración de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia). La empresa se dedicaría a la recolección de basura en la región, además de la clasificación y el reciclaje. El Registro de Información Fiscal de la Empresa estuvo vigente hasta el 28 de enero de 2014. Pedro Herrera era su director general y Nectario Villalobos su director ordinario, designado por el propio alcalde.

Poco después, el mismo Pedro Herrera, en representación de la empresa, firmó un convenio con Lesbia Candelaria Sánchez Barrios por ser ella la presidenta de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Se llamó “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre CVG Internacional, C.A. y la Empresa Socialista Sanitaria del Sur, C.A., y se basaba en que CVG iba a gestionar toda la documentación de Esosasur en el proceso de solicitud de divisas ante Cadivi a cambio de una comisión. Así, el primer pedido a la CVG se hizo el 27 de noviembre de 2012. Este procedimiento es legal y uno de los objetivos de la subsidiaria de CVG desde su creación.

En el documento, firmado por Herrera, se hacía esta solicitud de procura internacional: dos mil 964 inyectadoras sin agujas, además de ampollas, transportadores y adaptadores que se comprarían a Riverhead Advisors, único represente de tales agujas en Estados Unidos y Latinoamérica.

Pedro Miguel Herrera Hernández y Pablo Rafael Ledezma Naranjo son amigos. De todo este proceso tenía conocimiento Jessurun, representante original del producto. Esosasur, que no manejaba presupuesto para importar o exportar, hizo la solicitud sabiendo que el dinero necesario para comprar las agujas, en bolívares, provendría de Jessurun. Era una inversión en la que todos resultarían ganadores: a Jessurun le quedaba una ganancia al vender sus agujas, Ledezma tendría comisión por facilitar la empresa, y la CVG, en apariencia ignorante de todo proceso, tendría su comisión legal.

El 12 de diciembre de 2012, la CVG Internacional hizo su pedido a nombre de Esosasur bajo el número 120002132. La empresa solicitaba 30 cajas de inyectadoras libres de aguja –2.964 unidades–, 50 cajas de ampollas –2.964 unidades–, 20 cajas de transportadores –2.220 unidades–, 60 cajas de tres tipos de adaptadores –744 unidades– y 50 cajas de accesorios –1.482 unidades–. La cuenta total, en bolívares, fue de un poco menos de 16 millones de bolívares, y al cambio en 4,30 bolívares, el monto superó los dos millones 700 mil dólares.

Una vez que la CVG Internacional completara la solicitud, se debían hacer los depósitos bancarios en bolívares para que se pudiera tramitar la solicitud de divisas a precio preferencial, pero ese dinero no salió de Esosasur. Tanto Julius Jessurum como la empresa de Sosa buscaron el dinero. En este caso, Juluis puso una cantidad e Injex 21 el resto, cerca de 240 mil dólares. Esos 240 mil dólares se cambiaron al precio del paralelo, para entonces por un valor de 14 bolívares, y se introdujeron en las cuentas del Banco del Tesoro y el Banco de Venezuela de la CVG Internacional.

Jessurun fuera de base

Poco antes de hacer esta compra, llegó al país una pequeña cantidad de inyectadoras a modo de muestra. Andrés Almeida, farmacéutico, explica que cuando las tuvo en sus manos las evaluó y remitió a un endocrino, que trató de probarlas con sus pacientes. Cuando los médicos tuvieron una conclusión, Jessurum rechazó el negocio: la presión de las inyectadoras hacía que el vidrio estallara y la velocidad del viaje del líquido no permitía saber a dónde llegaba, es decir, si el medicamento aplicado se quedaba en la epidermis, la dermis o llegaba más lejos. Cuando las nuevas inyectadoras fallaron en pasar la prueba, ya Jessurun había depositado bolívares en las cuentas de la CVG para el cambio al dólar preferencial. Era diciembre de 2012.

A finales de 2012 todo parecía correr rápido. El 21 de diciembre Liliana Arias, especialista en Comercialización de la CVG, envió un correo a Herrera y a Villalobos explicando que habían hecho el pago fraccionado y no total del monto a cambiar por dólares preferenciales. Requería el pago completo lo más pronto posible. Pues bien, ese correo se envió también a Pablo Ledezma y Ledezma lo rebotó a Julius Jessurun.

El temor que Jessurun sentía al ver su inversión en algo parecido a la chatarra, lo manifestó a su amigo José Antonio Sosa, su proveedor, y a Ledezma, su comprador, pero este último le brindó tranquilidad al decirle que igual compraría las inyectadoras, aunque no sirvieran. Y de hecho se compraron. Fueron enviadas a Venezuela el 23 de enero de 2013 a través de la empresa Interamerican Export según el recibo número 18668.

Consumada la compra exploratoria, Jessurun fue dejado a un lado para la siguiente negociación y Ledezma decidió tratar de manera directa con los hermanos Sosa. Para la segunda compra, otra vez a través de CVG Internacional, ya no estaba Jessurun. Esta compra entró en proceso el 3 de marzo de 2013, según la orden de compra número 120002250 de la CVG.

Ni los hermanos Sosa ni Pedro Herrera respondieron a la solicitud de entrevista para este reportaje. En cambio, Nectario Villalobos se mostró muy interesado en dar detalles.

Desde agosto de 2013, Nectario Villalobos es el presidente de Sanear, el organismo de recolección de basura y vertederos del estado de Nueva Esparta (provincia insular en el Caribe). Antes de eso estuvo en los estados de Trujillo, Bolívar, Anzoátegui, Miranda y Lara. Cuando en 2010 se fundó  Esosasur, Villalobos fue miembro de la directiva, integrada también por Rebecca del Gallego y Richard Guanipa, entre otros. Según él, estuvo en esa directiva hasta septiembre de 2012 y ya en octubre estaba al frente de las labores de construcción del vertedero Cambalache, en el estado de Bolívar. Efectivamente, para los primeros días de octubre de ese año ya Villalobos aparecía en las notas de prensa como el hombre que cambiaría el botadero de Cambalache en un vertedero sistematizado. 

Villalobos asegura que la Empresa Socialista Sanitaria del Sur se creó con el propósito de entregarle la administración del vertedero La Ciénaga, que está ubicado en el municipio Lossada pero que sirve a Maracaibo y San Francisco. Por eso, ya para 2011 Esosasur no era una empresa operativa. Tampoco tenía presupuesto ni manejaba nómina, por lo tanto, según Villalobos, no tenía dinero en sus manos.

Aunque reconoció conocer a Pablo Ledezma, aseguró que él no formó parte de Esosasur. “Es solo un empleado del municipio”. Se mostró extrañado e incluso sorprendido con el tema de la importación de inyectadoras, porque según su experiencia, “una empresa dedicada a administrar un vertedero no tendría que importar agujas a casi 1.000 dólares”. Dijo desconocer todo movimiento al respecto.

Pero los documentos dicen lo contrario. No solo Villalobos mantenía contacto con Pablo Ledezma, sino que para la CVG internacional seguía siendo uno de los directivos y conocía muy bien el proceso de importación de las inyectadoras.

El 17 de enero de 2013 –Cuando ya Villalobos tenía más de un año de haber salido de Esosasur–, la especialista de la CVG, Liliana Arias, le escribió un correo a Nectario Villalobos y a Pablo Ledezma en el que explicaba que necesitaba el pago completo de la transacción y no de forma fraccionada.

Tres días antes Villalobos le había escrito un correo pidiendo que procesaran la orden con el monto depositado hasta ese día, que era superior a los seis millones de bolívares. “Y por favor, notifiquen a proveedor para que hagan los cambios necesarios”. Villalobos participó, según los correos, en la segunda compra de las inyectadoras.

Jessurun, Ledezma y Sosa ya no tienen relaciones comerciales porque, durante la segunda compra de las inyectadoras, el proveedor y el comprador sacaron del juego a Jessurun, que era el distribuidor exclusivo para Latinoamérica. Cuando Julius entendió la situación, demandó a la empresa de Sammy Sosa y exigió las comisiones que le habrían correspondido como distribuidor en esa segunda compra. Desde entonces, los documentos de todo el proceso reposan en el Circuito Judicial del estado de Florida, en Estados Unidos. A Jessurun le pagaron su comisión con la condición de retirar la demanda y abstenerse de ventilar el tema por la prensa.