Su desenlace parece intrascendente en la Colonia Mijagual. Ahí solo es misterio y leyenda la finca del Capo. Su nombre real es “Potrero Redondo”, pero también le dicen “La Ramera” o “Cocuizal”. Desde la captura de alias Diego Rastrojo no se conoce así, sino por la historia que relaciona al terreno con el narcotráfico. En 2006, esas propiedades fueron vendidas por Jesús Manuel Briceño a la empresa Agroquímicos Santa Rita, perteneciente a Israel Ramón Chávez Aro, hijo de un primo del fallecido presidente Hugo Chávez, por 800 millones de bolívares (o unos 180.791 dólares, calculado a la tasa de ese momento). Una fuente, que estuvo relacionada con un organismo de seguridad en Colombia, afirma que esas tierras no pasaron legalmente a nombre del cabecilla de Los Rastrojos, pero sí en la práctica.

El testimonio coincide con el expuesto por campesinos y un hacendado de Barinas. Todos aseguran haber visto empoderado al capo de esos dominios por más de un año. “Él vendía muchas cebollas, nos extrañaba porque cultivar cebollas es caro. Brindaba cervezas a los policías, venía y nos saludaba. Era un tipo sencillo, quién sospecharía de él”, comentan dos campesinos. Hasta en uno de los Registros Mercantiles de los llanos venezolanos es un secreto a voces que los terrenos pertenecientes a Chávez Aro están relacionados con Pérez Henao.

Pero la detención del capo parece haber barrido con los detalles del que fue su refugio por, al menos, un año. El Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia entregó datos escuetos a los medios de comunicación sobre este asunto. Según la reseña de diarios venezolanos y extranjeros, Pérez Henao había sido atrapado en una finca arrocera, cercana al río Masparro, donde se hacía pasar por un mayordomo y estaba escoltado por unos 10 hombres al momento de su arresto. No había mención del dueño de la propiedad hasta entonces. 

De las propiedades de la familia Chávez se han hecho interminables referencias. Israel Ramón Chávez Aro, de 37 años de edad, es uno de los señalados en Barinas por ostentar grandes activos que van desde terrenos hasta un estadio de fútbol, pero pocos documentos pueden respaldar su poderío económico. Además de los terrenos relacionados con Pérez Henao, existe otra finca, llamada La Esperanza, de 96 hectáreas en el municipio Rojas de Barinas, que compró en 2006. Es conocido por patrocinar diversos eventos musicales o artísticos en los llanos venezolanos.

Su padre, Israel Ramón Chávez Jiménez, un técnico electricista nacido en el pueblo de Santa Rita y hermano de Asdrúbal Chávez (miembro de la junta directiva de la empresa Alba Nicaragua), es cercano a Argenis Chávez, otro hermano del expresidente de Venezuela y ahora candidato a la Gobernación de Barinas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Padre e hijo también tienen una empresa, Servicios y Construcciones San Ramón, que opera en este país.

La siembra del crimen

Pérez Henao no operaba solo en Venezuela. La decena de centinelas que lo acompañaban cuando fue capturado no eran los únicos en seguirlo en el país. En un barrio acomodado y comercial de la capital de Barinas afirman haber olido a la mafia de Los Rastrojos. Varios vecinos de un edificio relatan cómo convivieron con una familia que, supuestamente, se dedicaba a llevar negocios de un capo hasta febrero de 2012, aproximadamente. “Ellos huyeron. Se trataba de un matrimonio con dos hijos, una joven y un niño. De repente tuvieron un estilo de vida muy ostentoso, eso nos sorprendió. Su apartamento fue allanado por la policía, decían que el padre era testaferro de un narco”, indica una vecina.

La descripción del padre de la familia coincide con la de alias “Chucho”, un ciudadano colombiano que, según un exfuncionario de seguridad de ese país, fungía como testaferro de Pérez Henao. De acuerdo con fuentes que estuvieron vinculadas a la seguridad colombiana, se trataría de un hombre llamado José Wilder Hortua Gómez. Los relatos de las personas que se relacionaron con él en Barinas afirman que muchos agentes advertían que no entorpecieran las investigaciones. “Nos decían: ‘¡Este es un caso de delito internacional, si ustedes entran allí las debo poner presas!’. Queríamos entrar y ver qué pasaba porque eran nuestros vecinos, pero no pudimos”, recuerda una mujer.

Venezuela comenzó a ser apuntada repetitivamente como un cooperador con el tráfico de drogas después de la muerte de Chávez en marzo de 2013. Hasta los parientes del caudillo bolivariano han sido salpicados con sendas acusaciones provenientes de Norteamérica. En enero de 2015, el mayor de los hermanos Chávez, Adán, entonces gobernador de Barinas, rechazó las denuncias que involucraban a su familia, a él y a altos cargos del Gobierno de Venezuela en supuestos negocios de tráfico de drogas. Según su versión, esas acusaciones solo obedecían a “una guerra psicológica” organizada por Estados Unidos que “utilizaba” al capitán Leamsy Salázar Villafaña, un ex asistente del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que se entregó a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y otros desertores contra la llamada revolución bolivariana. “Es decir, el imperio comprando la conciencia de estos muchachos (informantes). (Eso) pareciera, porque hasta ahora ellos no han manifestado estas supuestas declaraciones directamente; todo ha sido a través de terceros, de medios de comunicación internacionales que forman parte de ese guion pro-imperialista… Dentro de esas supuestas declaraciones dicen que la familia Chávez, los hijos biológicos de él y su hermano –tratando de involucrarme directamente– formamos parte de ese supuesto cartel de la droga… ¡Todo eso es totalmente falso!”, decía a la cadena de noticias Telesur. 

Los Soles es el supuesto cartel al que se refería el hermano del expresidente de Venezuela, una organización que estaría operada por altos mandos militares y hombres del chavismo, según investigaciones de diarios internacionales. Por este motivo, Cabello demandó por difamación al diario estadounidense The Wall Street Journal por publicar un reportaje en mayo de 2015 acerca de sus presuntos nexos con el narcotráfico, un juicio que perdió a mediados de agosto de 2017 en una corte de Nueva York. Pero hay expertos que consideran que en Venezuela no existen organizaciones como las tradicionales dedicadas al tráfico de drogas como en Colombia o México, sino extensiones de la red de grupos o carteles foráneos. Una de las mentoras de esta tesis es Mildred Camero, la exmagistrada y expresidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid, ahora ONA), quien en un foro sobre este asunto (2016) refería que la droga ya elaborada y procedente de Colombia, principalmente, tenía como destino Venezuela para posiblemente ser transportada, “almacenada o enfriarla”, a otros países. 

A pesar de la poca resonancia, las capturas de narcotraficantes o incautaciones de cargamentos mantienen alerta a los moradores de Barinas sobre el poderío de los negocios ilícitos en la zona. El caso más reciente ocurrió el 13 de febrero de 2016. En esa fecha se supo de la captura del mayor del Ejército Juan José Sorja, un hombre vinculado al anillo de seguridad de los padres de Chávez, y otros oficiales con 500 kilógramos de cocaína. Muchos pobladores de la cuna del fallecido presidente ahora reprochan a las autoridades no haber detenido el narcotráfico en esa región. 

(*) La identidad de los autores de este reportaje está protegida por razones de seguridad

En esa provincia de los llanos occidentales las desapariciones de jóvenes sin aparente motivo se incrementaron en 2009. En aquel año se supo del rapto de dos infantes. El del pequeño Ben Jing Shoung Cano, de tres años de edad, hijo del conocido comerciante de origen chino Leo Shoung –rescatado sano y salvo luego de permanecer varios días en poder de un grupo de bandoleros colombianos y venezolanos– fue quizá el más relevante porque provocó una protesta de 24 horas, que incluyó el cierre de comercios regentados por chinos y árabes, que suelen darle la espalda a esta clase de manifestaciones cuando son convocadas por partidos políticos.

Fue un hito en la historia reciente de la región. Docenas de personas se apostaron con pancartas en la conocida redoma de Cada, el viejo supermercado ya desaparecido, para exigir la liberación de los menores. De pronto la comunidad caía en cuenta de lo que venía pasando. Muchos jóvenes desaparecían y nunca más se volvía a saber de ellos. Semana tras semana se conocía de uno y otro caso. Llegaban noticias de jóvenes muertos. El mismo patrón.

La noticia, de tan recurrente, dejó de tener impacto para algunos, pero no para Oscar Pineda, un jubilado que entonces tenía 60 años de edad. Con el paso de los meses Pineda se pondría al frente de una ONG llamada Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos. Olía algo en el ambiente. Algunos llegarían a tildarlo de loco cuando lo veían con su maletín color marrón lleno de recortes de periódicos y la lista de cada desaparición reseñada en los medios de comunicación de la región.

Pineda encontró que las varias desapariciones no solo podían atribuirse a la acción de los mafiosos sindicatos de la construcción, o a individuos que actuaban al margen de la ley aprovechando sus vínculos con el gobierno local. Muchos de esos desaparecidos terminaban en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que entonces encontraban en el aliviadero de Venezuela la tranquilidad que no tenían en su país. Con la ayuda de Estados Unidos el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) inició una guerra sin cuartel contra la guerrilla que diezmó sus efectivos y redujo su área de influencia.

Pineda, siempre con su maletín marrón, incluso quiso plantearle en 2015 el caso de los desaparecidos en Barinas a la exsenadora colombiana Piedad Córdova. El 23 de marzo de ese año la líder Movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, la del eterno turbante, conocida por su estrecha amistad con Hugo Chávez, estaba en el mismo avión que esa tarde abordaría Pineda.

Allí estaba ella rodeada de miradas camino a su asiento. Pineda la reconoció al instante. Tratar de acercarse a Piedad Córdova parecía fácil hasta que se atravesaron unos escoltas. “Usted qué desea”, le preguntaron. “Yo quiero hablar con la Senadora de los casos de secuestros en Barinas”. Al escucharlo Córdova le dijo: “en Caracas hablamos”. Nunca lo recibió.

Una foto. ¡La foto!

Quizás Pineda le habría mostrado la foto que circuló en el diario De Frente (de tendencia pro gobierno y hoy fuera de circulación), en Barinas. Quiso el destino que una información sobre las FARC fuese ilustrada con una imagen del archivo de agencia AFP, y que la jefa de redacción de aquel entonces escogiera la fotografía. Allí estaba el hijo perdido de una humilde mujer.

Wilfredo Valero Díaz fue raptado el 06 de abril de 2009 a sus 19 años. Fue un día lunes, a las 12:36 pm, cuando el joven se encontraba en una peluquería cercana a su hogar. Cuatro sujetos armados descendieron de una camioneta para llevárselo a la fuerza. Nadie pudo hacer nada.

“Vimos la foto que estaba en el periódico y aparecía mi hijo con traje militar. Me dirigí al Comando de la Policía y hablé con el comandante Cacioppo, con el gobernador Adán Chávez, con el alcalde Abundio Sánchez, le entregué una carta al presidente Chávez en sus manos y hasta la fecha nunca tuve respuesta de mi hijo”, recuerda Zaida.

Esta mujer recibió la llamada de un desconocido manifestándole que no perdiera las esperanzas de ver a su hijo. Recuerda que llegó a pagar por el rescate unos 40 millones de bolívares (Bs. 40.000 después del cambio del cono monetario).

Aunque han pasado siete años la tristeza sigue igual. El relato de su drama es conmovedor. A pocos meses de la desaparición de su hijo, la depresión la atacó hasta el punto de perder por completo su cabello, soportar la descamación de la piel y no poder dormir. “Fueron dos años sin poder trabajar, mientras no lo vea muerto está vivo para mí”.

El ansiado acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC también es un alivio en muchas familias venezolanas. “Le hago un llamado al presidente Santos para que por favor haya paz, para que nos entreguen a nuestros familiares. En ese año 2009 no sólo fue mi hijo. Muchas otras madres también vivieron el dolor de su desaparición. Y al presidente Maduro que también nos ayude, aquí hubo muchos desaparecidos y de ninguno tenemos respuesta”.

Al día siguiente de aquella famosa foto, varios programas de radio hicieron mención de esta novedad, de esta noticia que removió las entrañas de una ciudad. Oscar Pineda se acercó a la emisora de mayor alcance para aquel momento en el Estado, Radio Sensacional 94.7 FM (la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la suspendería en agosto de 2014) y ofreció detalles de lo que estaba ocurriendo en Barinas.

Pero no sólo fue Wilfredo Valero. Muchos casos comenzaron a ser reportados, la lista crecía todas las semanas y también las sospechas de que algunos desaparecidos podían estar en poder de la guerrilla colombiana.

Unos zapatos como prueba de vida Alfonso Alejandro Briceño Piña fue secuestrado el 29 de enero de 2010. Tenía entonces 20 años y estudiaba tercer semestre de Administración Tributaria. Es el hijo mayor de Rosa Gisela Piña. A ella le ha tocado sobrellevar la viudez en ausencia de Alfonso, su columna de apoyo.

“Nos dijeron que buscáramos nosotros, que llamáramos a los del taller para que declararan, pero no hemos sabido nada”, recordó. A Alfonso se lo llevaron de un taller de latonería y pintura muy cercano al Aeropuerto de Barinas. Estando en el lugar cuatro hombres lo amenazaron con pistola delante del dueño del local. Esa tarde coincidió en el negocio con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (CICPC) a quien le reparaban el carro.

Alfonso, muy dado a hacer alardes de su pequeña “chimonera”, predio donde se prepara el chimo, producto a base de tabaco, de consumo muy común en los estados andinos y llaneros) no parecía ser una víctima propicia para que lo raptaran. “Quizá pensaron que teníamos plata”, especula Rosa.

Después de tres días comenzaron a recibir llamadas a diario. Le describían cómo estaba vestida, le dejaron los zapatos de Alfonzo en la entrada de la vivienda. Tenían claves de una tarjeta de débito y conocían el día de la graduación de bachiller de su hijo.

Esa Semana Santa entregó 300 mil bolívares, pero “Alfonsito” no apareció. “Me dijeron que me fuera, que diera no sé cuántas vueltas, vía Barrancas, cerca de río La Yuca. Y que lanzara el dinero en el puente por donde pasa la carretera a San José Obrero”.

Siete meses después recibió una llamada a las 10:00 pm. “¡Madre, madre!”, exclamó una voz al otro lado de la bocina. Solo Alfonso solía llamarla así. El número comenzaba con el código de área del estado Delta Amacuro, provincia más oriental de Venezuela). Luego Rosa se enteró que el teléfono pertenecía a una reclusa y que había pasado por varias manos antes de que escuchara la voz de su hijo.

Vendido a las FARC

El 9 de junio de 2009 ocurrió el rapto de Luis José Barrios Silva, de 19 años. El caso fue denunciado por su madre Livia Silva ante la Ong, Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos. El hecho ocurrió en una conocida avenida del Municipio Barinas, como en el caso de Wilfredo, frente al Aeropuerto de la ciudad. Ese día se encontraba con su amigo Adrián Arturo Moreno Rodríguez, de la misma edad.

Al parecer habrían sido detenidos por unos motorizados de la Guardia Nacional, quienes le pidieron sus identificaciones. Luego, siempre según el relato de Livia, los funcionarios llamaron por teléfono. Al cabo de un rato aparecieron dos grandes camionetas. Se bajaron alrededor de seis personas vestidas de civil y hablaron con los jóvenes. A Adrián lo montaron en uno de los vehículos y a Luis lo trasladaron en una moto de parrillero. El único testigo que se encontraba de faenas esa tarde observó cuando se los llevaban. “No sabemos si realmente eran funcionarios o no”.

Esto aconteció un día martes. “El viernes”, cuenta Livia, “me llamaron a las 5:00 pm. Era un hombre con acento colombiano y me dijo que si quería saber de mi hijo teníamos que entrevistarnos. Que habían sido llevados por un teniente y cuatro funcionarios más. Se encontraba en una finca en San Silvestre, debía pagar” explica esta mujer, rememorando aquel día en que todo cambió para ella.

Nunca más pudo comunicarse con aquel hombre y perdió la única pista. Una persona de su confianza se acercó hasta Arauca, estado Apure (fronterizo con Colombia), y le informaron que el joven había sido vendido a un grupo irregular.

A los días recibió otra llamada con código del estado Táchira y le informaron que su hijo iba a ser vendido a las FARC porque no había pagado.

Livia habla de sus visiones, como mujer cristiana ha pedido revelaciones, algún indicio. “Observé a un helicóptero cuando lanzaba a esos muchachos en alguna parte montañosa donde había un camión cava, allí los metían”.

Luego de la publicación de la fotografía de Wilfredo Valero trataron de comunicarse con “Voces del Secuestro”, el muy sintonizado programa de Herbin Hoyos que escuchan los cautivos en la selva colombiana. “Le mande mensajes a mi hijo, a la FARC y al Noticiero de Colombia, a los meses de ocurrido los hechos”. Hasta el día de hoy ni la policía judicial venezolana ni en el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) le han dado alguna noticia sobre su paradero.

El brazalete

Miletza Sosa, hermana de Rodolfo Antonio Meléndez Sosa, desapareció cuando tenía 32 años, un 20 de septiembre de 2008. Es ella quien ha asumido la búsqueda desde el principio. Sus mensajes en la red social Facebook siempre son un recordatorio de los años que transcurren, de los cumpleaños y las ausencias de Rodolfo.

El día de su secuestro se dirigían a una finca de su propiedad cuando fueron interceptados por unos funcionarios, presuntamente del Cicpc (policía de investigación criminal), ubicados en una alcabala móvil. En el vehículo se encontraban Rodolfo, un tío, la esposa, la novia de su hermano y cuatro (4) niñas. Las mujeres fueron liberadas a las 11 p.m. y el tío dos días después. A todos los llevaron a una casa. Uno de los sujetos portaba un brazalete en uno de sus brazos con las siglas del Frente 10, donde figuraba un fusil con una bandera cruzada.

"Solicité una fe de vida y nunca me la dieron”

A los hombres los mantuvieron dos días en una finca en San Silvestre, municipio Barinas. Luego los sacaron del país a través del estado Apure. Sólo Rodolfo permanece en poder de ese grupo. Pero cuando estaban en San Silvestre el tío pudo registrar el sitio donde se encontraban aprovechando un descuido para correrse la venda. Muchas botas largas negras, una vivienda bonita, con mucha logística. Un joven que se encontraba en el lugar les dijo que se portaran bien, que no les pasaría nada, que él también era cautivo. A todos les tomaron fotos.

“Al mes un hombre al que llamaban “comandante” se puso al teléfono para pedirle 500 millones de bolívares. Solicité una fe de vida y nunca me la dieron”, explica Miletza. 

De izquierda de derecha: Miletza Sosa, Livia Silva y Rosa Piña

Son tantos y tantos casos. Andrés Eloy Blanco Fernández, de 26 años, secuestrado un 1 de diciembre de 2009, en la población de La Luz, Municipio Obispos. El rescate fue pagado, pero nunca ha llegado al hogar. Sus padres han hecho esfuerzos infructuosos.

Según una leyenda urbana extendida en la zona por esos años, habría sido lanzado al caimán Pepito, una mascota de uno de los poderosos sindicatos de la construcción en aquel tiempo. Un testigo protegido ofreció unas declaraciones en su momento, para luego retractarse al ser amenazado y chantajeado y más nunca habló de lo ocurrido. Al ser entrevistado por primera vez llegó a decir –recorte de periódico en mano– que el joven habría sido asesinado. Pero nunca ha habido indicios.

Pero hay secuestros que se extienden en el tiempo, como el de Pedro Antonio Zambrano, ocurrido el 9 de septiembre de 2006 a sus 42 años, productor, oriundo de la población del Municipio Pedraza. Como fe de vida enviaron un dedo a la madre y luego un video donde mostraba la extremidad faltante.

Nelson Alí Sánchez, desaparecido un 25 de diciembre de 2009, tenía 38 años. Se dedicaba a la venta de pescado. Seis hombres encapuchados, con armas cortas ingresaron a su vivienda y se lo llevaron sin decir una sola palabra. Gritaba que no se lo llevaran, que no había hecho nada. Los hombres llegaron en una camioneta de cuatro puertas, doble cabina y pequeño carro.

Su padre, Jacinto González se acercaría ese día a conversar con los vecinos y determinar si había algo extraño. “Tanto ellos como yo estaban sorprendidos. ¿Por qué le pasó eso si él era un hombre tranquilo, que llegaba del río con los pescados?”.

Nunca llamaron a Jacinto. Las autoridades, mutis total. “La esperanza de uno es esa, que los cuerpos de seguridad traigan a mi hijo vivo o muerto, así sea los huesos, esa es la esperanza que yo tengo”.

Hace un par de años, Oscar Pineda aseguró –en una entrevista concedida a la prensa– que los guerrilleros colombianos tendrían por lo menos a cinco rehenes que residían en Barinas cuando fueron secuestrados. Hoy lo reitera y pide apuntar el caso de una joven enfermera oriunda de Táchira con varios años en poder de la guerrilla. “Sólo recuerdo que se llama María y ha sido reseñado por los medios tachirenses”. Mientras tanto, siguen transcurriendo los días y el acuerdo de paz, con sus tropiezos, es el tema del momento en Colombia. Pero nadie les da respuestas a esas familias.

Ahora Lamartino ha sido destituido de su cargo por la fiscal general Luisa Ortega Díaz y Chávez, Francisco Chávez, director de Desarrollo Social de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quien es sobrino del fallecido presidente Hugo Chávez y del gobernador del estado Barinas Adán Chávez, y que está en libertad plena después de que se le detuviera en flagrancia por comandar la toma ilegal de los terrenos de la escuela junto a otras once personas, que deben presentarse periódicamente ante el tribunal que lleva la causa. 
Pero antes de que se tropezara con ese nombre Lamartino pensaba que tenía no solo la ley de su lado, sino el respaldo político del gobierno regional. En febrero de 2011 el gobernador Adán Chávez anunció en su programa de radio la firma de un decreto -número 020- que ratificaba una directiva anterior que prohibía la invasión de predios urbanos y rurales en toda la provincia. Al mismo tiempo, Chávez daba a entender que atendería todas las tentativas frustradas a través de una Comisión de Manejo de Conflictos. Advirtió entonces: “toda persona que ocupe terrenos, edificios desocupados, predios urbanos, rurales o habitaciones está violentando la Ley y la Constitución”. “La persona que necesite tierra para cultivar debe denunciar el terreno como ocioso ante el Estado que luego tomará una decisión”.

Lamartino actuó como en otros casos: acompañado por la Policía del Estado Barinas, otros expertos y el personal docente de la institución se presentó en el sitio a comprobar el supuesto daño ambiental denunciado por los Salesianos y vio cómo un grupo de doce personas armaban dormitorios improvisados en medio de la sabana. A los alumnos les tocaba compartir sus labores con el desorden propio de las tomas aluvionales y de las jerarquías que se establecen. En el lance los invasores habían destruido bosques naturales, 17 hectáreas de plantación y la zona proyectora del caño Morrocoy.

De acuerdo con la acusación, Francisco Chávez utilizaba vehículos rotulados con el logo de Corpoelec para movilizar a los invasores. Lamartino no cedió a las presiones: entre el 5 y el 6 de febrero lo llamaron, según fuentes versadas en la investigación, desde la oficina de la Secretaría General de Gobierno de Estado Barinas, en nombre de la Presidencia del Circuito Judicial de la entidad y del Comandante de la Policía del estado Barinas.

El fiscal decidió continuar con el procedimiento. Al día siguiente presentaron a los invasores ante el tribunal para que el juez decidiera si éstos debían seguir en libertad, mientras esperaban la audiencia preliminar, o se mantenían tras las rejas alegando peligro de fuga. A Francisco Chávez le dieron libertad plena y a los otros once los dejaron bajo régimen de presentación.

Remate final

Los invasores volvieron al terreno para destruir los bosques de galería que quedaban. Más tarde declararon en los medios de comunicación locales que habían sido agredidos. Del Despacho de la Fiscal Luisa Ortega solicitaron entonces un informe a la Fiscal Superior encargada del estado Barinas, Carolina Merchán, donde se ordenaba que levantara un acta en razón de las agresiones que sufrió el grupo de invasores.

Merchán comprobó que jamás hubo tal agresión y se negó a suscribir un documento forjado. Pero la decisión estaba tomada y la suerte de Lamartino sellada. Cuatro horas después de informar que no firmaría, a Merchán le entregaron la orden de remoción de Lamartino –que no especificaba motivos– firmada por Luisa Ortega Díaz. Lo que muchos barineses lamentan es el silencio del Ministerio Público ante los supuestos delitos de peculado de uso y corrupción que habría cometido Francisco Chávez al mando de la turba que destruyó la sabana y una institución declarada Patrimonio Cultural de Barinas en el año 2005.

Lamartino, detallista, exigente, y con un alto sentido del deber según testimonios de sus alumnos de la Universidad Santa María, ha recibido llamadas de personas que se solidarizan con su causa. Que haya sido removido por un problema que, según las autoridades locales, había disminuido, como lo declaró en marzo de 2014 el comisario Otto Salinas, entonces secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana, no ha dejado de llamar la atención.

Un equipo de abogados de la Asamblea Nacional ha evaluado los daños causados y se ha comprometido a tramitar un derecho de palabra de los directivos de la Escuela Agronómica Salesiana en la Comisión de Ambiente del poder legislativo, que preside el opositor Julio César Reyes. Su director, el sacerdote Rafael Montenegro, asegura que los invasores se mantienen dentro de los terrenos de la institución y que el daño ecológico persiste. “Están dentro de la Escuela, donde los muchachos duermen y pernoctan. Es un recinto agropecuario y los estudiantes deben movilizarse por todas las áreas para cumplir con las actividades propias de su educación”.

El 23 de febrero en horas de la madrugada fue incendiado uno de los vehículos de la institución, a poca distancia de los dormitorios de los estudiantes. El tablero de la energía eléctrica había sido destruido. Las propias autoridades y alumnos de la institución observaron el hilo de combustible que había sido regado con la aparente intención de provocar un estallido. Las propias familias y autoridades de la institución han pedido protección para los estudiantes. ¿De qué manera se están moviendo los hilos de poder por salvar un apellido? ¿Vale más que el de cientos de jóvenes que ven en la Escuela Agronómica Salesiana una oportunidad incomparable en su formación? ¿Dónde quedan los decretos, las grandes alharacas del pasado? La historia se está escribiendo minuto a minuto.